Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00634-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00634-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2022-00634-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
28 de julio de 2022
Demandante: Flor Alba Benjumea Durango
Demandados: Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Caldas y otros
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00634-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00634-01
Demandante: FLOR ALBA BENJUMEA DURANGO
Demandados: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CALDAS Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – revoca la negativa para declarar la carencia
actual de objeto por situación sobreviniente
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 14 de junio de 2022, dictada por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó el amparo deprecado y revocó la medida
provisional que fue decretada mediante el auto del 1º de junio de 20221.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. A través de escrito radicado el 31 de mayo de 2022 en la Secretaría
General del Tribunal Administrativo de Antioquia, la señora Flor Alba Benjumea
Durango, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Caldas, el Consejo Superior de la Judicatura y el
Consejo Seccional de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Antioquia, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada y
al mínimo vital.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión del Oficio N.º 340 del 31 de mayo de 2022, mediante el cual el juez
Segundo Promiscuo Municipal de Caldas le informó que el 1º de junio del año en
curso, el señor Édgar Castro Córdoba entraría a desempeñar en propiedad el
cargo de secretario de ese despacho, puesto que ella venía ocupando desde el 19
de febrero de 2019.
1 La medida se concretó en la orden que se dictó al Juzgado Promiscuo Municipal de Caldas,
Antioquia, de abstenerse de posesionar al señor Édgar Castro Córdoba en el cargo de secretario
en propiedad y, en consecuencia, se conservara el nombramiento en provisionalidad de la señora
Flor Alba Benjumea Durango.
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Demandante: Flor Alba Benjumea Durango
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
“(…) PRIMERO: (…) solicito al Honorable Magistrado, tutelar en mi favor los
derechos constitucionales fundamentales invocados, ORDENANDOLE al Dr.
JESUS HERNAN PUERTA JARAMILLO, JUEZ SEGUNDO PROMISCUO
MUNICIPAL DE CALDAS – ANTIOQUIA, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA y A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO
SECCIONAL DE ANTIOQUIA -CHOCÓ, que dé continuidad a mi
nombramiento como Secretaria del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal,
en las mismas condiciones que he venido laborando y que se abstenga de
realizar la posesión al Dr. EDGAR CASTRO CORDOBA.
SEGUNDO: Que se informe a los entes accionados de las consecuencias
legales del no acatamiento al fallo (…)”. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. La señora Flor Alba Benjumea Durango afirmó que labora en la Rama
Judicial desde el 16 de abril de 1996 y que, a partir del 19 de febrero de 2019
ocupó el cargo de secretaria en provisionalidad del Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Caldas, Antioquia.
5. Explicó que para el momento en que se le informó que el señor Édgar
Castro Córdoba entraría a desempeñar en propiedad el cargo de secretario de ese
despacho, mediante el Oficio N.º 340 del 31 de mayo de 2022, tenía 55 años y
acumulaba 1.270 semanas cotizadas para la Seguridad Social en Pensión de
Vejez en Colpensiones.
6. Comentó que en abril de 2022, el señor Édgar Castro Córdoba instauró
acción de tutela al considerar que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Caldas vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social,
a la igualdad y al trabajo, teniendo en cuenta que fue la persona que iba a ocupar
el cargo en propiedad.
7. En primera instancia, el amparo fue concedido por la Sala Tercera del
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 18 de abril de
2022, sin embargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado en proveído del 12
de mayo de 20222, revocó el amparo y, en su lugar, declaró la improcedencia de la
2 Si bien la otra cara del conflicto que se presenta entre la señora Flor Alba Benjumea Durango y el
señor Édgar Castro Córdoba ya fue puesto a consideración de la Sala, lo cierto es que en dicha
ocasión no existió un pronunciamiento de fondo de la Sección Quinta del Consejo de Estado dado
que, en la sentencia del 12 de mayo de 2022, se revocó el amparo concedido en primera instancia
para, en su lugar, declarar la improcedencia del mecanismo. En ese orden, no hay lugar a
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acción, por considerar que la legalidad del acto objeto de censura debía debatirse
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
1.4. Sustento de la vulneración
8. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
trabajo, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital
puesto que se encuentra en condición de estabilidad laboral reforzada, toda vez
que actualmente le faltan menos de “2 años, es decir, 30 semanas aproximadamente,
para cumplir con el mínimo de semanas cotizadas en Seguridad Social en Pensión y
menos de 2 años para cumplir la edad mínima requerida para acceder a la pensión de
vejez”.
9. Recordó que a través de la Resolución N.º 011 del 29 de abril de 2022, el
titular del despacho para el que laboraba, realizó el nombramiento del señor Édgar
Castro Córdoba para ocupar el cargo de secretario en propiedad, en virtud de la
lista de candidatos de la convocatoria N.º 4, sin embargo, en dicho acto
administrativo advirtió que la posesión solo podría realizarse una vez cesara la
estabilidad laboral reforzada de que gozaba la señora Benjumea Durango.
10. Indicó que lo anterior tuvo lugar con ocasión de la sentencia de primera
instancia que la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
profirió en el marco de la acción de tutela que el señor Castro Córdoba inició, en la
que se accedió al amparo deprecado y se ordenó al Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Caldas que incorporara al ganador del concurso en el cargo de
secretario del despacho.
11. En ese orden, aseguró que la terminación de su vínculo laboral desconoció
la estabilidad laboral reforzada que le fue reconocida, dada la proximidad de
adquirir el derecho a recibir la pensión de vejez, así como el fallo que en segunda
instancia de dicha tutela declaró la improcedencia del mecanismo, por considerar
que la legalidad del acto administrativo objeto de debate debía controvertirse ante
la jurisdicción contencioso-administrativa.
12. Finalmente, mencionó que si bien existe otra vía jurídica para reclamar la
protección de sus garantías constitucionales, lo cierto es que en este caso se está
ante la inminencia del perjuicio irremediable3, finalidad que no se alcanzaría
empleando la ruta judicial ordinaria.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
13. A través de auto del 1º de junio de 2022, el magistrado ponente de la Sala
Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la tutela,
ordenó la notificación del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Caldas, el
manifestar el impedimento para conocer del asunto. La ponente de la mencionada providencia
también fue la magistrada Rocío Araújo Oñate.
3 Sin precisar en qué consistía tal situación.
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Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Antioquia y vinculó como tercero
con interés al señor Édgar Castro Córdoba.
14. Asimismo, decretó la medida provisional solicitada por la señora Benjumea
Durango, consistente en ordenar al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Caldas, que se abstuviera de posesionar al señor Édgar Castro Córdoba en el
cargo de secretario en propiedad4.
15. Posteriormente, a través de oficio del 9 de junio de 2022, los integrantes de
la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia manifestaron
su impedimento para conocer del asunto, alegando que ya habían conocido del
conflicto entre la tutelante y el señor Édgar Castro Córdoba, con ocasión de la
tutela que este último instauró, mecanismo en el cual se pronunciaron de fondo
mediante la sentencia del 18 de abril de 2022 en la que concedieron el amparo
deprecado.
16. A través de providencia del 10 de junio de 2022, la magistrada en turno de
la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró
fundado el impedimento manifestado por sus colegas de la Sala Tercera de
oralidad, por considerar que su imparcialidad podría verse afectada, al haber
participado dentro del conflicto objeto de análisis.
17. El 13 de junio de 2022, la magistrada que resolvió el impedimento avocó el
conocimiento del trámite constitucional, para lo cual requirió al juez Segundo
Promiscuo Municipal de Caldas, que precisara el estado y las condiciones
laborales actuales de la señora Flor Alba Benjumea Durango, información que fue
recibida oportunamente.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Consejo Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó
18. La directora de la Unidad se opuso a las pretensiones de la acción
constitucional por considerar que no existe una vulneración o amenaza que se
origine en alguna acción u omisión suya, razón por la que solicitó su
4 Con fundamento en que “(…) en la Resolución N.º 011 del 29 de abril de 2022, proferida por el
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Caldas, Antioquia, se condicionó la posesión del señor
Edgar (sic) Castro Córdoba al cese de la estabilidad laboral de la demandante, lo que aún no ha
ocurrido (…) por lo tanto, al no existir un acto administrativo posterior que haya dejado sin efectos o
revocado las resoluciones referidas, se debe garantizar de manera provisional que la demandante
no pierda la estabilidad laboral que le fue reconocida, hasta tanto se resuelva de fondo la presente
acción constitucional”.
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desvinculación del trámite constitucional. Asimismo, aseguró que el mecanismo de
amparo es improcedente por no superar el requisito de subsidiariedad.
19. Indicó que la competencia para resolver las solicitudes de reconocimiento
de estabilidad laboral reforzada está en cabeza de la respectiva autoridad
nominadora, que en este caso corresponde al juez Segundo Promiscuo Municipal
de Caldas, motivo por el cual indicó que la tutela no puede dirigirse a la entidad
que dirige.
1.6.2. Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Caldas, Antioquia
20. El titular del despacho explicó que si bien a través de la Resolución N.º 003
del 24 de febrero de 2022 le concedió el fuero de pre pensionada a la señora
Benjumea Durango, lo cierto es que, con ocasión del fallo del 18 de abril de 2022,
proferido por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
se concedió el amparo deprecado por el señor Édgar Castro Cardona, y profirió la
Resolución N.º 011 del 29 de abril de 2022, nombrando a este último en el cargo
de secretario municipal del juzgado que preside.
21. Recordó que si bien el Consejo de Estado revocó dicho amparo para
declarar la improcedencia de la acción constitucional, lo cierto es que el asunto no
ha hecho tránsito a cosa juzgada porque todavía está la posibilidad de que el caso
sea revisado por la Corte Constitucional.
22. En ese orden, adujo que, aunque inicialmente condicionó la posesión del
señor Castro Córdoba a que cesara la condición de estabilidad laboral de la
señora Benjumea Durango, posteriormente decidió apartarse de ello con
fundamento en el fallo de su superior funcional y en la facultad que tiene como
nominador para escoger entre los derechos de quien ganó el concurso de méritos
y ocupó el primer puesto en la lista de candidatos o, de la persona que tiene un
fuero relativo que solo puede ser desvinculada cuando llega quien ocupará el
puesto en propiedad.
23. Afirmó que el acto de posesión se presume legal y no puede ser
cuestionado por vía de tutela, ni se cumplen los criterios para que se estudie la
procedencia del instrumento de amparo. Asimismo, indicó que en el sub judice se
presenta la carencia actual de objeto, toda vez que con anterioridad a que fuera
admitida y ordenada la medida provisional decretada en este trámite, ya se había
surtido la posesión del señor Édgar Castro Cardona.
24. Sin embargo, solicitó que, en aplicación de las facultades extra petita del
juez constitucional, se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia
que, en pro de los derechos de la señora Flor Alba Benjumea Durango, la nombre
en otro despacho judicial vacante en un cargo igual o de similar envergadura al
que ostentaba, para que sea de las últimas en desvincularse de la Rama Judicial,
atendiendo a la lista del concurso de méritos o, hasta que se cumplan las
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condiciones para que pueda acceder al reconocimiento pensional al que tiene
derecho.
25. Posteriormente, el titular del despacho, atendiendo al exhorto que se le
efectuó mediante el Oficio N.º 421 del 13 de junio del año en curso, en el que se le
pidió que precisara el estado actual de la tutelante, informó lo siguiente:
“(…) El Dr. EDGAR (sic) CASTRO CÓRDOBA, se encuentra nombrado y
posesionado desde el primero de junio de 2022, novedad que fue informada a
recursos humanos y se encuentra en firme y en pie, pues no se ha notificado
situación diferente a dicha dependencia a la fecha de hoy, sin embargo el
secretario posesionado no se encuentra asistiendo al juzgado ni ejerciendo las
labores de secretario en estos momentos en el juzgado.
(…)
Igualmente informo que es la señora FLOR ALBA BENJUMEA DURANGO,
quien se encuentra ejerciendo las funciones del cargo de secretaria en el
Juzgado de manera presencial y a la espera de decisión en sede de Tutela, y
eventual reubicación laboral en su calidad de prepensionada, si procesal y
administrativamente, fuere viable (…)”.
1.6.3. Édgar Castro Córdoba
26. El tercero vinculado manifestó que a través de la Resolución N.º 013 del 1º
de junio de 2022, “por la cual se posesiona a un empleado en propiedad (…)”, el
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Caldas, consideró que, pese a haberse
revocado el fallo de tutela que fundamentó el nombramiento, resolvió posesionar
al señor Castro Córdoba, en aplicación de sus facultades de nominador y garante
de prerrogativas fundamentales, con ocasión de la carencia de puestos a ofertar y
al número de candidatos que se encuentran a la espera de ocuparlos.
27. Comentó que dicho acto administrativo se profirió y notificó a los
interesados y a las dependencias competentes de la Rama Judicial, acorde con la
planilla de novedad, con anterioridad a la notificación de la presente acción de
tutela y a la orden de medida provisional para que no se efectuara su posesión,
razón por la que, en su criterio, en el presente asunto se configura la carencia
actual de objeto por daño consumado.
28. Afirmó que, en todo caso, el titular del despacho, con el objeto de garantizar
los derechos fundamentales de las partes, decidió que hasta tanto el juez
constitucional no decida sobre la problemática planteada en el mecanismo de
amparo, debía permanecer en el cargo la señora Benjumea Durango, para lo cual
debe tenerse en cuenta que la posesión sí se materializó, quedando en “duda y
suspenso los derechos que me asisten a ejercer el cargo, al no efectuarse un nuevo acto
administrativo por el despacho (…)”.
29. Reprochó que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, habiendo transcurrido 9 días desde que inició el trámite constitucional,
manifestara el impedimento pues ello acarrea que la resolución del caso se
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extienda más en el tiempo. Por tal razón, solicitó que se deje sin efectos la orden
provisional decretada, con la finalidad de que se ratifique su posesión en el cargo
para poder desempeñar sus funciones en el puesto que se ganó.
1.6.4. El Consejo Superior de la Judicatura, pese a haber sido notificado en
debida forma, guardó silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
30. En sentencia del 14 de junio de 2022, la Sala Cuarta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, pese a advertir que el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho era el mecanismo idóneo para resolver la
controversia planteada, negó el amparo deprecado y revocó la medida provisional
que fue decretada mediante el auto del 1º de junio de 2022, con sustento en los
siguientes argumentos:
31. Precisó que si bien la posesión del señor Édgar Castro Córdoba se realizó
mediante el acto administrativo del 1º de junio de 2022, antes de que se
comunicara al juzgado que en esa misma fecha se decretó como medida cautelar
la abstención de posesionar a esa persona en el cargo de secretario nominado, lo
cierto es que, tal como el nominador lo indicó, el señor Castro Córdoba no se
encuentra asistiendo al juzgado ni ejerciendo las funciones del cargo en mención,
sino que es la señora Benjumea Durango la que las está cumpliendo, situación
que descarta la posibilidad de declarar la carencia actual de objeto por daño
consumado que propuso el juez Segundo Promiscuo Municipal de Caldas y el
tercero vinculado a este trámite.
32. Lo anterior, dado que aunque el 1º de junio de 2022 se profirió el acto
administrativo que posesionó al señor Castro Córdoba para ocupar el cargo de
secretario nominado, lo cierto es que este no es precisamente quien está
cumpliendo las funciones que le son propias, por lo que, al no haberse consumado
el daño, procede efectuar el análisis de fondo de la vulneración que se predicó.
33. Recordó que la estabilidad laboral reforzada que se concedió a la señora
Benjumea Durango se cimentó en que, dicha funcionaria cumplía con los criterios
legales y jurisprudenciales para ser considerada como “pre – pensionada”, a saber,
tener 55 años y 1.278.71 semanas de cotización. Asimismo, agregó que tras
esperar casi seis (6) meses entre la comunicación de la lista de candidatos al
cargo de secretario nominado de ese juzgado y la posesión de la persona que
ocupó el primer puesto, el titular del despacho no procedió a efectuar la posesión
correspondiente
34. No obstante, mencionó que si bien el nombramiento del señor Castro
Córdoba se dejó condicionado a que cesara la estabilidad laboral reforzada que se
confirió a la señora Benjumea Durango, lo cierto es que dicha situación “(…) se
dilató por casi seis (6) meses, de tal suerte que no se advierta vulneración de los
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derechos fundamentales alegados en el escrito de tutela, por cuanto el juzgado
accionado, en su calidad de nominador, echó mano de todos los recursos que el
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional le confiere para garantizar la
permanencia de la accionante en el cargo para el que fue nombrada en provisionalidad,
sin que le estuviera permitido garantizar en forma indefinida esa permanencia, por estar
en juego los derechos de una persona con mejor derecho que aquella”.
35. Advirtió que la Corte Constitucional ha sido clara en establecer que cuando
se trate de asuntos laborales, específicamente por temas de desvinculación, la
acción de tutela solo es procedente cuando el afectado acredite ser una persona
con una condición de debilidad manifiesta, requisito que no se cumple en este
caso dado que si bien la señora Benjumea Durango tiene la calidad de
prepensionada, ello no constituye un factor que le impida continuar laborando con
miras a cumplir los presupuestos para acceder al derecho pensional.
36. En ese contexto, planteó que el presente asunto no supera el requisito de
subsidiariedad dado que la actora no acreditó la existencia de una afectación
concreta al mínimo vital que genere o implique un perjuicio irremediable, lo que
evidencia que el fondo del debate deba ser considerado por el juez natural y, por
consiguiente, que la solicitud de reubicación laboral que se elevó no pueda ser
analizada por esta vía, ya que no se cuentan con las pruebas que evidencien el
perjuicio irremediable que le generaría la desvinculación laboral, mientras
consigue un empleo nuevo o ejerce su profesión de manera independiente.
37. Sin perjuicio de lo anterior, aclaró que, en todo caso, el juez nominador no
es la autoridad competente para reubicar a la señora Benjumea Durango en otro
despacho de la misma categoría, como tampoco lo sería el Consejo Seccional de
la Judicatura de Antioquia – Chocó.
38. A partir de lo expuesto, concluyó que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es el mecanismo adecuado para propender por la
defensa de los derechos conculcados, pues no se advirtió alguna condición de
urgencia o necesidad que habilite al juez de tutela para pronunciarse sobre el
asunto, por lo que negó el amparo solicitado.
1.8. Informe posterior al fallo de primera instancia
39. A través de mensaje de datos remitido al correo electrónico de la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Antioquia, el juez Segundo Promiscuo Municipal de
Caldas envió copia del Oficio N.º 0436 del 15 de junio de 2022, dirigido al Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia, en el que indicó que, pese a que el 1º de
junio de 2022 se había informado “la novedad en el cargo del doctor Edgar (sic) Castro
Córdoba, sólo hasta el día 15 de junio de 2022 se surten los efectos de la posesión al
reintegrarse y ejercer las funciones en el cargo (…) en tanto la doctora Flor Alba
Benjumea Durango ostentó el cargo en atención a la referida orden judicial del 1º al 14 de
junio de 2022”.
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1.9. Impugnación
40. A través de correo electrónico enviado el 17 de junio de 2022 al buzón web
recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co, la parte actora impugnó la
sentencia proferida por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia el 14 de junio de 2022, notificada en la misma fecha.
41. Indicó que la Resolución N.º 003 del 24 de febrero de 2022, a través de la
cual el juez Segundo Promiscuo Municipal de Caldas declaró su estabilidad laboral
reforzada conserva actualmente su validez, dado que se encuentra en firme y no
ha sido objeto de demanda.
42. Frente al punto, trajo a colación la sentencia T-385 de 20205 de la Corte
Constitucional, para concluir que el juez nominador desconoció lo dispuesto i) por
el máximo órgano en relación con la estabilidad laboral reforzada de que gozan los
pre-pensionados y; ii) por él mismo en la Resolución N.º 011 del 29 de abril de
2022, en la que había advertido que el nombramiento y la posesión del señor
Castro Córdoba solo procedería una vez cesara la estabilidad que le fue
concedida a la funcionaria provisional que ocupaba el cargo.
43. Mencionó que la tutela se radicó el 31 de mayo de 2022, fecha en la que le
fue notificada la terminación “del contrato” y de la estabilidad laboral que le había
sido concedida, demanda que fue admitida el 1º de junio de 2022, por lo que si
bien para el momento en que se notificó sobre la admisión y el decreto de la
medida de suspensión ya se había producido el nombramiento de quien ganó el
concurso de méritos, lo cierto es que cuando se activó el aparato constitucional no
existía la carencia actual de objeto, porque ello no se había realizado aún.
44. Citó la sentencia T-436 de 2017 en donde la Corte estudió el derecho al
mínimo vital, y agregó que su única fuente de ingreso proviene del salario que
devenga, monto que además constituye el sustento de su progenitora, que cuenta
con 80 años, sumado a que, por su edad -55 años, próxima a cumplir los 56- “no
es fácil ser contratada laboralmente”.
45. En ese orden, sostuvo que una de sus pretensiones consiste en el
reintegro, porque reúne los requisitos estructurales que permiten la procedencia
de dicha figura, con sustento en lo expuesto en la sentencia T-055 de 2020. Así
las cosas, solicitó que se remita su caso al superior jerárquico “para que sea éste
(sic) quien entre a evaluar de nuevo la situación y garantice sus derechos fundamentales,
a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y el reintegro”.
5 En la que se señaló que, “los pre pensionados gozan de expectativas legítimas y previsibles de adquirir la
prerrogativa pensional, por lo que disfrutan de un privilegio y una protección constitucional especial frente a
las demás personas (…) la estabilidad laboral reforzada por fuero de pre pensión solo aplica en los casos en
que sea necesario mantener el vínculo laboral del trabajador, para que este pueda completar las semanas de
cotización requeridas en el Régimen de Prima Media, comoquiera que cuando le falten tres o menos años de
cotización se vea amenazada o frustrada la expectativa legítima de acceder a la pensión de jubilación”.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
46. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora contra la sentencia del 14 de junio de 2022, dictada por la Sala
Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
47. En primer lugar, la Sala advierte que la señora Flor Alba Benjumea Durango
está legitimada en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de
la Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de
1991, en la medida en que la acción de amparo puede ser desplegada por
cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien
sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio
de la agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en
condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela
los defensores del pueblo y los personeros municipales6.
48. En el caso concreto, se tiene que la tutelante ocupaba en provisionalidad el
cargo de secretario nominado del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Caldas que se disputa con el señor Édgar Castro Córdoba, por lo que es claro que
es la titular de los derechos fundamentales cuya vulneración alega.
49. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Caldas también está legitimado en la causa por pasiva,
por ser la autoridad nominadora a quien corresponde nombrar a la persona que
ocupará el cargo objeto de disputa.
2.3. Problema jurídico
50. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 14 de junio de 2022, por la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la cual negó el
amparo deprecado, para lo cual se deberá resolver los siguientes interrogantes:
¿Se configura en este asunto la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente?
51. De ser negativa la respuesta a la anterior pregunta, se determinará:
6
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
10
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¿Si se superan en este asunto los requisitos adjetivos de procedibilidad?
52. Y, en caso de superar dicha cuestión, se deberá analizar:
¿Si la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Caldas de nombrar y
posesionar al señor Édgar Castro Córdoba en el cargo de secretario de ese
despacho, vulneró los derechos fundamentales de la señora Flor Alba
Benjumea Durango como funcionaria que venía ocupando dicho puesto y a
quien se le reconoció el fuero de estabilidad de pre-pensión por tener 55
años y 1278 semanas cotizadas?
2.4. Razones jurídicas de la decisión
53. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se estudiarán los
siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) carencia actual de
objeto y; (iii) análisis del caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
54. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
55. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha
señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo
que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable7.
2.6. Carencia actual de objeto
56. La Sala ha explicado en varias ocasiones8 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.
57. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho
fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración
del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso,
7
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
8
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del: i) 9.7.2020,
Exp. 2020-01377-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; ii) 18.6.2020, Exp. 2020-01031-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; iii) 15.11.2017,
Exp. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro y; iv) del 19.10.2017, Exp. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención
del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración
de los derechos fundamentales.
58. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la
terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede
proceder en tres supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii)
una situación sobreviniente.
59. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 20169, señaló
que:
“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia
que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser
como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo
antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la
eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en
peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente
previsto para esta acción.10
“A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se
destacó sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente
que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del
derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es
decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento
sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en
el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado”
(negrillas inexistentes en el texto original).
“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar
la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii)
“daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la
jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente11”.
60. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del
9
Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido.
10
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe
literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
11
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe
literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
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Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la
cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra
que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para
eliminar la vulneración de los derechos fundamentales12.
61. En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto
de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y
el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se
eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la
afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado
de desconocer (…)”13. (Negrillas fuera del texto original).
62. Conforme a lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se
vulneraron o no los derechos fundamentales.
63. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en
aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda
instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal14.
64. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales
se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se
ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse
sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio
de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte
Constitucional:
“En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque
sí para Corte en sede de Revisión,15 incluir en la argumentación de su
fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si
considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del
caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
12
Corte Constitucional. Sentencia T-038/19.
13
Sentencia T-481 del 1.09.2016 M.P. Carlos Bernal Pulido.
14
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
15
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se transcribe
literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la Jurisdicción Constitucional
tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita».
13
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sanciones pertinentes, si así lo considera”.16 Según la jurisprudencia de la
Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia
judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado17 18”.
(Destacado fuera de texto).
65. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si a ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:
“Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por
la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la
orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues
que el derecho ya no se encuentra en riesgo19.
No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede
adelantar el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le
corresponde en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita20, pronunciarse sobre la
vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591
de 199121 y determinar si, con atención de las particularidades del caso,
procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados22.
Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso
estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii)
el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no
repetición23; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección
objetiva24”.25 (Negrillas fuera del texto original).
66. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en
que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado
el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es
factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.26
67. Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
16
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se transcribe
literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
17
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se transcribe
literalmente: “Sentencia T-170/09».
18
«Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
19
«Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
20
«Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
21
«ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto
impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo
con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya
hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la
repetición de la misma acción u omisión».
22
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
23
«Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
24
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
25
«Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
26
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
14
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los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, con ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad
demandada.
68. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de
hecho para declarar la carencia actual de objeto:
“[P]ara finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una
tercera modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de
tutela termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en
que como producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que
no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración
predicada ya no tiene lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga
que no le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el
resultado de la litis.
“Se tiene que, esta nueva y particular forma de clasificar las modalidades en
que puede configurarse la carencia actual de objeto en una acción de tutela,
parte de una diferenciación entre el concepto que usualmente la jurisprudencia
ha otorgado a la figura del “hecho superado”27 y limita su alcance únicamente
a aquellos eventos en los que el factor a partir del cual se superó la
vulneración está directamente relacionado con el accionar del sujeto pasivo
del trámite tutelar. De forma que es posible hacer referencia a un “hecho
superado” cuando, por ejemplo, dentro del trámite tutelar una E.P.S. entrega
los medicamentos que su afiliado demandaba, y una “situación
sobreviniente” cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva
demora en su suministro, decide asumir su costo y procurárselos por
sus propios medios”28.
2.7. Caso concreto
69. El 31 de mayo de 2022, la señora Flor Alba Benjumea Durango instauró la
acción de tutela, por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales al
trabajo, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital,
dado que, a través del Oficio N.º 340 de la misma fecha, el juez Segundo
Promiscuo Municipal de Caldas le informó que el 1º de junio del año en curso, el
señor Édgar Castro Córdoba entraría a desempeñar en propiedad el cargo de
secretario de ese despacho que ella ocupaba.
70. En ese orden, pretendía que a través de este mecanismo de amparo se
ordenara al titular del despacho que diera continuidad a su nombramiento como
secretaria del juzgado, en las mismas condiciones que venía laborando y, en
consecuencia, se abstuviera de realizar la posesión del señor Castro Córdoba, con
fundamento en el fuero de estabilidad laboral de pre-pensionada que le fue
reconocido.
27
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 8, la cual se transcribe
literalmente: “Ya no entendido como la situación a partir de la cual los factores que dieron lugar a la interposición de la
acción de tutela fueron superados por cualquier motivo (Ver Sentencias: SU-225 de 2013; T-630 de 2005; T-597 de 2008; T-
170 de 2009; T-100 de 1995; T-570 de 1992; T-675 de 1996) sino que limita su campo de aplicación a aquellos eventos en
los que dicha situación tuvo lugar con ocasión al obrar de la entidad accionada».
28
«Corte Constitucional. Sentencia T-481/2016».
15
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71. A través de auto del 1º de junio de 2022, la Sala Tercera de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, además de admitir la tutela y de ordenar las
notificaciones correspondientes, decretó la medida provisional solicitada por la
señora Benjumea Durango, que se concretó en la orden que se dictó al Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Caldas, para que se abstuviera de posesionar al
señor Édgar Castro Córdoba en el cargo de secretario en propiedad.
72. Mediante fallo del 14 de junio de 2022, notificado el 17 del mismo mes y año,
la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia negó el
amparo deprecado y revocó la medida provisional que fue decretada mediante el
auto del 1º de junio de 2022.
73. Así las cosas, sería del caso estudiar los argumentos esgrimidos por la parte
actora en su escrito de impugnación, de no ser porque existen circunstancias que
hacen evidente la existencia de una carencia actual de objeto por el acaecimiento
de una situación sobreviniente dentro del presente asunto.
74. En ese orden, y siguiendo el marco normativo y jurisprudencial expuesto en
el acápite anterior, para esta Sección es evidente que, cuando se presenta dicho
escenario en el trámite del mecanismo de amparo, lo que el juez debe hacer es
declarar la carencia actual de objeto en el proceso del que está conociendo.
75. En el caso concreto, se observa que, a través de memorial remitido al buzón
web de la Secretaría General de la referida corporación, el juez Segundo
Promiscuo Municipal de Caldas envió copia del Oficio N.º 0436 del 15 de junio de
2022, dirigido al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, en el que indicó
lo siguiente:
16
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76. En ese contexto, esta Sala de Decisión advierte que, encontrándose en
trámite el presente instrumento constitucional, ocurrió la situación que la señora
Flor Alba Benjumea Durango pretendía evitar, a saber, se surtió la posesión
efectiva del señor Édgar Castro Córdoba en el cargo de secretario del juzgado,
puesto en el que la tutelante se venía desempeñando desde el año 2019 y que
pretendía conservar por su estatus de pre-pensionada.
77. Así las cosas, al evidenciarse que el hecho que propició la radicación de
esta acción constitucional se materializó, teniendo en cuenta que la posesión tiene
plenos efectos jurídicos, cualquier intervención que en este punto realice el juez de
tutela resulta inocua pues, se insiste, el objeto jurídico perseguido a través de este
mecanismo extraordinario y expedito se concretó y, en esa medida, no es posible
conseguir la cesación o evitar que dicha situación ocurra.
78. La circunstancia descrita conlleva naturalmente a que la Sala se abstenga
de hacer un pronunciamiento al respecto, dado que cualquier orden que se llegue
a impartir carecería de efecto alguno.
79. Ahora bien, resulta pertinente precisar que la consumación del efecto que la
señora Benjumea Durango pretendía evitar no implica la existencia de un daño
antijurídico imputable a las autoridades accionadas pues, se reitera, lo único que
aquí se determinó fue que ya sucedió aquello que se pretendía eludir; en
consecuencia, no hay lugar a proferir una orden encaminada a restablecer los
derechos de la señora Flor Alba Benjumea Durango o que permitan minimizar los
efectos de la transgresión alegada.
80. Lo anterior, dado que la señora Benjumea Durango señaló como acto
vulnerador de sus derechos el Oficio N.º 340 del 31 de mayo de 2022, a través del
cual el titular del despacho en el que ella laboraba le informó que el señor Castro
Córdoba se posesionaría en el puesto de secretario a partir del 1º de junio de
2022.
81. Sin perjuicio de lo expuesto, si en gracia de discusión se admitiese que la
inconformidad de la actora tiene como objeto controvertir la Resolución N.º 011 del
29 de abril de 2022, por medio del cual el juez Segundo Promiscuo Municipal de
Caldas realizó el nombramiento del señor Édgar Castro Córdoba para ocupar el
cargo de secretario en propiedad, lo cierto es que en ese escenario tampoco sería
procedente abordar el fondo del asunto, teniendo en cuenta que el referido acto
administrativo goza de presunción de legalidad y, en tal sentido, debe ser
controvertido ante la jurisdicción contencioso-administrativo.
82. En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión revocará la sentencia del 14 de
junio de 2022 a través de la cual la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia negó el amparo solicitado para, en su lugar, declarar la
carencia actual de objeto por el acaecimiento de una situación sobreviniente.
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2.8. Conclusión
83. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión revocará la sentencia del 14 de
junio de 2022, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad negó el amparo deprecado para, en su lugar, declarar la
carencia actual de objeto por el acaecimiento de una situación sobreviniente, toda
vez que, encontrándose en trámite este instrumento constitucional, se surtió la
posesión efectiva del señor Édgar Castro Córdoba en el cargo de secretario del
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Caldas.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de junio de 2022 a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, negó el amparo
deprecado para, en su lugar, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE de la acción de tutela presentada por la
señora Flor Alba Benjumea Durango.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
18
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