Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-01213-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-01213-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2022-01213-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
17 de noviembre de 2022
Demandante: Ramón Alcides Valencia Aguilar
Demandado: Banco Agrario de Colombia y otro
Rad: 05001-23-33-000-2022-01213-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2022-01213-01
Demandante: RAMÓN ALCIDES VALENCIA AGUILAR
Demandado: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Y OTRO
Temas: Controversia sobre obligaciones dinerarias – Existencia de
otro medio de defensa judicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el actor contra la sentencia de
octubre 26 del año en curso, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad, declaró improcedente la acción.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997,
el señor Ramón Alcides Valencia Aguilar presentó demanda contra el Banco
Agrario de Colombia en la cual formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO. Se ordene al Banco Agrario de Colombia cumpla sin ningún tipo de
dilación la Ley 84 de 1873 y sus artículos 1666 y s.s. o Código Civil, en el sentido
de que reconozca que FINAGRO se subrogó las obligaciones a mi cargo
conforme a la respuesta emitida el 17 de agosto de los corrientes. […] en caso
de (sic) mis obligaciones estuviesen aseguradas con FINAGRO y en razón de
ellos se cancelaron, se dé cumplimiento al artículo 1096 del Decreto 410 de 1971
o Código de Comercio.
SEGUNDO. Como consecuencia […], se solicita que se cumplan sin dilación las
normas con fuerza de ley citadas y […] se emitan los respectivos paz y salvos
con la entidad a favor del suscrito y sea retirado de las centrales de riesgo
conforme a la Ley 2157 de 2021.
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Demandante: Ramón Alcides Valencia Aguilar
Demandado: Banco Agrario de Colombia y otro
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TERCERO. Las demás que consideren necesarias para el cabal cumplimiento
de los artículos 1666 y s.s. del C.C respecto de la subrogación de las
obligaciones que estaban a mi cargo y a favor del Banco Agrario de Colombia”.
2. Hechos
En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
El actor reveló que fue deudor del Banco Agrario respecto de una obligación que
adquirió en el año 2016, que por diferentes razones no pudo cancelar en los
plazos pactados y por este motivo hizo “varios arreglos” dirigidos a la
refinanciación.
Manifestó que ha dirigido varias solicitudes a la entidad en busca de una fórmula
para la cancelación de la deuda, agregó que todas fueron negadas y que,
incluso, el 1º de agosto de este año volvió a proponer el pago de acuerdo con
sus posibilidades, frente a lo cual obtuvo como respuesta que la única alternativa
es pagar el capital, los intereses y unos honorarios porque el banco ya hizo
efectiva la garantía y cobró el seguro que soportaba la obligación ante el Fondo
Nacional Agrario.
Agregó que en la citada fecha, pidió al organismo la aplicación del artículo 1096
del Código de Comercio y de la Ley 2157 de 20211 para que fuera expedido el
paz y salvo y retirado de las centrales de riesgo, pero la contestación del 17 del
mismo mes y año reconoció que la obligación fue asumida y cancelada por el
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), que la
misma continúa vigente y que no era posible atender de manera favorable la
petición.
Precisó que al pagar la obligación, dicho organismo se subrogó los derechos del
acreedor en los términos de los artículos 1666 y siguientes del Código Civil, por
lo cual el actor ya no es deudor del Banco Agrario sino de FINAGRO, como lo
aceptó la primera de esas entidades al señalar que lo que hace es administrar la
cartera.
Estimó que también está cobijado por el Código de Comercio, ya que en caso
de que el fondo haya pagado la obligación por el hecho de estar asegurada,
acaeció lo establecido en el artículo 1096 de la citada regulación y la entidad
bancaria ya no puede seguir cobrándole, ni reportarlo ante los centrales de
riesgo.
3. Razones del posible incumplimiento
1 Mediante esta norma, el Congreso de la República modificó y adicionó la Ley Estatutaria 1266
de 2008, dictó disposiciones generales sobre el habeas data con relación a la información
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y otras
disposiciones sobre la materia.
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Demandante: Ramón Alcides Valencia Aguilar
Demandado: Banco Agrario de Colombia y otro
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El actor consideró que las normas legales invocadas en la acción están siendo
incumplidas debido a que el Banco Agrario negó el reconocimiento de la
subrogación de la obligación que tenía con dicha entidad, lo cual le impide
obtener el respectivo paz y salvo y evitar el reporte a los sistemas de información
financiera.
4. Trámite de la solicitud en primera instancia
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, que por auto de septiembre 9 de 2022 admitió la demanda
y ordenó la notificación al representante legal del Banco Agrario y al agente del
Ministerio Público.
Una vez contestada y en virtud de la solicitud hecha por el accionado, mediante
providencia de 23 del mismo mes y año ordenó la vinculación del Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario como litisconsorte necesario, dado que
intervino en la actuación sobre la cual versa la controversia.
Seguidamente, el 7 de octubre de 2022 resolvió sobre las pruebas.
Luego, a través de auto de 14 de octubre el despacho declaró la falta de
competencia para conocer la acción y dispuso la remisión al Tribunal
Administrativo de Antioquia por cuanto estaba dirigida contra una autoridad del
orden nacional.
Mediante providencia de octubre 18, el magistrado sustanciador de la citada
corporación asumió el conocimiento del proceso y ordenó continuar el trámite de
la acción.
5. Contestación de la demanda
5.1. Banco Agrario de Colombia
Por intermedio de apoderada, se opuso a las pretensiones al estimar que el actor
carece del derecho que alegó, no tiene razones jurídicas ni fácticas para
invocarlo y está basado en la interpretación errónea de las normas vigentes en
la materia.
Sostuvo que en 2016, el actor adquirió la obligación con el Banco Agrario y para
tales efectos firmó la solicitud de crédito, el pagaré, la carta de instrucciones de
febrero 5 de dicho año y autorizó el aval del Fondo para el Financiamiento del
Sector Agropecuario.
Explicó que en virtud de lo anterior y debido a que el señor Valencia Aguilar entró
en mora, FINAGRO realizó el pago del 80 por ciento del valor adeudado, el 11
de mayo de 2022, lo cual hace que el total de la obligación, que alcanza
$10.236.880.00, sea dividido en dos partes.
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Demandado: Banco Agrario de Colombia y otro
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Explicó que la deuda que actualmente tiene el actor por dicho monto
corresponde a 2.047.376.00 como saldo de capital con el Banco Agrario y a
8.189.504.00 como parte cancelada por el Fondo para el Financiamiento del
Sector Agropecuario.
Advirtió que el pago hecho por el organismo no corresponde a un abono
realizado por el deudor, ni disminuye ni elimina su deuda, según lo establecido
en el manual de servicios de FINAGRO y por esto debe continuar el proceso
hasta el recaudo total.
Subrayó que la responsabilidad del cobro estará a cargo del Banco Agrario,
como otorgante del crédito, por lo cual debe continuar su labor frente a la
obligación propia y aquella del fondo hasta el pago insoluto, como lo dispuso el
numeral 2.7.2.3 del manual de servicios de FINAGRO2.
Aseguró que debido al pago hecho por la citada entidad, fueron creadas una
cuenta por pagar al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y otra
por el saldo directo del Banco Agrario, pero el cobro debe seguir por el valor total
adeudado.
Resaltó que no es posible acceder a las solicitudes hechas por el señor Valencia
Aguilar para la eliminación de la deuda y del reporte en las centrales de riesgo,
ya que continúa con saldo en mora e incluso fue informado de que la deuda
permanece y que el pago llevado a cabo por el organismo financiero fue debido
a un aval.
Señaló que subsiste el derecho de cobro como acreedor, el cual ejerce en
cumplimiento de un mandato entregado al Banco Agrario según lo pactado en
el contrato marco suscrito con FINAGRO y el manual de servicios adoptado por
este organismo que le imponen el deber de seguir con estas acciones.
Enfatizó que si bien el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
realizó un pago por el deudor, “[…] este se subrogó en lo derechos que le asisten,
razón por la cual puede continuar con el cobro […]” y lo hace, precisamente, a
través del Banagrario.
Destacó que la interpretación hecha por el actor sobre las normas legales es
errada debido a que sus textos lo que permiten es continuar los procedimientos
de cobro y aseguró que el artículo 1096 del Código de Comercio no es aplicable
al caso, pues no están ante un contrato de seguro sino ante la figura de la fianza
que fue usada para darle aval al préstamo y sin la cual no hubiera podido ser
otorgado.
Descartó que la entidad sea renuente al cumplimiento de las disposiciones,
afirmó que no es posible expedir paz y salvo ni cancelar los reportes a las
2 El citado numeral del manual de servicios reguló todo lo referente a la recuperación de las
sumas pagadas y contempló, en esta materia, la alternativa de acogerse a las políticas de los
intermediarios financieros.
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centrales de riesgo por cuanto la deuda no está pagada y propuso las
excepciones de improcedencia de la acción, falta de fundamento probatorio de
la renuencia, inexistencia de perjuicios al demandante, acatamiento del deber
legal, cumplimiento del contrato por parte del Banco Agrario, buena fe de la parte
demandada y mala fe del actor.
5.2. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
A través de la secretaria general y representante legal, pidió desestimar las
pretensiones porque FINAGRO y el Banco Agrario no están incumpliendo la
regulación invoca en la demanda y no han negado que operó el fenómeno de la
subrogación.
Explicó que el organismo como administrador del Fondo Agropecuario de
Garantías (FAG) reconoció al Banagrario el 80 por ciento del valor del crédito el
10 de mayo de 2022, lo que hace que el señor Valencia Aguilar sea deudor del
banco, el cual continúa con el deber de realizar el cobro y buscar la recuperación
de la obligación por vía judicial.
Aseguró que el FAG no es un seguro, dado que según el artículo 28 de la Ley
16 de 19903, modificado por el artículo 6º de la Ley 1731 de 2014, su finalidad
es servir como fondo especializado para garantizar los créditos y operaciones
financieras destinadas a respaldar proyectos del sector agropecuario, pesquero,
de acuicultura, forestal y rural.
Sostuvo que al haber pagado el 80 por ciento, FINAGRO se subrogó en los
derechos que tenía el Banco Agrario sobre la obligación que correspondía al
actor, quien con sus afirmaciones desconoció la normatividad establecida por la
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario mediante la Resolución 2 de 2016 y
el manual de servicios del Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario.
Subrayó que el intermediario financiero, como es la entidad bancaria, puede
seguir con el cobro de la obligación en la medida en que está facultado por el
artículo 12 de la Resolución 2 de 2016 y en el numeral 2.1.3.8.2.2 del ya citado
manual de servicios, toda vez que representa al organismo en todos los
derechos que le asisten como acreedor.
Insistió en que el Banco Agrario tiene la atribución de cobrar, tanto por la vía
judicial como extrajudicial, el porcentaje pagado por el Fondo Agropecuario de
Garantías y destacó que la subrogación no extingue ninguna obligación a favor
del beneficiario.
Indicó que el demandante como titular del crédito agropecuario garantizado por
el FAG, confunde el fenómeno jurídico de la subrogación con un posible
3 A través de esta norma, el Congreso de la República constituyó el Sistema Nacional de Crédito
Agropecuario, creó el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) y dictó
otras disposiciones sobre esta materia.
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beneficio a su favor para el no reconocimiento de la obligación que adquirió con
el Banagrario.
6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, advirtió que
como lo expuso el Banco Agrario, la acción es improcedente por cuanto las
disposiciones no contienen un mandato expreso, imperativo e inobjetable para
que la entidad expida el paz y salvo y elimine la deuda y el reporte en las
centrales de riesgo, especialmente cuando se trata de derechos en discusión.
Insistió en que no es procedente para solicitar el reconocimiento de derechos
particulares que están en controversia, como lo expresó la Corte Constitucional
en la sentencia C-1194 de 2001 y lo reiteró la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
Afirmó que “[…] el objeto de la acción en ejercicio de este medio de control, no
es el reconocimiento de derechos en disputa como ocurre en el caso concreto,
en donde no es claro, si el demandante tiene o no derecho a la expedición del
paz y salvo, y no le corresponde al Juez entrar a verificarlo, ya que esto desborda
el objeto de la acci”. (sic)
Concluyó que para la reclamación de los derechos que el demandante cree tener
a su favor, puede recurrir a los medios ordinarios dispuestos en la legislación
vigente.
Por consiguiente, declaró improcedente la acción.
7. La impugnación
El actor advirtió que el aparte de la sentencia C-1114 de 2001 citado como
sustento de la decisión del Tribunal contiene lo que pretende 4, es decir la
aplicación de las normas del Código Civil y del Código de Comercio y agregó
que “[…] una consecuencia de esa declaración o de esa orden es justamente los
derechos personales que se derivan de estas y que se solicitaron en el libelo
demandatorio”.
Precisó que si bien pidió que se ordenara al Banco Agrario la expedición del paz
y salvo y otras medidas, lo que debe centrar la atención del juez es el
cumplimiento de las normas con fuerza material de ley, que a su juicio fue echado
de menos por el a quo.
4 En el aparte invocado por el a quo, la Corte advirtió que “[…] la acción de cumplimiento está
encaminada a la ejecución de deberes que emanan de un mandato, contenido en la ley o en un
acto administrativo, imperativo, inobjetable y expreso, y no al reconocimiento por parte de la
administración de garantías particulares, o el debate, en sede judicial, del contenido y alcance
de algunos derechos que el particular espera que se le reconozcan”. También señaló la Corte,
más adelante, que el objeto de la acción no es el reconocimiento de derechos particulares en
disputa.
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Estimó que la acción es procedente, manifestó que en el expediente existe plena
prueba de que tanto el demandado como el vinculado se ha negado a cumplir
las normas a partir de razones que precisamente muestran que no las están
acatando.
Agregó que hay hechos notorios y confesados respecto del incumplimiento de
las normas que tratan sobre la subrogación de las obligaciones y solicitó que
para que no sea empañado ni truncado el objeto de la acción, en la segunda
instancia, no sean tenidas en cuenta las pretensiones dirigidas a reconocer que
FINAGRO se subrogó las obligaciones a su cargo según la respuesta emitida el
17 de agosto del año en curso, la emisión del paz y salvo y el retiro de las
centrales de riesgo.
Aseguró que “Lo que se pretende es que el Banco Agrario aplique las normas
que entratan (sic) sobre la subrogación a nivel general, abstracto y erga omnes,
toda vez que como están actuando, no solo en mi caso, sino en todos los casos
similares al del suscrito, no están cumpliendo con lo establecido en estas normas
con fuerza material de ley […]”.
Reiteró la solicitud de que “[…] se resuelva sobre el cumplimiento o no de las
normas establecidas en el código civil y en el código de comercio sobre la
subrogación […]”, si son de aplicación inmediata o sí, por el contrario, “[…] el
Banco Agrario y FINAGRO pueden transar entre ellos y descocerlas (sic) en
desmedro de un sector que acude a sus productos bancarios”.
Estimó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad,
debió haber realizado un pronunciamiento de fondo y no evadir el tema sobre el
deber legal de cumplir las disposiciones, por parte de los accionados, sin dirimir
el conflicto personal.
Afirmó que el a quo no tuvo en cuenta que el Código Civil dispuso el ámbito de
aplicación y la obligatoriedad de sus normas, respaldó su afirmación con la
transcripción de los artículos 3º y 4º de dicha regulación y sostuvo que aunque
es cierto que la controversia debe ser resuelta por el juez civil, la primera
instancia tenía el deber de emitir fallo que estableciera si se está ante el
incumplimiento de los preceptos.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad, según lo dispuesto en los artículos 150 y 152 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en
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el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena del Consejo
de Estado5.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada corporación judicial en la sentencia de octubre 22 del
presente año, que declaró improcedente la acción.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
Con base en la regulación establecida en el artículo 87 de la Constitución y el
desarrollo previsto en la Ley 393 de 1997, dicha posibilidad opera a partir de la
orden que imparte el juez de lo contencioso administrativo a la autoridad
renuente.
Este mecanismo procesal tiene carácter subsidiario, puesto que no procede
cuando el demandante tenga a su alcance otro instrumento judicial para lograr
la efectividad de la norma legal o del acto que estima incumplidos.
Tampoco procede cuando el ejercicio del medio de control pretenda el
cumplimiento de normas legales y de actos administrativos que establezcan
gastos.
De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, la prosperidad
de esta acción está sujeta a la observancia de los siguientes presupuestos: (i)
que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con
fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el deber,
la obligatoriedad o la imposición esté contemplada en forma precisa, clara y
actual; (iii) que la norma esté vigente; (iv) que el deber jurídico esté en cabeza
del accionado; (v) que se acredite que la autoridad o el particular en ejercicio de
funciones públicas fue constituido en renuencia frente al cumplimiento de la
norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende la demanda y (vi) que
tratándose de actos administrativos no haya otro instrumento judicial para lograr
su efectivo cumplimiento, ni persiga el acatamiento de normas que establezcan
gastos.
4. La constitución de la renuencia
En el artículo 8º, la Ley 393 de 1997 señaló que “Con el propósito de constituir
la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
5 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”. (Negrillas fuera del texto).
Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según
el cual “[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”6.
Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por demostrado
el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la solicitud
hecha por el interesado “[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia”7.
Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser emitida en tiempo, sea contraria al querer del
ciudadano8.
Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,
cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte
demandada.
Como fue establecido en el numeral 5º del artículo 10º de la Ley 393 de 1997, el
agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de
plano.
El actor acompañó copia del escrito dirigido al Banco Agrario, el 18 de agosto de
2022, en el que solicitó el cumplimiento de los artículos 1666, 1667, 1668, 1669
y 1670 del Código Civil y 1096 del Código de Comercio para que declarara que
ya no es deudor de la entidad porque FINAGRO subrogó sus obligaciones
conforme a la respuesta de agosto 17 del año en curso.
Mediante oficio de septiembre 6 del presente año, el profesional universitario del
organismo negó el requerimiento hecho por el demandante, advirtió la existencia
de la mora en la deuda y le ofreció nuevamente algunas alternativas para el pago
de la obligación.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
7 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
8 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-
000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016,
radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15
de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez.
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Así, está acreditado el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción.
5. El caso concreto
Como quedó expuesto, el demandante pretende el cumplimiento de los artículos
1666, 1667, 1668, 1669 y 1670 del Código Civil y 1096 del Código de Comercio,
adoptados mediante la Ley 84 de 1873 y el Decreto Ley 410 de 1971
respectivamente.
Observa la Sala que inicialmente, el actor buscaba la aplicación de tales normas
para que el Banco Agrario reconozca que el Fondo para el Financiamiento del
Sector Agropecuario se subrogó respecto de unas obligaciones que tiene a su
cargo, según la respuesta que recibió de la entidad demandada el 17 de agosto
de 20229.
Además, también perseguía que como consecuencia de lo anterior, la entidad
demandada le expidiera los correspondientes paz y salvos y lo retirara de las
centrales de riesgo del sector financiero a partir de lo establecido en la Ley 2157
de 2021.
Observa la Sala que en la impugnación contra la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que declaró improcedente
la acción, el demandante varió sustancialmente la perspectiva de sus
pretensiones en este proceso.
En dicho escrito, el señor Valencia Aguilar expresó lo siguiente:
“[…] para que no se empañe y no se trunque el objeto de la presente acción y
sea tenido en cuenta por el Ad Quem al momento procesal de desatar el presente
recurso, que no es otra cosa diferente que el demandado aplique y cumpla las
normas citadas y que entratan sobre la subrogación, en el presente proceso […]
solicito con el debido respeto, que no se tengan en cuenta las solicitudes o
pretensiones en el sentido de que “reconozca que FINAGRO se subrogó las
obligaciones a mi cargo conforme a la respuesta emitida el 17 de Agosto de los
corrientes. Ahora bien, en caso de mis obligaciones estuviesen aseguradas con
FINAGRO y en razón de ello se cancelaron, se dé cumplimiento al artículo 1096
del Decreto 410 de 1971 o Código de Comercio. Como consecuencia de la
anterior, se solicita que se cumplan sin dilación las normas con fuerza de ley
citadas y como consecuencia de ello se emitan los respectivos paz y salvos con
la entidad a favor del suscrito y sea retirado de las centrales de riesgo conforme
a la Ley 2157 de 2021”.
En principio, podría entenderse que se trata de un desistimiento de las
pretensiones de la demanda, especialmente de los aspectos relacionados con la
9 A través del oficio de la citada fecha, el Banco Agrario comunicó al actor que no era posible
atender favorablemente la solicitud de paz y salvo, que la obligación continuaba vigente, que la
garantía fue reconocida por FINAGRO y que no podía excluir los reportes de las centrales de
riesgo porque la deuda no había sido cancelada.
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situación particular del demandante frente a la deuda cuyo cobro está a cargo
del Banco Agrario.
Sin embargo, la lectura de la impugnación permite establecer que el actor insistió
en el cumplimiento de los preceptos legales desde una óptica general y abstracta
no solo frente a su situación sino respecto de otros casos similares de quienes
acuden a los productos bancarios.
Advierte la Sala que la pretensión formulada por el demandante involucra una
controversia jurídica alrededor de la vigencia de la obligación con el Banco
Agrario, la subrogación a favor del Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario y las relaciones surgidas con motivo del crédito que le fue
aprobado.
Desde esta perspectiva, el debate desborda el objeto de la acción por cuanto al
juez constitucional no le corresponde decidir el conflicto originado a raíz de la
negativa manifestada por la entidad sobre las solicitudes hechas por el señor
Valencia Aguilar para el manejo que busca para la deuda, luego del pago hecho
por el fondo.
Subraya la Sala que para discutir aspectos como la existencia de la obligación,
el seguro que supuestamente la ampara, la subrogación a nombre de FINAGRO
y el cobro a cargo del Banco Agrario en virtud del contrato suscrito entre ambas
entidades, el actor tiene a su alcance otro mecanismo de defensa judicial, como
es el proceso ordinario que puede iniciar para que el juez civil resuelva sobre el
particular.
Así, incluso, lo reconoció el demandante en la impugnación al admitir que es
cierto que la controversia sobre la obligación dineraria adquirida con el Banco
Agrario debe ser resuelta por la jurisdicción civil, ante la cual entendió que puede
invocar la subrogación.
Dada la existencia de otro medio ordinario de defensa judicial que el señor
Valencia Aguilar puede ejercer para hacer efectivo el cumplimiento de las
disposiciones sobre la subrogación, la acción resulta improcedente según lo
dispuesto en el artículo 9º de la Ley 393 de 1997.
Excepcionalmente, la norma permite que el juez pueda prescindir de esta causal
de improcedencia en los casos en que siga un perjuicio grave e inminente para
el accionante, lo cual no fue alegado por el actor en la demanda ni demostrado
en este proceso.
Por lo anterior, la decisión del a quo será confirmada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Demandante: Ramón Alcides Valencia Aguilar
Demandado: Banco Agrario de Colombia y otro
Rad: 05001-23-33-000-2022-01213-01
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia impugnada.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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