Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00716-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2022-00716-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00716-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2022-00716-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
9 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: JUAN FELIPE GÓMEZ ARBELÁEZ Y OTROS
Demandado: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
–USPEC–Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC– contra la sentencia del 14 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que resolvió –transcripción textual–:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y
a la integridad personal, pretendidos por los señores JUAN FELIPE GÓMEZ
ARBELÁEZ, GUSTAVO ADOLFO MENESES, DIEGO ARMANDO ZAPATA
VÉLEZ, JONNATAN FELIPE SEGURO VÉLEZ, KIN DUGLAS HERNANDEZ
VÄSQUEZ, RICHARD FRANCISCO CANO DURAN, JOVANNY ALBERTO
OSPINA OSPINA, ARGEMIRO ANTONIO LEÓN SÁNCHEZ, YONATAN
ESMITH DUQUE MARÍN, JORGE IVÁN ZAPATA MARTÍNEZ, LÓPEZ
ANTONIO ZAPATA BLANDON, DUBÁN ANDRÉS PEREIRA LONDOÑO,
JONATHAN ANDRÉS LOAIZA LONDOÑO, JHON FREDY HENAO TABORDA,
ÁNGEL ALEXANDER GUTIÉRREZ MÚNERA, EIDER BENÍTEZ
HERNÁNDEZ, CRISTIAN CAMILO URIBE VÁSQUEZ, OSCAR FERNANDO,
HACHE DAVID DAVID PÉREZ, ORLANDO GUZMÁN MUÑOZ, JHONY
ALEJANDRO LINARES, ANDERSON BARRERA OLAYA, DANIEL OSPINA
CASTAÑO, CÉSAR AUGUSTO RUIZ HIGUITA, NELSON DARÍO PUERTA
HIGUITA, JOSÉ ROBINSON GUISAO SERNA, JORGE ANDRÉS MEDINA
TORRES, EDGAR GUISAO, YHONATAN DABIAN FORONDA BEDOYA,
JOHN JAMES ESCOBAR CORREA, ANDRÉS FELIPE FERNÁNDEZ
GRAJALES, CRISTIAN MUÑOZ AGUDELO, MAYCOL ELIÉCER GAVIRIA
PEÑA, EDUIN ALEXANDER HERNÁNDEZ LÓPEZ, CARLOS ALBERTO
ANDRADE PEREA, EDY MANUEL TORREGROZA CÁRDENAS, ALAN
ALEXANDER ORTÍZ JOJOA, EIDER BENÍTEZ HERNÁNDEZ, JOHN JAIRO
ARENAS, SEBASTIAN PÉREZ GIRALDO, LUIS FERNANDO CHAVARRIAGA
RESTREPO, en contra de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS – USPEC, DIRECCIÓN GENERAL – INPEC, DIRECCIÓN
REGIONAL NOROESTE DEL INPEC, DIRECCIÓN SUROESTE DEL INPEC,
por las razones expuestas.
SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS (USPEC), al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO (INPEC) y a la DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PESEBRE que, en el término de las
1
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia y en
adelante, adopten las medidas adecuadas y necesarias para ejercer las
funciones de vigilancia y control respecto a las condiciones de manipulación y
entrega de los alimentos a los internos del Complejo Carcelario y Penitenciario
El Pesebre de Puerto Triunfo – Antioquia, con el fin de que estos cumplan los
requerimientos nutricionales y las normas de protocolo de tratamiento higiénico
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 21 de junio de la presente anualidad1, los señores Juan Felipe Gómez Arbeláez,
Gustavo Adolfo Meneses, Diego Armando Zapata Vélez, Jonnatan Felipe Segura
Vélez, Kin Duglas Hernández Vásquez, Richard Francisco Cano Durán, Jovanny
Alberto Ospina Ospina, Argemiro Antonio León Sánchez, Yonatan Esmith Duque
Marín, Jorge Iván Zapata Martínez, López Antonio Zapata Blandón, Dubán Andrés
Pereira Londoño, Jonathan Andrés Loaiza Londoño, Jhon Fredy Henao Taborda,
Ángel Alexander Gutiérrez Múnera, Eider Benítez Hernández, Cristian Camilo Uribe
Vásquez, «Óscar Fernando», Hache David David Pérez, Orlando Guzmán Muñoz,
Jhony Alejandro Linares, Anderson Barrera Olaya, Daniel Ospina Castaño, César
Augusto Ruiz Higuita, Nelson Darío Puerta Higuita, José Robinson Guisao Serna,
Jorge Andrés Medina Torres, Édgar Guisao, Yhonatan Dabián Foronda Bedoya,
John James Escobar Correa, Andrés Felipe Fernández Grajales, Cristian Muñoz
Agudelo, Maycol Eliécer Gaviria Peña, Eduin Alexander Hernández López, Carlos
Alberto Andrade Perea, Edy Manuel Torregroza Cárdenas, Alan Alexander Ortiz
Jojoa, Eider Benítez Hernández, John Jairo Arenas, Sebastián Pérez Giraldo y Luis
Fernando Chavarriaga Restrepo presentaron tutela contra la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios –USPEC–, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC–, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia y
del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario «El Pesebre» y el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos –INVIMA–, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad personal.
1 Se advierte que, el 27 de julio de 2022, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Las pretensiones de la tutela se dirigen a que se ordene a las accionadas
suministrar una alimentación adecuada, oportuna y proporcional, dada la obligación
que les asiste en relación con su calidad de personas privadas de la libertad, es
decir, sujetos de especial protección constitucional.
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas la Sala extrae los siguientes hechos
y argumentos jurídicamente relevantes:
Afirman los accionantes que su derecho «a la alimentación en conexidad a los
derechos a la salud, la vida e integridad personal» viene siendo desconocido por las
accionadas, toda vez las raciones de alimentos que les suministran en el centro de
reclusión ha disminuido en cantidad y calidad.
Que, incluso, hay detenidos que se quedan sin alimentación, además de la
disminución de la cantidad y el gramaje de los alimentos, lo cual constituye una
violación de sus derechos y un daño ostensible a la integridad física y mental que
configura un «trato cruel e inhumando proscrito por nuestro ordenamiento».
Alegan que el establecimiento penitenciario El Pesebre les «roba la comida con la
cantidad o ración o gramajes y que los menús de comida son pésimos, comida en
mal estado y mal elaborada», y en ocasiones la distribución se realiza por fuera de
horarios adecuados.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 24 de junio de 2022, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC–, la Dirección General del INPEC, la
Dirección Regional Noroeste del INPEC, la Dirección Suroeste del INPEC, el
Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio
de Salud y Protección Social, la Dirección del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario El Pesebre y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos –INVIMA.
3
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2.2. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC– afirmó que no ha
incurrido en violación alguna de los derechos fundamentales de los accionantes,
dado que la competencia para resolver las inconformidades presentadas recae en
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC–, de conformidad con
las normales legales y reglamentarias.
2.3. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA–
señaló que su objeto es promover y proteger la salud pública, a través de las
funciones de control, inspección y vigilancia sanitaria, de carácter técnico de ciertos
productos; sin embargo, los hechos descritos en la tutela no son de su competencia.
2.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó ser desvinculado de la acción de
tutela, con fundamento en que la discusión planteada es competencia de la USPEC,
por ser la entidad que, de conformidad con las competencias asignadas en el acto
de creación, tiene a su cargo la alimentación de la población carcelaria y la
celebración de los contratos para ese fin.
2.5. El Ministerio de Salud y Protección Social se opuso a las pretensiones en su
contra. En su defensa afirmó que no ha violado ni amenazado ninguno de los
derechos fundamentales descritos en la tutela, puesto que no tiene competencia
para intervenir en las prestaciones asistenciales de salud dirigidas a la población
privada de la libertad, y que dicha función corresponde al INPEC, a la USPEC y al
Fondo de Atención en Salud de las Personas Privadas de la Libertad.
2.6. La USPEC y la Dirección de la Cárcel El Pesebre de Puerto Triunfo guardaron
silencio.
3. Fallo impugnado
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 14 de julio de 2022,
amparó los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y la integridad
personal de los demandantes y, como consecuencia, le ordenó a la USPEC, al
INPEC y la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario El Pesebre de
Puerto Triunfo que, en las 48 horas siguientes y en lo sucesivo, adoptaran medidas
respecto de la manipulación y entrega de los alimentos a los internos del complejo
4
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
carcelario mencionado, todo dirigido a que se cumplan los requerimientos
nutricionales y las normas de protocolo de tratamiento higiénico.
Como fundamento de la decisión, al a quo sostuvo que, de acuerdo con lo señalado
por la Corte Constitucional, el derecho a la alimentación de las personas privadas
de la libertad es «un elemento esencial de la dignidad humana» que debía ser
garantizado a la población recluida en centros carcelarios o penitenciarios.
Señaló que como la USPEC guardó silencio en el trámite de la tutela, era aplicable
la presunción de veracidad contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, y
a partir de ello, señaló –en lo que eran palabras de la Corte Constitucional–que la
figura debía apreciarse con más rigor por tratarse de sujetos de especial protección
constitucional, como es el caso de las personas recluidas, debido a las restricciones
que les son impuestas por el Estado.
Agregó que «es dable entender que los internos no tienen facilidad de recaudar
piezas procesales, ajenas a su declaración, para sustentar los hechos que pueden
originar la violación o amenaza de sus derechos fundamentales. Así entonces,
resulta “de elemental justicia que sea la parte privilegiada y fuerte, por su fácil
acceso a los materiales probatorios en cuestión, quien deba asumir dicha carga
procesal».
Bajo ese entendimiento, accedió a las pretensiones de la tutela en contra de la
USPEC y del INPEC, de este último, aunque dio respuesta a la tutela y alegó no
estar legitimado en la causa, la sentencia de primer grado descartó su exoneración,
puesto que, de conformidad con el numeral 13 del artículo 19 del Decreto 4151 de
2011, le corresponde «Supervisar que la alimentación de la población privada de la
libertad cumpla con las condiciones mínimas nutricionales establecidas y proponer
los ajustes necesarios».
Finalmente, en cuanto a las demás accionadas: Ministerio de Defensa Nacional,
Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social y el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA–, el tribunal
señaló que no se pronunciaría al no ser los encargados de la protección de los
derechos reclamados.
5
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
4. Impugnación
El INPEC impugnó la decisión de primera instancia, por considerar que para el
manejo de la alimentación del personal privado de la libertad –entre otras funciones–
se creó a la USPEC, cuyo objeto es administrar los recursos financieros y realizar
la contratación de los servicios en los centros de reclusión.
Que, además, la empresa de alimentos es contratada por la USPEC, quien es la
responsable del suministro de la alimentación de la población interna. Por tanto, el
INPEC solicitó revocar la sentencia, en lo concerniente a la orden emitida en su
contra.
II. CONSIDERACIONES
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro mecanismo de
defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho que se considera
vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como medio principal de
protección de los derechos fundamentales.
6
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el cual se
ampararon los derechos fundamentales de los accionantes y, en esencia, se ordenó
a los directores de la USPEC, el INPEC y la Cárcel El Pesebre de Puerto Triunfo
adoptar «las medidas adecuadas y necesarias para ejercer las funciones de
vigilancia y control respecto a las condiciones de manipulación y entrega de los
alimentos a los internos».
Para tal efecto, habrá de examinarse si se acreditó la vulneración de los derechos
fundamentales de los demandantes, en lo concerniente al derecho a la alimentación,
y si, como consecuencia de ello, era válido extender la orden de tutela al INPEC, en
los términos de la impugnación presentada.
3. El derecho a la dignidad humana de la población carcelaria
De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política, la dignidad
humana es un pilar esencial del Estado Social de Derecho expresamente
consagrado por el Constituyente, en virtud del cual la república está «fundada en el
respeto de la dignidad humana».
La dignidad humana no es un concepto decorativo dentro de la Constitución, ni
vacío de contenido en las diferentes disposiciones normativas, ni su consagración
es de carácter meramente formal o programático, por el contrario, es una
característica inescindible del reconocimiento de las personas dentro del Estado
social de Derecho y una garantía para que se cumplan los fines del Estado, esto es,
«servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución».
7
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
El respeto y la garantía de los derechos son razones que justifican la existencia del
Estado, de suerte que, expresamente se hayan consagrado unos fines a su cargo,
precisamente, para la realización de los derechos, como obligación de las
autoridades. No en vano, el mismo artículo 2 advierte que «[l]as autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.»
En lo que concierne a la dignidad humana, la Corte Constitucional ha destacado
que de ella se predica una triple dimensión, pues es concebida como un valor, un
principio y un derecho. Cada uno de ellos con un alcance específico, pero siempre
referido a su importancia capital en el Estado.
Así pues, aun cuando la dignidad humana se concibe como principio y como valor,
también es un derecho fundamental, en la medida en que puede traducirse a la
categoría de derechos subjetivos2, esto es, de los enunciados normativos se pueda
derivar o deducir la existencia de un titular, de la obligación o prestación concreta,
del sujeto obligado y, si es del caso, de un medio para su exigencia
—justiciabilidad—. Como derecho o desde lo que la jurisprudencia constitucional
denomina «el objeto de protección», la dignidad humana comprende tres aspectos
esenciales de la persona que son las garantías de vivir bien, vivir como se quiere y
vivir sin humillaciones. En ese sentido, señala la sentencia T-881 de 2002:
Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo
“dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la
Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana
entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de
determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de
2Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett:
«26. El derecho a la dignidad humana, se constituye como un derecho fundamental autónomo, y
cuenta con los elementos de todo derecho: un titular claramente identificado (las personas naturales),
un objeto de protección más o menos delimitado (autonomía, condiciones de vida, integridad física
y moral) y un mecanismo judicial para su protección (acción de tutela). Se consolida entonces como
verdadero derecho subjetivo.
Sin embargo, la Sala se pregunta si efectivamente la dignidad humana, según los ámbitos protegidos
constituye como tal un derecho fundamental, y no se trata en cambio de un fundamento [41] de los
derechos fundamentales, a partir de una determinada concepción antropológica de la Carta. En este
último sentido la Corte se ha pronunciado en varias oportunidades. Sin embargo, también se ha
referido a la dignidad humana como un derecho fundamental autónomo.»
8
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad
de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin
humillaciones)3.
En similar sentido, señaló la sentencia T-030 de 2017.
[E]l derecho a la dignidad humana implica garantizar las condiciones
necesarias para una existencia materialmente apropiada y acorde con el
proyecto de vida que cada ciudadano le imprime a su devenir. Igualmente, este
principio constitucional privilegia la autonomía personal como requisito
elemental de una sociedad democrática y pluralista, es decir, constituye la
expresión de la capacidad de autodeterminación, de la potestad de exigir el
reconocimiento de ciertas condiciones materiales de existencia, o la
manifestación de la intangibilidad de la integridad física y moral4, por lo que
existe un mandato imperativo de las autoridades públicas y de los particulares,
para que adopten las medidas necesarias de protección indispensables para
salvaguardar los bienes jurídicos más preciados para el Estado5.6
Dados la importancia y el carácter absoluto de la dignidad humana, resulta
incuestionable afirmar que esa garantía se preserva, incluso para quienes están
privados de la libertad, como consecuencia de una medida de aseguramiento o en
virtud de la imposición de una condena derivada del ejercicio de la potestad punitiva
del Estado. Aun cuando la población privada de la libertad tiene limitados algunos
derechos, especialmente, el de la libertad física, no se les anula su condición de
personas, por tanto, no se puede tolerar que alguna autoridad extienda dichas
restricciones para tolerar vejámenes, conductas atroces o comportamientos
contrarios al respeto del ser y del valor que como individuo tiene toda persona.
La Corte Constitucional, en la sentencia T-230 de 2017, recopiló su doctrina del
deber que tiene el Estado de proteger y respetar de manera real la dignidad humana
de las personas privadas de la libertad, sin que sea posible apelar a su condición o
al origen de los hechos que dieron lugar a su condición de internos como una
justificación para desconocer sus derechos y las garantías mínimas que por su
existencia y por su calidad de persona permanecen siempre, porque son intangibles
e inherentes a la condición humana, pues los centros de reclusión no están por fuera
de la sociedad, del Derecho y de las obligaciones del Estado:
3 Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett
4 Cita original de la Corte: Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lyneth.
5 Cita original de la Corte: Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
6Corte Constitucional, sentencia T-030 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Esta línea se reitera
en posteriores sentencias, como la T-335 de 2019 y T-002 de 2021.
9
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Erróneamente se ha pensado que el delincuente, por su condición de tal y por
el hecho de haber atentado contra la sociedad, pierde la calidad de sujeto pleno
de derechos al ingresar a un centro de reclusión, incluso en relación con
aquellas garantías que no están en directa correspondencia con la pena que
se le ha impuesto. Según esto, “el preso, al ingresar a la institución carcelaria,
pierde buena parte de sus derechos y aquellos que no pierde de manera
definitiva, se encuentran sometidos a la posibilidad permanente de vulneración,
sin que ello sea visto como una violación similar a la que se comete contra una
persona libre. De acuerdo con esta visión dominante, los derechos del preso
son derechos en un sentido atenuado; su violación está, sino justificada, por lo
menos disminuida por el mal social cometido”7.
No hay nada más alejado del concepto de dignidad humana y del texto
constitucional mismo que un panorama de esta naturaleza. La efectividad del
derecho “no termina en las murallas de las cárceles” 8 y “el delincuente, al
ingresar a la prisión, no entra en un territorio sin ley” 9 . Si bien, frente a la
administración penitenciaria, el recluso se encuentra en una relación especial
de sujeción, diseñada y dirigida por el Estado, situado en una posición
preponderante que se manifiesta en el poder disciplinario, los límites de este
ejercicio están determinados por el reconocimiento de sus derechos y por los
correspondientes deberes estatales que se derivan de dicho reconocimiento.
La cárcel no es en consecuencia “un sitio ajeno al derecho”10 y las personas allí
recluidas no son individuos eliminados de la sociedad. La relación de
sometimiento que mantienen con el Estado no les quita su calidad de sujetos
activos de derechos y si bien, en razón de su comportamiento “antisocial
anterior”11, tienen algunas de sus garantías suspendidas, como la libertad, otras
limitadas como la comunicación o la intimidad, gozan del ejercicio de
presupuestos fundamentales básicos en forma plena, como la vida, la salud, la
integridad física y la dignidad humana cuyo contenido ontológico es esencial,
intangible y reforzado12.13
Ahora bien, las garantías de las personas privadas de la libertad se deducen no solo
de la Constitución, sino que, además, expresamente se consagran en diferentes
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, por ejemplo,
el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) señala:
«2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano».
7 Cita original de la Corte: Sentencia T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón), previamente
analizada.
8Cita original de la Corte: T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón).
9Cita original de la Corte: T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón).
10 Cita original de la Corte: T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón).
11 Cita original de la Corte: T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón).
12 Estas consideraciones fueron expresamente plasmadas en la sentencia T-596 de 1992 (MP. Ciro
Angarita Barón), previamente analizada.
13 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En similar sentido, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos prescribe: «toda persona privada de libertad será tratada humanamente y
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano».
Además de las disposiciones constitucionales y convencionales reseñadas, el
Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de
2014) establece en sus artículos 5 y 10 A:
ARTÍCULO 5o. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA. En los
establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a
las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente
reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.
Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán
limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los
objetivos legítimos para los que se han impuesto.
La carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión
vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
ARTÍCULO 10A. INTERVENCIÓN MÍNIMA. El sistema penitenciario velará por
el cumplimiento de los derechos y las garantías de los internos; los que solo
podrán ser limitados según lo dispuesto en la Constitución, los tratados
internacionales, las leyes y los reglamentos del régimen interno del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario
La Corte Constitucional ha aceptado los estándares internacionales sobre el
contenido mínimo de los derechos y garantías que deben ser reconocidos a los
reclusos –Reglas Nelson Mandela–, adoptados por la Organización de las Naciones
Unidas – ONU, a pesar de que hace parte del soft law 14:
Para la jurisprudencia es claro que en el orden constitucional vigente existe un
contenido mínimo de las obligaciones estatales frente a las personas privadas
de la libertad, de ‘imperativo cumplimiento’ independientemente de los
crímenes cometidos por la persona o del grado del nivel de desarrollo
socioeconómico del país. Así lo ha indicado al reconocer las Reglas Mínimas
Para el Tratamiento de los Reclusos (producidas al interior de las Naciones
Unidas en la década de los años 50) representan un consenso básico con
relación a estándares mínimos de protección en una sociedad democrática,
respetuosa de la dignidad humana.15 La jurisprudencia ha resaltado que el
Comité de Derechos Humanos ha sintetizado el núcleo más básico de los
derechos de los reclusos en los siguiente términos: “todo recluso debe disponer
de una superficie y un volumen de aire mínimos, de instalaciones sanitarias
14 El soft law es una forma de referirse a unas reglas concretas que puede redefinir en el sistema de
fuentes del derecho, concretamente, en perspectiva de derecho internacional y son denominadas
derecho blando o derecho flexible en la medida en que, en principio, no tienen fuerza vinculante para
los Estados, pero sirven como pauta interpretativa.
Sobre ese concepto puede verse el salvamento de voto suscrito por el magistrado Humberto Sierra
Porta en la sentencia C-257 de 2008.
15 Cita original de la Corte: Corte Constitucional, sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
11
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo alguno degradantes ni
humillantes, de una cama individual y de una alimentación cuyo valor nutritivo
sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. Debe
hacerse notar que son estos requisitos mínimos, que en opinión del Comité,
deben cumplirse siempre, aunque consideraciones económicas o
presupuestarias puedan hacer difícil el cumplimiento de esas obligaciones”.16
Así mismo, se enunciaron los derechos concretos y específicos que hacen
parte de ese conjunto de derechos fundamentales mínimos de toda persona
privada de la libertad, que son impostergables, de inmediato e imperativo
cumplimiento:17
“(i) el derecho de los reclusos a ser ubicados en locales higiénicos y dignos,18
(ii) el derecho de los reclusos a contar con instalaciones sanitarias adecuadas
a sus necesidades y al decoro mínimo propio de su dignidad humana,19
(iii) el derecho de los reclusos a recibir ropa digna para su vestido personal,20
(iv) el derecho de los reclusos a tener una cama individual con su ropa de cama
correspondiente en condiciones higiénicas,21 y
(v) el derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua potable,
suficiente y adecuada.22
16 Cita original de la Corte: Comité de Derechos Humanos, caso de Mukong contra Camerún, 1994,
parr. 9.3. Citado por la Corte Constitucional en la sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
17 Cita original de la Corte: Tales derechos fueron recogidos de las interpretaciones de la Carta
Internacional de Derechos del Comité de Derecho Humanos de Naciones Unidas (i a v; caso de
Mukong contra Camerún, 1994), y de las interpretaciones de la Carta Interamericana de Derechos
Humanos hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (vi a xiii; Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, casos de Thomas (J) contra Jamaica, párrafo 133, 2001;
Baptiste contra Grenada, parrafo 136, 2000; Knights contra Grenada, párrafo 127, 2001; y Edwards
contra Barbados, párrafo 195, 2001). La jurisprudencia hizo énfasis en que el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas había indicado en el caso citado, que estos derechos mínimos deben
ser observados “cualquiera que sea el nivel de desarrollo del Estado parte de que se trate”.
18 Cita original de la Corte: Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 10: “Los locales
destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos
durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima,
particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y
ventilación.”
19Cita original de la Corte: Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 12: “Las
instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus
necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.”
20 Cita original de la Corte: Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 17. “1) Todo
recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las apropiadas al clima y suficientes
para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni
humillantes. 2) Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa
interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene. 3) En
circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines autorizados,
se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no llamen la atención”.
21 Cita original de la Corte: Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 19: “Cada
recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de
ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de
asegurar su limpieza”.
22 Cita original de la Corte: Corte Constitucional, sentencia T-714 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz). En este caso se reconoció el derecho de las personas privadas de la libertad a recibir
alimentación adecuada y suficiente. Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 20:
“1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena
calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su
12
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
(vi) la adecuada iluminación y ventilación del sitio de reclusión,23
(vii) la provisión de los implementos necesarios para el debido aseo personal
de los presos,24
(viii) el derecho de los reclusos a practicar, cuando ello sea posible, un ejercicio
diariamente al aire libre,25
(ix) el derecho de los reclusos a ser examinados por médicos a su ingreso al
establecimiento y cuando así se requiera,26
(x) el derecho de los reclusos a recibir atención médica constante y diligente,27
(xi) la prohibición de las penas corporales y demás penas crueles, inhumanas
o degradantes,28
(xii) el derecho de los reclusos a acceder a material de lectura,29 y
salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable
cuando la necesite.”
23 Cita original de la Corte: Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 11: “En todo
local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser suficientemente
grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de
manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser
suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista.”
24 Cita original de la Corte: Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 15: “Se exigirá
de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo
indispensables para su salud y limpieza.”
25 Cita original de la Corte: Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 21: “1) El recluso
que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo permite, de una hora al
día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre. 2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad
y condición física lo permitan, recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación física
y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario.”
26 Cita original de la Corte: Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 24: “El médico
deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a
menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o
mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos
sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y
mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física
de cada recluso para el trabajo. (...)”
27 Cita original de la Corte: Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 25: “1) El médico
deberá velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los
reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales
se llame su atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud
física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad
cualquiera de la reclusión.”
28 Cita original de la Corte: Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 31: “Las penas
corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán
completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.”
29
Cita original de la Corte: Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 40: “Cada
establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas las categorías de reclusos,
suficientemente provista de libros instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se
sirvan de la biblioteca lo más posible.”
13
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
(xiii) los derechos religiosos de los reclusos.30”31 32
No hay duda, entonces, de la amplia protección de la dignidad humana de las
personas privadas de la libertad, de modo que el Estado tiene el deber de garantizar
la prestación de bienes y servicios, la ejecución y mantenimiento de estructuras
físicas o el diseño de políticas públicas. Dichas prestaciones en determinados casos
pueden ser exigibles por vía de tutela.
Tal ha sido el grado de afectación de los derechos de las personas privadas de la
libertad, que la Corte Constitucional ha declarado en varias ocasiones 33 y por
diversas causas, el «estado de cosas inconstitucional»34, y su fundamento principal
ha sido la violación al derecho fundamental a la dignidad humana por la afectación
de derechos mínimos que deberían garantizarse en materia salud, alimentación y
recreación e, incluso, por sobrepoblación, por el derecho a las comunicaciones,
entre otros.
4. El derecho a la alimentación de las personas privadas de la libertad
Si la dignidad humana implica el derecho a vivir bien y vivir sin humillaciones, no es
difícil deducir que quienes se encuentran privados de la libertad, en atención a las
30 Cita original de la Corte: Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 41: “1) Si el
establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan a una misma religión,
se nombrará o admitirá un representante autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo
justifique, y las circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con carácter
continuo. 2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo 1 deberá ser
autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que corresponda,
visitas pastorales particulares a los reclusos de su religión. 3) Nunca se negará a un recluso el
derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, cuando un
recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá respetar en absoluto
su actitud.”
31 Cita original de la Corte: Corte Constitucional, sentencia T-851 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa). Esta sentencia ha sido reiterada en varias ocasiones, entre otras ver las sentencias T-
274 de 2008 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-412 de 2009 (MP. María Victoria Calle Correa), T-825
de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T-265 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-324
de 2011 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), T-266 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
32 Corte Constitucional, sentencia T-383 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa
33 Pueden consultarse las sentencias T-153 de 1998, T-606 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015,
T-276 de 2017
34Para la Corte Constitucional un Estado de Cosas inconstitucional “…es (1) una vulneración
generalizada de derechos fundamentales respecto de un número plural de personas, (2) causada
por fallas estructurales. El estado de cosas inconstitucional no es una institución jurídica, sino una
constatación fáctica. El juez constitucional debe declararlo cuando lo evidencia, pero la presencia o
ausencia de un estado de cosas inconstitucional no es requisito para dictar órdenes complejas o
estructurales. El estado de cosas inconstitucional ha sido descrito recientemente como el evento en
que “el texto constitucional carece de efectividad en el plano de la realidad, tornándose meramente
formal”, y en que “las autoridades públicas, aún al actuar en el marco de sus competencias legales,
tejen su actividad al margen de los derechos humanos y de sus obligaciones constitucionales, en
relación con su respeto y garantía””. (sentencia T-302 de 2017).
14
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
restricciones propias de la relación especial de sujeción que de allí nace, tienen
derecho con el enfoque especial propio del estado de reclusión, a las condiciones
mínimas de todo Estado Social de Derecho (salud, educación, recreación, etc.)
entre ellas, la de recibir una alimentación adecuada, balanceada y en condiciones
de higiene que cumpla con los requerimientos nutricionales determinados por los
profesionales o equipo interdisciplinar competente.
Nada más en contra de la dignidad y proclive a la humillación que una estancia o
reclusión con carencias alimenticias. El hambre, la insalubridad y la alimentación
desbalanceada no deben entenderse como un accidente más en la sociedad o en
la reclusión, derivado de un hecho normalizado que, por extenderse en diferentes
latitudes del territorio, sea apenas natural que en los centros penitenciarios y
carcelarios se reproduzca injustificadamente, cual si se tratara de una pena
complementaria, un castigo o merecimiento de quien se encuentra sub judice o en
cumplimiento de una sanción por su comportamiento delictivo. No. La reclusión, ni
las condiciones de ella, pueden ser una retaliación, pues significaría que el Estado
desciende a una baja concepción, irracional e inhumana, que desnaturalizaría la
finalidad de la resocialización que deben caracterizar esos espacios o de los fines
de las medidas de aseguramiento.
Valga reseñar las sentencias T- 260 de 2019 y T-107 de 2022, en las que la Corte
Constitucional se ha referido a la garantía de alimentación de las personas privadas
de la libertad. Concretamente, ha expresado que es deber del Estado suministrar
alimentos en condiciones de cantidad y calidad, valiéndose de los lineamientos y
observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre la
relación entre el derecho a la alimentación y la vida en condiciones dignas; garantía
que, además, se encuentra en una de las reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos, citadas en precedencia.
La Corte Constitucional, en la sentencia T-260 de 2019, sostuvo que el derecho a
la alimentación de las personas privadas de la libertad se fundamenta en la dignidad
humana prevista en el artículo 1 de la Constitución, además de otras disposiciones
como el artículo 12 superior, que prohíbe la tortura y los tratos crueles y
degradantes. La jurisprudencia constitucional estima que el desconocimiento de la
15
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
garantía de alimentación lesiona el contenido de otros derechos como la salud, la
integridad personal y la vida, puesto que:
“el hambre, que supone necesariamente sufrimiento y ostensible daño a la
integridad personal -física y mental- de quien la padece, constituye un trato
cruel e inhumano, proscrito por nuestro ordenamiento, y, por contera, implica,
contra la Constitución, una pena adicional no contemplada en la ley”35
Bajo ese entendido, se ha sostenido que la alimentación es un derecho de
protección inmediata36 que “no puede suspenderse o limitarse como medida
disciplinaria”37.
La alimentación de las personas privadas de la libertad impone a las
autoridades penitenciarias la obligación de “facilitar las dotaciones mínimas de
comida que garanticen la subsistencia en condiciones dignas de los internos”38,
lo cual implica el abastecimiento de insumos alimenticios bajo condiciones
óptimas de calidad, cantidad, suficiencia, nutrición e higiene. Esta obligación
la puede cumplir el Estado directamente o mediante un particular, en este último
caso debe encargarse de las funciones de control y vigilancia “so pena de
responder tanto disciplinaria como penalmente”39. Sin embargo, “la celebración
(de) éstos contratos en ningún caso tiene como consecuencia la trasferencia
de esa responsabilidad estatal al contratista, por cuanto la obligación de
proveer de alimentos en cantidad y calidad adecuadas a las personas privadas
de la libertad no se satisface con la realización de contratos de suministro, sino
con la efectiva y oportuna provisión de alimentación adecuada”.40
En suma, es deber del Estado «proveer a los reclusos la debida alimentación diaria.
Esta responderá a condiciones mínimas de higiene, valor nutricional y una calidad y
cantidad que les permita su sana y completa nutrición.41»
5. Análisis del caso concreto
La Sala considera, que la providencia impugnada acertó en amparar los derechos
fundamentales de los accionantes, toda vez que, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional y los aspectos anotados en esta sentencia, la
alimentación es una garantía propia de la dignidad humana que el Estado debe
garantizar a las personas privadas de la libertad. Dicha prerrogativa, no se limita a
la simple entrega productos alimenticios con el fin de saciar o mitigar el hambre,
sino que la entrega sea acorde a las condiciones de calidad y cantidad necesarias,
35 Cita original de la Corte: Sentencia T-266 de 2013, reiterada en A-121 de 2018.
36 Cita original de la Corte: Sentencia T-388 de 2013.
37 Cita original de la Corte: Sentencia T-151 de 2016.
38 Cita original de la Corte: A-121 de 2018.
39 Cita original de la Corte: Sentencia T-714 de 1996, reiterada en la providencia A-121 de 2018.
40 Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
41 Corte Constitucional, sentencia T-107 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
16
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
según las recomendaciones de las autoridades y el personal calificado en materia
nutricional.
En esencia, la decisión del tribunal se acompasó a lo señalado por la Corte
Constitucional en la sentencia T-260 de 2019, es decir, el a quo aplicó la presunción
de veracidad contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 y la carga de la
prueba, como textualmente en dicha sentencia lo hizo la Corte Constitucional, en un
asunto de similares contornos al que aquí se estudia.
Ante el silencio de la USPEC y de las directivas de la Cárcel El Pesebre de Puerto
Triunfo, era apenas natural y jurídicamente atinado, tener por ciertos los hechos
narrados en la tutela, en los que se reprocha la alimentación recibida por los
internos, dado no se ajustaría a las condiciones cuantitativas y cualitativas
necesarias, circunstancia que vulnera el derecho a la dignidad humana de los
accionantes.
En tal sentido, aun cuando las pruebas aportadas corresponden a fotografías
respecto de las cuales se desconocen no solo el autor, sino las condiciones de
tiempo, modo y lugar en que se habría tomado, lo cierto del caso es que el
fundamento de la decisión está fundado en la presunción de veracidad que
expresamente autoriza el Decreto 2591 de 1991, y que ha sido desarrollada por la
Corte Constitucional. De allí que resultara innecesario exigir a los accionantes una
prueba técnica, informe o certificación del estado de la alimentación, cuando las
encargadas de dicha labor pasaron silentes en el trámite constitucional, en lo que
concierne a esclarecer la situación denunciada en la solicitud de amparo.
Así pues, conforme se señaló en la citada sentencia T-260 de 2019, «se presumen
como “ciertos los hechos” de la demanda cuando el juez requiera informes a las
entidades o personas contra quienes se hubiere presentado y, sin embargo, estos
no atienden oportunamente el llamado», lo anterior, con mayor razón, si, como se
expresa en la misma providencia, el extremo activo del proceso de tutela está
conformado por personas privadas de la libertad a las que, por obvias razones, no
les es posible un recaudo probatorio riguroso y milimétrico de las circunstancias que
rodean la vulneración alegada. De ahí la importancia de la conducta de las
accionadas en aras de ofrecer elementos que revelen la falta de fundamento de los
17
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
hechos que sustentan la pretensión constitucional. Dicho en palabras de la Corte
Constitucional:
[E]sta figura jurídica [presunción de veracidad] es más rigurosa cuando se
comprometen sujetos de especial protección constitucional o en condición de
vulnerabilidad, debido a que para ellos la tutela puede ser la única alternativa
que permita la oportuna y eficiente protección de sus derechos fundamentales
ante la presunta vulneración en que incurran los sujetos demandados. Por
consiguiente, el descuido o la falta de importancia que las personas accionadas
le den a la demanda, no puede constituir una carga que deba soportar la parte
débil de la relación, mucho menos si se tiene en consideración el carácter
informal y sumario que debe caracterizar a la acción de amparo, características
que deben facilitar para estos sectores poblacionales el acceso a la
administración de justicia»42.
De manera que, como lo hizo la Corte Constitucional, ante las limitaciones de los
accionantes privados de la libertad era dable atribuir la carga de prueba en las
demandadas, a quienes correspondía asumir las consecuencias de su desidia43.
En lo que respecta a los reparos del INPEC y que motivaron la impugnación,
fundados en que no le son exigibles las pretensiones reclamadas, conviene
destacar que la sentencia impugnada no le ordenó a dicha entidad entregar o
suministrar los alimentos a los detenidos, sino adoptar «las medidas adecuadas y
necesarias para ejercer las funciones de vigilancia y control respecto a las
condiciones de manipulación y entrega de los alimentos a los internos del Complejo
Carcelario y Penitenciario El Pesebre de Puerto Triunfo – Antioquia, con el fin de
que estos cumplan los requerimientos nutricionales y las normas de protocolo de
tratamiento higiénico».
A juicio de la Sala, lo allí señalado se ajusta a los deberes que legalmente le fueron
asignados a esa entidad, como se desprende del artículo 19 del Decreto-Ley 4151
de 2011, que se refiere a las funciones de la Subdirección de Salud del INPEC:
ARTÍCULO 19. SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN EN SALUD. Son funciones
de la Subdirección de Atención en Salud, las siguientes:
42 Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
43 Sentencia T-260 de 2019: «Bajo ese entendido, en principio, cuando el sujeto activo de la demanda
se compone por personas privadas de la libertad y, a su vez, el demandado es el Estado o entidades
a cargo de su vigilancia y cuidado, la carga de la prueba se invierte y, en esa medida, es el sujeto
accionado el que debe actuar con la mayor diligencia para recaudar el material probatorio que
permita, en caso de que así lo considere pertinente, contrarrestar las declaraciones de los
demandantes».
18
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
…
13. Supervisar que la alimentación de la población privada de la libertad cumpla
con las condiciones mínimas nutricionales establecidas y proponer los ajustes
necesarios.
Aun cuando para la Sala es claro que la USPEC es una entidad descentralizada,
creada en el Decreto-Ley 4150 de 2011 (en la misma fecha y anterior al que modifica
las competencias del INPEC), es decir, es una persona jurídica propia,
independiente del INPEC, que le corresponde «gestionar y operar el suministro de
bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico
y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios
penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
– INPEC» (Artículo 4), lo cierto es que el artículo 19 del Decreto 4151 de 2011 se
encuentra vigente y asigna al INPEC una obligación concreta en relación con las
funciones de alimentación, como la de supervisar su calidad, que no los contratos,
ni la entrega de los alimentos; competencias que resultan complementarias entre
dichas entidades.
En otras palabras, la obligación de supervisión allí contenida no es incompatible con
las funciones de la USPEC, ni la orden del fallo de primera instancia fue desbordada
para exonerar de su cumplimiento al INPEC.
Con todo, considera la Sala que existen unos hechos sobrevinientes al trámite de la
tutela, referidos al cumplimiento de las funciones del INPEC y del USPEC, que
hacen necesario modificar el fallo impugnado, toda vez que en el trámite de
desacato a la orden judicial se aportaron pruebas de que dichas entidades han
venido cumpliendo con el contenido de la orden, en tanto han realizado diferentes
visitas, emitido recomendaciones y adoptado decisiones sobre el manejo de la
alimentación de los reclusos de la Cárcel El Pesebre.
Para ello, es oportuno señalar que, en la sentencia T-107 de 2022, la Corte
Constitucional aceptó como hecho sobreviniente el que, ante la orden impartida en
otra acción de tutela, hubiera cesado la conducta que propició el amparo
constitucional por cumplimiento de la entidad allí accionada.
19
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren
consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado 44. Empero, la
Corte también ha dicho que «es posible que la carencia actual de objeto no se derive
de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a (sic) de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto».
El hecho sobreviniente, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-522 de 2019 45 , se configura cuando existe cualquier otra
circunstancia que determine que «la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado
en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío».
En síntesis, de conformidad con la doctrina de la Corte Constitucional:
[L]a carencia actual de objeto es un concepto desarrollado jurisprudencialmente
en respuesta a casos en los que, por circunstancias acaecidas durante el
trámite de la tutela, esta ha perdido su sustento, así como su razón de ser como
mecanismo de protección inmediata y actual46. Ante tales escenarios, no se
justifica que el juez de tutela profiera órdenes inocuas o destinadas a caer al
vacío. Hasta el momento, la jurisprudencia ha formulado tres categorías en las
que estos casos podrían enmarcarse: hecho superado, daño consumado y
hecho sobreviniente47.
En este caso, fue en el curso del incidente de desacato (expediente con radicado
05001-23-33-000-2022-00716-02, cuyo conocimiento, en sede de consulta, también
le correspondió a esta Subsección) en que se acreditó que el INPEC y el USPEC
ha acatado las funciones de supervisión a través del Comité de Seguimiento al
Suministro de Alimentación –COSAL– del que hacen parte.
Para la Sala, si bien es reprochable y censurable que la USPEC nada hubiese
expresado en el trámite de tutela y del desacato, resulta que, de las actas del 12,
19, 27 y 28 de julio; 4, 12 y 18 de agosto de 2022, se extrae que se realizaron
44 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado
Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
45 M.P. Diana Fajardo Rivera.
46 Cita original de la providencia: Entre otras, sentencias T-308 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-170 de
2009. M.P. Humberto Sierra Porto; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
47 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019.
20
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
diferentes visitas y actuaciones para la verificación de las condiciones de
alimentación de los reclusos.
De hecho, en el incidente de desacato se acreditó que, el 6 de julio de 2022, el
USPEC suscribió el contrato 257-2022 con Jhon Jairo García Pinzón, para el
suministro de los alimentos a la población privada de la libertad en Puerto Triunfo,
es decir, existió una clara actuación dirigida a garantizar el derecho a la alimentación
con el cambio de contratista, contrato que inició su ejecución el 11 de julio de 2022.
A ello se suma que el Comité de Seguimiento al Suministro de la Alimentación –
COSAL, órgano encargado de realizar la inspección, el control y la vigilancia del
suministro de los alimentos, también ha venido ejecutando actuaciones dentro de
su órbita de competencia, a fin de constatar y mantener el derecho de los detenidos.
En las actas aportadas en el incidente de desacato, se advierten recomendaciones
e instrucciones a impartir al contratista para mejorar las condiciones de seguridad,
calidad e higiene en la prestación del servicio de alimentación; por ejemplo, sobre
el cambio o reparación de los equipos de refrigeración de los alimentos, de la puerta
de ingreso a la bodega de almacenamiento de abarrotes, las tomas de corriente
dentro del rancho en el que se preparan los alimentos; en cuanto a los elementos
propios del contrato de alimentación, se socializó el ciclo de 21 menús establecidos
por el USPEC que deben ser suministrados por el contratista a los detenidos, con
los horarios de suministro de la alimentación, y recomendaciones específicas, como
el cambio de productos lácteos que sean acordes para ser entregados a la
población.
Bajo ese entendimiento, esta Subsección concluye que, si bien para el momento en
que se profirió el fallo impugnado no existían elementos que le permitieran al a quo
adoptar una decisión distinta y, en ese sentido, se comparte la decisión de amparo;
resulta que, a la fecha, cesó la vulneración y se encuentra ejecutada la orden de la
sentencia de tutela, razón por la cual habrá de declararse una carencia de objeto
por hecho sobreviniente.
En definitiva, la Sala modificará la sentencia impugnada, para, en su lugar, declarar
la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.
21
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00716-01
Demandante: Juan Felipe Gómez Arbeláez
Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Modificar la sentencia impugnada, proferida el 14 de julio de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, para, en su lugar, declarar la carencia de
objeto por hecho sobreviniente.
SEGUNDO. Notificar a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La
autenticidad e integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR
que aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
22
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.