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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2022-00857-01

Fecha
2 de agosto de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2022-00857-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de 6 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Antioquia – Sala Quinta de Oralidad. 2°) Condénase en costas de segunda instancia al Departamento de Antioquia en favor de la sociedad Minera de Cobre Quebradona SAS BIC; tásense en forma concentrada por el tribunal de primera instancia, incluidas las agencias en derecho. 24 Expediente: 05001-23-33-000-2022-00857-01 (69.739) Demandantes: Minera de Cobre Quebradona SAS BIC Nulidad y restablecimiento del derecho 3°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2022-00857-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

2 de agosto de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dos (2) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expedientes: 05001-23-33-000-2022-00857-01 (69.739)
Actores: MINERA DE COBRE QUEBRADONA SAS
Demandados: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE RECHAZA
SOLICITUD DE CONCESIÓN MINERA

Síntesis del caso: la sociedad demandante pretende la nulidad de las resoluciones por medio de las
cuales el Departamento de Antioquia rechazó y dispuso el archivo de una propuesta de concesión
minera, por considerar que fue falsamente motivada por sustentarse en una superposición
inexistente con áreas estratégicas mineras cuya delimitación fue dejada sin valor y efectos por la
Corte Constitucional en sentencia T-766 de 2015. Se confirma la sentencia de primera instancia
favorable a las súplicas de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Departamento de Antioquia en
contra la sentencia de 6 de febrero de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Antioquia – Sala Quinta de Oralidad resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. SE DECLARA la nulidad de la Resolución N°
2020060005417 del 26 de febrero de 2020 ‘POR MEDIO DE LA CUAL
SE RECHAZA Y SE ARCHIVA LA PROPUESTA DE CONTRATO DE
CONCESIÓN MINERA CON PLACA No. SDO-08122', y de la
Resolución N° 2022060001996 del 28 de enero de 2022 ‘POR MEDIO
DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
DENTRO DE LA PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN
MINERA CON PLACA No. SDO-08122', emitidas por la Secretaría de
Minas del departamento de Antioquia.

SEGUNDO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho,
SE ORDENA al departamento de Antioquia continuar el trámite de la
propuesta de contrato de concesión minera con placa N° SDO-08122,
respetando el derecho de prelación consagrado en el artículo 16 del
Código de Minas, teniendo en cuenta la evaluación técnica del 26 de
mayo de 2017, y sin argumentar una supuesta superposición del área
de la propuesta con las Áreas Estratégicas Mineras –hoy Áreas de
Reserva Estratégica Mineras- delimitadas y declaradas en la

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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00857-01 (69.739)
Demandantes: Minera de Cobre Quebradona SAS BIC
Nulidad y restablecimiento del derecho

Resolución N°180241 de 2012, expedida por el Ministerio de Minas y
Energía.

TERCERO. Se condena en costas de primera instancia a la entidad
demandada acorde con las consideraciones que anteceden.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el
expediente.” (fl. 34 índice 2 SAMAI, archivo
ED_40SENTENCIA2022008.pdf – negrillas y mayúsculas sostenidas
originales).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 21 de julio de 2022 (índice 1 SAMAI Tribunal), la
sociedad Minera de Cobre Quebradona SAS BIC promovió una demanda en contra
del Departamento de Antioquia – Secretaría de Minas con el fin de obtener las
siguientes pretensiones:

“1. Principal. Declárase la nulidad de la Resolución No. 2020060005417
de fecha 26 de febrero de 2020, “POR MEDIO DE LA CUAL SE RECHAZA
Y SE ARCHIVA LA PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN
MINERA CON PLACA No. SDO-08122”, y de la Resolución No.
2022060001996 de fecha 28 de enero de 2022, “POR MEDIO DE LA
CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN DENTRO DE LA
PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA CON PLACA
No. SDO-08122’.

2. Consecuencial de la 1. Como consecuencia de la petición 1 y como
restablecimiento de los derechos de QUEBRADONA, ordénese al
DEPARTAMENTO continuar el trámite de la propuesta de contrato de
concesión minera con placa No. SDO-08122, respetando el derecho de
prelación consagrado en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001 (Código de
Minas) bajo las condiciones de la evaluación técnica del 26 de mayo de
2017, y sin que el DEPARTAMENTO pueda argumentar una supuesta
superposición del área de la propuesta con las Áreas de Reserva
Estratégica Mineras (antes denominadas Áreas Estratégicas Mineras).”
(fls. 72 – 73 archivo 01 demandaanexos.pdf, índice 2 SAMAI – mayúsculas
fijas originales).

2. Hechos

Como sustento fáctico de las pretensiones de la demanda se narró, en síntesis, el
siguiente:

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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00857-01 (69.739)
Demandantes: Minera de Cobre Quebradona SAS BIC
Nulidad y restablecimiento del derecho

1) El 24 de abril de 2017, la sociedad Minera de Cobre Quebradona SAS BIC
presentó ante el Departamento de Antioquia – Secretaría de Minas una propuesta
de contrato de concesión minera sobre un área de 2.094,23 hectáreas en los
municipios de Jericó y Támesis (Antioquia) para la explotación de oro, metales
preciosos y sus concentrados, a la cual se le asignó el número de placa SDO-
08122.

2) El 26 de mayo de 2017, a través de la evaluación técnica número 1248993, el
departamento determinó que el área libre para contratar correspondía a 373,78
hectáreas, además, reconoció que si bien existía una superposición de las áreas
solicitadas con áreas estratégicas mineras –en adelante AEM-, la delimitación de
estas últimas estaba contenida en unos actos administrativos (Resolución número
18-0241 de 24 de febrero de 2012 y Resolución número 429 de 2013, expedidas
por el Ministerio de Minas y Energía) que fueron dejados sin efectos por la Corte
Constitucional mediante la sentencia T-766 de 2012, por lo cual consideró viable la
concesión.

3) Sin embargo, el 26 de febrero de 2020, el Departamento de Antioquia expidió la
Resolución número 2020060005417 por medio de la cual rechazó la propuesta de
concesión minera correspondiente a la placa SDO-08122 y ordenó archivarla,
determinación que se sustentó en que las áreas solicitadas se superponen
totalmente con el AEM determinada en la Resolución número 095 de 2016 bloque
256.

4) El recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión anterior por parte
del solicitante fue decidido mediante la Resolución número 202206001996 de 2022,
por la cual se confirmó la decisión adversa a la solicitud de la sociedad Minera de
Cobre Quebradona SAS BID, por considerar la administración que el peticionario
debía sujetarse a los cambios normativos que establezcan nuevos requisitos para
la evaluación de las solicitudes de concesión y que las Resoluciones números 504
y 5050 de 2019 alteraron las situaciones jurídicas no consolidadas, en cuanto
ordenaron migrar las peticiones de concesión al Sistema Integrado de Gestión
Mineral, luego de lo cual se verificó que todas las áreas solicitadas quedaron
sobrepuestas con áreas estratégicas mineras.

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Demandantes: Minera de Cobre Quebradona SAS BIC
Nulidad y restablecimiento del derecho

3. Cargos

La sociedad demandante considera que los actos demandados están incursos en
las siguientes causales de nulidad:

3.1 Falsa motivación

La demanda se sustentó en que el rechazo de la propuesta de concesión minera
fue falsamente motivado, por lo siguiente:

1) La delimitación de las AEM contenida en las resoluciones números 18-0241 de
24 de febrero de 2012 y 429 de 2013 fue dejada sin valor y efectos por la Corte
Constitucional mediante la sentencia T-766 de 2015, por haber sido realizada con
violación de la garantía de consulta previa con las comunidades afrodescendientes
y, por ende, que no puede existir superposición con dichas zonas.

2) Es cierto que en la Resolución 18-0241 se determinaron y delimitaron las áreas
estratégicas mineras, sin embargo, esta no existía cuando se profirieron los actos
administrativos demandados por haber sido dejada sin efectos por la Corte
Constitucional, en todo caso, la vigencia de ese acto -según se precisó
expresamente desde su expedición- solo era de cinco (5) años vencidos los cuales
las áreas quedarían libreas, término que había precluido para el momento en que
fueron expedidas las decisiones demandadas.

3) Las Resoluciones 504 y 505 de 2019, invocadas por el Departamento de
Antioquia como sustento de las decisiones demandadas, no delimitaron las AEM y
su legalidad no está en cuestión porque se limitaron a disponer la aplicación de un
sistema de cuadrícula para la aplicación del Sistema Integrado de Gestión Mineral.

4) El Departamento de Antioquia tenía vedado reproducir el contenido de los actos
anulados por la jurisdicción, nunca hubo una nueva delimitación de las AEM, la
Resolución 095 de 2016 y el bloque 256 no corresponden a la zona solicitada.

5) El Departamento de Antioquia, en forma irregular, pretende modular los efectos
de la sentencia T-766 de 2012, aspecto que está reservado al juez; la

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Demandantes: Minera de Cobre Quebradona SAS BIC
Nulidad y restablecimiento del derecho

administración desconoció la parte resolutiva del mencionado fallo so pretexto de
la posibilidad de “apartarse del precedente”, si el ente territorial consideraba que la
referida sentencia era oscura debió pedir su aclaración, pero, no era viable
imponerle al solicitante una interpretación contraria a lo dispuesto en la parte
resolutiva de la sentencia de tutela con efectos erga omnes.

3.2 Violación de debido proceso

La demandante considera violada esta garantía porque, una vez determinada la
disponibilidad del área y verificado que no hubo objeción, la autoridad debió
comunicarla a los representantes de los grupos étnicos del área y suscribir el
contrato lo cual no ocurrió.

4. Contestación de la demanda

En la oportunidad legal, el Departamento de Antioquia (archivo
31contestaciondemanda.pdf) se opuso a las pretensiones con apoyo en los
argumentos que se sintetizan a continuación:

1) La decisión contenida en la sentencia T-766 de 2015 no tuvo por efecto la
liberación automática de las áreas delimitadas en los actos administrativos materia
de pronunciamiento ni las dejó libres para ser otorgadas a terceros, por el contrario,
la Corte Constitucional determinó que debía surtirse el procedimiento de consulta
previa con las comunidades de las áreas correspondientes y mientras ello no ocurra
tales áreas no son adjudicables.

2) La mención de la Resolución 095 bloque 256 es un error de las decisiones
demandadas, pues, la superposición se presenta en relación con las AEM
determinadas en la Resolución 18-0241 de 2012 en el municipio de Jericó
(Antioquia) bloque 188 de las AEM, no obstante, ese yerro puramente formal no
constituye un vicio de validez de los actos demandados.

3) La sociedad demandante no tiene derechos adquiridos sobre las áreas
solicitadas y su propuesta de concesión debía sujetarse a los cambios normativos
aplicables derivados de la expedición de la Resolución número 504 de 2018 con la

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cual se adoptó el sistema de cuadrícula para la ANM, según la cual “las solicitudes
y propuestas presentadas con anterioridad y los contratos de concesión generados
a partir de la puesta en operación del Sistema Integrado de Gestión Minera estarán
conformados especialmente por celdas completas y colindantes por un lado de la
cuadrícula minera” (fl. 6 contestación de la demanda).

4) De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019, todas las peticiones y
propuestas debían evaluarse con el sistema de cuadrícula minera implementado
por la ANM, por lo cual, por Resolución 505 de 2018 se dispuso iniciar el período
de transición y migración de la información.

5) Las Resoluciones números 18-0241 de 2012 y 429 de 2013 determinaron el inicio
de la fase de planeación de los procesos de selección objetiva mediante los cuales
se adjudicarían las concesiones mineras en las áreas delimitadas; una vez proferida
la sentencia T-766 de 2015, la Corte Constitucional cesó la planeación de dichos
contratos, con lo cual se cumplió la sentencia; no obstante, se mantuvo la
delimitación con el fin de salvaguardar el derecho a la consulta previa de las
comunidades que habitaban dentro de los polígonos delimitados, para en
consecuencia, impedir la radicación de propuestas de concesión por parte de
terceros sin el adelantamiento de las consultas.

6) La jurisprudencia de la Corte Constitucional permite a las autoridades apartarse
del precedente administrativo por lo cual la administración podía razonar y justificar
su interpretación de cara a casos análogos; la correcta interpretación de la
sentencia T-766 de 2015 debe ser que esta no ordenó levantar los polígonos
delimitados en las resoluciones que dispuso dejar sin efectos.

5. La sentencia apelada

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de
Oralidad concedió las pretensiones de la demanda (archivo
4_050012333000202200857011EXPEDIENTEDIGI20230413091807 índice 2
SAMAI) con apoyo en los argumentos que se resumen a continuación:

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1) El concepto técnico identificado con el número 1278758 no tiene relación con la
propuesta de contrato de concesión minera promovida por la sociedad accionante,
pues, corresponde a otra solicitud, diferente, promovida por el señor Diego Hernán
Giraldo López para la explotación de arenas y gravas en el municipio de Tarazá
(Antioquia), siendo esta la que fue migrada al sistema, por tanto, no podía aducirse
válidamente para rechazar la propuesta identificada con la placa número SDO-
08122; es inadmisible que la propuesta sobre la cual se rindió evaluación favorable
haya sido rechazada con base en un concepto técnico correspondiente a una
propuesta distinta.

2) Aunque el Departamento de Antioquia no es el administrador de la plataforma
ANNA que forma parte del Sistema Integrado de Gestión Minera, por ser
delegatario de las funciones de trámite y celebración de contratos de concesión,
era el competente para determinar si se rechazaba la propuesta, lo cual solo
procedía por las causales previstas en el artículo 274 del Código de Minas.

3) Con ocasión de lo decidido en su momento por la Corte Constitucional en la
sentencia T-766 de 2015 desapareció del ordenamiento jurídico la Resolución
número 18-0241 de 2012 y, con ella, las AEM que fueron creadas y delimitadas en
el referido acto administrativo, lo cual implica que las zonas sobre las cuales recaía
ese alinderamiento quedaron libres, contrario lo que estimó la entidad territorial
demandada.

4) El problema jurídico que resolvió la Corte en la referida sentencia no tuvo que
ver con la selección objetiva de los concesionarios mineros ni con la delimitación
de las AEM sino que se circunscribió a establecer si se violó el derecho a la consulta
previa de las comunidades afrodescendientes actoras en el respectivo proceso de
acción de tutela por el hecho de por declarar AEM sus territorios sin permitirles
participar a través de la referida garantía que el ordenamiento jurídico les confiere;
por ende, como la Corte respondió afirmativamente a ese problema jurídico y dejó
sin efecto la determinación de las AEM no es viable afirmar que las áreas sobre las
que recayó en su momento la delimitación anulada están sustraídas de la
posibilidad de ser concesionadas, vicio que tiene la entidad suficiente para
determinar la anulación de los actos administrativos demandados.

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Nulidad y restablecimiento del derecho

6) A título de restablecimiento del derecho debe continuarse el trámite de la solicitud
de concesión número SDO-08122 incoada por Minera de Cobre Quebradona SAS
BIC con la prelación prevista en el artículo 16 del Código de Minas, toda vez que la
propuesta cumplía los requerimientos técnicos exigidos, y sin argumentar la
superposición ya desvirtuada en el presente trámite; orden que precisó en los
siguientes términos:

“Revisado el contenido de la constancia de radicación de la propuesta
N° SDO-08122, se observa que la misma, bajo el formato dispuesto por
la autoridad minera, contiene: i) el nombre, identidad y domicilio de la
solicitante, ii) la identificación de la autoridad ambiental iii) así como del
área objeto del contrato y su extensión, iv) los minerales objeto del
contrato, v) la mención de no existir grupos étnicos con asentamiento
permanente en el área, vi) así como de no estar ésta en lugares o zonas
restringidas, y vii) se aceptaron los términos de referencia y guías
mineras aplicables y se indicó el estimativo de la inversión económica.

Además, en la evaluación técnica N° 1248993 del 26 de mayo de 2017,
la Secretaría de Minas del departamento de Antioquia, determinó que el
plano presentado por el proponente cumple con lo establecido en el
Decreto 3290 de 2003 y en la Resolución N° 40600 del 27 de mayo de
2015, y que “la propuesta de contrato de concesión minera cumple con
los requisitos técnicos para el otorgamiento del contrato y a continuación
se describen las condiciones de contratación” (fl. 202, doc. 01).

En ese orden de ideas, la propuesta del contrato de concesión minera
con placa N° SDO-08122, cumplió con los requisitos legales vigentes al
momento de su presentación y evaluación técnica, por lo que, tal como
lo consideró el Consejo de Estado en la providencia antes traída a
colación, dicha propuesta produce efectos jurídicos bajo un derecho de
prelación o preferencia frente terceros y otras propuestas posteriores,
así como frente al departamento de Antioquia, quien, en concurrencia
de proponentes, no tiene un poder discrecional para escoger, sino una
facultad reglada definida por el cumplimiento de los requisitos legales
por la primera propuesta recibida, bajo el principio prior in tempore potior
iure (primero en el tiempo, mejor en el derecho).

Por último, es claro que, la entidad demandada, no podrá abstenerse
de continuar con el trámite legal correspondiente aduciendo la
superposición del área solicitada en la propuesta con las Áreas
Estratégicas Mineras delimitadas y declaradas en el municipio de Jericó
por medio de la Resolución N° 180241 de 2012.” (fls. 31-32 sentencia
de primera instancia, índice 2 SAMAI).

7. El recurso de apelación

El Departamento de Antioquia apeló la sentencia de primera instancia con el fin de
que sea revocada (archivo apelación sentencia índice 2 SAMAI), para lo cual
expuso los siguientes motivos de inconformidad:

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Nulidad y restablecimiento del derecho

1) Si bien el artículo 16 del Código de Minas establece un derecho de prelación o
preferencia, este se aplica con la condición de que se reúnan todos los requisitos
exigidos en el ordenamiento jurídico para obtener el otorgamiento de la concesión.

2) En el marco del cumplimiento de la referida sentencia T-766 de 2015 proferida
por la Corte Constitucional, la ANM definió y reservó 238 áreas con potencial
minero, una de las cuales está superpuesta con la solicitud SDO-08122 lo cual
impide acceder a la petición de la demandante.

3) Las propuestas de concesión minera conllevan una mera expectativa y no
confieren derechos sobre los recursos naturales, al tiempo que las propuestas en
trámite deben ajustarse a los cambios normativos que las afecten.

4) Mediante auto de 11 de mayo de 2015, el Consejo de Estado suspendió
provisionalmente las Resoluciones números 18-0241 de 2012, 045 de 2012 y 429
de 2013 de la ANM, medida que se mantuvo vigente hasta la terminación anormal
del proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho correspondiente, lo
que ocurrió el 24 de mayo de 2021, por lo cual, durante ese lapso no se
contabilizaron los cinco (5) años de vigencia de las AEM, esto es, el término para
que las áreas quedaran libres no corrió durante dicho lapso.

5) La orden emitida por la Corte Constitucional en la sentencia T-766 de 2015 tuvo
por finalidad disponer que se realice la consulta previa con las comunidades, mas
no permitir que las áreas estratégicas reservadas sean liberadas.

6) Si bien el departamento incurrió en error por indicar que la superposición de la
placa SDO-08122 se configuraba sobre el bloque 256 de la Resolución 095, dicho
yerro es meramente formal y no desdice de la real existencia de la superposición
con las AEM.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Surtido el trámite procesal, sin que se advierta nulidad que lo invalide, corresponde
resolver de fondo1, para lo cual se seguirá el siguiente derrotero: (i) objeto de la
controversia y anuncio de la decisión, (ii) nulidad de los actos administrativos
demandados, (iii) efectos de la nulidad y, (iv) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) La demanda está dirigida a obtener la nulidad los actos administrativos por medio
de los cuales el Departamento de Antioquia rechazó un solicitud de concesión
minera y ordenó archivar el trámite por superposición de las áreas solicitadas con
áreas mineras estratégicas; la pretendida invalidez de dichos actos se fundamenta
en la inexistencia de la mencionada superposición, por razón de que los actos de
carácter general que crearon y delimitaron las AEM fueron dejados sin valor y efecto
por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-766 de 2015.

2) El tribunal de primera instancia concedió las súplicas de la demanda por estimar
que las decisiones demandadas fueron falsamente motivadas, debido a que como
efecto de la mencionada sentencia judicial no existen las AEM desde el año 2015
y, por ende, tampoco la superposición de estas con las áreas solicitadas en
concesión por la sociedad demandante.

3) El ente territorial apelante insiste en que por virtud de la sentencia T-766 de 2015
no desapareció la delimitación de las AEM dispuesta mediante las mencionadas
Resoluciones 18-0241 de 2012, 045 de 2012 y 429 de 2013 de la ANM y que
tampoco puede considerarse que las áreas correspondientes quedaron libres para
ser concedidas a particulares, debido a que la decisión de la Corte tuvo por objeto

1 En forma previa se verifica que la demanda fue promovida en tiempo toda vez que la Resolución

número 2022060001996 el 28 de enero de 2022, por la cual se resolvió el recurso de reposición
formulado en contra de la decisión de rechazo de solicitud de concesión minera que se demanda,
fue notificada personalmente a la sociedad demandante mediante el envió de un correo electrónico
enviado el 4 de febrero de 2022(fl. 205 archivo 01demandayanexos.pdf índice 2 SAMAI); a partir del
día siguiente inició a contabilizarse el término de cuatro (4) meses para demandar el cual expiraba,
en principio, el 5 de junio de 2022; sin embargo, el 3 de junio de 2022 se promovió el trámite
conciliatorio prejudicial y la constancia de imposibilidad de acuerdo se expidió el 21 de julio de 2022
(fls. 454 y ss archivo 01demnadayanexos.pdf índice 2 SAMAI), por lo cual durante ese lapso estuvo
suspendida la caducidad y la demanda se radicó en esta última fecha (índice 1 SAMAI Tribunal).

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proteger los territorios ocupados por comunidades afrodescendientes a quienes se
les desconoció el derecho fundamental a la consulta previa; estima que el efecto
de la decisión de tutela no puede ser permitir la libre concesión de las áreas en las
que estas se encuentran asentadas; además, en cumplimiento de la sentencia de
dicha corte la ANM reservó 238 áreas sobre las cuales no puede concederse la
explotación de recursos naturales, una de las cuales coincide con las áreas
solicitadas por la sociedad actora.

Según el Departamento de Antioquia, la propuesta de concesión genera una mera
expectativa y no un derecho adquirido, que los cinco (5) años para la
implementación de las AEM no vencieron porque la resolución que la impuso fue
suspendida provisionalmente por decisión del Consejo de Estado, que los errores
formales en la identificación de las áreas no vician las decisiones demandadas y
que los demandantes no son beneficiarios del derecho de prelación reconocido en
el fallo en aplicación del artículo 16 del Código de Minas, por cuanto su solicitud no
cumplía con las condiciones y requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico para
ser aceptada.

4) La Sala confirmará la decisión de primera instancia, porque el cargo de falsa
motivación está debidamente demostrado debido a que no existían áreas
estratégicas mineras en la época en la cual fueron expedidos los actos
demandados, el ente territorial demandado no podía modular ni fijar efectos
distintos a la sentencia de la Corte Constitucional diferentes a aquellos
determinados por el juez y por la ley; además, la apelación se sustenta en un
entendimiento equivocado del derecho de preferencia previsto en el artículo 16 del
Código de Minas.

2. Nulidad de los actos administrativos demandados

La Sala confirma la declaración de nulidad de los actos demandados por estar
probado, como lo decidió el a quo, que están falsamente motivados, por lo
siguiente:

1) Mediante la Resolución número 2020060005417 del 26 de febrero de 2020 (fls.
120 – 127 archivo 01demandayanexos.pdf índice 2 SAMAI), el secretario de minas

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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00857-01 (69.739)
Demandantes: Minera de Cobre Quebradona SAS BIC
Nulidad y restablecimiento del derecho

del departamento de Antioquia rechazó la propuesta de concesión minera con placa
número SDO-08122 presentada por la sociedad Minera Quebradona Colombia SA
el 24 de abril de 2017, con apoyo en el artículo 274 del Código de Minas según el
cual procedía tal determinación por superposición de las áreas solicitadas con
áreas de exclusión de la minería, toda vez que el polígono solicitado se encuentra
dentro de un área estratégica minera (“Resol_095 BLOQUE 256) según el concepto
de transformación y migración del área al sistema de cuadrícula minera No.
1278758 y, por tanto, que “no queda área susceptible de otorgar” (fl. 125 archivo
01demandayanexos.pdf, índice 2 SAMAI). La administración precisó que, aunque
en el momento de la solicitud inicial había algunas áreas disponibles, mediante las
Resoluciones números 504 y 505 de 2018 de la ANM se adoptó e implementó el
sistema de cuadrícula minera con el que, una vez migrada la información de la
solicitud, la sobreposición resultó total sobre las AEM.

2) Por Resolución número 2022060001996 del 28 de enero de 2022 (fls. 144 – 161
archivo 01demandayanexos.pdf´indice 2 SAMAI), el secretario de minas del
departamento de Antioquia confirmó la referida decisión de rechazo de la propuesta
y desestimó el recurso de reposición promovido por la sociedad peticionaria, por
estimar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional avala la posibilidad de
apartarse del “precedente administrativo” siempre que ello se justifique en forma
razonada y suficiente, luego de lo cual señaló que la sentencia T-766 de 2015 no
tiene como consecuencia la liberación de las áreas previamente definidas como
AEM, con el siguiente razonamiento:

“En tal virtud, surge la siguiente duda ¿Cuáles efectos jurídicos
producían las Resoluciones 180241 de 2012, 0045 de 2012 y 429 de
2013? Con la anterior respuesta se puede determinar qué fue lo que
dejó sin efectos el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia
T-766 de 2015.

Pues bien, las mencionadas Resoluciones producían, a grandes rasgos,
los siguientes efectos jurídicos:

i) El inicio de la etapa de planeación de los procesos de selección
objetiva mediante los cuales se adjudicarían los contratos de concesión
minera dentro de los polígonos delimitados como áreas estratégicas
mineras.

ii) La delimitación los polígonos (sic) de las áreas estratégicas mineras
con el objeto de ser, posteriormente, adjudicados en virtud de procesos
de selección objetiva.

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Ahora, la delimitación de las áreas en el Catastro Minero Colombiano,
hoy ANNA MINERÍA, contiene un ingrediente subjetivo de vital
importancia, a tal punto que es un elemento de la esencia de la
delimitación, a saber: el objetivo de la delimitación. En efecto, una
delimitación efectuada en el catastro sin un objetivo sería casi como
trazar un polígono en el mapa de Colombia con efectos netamente
estéticos, lo cual torna estos objetivos en un elemento de la esencia de
la delimitación.

Bajo esta perspectiva, la delimitación efectuada en aquella oportunidad
tenía como objetivo LA EVENTUAL ADJUDICACIÓN DICHAS (sic)
ZONAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA, POR LO
QUE NO PODÍAN SER OBJETO DE PROPUESTAS DE CONTRATOS
DE CONCESIÓN POR TERCEROS. Este elemento de la esencia se
incorporó dentro de la delimitación.

Es menester indicar que la Autoridad Minera dio estricto cumplimiento
al fallo de tutela en la medida en que la autoridad cesó los efectos que
producían las Resoluciones 180241 de 2012, 0045 de 2012 y 429 de
2013.

De hecho, la Agencia cesó la etapa de planeación de los proceso de
selección que tenían por objeto la adjudicación de contratos de
concesión minera en estas zonas, así como la delimitación de estos
polígonos dejó de tener por objeto la adjudicación de dichas zonas en
el marco de estos procesos de selección, situación con la cual se
dejaron de producir los efectos de las mencionadas resoluciones.

(…).

Haciendo hincapié en el segundo efecto, es menester indicar que el
objeto de la delimitación efectuada por las Resoluciones 180241 de
2012, 0045 de 2012 y 420 de 2013 mutó en la medida en que, antes de
la sentencia de la Corte Constitución, tenía por objeto, exclusivamente,
el posterior adelantamiento de procesos de selección objetiva que
tuvieran como propósito la posterior adjudicación de contratos de
concesión en dichas zonas, mientras que con el mantenimiento de la
delimitación luego de proferida la sentencia, se pretendió salvaguardar
el derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas que
habitaban dentro de los polígonos delimitados por las Resoluciones, con
lo cual se evitaría la radicación de propuestas de contrato de concesión
por parte de terceros sin la respectiva tramitación de la consulta previa.

(…).

De hecho, levantar la limitación y, con ello, permitir la radicación de
contratos de concesión minera en estas zonas sería como permitir, en
palabras de la Corte, que no sea el Estado sino los particulares los que
le impongan a estas comunidades un modelo de desarrollo basado en
la economía extractiva, yendo en contravía de la teleología de la
providencia judicial.

(…).

En ese orden de ideas, la orden de la Corte Constitucional en la citada
sentencia T-766 de 2015, no es la de permitir que sean liberadas las
áreas contenidas en las resoluciones objeto del pronunciamiento, para

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ser otorgadas en contrato de concesión minera de que trata la Ley 685
de 2001, sino advertir a las autoridades concernidas para que surtan el
proceso de consulta previa y obtengan el consentimiento libre, previo e
informado de las comunidades étnicas ubicadas en esas zonas, con
miras a desarrollar procesos de selección objetiva para la exploración y
explotación de los minerales estratégicos (…)” (fls. 156 – 157 archivo
01demandaaexos.pdf índice 2 SAMAI – mayúsculas sostenidas del
original).

3) Lo anterior explicita que las decisiones demandadas se erigieron sobre la base
de considerar que la sentencia T-766 de 2015 no tuvo por efecto la liberación de
las áreas determinadas como estratégicas para la minería en las resoluciones
administrativas que en dicha sentencia fueron dejadas sin efectos y, por ende, que
el área solicitada por la demandante no estaba libre, única razón esgrimida como
sustento del rechazo de la propuesta.

4) Está demostrado que las inconsistencias en el número de evaluación y en la
identificación de las áreas fueron yerros puramente formales, por lo siguiente:

a) La evaluación técnica rendida por la Dirección de Titulación Minera de la
Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia está identificada con el número
interno 1248993, data del 26 de mayo de 2017 y se refiere, expresa y
exclusivamente, a la solicitud de concesión de la sociedad demandante con placa
número SDO-08122 y precisa que, aunque las áreas solicitadas se superponen con
el AEM, estas fueron dejadas sin efectos por la Corte Constitucional en sentencia
T-766 de 2015, por lo cual fue favorable para un área de 373,7845 hectáreas,
aspecto sobre el cual la referida dependencia territorial motivó lo siguiente:

“El área resultante se superpone en un 97,922% con el Área
Estratégica Minera Bloque 188, el cual se encuentra VIGENTE DESDE
EL 24/FEB/201 – RESOLUCIÓN NME NÚMERO 18 0241 DE 24 DE
FEBRERO DE 2012 – INCOPORADO 28/02/2012 – DIARIO OFICIAL No.
48.353 DE 24 DE FEBRERO DE 2012 – De conformidad con el artículo
tercero de la sentencia T-766 del 16 de diciembre de 2015, se procede a
‘DEJAR SIN VALOR Y EFECTO las Resoluciones NO. 18024, 0045 de
2012 y la Resolución No. 429 de 2013, proferidas por el Ministerio de
Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, por medio de las
cuales se delimitaron y declararon áreas estratégicas mineras en los
departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó,
Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío,
Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, Guaviare,
Vaupés y Vichada, hasta tanto la autoridad minera no agote el
procedimiento de la consulta previa (…) (fls. 201 – 202 archivo

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01demandaanexos.pdf índice 2 SAMAI). (mayúsculas fijas del original -
negrillas de la Sala).

b) En la referida prueba se evidencia que el rechazo de la propuesta de contrato
de concesión minera SDO-08122 obedeció al hecho de pertenecer las áreas
solicitadas a una de las AEM delimitadas en la Resolución número 18-0241 de
2012; en el mismo sentido, en la contestación de la demanda y en el recurso de
apelación el ente territorial demandado reconoció que la mención del bloque 256
de la Resolución 95 en el acto administrativo de rechazo de la propuesta
correspondió a un yerro por cambio de palabras y que la decisión demandada
estuvo determinada, tal como se verifica en la motivación antes transcrita, por la
superposición con las AEM.

c) Por ende, como en su momento lo verificó el tribunal de primera instancia, el
cambio de palabras contenido en los actos demandados no causa la anulación de
las decisiones demandadas; lo especial y relevante para el caso es que la razón
fundamental que llevó al ente territorial a rechazar la propuesta fue la
superposición del área solicitada con las AEM; por consiguiente, para la decisión
del caso corresponde determinar si las zonas declaradas como AEM subsistieron
con ocasión de la sentencia de la Corte Constitucional.

5) Las AEM tienen como antecedente inmediato el Plan Nacional de Desarrollo
2010 – 2014 contenido en la Ley 1450 de 2011, en cuyo artículo 8 se determinó
que la autoridad minera delimitaría áreas especiales libres en las cuales se
encontraran minerales de interés estratégico para el país, con el fin de excluirlas de
la posibilidad ser concesionadas con las normas del Código de Minas y otorgarlas
a través de procedimientos de selección objetivos reglados.

6) En ejecución del referido mandato legal, el Ministerio de Minas y Energía y la
Agencia Nacional de Minería expidieron, respectivamente, las Resoluciones
números 18-0241 y 0045 de 2012 en virtud de las cuales se dispuso “delimitar y
declarar como áreas estratégicas mineas” en un total de 2.900.947 hectáreas en el
territorio nacional, con el siguiente objetivo:

“Artículo 2°. La Autoridad Minera adelantará dentro de un plazo no
superior a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de publicación
de la presente resolución, los procesos de selección objetiva de que

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trata el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 para los minerales
determinados como estratégicos en la Resolución número 18 0102 del
30 de enero de 2012, para lo cual establecerá en cada caso los términos
de referencia y requisitos para escoger al proponente que ofrezca las
mejores condiciones y beneficios para el Estado, así como las
contraprestaciones mínimas adicionales a las regalías que los
interesados en los procesos de selección objetiva deberán ofrecer,
cumpliendo para el efecto, los principios de transparencia, economía y
selección objetiva.

Parágrafo 1°. La Autoridad Minera identificará entre las áreas
estratégicas mineras delimitadas por la presente resolución, aquellas
zonas en las que sea viable desarrollar proyectos para minerales
estratégicos a pequeña y mediana escala de operación, teniendo en
cuenta la obtención de los mejores beneficios para el Estado.

Parágrafo 2°. Sobre las áreas estratégicas mineras delimitadas y
declaradas de que trata esta Resolución y de conformidad con el
artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, la Autoridad Minera concedente
no suscribirá contratos de concesión bajo el régimen ordinario de
concesión del Código de Minas, ni recibirá nuevas propuestas para
celebrar contratos de concesión bajo dicho régimen.

Parágrafo 3°. Vencidos los cinco (5) años de que trata este artículo sin
que se hubieren adjudicado parte o la totalidad de las áreas o no se
encuentren en proceso de adjudicación, estas quedarán libres para ser
contratadas mediante el sistema general de concesión de que trata el
Código de Minas.” (se destaca).

7) Así las cosas, la reglamentación en comento sustrajo determinadas áreas del
territorio nacional de la posibilidad de otorgar concesiones mineras en los términos
de la Ley 685 de 2001 y las reservó, por un término máximo de cinco (5) años, para
adelantar procedimientos de selección objetiva de contratistas para explotar los
recursos naturales de interés estratégico, vencidos los cuales las zonas afectadas
quedaban automáticamente liberadas.

8) El 5 de septiembre de 2014, la Resolución número 18-0241 de 2012 fue
demandada a través del medio de control de simple nulidad ante el Consejo de
Estado, asunto que se identificó con el número de radicación 11001-03-26-000-
2014-00143-00(52149) y en cuyo trámite, por auto de 11 de mayo de 2015, la
magistrada sustanciadora del proceso suspendió provisionalmente dicho acto
administrativo por haber sido expedido con violación del derecho fundamental de
consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes, con el
siguiente razonamiento:

“Es apenas evidente que dentro los departamentos en donde
delimitaron áreas estratégicas mineras, se encuentran territorios que

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han sido habitados ancestralmente por colectivos de comunidades
indígenas y negras, como en los departamentos de Nariño, Putumayo,
Chocó, la Amazonía, La Guajira, Valle, Cauca, Antioquia, entre otros,
así nuestro territorio, pese a la violencia y vulneración de minorías
étnicas, aún conserva un gran número de población indígena y
afrocolombiana, que debe ser protegida de manera preferente, pues
hace parte de nuestro patrimonio cultural e histórico, y de nuestra
identidad, por lo que es imperiosa su participación en la planeación de
medidas como las tomadas por las autoridades mineras.”.

9) Sin embargo, desde una época anterior al inicio del mencionado proceso
ordinario contencioso objetivo de anulación (10 de septiembre de 2013), algunos
consejos comunitarios de territorios afectados con la decisión promovieron una
acción de tutela en contra de los Ministerios de Ambiente, Interior, Minas y Energía
y la ANM con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales
de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas accionantes a la
consulta previa, al territorio y a la diversidad étnica y cultural, presuntamente
vulnerados por los demandados por el hecho de expedir, sin consultarles
previamente, las Resoluciones N.°1802412, 0045 de 20123 y 429 de 20134 que
delimitaron áreas estratégicas mineras sobre sus territorios.

10) En la citada sentencia T-766 de 2015 la Corte Constitucional revocó la
sentencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta que, en segunda instancia,
había negado el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes e instó
a las autoridades involucradas a realizar la consulta con las comunidades; la
Corte, con efectos inter comunis, protegió el derecho fundamental a la consulta
previa no solo de las comunidades accionantes sino de todas aquellas localizadas
en los territorios declarados como AEM, en los siguientes términos:

“En conclusión, considera esta Sala que el Ministerio de Minas y
Energía y la Agencia Nacional de Minería vulneraron los derechos
fundamentales a la consulta previa, al territorio, a la diversidad
étnica y a la participación ciudadana de las comunidades
demandantes, al expedir las Resoluciones N.°180241 y 0045 de
2012, por medio de las cuales declararon y delimitaron áreas

2 Expedida por el Ministerio de Minas y Energía, por la cual “se declaran y delimitan unas Áreas

Estratégicas Mineras y se adoptan otras determinaciones”.

3Emitida por la Agencia Nacional de Minería “por la cual se declaran y delimitan unas Áreas
Estratégicas Mineras y se adoptan otras determinaciones”.

4 Proferida por la Agencia Nacional de Minería “por la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de

la Resolución 303 del 28 de septiembre de 2012, se delimita un área estratégica minera y se dictan
otras disposiciones”.

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estratégicas mineras sobre sus territorios colectivos, en vista de
que dichas entidades, aun cuando las decisiones adoptadas en los
mencionados actos administrativos afectaban directamente a los
accionantes, no cumplieron con el deber de consultarlas
previamente.

(…).

Cabe aclarar que la protección que aquí se concede no puede irradiar
solamente a las comunidades que instauraron la acción de tutela de la
referencia, sino sobre todo el universo de comunidades indígenas y
afrodescendientes que resultaron afectadas con la declaratoria y
delimitación de sus territorios como áreas estratégicas mineras. En esa
medida, el amparo que aquí se otorga será concedido con
efectos inter comunis, para proteger, en condiciones de igualdad, los
derechos de todas las comunidades afrocolombianas e indígenas que
no fueron consultadas previamente sobre las medidas administrativas
adoptadas en las Resoluciones N.°180241, 0045 de 2012 y la
Resolución N.°429 de 2013.

En consecuencia, esta Corporación dejara sin valor y efectos
las Resoluciones N. °180241, 0045 de 2012 y la Resolución N. °429
de 2013, proferidas por el Ministerio de Minas y Energía y la
Agencia Nacional de Minería, por medio de las cuales se
delimitaron y declararon áreas estratégicas mineras en los
departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar,
Chocó, Huila, La Guájira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo,
Quindío, Risaralda, Tolima, Vallé del Cauca, Amazonas, Guainía,
Guaviare, Vaupés y Vichada, en cuanto no agotaron el trámite de la
consulta previa de las comunidades concernidas.

Así mismo, advertirá al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas
y Energía y a la Agencia Nacional de Minería que deberán agotar el
procedimiento de consulta previa y de obtención del
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades
indígenas y afrodescendientes que habiten los territorios que se
pretendan declarar y delimitar como áreas estratégicas mineras, de
conformidad con las consideraciones expuestas por la Corte
Constitucional sobre la satisfacción de esa garantía iusfundamental.”
(resalta la Sala).

11) En lo pertinente, en la parte resolutiva de la sentencia T-766 de 2015 se
dispuso lo siguiente:

“TERCERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO las Resoluciones N.
°180241, 0045 de 2012 y la Resolución N. °429 de 2013, proferidas por
el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, por
medio de las cuales se delimitaron y declararon áreas estratégicas
mineras en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca,
Cesar, Chocó, Huila, La Guájira, Nariño, Norte de Santander,
Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Vallé del Cauca, Amazonas,
Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.

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CUARTO: ADVERTIR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y
Energía y a la Agencia Nacional de Minería que deberán agotar el
procedimiento de consulta previa y de obtención del consentimiento
libre, previo e informado de las comunidades indígenas y
afrodescendientes que habiten los territorios que se pretenden declarar
y delimitar como áreas estratégicas mineras, de conformidad con las
consideraciones expuestas por la Corte Constitucional sobre la
satisfacción de esa garantía iusfundamental.” (mayúsculas sostenidas y
negrillas añadidas).

12) Como se aprecia a simple vista, la decisión de la Corte Constitucional en cita
eliminó del ordenamiento jurídico los actos administrativos por medio de los cuales
fueron creadas y delimitadas las AEM, decisión con la cual, según se aprecia en
forma palmaria, estas dejaron de estar definidas y delimitadas, por lo tanto, a partir
de la mencionada decisión judicial las áreas declaradas como tales en los
reglamentos anulados dejaron de estar sujetas a dicha categoría jurídica y, por
consiguiente, quedaron libres de cualquier afectación.

13) Para la Sala, la literalidad de la sentencia no permite una interpretación distinta
a la desaparición de la delimitación de las AEM y, particularmente, descarta el
entendimiento que sobre esta realizó la entidad territorial demandada; las
disposiciones contenidas en el acápite resolutivo del fallo dejan sin valor y efecto
los actos administrativos generales por medio de los cuales estas fueron
establecidas y delimitadas, frente a lo cual no se aprecian puntos oscuros o que
ofrezcan duda en relación con el sentido de la decisión; además, la Corte
Constitucional precisó, en forma clara e inequívoca, que si se pretenden volver a
declarar y delimitar las AEM es obligatorio surtir en forma previa la consulta con las
comunidades indígenas y afrodescendientes que habiten los territorios afectados,
mandato que indica de manera fehaciente y sin hesitación, que para reglamentar
nuevamente estas áreas deberá surtirse la consulta previa con las comunidades en
forma obligatoria.

14) Además, por auto de 31 de enero de 2020, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que hasta ese momento conocía el medio de
control de nulidad simple instaurado en contra de las Resoluciones 180241 y 0045
de 2012, declaró terminado el proceso con la siguiente argumentación:

“En sentencia T-766 de 2015, la Corte Constitucional tuteló con efectos
‘inter comunis’ los derechos a la consulta previa, territorio, diversidad étnica

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y participación ciudadana de todas las comunidades indígenas y
afrodescendientes afectadas y dejó sin valor y efecto las Resoluciones no.
180241, no. 0045 y no. 429. (…), es decir que por decisión de la Corte
Constitucional se extendió a todos los afectados, al juez natural de los
actos acusados y se le impuso terminar anormalmente este proceso (sic).

RESUELVE

DECLÁRASE la terminación del proceso.” (mayúsculas fijas y negrillas del
original).

15) En ese contexto, no resulta viable, acertado, coherente ni válido concluir que
las AEM delimitadas con la regulación antes referida conserven algún efecto;
desaparecidas las normas reglamentarias que las regularon solo quedó vigente el
artículo 8 del Plan de Desarrollo que ordenó establecerlas, lo cual solo puede
hacerse, por decisión de la Corte Constitucional y en aplicación del orden jurídico,
previa consulta con las comunidades; mientras ello no ocurra dejaron de existir en
Colombia Áreas Estratégicas Mineras debidamente delimitadas.

16) La contraevidente interpretación de la sentencia T-766 de 2015 sostenida por
la administración en los actos administrativos demandados, tendiente a mantener
vigentes los efectos de las regulaciones anuladas. es abiertamente contraria a lo
decidido y riñe con el debido acatamiento y respeto de las decisiones judiciales, al
tiempo que, para efecto del proceso que se decide, configura el vicio de falsa
porque, con fundamento en ella se afirmó, en contra de la realidad, que las zonas
pretendidas en concesión por la sociedad demandante son Áreas Estratégicas
Mineras.

17) Tampoco contaba la administración con la prerrogativa que, indebidamente, se
arrogó con la denominación de “apartamiento del precedente” pues, no existe tal
facultad para cumplir o no, según el propio criterio e interpretación, las decisiones
de los jueces; como acertadamente lo sostuvo la parte demandante a lo largo del
proceso, la sentencia T-766 de 2012 contiene decisiones en relación con la validez
y efectividad de unos actos administrativos con efectos erga omnes, que no podía
ser desconocida por la autoridad minera ni su contenido reproducido en forma
expresa o tácita.

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18) Por otra parte, una vez sin valor y efecto las resoluciones tantas veces
mencionadas, se torna irrelevante el debate planteado en la apelación acerca de
la contabilización del término de cinco (5) años vencido el cual las AEM perderían
fuerza ejecutoria; lo que en verdad es determinante para la decisión del caso
objeto de este pronunciamiento es el hecho de que en la época de expedición de
los actos administrativos demandados ya había quedado en firme la sentencia que
eliminó la delimitación de dichas áreas, por lo cual, no podían estar, en modo
alguno, superpuestas con las solicitadas por la parte demandante, lo cual confirma
que el cargo de falsa motivación con el cual se controvirtieron es debidamente
fundado.

19) Para la Sala, la argumentación del recurrente parte de un supuesto de hecho
equivocado, dirigido a sostener que las áreas alguna vez delimitadas como AEM,
por ese solo hecho, tienen alguna restricción para el ejercicio de la minería;
contrario a ello, la consecuencia jurídica de la pérdida de efectos de su
delimitación corresponde a la ausencia de las restricciones impuestas con ocasión
de dicha categorización.

20) Cuestión distinta ocurre en relación con otras posibilidades de exclusión o
restricción de la minería las cuales no son objeto de la presente decisión, para la
cual basta con precisar que las razones que adujo la administración para rechazar
la propuesta de concesión minera incoada por la sociedad demandante fueron
contrarias a la realidad, lo cual determina, ineludiblemente, confirmar su
anulación.

21) Por último, se destaca que las referidas Resoluciones 504 y 505 de 2019 por
medio de las cuales se adoptó el sistema de cuadrículas para la Agencia Nacional
de Minerías no tuvieron la potencialidad de generar superposición sobre las áreas
solicitadas, pues, se insiste, la delimitación de las AEM quedó sin piso jurídico, por
lo cual, con o sin esta metodología, la sobreposición alegada por el ente territorial
demandado no existió.

22) Por las razones expuestas, la Sala confirmará la declaración de nulidad de las
Resolución número 2020060005417 del 26 de febrero de 2020 “por medio de la
cual se rechaza y se archiva la propuesta de contrato de concesión minera con

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placa no. SDO-08122”, y de la Resolución número 2022060001996 del 28 de
enero de 2022 “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición dentro
de la propuesta de contrato de concesión minera con placa no. SDO-08122”
expedidas por la Secretaría de Minas del departamento de Antioquia.

3. Efectos de la nulidad

La parte apelante insiste en que la formulación de la propuesta de contrato de
concesión no otorga derechos adquiridos al contratista y que este no tiene el
derecho de preferencia reconocido en la sentencia de primera instancia debido a
que su solicitud no implica, necesariamente, el otorgamiento de la exploración y
explotación de los recursos naturales solicitados, aspectos sobre los cuales es
necesario precisar lo siguiente:

1) La presente decisión judicial no determina el derecho o no de la sociedad
Minera de Cobre Quebradona SAS BIC para ser concesionaria de las áreas
solicitadas, aspecto que no fue materia de la litis; la sentencia, según lo reclamado
con la demanda, dispone la nulidad del rechazo de la propuesta por ser falsos los
motivos en los cuales la administración sustentó esa determinación; en ese
escenario, la actuación administrativa a cargo de la demandada se retrotrae al
específico momento en el cual debe adoptar la decisión sobre el punto.

2) En ese contexto, el restablecimiento del derecho que ordenó el tribunal de
primera instancia debe confirmarse en tanto se contrae a ordenar la continuación
del trámite de la propuesta sin que pueda argumentarse superposición con las
AEM que la Corte Constitucional dejó sin efectos.

3) Contrario al entendimiento de la parte apelante, el derecho de prelación previsto
en el artículo 16 de la Ley 685 de 20015 no genera derechos adquiridos respecto
de la suscripción del contrato de concesión minera, por el contrario, la referida

5 Ley 685 de 2001, “ARTÍCULO 16. VALIDEZ DE LA PROPUESTA. La primera solicitud o
propuesta de concesión, mientras se halle en trámite, no confiere, por sí sola, frente al Estado,
derecho a la celebración del contrato de concesión. Frente a otras solicitudes o frente a terceros,
sólo confiere al interesado, un derecho de prelación o preferencia para obtener dicha concesión si
reúne para el efecto, los requisitos legales.”.

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norma precisa que este no confiere derecho, por sí mismo, a la suscripción del
contrato, sin embargo, sí otorga la garantía de preferencia respecto de propuestas
posteriores; en este caso, la sociedad demandante tiene derecho a que se respete
la época en la cual promovió su solicitud al momento de decidir, lo cual, de ser
primera en el tiempo respecto de otras, le confiere la garantía que le fue
reconocida.

Por lo antes expuesto, la Sala confirmará en su integridad la sentencia apelada.

4. Costas

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del CGP, se confirmará
la decisión de condenar en costas de primera instancia a la parte vencida, esto es,
al Departamento de Antioquia; de igual manera, se le condena en costas de esta
instancia en favor de la sociedad Minera de Cobre Quebradona SAS BIC las cuales
serán tasadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia, con
inclusión de las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de 6 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Antioquia – Sala Quinta de Oralidad.

2°) Condénase en costas de segunda instancia al Departamento de Antioquia en
favor de la sociedad Minera de Cobre Quebradona SAS BIC; tásense en forma
concentrada por el tribunal de primera instancia, incluidas las agencias en derecho.

24

Expediente: 05001-23-33-000-2022-00857-01 (69.739)
Demandantes: Minera de Cobre Quebradona SAS BIC
Nulidad y restablecimiento del derecho

3°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Aclara el voto

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado

Constancia. La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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