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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2022-00753-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2022-00753-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar el ordinal 2° de la sentencia proferida el 7 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión y, en su lugar: no condenar en costas de primera instancia, por las razones expuestas en esta decisión. 57En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Radicado: 05001-23-33-000-2022-00753-01 (1399-2025) Demandante: Jaime Enrique Garzón Piza Segundo. Confirmar en lo demás, la sentencia proferida el 7 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda presentada por Jaime Enrique Garzón Piza contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con fundamento en lo señalado en esta decisión. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. FNM Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2022-00753-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00753-01 (1399-2025)
Demandante: Jaime Enrique Garzón Piza
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Tema: Sanción disciplinaria. Artículo 34.23 de la Ley 1015 de 2006

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 7 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. Jaime Enrique Garzón Piza presentó demanda1 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de i) los actos sancionatorios expedidos a) el 22 de
septiembre de 2020, en primera instancia, por el jefe de la Oficina de Control
Disciplinario del Departamento de Policía de Urabá, dentro del proceso disciplinario
DEURA-2019-70, por medio del cual, le impuso la sanción de suspensión e
inhabilidad especial para ejercer cargos públicos por el término de 6 meses sin
derecho a remuneración por incurrir, a título de culpa grave, en la falta prevista en
el artículo 34.23 de la Ley 1015 de 2006; y b) el 22 de junio de 2021, por el inspector
delegado regional de policía 6, que confirmó integralmente la decisión anterior; y ii)
la Resolución 02519 del 17 de agosto de 2021, por medio de la cual, la Policía
Nacional ejecutó la sanción disciplinaria.

2.A título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reintegro de las sumas
descontadas con ocasión de la conversión de la sanción, así como el

1 Expediente digital, carpeta 3, documento 02.
2 En adelante CPACA.

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reconocimiento y pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir;
ii) la indexación de las sumas causadas; iii) el pago de intereses; iv) el cumplimiento
de la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 a 195 del CPACA; y v) la
condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. En la demanda se narraron los siguientes hechos3:

3.1. Jaime Enrique Garzón Piza ingresó a la Policía Nacional el 12 de julio de 1994
y prestó sus servicios hasta el 11 de marzo de 2019, adscrito a la Unidad Básica de
Investigación Criminal DEURA DIJIN.

3.2. El 11 de enero de 2019, solicitó al director general de la Policía Nacional la
asignación de retiro voluntario, para lo cual pidió adelantar los trámites
administrativos correspondientes.

3.3. En el marco del trámite de retiro, Garzón Piza disfrutó 44 días de vacaciones,
comprendidos entre el 13 de enero y el 25 de febrero de 2019. Una vez finalizado
dicho período, se presentó en la Oficina de Talento Humano el 2 de marzo siguiente.

3.4. Mediante Resolución 00823 del 6 de marzo de 2019, el director general de la
Policía Nacional dispuso el retiro del servicio activo, por solicitud de Jaime Enrique
Garzón Piza y de otros integrantes del nivel ejecutivo de la institución. En dicho acto
se ordenó mantenerlos de alta durante 3 meses, contados a partir de la fecha de
notificación de la resolución, para la formación del expediente de prestaciones
sociales.

3.5. Con auto del 15 de agosto de 2019, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario
Interno del Departamento de Policía de Urabá formuló cargo único contra Jaime
Enrique Garzón Piza por la falta gravísima prevista en el artículo 34, numeral 23, de
la Ley 1015 de 2006, consistente en «dejar de asistir al servicio […] durante un término
superior a tres días, en forma continua sin justificación». La conducta fue imputada
inicialmente a título de dolo.

3.6. A través de acto sancionatorio del 22 de septiembre de 2020, el jefe de la Oficina
de Control Disciplinario del Departamento de Policía de Urabá declaró
disciplinariamente responsable a Jaime Enrique Garzón Piza por la falta prevista en
el artículo 34, numeral 23 de la Ley 1015 de 2006 y le impuso la sanción de
suspensión e inhabilidad especial por el término de 6 meses.

3.6.1. Según la autoridad, se acreditó que, una vez finalizado el período de
vacaciones el 25 de febrero de 2019, el investigado debió presentarse al servicio el
día siguiente; sin embargo, dejó de asistir durante los días 26, 27 y 28 de febrero y
1 de marzo de 2019 y solo se presentó el 2 de marzo siguiente, sin que se hubiese
acreditado una circunstancia que justificara su inasistencia.

3.7. El 22 de junio de 2021, el inspector delegado regional de policía 6 confirmó el
acto de primera instancia, al considerar que las pruebas recaudadas permitían tener

3 Para mayor comprensión y claridad, los hechos fueron complementados con lo señalado por el

demandante en el escrito de la demanda y lo registrado en las pruebas obrantes en el expediente.

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por demostrada la conducta atribuida al disciplinado, la ausencia de una causa que
justificara su inasistencia y la afectación del deber funcional, pues para ese
momento no se había expedido el acto administrativo de retiro y aquel continuaba
como miembro activo de la Policía Nacional.

3.8. Mediante auto del 19 de julio de 2021, el jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Urabá convirtió en salarios los
180 días de suspensión impuestos a Jaime Enrique Garzón Piza, debido a que para
esa fecha se encontraba en uso de buen retiro y no era posible hacer efectiva la
sanción mediante la separación del cargo. Para tal efecto, tomó como base la
remuneración devengada para la época de los hechos y fijó el valor correspondiente
a la sanción en $22.735.805,02.

3.9. Finalmente, a través de la Resolución 02519 del 17 de agosto de 2021, la Policía
Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta a Jaime Enrique Garzón Piza.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4.Se citaron como tales, los artículos 1, 2, 5, 13, 29, 58, 83, 90, 95 y 218 de la
Constitución Política; y las leyes 734 de 2002, 1015 de 2006, 1437 de 2011 y 1564
de 2012.

5. En cuanto al concepto de violación, sostuvo que los actos demandados
vulneraron el debido proceso, pues la responsabilidad disciplinaria se estableció de
manera objetiva, sin analizar la culpabilidad ni considerar que había solicitado su
retiro de la Policía Nacional antes de iniciar el disfrute de los 44 días de vacaciones.
En ese sentido, la demora de la administración en expedir el acto de retiro no podía
atribuírsele a título de dolo o culpa ni servir de fundamento para sancionarlo al no
reintegrarse al servicio una vez finalizado dicho período.

1.2. Contestación de la demanda

6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en lo siguiente4:

6.1. Los actos demandados se encontraban ajustados al ordenamiento jurídico,
pues la actuación disciplinaria se adelantó con respeto del debido proceso y el
derecho de defensa, y las decisiones sancionatorias estuvieron debidamente
motivadas y sustentadas en las pruebas recaudadas.

6.2. La responsabilidad disciplinaria se encontró acreditada, toda vez que el
demandante no se presentó al servicio una vez finalizó su período de vacaciones,
pese a que para ese momento aún no se había formalizado su retiro de la Policía
Nacional mediante el correspondiente acto administrativo. En consecuencia, la
solicitud de retiro y la demora en resolverla no justificaron su inasistencia.

6.3. La sanción impuesta se encontró ajustada a derecho, toda vez que las pruebas
recaudadas demostraron la falta de diligencia del demandante en el cumplimiento
de sus obligaciones y la infracción de sus deberes funcionales. En consecuencia,

4 Expediente digital, carpeta 17, documento 01.

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los argumentos expuestos en la demanda no desvirtuaron la presunción de
legalidad de los actos sancionatorios ni demostraron la vulneración del debido
proceso o del derecho de defensa.

6.4. Propuso las excepciones de actos administrativos ajustados a la Constitución y
a la ley, con fundamento en que no se acreditó desviación de poder o falsa
motivación que permitiera desvirtuar la presunción de legalidad de las decisiones
demandadas; y la genérica.

1.3. La sentencia apelada

7.El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión profirió
sentencia el 7 de abril de 20255, en virtud de la cual negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas al demandante. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

7.1. El retiro por solicitud propia del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional
requería la expedición del correspondiente acto administrativo por parte del director
general de la institución, pues solo a partir de esa decisión cesaba la obligación de
prestar el servicio. Por lo tanto, la presentación de la solicitud de retiro y el disfrute
de las vacaciones no facultaron al demandante para separarse del servicio por su
propia decisión.

7.2. No existía disposición que obligara a la institución a expedir el acto de retiro
durante el período de vacaciones. En consecuencia, aun si se hubiera presentado
demora en resolver la solicitud, esa circunstancia no lo relevaba del cumplimiento
de los deberes propios de su cargo mientras permaneciera vinculado al servicio
activo.

7.3. El demandante disfrutó de 44 días de vacaciones entre el 13 de enero y el 25
de febrero de 2019, así que debió reintegrarse al servicio el 26 de febrero siguiente;
sin embargo, solo se presentó el 2 de marzo de 2019, sin justificación. Incluso,
durante la actuación disciplinaria manifestó que se le había pasado por alto la fecha
en que debía regresar al servicio.

7.4. La responsabilidad disciplinaria no se sustentó en un régimen objetivo, pues la
conducta fue atribuida a título de culpa grave, debido a la desatención y falta de
diligencia en el cumplimiento de las obligaciones propias del cargo. El
desconocimiento de las normas que regulaban su situación administrativa no
constituía una causal de exclusión de responsabilidad, comoquiera que le era
exigible conocer las disposiciones relacionadas con el desempeño de sus
funciones.

7.5. La conducta comportó una afectación sustancial al deber funcional, porque la
solicitud de retiro no extinguió la obligación de prestar el servicio. Esta subsistió
hasta que la autoridad competente adoptara la decisión mediante acto
administrativo, de tal manera que la inasistencia injustificada implicó el
incumplimiento de los deberes constitucionales, legales y reglamentarios que
continuaban a cargo del actor mientras permaneciera vinculado a la institución.

5 Expediente digital, documento 30.

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7.6. Enesas condiciones, el tribunal concluyó que no se había desvirtuado la
presunción de legalidad de los actos administrativos sancionatorios.

7.7. En materia de costas, aplicó un criterio objetivo, así que su imposición no
dependía de la existencia de mala fe o temeridad. En consecuencia, al resultar
vencida la parte demandante, procedió a su imposición, incluidas las agencias en
derecho, las cuales fueron fijadas en el 4% del valor de lo pedido.

1.4. El recurso de apelación

8. Jaime Enrique Garzón Piza interpuso recurso de apelación con fundamento en
la indebida valoración probatoria, la ausencia de culpabilidad e ilicitud sustancial, la
infracción de las normas en que debían fundarse los actos sancionatorios y la
improcedencia de la condena en costas. Al efecto, señaló lo siguiente6:

8.1. El tribunal efectuó una indebida valoración del material probatorio, pues no tuvo
en cuenta que la demora en la expedición del acto administrativo de retiro era
atribuible a la administración y que sus consecuencias no le podían ser trasladadas.
En particular omitió considerar que, al solicitar voluntariamente su retiro de la
institución, hizo entrega de su cargo o puesto de trabajo al funcionario designado
para reemplazarlo, bajo la supervisión de su jefe inmediato, de manera que la
continuidad en la prestación del servicio quedó garantizada.

8.2. Solicitó voluntariamente su retiro después de más de 25 años de servicio y fue
autorizado para disfrutar 44 días de vacaciones, período durante el cual esperó que
la institución adelantara el trámite correspondiente. Sin embargo, la resolución de
retiro solo fue expedida el 6 de marzo de 2019, 54 días después de presentada la
solicitud, demora que, obedeció exclusivamente a la actuación de la administración.

8.3. El artículo 45 del Decreto 1091 de 1995 permite retirar al personal del nivel
ejecutivo sin que previamente disfrute las vacaciones acumuladas, caso en el cual
procede su reconocimiento y pago. De esta manera, el disfrute de las vacaciones
no constituye un requisito para hacer efectivo el retiro y la institución puede
tramitarlo sin supeditarlo a la culminación de aquel período. Así, no podía
atribuírsele responsabilidad disciplinaria por una tardanza que correspondía a la
entidad, cuando su solicitud estaba encaminada al retiro voluntario y no
simplemente al disfrute de vacaciones.

8.4. Estas circunstancias desvirtuaron la ilicitud sustancial de la conducta, pues la
falta de reintegro una vez finalizadas las vacaciones no podía examinarse
únicamente a partir de la subsistencia formal del vínculo con la Policía Nacional.
Pues debió establecerse si su comportamiento había afectado realmente el deber
funcional, aspecto que no se acreditó porque antes de separarse de sus funciones
entregó el cargo al funcionario que lo reemplazaría, con conocimiento y supervisión
de su superior, así que el servicio continuó prestándose.

8.5. Adicionalmente, no existieron razones de seguridad nacional ni necesidades
especiales del servicio que exigieran su permanencia en actividad, en los términos
del artículo 56 del Decreto 1791 de 2000. Por el contrario, la institución dispuso que

6 Expediente digital, documento 33.

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otro funcionario asumiera sus funciones y no existió motivación que justificara negar
su solicitud de retiro. De ahí que la demora de la autoridad competente en expedir
el acto correspondiente no pudo convertirse, por sí misma, en el fundamento para
concluir que incumplió sustancialmente con sus deberes funcionales.

8.6. Las anteriores circunstancias impedían atribuirle culpa grave por la sola falta de
reintegro al servicio; así, la solicitud voluntaria de retiro, la entrega previa del cargo
a su reemplazo, la expectativa de que durante los 44 días de vacaciones se
expidiera el acto correspondiente y la demora atribuida a la administración debían
ser valoradas para determinar si existió una desatención grave de sus obligaciones.
Al no efectuarse ese análisis, la sanción se sustentó en la constatación objetiva de
que permanecía vinculado y no se reintegró al finalizar las vacaciones, pese a la
proscripción de toda forma de responsabilidad objetiva en materia disciplinaria.

8.7. Los actos sancionatorios fueron expedidos con infracción de las normas en que
debían fundarse, en la medida en que la responsabilidad disciplinaria se estableció
sin valorar adecuadamente las circunstancias acreditadas en el proceso y sin
demostrar, a partir de ellas, la culpabilidad y la ilicitud sustancial de la conducta. La
autoridad disciplinaria desconoció las disposiciones que regulan el retiro voluntario
y las vacaciones del personal de la Policía Nacional y sustentó la sanción en la sola
falta de reintegro al servicio, sin considerar que había entregado previamente su
cargo, que existía un funcionario que lo reemplazó y que la expedición del acto de
retiro dependía de la propia institución.

8.8. La condena en costas era improcedente, pues no podía imponerse
automáticamente por el solo hecho de que las pretensiones hubieran sido
desestimadas. Su procedencia exigía verificar que se hubieran causado y
estuvieran acreditadas, además de valorar la conducta procesal de las partes. En el
presente asunto no se demostró la existencia de gastos ordinarios que justificaran
su reconocimiento ni una actuación temeraria, dilatoria u obstructiva atribuible a la
parte demandante.

9. De manera subsidiaria, solicitó la aplicación del principio iura novit curia, con el
propósito de que, si no se encontraban configurados «los presupuestos para
responsabilizar a la entidad demandada bajo el título jurídico de imputación analizado […]
deb[ía] resolver[se] el caso bajo el título de imputación que se consider[ara]», conforme
con el que resultara procedente a partir de los hechos y las pruebas acreditadas en
el proceso.

1.5. Trámite de la segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante esta Corporación solicitó que se confirmara
parcialmente la sentencia recurrida, con fundamento en que se acreditó que Jaime

7 Tal y como se indicó en el auto del 23 de julio de 2025. Índice 4 de Samai.

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Enrique Garzón Piza incurrió en la conducta disciplinaria atribuida, pues, una vez
finalizado su período de vacaciones, no se reincorporó al servicio ni adelantó
actuación alguna para verificar el estado de su solicitud de retiro. En ese sentido, la
demora de la administración en resolver dicha solicitud no extinguió sus deberes
funcionales ni justificó su inasistencia, y la falta de diligencia frente a las actuaciones
que debía adelantar permitía atribuirle la conducta a título de culpa grave, por la
inobservancia del deber de cuidado que le era exigible. De otra parte, no demostró
la inviabilidad jurídica de la condena en costas8.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos».

2.2. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia9, se circunscriben a
establecer:

12.1. ¿si
la autoridad disciplinaria realizó una correcta adecuación típica de la
conducta atribuida a Jaime Enrique Garzón Piza?

12.2. ¿si en el trámite disciplinario se demostró que había incurrido en la conducta
investigada?

12.3. ¿si la conducta atribuida configuró la ilicitud sustancial exigida para imponer la
sanción disciplinaria?

12.4. ¿si la conducta atribuida podía imputársele a título de culpa grave, de acuerdo
con las circunstancias acreditadas en la actuación disciplinaria?; y

8 Índice 9 de Samai.

9 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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12.5. ¿si la condena en costas impuesta en primera instancia se ajustó a los criterios
previstos para su procedencia?

13. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala analizará los cargos
relacionados con la tipicidad de la conducta disciplinaria, la valoración probatoria, la
ilicitud sustancial y la culpabilidad. Con ese propósito, se expondrá respecto de cada
uno de ellos, el marco normativo y jurisprudencial aplicable y, enseguida, efectuará
el análisis del caso concreto.

2.3. Análisis de la Sala

2.3.1. La tipicidad en el derecho disciplinario

2.3.1.1. Marco normativo y jurisprudencial

14. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta,
fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y
correccional10. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que para
imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.

15. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme con leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su
turno, la Ley 734 de 2002 establece que el servidor público y el particular solo serían
investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran
descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.

16. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una «categoría dogmática» que
«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido
proceso»11, así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó
solo al legislador para que estableciera qué conductas constituían una infracción de
carácter disciplinario, el cual está obligado «a describir la conducta o comportamiento
que considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede
duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»12.

17. Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o
sujeto pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de
la falta que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador « definir de forma
abstracta y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio
de funciones públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del
servicio que le ha sido encomendado o por el abuso de su ejercicio13»14.

10 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
11 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00

(2388-2010).
12 Sentencia C-135 de 2016.
13 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades

por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
14 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.

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18. Es decir que este principio comprende dos garantías15: la primera, de orden
material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se
concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual
podrá hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados
los elementos estructurales de la conducta antijurídica»16.

19. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta
corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el
legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar
un servidor público. Al respecto se dijo lo siguiente17:

«El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de la
relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y la
efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez, una relación de
contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el ejercicio de funciones
públicas y el deber presuntamente incumplido.

El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la autoridad
cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se encuentra en el
derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar descritos los comportamientos
disciplinariamente reprochables tiene una mayor flexibilidad al concebido en materia
criminal, ante la dificultad de que la ley haga un listado detallado de absolutamente todas
las conductas constitutivas de falta18; como consecuencia de ello se ha avalado, desde
un punto de vista constitucional19, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y
la formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una amplitud
tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se encuentren consagrados
los deberes, las funciones o las prohibiciones que se imponen en el ejercicio del cargo,
y que exigen un proceso de hermenéutica sistemática lógica que demuestre en forma
congruente cómo la conducta investigada se subsume en la descrita por la ley».

20.En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada
apuntó a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas
siempre que las remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los
comportamientos censurables», lo cual tiene asidero en que permitir que el operador
disciplinario establezca a su arbitrio la conducta reprochable desconocería el
principio de legalidad previsto en el artículo 29 superior.

21.De otro lado, respecto de la formulación de los tipos abiertos y en blanco,
también explicó esta Sección20:

«Lo anterior se desprende del concepto jurídico avalado en la sentencia C-818 de
200521, entre otras, en la cual se sostuvo que los tipos abiertos son “aquellas infracciones

15 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
16 Ibidem.
17 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
18 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las conductas

reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos
disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en
materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad», posición reiterada en sentencias C-818 de 2005
y C-030 de 2012.
19 Frente a este punto se pueden consultar varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-

393 de 2006.
20 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
21 En este aparte cita la Sentencia C-401 de 2001.

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disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado
de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento
normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes,
mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos. Así, la
tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la
norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera
genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones
constituye una infracción disciplinaria”.

En relación con los tipos en blanco, aquella Corporación también considera que apunta
a preceptos que requieren de una remisión normativa para completar su sentido22 bajo
la condición de que se «verifique la existencia de normas jurídicas precedentes que
definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos aspectos de los que
adolece el precepto en blanco» exigencia que trasciende al campo disciplinario, según
lo señalado por la sentencia C-343 de 2006.

No obstante, la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para señalar que
los primeros requieren de un suplemento normativo para completar su alcance23,
mientras que los segundos se pueden delimitar así «El tipo abierto, como lo ha definido
su creador, es aquel en el cual el legislador no ha determinado de manera completa la
materia de la prohibición, correspondiéndole cerrarlo al juez: “la materia de la prohibición
no está descrita en forma total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”24, afirma
Hans Welzel»25. Es así como los tipos en blanco se han incluido en la clasificación de
tipos según su estructura formal26, mientras que los abiertos ingresan en la división
según su contenido».

22. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
sanciona está descrita de forma precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas; la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación entre la conducta y
la sanción.

2.3.1.2. Análisis sustancial frente al caso concreto

23. En el presente asunto, aunque la parte demandante no formuló un reparo
específico frente a la tipicidad de la conducta por la cual fue sancionado,
corresponde verificar, como presupuesto de la responsabilidad disciplinaria, si los
hechos atribuidos se adecuaron a la falta disciplinaria por la que se le impuso la
sanción.

24.En ese sentido, deberá establecerse si la conducta atribuida al demandante se
encuentra prevista como falta disciplinaria en la Ley 1015 de 2006 y si los hechos
que fueron objeto de reproche se subsumían en sus elementos estructurales.

25. Pues bien, a través del auto del 15 de agosto de 201927, el jefe de la oficina de
control disciplinario interno formuló como cargo único la falta prevista en el artículo
34, numeral 23, de la Ley 1015 de 2006, conforme con el cual constituye falta
gravísima «dejar de asistir al servicio o ausentarse durante un término superior a tres
días, en forma continua sin justificación».

22 Ver la sentencia 404 de 2001.
23 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad Externado

de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
24 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,

Depalma, 1979, p.6.
25 Gómez Pavajeau. Op. Cit., p. 431.
26 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
27 Expediente digital, carpeta 3, documento 02, páginas 55 a 63.

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26. Como sustento de la adecuación típica, la autoridad disciplinaria explicó que el
demandante debía presentarse al servicio el 26 de febrero de 2019, una vez
finalizado el período de vacaciones de retiro comprendido entre el 13 de enero y el
25 de febrero de ese año; sin embargo, solo lo hizo el 2 de marzo siguiente, de tal
manera que dejó de asistir al servicio los días 26, 27 y 28 de febrero; y 1 de marzo
de 2019.

27. En cuanto al verbo rector, la autoridad disciplinaria identificó la expresión « dejar
de asistir» y respecto de la modalidad específica de la conducta, precisó que era
omisiva, en la medida en que el actor se sustrajo del cumplimiento de sus funciones
al no presentarse al servicio en la fecha y hora señalada una vez finalizado el
periodo de vacaciones de retiro.

28. Respecto de los demás elementos de la descripción típica, precisó que la
inasistencia ocurrió «en forma continua», pues se extendió de manera ininterrumpida
desde el 26 de febrero hasta el 1 de marzo de 2019; y que se presentó « sin causa
justificada», en la medida en que el demandante no informó a sus superiores
inmediatos ni a la jefe de la oficina de talento humano acerca de alguna
circunstancia que le impidiera presentarse al servicio en la fecha establecida.

29. En torno a la calificación de la falta, la autoridad disciplinaria precisó que esta
tenía la connotación de gravísima, clasificación establecida directamente por el
legislador en el artículo 34, numeral 23, de la Ley 1015 de 2006, razón por la cual
consideró innecesario efectuar consideraciones adicionales para determinar su
gravedad.

30. La adecuación típica efectuada en el auto de citación a audiencia fue mantenida
en el acto sancionatorio de primera instancia del 22 de septiembre de 202028. En
esta decisión, la autoridad disciplinaria reiteró que, la conducta atribuida se
subsumía en la falta gravísima prevista en la norma referida y examinó la
correspondencia entre los hechos que consideró acreditados y los elementos que
integraban la descripción típica.

31. En particular, la autoridad disciplinaria determinó que, una vez finalizado el
período de vacaciones de retiro el 25 de febrero de 2019, el demandante debió
presentarse al servicio el 26 siguiente; sin embargo, no lo hizo durante los días 26,
27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2019 y solo se presentó el 2 de marzo siguiente.
A partir de ello, se acreditó que había dejado de asistir al servicio durante un término
superior a 3 días, en forma continua y sin justificación.

32. En la decisión de segunda instancia del 20 de junio de 202129, la autoridad
disciplinaria mantuvo la adecuación típica efectuada en el acto sancionatorio de
primera instancia, esto es, la falta gravísima prevista en el artículo 34, numeral 23,
de la Ley 1015 de 2006.

33.Al respecto, consideró que los medios de prueba demostraron que el
demandante dejó de asistir al servicio durante un término superior a 3 días, en forma

28 Expediente digital, carpeta 3, documento 02, páginas 96 a 116.
29 Expediente digital, carpeta 3, documento 02, páginas 136 a 152.

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continua y sin causa justificada, circunstancia que estimó suficiente para mantener
la adecuación de la conducta al tipo disciplinario imputado.

34. Ahora bien, el artículo 34, numeral 23, de la Ley 1015 de 2006 contiene
directamente los elementos que estructuran la conducta disciplinariamente
reprochable. Así, para establecer la tipicidad del comportamiento atribuido al
demandante, corresponde verificar si los hechos objeto de imputación se
subsumían en la conducta consistente en «dejar de asistir al servicio durante un término
superior a 3 días, en forma continua y sin justificación».

35. Desde esa perspectiva, la conducta objeto de imputación era susceptible de
adecuarse a la disposición referida, pues, una vez finalizado el período de
vacaciones de retiro del demandante el 25 de febrero de 2019, este debía
presentarse al servicio el 26 siguiente. No obstante, se le atribuyó no haberlo hecho
durante los días 26, 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2019; y presentarse
únicamente el 2 de marzo siguiente. De esta manera, el comportamiento imputado
correspondía al verbo rector «dejar de asistir» y comprendía un término superior a 3
días.

36. Asimismo, la imputación comprendió los restantes elementos de la descripción
típica, pues la inasistencia atribuida se extendió de manera ininterrumpida durante
el período referido y, según fue delimitada por la autoridad disciplinaria, ocurrió sin
justificación, en tanto el demandante no informó a sus superiores inmediatos ni a la
jefe de la oficina de talento humano alguna circunstancia que le impidiera
presentarse al servicio en la fecha establecida. En esas condiciones, los hechos
objeto de reproche comprendían, desde el punto de vista normativo, los elementos
«en forma continua» y «sin justificación» exigidos por la disposición.

37. En consecuencia, la conducta atribuida al demandante se adecuó, desde el
punto de vista normativo, a la falta prevista en el artículo 34, numeral 23, de la Ley
1015 de 2006, pues la imputación comprendió cada uno de los elementos que
integran su descripción típica. La Sala aclara que, esta conclusión se limita al juicio
de tipicidad y no implica tener por demostrada la conducta atribuida ni determinar si
la inasistencia careció efectivamente de justificación, aspectos que serán
examinados al abordar la valoración probatoria.

2.3.2. La valoración probatoria en los procesos disciplinarios

2.3.2.1. Marco normativo y jurisprudencial

38. La Ley 1015 de 2006 «[p]or medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para
la Policía Nacional» previó que los autos interlocutorios y los fallos proferidos dentro
del proceso disciplinario deberán estar debidamente motivados, en atención a los
principios de razonabilidad y congruencia [art. 18] y que, en lo no previsto, se
aplicarían «los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por
Colombia, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Contencioso Administrativo,
Penal, Penal Militar, Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que [fuera]
compatible con la naturaleza del derecho disciplinario» [art. 20].

39. A su turno, la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, dispuso lo siguiente:

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39.1. Artículo 128: toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario debe fundarse en
pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier
sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado.

39.2. Artículo 129: el funcionario debe buscar la verdad real. Para ello es obligatorio
investigar con igual rigor todos los hechos y circunstancias que demuestren la
existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que
tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto,
puede decretar pruebas de oficio.

39.3. Artículo 141: las pruebas deben apreciarse conjuntamente de acuerdo con las
reglas de la sana crítica. En toda decisión motivada debe exponerse razonadamente
el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.

40. Es así como al juez le corresponde verificar el grado de solidez de las
inferencias probatorias de la autoridad disciplinaria para constatar si las
conclusiones que fundamentaron la sanción se ajustaron a la realidad y si esta se
estructuró a la luz de los postulados de la sana crítica.

41. Esta Sección ha señalado que aquella —la sana crítica— como criterio de
valoración probatoria, «está edificada con los criterios de la lógica, el uso de la ciencia y
de la técnica, y las reglas de la experiencia»30. Igualmente, precisó lo que sigue31:

«En cuanto a la ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones, estudios y
dictámenes de los expertos en determinadas materias. A su vez, las reglas de la
experiencia pueden ser individuales y colectivas, como también pueden ser construidas
por conocimientos públicos y privados.32 Una regla de la experiencia plena es la que
tiene en cuenta tanto lo colectivo como lo público.33 Estas pueden acreditarse por
cualquier fuente de conocimiento, sin que sea necesario una prueba o cierta
formalidad.34».

Así las cosas, si bien no existe una tarifa legal para decir cómo debe acreditarse un
hecho o circunstancia, los razonamientos probatorios pueden apoyarse en diferentes
medios de convicción que lleven al convencimiento sobre algo que ocurrió, lo cual
requiere un proceso racional, ponderado, objetivo, revestido de ecuanimidad y rectitud
de juicio».

42. De acuerdo con lo anterior, las pruebas deben analizarse conjuntamente, de
conformidad con las reglas de la sana crítica, las cuales harán parte de la motivación
del acto sancionador; para ello, es imprescindible que la autoridad señale y haga un
examen crítico de los documentos, testimonios y demás elementos aportados a la
investigación. Dicho de otro modo, no es «dable emitir un fallo sancionatorio en el que
no obre prueba en el proceso que conduzca a la certeza en cuanto a la existencia de la falta
y responsabilidad del investigado»35.

30 Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicación 11001-03-25-000-2011-00718-
00(2720-11).
31 Ibidem.
32 Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio. LÓGICA, CIENCIA Y EXPERIENCIA EN

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Revista Chilena de Derecho, vol. 41, n.º 2, pp. 673 – 703. 2014.
33 Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicación 15001-23-33-000-2015-00502-

01(4235-17).
34 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería ediciones del Profesional LTDA.

Décima sexta edición. Bogotá. 2008. Pp. 96 y 97.
35 Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2021, radicación 11001-03-25-000-2011-00367-

00 (1380-2011).

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43. En lo que respecta específicamente a la prueba testimonial, la jurisprudencia ha
indicado que para su valoración racional debe aplicarse con mayor rigor las reglas
de la sana critica, específicamente, a partir del examen de 4 parámetros que facilitan
tal apreciación. Así, se ha señalado que debe analizarse36:

43.1. (i) la coherencia de lo declarado, es decir que no presente contradicciones, sin
que este punto por sí solo defina la veracidad de la prueba porque pueden existir
fallas por asuntos de memoria o porque el testigo falso estructure lo manifestado de
manera lógica y cronológica;

43.2. (ii) la contextualización del relato, que implica que el testigo describa el entorno
espacial y temporal en el que ocurrieron los hechos;

43.3. (iii) las corroboraciones periféricas que aluden a que lo aseverado por el testigo
pueda constatarse con otros medios de prueba aportados al proceso que de manera
indirecta den veracidad a lo narrado, como puede ser la coincidencia con lo
declarado por otros testigos sobre un hecho igual;

43.4. (iv) la existencia de detalles oportunistas a favor del declarante, es decir, que
con datos innecesarios busque favorecerse o a una parte. Tales apreciaciones
reflejan falta de objetividad del testigo.

2.3.2.2. Análisis sustancial frente al caso concreto

44. El apelante sostuvo que el tribunal efectuó una indebida valoración del material
probatorio, pues no tuvo en cuenta las circunstancias que antecedieron a su falta
de reintegro al servicio una vez finalizado el período de vacaciones por retiro, en
particular, i) que solicitó voluntariamente su retiro de la Policía Nacional; ii) que la
demora en la expedición del acto administrativo correspondiente era atribuible a la
institución, pues las consecuencias derivadas de esa tardanza no podían
trasladársele para sustentar su responsabilidad disciplinaria; y iii) que el artículo 45
del Decreto 1091 de 1995 permitía retirar al personal sin que previamente disfrutara
las vacaciones acumuladas, caso en el cual procedía su reconocimiento y pago,
razón por la que el disfrute de aquellas no constituía un requisito para hacer efectivo
el retiro.

45. Además, señaló que el a quo no valoró la entrega del cargo o puesto de trabajo
al funcionario designado para reemplazarlo, bajo la supervisión de su jefe inmediato,
lo cual demostró la continuidad en la prestación del servicio. Aunado a que, no
existían razones de seguridad nacional ni necesidades especiales del servicio que
exigieran su permanencia en actividad, de tal manera que la demora de la institución
en expedir el acto administrativo de retiro no podía sustentar la existencia de una
afectación sustancial del deber funcional.

46. En esas condiciones, corresponde a la Sala establecer si la autoridad
disciplinaria valoró de manera integral y conforme con las reglas de la sana crítica
las pruebas relacionadas con la conducta atribuida a Jaime Enrique Garzón Piza y

36 Sobre el particular ver la sentencia del 29 de agosto de 2019 de la Sección Segunda, Subsección

A, radicado 08001-23-33-000-2014-01034-01(4422-16).

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las circunstancias que rodearon su falta de reintegro al servicio, en particular, la
solicitud de retiro voluntario, el disfrute de las vacaciones de retiro y la demora en la
expedición del acto administrativo correspondiente.

47. A partir de lo anterior, deberá determinarse si la valoración conjunta de las
pruebas permitía concluir con certeza que Jaime Enrique Garzón Piza dejó de asistir
al servicio durante los días objeto del reproche disciplinario sin que existiera una
circunstancia que justificara su inasistencia y, en consecuencia, si se encontraba
demostrada la conducta por la cual fue sancionado.

48. En cuanto a lo primero, en el auto del 15 de agosto de 2019 37 se relacionaron
como pruebas, la comunicación oficial S-2019-006781-DEURA del 5 de marzo de
2019, mediante la cual la subteniente Erika Gissela González Firigua informó al jefe
de la Oficina de Atención al Ciudadano acerca del retraso del demandante en su
presentación al servicio; los documentos que acreditaron su condición de integrante
de la Policía Nacional; la respuesta de la oficina de talento humano del
Departamento de Policía de Urabá junto con la minuta de control de vacaciones; y
la declaración de la subteniente referida.

49. Con fundamento en dichas pruebas, la autoridad disciplinaria sustentó la
formulación del cargo en que, a Jaime Enrique Garzón Piza le fueron concedidos
44 días de vacaciones, comprendidos entre el 13 de enero y el 25 de febrero de
2019; debía presentarse al servicio el 26 de febrero siguiente y únicamente lo hizo
el 2 de marzo de ese año. Para ello, tuvo en cuenta la comunicación del 5 de marzo
de 2019 y la minuta remitida por la oficina de talento humano, en la que constaban
las fechas correspondientes al período de vacaciones y la anotación relacionada
con su presentación posterior. Asimismo, respecto del elemento «sin causa
justificada», consideró que durante su inasistencia el demandante no se comunicó
con sus jefes inmediatos ni con la jefe de la oficina de talento humano para informar
alguna circunstancia que le impidiera presentarse en la fecha indicada y que, al
comparecer el 2 de marzo de 2019, manifestó que no tenía presente la fecha en
que debía hacerlo.

50. En el acto sancionatorio de primera instancia del 22 de septiembre de 2020 38
se retomaron la comunicación que dio origen a la actuación, la respuesta de la
Oficina de Talento Humano, la minuta de control de vacaciones y la declaración de
la subteniente Erika Gissela González Firigua. A partir de estas pruebas, la
autoridad disciplinaria estableció como fecha de finalización de las vacaciones el 25
de febrero de 2019 y de presentación al servicio el día siguiente; sin embargo, el
demandante solo compareció el 2 de marzo de 2019. Asimismo, tuvo en cuenta la
declaración de la referida subteniente, según la cual, al presentarse, aquel
manifestó haber olvidado la fecha y durante su inasistencia no se comunicó para
informar alguna circunstancia que le impidiera regresar.

51. También valoró los documentos aportados por la defensa en la audiencia,
correspondientes a las comunicaciones del 11 de enero de 2019 mediante las
cuales el demandante solicitó las vacaciones de retiro al comandante del
Departamento de Policía de Urabá y el retiro voluntario al director general de la

37 Expediente digital, carpeta 3, documento 02, páginas 55 a 63.
38 Expediente digital, carpeta 3, documento 02, páginas 96 a 116.

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Policía Nacional. Consideró que estas pruebas acreditaban la presentación de
ambas solicitudes, pero no la desvinculación de la institución, porque solo se
producía mediante la expedición del acto administrativo de retiro, y comoquiera que,
al finalizar el periodo de las vacaciones, este no se había expedido, el demandante
continuaba como miembro activo y debía presentarse al servicio.

52. Al examinar la versión libre y los descargos, la autoridad disciplinaria tuvo en
cuenta la explicación del demandante acerca de que entendió que después de
disfrutar las vacaciones, no regresaría a laborar y únicamente debía esperar la
expedición de la resolución de retiro. Si bien, descartó que esa circunstancia
justificara la inasistencia, consideró que, en todo caso, permitía excluir la intención
de incumplir con sus deberes y, en consecuencia, modificó la imputación formulada
inicialmente a título de dolo y atribuyó la conducta al de culpa grave.

53. En el acto sancionatorio de segunda instancia del 22 de junio de 2021 39 se
examinaron nuevamente la comunicación del 5 de marzo de 2019, la declaración
de la subteniente Erika Gissela González Firigua, la minuta de control de vacaciones
y los documentos relacionados con la solicitud de retiro. La autoridad disciplinaria
consideró que estos elementos demostraban que el demandante disfrutó de las
vacaciones hasta el 25 de febrero de 2019, que para entonces aún no se había
expedido el acto administrativo de retiro y que debió presentarse al servicio el 26
siguiente. Igualmente, tuvo en cuenta que la jefe de talento humano ratificó el
contenido del informe y que el demandante le manifestó, al presentarse el 2 de
marzo, que había olvidado la fecha en que debía reincorporarse.

54. Frente a los cuestionamientos de la defensa, la segunda instancia consideró
que la declaración de la jefe de talento humano resultó creíble porque tenía respaldo
en los demás documentos incorporados a la actuación y que el material probatorio
se apreció conforme con las reglas de la sana crítica. En cuanto a la ausencia del
paz y salvo o «salvoconducto», estimó que esta circunstancia no desvirtuó el
conocimiento de la fecha de presentación, pues en la minuta de control de
vacaciones constaban las fechas de salida y regreso al servicio y aparecía la firma
del disciplinado. Asimismo, concluyó que la solicitud de retiro voluntario no lo eximía
de presentarse al servicio mientras aquel no se hubiera hecho efectivo mediante el
correspondiente acto administrativo, de manera que la demora en su expedición no
constituía justificación para la inasistencia.

55. De lo expuesto, la Sala concluye que los actos disciplinarios de primera y
segunda instancia fueron debidamente motivados a partir del análisis conjunto de
las pruebas, cuya valoración atendió los postulados de la sana crítica. En efecto, la
autoridad disciplinaria examinó los elementos relacionados con la fecha de
terminación de las vacaciones, el deber de reintegro al servicio, la solicitud de retiro
voluntario y la demora en la expedición del acto administrativo correspondiente, así
como la declaración de la jefe de talento humano, y explicó las razones por las
cuales consideró que tales circunstancias no justificaban la inasistencia del
demandante.

56.Definido lo anterior, corresponde determinar si las pruebas legal y
oportunamente recaudadas durante la actuación disciplinaria, apreciadas conforme

39 Expediente digital, carpeta 3, documento 02, páginas 136 a 152.

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con las reglas de la sana crítica, permitían concluir con certeza que la inasistencia
del demandante durante el período objeto de reproche ocurrió sin justificación y, en
consecuencia, si existía fundamento probatorio suficiente para atribuirle
responsabilidad disciplinaria por la conducta investigada.

57. Ahora bien, aunque durante la actuación disciplinaria el demandante no invocó
como circunstancia justificativa la entrega del cargo al funcionario designado para
reemplazarlo, ello no impide que la Sala examine el alcance de ese hecho al analizar
las categorías dogmáticas de la responsabilidad disciplinaria, comoquiera que fue
planteado por el apelante y guarda relación directa con la controversia acerca de si
la inasistencia al servicio se encontraba justificada.

58. Para resolver este aspecto, la Sala examinará las circunstancias que
antecedieron y rodearon la inasistencia del demandante, en particular, la solicitud
de retiro voluntario, el disfrute de las vacaciones de retiro, la expedición del acto
administrativo de retiro y la alegada entrega del cargo al funcionario designado para
reemplazarlo, con el fin de establecer si la actuación de la administración frente al
proceso de retiro tuvo incidencia en la falta de reintegro oportuno al servicio y si las
consecuencias derivadas de aquella le podían ser atribuidas para fundamentar su
responsabilidad disciplinaria.

59. Para tal efecto, se tendrán en cuenta las pruebas recaudadas durante la
actuación disciplinaria y las demás obrantes en el expediente, relacionadas con las
circunstancias antes señaladas, cuyo contenido relevante se sintetiza a
continuación:

59.1. Jaime Enrique Garzón Piza ingresó a la Policía Nacional el 12 de julio de 1994
y prestó sus servicios hasta el 11 de marzo de 2019, para un tiempo total de 24
años, 7 meses y 28 días, adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal
DEURA DIJIN según consta en la certificación expedida por el responsable de
Historias Laborales del Departamento de Policía de Urabá el 11 de marzo de 201940.

59.2.El 11 de enero de 2019, solicitó al director general de la Policía Nacional la
asignación de retiro voluntario, para lo cual pidió adelantar los trámites
administrativos correspondientes, según consta en la comunicación de esa fecha41.

59.3. La jefe de la Oficina de Talento Humano del Departamento de Policía de Urabá
informó que Jaime Enrique Garzón Piza, adscrito a la Seccional de Investigación
Criminal del Departamento de Policía de Urabá disfrutó 44 días de vacaciones a
partir del 13 de enero de 2019, debía presentarse al servicio el 26 de febrero
siguiente y solo compareció el 2 de marzo de ese año, según consta en la
comunicación oficial S-2019-006781-DEURA del 5 de marzo de 201942.

59.4.En la minuta de control de vacaciones del personal policial del Departamento
de Policía de Urabá del 13 de enero de 2019 [folios 140 y 141]43 consta el registro
de las vacaciones de Jaime Enrique Garzón Piza por un término de 44 días, con
fecha de inicio el 13 de enero de 2019 y de terminación el 25 de febrero siguiente.

40 Expediente digital, carpeta 3, documento 02, página 37.
41 Expediente digital, carpeta 3, documento 02, página 80.
42 Expediente digital, carpeta 3, documento 02, página 27.
43 Expediente digital, carpeta 3, documento 02, páginas 40 a 43.

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Asimismo, se consignó como fecha de presentación al servicio el 2 de marzo de
2019 y la observación: «se presentó 5 días después».

59.5. Mediante Resolución 00823 del 6 de marzo de 201944, el director general de
la Policía Nacional dispuso el retiro del servicio activo de Jaime Enrique Garzón Piza
y de otros integrantes del nivel ejecutivo de la institución. En dicho acto se ordenó
mantenerlos de alta durante 3 meses, contados a partir de la fecha de notificación
de la resolución, de conformidad con lo señalado en el artículo 52 del Decreto 1091
de 1995, en la medida en que la solicitud por retiro propia complementada con el
tiempo de servicio, causaba el derecho a una asignación de retiro pagada por la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR.

59.6. Mediante declaración rendida el 12 de agosto de 2019 45, la subteniente Erika
Gissela González Firigua, jefe de talento humano del Departamento de Policía de
Urabá, ratificó el contenido de la comunicación del 5 de marzo de 2019 y manifestó
que Jaime Enrique Garzón Piza disfrutó de 44 días de vacaciones de retiro, las
cuales finalizaron el 25 de febrero de 2019, y que debía presentarse al servicio el
día siguiente. Cuando aquel compareció el 2 de marzo, le preguntó por el motivo
del retraso y le respondió que «se le había pasado por alto la fecha» y que «no le había
prestado atención»; y que durante los días de inasistencia no recibió comunicación
del demandante acerca de alguna circunstancia que le impidiera presentarse.

59.6.1. Antes de que el demandante saliera a vacaciones de retiro, « le hi[zo] entrega
del salvoconducto y le dij[o] que se deb[ía] presentar al término de las vacaciones tal y como
lo indicaba el salvo conducto». Explicó que, para salir de la institución en uso de buen
retiro, el funcionario no debía tener períodos de vacaciones pendientes y que, una
vez disfrutados, debía presentarse nuevamente al servicio y continuar laborando
mientras se expedía el acto administrativo de retiro, del cual sería notificado por
intermedio de la Oficina de Talento Humano.

59.7. En versión libre y espontánea, rendida por Jaime Enrique Garzón Piza en la
audiencia del 17 de septiembre de 202046, manifestó que desde el segundo
semestre del año 2018 había puesto en conocimiento de su jefe en la SIJIN su
voluntad de no continuar en la institución, luego de cumplir más de 25 años de
servicio. Explicó que, con ocasión de sus funciones, debía culminar varias
actividades, entre ellas órdenes de trabajo, entrega de evidencia física y destrucción
de elementos materiales probatorios, así como hacer entrega de su unidad y de sus
funciones, labores que adelantó hasta enero de 2019.

59.7.1. Que el 11 de enero de ese año presentó las solicitudes de vacaciones y retiro
voluntario y atribuyó a la falta de diligencia de la institución la demora en su
recepción, circunstancia que lo afectó porque debió permanecer en la unidad
durante 3 días mientras esperaba que fueran recibidas. Finalmente salió el 13 de
enero de 2019 sin obtener el paz y salvo correspondiente ni recibir de la subteniente
Erika Gissela González Firigua instrucción alguna acerca de la fecha en que debía
presentarse nuevamente al servicio, pues aquella no se encontraba presente. En
ese contexto, atribuyó a los funcionarios encargados una « omisión» y consideró que

44 Expediente digital, carpeta 17, documento «ACTA DE POSESION Y RESOLUCION DE RETIRO
ANEXO DE RSTA ARCHIVO GENERAL», páginas 3 a 6.
45 Expediente digital, carpeta 3, documento 02, páginas 53 y 54.
46 Expediente digital, carpeta 3, documento 02, páginas 88 a 93.

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esa actuación incidió en la situación que posteriormente dio lugar al reproche
disciplinario.

60. Del análisis conjunto de las pruebas relacionadas y de la versión libre, la Sala
encuentra acreditado que Jaime Enrique Garzón Piza solicitó su retiro voluntario el
11 de enero de 2019 y, posteriormente, disfrutó 44 días de vacaciones,
comprendidos entre el 13 de enero y el 25 de febrero de ese año. Asimismo, está
demostrado que se presentó en la Oficina de Talento Humano el 2 de marzo de
2019 y que la Resolución 00823, mediante la cual se dispuso su retiro del servicio
activo por solicitud propia, fue expedida el 6 de marzo de ese año.

61. De esta secuencia temporal se advierte que, para los días 26, 27 y 28 de febrero
y 1 de marzo de 2019, respecto de los cuales se formuló el reproche disciplinario,
aún no se había expedido el acto administrativo que dispuso el retiro del
demandante del servicio activo; pues, la Resolución 00823 fue proferida únicamente
el 6 de marzo siguiente, esto es, con posterioridad tanto al período de inasistencia
como a su presentación en la Oficina de Talento Humano.

62. Ahora bien, de conformidad con los artículos 5447 y 5648 del Decreto Ley 1791
de 200049, el retiro corresponde a la situación en la cual el personal uniformado cesa
en la obligación de prestar el servicio y, cuando obedece a una solicitud propia, debe
ser concedido mediante acto administrativo expedido por la autoridad competente,
previa verificación de que no medien razones de seguridad nacional o especiales
del servicio que requieran su permanencia en actividad. De esta manera, la
presentación de la solicitud expresaba la voluntad del demandante de retirarse de
la institución, pero no producía por sí misma su desvinculación ni lo facultaba para
determinar unilateralmente el momento a partir del cual cesaban sus deberes
funcionales. Así, la sola presentación de la solicitud de retiro no producía la
desvinculación del demandante ni implicaba por sí misma el cese de sus
actividades.

63. En esas condiciones, mientras no se hubiera dispuesto su retiro mediante el
correspondiente acto administrativo, el demandante permanecía vinculado al
servicio activo y sujeto al cumplimiento de los deberes derivados de dicha condición.
De ahí que el tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud y la expedición
de la Resolución 00823 no determinara, per se que el retiro se entendiera producido
ni que cesara su obligación de prestar el servicio.

64. De otra parte, respecto del cuestionamiento relacionado con las instrucciones
impartidas al momento de iniciar las vacaciones, existen versiones contrapuestas
toda vez que, la subteniente Erika Gissela González Firigua afirmó que había

47 Artículo 54. Retiro. <Ver Notas del Editor> <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Es la situación

por la cual el personal uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.
El retiro de los oficiales se hará por decreto del Gobierno; y el del nivel ejecutivo, suboficiales y
agentes, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Director General de la Policía
Nacional.
48 Artículo 56. Retiro por solicitud propia. El personal podrá solicitar su retiro del servicio activo

en cualquier tiempo, el cual se concederá cuando no medien razones de seguridad nacional o
especiales del servicio que requieran su permanencia en actividad, a juicio de la autoridad
competente.
49 «Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional».

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entregado al demandante el «salvoconducto» y le indicó que debía presentarse al
término de las vacaciones. En contraste, Jaime Enrique Garzón Piza sostuvo que
aquella no se encontraba presente cuando salió a disfrutarlas, que no recibió el paz
y salvo ni instrucción alguna acerca de la fecha en que debía presentarse
nuevamente al servicio y atribuyó a los funcionarios encargados una « omisión» que,
según manifestó, incidió en la situación que posteriormente dio lugar al reproche
disciplinario.

65. Si bien no obra un «salvoconducto» que permita verificar directamente su
contenido y entrega, la ausencia de ese documento no desvirtúa las demás pruebas
relativas al período de vacaciones. En particular, la minuta de control registra 44
días de vacaciones, con fecha de inicio el 13 de enero y de terminación el 25 de
febrero de 2019, así como la presentación del demandante el 2 de marzo siguiente
y la anotación «se presentó 5 días después». Si el actor tenía la convicción de su retiro
efectivo, se pregunta la Sala entonces ¿a qué se presentó el 2 de marzo en las
instalaciones de la Policía Nacional?

66. En ese contexto, la discrepancia acerca de la entrega del « salvoconducto» y de
las instrucciones impartidas al inicio de las vacaciones no imponen concluir que
Jaime Enrique Garzón Piza estuviera relevado de presentarse al servicio una vez
finalizado dicho período. A ello se suma que, durante los 4 días objeto del reproche,
no se acreditó que hubiera informado a sus superiores o a la Oficina de Talento
Humano acera de razón alguna para no presentarse, ni que hubiera solicitado o
recibido autorización para permanecer separado del servicio. Precisamente, la
subteniente Erika Gissela González Firigua manifestó que durante ese período no
recibió comunicación alguna de su parte.

67. La entrega de su unidad y de sus funciones tampoco permiten arribar a una
conclusión distinta; en su versión libre, Jaime Enrique Garzón Piza explicó que,
antes de salir a vacaciones, debía culminar distintas actividades relacionadas con
el ejercicio de su cargo, entre ellas órdenes de trabajo, entrega de evidencia física,
destrucción de elementos materiales probatorios y la entrega de su unidad y
funciones, labores que afirmó haber adelantado hasta enero de 2019.

68. Sin embargo, aun si se admitiera que adelantó la entrega de su unidad y de sus
funciones antes de salir a vacaciones, esa circunstancia tampoco demuestra que
hubiera sido autorizado para dejar de asistir al servicio una vez estas finalizaran, ni
que con dicha entrega hubiera cesado su obligación de prestar el servicio mientras
se resolvía su solicitud de retiro.

69. Así las cosas, la solicitud de retiro voluntario, el disfrute de las vacaciones de
retiro, el tiempo transcurrido hasta la expedición de la Resolución 00823 y lo
manifestado por Jaime Enrique Garzón Piza acerca de la entrega de su unidad y
funciones explican el contexto en el cual se produjo la inasistencia, pero no
acreditan que hubiera cesado su obligación de presentarse al servicio ni que contara
con autorización para abstenerse de hacerlo durante los días 26, 27 y 28 de febrero
y 1 de marzo de 2019.

70. De esta manera, la autoridad disciplinaria no desconoció las explicaciones
ofrecidas por Jaime Enrique Garzón Piza acerca de las circunstancias que rodearon
su solicitud de retiro y su salida a vacaciones. Por el contrario, estas fueron

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consideradas en los actos sancionatorios al valorar la conducta y determinar su
responsabilidad disciplinaria.

71. En ese orden, no se advierte una omisión al valorar las circunstancias invocadas
por el actor ni una apreciación fragmentaria de las pruebas, contrario a ello, la
autoridad disciplinaria confrontó la información contenida en la minuta de control de
vacaciones y en la comunicación que dio origen a la actuación con la declaración
de la jefe de talento humano, la solicitud de retiro voluntario presentada por Jaime
Enrique Garzón Piza y las explicaciones ofrecidas por este en ejercicio de su
defensa, y expuso las razones por las cuales concluyó que estas no justificaban la
falta de presentación al servicio en el término que correspondía.

72. Tampoco se evidencia que la conclusión de dicha autoridad resulte contraria a
las reglas de la sana crítica, en la medida en que, las pruebas documentales
permitían establecer que las vacaciones finalizaron el 25 de febrero de 2019, que el
demandante se presentó el 2 de marzo siguiente y que el acto administrativo
mediante el cual se dispuso su retiro fue expedido el 6 de marzo de ese año. A su
vez, no se acreditó que durante los días objeto del reproche existiera una decisión
que lo hubiera separado del servicio o una autorización que lo relevara de
presentarse, ni demostró algún comunicado a sus superiores o a la Oficina de
Talento Humano en el que les informara de alguna razón para no hacerlo.

73. En consecuencia, la Sala considera que las circunstancias invocadas por Jaime
Enrique Garzón Piza, apreciadas en conjunto, no desvirtúan la conclusión de la
autoridad disciplinaria según la cual la inasistencia durante los días 26, 27 y 28 de
febrero y 1 de marzo de 2019 ocurrió sin justificación. Si bien aquellas permiten
explicar el contexto en el cual se produjo la conducta, no acreditan que hubiera
cesado su obligación de prestar el servicio ni que estuviera autorizado para
abstenerse de presentarse durante el período objeto de reproche.

74. En ese orden, el cargo de indebida valoración probatoria no tiene vocación de
prosperidad, pues los actos sancionatorios se sustentaron en pruebas que,
apreciadas en conjunto, permitían establecer la ocurrencia de la conducta y la
ausencia de una circunstancia que justificara la inasistencia del disciplinado, sin que
los argumentos expuestos en el recurso de apelación desvirtúen las conclusiones
de la autoridad disciplinaria.

2.3.3. La ilicitud sustancial

2.3.3.1. Marco normativo y jurisprudencial

69. El artículo 5 de la Ley 734 de 2002 previó que la falta será antijurídica cuando
afecte el deber funcional sin justificación alguna. En términos de esta corporación, para
que una conducta típica sea antijurídica se requiere una afectación injustificada al
deber funcional «como bien jurídico del Estado protegido por el derecho disciplinario»50, a lo
cual se agrega el adjetivo sustancial, es decir que «la actuación u omisión del servidor
público debe desembocar en una afectación material, real y efectiva del buen funcionamiento
del Estado y por tanto del servicio público».

50 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017,

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70. Sobre el particular, a la luz de la jurisprudencia constitucional, el derecho
disciplinario está integrado por todas las normas que exigen a los servidores públicos
un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En esa línea, las
normas que lo rigen buscan «encausar la conducta de quienes cumplen funciones públicas
mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos
fines y funciones estatales»51. Asimismo:

«Las conductas que pertenecen al ámbito del derecho disciplinario, en general, son
aquellas que comportan quebrantamiento del deber funcional por parte del servidor público.
En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia ha señalado que se encuentra
integrado por (i) el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación
de actuar acorde a la Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación
del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si
se incurre en comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de esas
dimensiones. El incumplimiento al deber funcional es lo que configura la ilicitud sustancial
que circunscribe la libertad configurativa del legislador, al momento de definir las faltas
disciplinarias.»

71. Lo anterior impide que las faltas se remitan a conductas que cuestionan la
actuación del servidor público sin que se precisen los deberes funcionales que le
incumben, «como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria
que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta»52
que, se reitera, se materializa en la inobservancia del deber funcional que perturba el
correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines.

72. Dicho en términos de la jurisprudencia de esta corporación, para que exista una
falta disciplinaria es ineludible que la acción u omisión «conlleve una verdadera afectación
de la función pública encomendada al disciplinado, lo que significa que si la ilicitud sustancial
no fue “sustancial” no es posible declarar la responsabilidad disciplinaria»53.

2.3.3.2. Análisis sustancial del caso concreto

73. Jaime Enrique Garzón Piza sostuvo que no se había configurado la ilicitud
sustancial de la conducta, pues la falta de reintegro una vez finalizadas las
vacaciones no podía examinarse únicamente a partir de la subsistencia formal del
vínculo con la Policía Nacional, sino que debía establecerse si su comportamiento
produjo una afectación real del deber funcional. Al respecto, afirmó que antes de
separarse de sus funciones entregó el cargo al funcionario designado para
reemplazarlo, con conocimiento y supervisión de su superior, de manera que la
continuidad del servicio quedó garantizada.

74. A ello agregó que la demora en la expedición del acto administrativo de retiro
era atribuible a la Policía Nacional y que el artículo 45 del Decreto 1091 de 1995
permitía retirar al personal del nivel ejecutivo sin que previamente disfrutara de las
vacaciones acumuladas, de manera que la institución podía hacer efectivo su retiro
durante ese período. Asimismo, adujo que no existían razones de seguridad
nacional ni necesidades especiales del servicio que exigieran su permanencia en
actividad, en los términos del artículo 56 del Decreto 1791 de 2000, y que la
institución había dispuesto que otro funcionario asumiera sus funciones.

51 Corte Constitucional, sentencia C-948 de 2002.
52 Ibidem.
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2014,
radicación: 11001-03-25-000-2012-00167-00(0728-12).

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75. Pues bien, como se expuso en el marco normativo, la ilicitud sustancial no se
agota en la constatación de una conducta típica, sino que exige verificar que esta
afectara, de manera real e injustificada, el deber funcional que el ordenamiento
jurídico impone al servidor público. De ahí que, una vez establecido que Jaime
Enrique Garzón Piza debía reintegrarse al servicio el 26 de febrero de 2019, al
finalizar sus vacaciones, y que en esa fecha no lo hizo, corresponda determinar si
ese comportamiento afectó sustancialmente el deber funcional y si las
circunstancias invocadas en el recurso justificaban su incumplimiento.

76. Sobre este aspecto, la Sala considera que la ilicitud sustancial no se deriva de
la sola circunstancia formal de que Jaime Enrique Garzón Piza continuara vinculado
a la Policía Nacional mientras se expedía el acto administrativo de retiro. Sin
embargo, la vigencia de esa relación sí determinaba que permaneciera sometido a
los deberes funcionales inherentes a su condición de miembro activo de la
institución, entre ellos, el de reintegrarse y continuar prestando el servicio una vez
finalizado el período de vacaciones, mientras la autoridad competente no hubiera
dispuesto su retiro o existiera alguna situación administrativa que lo relevara de esa
obligación.

77. Desde esa perspectiva, la entrega del cargo al funcionario designado para
reemplazarlo y la circunstancia de que las funciones hubieran continuado
prestándose no desvirtúan, por sí mismas, la afectación del deber funcional. Si bien
tales circunstancias permiten establecer que las labores que venía desempeñando
no quedaron materialmente desatendidas, el deber funcional comprometido no se
circunscribía a garantizar que otro servidor asumiera sus funciones, sino que
comprendía el cumplimiento personal de las obligaciones que permanecían a su
cargo mientras conservara la condición de miembro activo de la Policía Nacional.
En consecuencia, la entrega del cargo no equivalía al retiro de la institución ni lo
facultaba para separarse unilateralmente del servicio.

78. En ese orden, la existencia de un reemplazo y la continuidad material del
servicio no permiten concluir que la conducta atribuida careciera de ilicitud
sustancial porque la afectación reprochada se concretó en que Jaime Enrique
Garzón Piza, pese a que continuaba sometido al régimen funcional de la institución,
dejó de cumplir injustificadamente con la obligación de reintegrarse al servicio al
culminar sus vacaciones. Exigir para su acreditación, que como consecuencia de su
ausencia se hubiera producido una suerte de suspensión del servicio o que sus
funciones hubieran quedado completamente desatendidas implicaría identificar la
ilicitud sustancial exclusivamente con la producción de un resultado material,
cuando lo jurídicamente relevante es establecer si existió una afectación sustancial
e injustificada del deber funcional.

79. Esta Sala no comparte las afirmaciones según las cuales se le trasladaron las
consecuencias de la tardanza de la administración o, en general, de la actuación de
un tercero. Esto, por cuanto, el reproche recayó en una conducta propia del
disciplinado, consistente en no reintegrarse al servicio una vez finalizado el período
de vacaciones, pese a que para ese momento permanecía en servicio activo y, por
consiguiente, continuaba sujeto a los deberes funcionales derivados de esa
condición.

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80. Así, aun cuando se admitiera que la Policía Nacional pudo resolver la solicitud
de retiro con anterioridad, esa circunstancia no desplaza la autoría del
comportamiento disciplinariamente reprochado ni justifica el incumplimiento del
deber funcional, pues mientras la autoridad competente no adoptara la decisión de
retiro, Jaime Enrique Garzón Piza debía observar las obligaciones propias del
servicio activo. Así que una eventual tardanza de la administración en adelantar el
trámite correspondiente constituye una cuestión distinta de la conducta objeto del
proceso disciplinario y, por sí sola, no desvirtúa su ilicitud sustancial.

81. Las disposiciones del artículo 4554 del Decreto 1091 de 1995 no enervan esta
conclusión, porque si bien esta disposición establece que el personal del nivel
ejecutivo que se retire o sea retirado del servicio activo sin haber disfrutado de las
vacaciones tiene derecho a su reconocimiento y pago, de lo cual se desprende que
su disfrute previo no constituye una condición para que opere el retiro, esta
circunstancia únicamente podía tener incidencia en el trámite administrativo de la
solicitud y en la oportunidad en que la institución debía resolverla. Sin embargo, no
incide en la determinación de la responsabilidad disciplinaria derivada del
incumplimiento de los deberes que permanecían a cargo de Jaime Enrique Garzón
Piza mientras continuara en servicio activo.

82. Tampoco resulta acertado el argumento sustentado en el artículo 56 del Decreto
1791 de 2000, pues las razones de seguridad nacional o las necesidades especiales
del servicio previstas en esa disposición se relacionan con la facultad de la autoridad
competente para disponer o diferir el retiro en los supuestos regulados por la norma,
pero su inexistencia no convierte la solicitud de retiro en una decisión de
desvinculación que opere de facto, ni autoriza al servidor para separarse del servicio
antes de que aquella sea adoptada. Por lo tanto, el hecho de que no se hubieran
invocado esas circunstancias y que existiera un funcionario encargado de las
labores que desempeñaba Jaime Enrique Garzón Piza tampoco extinguía los
deberes funcionales derivados de su permanencia en servicio activo.

83. Así las cosas, las circunstancias invocadas por el recurrente no justifican la
afectación del deber funcional; de esta manera, la solicitud voluntaria de retiro, la
entrega del cargo, la existencia de un reemplazo, la continuidad de las funciones, el
disfrute de los 44 días de vacaciones y la demora de la administración en expedir el
acto correspondiente no modificaron la situación administrativa del demandante ni
enervaron del deber de reintegrarse al servicio una vez finalizado aquel período.

84. En consecuencia, la Sala encuentra acreditada una afectación real e
injustificada del deber funcional, no por la sola subsistencia formal del vínculo con
la Policía Nacional, sino porque Jaime Enrique Garzón Piza, mientras permanecía
en servicio activo y sujeto a los deberes inherentes a esa condición, dejó de
reintegrarse al servicio al finalizar sus vacaciones sin que existiera para ese
momento una decisión de retiro o alguna circunstancia que jurídicamente lo relevara
de dicha obligación. Así pues, este cargo no tiene vocación de prosperidad.

54 «Artículo 45. Vacaciones. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tiene derecho a

treinta (30) días calendario de vacaciones por cada año cumplido de servicio.
Parágrafo. Cuando el personal del nivel ejecutivo se retire o sea retirado del servicio activo sin haber
hecho uso de las vacaciones, tendrá derecho al reconocimiento y pago de ellas, por cada año de
servicio cumplido y proporcionalmente por fracción de año, siempre que ésta exceda de seis (6)
meses, liquidadas con base en la última remuneración devengada, y a la correspondiente prima
vacacional, liquidada de conformidad con el artículo 11 de este Decreto».

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2.3.4. La culpabilidad

2.3.4.1. Marco normativo y jurisprudencial

85. El artículo 13 de la Ley 734 de 2002, en relación con el principio de culpabilidad,
dispuso que «[e]n materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad
objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».

86. Esta corporación, en sentencia del 24 de enero de 2019 55, precisó que la
culpabilidad exige examinar la conducta del disciplinado desde una perspectiva
subjetiva, con el propósito de establecer «el grado de voluntad y conocimiento que tenía
aquel respecto de la acción u omisión que se le atribuye y reprocha». Asimismo, explicó
que el citado artículo 13 estructura la culpabilidad a partir de la prohibición de
responsabilidad objetiva y de las modalidades de imputación subjetiva, esto es, el
dolo y la culpa.

87. Asimismo, en sentencia del 30 de septiembre de 202156, reiteró que la
culpabilidad comporta un examen subjetivo de la conducta y, específicamente frente
al dolo disciplinario, precisó que «debe estar conformado por los siguientes elementos;
el conocimiento de los hechos, el conocimiento de la ilicitud y la voluntad».

88. Así las cosas, para declarar la responsabilidad disciplinaria no basta con
demostrar la realización objetiva de la conducta y su ilicitud sustancial, sino que
también debe establecerse la forma en que aquella puede atribuirse subjetivamente
al disciplinado. En ese sentido, la autoridad disciplinaria debe acreditar los
elementos que permitan concluir si la conducta fue ejecutada con dolo o con culpa,
según la modalidad de imputación formulada en cada caso, pues el principio de
culpabilidad proscribe toda forma de responsabilidad objetiva y exige verificar el
grado de conocimiento, voluntad o descuido con el que actuó el servidor público.

2.3.4.2. Análisis sustancial del caso concreto

89. Jaime Enrique Garzón Piza cuestionó la culpabilidad atribuida por la autoridad
disciplinaria al considerar que su conducta no podía calificarse a título de culpa
grave a partir de la sola circunstancia de no haberse reintegrado al servicio una vez
finalizado el período de vacaciones. Así que, para efectuar dicha imputación debían
valorarse las circunstancias particulares que rodearon su comportamiento, entre
ellas, la solicitud voluntaria de retiro, el tiempo que llevaba al servicio de la
institución, la entrega previa del cargo al funcionario designado para reemplazarlo,
la expectativa de que el acto administrativo de retiro fuera expedido durante los 44
días de vacaciones y la demora de la Policía Nacional en adoptar esa decisión.

90. En ese contexto, corresponde determinar si tales circunstancias desvirtúan la
imputación subjetiva efectuada por la autoridad disciplinaria o si, por el contrario, se
encuentran satisfechos los elementos requeridos para atribuirle responsabilidad
disciplinaria, esto es, el conocimiento de los hechos, de la ilicitud y la voluntad, y si,

55 Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de enero de 2019, radicado

11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012).
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021,

radicado 27001-23-33-000-2013-00307-01 (2118-2015).

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atendidas las circunstancias particulares del caso, la conducta podía serle imputada
a título de culpa grave.

91. En cuanto al conocimiento de los hechos, la Sala advierte que Jaime Enrique
Garzón Piza era consciente de que había solicitado su retiro voluntario y se
encontraba disfrutando de un período de vacaciones comprendido entre el 13 de
enero y el 25 de febrero de 2019, así como, de que dicho período tenía una fecha
determinada de finalización y que, para ese momento, no se le había notificado
decisión alguna mediante la cual se hubiera dispuesto su retiro del servicio activo.
Pese a esto, no se reintegró el 26 de febrero de 2019 como correspondía, sino que
lo hizo el 2 de marzo siguiente.

92. En lo que respecta al conocimiento de la ilicitud, la expectativa de que el acto
de retiro fuera expedido durante los 44 días de vacaciones no modificaba el deber
de cuidado que le era exigible. Precisamente porque la decisión dependía de la
autoridad competente y no de la voluntad del actor; de forma que ante la finalización
de las vacaciones sin que se hubiera dispuesto su retiro efectivo de la institución,
era conocedor del deber de permanecer en servicio activo y, en consecuencia, su
obligación de reintegrarse mientras su situación administrativa no hubiera sido
examinada y definida.

93. Este conocimiento resulta aún más evidente si se tiene en cuenta que Jaime
Enrique Garzón Piza contaba con más de 25 años de servicio y con la formación y
experiencia propias de su trayectoria como miembro de la Policía Nacional. En esas
condiciones, estaba en capacidad de comprender que la presentación de una
solicitud de retiro no producía por sí misma su desvinculación y que, mientras esta
no se hiciera efectiva, permanecían vigentes los deberes inherentes al servicio
activo, entre ellos, el de reintegrarse una vez finalizado el período de vacaciones.

94. En cuanto a la voluntad, tampoco se advierte que la falta de reintegro hubiera
obedecido a una circunstancia que privara a Jaime Enrique Garzón Piza de la
posibilidad de dirigir su comportamiento conforme con el deber funcional, contrario
a ello, conocía la fecha en que finalizaban sus vacaciones y se encontraba en
condiciones de verificar si el retiro se había hecho efectivo y, ante la ausencia de
una decisión en ese sentido, debía reintegrarse al servicio. Esto no significa que
hubiera orientado su voluntad a infringir el deber funcional, pues precisamente esa
intencionalidad fue descartada al modificarse la imputación de dolo a culpa grave,
sino que tenía la posibilidad de determinar su comportamiento conforme con el
deber que le era exigible y omitió hacerlo.

95. A ello se suma que, según se estableció en la actuación disciplinaria, Jaime
Enrique Garzón Piza manifestó que se le había pasado por alto la fecha en que
debía reintegrarse al servicio, esta circunstancia resulta relevante para la valoración
de la culpabilidad, pues permite establecer que la falta de reintegro no obedeció a
que la Policía Nacional le hubiera comunicado que su retiro ya se había producido,
ni a que existiera una decisión administrativa que razonablemente pudiera llevarlo
a considerar extinguida su obligación de prestar el servicio, sino a la desatención de
la fecha en que finalizaban sus vacaciones.

96.Tampoco la entrega previa del cargo al funcionario designado para reemplazarlo
desvirtúa ese reproche subjetivo porque aunque esta circunstancia podía generar

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en Jaime Enrique Garzón Piza la expectativa de que su retiro se produciría
próximamente y explica el contexto en el cual actuó, no lo eximía de verificar si la
desvinculación efectivamente había sido dispuesta antes de decidir no reintegrarse
al servicio, máxime cuando conocía que se encontraba disfrutando de vacaciones
por un período determinado y no contaba con una decisión que hubiera modificado
su situación administrativa. Además, era obvio que para hacer dejación del cargo y
pudiera disfrutar de sus vacaciones era necesario que otro servidor público
asumiera -en su momento- sus funciones mientras aquel se encontraba en dicha
situación administrativa, sin que se entendiera que esa asunción de deberes se
haría de manera definitiva.

97. En cuanto a la demora en la expedición del acto administrativo de retiro, esta
podía ser atribuible a la Policía Nacional y tener incidencia en el trámite de la
solicitud, pero no permite trasladar a la administración la desatención del deber de
cuidado que correspondía personalmente a Jaime Enrique Garzón Piza. Esto es así
porque el reproche disciplinario no se sustentó en que él hubiera ocasionado o
debido soportar las consecuencias de la tardanza de la entidad, sino en que, pese
a no contar con una decisión de retiro al finalizar sus vacaciones, omitió reintegrarse
al servicio y verificar oportunamente la situación administrativa en la que se
encontraba.

98. De este modo, para determinar si la conducta podía atribuirse a título de culpa
grave, corresponde valorar las circunstancias en las cuales se produjo la omisión y
establecer si Jaime Enrique Garzón Piza observó el cuidado necesario que le era
exigible. Al respecto, está acreditado que conocía la fecha de terminación de sus
vacaciones, sabía que había solicitado el retiro y que su efectividad dependía de
una decisión de la autoridad competente y, pese a no contar con ella, dejó transcurrir
la fecha en que debía regresar al servicio.

99. A lo anterior se agrega que la conducta en la que incurrió Jaime Enrique Garzón
Piza evidenció una inobservancia del cuidado necesario que le era exigible, máxime
si se tiene en cuenta que contaba con cerca de 25 años de servicio y con la
formación y experiencia propias de su trayectoria como miembro de la Policía
Nacional. Así, dejó transcurrir la fecha prevista para su regreso sin verificar
previamente si el retiro se había hecho efectivo antes de asumir que no debía
regresar a la institución. Esta conclusión se refuerza con su presentación en la
Oficina de Talento Humano el 2 de marzo de 2019, pues, según declaró la
subteniente Erika Gissela González Firigua, al preguntarle por el motivo del retraso
manifestó que «se le había pasado por alto la fecha» y que «no le había prestado
atención», circunstancia que evidencia la falta del cuidado necesario respecto de la
fecha en que debía regresar al servicio.

100. Además, advierte la Sala que las circunstancias particulares que rodearon la
conducta no fueron desconocidas por la autoridad disciplinaria, contrario a ello,
fueron valoradas al determinar la forma de culpabilidad atribuible al actor, tan es así
que la imputación inicialmente efectuada a título de dolo fue modificada a culpa
grave. Esta circunstancia permite descartar que la responsabilidad se hubiera
establecido de manera objetiva a partir de la sola falta de reintegro, pues las
condiciones concretas en las que actuó el disciplinado incidieron en la valoración
del reproche subjetivo y determinaron que su comportamiento no fuera atribuido
como intencional, por la inobservancia del cuidado que le era exigible.

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101. En esas condiciones, la Sala considera que las circunstancias invocadas en el
recurso no desvirtúan la imputación efectuada a título de culpa grave, pues,
valorados el conocimiento de los hechos y de la ilicitud, la posibilidad de determinar
su comportamiento se establece que Jaime Enrique Garzón Piza se encontraba en
condiciones de conocer y observar la obligación de reintegrarse al servicio mientras
no se hubiera hecho efectivo su retiro. En consecuencia, la responsabilidad
disciplinaria no se estructuró a partir de la sola falta de reintegro ni de la demora
atribuible a la administración, sino de sino de la inobservancia del cuidado necesario
frente al deber funcional que permanecía a su cargo.

102. Por contera, tampoco prospera el cargo de infracción de las normas en que
debían fundarse los actos sancionatorios, pues este se sustentó en la alegada
ausencia de ilicitud sustancial y culpabilidad, aspectos que, como quedó
establecido, se encontraron debidamente acreditados.

103. Finalmente, en cuanto a la solicitud subsidiaria formulada por Jaime Enrique
Garzón Piza para que, en aplicación del principio iura novit curia, se examine
cualquier otra circunstancia que pudiera afectar la legalidad de los actos
administrativos sancionatorios, la Sala precisa que, efectuado el control integral de
la actuación disciplinaria, no advierte la existencia de alguna irregularidad adicional
que permita desvirtuar su presunción de legalidad o que conduzca a su anulación
por una razón distinta de las planteadas y analizadas en precedencia.

104. En consecuencia, la Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida el 7 de
abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión,
en cuanto negó las pretensiones de la demanda presentada por Jaime Enrique
Garzón Piza contra la nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

2.4. Costas

105. La condena en costas en la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo está
prevista en el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

106. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

107. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una

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aplicación razonable de la norma57.

108. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

109. No evidencia la Sala que en esta instancia la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual no se condenará en costas en esta instancia.

110. Por las razones expuestas, se revocará la condena en costas impuesta en
primera instancia a la parte demandante, comoquiera que su imposición no procedía
de manera automática por el solo hecho de haber resultado vencida en el proceso,
sino que exigía valorar la conducta asumida por las partes durante el trámite; sin
embargo, en este caso no se acreditó temeridad, mala fe o actuación alguna que
justificara dicha condena. En lo demás, se confirmará la sentencia apelada.

3. Conclusión

111. Por lo discurrido, la Sala confirmará parcialmente la sentencia que negó las
pretensiones de la demanda, al no prosperar los cargos de apelación relacionados
con la tipicidad de la conducta disciplinaria, la valoración probatoria, la ilicitud
sustancial y la culpabilidad, pues la nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
demostró, a partir de las pruebas legalmente recaudadas y valoradas de manera
integral conforme con las reglas de la sana crítica, que Jaime Enrique Garzón Piza
no se reintegró al servicio una vez finalizado el período de vacaciones, pese a que
para ese momento permanecía en servicio activo y continuaba sujeto a los deberes
inherentes a esa condición. Asimismo, se acreditó que dicho comportamiento afectó
de manera real e injustificada el deber funcional y le era atribuible a título de culpa
grave, sin que la solicitud voluntaria de retiro, la entrega previa del cargo, la
existencia de un reemplazo, la continuidad del servicio o la demora de la
administración en expedir el acto de retiro desvirtuaran tales conclusiones.

112. No obstante, se revocará la condena en costas impuesta en primera instancia,
al no evidenciarse una conducta procesal que justificara su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar el ordinal 2° de la sentencia proferida el 7 de abril de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión y, en su lugar: no
condenar en costas de primera instancia, por las razones expuestas en esta
decisión.

57En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Jaime Enrique Garzón Piza

Segundo. Confirmar en lo demás, la sentencia proferida el 7 de abril de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda presentada por Jaime Enrique Garzón Piza contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con fundamento en lo señalado en
esta decisión.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM

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