Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-01215-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-01215-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2022-01215-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
18 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 05001-23-33-000-2022-01215-01
Accionante: SANDRA HERMINIA VARGAS RODRÍGUEZ
Accionado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE MEDELLÍN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se confirma el fallo impugnado – los
obstaculos de índole administrativo no pueden ser una justificación
para coartar el disfrute de las vacaciones a que tienen derecho los
trabajadores, motivo por el cual sí existió la vulneración, la cual le es
atribuible a las accionadas
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín en contra de la sentencia de 27 de octubre
de 2022, proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia y a través de la cual se concedió el amparo solicitado por la
accionante.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Sandra Herminia Vargas Rodríguez presentó acción de tutela con
miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al trabajo digno, al
descanso, a la recreación, salud, a la familia y a la igualdad […]», cuya vulneración
le atribuyó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín y a la Juez Coordinadora de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín, con ocasión de la negativa de las referidas
entidades en expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere
para poder acceder al disfrute de sus vacaciones individuales.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que se encuentra vinculada a la Rama Judicial en el cargo de citador
IIII, en propiedad, adscrito al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, por lo que su régimen
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Sandra Herminia Vargas Rodríguez
de vacaciones es el individual, tal como lo dispone el artículo 146 de la Ley 270 de
1996.
2.2. Adujo que, actualmente, se encuentra sin disfrutar dos períodos de vacaciones,
correspondientes a las vigencias 2020-2021 y 2021-2022.
2.3. Comentó que solicitó el disfrute de sus vacaciones individuales; sin embargo, tal
petición le fue negada, en tanto la Dirección accionada solo expidió el certificado de
disponibilidad presupuestal -CDP- para cancelar sus vacaciones y las primas
vacacionales, y no expidió el referido certificado para contratar a su reemplazo.
2.4. Expuso que la negativa del disfrute de sus vacaciones individuales estuvo
fundamentada en la necesidad del servicio, argumento que a su juicio es «[…]
plenamente valido y actual, puesto que el CENTRO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, realiza las labores propias de notificación de todos despachos
de EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN Y
ANTIOQUIA, dentro de la figura constitucional de acceso a la Administración de
justicia, lo cual se ve afectado si no se me remplaza durante el periodo de
vacaciones […]». Sin embargo, ello no puede ser una justificación para impedirle el
disfrute de sus vacaciones.
2.5. Refirió que: «[…] el no poder disfrutar de mis vacaciones me impide el disfrute
del descanso con mi familia y es triste concluir que la labor desarrollada basa sus
cimientos en la recta impartición de Justicia, pero la entidad a la que pertenecemos
y que tiene como estandarte la protección de los derechos ciudadanos, vulnera de
esta manera los derechos de sus propios empleados, sacrificando por su falta de
gestión, la calidad de vida de quienes laboramos en la rama judicial y pertenecemos
al régimen de vacaciones individuales […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] 1. Tutelar mis derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la
recreación, a la salud, a la familia y a la igualdad.
2. Se ordene a las entidades y dependencias accionadas, que apropien las
partidas presupuestales que corresponden para el nombramiento de una
persona para el respectivo remplazo en mi condición de CITADORA III DEL
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LO JUZGADOS DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍNY
ANTIOQUIA y de esta forma poder acceder y disfrutar de mis vacaciones de los
periodos ya vencidos y merecidas, para efectos de que el amparo de mis
derechos no vaya en detrimento de los derechos de mis compañeros, al
tener que ser ellos quienes soporten la carga adicional que pueda generar
mi ausencia.
3. Disponer y ordenar que se emita la respectiva resolución que me conceda el
disfrute de las vacaciones negadas.
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Accionante: Sandra Herminia Vargas Rodríguez
4. Se proceda a conminar a las autoridades respectivas para que en el
futuro esta situación no sea repetitiva conmigo u otro empleado y se haga
la gestión del nivel requerido para designar como empleado encargado a
otra persona con la respectiva y justa remuneración que se deriva de la
ejecución del trabajo, para que los empleados de la Rama Judicial
podamos disfrutar de nuestras vacaciones sin dilaciones y sin intervenir
en la eficiencia de la Administración de Justicia. […]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. La magistrada de la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 18 de octubre
de 2022, admitió la presente acción de tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas, se allegó el
siguiente informe:
5.1. La directora de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín rindió informe en los siguientes términos:
5.2. Advirtió que expidió el certificado de disponibilidad presupuestal para cancelar
las vacaciones y primas vacacionales de la empleada aquí accionante; pero no para
contratar a su reemplazo en atención a lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 de
23 de noviembre de 2011 en armonía con lo indicado en la Circular DESAJME18-
5220.
5.3. Aseguró que: «[…] la falta de disponibilidad para efectos de un reemplazo no
constituye argumento válido para negar el disfrute, ni puede operar como
patente de corso para trasladar la responsabilidad frente a los derechos de un
servidor al ordenador del gasto, quien solo actúa como ejecutor de un
presupuesto previamente establecido y apropiado para cada vigencia fiscal
[…]».
5.4. Destacó que, por ser una dirección seccional, «[…] depende del presupuesto
nacional, no cuenta con presupuesto propio y, en ese sentido, debe esperar y
solicitar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central en
Bogotá las apropiaciones correspondientes para sus gastos […]».
5.5. Agregó que la falta de disponibilidad presupuestal para contratar el reemplazo
del empleado que disfrutaría de vacaciones es una situación que se está
presentando a nivel nacional; sin embargo, ello no implica que se deba negar el
disfrute de las vacaciones del trabajador.
5.6. Adujo que no se le puede endilgar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la accionante, en tanto que no fue esa la autoridad la que negó el
disfrute de sus vacaciones, sino que dicha negativa emanó única y exclusivamente
de la autoridad nominadora.
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Accionante: Sandra Herminia Vargas Rodríguez
5.7. Argumentó que el juez de tutela no puede ordenar la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal, porque ello implicaría una intromisión en la
ordenación del gasto de la entidad, lo cual escapa de su competencia, tal como lo
ha precisado la Corte Suprema de Justicia en múltiples pronunciamientos.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 27 de octubre de 2022, la Sala Segunda de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia concedió el amparo solicitado por la
tutelante y, como consecuencia de ello, ordenó lo siguiente:
[…] SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Medellín-Antioquia, que en un término de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, -si
aún no lo ha hecho- realice las gestiones necesarias y solicite ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central la provisión de los
recursos necesarios para que la Juez Coordinadora del Centro de Servicios
Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y
Antioquia, adopte las medidas que se requieren para la salida a vacaciones de
la señora Sandra Herminia Vargas Rodríguez y nombrarle un reemplazo.
TERCERO: Una vez, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel
Central otorgue los recursos solicitados, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Medellín-Antioquia, deberá comunicarlo de manera
inmediata a la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, quien deberá
pronunciarse, en un término de cinco (05) días hábiles contadas a partir de dicha
comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la señora
Sandra Herminia Vargas Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía No
21.548.435, quien se desempeña en el cargo de Citadora en propiedad del
Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad y nombrarle un reemplazo; teniendo en cuenta las consideraciones
ya expuestas. […]
7. Como sustento de su decisión, en primera medida, el juez de primera instancia
señaló que la interpretación que hizo la Dirección accionada respecto de la «[…]
Circular PSAC11-44 de 2011 no es razonable o adecuada […]», en tanto que «[…]
no existe dentro de la Circular mencionada una prohibición expresa sobre la
apropiación de recursos de los remplazos de los empleados judiciales con régimen
individual de vacaciones […]».
8. Acto seguido, consideró «[…] que el derecho al descanso en un escenario judicial,
no está supeditado a la provisión de un reemplazo, ni a ningún condicionamiento
administrativo o presupuestal, pues se trata de un derecho que se causa con el
simple transcurso del tiempo laborado, sin desconocer las afectaciones
mencionadas por la titular del Despacho accionado, y de donde se desprende
entonces un problema estructural que trasciende el marco de competencias de la
nominadora, que no le permite acoger un justo medio que posibilite, a un mismo
tiempo, satisfacer el derecho acreditado por la empleada al disfrute de sus
vacaciones, y garantizar la continuidad y eficiente prestación del servicio de
administración de justicia […]».
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Accionante: Sandra Herminia Vargas Rodríguez
9. Con base en las anteriores consideraciones, el juez de primera instancia
concluyó que se encontraba en «[…] la necesidad de garantizar el derecho
fundamental al descanso laboral de la accionante, en el contexto del servicio a la
administración de justicia, el cual requiere de la actuación conjunta de la nominadora
y de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Medellín, que
permita una lectura y aplicación sistemática del derecho fundamental al descanso,
en armonía con los mandatos sobre la adecuada prestación del servicio de
administración de justicia […]».
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. La directora de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín impugnó la sentencia de primera instancia, luego de considerar que no
es esa autoridad la que vulneró los derechos fundamentales de la tutelante, en tanto
que el responsable del hecho generador fue la autoridad nominadora (Juez
Coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín), quien decidió no
conceder las vacaciones solicitadas por la aquí accionante.
11. Sumado a lo anterior, precisó lo siguiente:
[…] 3. También quiero dejar sentado que proceder a la expedición de CDP para
cubrir los gastos por reemplazo de la empleada, reviste una complejidad tal que
no está en manos de esta ordenadora del gasto superarla de manera autónoma,
toda vez que los bienes y recursos que tengo por función administrar, dependen
de los fondos que se sitúen desde la Dirección Ejecutiva del Nivel Central y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
4. Vistas las limitaciones de los recursos apropiados, esta Dirección Seccional
debe tomar medidas de carácter administrativo que permitan el cabal manejo
de los mismos, su correcta aplicación y utilización, de tal forma que pueda
garantizarse el funcionamiento del servicio público de administración de justicia
con el menor traumatismo posible. Medidas que obligan un manejo y
distribución eficiente de los recursos apropiados; por lo que se hace
estrictamente necesario, entre otros, que quienes pretendan gozar
efectivamente de su derecho legal y constitucional al descanso, deben
presentar con al menos dos meses de antelación su solicitud de expedición de
CDP, tanto para el pago de vacaciones y primas de vacaciones, como para el
remplazo de quien se ausentará para descansar. Ello, con el fin de que la
Dirección Seccional, a su vez, tenga oportunidad de solicitar las adiciones
presupuestales que resulten necesarias, toda vez que dicho trámite y gestión
debe llevarse a cabo durante los primeros seis días de cada mes.
5. Ahora bien, no resulta procedente -aun cuando el propósito, por demás
loable, es proteger los derechos fundamentales-, cuestionar las decisiones que
con respecto a la gestión de formular y aplicar restricciones presupuestales
deban ser tomadas y ejecutadas; y no es tampoco dable que el juez de tutela
decida en todos los asuntos públicos de orden presupuestal, pues ello estaría
abiertamente en contravía de la Constitución Política por cuanto los jueces de
tutela no pueden ordenar apropiaciones del gasto del presupuesto nacional,
cual si reemplazaran a las autoridades y procedimientos previstos para ello. […]
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Accionante: Sandra Herminia Vargas Rodríguez
12. Explicó que si bien es cierto que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en
sentencia de 12 de diciembre de 2018, ordenó expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para contratar el reemplazo de la accionante, también
lo es que la Corte Suprema de Justicia ha resuelto acciones de tutela en sentido
contrario.
13. Advirtió que, pese a que no vulneró los derechos fundamentales de la accionante,
procederá a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para contratar el
reemplazo de la empleada judicial por el período que disfrute de sus vacaciones
individuales, ello en cumplimiento del fallo objeto de impugnación.
14. Con fundamento en los anteriores argumentos, solicitó revocar o morigerar el
fallo impugnado y que, como consecuencia de ello, se le exima de cualquier
responsabilidad por no ser la Corporación que vulneró los derechos fundamentales
de la accionante.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.
VIII.2. Problemas jurídicos
16. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer: si la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales de la actora, con ocasión de la falta de
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere para que
pueda acceder al disfrute de sus vacaciones, le es atribuible a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín.
17. Conel fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las
vacaciones de los empleados judiciales; para luego proceder a (ii) resolver el caso
concreto.
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: Sandra Herminia Vargas Rodríguez
VIII.3. Derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los
empleados judiciales
18. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y
una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado,
asimismo señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas
y justas.
19. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de
obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la
igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales. Asimismo, establece como una garantía mínima
en favor de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho que
tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante el desgaste
normal de las mismas originado por la actividad laboral.
20. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:
«[…] un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que
el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el
empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus
actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho
a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las
vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la
ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una
de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se
desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […]5. (Resaltado por
fuera del texto original)
21. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que: «[…] uno de los
derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el
Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]»6.
En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática7 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto el
descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de
los principios mínimos fundamentales del trabajo.
22. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo- OIT, establece que las
vacaciones remuneradas son un derecho irrenunciable del trabajador, en tanto que:
«[…] se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a
vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas […]»8.
23. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la ley 270 de 1996 9,
5
Sentencia C-598/97. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
6
Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía.
7
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 de 1998 M.P.
Hernando Herrera Vergara.
8
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963.
9
“LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
8
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Accionante: Sandra Herminia Vargas Rodríguez
en los siguientes términos:
[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las
de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de
Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y
Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal
a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término
de veintidós días continuos por cada año de servicio […].
24. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado
artículo, precisó lo siguiente:
[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley,
el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para
determinar los casos en que la rama judicial pueda cesar
transitoriamente sus actividades, en las mismas condiciones que las
normas laborales lo establecen para los demás funcionarios del Estado
y los particulares. Así, entonces, puede la ley -o en su defecto la
autoridad competente- fijar o modificar, dentro de unos márgenes
razonables, los horarios de trabajo, disponer los días de descanso y
determinar los períodos de vacaciones -individuales o colectivas-, sin
que ello atente o comprometa el carácter de permanente que la Carta Política
le ha dado a la administración de justicia […]. (Resaltado fuera del texto original)
25. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo
146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama
Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus
vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es
individual y que pertenecen a la «[…] Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]».
26. Sin embargo, en ambos supuestos, el empleado de la Rama Judicial se hace
merecedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual se considera
fundamental e irrenunciable y, por tanto, su afectación debe ser protegida a través
de la acción de tutela.
VIII.4. El caso concreto
27. La ciudadana Sandra Herminia Vargas Rodríguez presentó acción de tutela con
miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al trabajo digno, al
descanso, a la recreación, salud, a la familia y a la igualdad […]», cuya vulneración
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Radicación: 05001-23-33-000-2022-01215-01
Accionante: Sandra Herminia Vargas Rodríguez
le atribuyó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín y a la Juez Coordinadora de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín, con ocasión de la negativa de las referidas
entidades en expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que se requiere
para poder acceder al disfrute de sus vacaciones individuales.
28. El juez de primera instancia concedió el amparo deprecado por la accionante.
29. La impugnante solicitó expresamente que se revocara o morigerara el fallo
impugnado: i) dado que fue la Juez Coordinadora del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín, quien vulneró los derechos fundamentales de la actora, al haberle negado
el disfrute de sus vacaciones, y ii) teniendo en cuenta que el juez de tutela no puede
ordenar la expedición del certificado de disponibilidad prespuestal que se depreca
en el mecanismo de amparo de la referencia porque dicha circunstancia escapa de
su órbita.
30. En este contexto, es oportuno indicar que el presente análisis estará centrado
únicamente en resolver los argumentos consignados de la impugnación.
31. Precisado lo anterior, la Sala empieza por advertir que, en el caso de autos, lo
pretendido por la accionante, señora Herminia Vargas Rodríguez, es gozar de sus
vacaciones, derecho laboral que, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, debe ser entendido como de naturaleza fundamental y como una
garantía mínima del trabajador, pues a través de este se garantiza la recuperación
de las energías del empleado afectadas con ocasión del desgaste físico y mental
producto del cumplimiento de las labores asignadas por el empleador.
32. De allí que es necesario poner de relieve que, en múltiples ocasiones esta
Sección10, ha resuelto amparar los derechos fundamentales de los servidores
judiciales accionantes y, como consecuencia de ello, ordenar a las Direcciones
Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial accionadas, expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal que garantizara la provisión de los recursos
necesarios para efectos de la vinculación de la persona que cubriera la ausencia de
los actores por encontrarse disfrutando sus vacaciones.
33. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades, en
síntesis, consistió en que: «[…] los asuntos de índole administrativo no pueden
afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste
a los trabajadores […]»11. En efecto, en sentencia de 1° de julio de 2021, esta Sala
de Decisión explicó lo siguiente:
10
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-02681-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez
Sánchez.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2022, expediente
número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2022-01215-01
Accionante: Sandra Herminia Vargas Rodríguez
[…] visto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio,
la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que
las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al
goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor,
teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el
derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el descanso constituye una
garantía fundamental del empleado, además de una prestación social y un
derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de las
personas.
[…]
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el
tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas
veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo
la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y
presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes
laboran en los despachos judiciales […]12. (negrillas fuera del texto)
34. Siguiendo esa misma línea argumentativa, y aunque es cierto que tanto otras
Subsecciones de esta Corporación como la Corte Suprema de Justicia han
considerado que el juez de tutela carece de competencia para ordenar la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, la realidad es que,
esta Sección13 así como la Subsección B de la Sección Segunda14, la Subsección
B de la Sección Tercera15, la Sección Cuarta y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, hemos venido sosteniendo el criterio consistente en que los asuntos de
índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del período
vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como medida
de protección del derecho, sí resulta procedente que el juez constitucional ordene
adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.
35. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que a la aquí actora se le negó el disfrute de
sus vacaciones individuales con fundamento en la falta de expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal, la Sala considera que se transgredió su derecho al
trabajo y dicha vulneración le es imputable tanto a la Juez Coordinadora del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Medellín como a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, esta última, en atención a que, de
conformidad con lo previsto en el numeral 2° del artículo 103 de la Ley 270 de 1996,
es la entidad responsable de administrar los recursos de la Rama Judicial dentro de
su jurisdicción.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
13
En pronunciamiento de 20 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04569-00, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, se consideró el mismo criterio que se está reiterando en la presente decisión.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de junio de
2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15
Sentencia de 7 de marzo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-10553-01.
11
Radicación: 05001-23-33-000-2022-01215-01
Accionante: Sandra Herminia Vargas Rodríguez
36. Las anteriores consideraciones son suficientes para confirmar el fallo impugnado,
en tanto se explicaron las razones por las cuales la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante le era atribuible a la impugnante, asimismo, los
motivos por los cuales, como medida de protección del derecho, resulta procedente
que el juez constitucional ordene adelantar las gestiones pertinentes para obtener
la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de octubre de 2022, proferida por la
Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Sala voto parcial
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P(18) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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