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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00846-01

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00846-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de julio de 2022, proferida por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 19 “ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 13 Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01 Accionante: Juan David Arteaga Flórez SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2022-00846-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

25 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01
Accionante: JUAN DAVID ARTEAGA FLÓREZ
Accionado: JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
confirma el fallo impugnado – la autoridad accionada no incurrió en
vulneración de garantías iusfundamentales - el accionante no
acreditó el cumplimiento de la orden judicial, por lo que no procedía
la inaplicación o el levantamiento de la sanción que le fue impuesta
en el marco de un incidente de desacato

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia de 29 de julio de 2022, proferida por la Sala Cuarta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia y a través de la cual se negó el amparo
solicitado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elciudadano Juan David Arteaga Flórez, actuando a través de apoderada
judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al buen
nombre, cuya vulneración le atribuyó al auto de 4 de abril de 2022, dictado por el
Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Medellín, en el marco del
trámite incidental con radicación número 05001-33-31-026-2016-00126-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo
planteado por el extremo accionante, se infiere que los
hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Manifestó que, mediante sentencia de 22 de febrero de 2016, el Juzgado
Veintiséis Administrativo del Circuito de Medellín amparó el derecho fundamental a
la salud del señor Rafael Eugenio Rojas Arredondo y que, como consecuencia de
ello, ordenó a la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia y a la Alianza Medellín
Antioquia ESP -Savia Salud EPS- autorizar y suministrar «los medicamentos que le
fueron prescritos señalada (sic) el pasado 22 de enero por el especialista en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01
Accionante: Juan David Arteaga Flórez

siquiatría, en la cantidad y periodicidad indicada, y lo exonerara de copagos y cuotas
de recuperación».

2.2. Señaló que el señor Rojas Arredondo promovió incidente de desacato con
ocasión del supuesto incumplimiento de la orden judicial referida previamente y que,
mediante auto de 24 de agosto de 2018, el Juzgado Veintiséis Administrativo del
Circuito de Medellín resolvió sancionar al hoy actor, en su condición de
representante legal de Savia Salud EPS-S, con multa equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente.

2.3. Indicó que la anterior sanción aún se encuentra vigente pese a que la orden de
tutela se encuentra cumplida a cabalidad.

2.4. Relató que, en varias oportunidades, presentó ante el juzgado accionado
solicitud de levantamiento de la sanción, por cumplimiento del fallo de tutela. Sin
embargo, dicha autoridad ha negado tales peticiones, resaltando que la última
resuelta mediante auto de 4 de abril de 2022.

2.5. Expuso que la negativa del juzgado accionado desconoce la finalidad misma del
incidente de desacato, y puso de relieve que los servicios solicitados por el usuario
le fueron suministrados, según se precisa a continuación:

[…] • En comunicación telefónica (319 315 16 41) con la señora Jackeline Rojas
(Hermana) informa y confirma la materialización efectiva de los servicios
médicos motivo del incidente de desacato y posterior sanción, informa que el
medicamento AMISULPIRIDA 200 MG junto con RIVOTRIL O.5 MG,
ASENAPIA 10 MG fueron entregados en su momento en el HOSPITAL
MENTAL DE ANTIOQUIA donde fueron ordenados por el especialista en
psiquiatría.

• La señora JACKELINE ROJAS (Hermana) manifiesta no recordar
específicamente la fecha en que se le prestó el servicio antes descrito, pero
confirma la materialización efectiva del mismo indicando que la entrega del
medicamento fue dentro del tiempo estipulado.

• Asimismo, indica que actualmente el señor Rafael Eugenio Rojas Arredondo
está siendo tratado de su diagnóstico (…) con los medicamentos paliperidona
100 mg ampolla cada mes, risperidona 3 mg tabletas 1 al día en la noche,
olanzapina de 10 mg 1 en la mañana y una en la noche, ácido valproicode 250
mg 2 en la mañana y 3 en la noche, las cuales son entregadas mes a mes en
el hospital mental de Antioquia (HOMO). Actualmente no se tienen servicios
médicos pendientes por cumplir relacionados con el tratamiento integral
concedido en sentencia de tutela para la patología […].

2.6. Consideró que el juzgado accionado ha incurrido en desconocimiento del
precedente jurisprudencial, en defecto sustantivo y en violación directa de la
Constitucional, al no acceder a la inaplicación de la sanción pese a que la orden
judicial ya fue cumplida.

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Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01
Accionante: Juan David Arteaga Flórez

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1. Que se declare que, en atención a la materialización de los servicios
requeridos por la usuaria dentro del trámite tutelar, el mantenimiento de las
sanciones impuestas viola flagrantemente el precedente jurisprudencial,
administración de justicia, debido proceso, el buen nombre del doctor JUAN
DAVID ARTEAGA FLÓREZ, constituyendo, como colofón, su actuar en una
VIA DE HECHO.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se dejen sin valor ni efecto las
sanciones impuestas a través de dicha actuación.

3. Tener en cuenta que los servicios requeridos y solicitados mediante los
tramites incidentales de desacato fueron materializados en su momento
conforme lo informado.

4. Oficiar a la Jurisdicción Coactiva para que declare la terminación y archivo
de los procesos de ejecución de multas que por la misma razón le fueron
impuestas. […]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La magistrada de la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 21 de julio de
2022, admitió la acción de tutela de la referencia en contra del Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito de Medellín. En la misma providencia, vinculó como
tercero con interés directo en los resultados del proceso a Savia Salud EPS S.A.S.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a la autoridad accionada y a la vinculada, se
produjo la siguiente intervención:

5.1. El Juez Veintiséis Administrativo del Circuito de Medellín rindió informe en
el que referenció las actuaciones procesales que se adelantaron en el interior del
trámite de tutela e incidental.

5.2. Expuso que en el presente caso no se cumple con el requisito de la inmediatez,
en la medida que la primera solicitud de inaplicación de la sanción fue resuelta
mediante auto de 10 de septiembre de 2020, por lo que, a partir de dicha decisión,
se debe contabilizar el término considerado como razonable.

5.3. Advirtió que no es posible acceder a la solicitud de inaplicación de la sanción
deprecada por el accionante, ya que se trata de un «litigante frecuente que debe
probar la entrega de los medicamentos ordenados y que debe explicar los factores
objetivos y/o subjetivos determinantes que le llevaron a estar en desacato de la

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Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01
Accionante: Juan David Arteaga Flórez

orden judicial, pero jamás se ha considerado que la sanción no pueda ser
levantada».
VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 29 de julio de 2022, la Sala Cuarta de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia negó el amparo solicitado por el
accionante, luego de considerar que el juzgado accionado «no desconoció el
precedente judicial que acepta la inaplicación de la sanción cuando se comprueba
el cumplimiento de la orden de tutela, todo lo contrario, hizo un estudio sobre dicha
solicitud y encontró que el sancionado no demostró bajo los criterios objetivos y
subjetivos el cabal cumplimiento de sus obligaciones, pues indicó que no fueron ni
precisadas las fechas de entrega de los medicamentos, ni las razones que llevaron
a su incumplimiento especialmente en relación a los criterios de temporalidad».

7. A partir de lo anterior, el a quo concluyó que: «el Juzgado Veintiséis Administrativo
Oral de Medellín, no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento de las
reglas fijadas por la H. Corte Constitucional para imponer una sanción de desacato
aplicable al estudio de inaplicación, ni tampoco a las fijadas en la sentencia T-421
de 2003 en donde se evaluó la finalidad del incidente de desacato, la posibilidad de
inaplicar las sanciones cuando concurran las circunstancias que lleven al
convencimiento del Juez sobre el cumplimiento de la orden de tutela, acogiendo
criterios objetivos y subjetivos que llevaron a su incumplimiento inicial».

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante, a través de apoderada judicial, impugnó la sentencia de tutela
de primera instancia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial de la
tutela. En tal sentido, insistió en que se cumplen los presupuestos para inaplicar la
sanción, dado que el fallo se cumplió a cabalidad.

9. Puntualilzó en que, de acuerdo con el precedente jurisprudencial existente sobre
la materia, el «propósito del incidente será lograr que el obligado obedezca la orden
allí impuesta y no la imposición de una sanción en sí misma», por lo que el juez
debe inaplicar esta cuando advierta que la orden judicial se encuentra cumplida.

10. Enfatizó que la orden judicial que debía cumplir Savia Salud EPS S.A.S. ya se
materilizó o cumplió, por cuanto se le entregó los medicamentos al usuario y,
«actualmente no se tienen servicios médicos pendientes por cumplir relacionados
con el tratamiento integral concedido en sentencia de tutela para la patología que
le fue diagnostica al señor Rafael Eugenio Rojas Arredondo».

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Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01
Accionante: Juan David Arteaga Flórez

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.

VIII.2. Problemas jurídicos

12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al incurrir
presuntamente en defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente y
en violación directa de la Constitución.

13. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01
Accionante: Juan David Arteaga Flórez

15. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 7.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión8» que se encaje en dichos
parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01
Accionante: Juan David Arteaga Flórez

20. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

21. Elciudadano Juan David Arteaga Flórez, actuando a través de apoderada
judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al buen
nombre, cuya vulneración le atribuyó al auto de 4 de abril de 2022 dictado por el
Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Medellín, en el marco del
trámite incidental con radicación número 05001-33-31-026-2016-00126-00.

22. En este punto es preciso indicar que, aunque la parte actora alega la
configuración de los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente, la realidad es que todos los argumentos se
centran en que se desconoció el precedente que establece que la finalidad del
incidente de desacato no es sancionar, sino obtener el cumplimiento del fallo
judicial, por lo que, a su juicio, se debe inaplicar la sanción que le fue impuesta ante
el cumplimiento de la orden de amparo.

23. En razón a lo anterior, la Sala centrará el estudio del presente asunto únicamente
desde la órbita del defecto por desconocimiento del precedente.

VI.4.1.2. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela

24. La Sala encuentra que efectivamente se cumplen los requisitos generales de
procedencia, en razón a que: i) la solicitud de amparo tiene relevancia constitucional
en tanto se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son el
debido proceso, el acceso a la administración de justicia y al buen nombre; ii) la
parte accionante no tiene otro medio para la defensa de los derechos fundamentales
que estima vulnerados con la decisión proferida por el Juzgado accionado, en
atención a que las providencias proferidas en el interior del trámite incidental no son
susceptibles de recurso alguno; iii) la situación a la cual se atribuye la vulneración
de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de
tutela; iv) se cumple con la inmediatez; v) no se alega la existencia de una
irregularidad procesal, por lo que no resulta necesario efectuar un análisis al
respecto; y vi) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en
un proceso de idéntica naturaleza o índole.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

25. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta

8

Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01
Accionante: Juan David Arteaga Flórez

vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante por la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente.

VIII.4.2.1. Del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

26. Se tiene que la jurisprudencia9 ha entendido por precedente, la sentencia o el
conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse
que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de i)
patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha
fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el
nuevo caso.

27. Se debe distinguir entre el precedente horizontal y el vertical, teniendo en cuenta
la autoridad que profiere la providencia. Así, el primero hace referencia a aquellas
sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador
judicial y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción.

28. Un juez -individual o colegiado- no puede separarse, sin una explicación
suficientemente y sustentada del precedente fijado en sus propias sentencias, ni
tampoco del precedente establecido por las autoridades superiores,
específicamente del emanado de las Altas Cortes.

29. En este contexto, se destaca que el desconocimiento del precedente puede ser
alegado de dos formas, a saber: i) como causal autónoma, cuando la providencia
judicial enjuiciada se aparta de un precedente contenido en sentencias proferida por
la Corte Constitucional, y ii) como defecto sustantivo, el cual se configura cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical fijado por la
jurisdicción contenciosa y sin justificación suficiente, lo cual conduce a concluir que
la providencia adolece de un defecto sustantivo10.

9
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo (i)
si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
10
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo (i)
si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.

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Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01
Accionante: Juan David Arteaga Flórez

VIII.4.2.2. De la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado relacionada con la inaplicación de la sanción impuesta dentro del
trámite del incidente de desacato

30. Sea lo primero en señalar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, por vía de tutela se obtiene la protección inmediata y efectiva
de los derechos fundamentales de toda persona que aseguran su dignidad. Por
tanto, se tiene como una conducta de suma gravedad el incumplimiento de la orden
de amparo porque: i) prolonga la amenaza o vulneración de estos derechos pese a
la protección judicial impartida, y ii) constituye un nuevo agravio a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia11.

31. Es por ello por lo que impartida la orden de tutela su destinatario debe cumplirla
en los términos que ha sido proferida, o demostrar que no ha sido posible su
cumplimiento. La desatención injustificada del mandato judicial, entonces, acarrea
sanciones por desacato, resaltando que lo atinente al cumplimiento del fallo judicial
está previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, y lo pertinente al tópico
sancionatorio en el 52 ibidem.

32. El citado artículo 27 le impone al responsable del agravio cumplirlo sin demora, y
al juez de amparo la obligación de requerirlo para que lo haga dentro de las 48 horas
siguientes e incluso lo faculta para acudir al superior jerárquico de este último para
lograrlo. Si no obtiene resultado alguno ordenará abrir proceso contra uno y otro.
De resultar procedente los sancionará por desacato. En todo caso, mantendrá la
competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho y no es
requisito esencial acudir al trámite de cumplimiento para sancionar por desacato.

33. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 ibidem, quien incumpliere la orden de un
juez en sede de tutela, incurrirá en desacato sancionable con arresto de hasta 6
meses y multa hasta de 20 salarios mínimos legales mensuales vigente. La sanción
será impuesta previo trámite incidental, y luego consultada con el superior
jerárquico, quien decidirá si debe revocarse o no.

34. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional, en múltiples oportunidades, ha
precisado que «el objetivo de la sanción de arresto y multa por desacato es el de
lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva
protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes, por lo cual
se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser impuestas»12.

35. La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencias T-421 de 2003, T-171-09; T-652-10; T-
512-11, T-010-12, T-482-13, y más recientemente esa Corporación judicial en
providencia SU-034 de 2018, precisó lo siguiente:

11
Sentencias T-329 de 1994 y C-1003 de 2008.
12
Sentencia T-1113 de 2005.

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Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01
Accionante: Juan David Arteaga Flórez

[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que
de vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es
que, si bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la
imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su
auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela
pendiente de ser ejecutada13; de suerte que no se persigue reprender al
renuente por el peso de la sanción en sí misma14, sino que ésta debe
entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia
el cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuyo objetivo no es
otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación
de los derechos quebrantados15.

(…)

Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento de las sanciones
con argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el
desacato es un dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce
la doctrina desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a que
el propósito perseguido por la sanción es conminar al obligado como
medio para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado mediante
sentencia, mas no sancionar por sancionar […]16. (negrillas de la Sala)

36. Criterio que también ha sido acogido por esta Corporación, en sus distintas
Secciones17, por ejemplo, esta Sección en sentencia de 14 de mayo de 202018,
reiterada en reciente pronunciamiento de 14 de julio de 2022 (expediente número 11001-
03-15-000-2022-03201-00), precisó lo que a continuación se enseña:

[…] Por tanto, y tal como lo determina la jurisprudencia constitucional, pese a
que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una sanción,
su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en alcanzar el
cumplimiento de la orden impartida por el juez de amparo. En otras
palabras, la sanción a imponer es una de las formas de buscar el acatamiento
de la orden proferida. De ahí que para evitarla e, incluso, para que ella no se

13
Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González Cuervo
14
Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-
1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.:
Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de
2014, M.P.: Mauricio González Cuervo,
15
Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-092 de 1997, M.P.:
Carlos Gaviria Diaz
16
Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de julio de 2016, expediente
No. 11001-03-15-000-2016-00873-01 (AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sección Primera, sentencia de 11 de
mayo de 2017, expediente No. 11001-03-15-000-2017-00301-00 (AC), C.P. María Elizabeth García González. Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, expediente No. 25000-23-42-000-2013-06071-01(AC), C.P.
Gerardo Arenas Monsalve. Sección Cuarta, sentencia de 3 de octubre de 2016, expediente No. 11001-03-15-000-2016-
01295-01 (AC), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sección Cuarta, sentencia de 17 de agosto de 2017, expediente
No. 11001-03-15-000-2017-01342-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Sección Cuarta, sentencia de 24 de octubre
de 2018, expediente No. 11001-03-15-000-2018-02693-00 (AC), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Sección Cuarta,
sentencia de 12 de febrero de 2019, expediente No. 11001-03-15-000-2018-03944-00 (AC), C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez. Sección Cuarta, sentencia de 4 de diciembre de 2019, expediente No. 11001-03-15-000-2019-04040-01(AC),
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sección Quinta, sentencia de 19 de mayo de 2016, expediente No. 11001-03-15-000-
2016-00873-00 (AC), C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sección Quinta, sentencia de 16 de agosto de 2018,
expediente No. 11001-03-15-000-2018-02048-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sección Quinta, sentencia de 18 de diciembre
de 2019, expediente No. 11001-03-15-000-2019-04654-00 (AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2020, Exp. No.
11001-03-15-000-2019-05126-01(AC), C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01
Accionante: Juan David Arteaga Flórez

haga efectiva, resulta indispensable cumplir el mandato judicial. […] (Subrayas se
destaca)

37. En síntesis, al tenor de la jurisprudencia constitucional y de esta Corporación, la
sanción no constituye la finalidad o el propósito del incidente de desacato sino un
medio para cumplir con la orden judicial impartida, motivo por el cual cuando se dé
el cabal cumplimiento íntegro al fallo de tutela, la imposición de la multa y el
arresto carecen de objeto, aunque haya culminado el grado jurisdiccional de
consulta.

VIII.4.2.3. De la solución del defecto en el sub judice

38. En el caso de autos, se advierte que el planteamiento medular del accionante
radica en señalar que la autoridad judicial accionada se abstiene de levantar la
sanción que le fue impuesta en el marco del trámite incidental pese a que la orden
judicial se encuentra cumplida.

39. Por lo anterior, aseguró que se desconoció el precedente que establece que la
finalidad del incidente de desacato no es sancionar, sino obtener el cumplimiento
del fallo judicial.

40. Para resolver el anterior motivo de inconformidad, la Sala considera necesario
traer a colación las consideraciones expuestas por el juzgado accionado en el auto
aquí enjuiciado. Veamos:

[…] Como ya se dijo, Savia Salud EPS-S, mediante escrito allegado a este
despacho el 4 de marzo de 2022, solicitó que se realice la inaplicación de la
sanción porque, considera, dio cumplimiento a la sentencia de tutela proferida
el día 22 de febrero de 2016, esto es, que las órdenes fueron ejecutadas en
debida forma.

Al respecto, este despacho judicial observa lo siguiente: (i) la sanción se impuso
porque no suministró el medicamento Amilsupirida 200 MG; (ii) el sancionado
es un litigante frecuente; (iii) que guardó silencio ante el trámite del incidente de
desacato; y (iv) que solicita que se inaplique una sanción sin demostrar la fecha
en que se realizó la entrega del medicamento requerido, sólo se limita a
indicar que se entregó en su momento por el Hospital Mental de Antioquia.

Aunado a lo anterior, como ya se ha reiterado, el sancionado además de
probar el cumplimiento del fallo, debe exponer las razones por las cuales se
produjo la prestación tardía de los servicios ordenados, esto es, los factores
objetivos y/o subjetivos en los que se vio inmerso para estar en desacato.

Es decir, cuando se solicita la inaplicación de la sanción no solo debe indicarse
el servicio médico no prestado que dio lugar a la apertura del incidente, sino
también la fecha en que se prestó dicho servicio y así evitar un desgaste al
analizar solicitudes sobre prestaciones no relacionadas con los incidentes. Así
las cosas, este despacho judicial no accederá a la solicitud tendiente a dejar sin
efecto la sanción de multa impuesta mediante auto del 24 de agosto de 2018.
[…]

12

Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01
Accionante: Juan David Arteaga Flórez

41. Visto lo anterior, para la Sala es claro que la negativa del juzgado accionado de
levantar o inaplicar la sanción que le fue impuesta al actor en el marco del trámite
incidental con radicación número 05001-33-31-026-2016-00126-00 obedece, entre
otras razones, a que el sancionado no acreditó el cumplimiento de la orden de
judicial, y no radicó en que se haya desconocido la naturaleza del incidente de
desacato.

42. Es de resaltar que, en los términos previstos en el artículo 167 del CGP 19, la carga
de la prueba le concierne a la parte que alega el supuesto de hecho, lo que significa
que le correspondía a la parte aquí accionante demostrar que efectivamente cumplió
con la orden judicial por la que fue sancionado, sin que fuese suficiente exponer tal
novedad sin sustento probatorio alguno.

43. De allí que se advierte que fue la carencia probatoria la que impidió tener por
acreditado el cumplimiento de la orden judicial y, por ende, el fundamento principal
por el que el juzgado accionado negó el levantamiento o inaplicación de la sanción
de desacato.

44. En este estado de cosas, para la Sala resulta oportuno reiterar que el
levantamiento o inaplicación de la sanción en el trámite incidental procede siempre
y cuando se haya acreditado el cumplimiento de la orden de amparo, conforme
se explicó en el acápite VIII.2.3. de esta providencia, puesto que una vez se haya
cumplido integralmente el fallo de tutela la imposición de la multa o el arresto
carecen de sustento.

45. Así las cosas, y comoquiera que en el caso de autos el actor no acreditó el
cumplimiento del fallo de tutela por el cual fue sancionado, se concluye que el juzgado
no incurrió en desconocimiento del precedente invocado y muchos menos en la
vulneración de sus garantías fundamentales invocadas.

46. Por los anteriores razonamientos, la Sala confirmará el fallo impugnado que negó
el amparo deprecado por el accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de julio de 2022, proferida por la Sala
Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

19
“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

13

Radicación: 05001-23-33-000-2022-00846-01
Accionante: Juan David Arteaga Flórez

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

P(18)

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