RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2022-01072-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-01072-01

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-01072-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 10 Radicación número: 050012333000202201072 01 Accionante: Ana Teresa Barbosa Espitia (agente oficiosa de Juan Carlos Carillo Sanabria) Accionado: Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín Referencia: Acción de tutela (impugnación) TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2022-01072-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 050012333000202201072 01

Accionante: ANA TERESA BARBOSA ESPITIA (agente oficiosa de JUAN
CARLOS CARRILLO SANABRIA)

Accionado: JUZGADO 1° ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)

ACCIÓN DE TUTELA – CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO –
La autoridad judicial accionada ya decidió el incidente de desacato formulado por el
tutelante.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte tutelante
contra la sentencia de 21 de septiembre de 2022, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho superado, en
la acción de tutela instaurada por la señora ANA TERESA BARBOSA
ESPITIA, actuando como agente oficiosa del señor JUAN CARLOS
CARRILLO SANABRIA, en contra del JUZGADO PRIMERO (01°)
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, por las
razones expuestas.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

La señora Ana Teresa Barbosa Espitia, quien actúa como agente oficiosa del
señor Juan Carlos Carillo Sanabria, instauró demanda de tutela contra el Juzgado
1° Administrativo Oral de Medellín, por considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y de petición. La parte tutelante elevó las
siguientes pretensiones (trascripción literal con posibles errores incluidos):

1

Radicación número: 050012333000202201072 01
Accionante: Ana Teresa Barbosa Espitia (agente oficiosa de
Juan Carlos Carillo Sanabria)
Accionado: Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

1.- Amparar los derechos constitucionales fundamentales de petición, al
debido proceso, y todos los demás que resulten vulnerados con la actuación
de la entidad accionada y de conformidad con los hechos narrados; y los que
resulten probados en el trámite de esta acción de tutela a favor del señor
JUAN CARILLO.

2.- En consecuencia, ordenar al despacho JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, de manera
inmediata sin DILACIONES gestione oportunamente el incidente de desacato
para que se practique a la mayor brevedad posible el TRASPLANTE DE
MEDULA OSEA al señor CARRILLO.

2. Hechos relevantes

El señor Juan Carlos Carillo Sanabria, por conducto de agente oficioso -su hija
Julieth Alejandra Carillo Sánchez-, interpuso demanda de tutela contra la Nueva
EPS, con el fin de que se le amparara el derecho fundamental a la vida y, como
consecuencia, se le practicara el trasplante de médula ósea en los términos
ordenados por el médico tratante.

En fallo del 24 de mayo de 2022, el Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín
dispuso:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la VIDA, SALUD y VIDA
DIGNA garantizados por la Constitución Política, de JUAN CARLOS
CARRILLO SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía N° No.
91.466.004.

SEGUNDO: ORDENAR a la NUEVA EPS realizar las gestiones necesarias
para garantizar el tratamiento integral requerido por el señor JUAN CARLOS
CARRILLO SANABRIA según la patología que presenta: Leucemia
Linfoblástica Aguda Filadelfia Positiva, CD20+, y según lo ordenado por los
médicos tratantes.

TERCERO: Se advierte a la accionada, que el incumplimiento del fallo de
tutela, le acarreará consecuencias por desacato, tales como sanciones,
responsabilidades administrativas y penales establecidas en el Decreto 2591
de 1991. Del cumplimiento del mismo, informará a este juzgado una vez
emitida la autorización.

CUARTO: ORDÉNESE a la entidad accionada, que informen a este despacho
del total acatamiento de la orden impartida en la presente decisión, tal como lo
establece el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.

Mediante escrito del 9 de junio de 2022, reiterado el 29 y 30 del mismo mes y año,
se le solicitó al Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín abrir el respectivo
incidente de desacato porque “peligraba la vida del accionante”, sin obtener un

2

Radicación número: 050012333000202201072 01
Accionante: Ana Teresa Barbosa Espitia (agente oficiosa de
Juan Carlos Carillo Sanabria)
Accionado: Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

pronunciamiento.

El 24 de agosto de 2022, se radicó un nuevo incidente de desacato y “aun así y
tras de haberse radicado 3 incidentes de desacato el despacho ha guardado
absoluto silencio y no ha hecho gestiones tendientes a procurar la protección de
los derechos del señor CARRILLO”.

Manifestó que lo anterior evidencia la negligencia de la autoridad judicial
accionada, la que está “ocasionado perjuicios en la salud del señor CARRILLO
pues aún a la fecha pasados 4 meses desde el fallo en primera oportunidad NO se
ha practicado el trasplante de médula que requiere el accionante con URGENCIA”.

3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

3.1. Mediante auto de 9 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial
accionada, la que se pronunció en los siguientes términos:

3.1.1. El Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín señaló que, contrario a lo
afirmado por el tutelante, sí tramitó el incidente de desacato formulado por el señor
Carrillo Sanabria, pues mediante proveído del 16 de junio de 2022, requirió a la
Nueva EPS para que acreditara el cumplimiento del fallo de tutela del 24 de mayo
de 2022, ante lo que esa entidad informó que no se aportaron “ordenes medicas e
historias clínicas que sustente lo relatado por el accionante” y que “el usuario debe
acercarse a la EPS, para que a través de los canales presenciales y no
presenciales pueda allegar las ordenes médicas para efectuar las autorizaciones”.

Dijo que, sin cumplir el requerimiento de la Nueva EPS -radicar las órdenes de los
procedimientos-, se presentó un nuevo incidente de desacato (24 de agosto de
2022), al que se le dio apertura mediante proveído del 25 de agosto de 2022
-notificado a las partes el 12 de septiembre de 2022-.

Con ocasión de lo anterior, el 15 de septiembre de 2022, la Nueva EPS allegó
escrito en el que informó que (transcripción de forma literal):

3

Radicación número: 050012333000202201072 01
Accionante: Ana Teresa Barbosa Espitia (agente oficiosa de
Juan Carlos Carillo Sanabria)
Accionado: Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

… se encuentra realizando las acciones positivas tendientes al cumplimiento
de lo ordenado por su despacho. Una vez se obtenga el resultado de las
gestiones que adelanta el área de salud, se pondrá en su conocimiento a
través de respuesta complementaria. Que igualmente frente a la
inconformidad expuesta por la parte accionante, informa al Despacho que el
área técnica de salud se encuentra validando el caso, recolectando soportes y
gestionando el servicio de salud peticionado y ordenado en fallo de tutela que
nos ocupa debido que no tienen todas las órdenes y exámenes enviadas por
las IPS.

En ese sentido, resaltó que “la carga argumentativa de la tutelante no es veraz,
pues indica que el despacho en ningún momento se pronunció frente los
incidentes de desacato, situación que se desvirtúa con los autos de requiere y
apertura”.

Precisó (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… este Despacho al momento de proferir los autos de requerimiento y
apertura y especialmente en materia probatoria, se tuvo en cuenta el caso
particular, esto es, sin acreditar en los memoriales allegados la carga de las
autorizaciones al portal de la NUEVA EPS, ni pruebas sumarias que sean
omisivas por parte de la entidad prestadora de salud, empero se le ha
permitido al Juez acudir a criterios más flexibles para la valoración de la
prueba, permitiéndole privilegiar medios de prueba indirectos e inferencias
lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, con el objetivo de
reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr la protección de los
derechos fundamentales, ello en razón a que en estos casos se rompe el
principio de la carga probatoria tradicional de que las partes acceden al
proceso en iguales condiciones, porque en estas circunstancias existe una
relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba.

Sin embargo, consideró esta falladora que, en el caso bajo análisis, la parte
demandante no cumplió con su carga probatoria dentro del proceso, en tanto
de las pruebas aportadas, no se pudo comprobar si radico o no las
autorizaciones y exámenes ante la nueva eps.

En ese orden de ideas, bajo los principios de la sana crítica y la autonomía del
Juez en la valoración probatoria, consideró esta Juez conforme el decreto
2591 de 1991 continuar con el tramite incidental y ordenar la apertura como se
realizó y posteriormente sancionar a la entidad.

Concluyó que la decisión adoptada por ese despacho judicial se encuentra
fundamentada tanto en la normativa sustancial y procedimental aplicable como en
las pautas jurisprudenciales sobre la materia, por lo que solicitó que se niegue el
amparo reclamado, tras considerar que no se han vulnerado los derechos
fundamentales del tutelante.

4

Radicación número: 050012333000202201072 01
Accionante: Ana Teresa Barbosa Espitia (agente oficiosa de
Juan Carlos Carillo Sanabria)
Accionado: Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

4. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 21 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, tras considerar
(transcripción de forma literal):

… advierte la Sala que, durante el trámite de la tutela, se evidenció que cesó
la presunta vulneración de los derechos que se pretendían hacer valer en
sede de tutela, al demostrar el accionado la gestión realizada en el incidente
de desacato, configurándose el hecho superado por carencia actual de objeto,
toda vez que la presunta trasgresión del derecho fundamental al Debido
Proceso y el Derecho de Petición, desapareció al notificar, el 12 de septiembre
de 20221, el auto que ordena la apertura de incidente de desacato al fallo de
tutela con radicado 05001 33 33 001 2022 00195 00, y, como en múltiples
oportunidades lo ha reconocido la Corte Constitucional, se presenta la
carencia actual de objeto por hecho superado cuando:

‘Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la
acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la
accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada
por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta
pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando
inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger
derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado’2.

5. La impugnación

La parte tutelante impugnó la anterior decisión, bajo los siguientes argumentos
(trascripción literal con posibles errores incluidos):

2. Que, si bien es cierto mediante auto notificado el 12 de septiembre se da
inicio al trámite incidental, también cierto es que la conducta de la accionada
ha sido negligente y ha contribuido al deterioro en la salud del señor
CARRILLO.

3.-Que, muy a pesar del auto que apertura el mismo, han pasado 8 días
hábiles (3 días adicionales a los concedidos en el documento para que
NUEVA EPS responda por su actuar), y aún no se ha iniciado otra acción por
parte del juzgado primero administrativo del circuito en aras de garantizar la
protección de los derechos del señor JUAN CARLOS.

1
Original de la cita: “Obra en el archivo 10IncidentesDesacatoTutelaRdo00120220019500.zip
documento Notificacion Apertura del expediente digital”.
2
Original de la cita: “Corte Constitucional, Sentencia T-038 de 2019”.
5

Radicación número: 050012333000202201072 01
Accionante: Ana Teresa Barbosa Espitia (agente oficiosa de
Juan Carlos Carillo Sanabria)
Accionado: Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.

1. Legitimación

El artículo 10 del Decreto 2591 de 19913 “por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, consagra que la
persona que considera amenazados sus derechos fundamentales puede actuar
por sí misma o a través de representante y, además, que se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa.

La Corte Constitucional, en sentencia T-148 de 2019, sostuvo que la agencia
oficiosa “… es una figura de carácter excepcional, pues requiere que se presente
una circunstancia de indefensión o impedimento del afectado que le
imposibilite recurrir a los mecanismos existentes para buscar por sí mismo
la protección de sus derechos4” (negrilla del original).

En esa oportunidad, dicha Corporación estableció que, para que opere la figura de
la agencia oficiosa, se requiere: i) que el agente manifieste expresamente que
actúa en nombre de otro; ii) que se indique en el escrito de tutela o que se pueda
inferir de él que el titular de los derechos fundamentales no está en condiciones
físicas o mentales de promover su propia defensa; iii) que el sujeto o los sujetos
agenciados se encuentren plenamente identificados y, iv) que haya una
ratificación oportuna mediante actos positivos e inequívocos del agenciado en

3
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento
y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales” (se destaca).
4
Original de la cita: “Sentencia T-736 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado”.
6

Radicación número: 050012333000202201072 01
Accionante: Ana Teresa Barbosa Espitia (agente oficiosa de
Juan Carlos Carillo Sanabria)
Accionado: Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

relación con los hechos y las pretensiones consignados en la tutela. Asimismo,
explicó:

Con respecto a los dos primeros elementos, consistentes en la manifestación
del agente oficioso de actuar como tal, y la imposibilidad del interesado para
actuar en su propio nombre, son constitutivos de la agencia oficiosa, en
tanto que el tercero y el cuarto son elementos accesorios5. Entonces, sobre
los dos primeros se puede decir que, individualmente considerados, son
condiciones necesarias que necesitan confluir para la configuración de la
agencia oficiosa, por lo que su conjunción legitima la actuación del agente. De
otra parte, el tercer elemento es de carácter interpretativo, y el cuarto,
relacionado con la ratificación, se refiere a la posibilidad excepcional de suplir
el primero, si se presentan ciertos actos positivos e inequívocos del interesado
durante el trámite de la acción6.

Frente al primer requisito, la Corte sostiene que, dado el carácter informal de
la acción de tutela, su verificación no puede estar supeditada a la existencia
de frases sacramentales o declaraciones expresas, ya que basta con que se
infiera del contenido de la tutela que se obra en calidad de agente para que se
entienda surtido dicho requisito7.

En lo que atañe al segundo elemento, la jurisprudencia constitucional
establece que las circunstancias que imposibilitan que una persona actúe a
nombre propio se deberán concluir de la narración hecha por el actor, cuya
veracidad y alcance corresponderán al juez valorar. Ahora bien, es importante
tener en cuenta que la incapacidad a la que se hace referencia cuando se
habla de agencia oficiosa, no se limita a la concepción tradicional de la misma,
referida a la minoría de edad o a alguna condición de la salud mental, sino que
se extiende a la incapacidad física o volitiva del legítimo titular del derecho
para iniciar por sí mismo la demanda, u otras circunstancias especiales de
carácter socioeconómico o de especial marginación o indefensión en el que se
encuentra el afectado para asumir la defensa de sus derechos. Por ello, la
Sala reitera el deber del juez de tutela efectuar la evaluación de la
imposibilidad a partir de los antecedentes del caso concreto8.

Desde esta perspectiva, la valoración del escrito contentivo de la acción de
tutela debe ser material, con el propósito de definir las circunstancias y las
razones por las que el titular de los derechos fundamentales vulnerados o
amenazados no acude directamente a la jurisdicción constitucional para
reclamar su amparo (negrilla del original).

En el caso bajo estudio se tiene que se cumplen los elementos que, según la
jurisprudencia transcrita, son constitutivos de la agencia oficiosa –la manifestación
de quien actúa como agente oficioso y la imposibilidad del interesado para actuar
en su propio nombre–, bajo el entendido de que la señora Ana Teresa Barbosa
Espitia manifestó que actúa como agente oficiosa del señor Juan Carlos Carrillo

5
Original de la cita: “Sentencia SU-13 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo”.
6
Original de la cita: “Sentencia SU-173 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo”.
7
Original de la cita: “Ver sentencias: Sentencia T-452 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-1135 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-301 de 2003, M.P. Jaime Córdoba
Triviño; y Sentencia T-736 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado”.
8
Original de la cita: “Sentencia SU-173 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo”.
7

Radicación número: 050012333000202201072 01
Accionante: Ana Teresa Barbosa Espitia (agente oficiosa de
Juan Carlos Carillo Sanabria)
Accionado: Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Sanabria y que el mencionado señor se encuentra en circunstancias especiales
porque padece una enfermedad catastrófica, leucemia linfoblástica aguda filadelfia
positiva, CD20+.

Respecto del tercer elemento (accesorio) –que el sujeto o los sujetos agenciados
se encuentren plenamente identificados–, se estima que en el presente caso
también se encuentra configurado, porque se reclamó la protección de los
derechos fundamentales de los cuales es titular el señor Juan Carlos Carillo
Sanabria.

Finalmente, en cuanto al cuarto elemento (también accesorio) –que exista
ratificación del agenciado–, como se desprende de la jurisprudencia transcrita, se
refiere a la posibilidad excepcional de suplir el primero si existen actos positivos e
inequívocos del (los) interesados durante el trámite de la acción de tutela, lo que
no ocurre en este caso.

Así las cosas, se procederá a realizar el estudio correspondiente, para efectos de
establecer si se configuró o no un hecho superado, como lo declaró el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

2. Caso concreto

La Corte Constitucional ha sostenido que la “carencia actual de objeto” surge
cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay forma
de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser y, por tanto,
cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la demanda no surtiría ningún
efecto.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la carencia actual de
objeto se puede configurar por tres situaciones: i) hecho superado, ii) daño
consumado o iii) acaecimiento de una situación sobreviniente. Frente a estas
figuras se ha sostenido9:

3.1.1. Daño consumado. Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño
o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera
9
T-038 de 1º de febrero de 2019, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
8

Radicación número: 050012333000202201072 01
Accionante: Ana Teresa Barbosa Espitia (agente oficiosa de
Juan Carlos Carillo Sanabria)
Accionado: Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese
la vulneración o impedir que se materialice el peligro10. Así, al existir la
imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el
resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la
Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es
improcedente cuando se ha consumado la vulneración11 pues, esta acción fue
concebida como preventiva mas no indemnizatoria.

3.1.2. Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento
de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como
consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de
derechos fundamentales alegada por el accionante12. Dicha superación se
configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por
tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez
constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
accionada los ha garantizado13.

En el caso bajo estudio, se tiene que es cierto que mediante auto de 25 de agosto
de 202214, notificado el 12 de septiembre de 2022, el Juzgado 1° Administrativo
Oral de Medellín abrió el incidente de desacato contra el Gerente Regional
Noroccidente, el Vicepresidente de Salud y el Presidente de la Nueva EPS “con el
fin de determinar si ha cumplido o no con la sentencia de tutela pronunciada el 24
de mayo de 2022”.

10
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada).
11
Decreto 2591 de 1991, artículo 6: ‘La acción de tutela no procederá: // (…) 4. Cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción
u omisión violatoria del derecho’”.
12
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado), entre otras”.
13
Original de la cita: “Decreto 2591 de 1991, artículo 26: ‘[s]i, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes’”.
14
En esa decisión se expuso:
PRIMERO: ABRIR incidente de desacato en contra de FERNANDO ADOLFO ECHAVARRÍA
DIEZ con C.C. No. 70.103.482, Gerente Regional Noroccidente, ALBERTO HERNAN
GUERRERO JACOME con C.C. 16.279.147, Vicepresidente de Salud de Nueva EPS y a su
vez frente a JOSÉ FERNANDO CARDONA en calidad de PRESIDENTE de la NUEVA EPS.
Con el fin de determinar si ha cumplido o no con la sentencia de tutela pronunciada el 24 de
mayo de 2022.
SEGUNDO: REQUERIR a FERNANDO ADOLFO ECHAVARRÍA DIEZ con C.C. No.
70.103.482, Gerente Regional Noroccidente de la NUEVA EPS como superior Jerárquico,
ALBERTO HERNAN GUERRERO JACOME con C.C. 16.279.147, Vicepresidente de Salud
de Nueva EPS y a su vez frente a JOSÉ FERNANDO CARDONA en calidad de
PRESIDENTE de la NUEVA EPS, con el fin de que, dentro del término de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de la presente decisión, rinda informe de cumplimiento de la
orden de tutela concedida. Se servirá informar el estado de ejecución de los procedimientos
médicos requeridos al paciente JUAN CARLOS CARRILLO SANABRIA
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión por el medio más más expedito y eficaz, sin
que se entienda que debe efectuarse de manera personal (sentencias T-343 de 2011 y auto
236 de 2013).
9

Radicación número: 050012333000202201072 01
Accionante: Ana Teresa Barbosa Espitia (agente oficiosa de
Juan Carlos Carillo Sanabria)
Accionado: Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Para la Sala, contrario a lo concluido por el a quo, lo anterior no sería suficiente
para declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, bajo el entendido
de que esa providencia solo dio inicio al trámite incidental.

No obstante, al consultar el estado del proceso en el aplicativo SAMAI, se
estableció que, con posterioridad al fallo de tutela de primera instancia, se
realizaron las siguientes actuaciones: i) 22 de septiembre de 2022 “auto
declarando que no hubo desacato” (se destaca), ii) 23 de septiembre de 2022
“notificación por correo electrónico” y iii) 21 octubre de 2022 “envío Corte
Constitucional”.

En ese sentido, como el Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín ya adoptó una
decisión definitiva respecto del incidente de desacato promovido por el señor Juan
Carlos Carillo Sanabria –independientemente del sentido de la decisión–, la Sala
considera que sí se configura la carencia actual de objeto, porque se superó la
situación que dio lugar a esta actuación.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de 21 de septiembre de 2022, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la carencia actual de objeto,
pero por las razones expuestas en la presente decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de septiembre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

10

Radicación número: 050012333000202201072 01
Accionante: Ana Teresa Barbosa Espitia (agente oficiosa de
Juan Carlos Carillo Sanabria)
Accionado: Juzgado 1° Administrativo Oral de Medellín
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.