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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00638-01

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00638-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de junio de 2022 del Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la improcedencia de la acción, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2022-00638-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

14 de julio de 2022

Demandante: Empresa Cooperativa El Santuario
Cooperativa de Trabajo Asociado – ECOOELSA CTA
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00638-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00638-01
Accionante: EMPRESA COOPERATIVA EL SANTUARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO –
ECOOELSA CTA
Accionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -
UGPP

Temas: Confirma decisión que declaró la improcedencia de la
acción.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia del 15 de junio de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad declaró la improcedencia del medio
de control de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

1. Mediante correo electrónico del 28 de abril de 2022, la empresa
Cooperativa El Santuario Cooperativa de Trabajo Asociado ECOOELSA CTA,
por intermedio de apoderado judicial1, ejerció acción de cumplimiento contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, con el fin de obtener el
acatamiento de los artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario.

1
La señora Elizabeth Mejía Villegas, en calidad de representante legal de la empresa Cooperativa El Santuario
Cooperativa de Trabajo Asociado ECOOELSA CTA, otorgó poder especial, amplio y suficiente al abogado Rodrigo
Palacio Cardona, para que la represente en el proceso de la referencia.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Empresa Cooperativa El Santuario
Cooperativa de Trabajo Asociado – ECOOELSA CTA
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00638-01

2. Pretensiones de la demanda:

“…PRIMERA. Que habida cuenta de los antecedentes que se ponen de presente
que conducen a concluir la irregularidad de la notificación de la Resolución No.
RDC-2021- 01633 del 30 de julio de 2021 ‘por medio de la cual se resuelve el
recurso de reconsideración interpuesto contra la No. RDO-2019-03265 del 2 de
octubre de 2019’, y en cumplimiento de lo señalado en los artículos 732 y 734 del
Estatuto Tributario Nacional, se declare el silencio administrativo positivo en
relación con el recurso de reconsideración incoado en contra de la Resolución No.
RDO-2019-03265 del 2 de octubre de 2019, mediante la cual la UGPP profirió
Liquidación Oficial.

SEGUNDA: Que consecuentemente se ordene a la UGPP dictar el acto
administrativo en cuyos de términos se declara resuelto a favor de ECOOELSA el
recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución la Resolución No.
RDC-2021-01633 del 30 de julio de 2021.”.

3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes hechos:

2. El 23 de enero de 2019, la Subdirección de Determinación de Obligaciones
de la UGPP profirió requerimiento para declarar y corregir RCD-2019-00276
del 23 de enero de 2019, por presuntamente evidenciar mora e inexactitud en
las autoliquidaciones al sistema de la protección social por los periodos 1º de
enero al 31 de diciembre de 2013. Solicitud que fue atendida por la parte
actora el 24 de abril de 2019.

3. El 2 de octubre de 2019 la UGPP expidió la Resolución No. RDO-2019-
03265 contentiva de la liquidación oficial; razón por la que la parte actora, el 5
de diciembre de 2019 interpuso recurso de reconsideración contra el citado
acto administrativo.

4. Conforme con las previsiones del artículo 734 del Estatuto Tributario la
administración cuenta con un año para resolver el recurso de reconsideración
so pena de que se configure el silencio administrativo positivo.

5. A través de la Resolución No. RDC-2021-01633 del 30 de julio de 2021, la
UGPP resolvió el recurso interpuesto, y dispuso la modificación de los aportes
determinados en la liquidación oficial No. RDO-2019-03265 del 2 de octubre
de 2019.

6. El 2 de agosto de 2021, la entidad accionada envió citación de notificación
personal a la cooperativa accionante, en la que se le informó:

“RECOMENDACIÓN IMPORTANTE debido a la actual pandemia y emergencia
sanitaria derivada del COVID 19.

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Demandante: Empresa Cooperativa El Santuario
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Señor ciudadano tenga en cuenta que para notificarse de forma personal en uno de
nuestros puntos de atención presencial, deberá agendar su cita previamente en
nuestra página web www.ugpp.gov.co en la sección de trámites y servicios. Este
servicio está disponible para las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
Lo invitamos a que en adelante autorice para todos sus trámites, la notificación
electrónica, con el fin de evitar desplazamientos y posibles riesgos a su salud.

Con la anterior advertencia y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 565 del
Estatuto Tributario Nacional, me permito solicitarle que se presente en cualquiera
de las siguientes oficinas de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP en el horario de atención al público,
los días hábiles de lunes a viernes (...)”.

7. Precisó la parte actora que “...si bien la Resolución No. RDC-2021-01633 del 30 de
julio de 2021, ‘por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto
contra la No. RDO-2019-03265 del 2 de octubre de 2019’ fue expedida antes de que se
cumpliese el año contado a partir de la interposición del recurso de reconsideración, lo cierto
es que la misma no fue notificada una vez vencido dicho término, habiendo sido
absolutamente clara, contundente y reiterativa la jurisprudencia del Consejo de Estado en el
sentido de que el silencio administrativo positivo al cual alude el artículo 734 del Estatuto
Tributario se configura cuando la resolución que decide el recurso de reconsideración no ha
sido notificada dentro del término ya dicho”.

8. El 19 de enero de 2022, la representante legal de la cooperativa
ECOOELSA CTA solicitó copia de la Resolución No. RDC-2021-01633 del 30
de julio de 2021, la cual le fue entregada conforme con el “FORMATO ACTA DE
ENTREGA DE COPIAS Y/O ANEXOS EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
PARAFISCALES”.

9. El 25 de marzo de 2022, la cooperativa demandante, mediante oficio con
radicado No. 2022600500677492 con asunto “Solicitud de Declaratoria de silencio
administrativo positivo. Artículo 8 de la Ley 393 de 1987 (sic)” pidió a la UGPP:

“...se sirva declarar el silencio administrativo positivo dentro del procedimiento
adelantado con ocasión del recurso de reconsideración en contra de la Resolución
NO. RDO-201903265 del 2 de octubre de 2019 por medio de la cual el Subdirector
de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales de la UGPP,
PROFIRIÓ Liquidación Oficial a la EMPRESA COOPERATIVA EL SANTUARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – ECOOELSA CTA (...), por mora en el
pago de los aportes de inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de
la Protección Social y se sanciona por inexactitud, y determinó a cargo de la
EMPRESA COOPERATIVA EL SANTUARIO COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO – ECOOELSA CTA (...) la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($437.431.074) por mora en el pago de los aportes e inexactitud en
las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social por el periodo de
enero a diciembre d 2013, y determinó la SANCIÓN POR INEXACTITUD en
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($262.293.603).

(...)

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Demandante: Empresa Cooperativa El Santuario
Cooperativa de Trabajo Asociado – ECOOELSA CTA
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Que en cumplimiento de lo señalado en los artículos 732 y 734 del ETN, se declare
el silencio administrativo positivo en relación con el recurso de reconsideración
incoado en contra de la Resolución No. RDO-2019-03265 del 2 de octubre de 2019,
mediante la cual la UGPP profirió Liquidación Oficial”.

10. La UGPP mediante Resolución No. RDC-2022-00186 del 27 de abril de
2022 “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de declaratoria del silencio
administrativo positivo presentada dentro del expediente de la Empresa Cooperativa El
Santuario Cooperativa de Trabajo Asociado – ECOOELSA CTA (...)”, la entidad consideró
que:

“... c. Caso concreto de la Empresa Cooperativa El Santuario Cooperativa de
Trabajo Asociado – ECOOELSA CTA

Estudiados los puntos que anteceden, ahora para resolver el problema jurídico
trazado, corresponde estudiar si el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución No. RDC-2021-01633 del 30 de julio de 2021, fue notificado dentro del
término legalmente establecido en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 modificado
por el artículo 50 de la ley 1739 de 2014.

Para esto, se verificó que mediante radicado No. 2019600503640912 del 5 de
diciembre de 2019 la señora Elizabeth Mejía Villegas en calidad de representante
legal de la Empresa Cooperativa El Santuario Cooperativa de Trabajo Asociado –
ECOOELSA CTA, presentó recurso de reconsideración contra la Resolución RDO-
2019-03265 del 2 de octubre de 2019, el cual fue admitido mediante auto No.
DC.2020-00031 del 19 de enero de 2020, por lo que esta unidad contaba en un
principio hasta el 1 de enero de 2021, para proferir y notificar la resolución que
resolviera el recurso de reconsideración.

Ahora, considerando que los términos procesales fueron suspendidos el 2 de abril de
2020 tal y como se estableció en la Resolución No. 385 del 1 de abril de 2020 y
reanudados a partir del 15 de marzo de 2021, como se indicó en la Resolución No.
140 del 5 de marzo de 2021, los nuevos términos con los que contaba esta Unidad
para proferir y notificar el acto que resolvió el recurso de reconsideración eran los
siguientes:

Tiempo para Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
resolver presentación suspensión reanudación vencimiento notificación de
recurso de (sic) de términos de términos para resolver el reconsideración
de debida forma recurso de
reconsideración reconsideración
1 año 5 de diciembre 2 de abril de 15 de marzo 16 de noviembre 9 de septiembre
de 2019 2020 de 2021 de 2021 de 2021

Así las cosas, esta Dirección profirió la Resolución No. RDC-2021-01633 del 30 de
julio de 2021 mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto
contra la Resolución No. RDO-2019-03265 del 2 de octubre de 2019, la cual fue
notificada por edicto que fue desfijado el 9 de septiembre de 2021, es decir, dentro
del año siguiente a su interposición en debida forma término legalmente establecido
en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 50 de la Ley
1739 de 2014.

En consonancia con lo mencionado frente a la solicitud puntualmente realizada se
puede concluir lo siguiente:

• No hay lugar a declarar el reconocimiento del silencio administrativo positivo a
favor de la Empresa Cooperativa El Santuario Cooperativa de Trabajo Asociado –
ECOOELSA CTA, toda vez que los artículos 732 y 734 Estatuto Tributario no son

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aplicables en el asunto bajo estudio. Aunado a lo anterior, la Resolución No. RDC-
2021-01633 del 30 de julio de 2021 se profirió y notificó dentro año (sic) siguiente
a la interposición del recurso, conforme con lo señalado por el artículo 180 de la
Ley 1607 de 2012 modificado por el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014.
(...)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de declaratoria del silencio administrativo
positivo, presentada por el doctor Rodrigo Palacio Cardona (...) en calidad de
apoderado de la Empresa Cooperativa El Santuario Cooperativa de Trabajo Asociado
– EOOELSA CTA (...) por las razones expuestas en la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR POR CORREO ELECTRÓNICO la presente
actuación (...)”.

11. El 28 de abril de 2022, mediante correo electrónico la parte actora eleva
petición con asunto “solicitud de declaratoria de silencio administrativo positivo. Artículo 8
de la Ley 393 de 1987 (sic)”, para que “...se sirva declarar el silencio administrativo positivo
dentro del procedimiento adelantado con ocasión del recurso de reconsideración en contra de
la RESOLUCIÓN No. Rdo-2019-03265 del 2 de octubre de 2019 por medio de la cual el
Subdirector de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales de la UGPP,
profirió Liquidación oficial a la EMPRESA COOPERATIVA EL SANTUARIO COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO – ECOOELSA CTA (...) por mora en el pago de los aportes e
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social y se sanciona
por inexactitud”.

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Admisión de la demanda

12. Por auto del 29 de abril de 2022, el Juzgado Trece Administrativo Oral de
Medellín inadmitió la demanda para que la parte demandante allegara copia
del documento que acredita el requisito de renuencia y se demostrara la
representación legal de la empresa accionante.

13. Vencido el término otorgado, el 6 de mayo de 2022, el Juzgado Trece
Administrativo Oral de Medellín, admitió la demanda y ordenó la notificación a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, y al Ministerio Público.

14. En proveído del 20 de mayo de 2022, el Juzgado le otorgó valor legal a
los documentos allegados con la demanda y respecto de la entidad accionada
indicó que no se pronunció en el término de traslado, ni solicitó pruebas a
practicar en esa instancia.

15. A través de providencia del 31 de mayo de 2022, el Juzgado Trece
Administrativo Oral de Medellín declaró la falta de competencia por el factor

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funcional para continuar con el trámite del presente medio de control y
dispuso la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia.

16. El 1º de junio de 2022, el Tribunal avocó conocimiento y dispuso que una
vez ejecutoriada esa decisión ingresara el expediente para sentencia.

4.2. Contestación de la demanda

17. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de
la Protección Social -UGPP-, no presentó contestación de la demanda.

4.3. Fallo impugnado

18. En sentencia del 15 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró improcedente este medio de control, al considerar que “...Si
bien, la accionante considera que en este caso se configuró el silencio administrativo positivo,
lo cierto es, que previo a la posible protocolización del silencio, la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales de la Protección Social, profirió la Resolución No. RCD-2021-01633
del 30 de julio de 2021, por lo que no puede decir que efectivamente se haya superado los
efectos de los actos, ni que no exista controversia alguna”.

19. Con fundamento en lo anterior, indicó que la parte actora cuenta con otro
mecanismo de defensa como es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir la configuración o no del
silencio administrativo positivo y la posible nulidad de la Resolución No. RCD-
2021-01633 del 30 de julio de 2021, mediante la cual se resolvió el recurso de
reconsideración.

20. Con fundamento en lo anterior, concluyó que “…la norma cuyo cumplimiento se
solicita, no contiene un mandato imperativo e inobjetable y la demandante pretende el
reconocimiento de un derecho particular, es decir, la aplicación de los efectos del silencio
administrativo, en relación con el recurso interpuesto frente a la Resolución No. RCD-2021-
01633 del 30 de julio de 2021, de conformidad con lo indicado en la parte motiva.”.

4.4. Impugnación

21. La parte actora, mediante correo electrónico del 21 de junio de 2022
allegó escrito en el que impugnó2 la decisión del Tribunal, para que se
revocara y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

22. Sostuvo que “...el hecho de que en el caso que nos ocupa se hubiera podido solicitar
la nulidad y restablecimiento del derecho de la Resolución N° RCD-2021-01633 del 30 de julio
de 2021, por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración, a través de la cual,

2
La sentencia del 15 de junio de 2022, fue notificada por correo electrónico el mismo 15 de junio de 2022 y el escrito
de impugnación fue presentado por medio electrónico el 21 de junio de 2022. Así pues, se evidencia que la parte
actora impugnó la sentencia dentro del término legalmente previsto.

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se modifican los aportes determinados en la liquidación oficial N° RDO-2019-03265 del 02 de
octubre de 2019, es evidente que dicha posibilidad es completamente ajena al propósito y
finalidad misma de la acción de cumplimiento, pues si bien es cierto que el administrado
prevalido de la declaratoria de nulidad de la resolución antes dicha, puede arrimarse a la
administración informándole que dicha resolución fue declarada nula, no es menos cierto que
si la administración se niega a aceptar la acaecencia del silencio administrativo positivo y a
dictar, dentro de sus funciones administrativas, un acto que solo la administración puede
dictar, el administrado se vería obligado a incoar una acción de cumplimiento tendiente a que
el juez constitucional probablemente observando la previa declaración de nulidad y
restablecimiento del derecho, declaración previa que el juez constitucional no tiene por qué
acatar, le ordene a la administración a actuar de acuerdo a lo que prevén las normas.”.

23. Indicó que es absurdo que en la sentencia se afirme que la única acción
posible sea la de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución
No. RCD-2021-01633 del 30 de julio de 2021, toda vez “...que si se considera la
hipótesis de que una vez declarada la nulidad de dicha resolución, el administrado con
fundamento en la misma, hubiese concurrido a la administración, para que cumpliese con las
obligaciones que consagra el artículo 734 del Estatuto Tributario, no solo negándose la
administración a cumplir con dichas funciones, pese a la declaratoria de nulidad de la
resolución antes dicha, sino procediendo la administración a dictar otro acto administrativo
indiscutiblemente censurable por vía de acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
pero completamente ajeno a la acción de cumplimiento, poniéndose al administrado en esta
situación, ya que se le deniega el acceso a la acción de cumplimiento, de demandar ad
eternum todas las resoluciones que dictara la administración, con el fin de evadir el
cumplimiento de su obligación, y concretamente lo que consagra en este caso, el artículo 734
del Estatuto Tributario”.

24. Manifestó que en el sub lite, no se configura la improcedibilidad de esta
acción constitucional, en cuanto “...no existe acto administrativo de carácter particular y
concreto cuyo cumplimiento se puede lograr a través de otro medio judicial, y porque la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución N° RCD-2021-01633
del 30 de julio de 2021 es completamente ajena al logro de los propósitos mismos de la
acción de cumplimiento que se postula con fundamento en los artículos 732 y 734 del
Estatuto Tributario”.

25. Resaltó que “...se quiere evadir por parte del juez contencioso administrativo, el deber
constitucional que le corresponde, so pretexto de que al postular la acción de cumplimiento el
actor de la misma en ese caso específico y concreto, puso en evidencia la ilegalidad de la
decisión que con posterioridad a la ocurrencia del silencio administrativo positivo tomo (sic) la
administración, habiéndose concluido en esa desafortunada sentencia, (único respaldo
jurídico de la sentencia que ahora se impugna), que el querer interno del actor en esa acción
de cumplimiento, no consistía en lograr el cumplimiento de lo que ordenaba la norma, sino en
impugnar de fondo y por razones sustantivas la decisión ilegal que extemporáneamente tomo
(sic) la administración”.

26. Mencionó que “...no existe prohibición alguna para que en el curso de una acción de
cumplimiento el actor señale que la decisión que extemporáneamente tomó la administración
es además sustantivamente ilegal, pues ningún juez de la República puede coartar el
discurso del actor, y si (sic) que menos evadir el deber constitucional que constituye el

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trasfondo de la acción de cumplimiento, arguyendo que dicha acción no es procedente pues
el querer del actor rebasa el derecho que tiene a postular la acción de cumplimiento.
Sobrando decir que, en el caso que nos atañe el suscrito por parte alguna se refiere en la
acción de cumplimiento a la ilegalidad sustantiva de la decisión que tomara la UGPP con
posterioridad a la ocurrencia del silencio administrativo positivo, cosa que tampoco le estaría
prohibida ni que le nugaría de manera alguna la pertinencia de la acción de cumplimiento”.

27. Precisó que se encuentra acreditado que contra la liquidación oficial N°
RDO-2019-03265 del 02 de octubre de 2019, procedía el recurso de
reconsideración, conforme con las previsiones de los artículos 732 y 734 del
Estatuto Tributario, frente a lo cual ECOELSA lo interpuso oportunamente.

28. Indicó que la Resolución N° RCD-2021-01633 del 30 de julio de 2021, por
la cual la UGPP desató el recurso de reconsideración debió dictarse y
notificarse dentro de termino de un año.

29. Destacó que conforme con lo previsto en el artículo 565 del Estatuto
Tributario, el acto administrativo que resolvió el recurso debía notificarse
personalmente previa citación; no obstante “...no aparece por parte alguna la fecha
de introducción al correo de dicha citación, o sea que la cooperativa, no pudo computar el
termino de 10 días, lo cual pone en evidencia un error neurálgico y fundamental cometido por
la UGPP al remitir la citación, pues el termino de 10 días se contabiliza, no a partir del
momento de recepción, sino de la introducción al correo de la citación, y eso es lo que ordena
la ley”.

30. Sostuvo que, la UGPP sin haberse cumplido con el requerimiento de
debida citación para notificación personal pretendió supuestamente notificar la
Resolución N° RCD-2021-01633 del 30 de julio de 2021 mediante edicto,
siendo evidente que la fijación del mismo no era procedente pues no se había
agotado en debida forma el término de citación para notificación personal.

31. Manifestó que está acreditado que, “...se configuró el silencio administrativo
positivo al cual alude el artículo 734 del estatuto tributario, pues la resolución nunca fue
válidamente notificada. Todos estos aspectos y otras graves irregularidades que ponen en
duda la supuesta notificación por edicto de la UGPP, fueron puestas de presente en la
demanda y no paradójicamente, sino evidentemente son ignorados en la sentencia que ahora
se impugna (...)”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

32. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra
la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152 de la

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Ley 1437 de 20113, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección
Quinta de la Corporación para conocer de las “apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera
instancia en las acciones de cumplimiento”.

2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

33. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia del 15 de junio de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que declaró improcedente la acción, para lo cual deberá resolver los
siguientes problemas jurídicos:

34. ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -
UGPP de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de
1997?

35. De ser afirmativa la respuesta ¿Hay lugar a ordenar a la autoridad
accionada, el cumplimiento de los artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario
Nacional y, en consecuencia, que declare el silencio administrativo positivo en
relación con el recurso de reconsideración?

3. Razones jurídicas de la decisión

36. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de
procedibilidad; y, (iii) análisis del caso concreto.

3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

37. Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad
judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber
omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que
"Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo
el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

38. Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines
esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que

3
Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para
asegurar el acatamiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio
permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley
y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
cumplimiento de sus funciones públicas.

39. De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para
demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones
públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con
fuerza material de ley y de los actos administrativos.

40. Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad
de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que
surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular
cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la
vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” 4(Subraya fuera del texto).

41. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido
de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes
requisitos mínimos:

41.1. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(Art. 1º)5.

41.2. Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones
públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción.

41.3. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan
deducir su inminente incumplimiento (Art. 8º).

4
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
5
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y
directrices.

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41.4. El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

41.5. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo
omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio
grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de
tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la
administración (Art. 9º).

3.2. De la renuencia

42. El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia
con el numeral 5° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de
procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el
accionante aporte la prueba de haber pedido a la entidad demandada en
forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del
deber legal o administrativo presuntamente desatendido por aquella y, que la
autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente
a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la
respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de
cumplimiento.

43. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga
de probar que constituyó en renuencia a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP-, antes de instaurar
la demanda.

44. En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo
ha señalado la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento” 6.

45. La parte accionante solicitó el 25 de marzo de 2022, a la UGPP que “...en
cumplimiento de lo señalado en los artículos 732 y 734 del ETN, se declare el silencio
administrativo positivo en relación con el recurso de reconsideración incoado en contra de la
Resolución No. RDO-2019-03265 del 2 de octubre de 2019, mediante la cual la UGPP
profirió Liquidación Oficial”.

6Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo.

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46. La UGPP mediante Resolución No. RDC-2022-00186 del 27 de abril de
2022, consideró que “No hay lugar a declarar el reconocimiento del silencio administrativo
positivo a favor de la Empresa Cooperativa El Santuario Cooperativa de Trabajo Asociado –
ECOOELSA CTA, toda vez que los artículos 732 y 734 Estatuto Tributario no son aplicables
en el asunto bajo estudio. Aunado a lo anterior, la Resolución No. RDC-2021-01633 del 30 de
julio de 2021 se profirió y notificó dentro año (sic) siguiente a la interposición del recurso,
conforme con lo señalado por el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 modificado por el
artículo 50 de la Ley 1739 de 2014”, por lo que resolvió negar la solicitud de
declaratoria del silencio administrativo positivo.

47. Conforme con lo anterior, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de
la presente acción de cumplimiento, la parte demandante constituyó en
renuencia a la entidad demandada, respecto de los artículos 732 y 734 del
Estatuto Tributario Nacional.

3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

48. La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que la
UGPP con fundamento en las normas invocadas como incumplidas, declare
el silencio administrativo positivo, en razón a que si bien la Resolución No.
RDC-2021-01633 del 30 de julio de 2021, por la cual se resolvió el recurso de
reconsideración fue expedida antes de que se cumpliese el año desde su
interposición, lo cierto es que no fue notificada dentro de ese término, razón
por la que es aplicable el artículo 734 del Estatuto Tributario.

49. La Sala advierte que según se acreditó en el expediente, la entidad en
respuesta a lo solicitado por la cooperativa actora, a través de la Resolución
No. RDC-2022-00186 del 27 de abril de 2022 negó la declaratoria del silencio
administrativo positivo, al considerar que el acto administrativo RDC-2021-
01633 del 30 de julio de 2021, fue notificado dentro del término legalmente
establecido en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 modificado por el
artículo 50 de la Ley 1739 de 2014.

50. Resaltó que los términos procesales7 fueron suspendidos el 2 de abril de
2020 tal y como se estableció en la Resolución No. 385 del 1 de abril de 2020
y reanudados a partir del 15 de marzo de 2021, como se indicó en la
Resolución No. 140 del 5 de marzo de 2021, en ese orden, la entidad tenía
hasta el 16 de noviembre de 2021 para resolver la reconsideración que fue
notificada el 9 de septiembre de 2021, es decir, dentro del año siguiente a su
interposición en debida forma.
7
Los actos de suspensión de términos se expidieron en virtud del Decreto 491 de 2020 “Por el cual se adoptan
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas
y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas
de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica”.

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51. Igualmente, la entidad afirmó que los artículos 732 y 734 Estatuto
Tributario no son aplicables al caso de la parte accionante.

52. Adicionalmente señaló que conforme con el artículo 84 de la Ley 1437 de
2011, el silencio administrativo positivo solamente se configura en los casos
expresamente previstos en disposiciones legales especiales; en esa medida
indicó que según las previsiones del artículo 50 de la Ley 1739 de 2014, que
reguló el procedimiento que debe seguir la UGPP para adelantar los procesos
de determinación oficial de las contribuciones parafiscales de la protección
social y la imposición de sanciones, solo prevé que el término para resolver y
notificar el acto administrativo que resuelve la reconsideración es de un año a
partir de la interposición del recurso en debida forma, pero no previó que en
caso de que la administración omita la respuesta oportuna, opere el silencio
administrativo positivo.

53. Resaltó que, si bien en la parte final del artículo 156 de la Ley 1151 de
20078, estableció que los procedimientos de liquidación oficial se ajustarán a
lo dispuesto en los títulos I, IV, V y VI del libro V del Estatuto Tributario, esta
remisión normativa tiene carácter residual, es decir, en aquellos aspectos en
los que el legislador no haya previsto una disposición especial, sin embargo,
el artículo 178 de la Ley 1607 de 20129, dispuso un año para proferir y
notificar la resolución que decida el recurso de reconsideración interpuesto
dentro de las acciones de determinación y cobro de las Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, lo que hace imposible acudir al Estatuto
Tributario en cuanto el plazo está contemplado en norma especial.

54. Así, las cosas, del material que obra en el expediente se evidencia que la
solicitud de la parte actora fue resuelta por la entidad accionada a través de la
Resolución No. RDC-2022-00186 del 27 de abril de 2022 que negó la
declaratoria del silencio administrativo positivo, al estimar que la notificación
se surtió en debida forma y además porque los artículos 732 y 734 del
Estatuto Tributario no son aplicables a este asunto; por otra parte, la
cooperativa demandante insiste que la UGPP no notificó dentro del término
previsto en el artículo 734 ejusdem el recurso de reconsideración por lo que
hay lugar a que se le reconozca la figura del silencio administrativo positivo.

55. En este orden de ideas, los argumentos anteriormente expuestos debieron
ser conocidos por el juez natural, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, para que
se determinara si le asistía razón a la accionante en sus afirmaciones o, a la
8
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”.
9
“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”

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entidad, pues se trata de un asunto de fondo que no debe ser resuelto a
través de la acción de cumplimiento, pues no depende solamente de la
observancia de una ley o acto administrativo.

56. En consonancia con lo anterior, recuerda la Sala que el fin último de la
acción de cumplimiento es procurar la vigencia y efectividad material de las
leyes y de los actos administrativos, en aquellos casos en que las autoridades
públicas no dan estricto acatamiento al deber jurídico o administrativo que les
es exigible y que, la controversia propuesta en el caso de la referencia va más
allá de exigir la observancia de las disposiciones invocadas como incumplidas
y en tal medida, requiere que el juez natural realice un análisis de fondo a
toda la actuación administrativa desplegada.

57. De esta manera, para la Sala se evidencia que la parte actora lo que
busca es desconocer la legalidad de la Resolución RDC-2021-01633 del 30
de julio de 2021 por la cual resolvió desfavorablemente la reconsideración, en
la medida que mantuvo la sanción impuesta a la demandante, y el acto que le
negó el reconocimiento del silencio administrativo positivo, que pretende
hacer efectivo por esta acción constitucional, pese a que la administración ya
se pronunció sobre el particular, para eximirse del ejercicio oportuno de los
medios de defensa con los que contaba para debatir la legalidad en la
expedición de dicho acto de 2021, lo que la torna improcedente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, pues
como se dijo en precedente se disponía de otro mecanismo de defensa
judicial.

58. Ahora bien, debe recordarse que el juez de la acción de cumplimiento,
pese a la existencia de un instrumento judicial, podría pronunciarse de fondo
en relación con la solicitud, siempre y cuando se acrediten los presupuestos
de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio. No obstante, en
el caso de la referencia, la parte interesada no probó tales extremos.

3.4. Conclusión

59. En consecuencia se advierte que la parte actora contaba con otro
mecanismo de defensa judicial para lograr lo perseguido en las pretensiones
de la demanda, como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
razón por la que se confirmará por los motivos aquí señalados la decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró improcedente este medio de
control.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de junio de 2022 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, que declaró la improcedencia de la acción,
conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de
la Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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