Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00005-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2023-00005-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00005-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2023-00005-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
31 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 050012333000202300005-01
Actor: Liliana Cuadros Quiroz y otros1
Demandados: Municipio de Bello; Departamento de Antioquia; Nación – Ministerio
de Transporte; Nación – Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías -
INVIAS y Nación - Departamento Nacional de Planeación – DNP
Coadyuvante: Defensoría del Pueblo
Tema: Vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos al goce del
espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público; a un
ambiente sano; a la seguridad y a la salubridad pública; al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte actora, el
Departamento de Antioquia, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto
Nacional de Vías -INVIAS, el Ministerio de Transporte y el Municipio de Bello contra
la sentencia proferida el 29 de abril de 2024 por la Sala Sexta de Decisión Oral del
Tribunal Administrativo de Antioquia.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Liliana Cuadros Quiroz, Nora Elvia Pulgarín Castro, Ana Cecilia Castañeda
Hoyos, Ana Cecilia Marín De Marín, Víctor Hugo Restrepo García, Jesús Horacio
Londoño Álvarez y Gabriel Tulio Giraldo Naranjo, en ejercicio del respectivo medio
1
Nora Elvia Pulgarín Castro, Ana Cecilia Castañeda Hoyos, Ana Cecilia Marín De Marín, Víctor Hugo Restrepo Valencia,
Jesús Horacio Londoño Álvarez y Gabriel Tulio Giraldo Naranjo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
de control, presentaron demanda contra el Municipio de Bello, el Departamento de
Antioquia, la Nación - Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías –
INVÍAS- y el Departamento Nacional de Planeación con el objeto de lograr la
protección de los derechos e intereses colectivos al uso y goce del espacio público,
al medio ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, por el deterioro de las vías, tanto
la principal como las accesorias de la vereda Granizal en el Municipio de Bello -
Antioquia.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se ordene al Municipio de Bello y al Departamento de Antioquia, que un
plazo máximo de un mes, después de quedar en firme la sentencia, realice
los estudios y diagnósticos necesarios para establecer el estado de las vías
de la vereda Granizal del Municipio de Bello, estableciendo entre otros, la
necesidad de estabilización de taludes, obras de drenaje, cunetas, obras
transversales, construcción o reparación de puentes.
2. Ordene al Municipio de Bello y al Departamento de Antioquia que en el plazo
máximo de dos meses adopte las acciones administrativas, de planeación,
técnicas y presupuestales pertinentes a fin de iniciar el proceso de
rehabilitación y/o mejoramiento de la vía, y que en un plazo máximo de 1
mes implemente las soluciones de fondo o duraderas que arrojen los
estudios y de inicio al desarrollo de las obras civiles o de otro tipo que les
permitan a los habitantes de los diferentes sectores de la vereda Granizal del
Municipio de Bello, contar con vías que permitan el traslado de las personas,
los bienes y los servicios, el acceso y la integración de la vereda con el resto
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
3. Se ordene al Municipio de Bello que de manera inmediata inicie la
declaratoria de espacio público y de utilidad pública o interés social, de cara
a la adquisición de los inmuebles que hacen parte de la red vial en los
diferentes sectores de la Vereda Granizal.
4. Se ordene al Ministerio de Transporte, que dentro del ámbito de sus
competencias, adopte las acciones de coordinación pertinentes, y garantice
la prestación de asesoría necesaria al Municipio de Bello y a la Gobernación
de Antioquia, para la construcción, rehabilitación o mejoramiento de la vía a
fin de que los habitantes de los diferentes sectores de la Vereda Granizal del
Municipio de Bello, puedan contar con vías que permitan el traslado de las
personas, los bienes y servicios, el acceso y la integración de la vereda con
el resto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En consecuencia, se
solicite a esta entidad que se tomen todas las medidas presupuestales y de
planeación que ella por sí misma, o en coordinación con otras, deban llevar
a cabo y que permitan el desarrollo de las obras requeridas para la garantía
de los derechos antes señalados como vulnerados.
5. Al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS que, como una entidad del orden
nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, ejecute todas las políticas,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte
carretero, para garantizar que los habitantes de los diferentes sectores de la
Vereda Granizal del Municipio de Bello, puedan contar con vías que permitan
el traslado de las 21 personas, los bienes y servicios, el acceso y la
integración de la vereda con el resto del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá.
En consecuencia, se solicite a esta entidad que se tomen todas las medidas
presupuestales y de planeación que ella por sí misma, o en coordinación con
otras, deban llevar a cabo y que permitan el desarrollo de las obras
requeridas para la garantía de los derechos antes señalados como
vulnerados.
6. Sí no se concediera la medida provisional solicitada, se ordene al Municipio
de Bello y al Departamento de Antioquia, que una vez ejecutoriada la
sentencia de primera instancia y de manera inmediata, a fin de garantizar el
derecho colectivo a “Evitar desastres técnicamente previsibles”, además de
garantizar la provisión de agua potable que garantiza el derecho fundamental
a la salud y el derecho colectivo a la “salubridad pública”; en un plazo no
mayor a 15 días hábiles adopten las medidas administrativas y financieras
necesarias que le permitan intervenir los puntos críticos de la vía de carácter
departamental y de las vías internas de los diferentes sectores de la vereda
Granizal del Municipio de Bello.
7. Como continuidad de la anterior orden, a fin de evitar que se presente una
regresión en la garantía de los derechos, se ordene, al Municipio de Bello y
al Departamento de Antioquia dispongan los medios necesarios para realizar
de manera inmediata las intervenciones que se presenten de carácter
urgente en puntos críticos de la vía departamental y de la vía nacional, previa
notificación de los demandantes a las entidades antes señaladas.
8. Se ordene al Departamento Nacional de Planeación en el marco de sus
competencias Coordinar y acompañar a la Alcaldía de Bello, La Gobernación
de Antioquia y Ministerio de Transporte en la formulación, preparación y
seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos de construcción y
mejora de la malla vial de la Vereda Granizal […]”2.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Indicó que la Vereda Granizal, ubicada en las laderas orientales del Municipio
de Bello está conformada por un extenso asentamiento informal dividido en ocho
sectores: Manantiales, San José del Pinar, Oasis de Paz, El Regalo de Dios, Portal
de Oriente, El Siete, Altos de Oriente I y Altos de Oriente II. El mencionado sector
alberga aproximadamente 17.333 habitantes, de los cuales muchos se encuentran
en condiciones de vulnerabilidad.
3.2. Manifestó que, conforme al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Bello, la Vereda Granizal está clasificada como “zona de expansión urbana”, lo que
implica que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el desarrollo sostenible
2 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
y el acceso a servicios básicos, tales como agua potable y transporte, para sus
habitantes.
3.3. Estableció que un censo realizado en junio de 2021, en virtud de un fallo del
Consejo de Estado, reveló que los residentes de la vereda enfrentan condiciones
precarias, siendo en su mayoría víctimas del conflicto armado y migrantes, lo que
resalta la urgencia de atender sus necesidades desde una perspectiva de derechos
humanos.
3.4. Destacó que la única vía de acceso a la Vereda Granizal es la antigua vía
Medellín – Guarne, la cual es una vía terciaria bajo la responsabilidad del
Departamento de Antioquia. El mal estado de esta vía ha generado dificultades
significativas para el tránsito, afectando la capacidad de los residentes para acceder
a servicios esenciales y limitando su derecho a la movilidad.
3.5. Consideró que el deterioro de las vías internas, construidas en parte por la
comunidad, ha creado puntos críticos de transitabilidad que han repercutido en el
acceso a servicios de salud, agua potable y transporte, evidenciando una clara
violación de derechos colectivos.
3.6. Resaltó que, en relación con el suministro de agua potable, el acceso de la
población está condicionado por el estado de las vías, ya que el servicio se realiza
a través de carrotanques. Esto se deriva de un fallo anterior del Consejo de Estado
que ordenó garantizar el suministro de agua a los sectores El Pinar y Manantiales,
lo que establece un vínculo directo entre la infraestructura vial y el derecho a un
suministro básico de agua.
3.7. Afirmó que, tanto en las sentencias de primera como de segunda instancia,
los juzgadores reconocieron las dificultades de accesibilidad y la problemática del
estado de la vía, indicando que esto no puede ser un impedimento para el
cumplimiento de las órdenes judiciales que buscan proteger los derechos de los
habitantes.
3.8. Señaló que, aunque el Municipio de Bello ha realizado mantenimientos
esporádicos en las vías internas, las intervenciones han sido insuficientes, lo que
ha llevado a un continuo deterioro de las mismas. Esto crea un entorno que no solo
afecta el tránsito, sino que también compromete la calidad de vida de los residentes.
3.9. Documentó que el único reporte concreto sobre el estado de las vías proviene
de EPM, que ha registrado más de 50 eventos de deterioro entre 2021 y 2022,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
impidiendo el acceso de los camiones cisterna que proveen agua a los sectores más
afectados. Esta situación limita la provisión de agua y alimentos, lo que a su vez
afecta el ejercicio de derechos básicos de la comunidad.
3.10. Solicitó que se adopten medidas urgentes por parte de las entidades
competentes, como la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia, para
garantizar el acceso a los derechos e intereses colectivos. Resaltó que el Estado
tiene la obligación de actuar para resolver la problemática de infraestructura que
afecta a la población vulnerable.
3.11. Concluyó que la falta de respuesta oportuna de las entidades a las solicitudes
de la comunidad refuerza la necesidad de una intervención inmediata para
salvaguardar sus derechos colectivos. Subrayó que el Estado debe asumir un rol
activo en la protección y garantía de estos derechos, asegurando que se
implementen las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la Vereda Granizal.
Contestaciones de la demanda3
4. El Departamento de Antioquia contestó la demanda, se opuso a las
pretensiones formuladas, así:
4.1. Aclaró que la vía que le corresponde al Departamento de Antioquia es la vía
con código 6004 A Santo Domingo Savio – Piedras Blancas (Guarne), son 12.2
Kilómetros en afirmado, no pavimentada, ya que la norma no exige que sea
pavimentada. Las vías alternas que convergen alrededor de la vía departamental, y
que se dirigen a la vereda Granizal, corresponden al Municipio de Bello, y no son
competencia del Departamento de Antioquia; lo que sucede es que el Municipio de
Bello no cuenta con el Plan de Ordenamiento Territorial para esa vereda.
4.2. Determinó que, para que las vías sean pavimentadas por la Secretaría de
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, deben cumplir con las
condiciones geométricas estipuladas para vías secundarias. En este sentido, se
concluyó que la vía en cuestión no cumple con tales requisitos, lo que impide su
rehabilitación o mantenimiento debido a la falta de durabilidad en el tiempo y al
riesgo de un detrimento patrimonial.
4.3. Consideró que el crecimiento urbano descontrolado en el sector ha generado
una expansión no controlada, especialmente en las laderas, lo que ha incrementado
3
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
la población urbana a través de la migración desde áreas rurales. Se advirtió sobre
la proliferación de edificaciones sin autorización, así como intervenciones
irregulares sobre la vía que afectan su integridad, incluyendo el cruce de tuberías y
la descarga de aguas residuales.
4.4. Manifestó la necesidad de un control urbanístico más riguroso por parte de la
Administración Municipal de Bello y el Distrito de Medellín. Este control debería
abarcar la gestión de aguas de escorrentía, la regulación de edificaciones y la
mejora de las redes de servicios públicos, incluyendo un plan maestro para el
acueducto y alcantarillado, así como la adecuada disposición de residuos.
4.5. Subrayó que, conforme a la Ley 1228 de 2008, es responsabilidad de los
propietarios adyacentes a las vías públicas mantener las medidas de seguridad
necesarias. Se enfatizó que estos propietarios son responsables de la conservación
de la vía, en virtud de las normas que establecen un retiro de 30 metros desde el
eje central, el cual no se ha cumplido.
4.6. Reiteró a la Administración Municipal de Bello y a EPM la disposición para
otorgar el permiso de intervención en la vía 6004A, a fin de llevar a cabo la
construcción de una red de alcantarillado y el mantenimiento del tramo vial durante
la ejecución de dichas obras. Se garantizó la disponibilidad presupuestaria para
operaciones de maquinaria y atención de emergencias en la infraestructura vial.
4.7. Indicó que la falta de legitimación en la causa por pasiva se configura frente
a las vías alternas que conducen a la Vereda Granizal porque la obligación de
prestar servicios públicos recae principalmente sobre el municipio. Según los
artículos 5 y 6 de la Ley 142 de 1994, el Municipio de Bello es el primer responsable
de garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
4.8. Estableció que la competencia del Departamento de Antioquia en la
ejecución de programas de saneamiento es subsidiaria y se limita a intervenir
mediante convenios interadministrativos. Advirtió que el Departamento no ejecuta
directamente proyectos, sino que brinda apoyo complementario a los esfuerzos
locales, y que cualquier solicitud de asistencia debe ser presentada por el alcalde
del municipio en caso de que se desborde su capacidad.
4.9. Concluyó que la Vereda Granizal, ubicada en la parte alta de las laderas
orientales del Municipio de Bello, no es responsabilidad directa del Departamento
de Antioquia en el contexto de la demanda presentada, dado el marco normativo
que regula la prestación de servicios públicos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
4.10. Por último, propuso como excepciones las que denominó: “Buena fe por parte
de la Gobernación de Antioquia”; y “Cumplimiento de la orden judicial”.
5. La Nación - Ministerio de Transporte contestó la demanda, por medio de
apoderado, en la cual se opuso a las pretensiones formuladas, así:
5.1. Señaló que no realiza obras tendientes a proteger, construir, conservar,
carreteras nacionales, ni adelanta obras de adecuación, reparación, mantenimiento
y sostenimiento de éstas desde el año de 1967, puesto que su esencia es la de un
organismo eminentemente regulador, planificador y normativo del sector
Transporte, mucho menos la Nación Ministerio de Transporte creada el 31 de
Diciembre de 1993, que carece a la fecha de facultades para desarrollar funciones
de tipo operativo en tal sentido, según lo establecido en los decretos 101 de 2000 y
087 de 2011. Igualmente, no acredita el actor las normas reguladoras existentes
presuntamente inobservadas por el Ministerio de Transporte en la demanda
formulada.
5.2. Indicó que no es competente en materia de tránsito, señalización,
mantenimiento y conservación de carreteras en la jurisdicción de los municipios ni
de los departamentos, como tampoco en las vías de carácter Nacional, pues la ley
ha asignado esta función a otro organismo y mal se haría predicar responsabilidad
de un supuesto hecho en el que el Ministerio de Transporte no tiene nada que ver.
5.3. Manifestó que no es competente para prestar servicios públicos domiciliarios,
los cuales se encuentran a cargo de los departamentos y municipios. En el caso
que nos ocupa, los demandantes no han demostrado las circunstancias de la
responsabilidad que le atañe a la Nación Ministerio de Transporte puesto que
demandan a varias entidades sin determinar cuál es la directa responsable, cuestión
bien distinta de la ley que siempre ha individualizado y delimitado las competencias
y funciones de cada uno de sus entes descentralizados bien sea por servicios
administrativa o territorialmente.
5.4. Aclaró que no ostenta competencia alguna para la intervención directa de la
infraestructura a cargo de la Nación - INVIAS o ANI, es decir aquella que hace parte
de la red nacional de carreteras de acuerdo con el artículo 12 de la ley 105 de 1993,
o aquellas vías a cargo de los departamentos, municipios y distritos, de acuerdo con
lo señalado en la misma normatividad, por lo cual no adelanta ni estructura procesos
licitatorios, ni ningún otro proceso de contratación, tendientes al mejoramiento,
pavimentación y reparación de la vía en la que ocurrieron los lamentables hechos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
5.5. Destacó que la parte actora involucra de manera indistinta en la parte pasiva
a sujetos de naturaleza pública y otros de naturaleza privada, absteniéndose de
cumplir la carga que le corresponde de indicar de forma cierta los fundamentos
fácticos y jurídicos por las cuales la vincula.
5.6. Presentó como excepciones las que denominó: “Falta de legitimación en la
causa por pasiva”; “Inexistencia de nexo causal respecto del presunto daño causado
y el ministerio de transporte”; “Inexistencia del derecho pretendido”; “Inexistencia de
título de imputación en el caso concreto con respecto al ministerio de transporte”;
“Ausencia de responsabilidad”; y “Inexistencia de nexo causal”.
6. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS contestó la demanda, se opuso a las
pretensiones formuladas, así:
6.1. Manifestó que se opone a la prosperidad de la acción popular y que no está
legitimada en la causa por cuanto no es el ente estatal encargado y responsable de
atender las medidas planteadas en la presente acción popular como se ha dicho por
no tener competencia para ejecutar las acciones solicitadas. Según lo relatado en
la demanda e inclusive corroborado por las contestaciones de las demás entidades
demandadas, las vías cuya intervención se reclama son de orden departamental y/o
municipal, de lo cual se desprende de manera ostensible que frente al INVIAS debe
ser declarada la falta de legitimación en la causa por pasiva.
7. La Nación - Departamento Nacional de Planeación - DNP contestó la
demanda, se opuso a las pretensiones formuladas, así:
7.1. Indicó que la entidad no ha incurrido en ninguna acción y omisión generadora
de la presunta vulneración de los derechos colectivos, por un lado indicó que, la
responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento básico recae en cabeza de la administración municipal, que es el
garante de la prestación de los servicios públicos domiciliarios a todos sus
habitantes, y por el otro, dispone de las plataformas que permiten a las entidades
públicas formular y presentar por iniciativa propia proyectos de inversión
susceptibles de ser financiados con recursos públicos, no siendo este departamento
administrativo el responsable de tener la iniciativa frente a su estructuración o
priorización.
7.2. Manifestó que no tiene dentro de sus funciones la de ejecutar obras de
mantenimiento de la red vial del país, no obstante, en el marco de sus
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
competencias, en lo referente al apoyo y asistencia técnica en aspectos específicos
a las entidades del sector y a las entidades territoriales, el DNP ha formulado
documentos de política en materia de infraestructura vial, y planes maestros de
infraestructura, así como participación en planes y programas de vías regionales.
7.3. En suma consideró que no tiene a su cargo la prestación de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado ni la ejecución de obras de construcción,
mantenimiento y conservación de la red vial del país; no es la entidad competente
para definir, presentar o formular proyectos de inversión para la construcción del
acueducto y alcantarillado en los municipios ni proyectos relacionados con la
construcción y mantenimiento de la red vial; los responsables y garantes de la
prestación de servicios públicos domiciliarios son las entidades territoriales, por lo
tanto, les corresponde activar los mecanismos necesarios y realizar las actividades
pertinentes para tal fin. En virtud de la autonomía administrativa y financiera que
ostentan las entidades territoriales para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitución y la Ley, son éstas las que tienen la facultad para definir
las inversiones a realizar con los recursos del Sistema General de Regalías - SGR;
las entidades territoriales pueden ser beneficiarias o acceder a fuentes de
financiación activando los mecanismos respectivos y realizando todas las acciones
pertinentes ante las entidades competentes en aras de garantizar la prestación de
los servicios públicos domiciliarios.
8. El Municipio de Bello - Antioquia presentó contestación en los siguientes
términos:
8.1. Se opuso a las pretensiones relacionadas con los derechos e intereses
colectivos al uso y goce de goce del espacio público, derecho de acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, derecho colectivo a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, desconociendo sin
fundamento alguno que los mismos ya fueron protegidos por la acción popular con
radicado 05-001-23- 33-000-2015-02436-00 tramitada ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, estando a la fecha en el proceso de ejecución de obras,
debiéndose indicar como se ha indicado reiteradamente en la acción popular ya
enunciada que son procesos extensos por las intervenciones que deben realizarse,
ya que la comunidad se asentó en una zona de complejo acceso y en algunas
circunstancias con altas limitaciones físicas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
8.2. Manifestó que en cumplimiento de la acción popular mencionada ha tomado
medidas provisionales para garantizar derechos, pero igualmente ha actuado con
celeridad para mejorar las condiciones de los habitantes de la vereda El Granizal.
8.3. Finalmente propuso como excepciones las que denominó: “Cosa juzgada”;
“Falta de integración del litisconsorte por pasiva”; “Falta de legitimación en la causa
por pasiva”; “Inexistencia de vulneración a derechos colectivos”; “Actuar propicio del
ente territorial”; “Inexistencia de razones fácticas y jurídicas”; y “Ausencia de
prueba”.
9. La Defensoría del Pueblo, contestó la demanda, coadyuvó a las
pretensiones formuladas, así:
9.1. Consideró que, además de los derechos colectivos invocados en el medio de
control, la falta de vías de acceso también vulnera los derechos fundamentales a la
educación en razón a la dificultad de los menores para acudir a la escuela en
temporada de lluvias, a la alimentación por cuanto la falta de vías de acceso propicia
el desabastecimiento de las “tiendas de barrio” y obliga a cargar al hombro los
víveres adquiridos; al trabajo puesto que, obliga a los residentes a salir a muy
tempranas horas, emprender largas caminatas y regresar a altas horas de la noche;
a la salud toda vez que, las ambulancias no tienen forma de llegar a socorrer a una
persona y a los largos tiempos de desplazamiento para asistir a citas médicas; y a
la seguridad por las situaciones de riesgo que generan los desplazamientos que
deben hacer a tempranas y altas horas de la noche los habitantes de los sectores
de la vereda Granizal del Municipio de Bello.
9.2. Finalmente, argumenta que, la situación se traduce en un déficit en la
infraestructura social, que ha tratado de ser solventada por los miembros de la Junta
de Acción Comunal, realizando intervenciones artesanales, sin conocimientos
técnicos y de manera empírica; no obstante, estima que, la obligación de garantizar
sus derechos debe recaer en el Estado.
La audiencia de pacto de cumplimiento
10. El Tribunal, mediante audiencia de 26 de mayo de 2023 llevo a cabo la
audiencia de pacto de cumplimiento y se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
Sentencia proferida, en primera instancia
11. La Sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia
profirió sentencia de 29 de abril de 2024, en la que resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de cosa juzgada, falta
de integración del litisconsorcio por pasiva, falta de legitimación en la causa por
pasiva, inexistencia de vulneración de derechos colectivos, actuar propicio del ente
territorial, la inexistencia de razones fácticas y jurídicas y la ausencia de prueba,
inexistencia del derecho pretendido; buena fe, cumplimiento de orden judicial,
inexistencia de título de imputación, ausencia de responsabilidad, inexistencia de
nexo causal e inexistencia de vulneración de los derechos colectivos invocados en
la demanda propuestas por el extremo procesal demandando; conforme lo expuesto
en el acápite de consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: ACCEDER, parcialmente, a las pretensiones de la demanda invocadas
por los señores LILIANA CUADROS QUIROZ, NORA ELVIA PULGARÍN
CASTRO, ANA CECILIA CASTAÑEDA HOYOS, ANA CECILIA MARÍN DE
MARÍN, VÍCTOR HUGO RESTREPO VALENCIA, JESÚS HORACIO LONDOÑO
ÁLVAREZ y GABRIEL TULIO GIRALDO NARANJO, quienes actúan a través de
apoderados judiciales, en contra del MUNICIPIO DE BELLO, el DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA, la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, NACIÓN -
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) y de la NACIÓN - DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN (D.N.P.); conforme lo expuesto en el acápite de
consideraciones de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE BELLO, al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, a la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE, a la NACIÓN –
MINISTERIO DE TRANSPORTE – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) y a
la NACIÓN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (D.N.P.), en
procura de garantizar la protección de los derechos colectivos invocados, acorde
con lo descrito en la parte considerativa de esta providencia, que, teniendo de
presente el cumplimiento de la normatividad contractual vigente, con fundamento
en los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y
complementariedad, dentro del término de los ocho (8) meses siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, procedan a adoptar las medidas administrativas y
financieras que resulten necesarias a fin de que, de un lado, i) Construyan las
cunetas para la recolección de aguas de escorrentía en el tramo de ocho (8)
kilómetros correspondientes a la vía departamental identificada como carretera
6004A, comprendidos entre el inicio en jurisdicción del municipio de Bello -Antioquia
hasta el límite con el municipio de Copacabana, quebrada Rodas; y, de otro lado,
ii) Revisar técnicamente la capacidad hidráulica del Box Culvert sobre la quebrada
Cañada Negra y una vez se dictamine dicha capacidad proceder a la reparación del
box culver (sic) en caso de que sea indispensable y necesario, o a la construcción
de otro si así se requiere.
CUARTO: NEGAR las demás súplicas de la demanda; conforme lo expuesto en el
acápite de consideraciones de esta providencia.
QUINTO: CONFORMAR un Comité de Vigilancia que verifique el cumplimiento de
esta sentencia, el cual, estará integrado por i) El Magistrado Ponente –Quien lo
presidirá-; ii) Un representante de los demandantes; iii) El Gobernador de Antioquia
o su delegado; iv) El Alcalde del municipio de Bello -Antioquia o su delegado; v) El
Ministro de Transporte o su delegado; vi) El Director del DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN (D.N.P.) o su delegado; vii) El Director del
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) o su delegado; viii) Por el Defensor del
Pueblo Regional de Antioquia; y, ix) Por la Procuraduría General de la Nación, como
representante del Ministerio Público, a través del Procurador 1º Agrario y Ambiental;
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes
deberán hacer seguimiento a lo ordenado en la presente decisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
SEXTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia; conforme lo expuesto en el
acápite de consideraciones de esta providencia.
SÉPTIMO: REMITIR, por medio de la Secretaría, copia del presente fallo a la
Defensoría del Pueblo, con el objeto de que sea incluido en el Registro Público
Centralizado de Acciones Populares y de Grupo, previsto en el artículo 80 de la Ley
472 de 1998.
OCTAVO: ADVERTIR que, contra la presente providencia procede el recurso de
apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de
1998.
NOVENO: NOTIFICAR está providencia a las partes, al Ministerio Público y a la
Defensoría del Pueblo.
DÉCIMO: ARCHÍVAR el expediente, una vez ejecutoriada esta providencia […]”4.
Consideraciones del Tribunal
12. El Tribunal consideró que el problema jurídico de fondo era el siguiente: “[…]
si las entidades públicas accionadas -El MUNICIPIO DE BELLO, el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE,
la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
(INVIAS) y la NACIÓN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (D.N.P.)-
vulneran o, por lo menos, amenazan derechos e intereses colectivos,
especialmente, aquellos que fueron invocados por los actores populares, con
ocasión al presunto mal estado que presentan las vías de la vereda Granizal del
municipio de Bello -Antioquia. En caso afirmativo, se determinarán aquellas
entidades responsables de salvaguardar los derechos e intereses colectivos así
como las acciones necesarias para evitar su vulneración o amenaza. […]”.
12.1. El Tribunal determinó el marco normativo de las acciones populares y el
marco normativo y jurisprudencial de los derechos e intereses colectivos invocados.
Indicó que procedía determinar si, el estado actual de las vías de la vereda Granizal
del Municipio de Bello -la antigua vía Medellín – Guarne, denominada 6004A Santo
Domingo Savio – Piedras Blancas – Guarne y, de otro lado, las vías internas que
comunican a la vía principal, las cuales están sin pavimentar, no cuentan con un
sistema de canales o cunetas para la recolección, el escurrimiento de aguas lluvias
ni tampoco con obras transversales, vulneran o amenazan los derechos colectivos
indicados en la demanda.
4 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
008ED_SentenciaPrimeraInstancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
12.2. El Tribunal realizó una precisión en relación con la situación de vulneración,
la cual se encuentra acreditada respecto de los derechos colectivos: al uso y goce
del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a un
ambiente sano, a la seguridad y a la salubridad pública y al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública. Sin embargo, en lo
que concierne a los derechos a la libre locomoción o circulación, a la educación, a
la alimentación, al trabajo y a la seguridad, también se estima válido precisar que,
de un lado, estos corresponden a derechos fundamentales y, de otro lado, la Sala
no encontró acreditada, por parte de los demandantes, la conexidad entre la
vulneración de los derechos e intereses colectivos y la vulneración o amenaza a los
derechos fundamentales referenciados, de tal forma que, el daño o amenaza de los
mencionados derechos sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación de
los derechos colectivos.
12.3. El Tribunal indicó que, de lo informado por las partes e intervinientes, se
acreditó que Granizal es un asentamiento de hecho, no regularizado, compuesto
por 8 sectores denominados como: Manantiales, San José del Pinar, Oasis de Paz,
El Regalo de Dios, Portal de Oriente, El Siete, Altos de Oriente I y Altos de Oriente
II; los cuales, se encuentran habitados, mayoritariamente, por personas víctimas de
la violencia en Colombia, por otros grupos de población vulnerable y por personas
en situación de pobreza, en riesgo de desplazamiento. Identificó que las vías son
de un lado, la antigua vía Medellín – Guarne, denominada 6004A Santo Domingo
Savio – Piedras Blancas – Guarne, la cual, es una vía terciaria que hace parte de la
Red Departamental de Antioquia, a cargo del Departamento de Antioquia y, de otro
lado, las vías internas que comunican la vereda con aquella vía principal, los cuales,
se han ido trazando y construyendo por la comunidad a medida que se ha dado el
proceso de urbanización, por tanto, son tramos que, no se encuentren entre la
infraestructura vial oficial del Municipio de Bello.
12.4. Consideró que parte de esa infraestructura vial se encuentra sentada sobre
predios de particulares y sobre predios públicos, pertenecientes a la Nación,
ubicados a lo largo de la antigua vía Medellín – Guarne; no obstante, se tiene que,
desde el mes de noviembre del 2022, la misma, ha venido siendo adecuada,
intervenida y objeto de mantenimiento por parte del Departamento de Antioquia, en
cumplimiento de las órdenes judiciales dictadas en el trámite del proceso judicial de
radicado nro. 05- 001-23-33-000-2015-02436-00, adelantado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia. También quedó probado que la vía Medellín – Guarne
goza de condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad para los usuarios.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
12.5. No obstante, se probó que, en los periodos invernales, se afectarán las
condiciones de uso de esas vías, por la falta de cunetas para la recolección de
aguas de escorrentía y que se requiere una revisión de la capacidad hidráulica del
box culvert a la altura de la quebrada Cañada Negra. También queda claro que la
condición geotécnica de los taludes aledaños a las vías, en general, son estables
para las condiciones actuales; que, varios taludes están conformados por rocas sin
que se evidencie ninguna inestabilidad y los demás por coluviones y suelos, sin que
se observara movimientos que presentaran obstrucción para el tránsito por la vía;
por lo cual, no hay problemas de deslizamientos, actividades recientes ni
circunstancias que ameriten acciones inmediatas y, que, la circulación de vehículos,
entre ellos, los vehículos de E.P.M. que abastecen agua, era correcta.
12.6. El Tribunal consideró que no pudo acreditarse en el plenario, por la parte
actora, cuales fueron esos periodos en los que la vía estuvo deteriorada ni la
frecuencia y los costos de mantenimiento correctivo de los carrotanques y que, por
el contrario, en la zona no solo transitan los vehículos que distribuyen el agua
potable sino también los que están dispuestos para el transporte de personas,
alimentos y la recolección de basuras. En relación con la inexistencia de las cunetas
para el manejo del agua, se indicó que las fajas de retiro obligatorio para carreteras
de la red vial nacional se encuentran establecidas en el artículo 2° de la Ley 1228
de 2008, y prohíbe la realización de cualquier tipo de construcción o mejora en esas
zonas. Determinó que las zonas destinadas como áreas de exclusión o que hacen
parte de la anchura mínima de las carreteras de primera, segunda y tercera
categoría u orden, corresponden a bienes de uso público por pertenecer a la
infraestructura de transporte del país y son bienes que integral el espacio público.
12.7. Por lo anterior, se probó que en la zona objeto del presente proceso judicial,
los propietarios y residentes han incumplido ese deber porque las edificaciones no
cumplen con retiro de zona de reserva. Puntualmente quedó probado que la
problemática gira en torno al inexistente manejo de aguas de escorrentía y al estado
del box culvert sobre la quebrada Cañada Negra, los cuales, en época de lluvias,
sumado al estado sin pavimentar y la topografía de la vía, dificultan el tránsito de
vehículos.
12.8. En lo relacionado con las obras de pavimentación, el Tribunal estableció que
resultaría inocuo ordenar su realización por cuanto la orden de realización de alguna
obra deben tener en cuenta los planes de acueducto y alcantarillado, para ajustarse
a los requerimientos técnicos y ambientales, además que las vías no cumplen con
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
las condiciones geométricas para las vías secundarias ni con la viabilidad técnica
para realizar una rehabilitación o mantenimiento.
12.9. Señaló que respecto de la pretensión dirigida a garantizar la provisión de
agua potable que haga efectivo el derecho fundamental a la salud y el derecho
colectivo a la salubridad pública, está claro que el suministro está siendo efectuado
por parte del Municipio de Medellín y EPM, en cumplimiento de las órdenes emitidas
en el proceso judicial de radicación núm. 05-001-23-33-000-2015- 02436-00.
12.10. El Tribunal consideró que en cuanto a la excepción de cosa juzgada no se
configuran los presupuestos por cuanto la tramitada bajo el radicado nro. 05-001-
23-33-000-2015- 02436-00 y el caso concreto son diferentes, porque por un lado, la
causa de la primera es la falta de agua potable y de alcantarillado en los sectores
El Pinar y Manantiales de la vereda Granizal y la que es objeto de pronunciamiento,
su causa es el estado de las vías que comunica a todos los sectores de la vereda
Granizal y su mantenimiento.
12.11. Resolvió sobre las demás excepciones presentadas por los demandados y
declaró la vulneración de los derechos colectivos al uso y goce del espacio público
y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a un ambiente sano, a la
seguridad y a la salubridad pública y al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública. Concluyó que, las entidades accionadas, en
atención a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y
complementariedad, son los responsables de adoptar las medidas necesarias para
superar la situación que se presenta en la vía mencionada y preservar así, los
derechos colectivos referidos, de conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994.
12.12. Por último, indicó que como los actores populares no cumplieron con la carga
procesal tendiente a demostrar la vulneración o amenaza de los otros derechos
colectivos respecto de las situaciones aludidas y, por consiguiente, no demostraron
la totalidad de los hechos, no resulta procedente emitir orden adicional alguna y por
ello negó las demás súplicas de la demanda.
Recurso de apelación presentado por el Departamento de Antioquia5
13. El Departamento de Antioquia presentó escrito por medio del cual interpuso
el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en los
siguientes términos:
5
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
13.1. Indicó que debe aclararse y especificarse concretamente el numeral tercero
en relación con los derechos colectivos invocados “para que no se generen
interpretaciones erróneas” respecto de lo que se amparó o no.
13.2. Señaló que requiere de un tiempo mayor a 8 meses para cumplir lo ordenado
en el ordinal tercero de la sentencia por el cambio de gobierno, la aprobación del
plan de desarrollo, el ajuste de planes, proyectos y programas para los sectores
priorizados, fundamentalmente para poder intervenir la vía el municipio requiere
contar con la modificación del POT.
13.3. Indicó que la vía 6004A Santo Domingo Savio - Piedras Blancas (Cruce Ruta
60) Autopista (Guarne) con una longitud de 16.2km, identificada con código 6004A
está a cargo del Departamento de Antioquia, y que su obligación es garantizar su
funcionalidad y transitabilidad; que dicha vía está categorizada como vía de tercer
orden cuya función es permitir la comunicación entre dos o más veredas de un
municipio, en este caso vía de acceso a la vereda granizal del Municipio de Bello,
la cual por ser consideradas como terciarias deben funcionar en afirmado.
Consideró que realizó la intervención de 3km en la jurisdicción del Municipio de Bello
con material sobrante de fresado del pavimento. Manifestó que la vía no cumple con
las condiciones para ser pavimentada. Por esa razón adujo que estaríamos ante un
posible detrimento patrimonial si se interviene la vía, además del aumento de la
población urbana no controlada y el aumento de las edificaciones sin autorización
que implica la intervención irregular de la vía con cruce de tuberías, descarga de
aguas residuales y taponamiento de obras de drenaje, lo que requiere de un control
urbanístico por parte de la administración municipal.
13.4. Manifestó que garantiza el permiso de intervención de la vía a 6004A Santo
Domingo Sabio - Piedras Blancas - Guarne (Cruce ruta 60), para que efectué la
construcción de una red de alcantarillado y para el mantenimiento del tramo vial
durante el plazo que conlleve la realización de las obras donde se requiere el
suministro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y también la
disponibilidad presupuestal permanente en el marco del contrato para la operación
de maquinaria amarilla y atención inmediata de emergencias en la infraestructura
vial en el Departamento de Antioquia.
13.5. Argumentó que la competencia del Departamento es subsidiaria en cuanto a
la solución de las necesidades básicas insatisfechas en materia de saneamiento
básico porque no participa directamente en la ejecución de programas o proyectos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
relacionados con los municipios, sino que interviene a través de convenios
administrativos y cofinancia el desarrollo de proyectos específicos.
13.6. Resaltó que se debe capacitar a la comunidad para que haga un buen uso
de los recursos, porque cuando las obras se realizan, la misma comunidad no las
cuida y genera construcciones sobre la vía lo que conlleva a un represamiento de
las aguas lluvias.
13.7. Solicitó que sea exonerado de toda obligación de la que no tenga
competencia ya que ha actuado según los lineamientos de categorización. Además,
que, la vía con código 6004 a Santo Domingo Savio – piedras blancas (Guarne),
son 12.2 Kilómetros en afirmado, no pavimentada, ya que la norma no exige que
sea pavimentada. Las vías alternas que convergen alrededor de la vía
departamental, y que se dirigen a la vereda Granizal, corresponden al municipio de
Bello, y no es competencia directa del Departamento de Antioquia, máxime que el
municipio de Bello no cuenta con el POT para la Vereda Granizal; la vía se
encuentra en buen estado de transitabilidad de acuerdo al informe técnico de los
ingenieros de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia; tener por analogía
y favorable, la Sentencia núm. S4- 008 del 14 de marzo de 2019 emitida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad; en lo relativo al
aprovisionamiento de agua potable por parte EPM, la Gobernación de Antioquia no
tiene nada que ver, ya lo está cubriendo EPM, por otra acción popular.
13.8. En suma, indicó que en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
se accedió a las pretensiones en forma parcial, pero no se aclaró en que aspectos.
En caso de tratarse de manifestaciones por supuesta violación a sus derechos, sean
negados por falta de pruebas en contra del departamento; ordenar a las alcaldías
hacer efectivo los planes territoriales de ordenamiento porque de ello depende en
gran parte la intervención efectiva y eficaz; se amplie el tiempo de 8 meses acorde
con los tiempos de los gobiernos y lo que demoren los municipios especialmente el
de Bello y su POT, planes, programas, proyectos; ordenar a las alcaldías que
presenten el debido agotamiento ante el ente territorial para la adecuada prestación
de los servicios; exonerar al departamento de cualquier responsabilidad, se declare
que la competencia es directa de las alcaldías y que no existe solidaridad para el
ente territorial y se tenga en cuenta el concepto del procurador.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
Recurso de apelación presentado por la parte actora6
14. La parte actora presentó escrito por medio del cual interpuso el recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en los siguientes
términos:
14.1. Indicó que el recurso va dirigido contra los numerales 2 y 4 de la parte
resolutiva de la sentencia. En la sustentación del recurso determinó las siguientes
falencias de la sentencia relacionadas con: i) la incongruencia de la sentencia; ii) la
idoneidad de las órdenes dictadas; iii) la incertidumbre frente a la titularidad de los
terrenos ocupados por los demandantes y; iv) la ratificación de las pretensiones.
14.2. Consideró que se reconoce la existencia de una violación, amenaza y/o
vulneración de los derechos e intereses colectivos al uso y goce del espacio público,
derecho de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente
y oportuna, pero desconoce la conexidad o coexistencia entre los derechos
colectivos con los derechos fundamentales indicados en la demanda y que los
mismos deben ser protegidos a través de la acción de tutela, dejando a la deriva la
salvaguarda de derechos constitucionales.
14.3. Indicó que dentro de la acción popular lo que se busca es la realización de
los estudios y diagnósticos geotécnicos necesarios para establecer el estado de las
vías de la vereda Granizal del Municipio de Bello, determinando la necesidad de
estabilización de taludes, obras de drenaje, cunetas, obras transversales,
construcción o reparación de puentes con la finalidad de que los accionados
adoptaran las acciones administrativas, de planeación, técnicas y presupuestales
pertinentes a fin de iniciar el proceso de rehabilitación y/o mejoramiento de la vía
que permita el acceso y la integración de la vereda con el resto del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.
14.4. Adicionalmente se pretendía que el Municipio de Bello realice la declaratoria
de espacio público y de utilidad pública o interés social, que permita la adquisición
de los inmuebles que hacen parte de la red vial en los diferentes sectores de la
vereda para lograr que cese la afectación a los intereses colectivos; sin embargo,
no hubo pronunciamiento por el Tribunal.
6
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
14.5. Manifestó que no es congruente en la resolución del ordinal cuarto de la
sentencia al negar las demás pretensiones de la demanda, porque no se cuenta con
suficiente argumentación o motivación basada en el material probatorio allegado al
proceso.
14.6. Indicó que no hubo respuesta de fondo frente a la solicitud de rechazo del
dictamen pericial presentada por la parte actora y fundamentada en que este
dictamen carece de idoneidad técnica y científica, al no arrojar resultados
concluyentes que den cuenta de la realidad fáctica de las vías en la vereda Granizal
y de su real transitabilidad. Sostuvo que se configuró un defecto fáctico al momento
de valorar la prueba.
14.7. Argumentó que dentro del acervo probatorio se evidencian pruebas que
demuestran un detrimento a los derechos fundamentales, las cuales deben ser
valoradas en su conjunto y que las órdenes impartidas son medidas provisionales
que no protegen de manera permanente y definitiva los derechos colectivos.
Consideró que se debe volver a realizar una investigación más minuciosa en donde
se estudie debidamente cada parte de la vía, y se pueda constatar su estado real,
la transitabilidad, las normas técnicas sobre pavimentos para este tipo de vías, los
periodos en los que la vías se deterioran, frecuencia y costos de mantenimiento
correctivo de los carrotanques, así como los puntos críticos donde haya riesgos de
desastres técnicamente previsibles y que ameriten intervención urgente así como
mitigación a mediano y largo plazo, entre otros aspectos de uso y goce de ese
espacio público.
14.8. En relación con el argumento de apelación de la idoneidad de las órdenes
dictadas, indicó que no se evidencia una solución de fondo al problema porque el
problema va a persistir mientras las vías no sean intervenidas debidamente y no se
tomen todas las recomendaciones y precauciones necesarias para mitigar los
riesgos técnicamente previsibles y así resolver el problema o al menos evitar que
evolucione.
14.9. Argumentó que el derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente no se satisface en la medida en que los riesgos
enunciados en el libelo continúan amenazando a la comunidad de la Vereda
Granizal, pues si bien la revisión del box culvert y la construcción de cunetas
contribuyen a la disminución de los riesgos, los demás riesgos relativos al suministro
deficiente de agua y alimentos, las dificultades para la provisión de servicios
públicos esenciales, los riesgos de accidentalidad, la amenaza por el estado de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
taludes y movimientos en masa, entre otros, no fueron examinados, determinados
ni estudiados con rigor técnico ni científico dentro del trámite procesal. No se ha
demostrado el origen de los riesgos de desastres, por lo cual las autoridades no
están eximidas en su deber de adoptar todas las medidas para conocer, reducir y
manejar su impacto.
14.10. Indicó que el proceso nunca versó sobre la protección del derecho colectivo
individual a la locomoción ni similares, por el contrario, la parte demandante siempre
fue enfática en precisar que lo que se pretende es la protección de derechos
colectivos como el derecho a la seguridad y la prestación eficiente de servicios
públicos, para lo que se requiere, como condición sin la cual, incluso, la construcción
de una infraestructura vial adecuada.
14.11. Manifestó que en cuanto al no pronunciamiento explícito respecto de las vías
internas, consideramos que el Tribunal pudo prever la posibilidad de requerir tanto
al Municipio de Bello como a los particulares para determinar sus acciones o
gestiones respecto del estado actual de esos predios de particulares atravesados
por las vías, y establecer así las posibilidades de adelantar procesos de
regularización urbanística que regula sobre la eventual formulación de planes
parciales de titulación de predios, entre otro tipo de gestiones urbanísticas
territoriales y financieras, para el desarrollo de la infraestructura adecuada de
servicios públicos.
14.12. Respecto de la incertidumbre existente frente a los predios particulares
dentro de los cuales están construidas las vías internas, desconoció entonces el
juez de primera instancia las limitaciones constitucionales al derecho a la propiedad
privada, el cual no goza del carácter de derecho absoluto, toda vez que el artículo
58 Superior establece que, cuando por motivos de utilidad pública o interés social
surgiere un conflicto entre los intereses privados y la necesidad pública, el interés
privado deberá ceder ante el público o social. Aunado a lo anterior, en nuestro
ordenamiento jurídico la propiedad privada tiene una función social y ecológica, por
lo que el argumento utilizado por el juez de primera instancia no resulta ajustado a
nuestro modelo constitucional.
14.13. Solicitó que se ordene: i) la realización de los estudios y diagnósticos
geotécnicos necesarios para establecer el estado de todas las vías de la vereda
Granizal del Municipio de Bello, estableciendo entre otros, la necesidad de
estabilización de taludes, obras de drenaje, cunetas, obras transversales,
construcción o reparación de puentes; ii) que el Municipio de Bello inicie la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
declaratoria de espacio público y de utilidad pública o interés social de los inmuebles
por donde atraviesa parte de la red vial en los diferentes sectores de la Vereda
Granizal, iii) Se determine e intervenga los puntos críticos donde haya riesgos de
desastres técnicamente previsibles que ameriten intervención urgente así como
mitigación a mediano y largo plazo, entre otros aspectos necesarios para el real uso
y goce de ese espacio público.
Recurso de apelación presentado por el Departamento Nacional de
Planeación7
15. El Departamento Nacional de Planeación presentó escrito por medio del cual
interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia,
en los siguientes términos:
15.1. Indicó que no tiene dentro de sus competencias la ejecución de las obras
ordenadas en la sentencia. En relación con los servicios públicos solo tiene
funciones determinadas como son las de orientar y promover formulación de
políticas, brindar apoyo técnico, hacer la evaluación de las políticas, planes y
programas.
15.2. Indicó que el artículo 365 de la Constitución Política determina que los
servicios públicos son fundamentales para la finalidad social del Estado,
estableciendo la obligación del mismo de asegurar su prestación eficiente a todos
los habitantes del país. Esta responsabilidad recae en los municipios, que deben
garantizar la eficiente prestación de servicios públicos domiciliarios, tal como se
especifica en la Ley 142 de 1994. En este contexto, el municipio de Bello - Antioquia
se establece como el garante de estos servicios, en conjunto con las empresas
encargadas de su suministro, en virtud del principio de autonomía territorial.
15.3. Consideró que el Departamento Nacional de Planeación - DNP no posee
competencias para llevar a cabo la construcción, mantenimiento o mejora de la
infraestructura vial, tal como se estipula en la Ley 105 de 1993. Esta ley distribuye
las responsabilidades entre la Nación y las entidades territoriales, estableciendo que
la construcción y conservación de las vías corresponde a la entidad que las
administra, en este caso, la Gobernación de Antioquia para la vía departamental
600A.
7
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
15.4. Manifestó que, dado lo anterior, el DNP no puede ser considerado
responsable por la falta de mantenimiento de "cunetas" o "box culvert", ya que estas
actividades son competencia de las autoridades territoriales. Por lo tanto, no se
puede afirmar que el DNP haya vulnerado derechos comunitarios por inacción, ya
que su función se limita a la planeación y no incluye la ejecución de obras, como se
concluye en la Sentencia recurrida.
15.5. Argumentó que el DNP no tiene competencias para formular, presentar o
priorizar recursos para la ejecución de las obras ordenadas en la sentencia. La
sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda sobre las fuentes de financiación a las que pueden
acudir las autoridades territoriales para la materialización de las obras o los
proyectos de inversión que se requieran para garantizar la prestación de los
servicios públicos y de transporte.
15.6. Indicó el Departamento Nacional de Planeación - DNP que entre sus
funciones se encuentra la elaboración y coordinación del Plan Nacional de
Desarrollo, así como la priorización de recursos de inversión del Presupuesto
General de la Nación - PGN. Este presupuesto se fundamenta en el Plan Operativo
Anual de Inversiones POAI, que a su vez se basa en el Marco Fiscal de Mediano
Plazo MFMP y el Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP, garantizando la
sostenibilidad fiscal del país.
15.7. Consideró que la autonomía de las entidades que conforman el PGN les
otorga la capacidad de planear, dirigir y ejecutar recursos asignados para proyectos
de inversión, según lo establece el Estatuto Orgánico del Presupuesto EOP. Esta
autonomía no implica una independencia total, ya que deben seguir las normas
presupuestales y mantener el equilibrio macroeconómico, tal como lo ha señalado
la Corte Constitucional.
15.8. Manifestó que, en relación con los recursos del Sistema General de Regalías
SGR, el Acto Legislativo 05 de 2019 y la Ley 2056 de 2020 establecen que estos
recursos deben destinarse a proyectos de inversión que cumplan con criterios de
pertinencia, viabilidad y sostenibilidad. Las entidades territoriales son responsables
de formular y priorizar estos proyectos, en consonancia con las normativas
establecidas y los procedimientos específicos para su ejecución.
15.9. Determinó que, aunque el DNP ofrece asistencia técnica a las entidades
territoriales en la formulación y ejecución de proyectos, la decisión sobre la inversión
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
de los recursos del SGR recae en dichas entidades, quienes deben adoptar las
medidas administrativas y financieras necesarias para llevar a cabo los proyectos
conforme a su autonomía y competencias.
15.10. En suma, el DNP no ha incurrido en ninguna acción u omisión que haya
generado la presunta vulneración de los derechos colectivos, cuya protección se
solicita en la presente demanda; no tiene a su cargo la prestación de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado ni la ejecución de obras de construcción,
mantenimiento y conservación de la red vial del país; no es la entidad competente
para definir, presentar o formular proyectos de inversión para la construcción del
acueducto y alcantarillado en los municipios ni proyectos relacionados con la
construcción y mantenimiento de la red vial del país; las entidades territoriales
pueden ser beneficiarias o acceder a fuentes de financiación para sus diferentes
proyectos de inversión, activando los mecanismos respectivos y realizando todas
las acciones pertinentes ante las entidades competentes en aras de garantizar la
prestación de los servicios públicos domiciliarios y, la construcción, mantenimiento
y conservación de la red vial.
15.11. En consecuencia, en razón a que el DNP no incurrió en ninguna acción u
omisión frente a la problemática expuesta en la demanda, ni es la entidad pública
encargada de velar por los derechos o intereses colectivos objeto del presente
proceso, no está llamado a conformar el comité de verificación ordenado en el
numeral 5º de la parte resolutiva de la sentencia.
Recurso de apelación presentado por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS
16. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS presentó escrito por medio del cual
interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia,
en los siguientes términos:
16.1. Se opuso la parte demandada a la acción popular referida, argumentando
que el Instituto Nacional de Vías - INVIAS no está legitimado para participar en el
presente proceso. Consideró que la legitimación en la causa es fundamental para
la existencia de una relación procesal adecuada entre las partes, y que la falta de
legitimación impide al juez pronunciarse sobre las pretensiones del demandante.
16.2. Manifestó que, de acuerdo con la legislación vigente y la jurisprudencia, la
responsabilidad en el caso de la infraestructura vial recae sobre el Departamento
de Antioquia, ya que la vereda Granizal y la vía en cuestión son de carácter
departamental y no nacional. Afirmó que el INVIAS, en virtud de sus funciones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
definidas por la normativa, se limita a ejecutar políticas relacionadas con la
infraestructura vial a cargo de la Nación, pero no tiene competencias sobre vías
terciarias o departamentales.
16.3. Determinó que, conforme a los artículos relevantes de la Constitución y la
legislación administrativa, las entidades territoriales tienen la responsabilidad de
gestionar y atender la infraestructura vial en su jurisdicción, lo que refuerza la
conclusión de que el INVIAS carece de competencia en el asunto planteado.
Concluyó que la falta de legitimación del INVIAS debe ser declarada, dado que no
existe deber legal que lo obligue a atender las órdenes judiciales relativas a la acción
popular presentada.
Recurso de apelación presentado por la Nación - Ministerio de Transporte8
17. El Ministerio de Transporte presentó escrito por medio del cual interpuso el
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en los
siguientes términos:
17.1. Indicó que el Ministerio de Transporte carece de competencias para ejecutar
proyectos de infraestructura relacionados con servicios públicos domiciliarios,
destacando que su función se limita a ser un ente normativo y regulador. En este
sentido, lo ordenado en el fallo se encuentra fuera de las atribuciones otorgadas a
la entidad por el ordenamiento jurídico nacional.
17.2. Consideró que, de acuerdo con el artículo primero del Decreto 087 de 2011,
los objetivos del Ministerio se centran en la formulación de políticas, planes y
regulación económica en materia de transporte y tránsito, lo que lo exime de
responsabilidad en relación con las reclamaciones señaladas en la demanda.
17.3. Manifestó que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva es
pertinente, dado que el Ministerio de Transporte no es el ente responsable de las
acciones u omisiones que amenazan los derechos colectivos invocados. Resaltó
que esta entidad no se encuentra comprometida en la construcción, rehabilitación o
mantenimiento de obras viales, conforme a lo establecido en la normativa.
17.4. Determinó que la inexistencia del derecho pretendido se sustenta en que el
Ministerio de Transporte es un organismo regulador, lo que lo desvincula de
cualquier obligación respecto a los hechos narrados en la demanda. En
8
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
consecuencia, argumentó que la relación de causalidad invocada por el
demandante no se sostiene.
17.5. Aclaró que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el
principio de solidaridad debe ser interpretado como un orientador en materia de
responsabilidad colectiva, pero no implica que se omita un análisis de causalidad
para establecer la imputación de un daño o la vulneración de un derecho.
Recurso de apelación presentado por el Municipio de Bello – Antioquia9
18. El Municipio de Bello – Antioquia presentó escrito por medio del cual
interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia,
en los siguientes términos:
18.1. Determinó que la intervención en la vía antigua Medellín – Guarne,
identificada como 6004A Santo Domingo Savio – Piedras Blancas, no corresponde
al Municipio de Bello, ya que esta vía es una terciaria bajo la responsabilidad
exclusiva del Departamento de Antioquia. Por ende, cualquier orden de
intervención, como la instalación de cunetas, debe ser ejecutada por dicho ente,
siendo improcedente que se imponga dicha obligación al Municipio de Bello.
18.2. Manifestó que, de acuerdo con la normativa vigente, las competencias de los
entes territoriales se distribuyen según la Constitución y las leyes, lo que implica
que tanto la Nación como los departamentos y municipios tienen funciones
específicas y complementarias en la infraestructura vial. En consecuencia, el
Departamento de Antioquia debe asumir la responsabilidad de conservación y
mantenimiento de las vías que le son asignadas, y no se puede trasladar esta carga
al Municipio de Bello.
18.3. Consideró que la sentencia apelada vulnera el régimen de competencias
establecido por el legislador, constituyendo un error de derecho que podría llevar a
la nulidad de las decisiones adoptadas, dado que las órdenes dirigidas al Municipio
no se sustentan en la legalidad, comprometiendo su función administrativa. Este
aspecto implica que el fallo desconoce las normas pertinentes y resulta injusto al
atribuir responsabilidades que no le corresponden.
18.4. Solicitó la ampliación del plazo otorgado para cumplir con las órdenes del
fallo, argumentando que el término de ocho meses es insuficiente para llevar a cabo
los procesos de contratación pública requeridos, los cuales son complejos y
9
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
requieren una adecuada organización entre varias entidades involucradas.
Proponiendo un plazo mínimo de 18 meses, argumentó que esto permitirá realizar
los estudios técnicos necesarios y evitar el incumplimiento de las órdenes judiciales.
Actuaciones en segunda instancia
19. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de agosto de 202410, admitió
los recursos de apelación y por medio de auto de 3 de octubre de 2024, negó la
solicitud probatoria presentada por la parte actora11. El Ministerio Público no rindió
concepto, ni las partes se pronunciaron en relación con los recursos de apelación.
II. CONSIDERACIONES DE SALA
20. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
ambiental como garantía del derecho colectivo al goce al ambiente sano; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez popular; vi) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; vii) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la seguridad y la salubridad
pública en relación con la infraestructura pública vial o de transporte terrestre; viii)
el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al acceso a
una infraestructura de servicios y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y ix)
el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
21. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 199812, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201913, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15014 de la Ley
10 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: 013Auto
que admite_APa2023501LilianaCua
11 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
022Autoqueniega_AP2023501LilianaCuad
12 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
13 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
14 Modificado por las leyes 1564 y 2080 y en concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de
2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos
que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
1437 de 18 de enero de 201115, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
22. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por las partes demandadas en sus recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de 29 de abril de 2024 proferida por la Sala Sexta de Decisión
Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con los artículos 32016
y 32817 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201218, norma aplicable al presente caso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Los problemas jurídicos
23. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación resolver:
23.1. Si la sentencia de primera instancia es incongruente por: i) desconocer la
conexidad entre los derechos colectivos con los derechos fundamentales indicados
en la demanda; ii) por no pronunciarse en relación con la pretensión de realización
de estudios y diagnósticos necesarios para establecer el estado de las vías de la
vereda Granizal; iii) si se probó la vulneración o amenaza del derecho o interés
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en
relación con el suministro deficiente de agua y alimentos, dificultades para la
provisión de servicios públicos, riesgos de accidentalidad, estado de los taludes y
movimientos en masa; iv) si la valoración probatoria del dictamen pericial se realizó
en legal forma; y v) si las órdenes impartidas por el juez de primera instancia son
suficientes para conjurar definitivamente la vulneración de los derechos colectivos,
es especifico la posibilidad de adelantar procesos de regularización urbanística.
23.2. Si las entidades demandadas y apelantes son competentes para garantizar
la protección de los derechos colectivos invocados como vulnerados y si el término
indicado en las órdenes es suficiente para llevar a cabo su cumplimiento.
15 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
16 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
17 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
18 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
23.3. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 29 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
24. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
24.1. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
24.2. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
24.3. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
24.4. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”19.
24.5. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental como
garantía del derecho colectivo al goce al ambiente sano
25. En el orden internacional20 existen una serie de instrumentos normativos que
hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Río de Janeiro, adoptada
el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en su preámbulo tiene como objetivo
establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y
las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se
respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de
desarrollo mundial.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de
2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.
20 Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia proferida el 19 de julio de 2018, proceso identificado con número único de radicación
270012331000201100179-02(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
25.1. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, por un
lado, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la Constitución Política y, por el
otro, debido a que el Estado Colombiano los hizo vinculantes por virtud de lo
dispuesto en el numeral 1.º del artículo 1.º de la Ley 99 de 22 de diciembre de
1993.21
25.2. En efecto, el artículo 1.º Ibidem sobre los principios generales ambientales
dispone que:
“[…] La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios:
1. El proceso económico y social del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de
Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo […]”.
25.3. En sentido similar, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador"22, adoptado el 17 de noviembre de 1988, aprobado en
nuestro ordenamiento jurídico por virtud de la Ley 319 de 20 de septiembre de
199623 y promulgado mediante Decreto 429 de 14 de marzo de 200124, estableció:
“[…] ARTÍCULO 11. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente […]” (Destacado de la Sala).
25.4. Ahora bien, en el ordenamiento jurídico interno, el medio ambiente está
amparado por lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional25 ha denominado
la “Constitución Ecológica”, esto es, el conjunto de disposiciones contenidas en la
Carta Política que fijan los supuestos con fundamento en los cuales debe regularse
la interacción entre la sociedad y la naturaleza, con miras a proteger el medio
ambiente.
21 Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
22 El citado instrumento internacional entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 de acuerdo con lo previsto en
su artículo 21, numeral 3.
23 Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador', suscrito en San
Salvador el 17de noviembre de 1988.
24 Por el cual se promulga el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador
el 17 de noviembre de 1988.
25 Corte Constitucional: Sentencias T-411 de 17 de junio de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-523 de
22 de noviembre de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-126 de 1 de abril de 1998, M.P. Alejandro
Martínez Caballero y C-431 de 12 de abril de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
25.5. Sobre el particular hay más de 30 disposiciones Constitucionales que
desarrollan la materia, entre las cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95
que prevén: i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y fomentando
la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados.
25.6. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) como un servicio
público y, iii) como un principio que permea el ordenamiento jurídico en su
integridad, dado que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así
como a los particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un
carácter de objetivo social.
25.7. En relación con el medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional26 ha resaltado su importancia “[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer", toda vez que "la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.
25.8. Asimismo, sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico, la referida
Corporación en sentencia T-046 de 29 de enero de 199927 precisó lo siguiente:
“[…] cabe señalar que existen unos deberes estatales encaminados a la protección
de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y el fomento de la educación para obtener esos fines, que
comportan igualmente una planificación del manejo y del aprovechamiento de los
recursos naturales de manera que se garantice su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución, así como la prevención y control de los
factores de deterioro ambiental, que se traducen en las acciones más importantes
26 Corte Constitucional, sentencia C-699 de 18 de noviembre de 2015, M.P. Diana Fajardo Rivera.
27 M.P. Hernando Herrera Vergara.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
para que el Estado cumpla con los propósitos especialmente definidos respecto de
la existencia de un medio ambiente sano y equilibrado, las cuales vienen
acompañadas para su eficacia con la correlativa posibilidad de imponer sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados, junto con el deber de
cooperación con otras naciones para la protección de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas (C.P., arts. 8, 79 y 80) […]”.
25.9. El marco legal en materia ambiental encuentra sus mediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197328 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197429, cuyos artículos 1.° y 2.°, dictan que el medio ambiente es un patrimonio
común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los
particulares y precisan que el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio
Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del
ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la
explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y
regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
25.10. Más recientemente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, “Por medio del
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe seguir, haciendo
remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad y el derecho de
los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica, sin perjuicio de la aplicación del
principio de precaución.
25.11. Finalmente, el goce de un ambiente sano ha sido entendido, tanto por la
Corte Constitucional como por esta Corporación, como un derecho multidimensional
28 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
29 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
fundamental y colectivo. Al respecto, se considera pertinente citar la sentencia
proferida por esta Sección el 14 de marzo de 201930, en los siguientes términos:
“[…] Atendiendo a este marco constitucional, el goce de un ambiente sano ha sido
entendido por la Corte Constitucional y por esta Corporación judicial, como un
derecho multidimensional fundamental y colectivo31. Precisamente, en sentencia de
28 de marzo de 2014, esta Sección adujo lo siguiente:
“[…] Resulta lógico que dicho derecho cuente con varias dimensiones, toda
vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse
estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud);
ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente
sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii)
de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente
para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras) y,
iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo
de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e
imposición las sanciones a que haya lugar). […]32
Ahora bien, acerca de la noción de medio ambiente y los alcances del derecho al
goce del ambiente sano y existencia del equilibrio ecológico, la Sección Primera del
Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:
“[…] Así, se ha entendido y desarrollado la noción de medio ambiente como
todo lo que rodea a los seres vivos y comprende elementos biofísicos, los
recursos naturales como el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna,
etc.; y los componentes sociales. Las distintas normativas buscan establecer
la correcta interrelación de los distintos elementos en aras de salvaguardarlo.
En ese orden de ideas, resulta lógico que dicho derecho cuente con varias
dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por
encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida
y a la salud); ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de
un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de
protegerlo); iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio
ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y
futuras), iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente
manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo
sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar) y v) de derecho
colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior.
Es así como, en relación con la primera de las dimensiones reconocidas al
derecho al ambiente sano, como derecho fundamental por su inescindible
relación con los derechos a la vida y a la salud, la Corte Constitucional
determinó:
“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y
a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio
ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así
habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para
la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta
Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los
30 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de marzo de
2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación: 17001-23-00-000-2011-00337-01
(AP).
31 Corte Constitucional. Sentencia C-632 del 24 de agosto de 2011. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Demanda de inconstitucionalidad contra los articulas 31 y 40 (parcial) de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Actor: Luis Eduardo
Montealegre Lynett. Exp. 0-8379.
32 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:
25000-23-27-000-2001-90479-01 (AP)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que
el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”33.
Por su parte, respecto de la connotación de derecho deber, se ha precisado:
“Bajo ese entendido, uno de los principios fundamentales del nuevo régimen
constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación, en virtud de la cual, la Constitución
recoge en la forma de derechos colectivos y obligaciones específicas las
pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema.
Estas disposiciones establecen, por ejemplo, (i) el derecho colectivo a gozar
de un ambiente sano, (ii) la obligación estatal y de todas las personas de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, (iii) la obligación del Estado
de prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo
sostenible y (iv) la función ecológica de la propiedad. (…)
De ahí que todos los habitantes del territorio colombiano tienen derecho a
gozar un entorno o hábitat sano y el deber de velar por la conservación de
éste […]” (Subraya inserta en el texto)
[…]
Por ello, el principio de desarrollo sostenible se convierte en el parámetro
que debe guiar las relaciones sociales, ambientales y económicas.
El mencionado principio facilita el proceso de armonización de las tensiones
existentes entre el uso y la explotación de los recursos naturales; con la
necesidad de conservar y proteger el ambiente34. En efecto, el artículo 80 de
la Carta Política consagra una garantía estatal de racionalización de los
recursos naturales, a través de la cual se establecen pautas de preservación
del ambiente al interior de la estrategia de crecimiento económico que
promueva el Estado.
A nivel normativo el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, define el desarrollo
sostenible como aquel que: “[…] conduzca al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades […]”. En igual sentido, la Ley 1523
de 201235, dispuso en su artículo 3° que: “[…] el desarrollo es sostenible
cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras
e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del
desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación
insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente constituyen características
irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo
de desastres […]”.
Cabe precisar que este concepto también se nutre de diversos compromisos
multilaterales de los Estados. Particularmente, la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, el
informe Brundtland de 1987, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible Río + 20 de 22 de junio de 2012 y la XXI Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático de 2015, entre otros.
33 Corte Constitucional, Sentencia C - 671 de 2001.
34 Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), sentencia
de 17 de agosto de 2017. Radicación número: 20001-23-33-000-2016-00114-01 (AP).
35 "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
Estos instrumentos internacionales ponen de presente la necesidad de
promover políticas que mantengan y expandan la base de los recursos
naturales desde una estrategia de equidad intergeneracional, la cual
reconoce que: i) es necesario preservar los recursos naturales para el
beneficio de las generaciones futuras; ii) la explotación de los recursos debe
ser sostenible, prudente y racional; y, iii) las consideraciones
medioambientales deben ser parte de los planes de desarrollo.
En efecto, recientemente el Estado Colombiano suscribió el Acuerdo de
París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y aprobado mediante Ley 1844
de 2017, en cuyo marco el gobierno nacional reitera el compromiso global de
armonizar el bienestar de las personas con el de la naturaleza, de manera
que el medio ambiente sea considerado como parte fundamental del proceso
de desarrollo.
Sin embargo, esta actividad de ponderación de ambos bienes jurídicos no
resulta sencilla. Por ello, esta Sección, en la sentencia de 21 de junio de
2001, recordó que el Estado que no puede frenar el desarrollo cuando este
sea sostenible. Es decir, aquel que “[…] lleve al crecimiento económico, al
mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar los
recursos, ni deteriorar el ambiente […]”36.
Sumado a ello, en la sentencia de 18 de marzo de 2010, la Sección Primera
de esta Corporación judicial, al reconocer el escenario complejo que afrontan
las autoridades públicas en la interpretación del principio de desarrollo
sostenible, puso de presente que: “[…] el medio ambiente involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la
diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida
del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural […]”37.
De igual manera, conforme al criterio jurídico definido en la sentencia de 28
de marzo de 201438, el concepto de desarrollo sostenible posibilita el
desarrollo de actividades productivas que conduzcan al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin
agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.
Por lo anterior, es dable concluir que, a nivel normativo y jurisprudencial, la
protección del medio ambiente es un tema transversal que tiene como gran
garante al Estado, pero que, sin duda, termina involucrando a todas las
personas (naturales y jurídicas) que habitan y coexisten en el ecosistema
nacional y mundial […]” (Subrayado del texto).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular
26. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
establece que “[…] [l]a sentencia que acoja las pretensiones del demandante de
una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al
36 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero.
37 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María
Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-
23-31-000-2005-00328-01(AG). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
38 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:
25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo
en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.
26.1 La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 39, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.
26.2 A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]40”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
27. Vistos: i) los artículos 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política; ii)
el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 198941 y el artículo 2.° de la Ley 769
de 6 de julio de 200242; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de
199843 y el Decreto 1538 de 17 de mayo 2005 44, sobre el uso y goce del espacio
público.
39 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
40 Ibidem.
41 “[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes
y se dictan otras disposiciones […]”.
42 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
43 “[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
44 “[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
28. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores a la
Constitución Política de 1991. Esto, en tanto el marco normativo sobre los bienes
de uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía que los
bienes de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos […]”.
29. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto de
espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales, tal como se
trascribe a continuación:
“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública,
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de
las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios
públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras
de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y
artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales
del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las
playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos
vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o
debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute
colectivo […]”.
30. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar una
protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible con el
Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional45 consideró que “[…]
[s]in duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a
Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de
una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.),
el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente
sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a
disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera del texto).
45 Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José Cepeda
Espinosa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
31. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [l]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.
32. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho
al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular […]”.
33. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con […] el espacio […]”.
33.1. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los
“Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a sus
autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su destinación
al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la seguridad
y la salubridad pública en relación con la infraestructura pública vial o de
transporte terrestre
34. Vistos los artículos 2.º, 24.º y 82. º de la Constitución Política que indican
entre otros derechos colectivos, el de circular libremente por el territorio nacional; al
uso y goce de los bienes de uso público como las carreteras, así como la correlativa
obligación del Estado de garantizar la integridad del espacio público y su destinación
al uso común.
34.1. La Ley 105 de 30 de diciembre de 199346 dispone como principio el de la
seguridad47 como prioridad del sistema y del sector transporte. En tal virtud, es deber
de las autoridades impulsar el desarrollo económico y el progreso social, y para ello,
ejecutarán las obras públicas correspondientes, entre estas, las relacionadas con el
servicio público de transporte, el mantenimiento y la reconstrucción de la
infraestructura vial del país. En los artículos 19.º y 20.º se establece la obligación de
46 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones”.
47 Artículo 2.°, literal e.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
la Nación y de las Entidades Territoriales en la construcción y conservación de los
todos y cada uno de los componentes de la infraestructura de transporte.
34.2. La Ley 769 de 6 de agosto de 200048 establece en su artículo 1. º como
principios rectores los de seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad,
cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y
descentralización. El artículo 7. º de la misma norma resalta el deber que les asiste
a las autoridades de tránsito de velar “[…] por la seguridad de las personas y las
cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de
carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la
prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías […]”.
(Destacado fuera de texto)
34.3. Esta Sección se ha pronunciado en torno a las condiciones mínimas que debe
tener la infraestructura pública vial o de transporte terrestre a efectos de garantizar la
seguridad de los actores viales.
34.4. En sentencia de 26 de julio de 2007, se refirió a la importancia de que las vías
cumplan con las especificaciones técnicas de todos y cada uno de los componentes
que las integran para efectos de garantizar la seguridad de las personas, así:
“[…] Pues bien, en el anterior contexto normativo y fáctico, encuentra la Sala que se
encuentra acreditada la vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda, en particular del derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, en consideración a que, ciertamente, la
Autopista Oriental, en el tramo que atraviesa el municipio de Malambo
(Atlántico) no cumple con las especificaciones técnicas necesarias que
garanticen la seguridad de los usuarios de la misma.
En efecto, de acuerdo con la normativa citada en precedencia, la mencionada vía
hace parte de la red vial nacional, y dentro de ésta, a las carreteras de primera
categoría, debiendo cumplir por ende con una anchura mínima de zona
utilizable, la cual no se observa en este caso, pues en ninguno de sus puntos
alcanza los 30 metros que como mínimo debe tener, situación éste que deriva en que
las calzadas de la vía (dos en total, cada una con tres carriles) se encuentren en
algunos tramos a distancias muy próximas a las viviendas que se encuentran a lo
largo de su recorrido, con el consecuente riesgo para la seguridad de la
comunidad del sector, debido a la circulación permanente de vehículos que
desarrollan altas velocidades.
La norma que establece esa medida mínima, que corresponde a la anchura mínima
utilizable para las carreteras nacionales (tanto para calzadas, como para zonas de
retiro y demás elementos integrantes de la vía), no prevé ninguna excepción en
cuanto se refiere a las carreteras que atraviesan el sector urbano.
Además, es claro que una vía que hace parte de la red nacional de carreteras
cuando pasa por un centro urbano debe cumplir con determinadas condiciones
que permitan la utilización segura de la misma tanto para los conductores de
vehículos, como para los transeúntes y la comunidad en general, condiciones
48 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
éstas que se extrañan en la Autopista Oriental en el tramo que atraviesa el
municipio de Malambo, en el que tan solo existen señales horizontales y
verticales en los que se informa sobre la proximidad del centro urbano y el
deber de disminuir la velocidad en su paso por el mismo, dispositivos éstos
que resultan, en criterio de la Sala, insuficientes, cuando se trata de una vía
como la mencionada, calificada por el INVIAS como de primera categoría
debido a su importancia, no estando acreditado debidamente, de otro lado, que
haya adoptado las medidas para la regulación del tráfico vehicular que se anuncian
en el recurso de apelación […]”49 (Destacado fuera de texto).
34.5. Posteriormente, la Sección Primera, mediante sentencia de 31 de enero de
2008, destacó, en los siguientes términos, que la falta de señalización de las vías y la
ausencia del mobiliario correspondiente son factores que contribuyen con la
maximización del riesgo de accidentalidad y, por consiguiente, afectan los derechos
colectivos relacionados con la seguridad pública:
“[…] En el caso concreto el Tribunal consideró probada la vulneración efectiva a los
derechos cuya seguridad y garantía reclama el actor […].
Adujo que con posterioridad a la práctica de la diligencia señalada quedó en
evidencia la carencia de las condiciones necesarias que garanticen la segura
movilidad de los peatones a lo largo del sector, y, como agravante, resultó
demostrada además la ausencia de señalización vertical y horizontal,
circunstancia que maximiza el riesgo que corren los peatones al transitar por
el sector.
Agregó que aunque en la actualidad existen los espacios necesarios para el tránsito
de los peatones, no es menos cierto que el uso de los mismos, por demás riesgoso,
es consecuencia del cotidiano uso por parte de aquellos a falta de andenes
acondicionados para tal efecto, de lo cual se colige que en efecto, el sector requiere
de la señalización horizontal y vertical pertinente y de la construcción del
mobiliario que garantice la seguridad de los derechos vulnerados. […]
[E]s a todas luces inaceptable la evidente inseguridad y el riesgo en el que ponen
sus vidas los peatones que cotidianamente transitan el sector sobre el cual se
realizaron los correspondientes estudios, tanto por la falta del mobiliario urbano
que garantice la segura movilización de los transeúntes a cada lado de la vía,
como por la carencia de la señalización horizontal y vertical que maximiza el
riesgo de quienes además, transitan por el sector en vehículos automotores.
Anota la Sala el acierto del Tribunal al señalar el riesgo inminente para los
peatones que circulan y se desplazan por la Calle 5ª entre las Carreras 41 y 43, por
no estar plenamente acondicionado el espacio para la movilidad de los
transeúntes, teniendo en cuenta además que quienes a diario circulan por el
sector, en su mayoría son niños y jóvenes estudiantes. […]”50 (Destacado fuera
de texto).
34.6. Finalmente, la Sección, mediante sentencia de 18 de marzo de 201051, aludió
a las obligaciones que le corresponden al Invías en materia de señalización de vías
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 26 de julio de 2007,
C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; NUR 080012331000199902940-01.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 31 de enero de 2008;
C.P. Camilo Arciniegas Andrade, NUR 190012331000200402748-01.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de marzo de 2010,
C.P. (E) María Claudia Rojas Lasso; NUR 41001-23-31-000-2004-001364-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
del orden nacional con el objeto de reducir los índices de accidentalidad y salvaguardar
el derecho colectivo a la seguridad pública:
“[…] De las pruebas señaladas se constata que, la vía indicada en la demanda
forma parte de la Red Nacional de Carreteras a cargo del INVIAS, razón por la
cual el mantenimiento de la misma le corresponde a dicho instituto, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto 2056 de 2003 […].
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación, ha precisado que es
responsabilidad de la Nación, por medio del Instituto Nacional de Vías, acometer las
obras de señalización necesarias para prevenir o reducir, por lo menos, los índices
de accidentalidad en las vías del orden nacional. […]
Para la Sala, la negligencia del recurrente frente al cumplimiento de su deber
legal de mantenimiento y señalización de las vías a su cargo, constituye, sin
lugar a duda alguna, una seria amenaza al derecho colectivo a la seguridad
pública, pues no es necesario demostrar el grado de accidentalidad para inferir
que la falta de señalización vial en carreteras comporta un riesgo para los
usuarios de la misma, por lo tanto, en el caso examinado, basta con demostrar
la negligencia de la autoridad obligada al mantenimiento de la vía, para concluir
que tal conducta omisiva amenaza el citado derecho colectivo […]” (Destacado
fuera de texto).
34.7. Para la Sala, la seguridad vial es una prioridad y una finalidad esencial del
Estado, como lo indica el artículo 2 de la Constitución Política. A su vez el artículo
24 ibidem establece el derecho a la libre circulación, pero ello supone que el Estado
debe intervenir y limitarlo, con miras a garantizar la seguridad y bienestar de los
habitantes del territorio. Por lo tanto, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas en los diseños y trazados de la vía, los cuales fueron objeto de
verificaciones técnicas y socialización con la comunidad, se traducen en una medida
idónea para la protección de los derechos e intereses colectivos en la medida en
que impactan en el bienestar general, el logro de los fines sociales del Estado52.
34.8. La Ley 1702 define la seguridad vial como: “[…] el conjunto de acciones y
políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de
lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados
o no motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que
intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la
vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las
infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los
elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de
conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información de los
usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional
52 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 2010, NUR. 190012331000200501449-
01, C.P. María Elizabeth García González. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 29 de febrero de
2024, NUR 080012333000201900729-01; sentencia del 15 de febrero de 2024, NUR 080012333000201800844-
01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
hasta la atención a las víctimas […]”. (Destacado fuera de texto). Se puede concluir,
que la finalidad de la seguridad vial es la prevención, el control y la disminución de
accidentes que ocurran sobre las vías.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al acceso
a una infraestructura de servicios y a que su prestación sea eficiente y
oportuna
35. Vistos los artículos 365 y 366 de la Constitución Política sobre el derecho
colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna.
35.1. De conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es su deber asegurar la
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Y le corresponde
proporcionarlos, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares; en todo caso, el Estado es quien regula, el control y la vigilancia de
dichos servicios.
35.2. Adicionalmente, el artículo 366 ibidem señala que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
35.3. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantizan otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:
“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación de
universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta,
por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se consideran un
asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público ante la
obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”53 (Destacado
fuera de texto).
53 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
35.4. La Sección Primera recientemente54 consideró que la vulneración del
derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y
oportuna implica acciones u omisiones concretas de la accionada que pongan en
evidencia la falta de oportunidad en la prestación del servicio o la falta de eficiencia
en la administración de los recursos destinados a garantizar el servicio público.
35.5. En Colombia, la operación del transporte es un servicio público, inherente a
la finalidad social del Estado y sujeto a la intervención y reglamentación de las
autoridades competentes, en cuya prestación juega un papel decisivo la
participación del sector privado. La Ley en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo
24° de la constitución política, según el cual todo colombiano puede circular
libremente por el territorio nacional, define este servicio como “[…] una industria
encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de
vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector (aéreo, marítimo,
fluvial, férreo, masivo y terrestre), en condiciones de libertad de acceso, calidad y
seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica […]”.
35.6. Las disposiciones legales que regulan el transporte, le otorgan el carácter de
servicio público esencial y resalta la prelación del interés general sobre el particular,
especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la prestación del servicio
y la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones establecidas
en la Constitución, la ley y los reglamentos. El mismo ordenamiento destaca que la
seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la protección de los
usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de
transporte, lo cual se ajusta al mandato constitucional contenido en los artículos 2,
11, 24, 365 y 366 que le impone al Estado el deber de proteger la vida e integridad
de todas las personas residentes en Colombia.
Análisis del caso concreto
36. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
referidos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.
37. El Tribunal consideró que está acreditada la vulneración de los derechos e
intereses colectivos al uso y goce del espacio público y a la utilización y defensa de
54 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato
Valdés, número único de radicación: 170012333000201800493-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
los bienes de uso público, a un ambiente sano, a la seguridad y a la salubridad
pública y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública. Señaló que no encontró la conexidad entre la vulneración de los derechos
colectivos y la vulneración de los derechos fundamentales, de tal forma que, el daño
o amenaza de los mencionados derechos sea consecuencia inmediata y directa de
la perturbación de los derechos colectivos.
38. Determinó que Granizal es un asentamiento no regularizado y que las vías
cuya intervención se pretenden son, por un lado, la antigua vía Medellín – Guarne,
denominada 6004A Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Guarne, la cual, es
una vía terciaria que hace parte de la Red Departamental de Antioquia, a cargo del
Departamento de Antioquia y, de otro lado, las vías internas que comunican la
vereda con aquella vía principal, los cuales, se han ido trazando y construyendo por
la comunidad a medida que se ha dado el proceso de urbanización, por tanto, son
tramos que, no se encuentren entre la infraestructura vial oficial del Municipio de
Bello. En relación con la vía administrada por el departamento, esta ha sido objeto
de intervención y mantenimiento en cumplimiento de las órdenes judiciales dictadas
en otro proceso.
39. Concluyó que, las zonas destinadas como áreas de exclusión o que hacen
parte de la anchura mínima de las carreteras de primera, segunda y tercera
categoría u orden, corresponden a bienes de uso público por pertenecer a la
infraestructura de transporte del país y, en ese orden, son bienes que integran el
espacio público, del cual, se puede beneficiar toda la comunidad. En ese sentido, la
zona objeto del presente proceso judicial, los propietarios y residentes adyacentes
a la vía pública, han incumplido el deber establecido en la Ley 1228 del 2008, en el
sentido de tomar las medidas de seguridad en las zonas de retiro establecidas,
legalmente; además, que, las edificaciones que allí se han implantado no cumplen
con el retiro de zona de reserva, que, para este caso, es de 30 metros contados a
partir del eje central de la vía.
40. Determinó que, según quedó probado, la problemática real que presenta la
vía se debe, esencialmente, al inexistente manejo de aguas de escorrentía y al
estado del Box Culvert sobre la quebrada Cañada Negra, los cuales, eventual y,
especialmente, en época de lluvias, sumado al estado -Sin pavimentar- y la
topografía de la vía, dificultan el tránsito de vehículos. Por ello, la realización de
obras tendientes a la pavimentación de las vías, conforme a lo acreditado en el
proceso, se tiene que, de un lado, parte de la estructura de las mismas se encuentra
en predios de particulares; de otro lado, la topografía de la vereda hace
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
indispensable que antes de realizarse alguna obra de pavimentación se cuente con
los conceptos, estudios y diseños que atiendan esa situación, tales como, planes
de acueducto y alcantarillado, pues, de lo contrario, inocuo resultaría que se ordene
la realización de cualquier obra, porque, puede ser que, una vez se cuente con ese
instrumento, las obras efectuadas tengan que modificarse para ajustarse a los
requerimientos técnicos y ambientales del mentado plan; y, finalmente, dichas vías
no cumplen con las condiciones geométricas estipuladas para las vías secundarias
ni con la viabilidad técnica para realizar una rehabilitación o mantenimiento.
41. Teniendo en cuenta lo anterior, y que los recursos de apelación no
controvierten la amenaza o vulneración de los derechos colectivos, la Sala advierte
que limitará su estudio y análisis a los precisos argumentos indicados por los
apelantes.
41.1. En ese sentido, se debe determinar en primer lugar el alcance del derecho o
interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,
previo a resolver el problema jurídico planteado en líneas precedentes, relacionado
con la congruencia de la sentencia proferida en primera instancia.
42. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su
fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política55.
42.1. La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene
sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de
conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos
superiores de las personas.
42.2. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes
de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.
42.3. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 201256, como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
55
“[…] Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares […]”.
56
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible […]”.
42.4. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación57, según la cual “[…]
este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y
adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no
solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de
policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan
su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien
por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las
ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.
42.5. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles
desastres naturales o antrópicos.
43. Ahora bien, pasa la Sala a pronunciarse en relación con la incongruencia en
la sentencia que alega la parte actora, por cuanto presuntamente la sentencia de
primera instancia desconoce la conexidad entre los derechos colectivos y los
derechos fundamentales mencionados en la demanda.
43.1. El principio de congruencia de la sentencia indica que el juez debe tomar su
decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones
57
Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación número: 13001-
23-31-000-2011-00315-01(AP)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
probadas dentro del proceso. Por lo tanto, en principio, no podrá proferir una
sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes
(extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá
fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá
explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún
pedimento. El principio de congruencia en las sentencias, además, garantiza el
oportuno uso del derecho de defensa por las partes e intervinientes, puesto que les
permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello.
43.2. Sin perjuicio de lo anterior y en el marco de las acciones populares, el
principio de congruencia se flexibiliza para la garantía y protección de los derechos
e intereses colectivos, permitiéndole al juez, incluso, entre otros aspectos,
garantizar la protección de derechos e intereses colectivos transversales siempre y
cuando estén vinculados con los supuestos fácticos que fueron debatidos en el
proceso y se garanticen los derechos del debido proceso y de contradicción y de
defensa de las partes.
43.3. En la sentencia de primera instancia se determinó que: “[…] en lo que
concierne a los derechos a la libre locomoción o circulación, a la educación, a la
alimentación, al trabajo y a la seguridad, también se estima válido precisar que, de
un lado, estos corresponden a derechos fundamentales, cuya protección ha de
reclamarse mediante la acción de tutela, conforme lo establece el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con lo consagrado en el artículo 86 de la
Constitución Política -Si bien la tutela y la acción popular comparten la misma
naturaleza constitucional, se orientan a proteger derechos de distinta clase-; y, de
otro lado, la Sala no encontró acreditada, por parte de los demandantes, la
conexidad entre la vulneración de los derechos e intereses colectivos y la
vulneración o amenaza a los derechos fundamentales referenciados, de tal forma
que, el daño o amenaza de los mencionados derechos sea consecuencia inmediata
y directa de la perturbación de los derechos colectivo […]”.
43.4. La acción popular indicada en el artículo 88 de la Constitución Política y
reglamentada por la Ley 472, tiene como fin la protección de los derechos e
intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares, sin que dichos derechos sean
exclusivamente los listados en el artículo 4.° de la mencionada norma, sino también
aquellos definidos en otras disposiciones, como la Constitución, las leyes ordinarias
y los tratados internacionales celebrados por Colombia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
43.5. De acuerdo con lo anterior, los derechos e intereses colectivos son aquellos
que no están radicados en cabeza de ningún particular, su titularidad no reside en
personas individualmente consideradas y, por ende, son intereses de
representación difusa como lo ha determinado esta Sección, en la medida que el
titular es el grupo o comunidad y el derecho es indivisible, sin perjuicio de que sea
una persona la que actúe en representación común58.
43.6. Por un lado, en relación con la comunidad, aunque con este mecanismo de
defensa judicial se busque la protección de los derechos e intereses colectivos, ello
no quiere decir que también se protejan derechos fundamentales que están en
cabeza de los integrantes de la comunidad; sin embargo es necesario analizar en
cada caso la conexidad de ambos, los colectivos y los fundamentales, por cuanto
es indispensable que la amenaza o vulneración de esos derechos individuales sea
consecuencia inmediata y directa de la perturbación de los derechos colectivos, lo
cual no ocurrió en este caso como lo indicó el juez de primera instancia en líneas
precedentes.
43.7. En consecuencia, la Sala considera que en este caso no prospera el
argumento de apelación relacionado con la falta de congruencia de la sentencia
debido a que el juez de primera instancia realizó el análisis pertinente a partir de los
elementos probatorios recaudados para concluir que las medidas ordenadas se
orientaban a la protección de los derechos colectivos invocados, lo cual se armoniza
con la acción constitucional objeto de estudio.
43.8. Ahora bien, en relación con la decisión de negar las demás pretensiones de
la demanda, la Sala considera que el Tribunal de instancia no está incurriendo en
una falta a la congruencia de la sentencia por cuanto, si bien, no amparó el derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres, la decisión estuvo sujeta a lo
probado en el proceso y la carga procesal que se le impone al actor popular,
conforme la jurisprudencia reiterada de esta Sección.
43.9. Además, en el libelo demandatorio se indicó que este derecho colectivo se
vulneraba por “[…] la existencia de los siguientes riesgos que asedian a la
comunidad y que son posibles de mitigación: a) vía sin pavimentar, b) vía con
huecos, piedras y material arcilloso que aumenta el riesgo de accidentalidad de los
vehículos de carga pesada y pone en peligro la vida del conductor y de los
habitantes de lugar, c) bloqueos constantes que impiden la circulación del transporte
58
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de diciembre de 2014,
NUR 410012333000201200051-01(AP), C.P. Guillermo Vargas Ayala.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
público que es vital para la movilidad de los habitantes, el comercio y el trabajo, y la
circulación de los carrotanques de EPM que son la única fuente de agua potable de
la comunidad, d) amenazas de derrumbamiento por la temporada invernal. Con ello,
se puede concluir que el estado de la vía supone la amenaza de daños graves por
factores de origen antropocéntricos y origen natural que sin embargo son posibles
de mitigar mediante las labores adecuadas de pavimentación […]”
43.10. De acuerdo con lo anterior, es claro que lo que se pretende con la demanda
es la adecuación de las vías internas de la vereda y la vía departamental que es
usada para su ingreso, desplazamiento y transporte de personas, víveres y agua
potable. En efecto, en la sentencia de primera instancia, se probó la vulneración de
los derechos e intereses colectivos al uso y goce del espacio público y a la utilización
y defensa de los bienes de uso público, al goce de un ambiente sano, a la seguridad
y a la salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, por cuanto en los periodos invernales se afectan las
condiciones de la vía por la falta de cunetas para la recolección de aguas de
escorrentía y la revisión de la capacidad hidráulica del box culvert a la altura de la
quebrada Cañada Negra; no obstante, se determinó que la condición geotécnica de
los taludes aledaños a las vías eran estables y no se evidenció ninguna inestabilidad
por coluviones y suelos, entre otras razones que llevaron a determinar la vulneración
o amenaza de otros derechos colectivos y no del derecho a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente.
43.11. Es de resaltar que el derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, por un lado, constituye un derecho colectivo
que es transversal a otros derechos como goce del espacio público, la utilización y
defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicas, entre otros,
y por el otro, se trata de un derecho e interés colectivo que se sustenta en el principio
de primacía del interés general. En ese orden, para la Sala tampoco prospera el
argumento relacionado con la congruencia de la sentencia en este punto.
43.12. En relación con el dictamen pericial valorado en la sentencia de primera
instancia, el actor popular indicó en su recurso apelación que; “[…] consideramos
carente de idoneidad técnica y científica, toda vez que los elementos aportados en
esta no arrojan resultados concluyentes que den cuenta de la realidad fáctica de las
vías en la vereda granizal y de su real transitabilidad, la cual debería ser constante
en aras de garantizar los derechos que se encuentran vulnerados y que fueron
reconocidos como transgredidos por la sentencia recurrida […]”, lo anterior lo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
fundamenta con el argumento de que la prueba es impertinente debido a que no fue
un estudio realizado minuciosamente.
43.13. La Sala considera que el actor popular no expuso las razones de su
inconformidad en relación con el análisis realizado por el juez en la contradicción
del dictamen y en la sentencia. Al respecto, es pertinente señalar que esta Sección
ha sostenido que la parte apelante tiene la carga procesal argumentativa, en los
siguientes términos:
“[…] [V]alga recordar que, en los términos del numeral 3º del artículo 322 Código
General del Procesal, la carga procesal argumentativa de la apelación es obligatoria,
debido a que el objetivo de ese recurso es controvertir ante el superior jerárquico
uno o varios fundamentos de la sentencia del juez de primera instancia […]”.
43.14. No obstante, lo anterior, la Sala evidencia que, en el dictamen, contrario a lo
manifestado previamente, la prueba fue realizada por profesionales suscritos a la
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, los cuales llegaron a las
siguientes conclusiones:
“[…] La vía no presenta las mejores condiciones de servicio, pero es apta para
vehículos livianos y camiones como los reportados en las fotografías. Es
evidente que se requiere de mantenimiento y es obvio que la construcción de
una estructura apropiada de pavimento mejoraría estas condiciones y
acortaría los tiempos de viaje. Los tramos carreteables que comunican los barrios
más altos (Altos de Oriente) con la vía principal presentan condiciones más
desfavorables a causa de la falta de pavimentos y de la pendiente, sin embargo, no
son obstáculo para la circulación de vehículos.
Con los periodos invernales las condiciones de uso de estas vías se verán
afectadas por las condiciones antes anotadas, por la falta de cunetas para la
recolección de aguas de escorrentía y por eventuales deslizamientos de tipo
local. En cuanto al cruce de la vía por la quebrada Cañada Negra, se requiere una
revisión de la capacidad hidráulica del box culvert, ya que en época de invierno el
agua sobrepasa la vía, generando una condición de riesgo para el peatón y la zona
aledaña.
Respecto al acceso al servicio de agua potable reclamado por la comunidad de la
Vereda Granizal del municipio de Bello, se concluye que las vías de servicio para
el tránsito de carros cis-terna, no es necesariamente un obstáculo para la
suspensión o la falta de suministro periódico del servicio de agua potable. Es
claro, que circunstancias adversas (lluvia, deslizamientos, entre otros
factores) pueden impedir transitoriamente el servicio oportuno.
Se considera que la instalación de los tanques de agua a lo largo de las vías y la
puesta en servicio de otros, es una acción concreta y efectiva para el abastecimiento
de agua potable a la comunidad; pero adicionalmente, es necesario que la
comunidad se capacite y haga un buen uso del recurso [...]” (Destacado fuera de
texto).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
43.15. Se determinó el estado de la vía en los barrios de la vereda Granizal del
Municipio de Bello; el estado del drenaje superficial; la estabilidad de taludes y
laderas; y el tráfico de la vía. Se destacan las siguientes imágenes:
43.16. La sentencia proferida, en primera instancia, determinó que la antigua vía
Medellín – Guarne gozaba de buenas condiciones de transitabilidad y seguridad
para los usuarios; que incluso la vía es apta para vehículos livianos, camiones y
carros cisternas. Sin embargo, determinó que la vía en época invernal se puede ver
afectada por la falta de cunetas para la recolección de aguas de escorrentía y que
el box culvert requiere una revisión de su capacidad hidráulica.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
43.17. Las anteriores conclusiones evidencian una vulneración a los derechos
colectivos, tal como lo indicó el juez de primera instancia, al uso y goce del espacio
público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, al goce de un
ambiente sano, a la seguridad y a la salubridad públicas y al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.
Respecto de la competencia de las entidades demandadas para cumplir las
órdenes impartidas para la protección de los derechos colectivos invocados
44. En el caso concreto se determinó que la antigua vía Medellín – Guarne
denominada 6004A Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Guarne, es una vía
terciaria que hace parte de la Red Departamental de Antioquia.
44.1. El Departamento de Antioquia presentó recurso de apelación en relación
con las órdenes impartidas por cuanto requiere que se hagan efectivos los Planes
de Ordenamiento Territorial para que la intervención que se requiera no genere un
detrimento patrimonial. Se evidencia en el caso concreto, que el departamento ha
intervenido la vía que administra por medio de mantenimientos que implican la
conformación de la vía, compactación de la subrasante, colocación de fresado y
riego de emulsión con material sobrante proveniente del fresado del pavimento. No
obstante, esta medida no es suficiente porque como se probó la vía adolece de
elementos que permitan una mejor transitabilidad y más en épocas de lluvias, tal
como se determinó con la prueba pericial.
44.2. Según el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del Instituto Nacional
de Vías las vías terciarias son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras
municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas
como terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de pavimentarse deberán
cumplir con las condiciones geométricas para las vías secundarias. Según la Ley
1228 de 16 de julio de 2008 en su artículo 2 determina las zonas de reserva para
carreteras de la red vial nacional, para las carreteras de tercer orden 30 metros.
44.3. Téngase en cuenta que esta Sección ha determinado que las obras públicas
solo pueden adelantarse con fundamento en estudios técnicos y cuando exista la
debida disponibilidad presupuestal, conforme a las prioridades sobre inversión que
las autoridades territoriales en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales señalen en los respectivos Planes de Desarrollo59.
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, NUR 76001-23-31-000-2003-
0602-01, de 15 de abril de 2004, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
44.4. En este punto es relevante indicar que en materia de infraestructura vial en
sectores que no cuenten con un sistema definitivo de alcantarillado y acueducto, el
principio de planeación es fundamental aunado con los de economía, celeridad,
eficacia, planeación y efectividad.
44.5. En efecto, el parágrafo del artículo 10 y el artículo 11 de la Ley 1228 de
200860, indica:
[…] Artículo 10. Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras.
Créase el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras "SINC" como
un sistema público de información único nacional conformado por toda la
información correspondiente a las carreteras a cargo de la Nación, de los
departamentos, los municipios y los distritos especiales y que conformarán el
inventario nacional de carreteras. En este sistema se registrarán cada una de
las carreteras existentes identificadas por su categoría, ubicación,
especificaciones, extensión, puentes, poblaciones que sirven, estado de las
mismas, proyectos nuevos, intervenciones futuras y demás información que
determine la entidad administradora del sistema.
Parágrafo 1°. El sistema será administrado por el Ministerio de Transporte, las
entidades administradoras de la red vial nacional adscritas a este ministerio,
los departamentos, los municipios y distritos, están obligados a reportarle
la información verídica y precisa y necesaria para alimentar el sistema, en
los plazos y términos que el Ministerio determine.
(…)
Parágrafo 4°. Una vez puesto en marcha el sistema a que se refiere este
artículo, este será de obligatoria consulta para los curadores urbanos,
demás autoridades urbanísticas y de planeación y para las empresas
prestadoras de servicios públicos, previa la concesión de permisos de
construcción, reformas y mejoras o de dotación de servicios públicos
domiciliarios.
Artículo 11. Incorporación a los Planes de Ordenamiento Territorial. Lo
dispuesto en la presente ley deberá ser incorporado en los respectivos Planes
de Ordenamiento Territorial y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial de
que habla la Ley 388 de 1997 y que por disposición legal debe ser adoptado en
cada uno de los municipios del país. […] (Destacado fuera de texto)
44.6. De la citada norma es posible concluir que el Sistema Integral Nacional de
Información de Carreteras es una herramienta dirigida a garantizar la
materialización del principio de planeación en todo el territorio nacional, pues
permite a todos los interesados contar con la misma información al momento de
definir acciones y adoptar decisiones.
44.7. Este principio permite la elaboración de estrategias coordinadas que
incentiven el adecuado desarrollo de la industria del transporte de conformidad con
60
“Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del
sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras
disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
la prospectiva contenida en los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes
Básicos de Ordenamiento Territorial.
44.8. En el sector de Transportes intervienen actores del orden nacional y local y,
por eso, precisamente, a la hora de definir objetivos, priorizar recursos y direccionar
las acciones, es necesario que exista una prospectiva común que facilite la acción
conjunta.
44.9. De manera complementaria, y en lo que atañe al relacionamiento entre las
autoridades del Sistema de Transportes, los municipios y las empresas prestadoras
de servicios públicos, el artículo 2.4.7.2.11 del Decreto Compilatorio núm. 1079 de
201561 señala:
[…] Artículo 2.4.7.2.11. Redes de servicios públicos. Los Entes Territoriales, las
Empresas de Servicios Públicos, las Empresas Mixtas y/o Privadas con redes o con
cualquier infraestructura de transporte o suministro de bienes y servicios ubicadas
en las fajas de retiro obligatorio de las vías a cargo de la Nación, deberán reportar
ante la entidad que administra la respectiva vía, la ubicación y especificaciones
técnicas de dichas redes. Lo anterior no genera derechos particulares a las
empresas.
Parágrafo 1°. La información correspondiente a las redes o cualquier infraestructura
de transporte o suministro de bienes y servicios, deberá ser reportada en formatos
compatibles con los utilizados en el Sistema Integral Nacional de Carreteras —
SING […]”.
44.10. Cabe recordar que la Ley 142, en su artículo 26, dispuso que las empresas
prestadoras de servicios públicos están sujetas a las normas generales sobre
planeación urbana, circulación, tránsito, uso del espacio público, seguridad y
tranquilidad ciudadanas.
44.11. En ese entendido, la Resolución núm. 0330 de 8 de junio de 2017 62 en su
artículo 244 establece que para el desarrollo de todo proyecto que requiera
infraestructura nueva, o intervención de la existente se debe verificar las licencias y
permisos que se pueden requerir, relacionadas con la construcción, uso del espacio
público, disponibilidad de servicios, entre otros, en el numeral 4 se encuentra la
exigencia del certificado de conformidad de servicios públicos.
44.12. En el caso concreto, es pertinente la armonización y coordinación de las
acciones del departamento y la empresa de servicios públicos para garantizar la
prestación del servicio y la infraestructura vial.
61
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte” que compilo el Decreto 2976 de 2010
"Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008, y se dictan otras disposiciones"
62
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan
las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
55
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
44.13. En consecuencia, se debe determinar en el caso concreto, en el marco de
estudios técnicos el estado de las obras de acueducto y alcantarillado en desarrollo
de los principios de eficacia y economía de la función pública para poder establecer
las medidas idóneas y necesarias para el mejoramiento de la infraestructura vial en
el sector de acuerdo con las características de la vía.
44.14. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala modificará las órdenes impartidas
en la parte resolutiva de la sentencia como se explicará más adelante.
45. Ahora bien, el Municipio de Bello presentó su recurso de apelación en el
que argumentó, por un lado, que la orden impartida en el ordinal tercero es de
exclusiva competencia del Departamento de Antioquia; no obstante, teniendo en
cuenta que en el caso concreto se evidenció que las vías internas de la vereda
también requieren de intervención, a pesar del argumento del Municipio tendiente a
que las vías no se encuentran dentro de su inventario, no es de recibo, por cuanto,
en sentencia de 20 de febrero de 202063 esta Sección ante la ausencia de la
infraestructura adecuada para la prestación de los servicios públicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado en los sectores “El Pinar” y “Manantiales” de la Vereda
Granizal del Municipio de Bello – Antioquia, ordenó que: “[…] la Alcaldía Municipal
de Bello [que] deberá adelantar las acciones necesarias para regularizar la
titularidad de los predios de los sectores El Pinar y Manantiales de la Vereda
Granizal […]”.
45.1. Para los efectos de esta providencia, es pertinente enunciar los rasgos
relevantes del espacio público, conforme a los ya citados artículos 82 y 88 de la
Constitución Política, así:
45.2. Es deber del Estado, por ende, de sus autoridades, velar por la protección de
la integridad del espacio público.
45.3. Es deber del Estado y de sus autoridades, velar por su destinación al uso
común.
45.4. Es deber de las autoridades asegurar la efectividad del carácter prevalente
del uso común del espacio público sobre el interés particular.
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, NUR 05001-23-33-000-2015-02436-01, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
45.5. Es deber de las entidades públicas ejercer la facultad reguladora en materia
de ordenamiento territorial, en relación con la utilización del suelo y del espacio
público para la defensa del interés común, entre otros.
45.6. Es un derecho e interés colectivo.
45.7. Así las cosas, el buen uso, el libre acceso y la preservación del espacio
público son aspectos que en una sociedad contribuyen a mejorar la calidad de vida
y a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos
los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad.
45.8. En consonancia con lo anterior, la Ley 2044 de 30 de julio de 202064 tiene
como objeto sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos
humanos ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes
fiscales titulables, y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de
particulares, cuya ocupación o posesión, sea mayor de diez (10 años) y cumplan
con los requisitos establecidos en la presente ley, de igual modo la titulación de
predios de uso público a favor de entidades territoriales, a fin de materializar el
principio de equidad que permita el cumplimiento de las garantías ciudadanas en el
marco del Estado Social de Derecho.
45.9. La mencionada ley define como asentamiento ilegal precario el conformado
por una vivienda o más, que presenta condiciones urbanísticas de desarrollo
incompleto, en diferentes estados de consolidación, cuyas construcciones se
encuentran ubicadas en predios públicos y/o privados sin contar con la aprobación
del propietario y sin ningún tipo de legalidad, ni planificación urbanística. Los
asentamientos precarios se caracterizan por estar afectados total o parcialmente
por: a) integración incompleta e insuficiente a la estructura formal urbana y a sus
redes de soporte, b) eventual existencia de factores de riesgo mitigable, c) entorno
urbano con deficiencia en los principales atributos como vías, espacio público y
otros equipamientos, d) viviendas en condición de déficit cualitativo y con
estructuras inadecuadas de construcción (vulnerabilidad estructural), e) viviendas
que carecen de una adecuada infraestructura de servicios públicos y de servicios
sociales básicos, f) condiciones de pobreza, exclusión social y eventualmente
población víctima de desplazamiento forzado.
45.10. Los artículos 20 y 21 de la Ley 2044, prevén lo siguiente:
64
“Por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan
otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
57
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
“[…] ARTÍCULO 20. TITULACIÓN DE PREDIOS DE USO PÚBLICO A FAVOR DE
ENTIDADES TERRITORIALES UBICADOS EN ZONAS LEGALIZADAS
URBANÍSTICAMENTE. Los Registradores de Instrumentos Públicos, o las
entidades que hagan sus veces, registrarán, mediante resolución administrativa que
servirá de título, a favor de las entidades oficiales o entes territoriales, el derecho de
dominio de los predios que están afectos al uso público, tales como vías, parques,
plazoletas, edificaciones institucionales o dotacionales y de servicios públicos,
siempre que dicha destinación y uso esté señalada en la cartografía oficial,
aprobada por la entidad catastral y urbanística competente a nivel municipal,
distrital, departamental o nacional, según corresponda.
PARÁGRAFO 1o. La solicitud deberá estar acompañada de los siguientes
documentos:
a) Resolución o decreto aprobatorio del proyecto de legalización o urbanización de
los predios, o documento que haga sus veces;
b) Plano urbanístico aprobado, con la indicación de cada zona de uso público con
áreas y mojones;
c) Acta de recibo suscrita por el titular del derecho de dominio o por la Junta de
Acción Comunal, o acta de toma de posesión practicada por el Alcalde Municipal
o Distrital o la entidad competente o quien este delegue, de las zonas de cesión
gratuitas obligatorias señaladas en la cartografía de planeación; o documento
que haga sus veces;
d) Manzana catastral de los predios o cartografía oficial que haga sus veces para
sectores antiguos o consolidados.
PARÁGRAFO 2o. El registrador de instrumentos públicos, en el evento de no
lograr identificar el folio de matrícula inmobiliaria del globo en mayor extensión,
dejará constancia de ello y procederá a la asignación de un folio de matrícula
inmobiliaria para cada uno de los predios de uso público, registrando como titular
de este a la entidad territorial solicitante.
PARÁGRAFO 3o. La Superintendencia de Notariado y Registro en un término
no superior a 3 meses de emitida la presente ley, deberá reglamentar el presente
artículo por medio de un acto administrativo, el cual deberá contar con por lo
menos, procedimiento, términos y tiempos de cada una de las actividades, áreas
o funcionarios responsables, los requisitos establecidos en este artículo, y
término total del trámite, sin perjuicio de aspectos adicionales que considere la
Superintendencia deba tener dicha titulación […]”.
“[…] ARTÍCULO 21. TITULACIÓN DE PREDIOS DE USO PÚBLICO A FAVOR
DE ENTIDADES TERRITORIALES UBICADOS EN ZONAS SIN PROCESO DE
LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA. Los registradores de instrumentos públicos o
las entidades que hagan sus veces, registrarán, mediante resolución
administrativa que sirva de título, a favor de las entidades oficiales o entes
territoriales, el derecho de dominio de los predios que están afectos al uso
público, tales como vías, parques, plazoletas, edificaciones institucionales o
dotacionales y de servicios públicos, que la comunidad utilice con tal fin, aun
cuando no hayan sido objeto de un proceso de legalización o urbanización.
Dicho trámite se adelantará previa solicitud del representante legal de la entidad
oficial o ente territorial, o de quien este delegue.
PARÁGRAFO 1o. La solicitud deberá estar acompañada de los siguientes
documentos: a) Acta de recibo suscrita por el titular del derecho de dominio, o
por la Junta de Acción Comunal, de las zonas de uso público, o documento que
haga sus veces; b) Levantamiento topográfico, en donde se identifique mediante
coordenadas geográficas, mojones y áreas de cada uno de los predios de uso
público.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
58
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
PARÁGRAFO 2o. El registrador de instrumentos públicos, en el evento de no
lograr identificar el folio de matrícula inmobiliaria del globo en mayor extensión,
dejará constancia de ello y procederá a la asignación de un folio de matrícula
inmobiliaria para cada uno de los predios de uso público, registrando como titular
de este a la entidad territorial solicitante.
PARÁGRAFO 3o. La Superintendencia de Notariado y Registro y en un término
no superior a 3 meses de emitida la presente ley, deberá reglamentar el presente
artículo por medio de un acto administrativo, el cual deberá contar con por lo
menos, procedimiento, términos y tiempos de cada una de las actividades, áreas
o funcionarios responsables, los requisitos establecidos en este artículo y
término total del trámite, sin perjuicio de aspectos adicionales que· considere la
Superintendencia deba tener dicha titulación […]”.
45.11. Mediante la Resolución núm. 09176 de 30 de octubre de 2020 expedida por
el Superintendente de Notariado y Registro se reglamentaron los artículos 20 y 21
de la Ley 2044 de 2020.
45.12. En este punto es adecuado ordenar al Municipio de Bello que realice todas
las actividades necesarias, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, para que la vía de acceso a la vereda Granizal que no está
a cargo del Departamento, es decir, las vías internas del asentamiento, sean
consideradas como de dominio publico municipal, lo cual resulta adecuado con el
fin de proteger la amenaza del derecho colectivo al goce del espacio público y a la
utilización y defensa de los bienes de uso público, para lo cual, puede acudir a lo
previsto en la Ley 2044, que faculta al representante legal de la Entidad Territorial
a que inicie el procedimiento de titulación de predios de uso público a favor de la
Entidad, tanto en zonas legalizadas urbanísticamente, como en zonas sin proceso
de legalización urbanística65. Lo anterior despacha favorablemente un punto de la
apelación del actor popular.
46. Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación – DNP argumentó
en su recurso de apelación, por un lado, que no tiene funciones para la ejecución
de obras ordenadas en la sentencia; y, por el otro, que no tiene funciones para
formular, presentar o priorizar recursos para la ejecución de las obras.
47. Teniendo en cuenta que ya se determinaron las entidades responsables de
las vías objeto de la presente acción constitucional, en relación con este recurso de
apelación se despachará favorablemente por cuanto el precitado Departamento
tiene competencias para la formulación de políticas para el desarrollo de
infraestructura; la planeación y coordinación de proyectos a nivel nacional y el apoyo
en la integración de estas iniciativas en los planes de desarrollo de los
65
En consonancia con decidido por esta Sala en la sentencia de 23 de noviembre de 2023, NUR 500012333000201900305-
01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
59
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
departamentos y municipios, y la asesoría técnica para mejorar la capacidad de
gestión.
47.1. En ese entendido, los sectores y entidades que hacen parte del Presupuesto
General de la Nación son las que priorizan los proyectos a financiar con la cuota
que se les ha asignado y remiten esa información al DNP con la cual se elabora el
Plan Operativo Anual de Inversiones, que luego de ser aprobado por el CONPES,
hace parte del proyecto de ley que se presenta al Congreso, de conformidad con el
artículo 8 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
47.2. Por lo tanto, en virtud de los principios de subsidiariedad, concurrencia y
complementariedad, el DNP presta un apoyo técnico al cual pueden acudir las
entidades territoriales; sin embargo, la priorización de los recursos es competencia
exclusiva de las entidades de acuerdo con el principio de autonomía. En sentido, se
modificará las órdenes como se explicará más adelante.
47.3. En el caso, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS consideró como
argumento de apelación la falta de competencia para cumplir las órdenes impartidas
en la sentencia proferida en primera instancia, por cuanto “[…] las vías cuya
intervención se reclama son de orden departamental y/o Municipal, de lo cual se
desprende de manera clara y sin lugar a duda alguna, que frente a INVIAS debió
declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva. No se comprende de
donde se deriva la obligación de atender la orden judicial impartida en el fallo, pues
se encuentra por fuera de la órbita competencial de INVIAS y así debe ser declarado
[…]”.
47.4. El Decreto 1292 de 2021 determina como función del INVIAS, la asesoría
técnica en la ejecución de proyectos a las entidades territoriales o a sus organismos
descentralizados encargados de la construcción, mantenimiento y atención de
infraestructuras a su cargo, cuando ellas lo soliciten, se cuente con recursos o se
acuerde con el INVIAS. Se reitera que la vía de la vereda Granizal es la antigua vía
Medellín – Guarne, denominada 6004A Santo Domingo Savio – Piedras Blancas –
Guarne (Cruce Ruta 60), que es una vía terciaria que hace parte de la red vial
departamental de Antioquia. Por lo tanto, su participación en el cumplimiento de las
órdenes impartidas se fijará de acuerdo con su función de asesoría técnica si lo
llegaren a necesitar las entidades territoriales.
48. En igual sentido, el Ministerio de Transporte esbozó como argumentos de
apelación la falta de competencia en relación con la construcción, rehabilitación,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
60
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
mantenimiento y ejecución de obras viales, por cuanto según el Decreto 087 de
2011, determina como objetivos de esa entidad, la formulación y adopción de las
políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de
transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo,
fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de
los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo.
48.1. Como funciones se tienen las de: “[…] [a]poyar y prestar colaboración técnica
a los organismos estatales en los planes y programas que requieran asistencia
técnica en el área de la construcción de obras y de infraestructura física, con el fin
de contribuir a la creación y mantenimiento de condiciones que propicien el
bienestar y desarrollo comunitario […]”. La Dirección de Infraestructura adelanta los
procesos y presta colaboración técnica a las entidades territoriales en los planes y
programas que requieran asistencia técnica en el área de la construcción de obras
y de infraestructura física en el sector transporte.
48.2. Por lo tanto, su participación en el cumplimiento de las órdenes que se
proferirán en esta sentencia se limitará a prestar la asesoría si lo llegarán a solicitar
las entidades territoriales en los procesos mencionados, máxime si se tiene en
consideración que no se encuentra probado que, a la fecha, los entes territoriales
hubieren solicitado su apoyo.
En relación con las órdenes
49. La Sala modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
29 de abril de 2024 proferida por la Sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo de Antioquia, para ordenar al Municipio de Bello que adelante las
acciones necesarias para regularizar la titularidad de los predios de la vereda
Granizal el cual está compuesto por 8 sectores denominados: Manantiales, San
José del Pinar, Oasis de Paz, El Regalo de Dios, Portal de Oriente, El Siete, Altos
de Oriente I y Altos de Oriente II, para efectos de incluir dentro de su inventario vial
si no lo hubiere realizado, las vías internas del mencionado sector.
50. Posteriormente, deberá realizar un estudio detallado sobre el estado de las
vías mencionadas para verificar el estado de las obras de acueducto y alcantarillado
adelantadas en el sector y posteriormente determinar las obras que deberá realizar
para garantizar la transitabilidad en la vía, en condiciones de seguridad y salubridad,
teniendo en cuenta las características propias del tipo de vía.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
61
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
51. Ulteriormente, determinadas las obras adecuadas para la vía, procederá a
iniciar las gestiones administrativas, presupuestales y financieras para su ejecución,
para lo cual se le otorgará el término de 2 años, que iniciará con el envío del
cronograma en el que se establecerán las actividades y su plazo, el cual será
enviado al Magistrado Ponente.
52. Al Departamento de Antioquia que, en el término de 2 meses siguientes a la
ejecutoria de la sentencia, realice el mantenimiento y limpieza a la vía en el tramo
de ocho (8) kilómetros correspondientes a la vía departamental identificada como
carretera 6004A, comprendidos entre el inicio en jurisdicción del municipio de Bello
-Antioquia hasta el límite con el municipio de Copacabana, quebrada Rodas, si no
lo hubiere realizado.
53. Posteriormente, deberá realizar un estudio detallado sobre el estado de las
vías mencionadas para verificar el estado de las obras de acueducto y alcantarillado
adelantadas en el sector y posteriormente determinar las obras que deberá realizar
para garantizar la transitabilidad en la vía, en condiciones de seguridad y salubridad,
teniendo en cuenta las características propias del tipo de vía.
54. Ulteriormente determinadas las obras adecuadas para la vía, proceda a
iniciar las gestiones administrativas, presupuestales y financieras para su ejecución,
para lo cual se le otorgará el término de 2 años, que iniciará con el envío del
cronograma en el que se establecerán las actividades y su plazo, el cual será
enviado al Magistrado Ponente.
55. En caso de requerirlo, en el marco de las competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, las mencionadas entidades territoriales podrán acudir al
Instituto Nacional de Vías – INVIAS, al Departamento Nacional de Planeación, y al
Ministerio de Transporte para solicitar su apoyo, en el marco de las competencias
de cada una.
Del comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
56. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal quinto, lo siguiente:
“[…] QUINTO: CONFORMAR un Comité de Vigilancia que verifique el cumplimiento
de esta sentencia, el cual, estará integrado por i) El Magistrado Ponente –Quien lo
presidirá-; ii) Un representante de los demandantes; iii) El Gobernador de Antioquia
o su delegado; iv) El Alcalde del municipio de Bello -Antioquia o su delegado; v) El
Ministro de Transporte o su delegado; vi) El Director del DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN (D.N.P.) o su delegado; vii) El Director del
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) o su delegado; viii) Por el Defensor del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
62
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
Pueblo Regional de Antioquia; y, ix) Por la Procuraduría General de la Nación, como
representante del Ministerio Público, a través del Procurador 1º Agrario y Ambiental;
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes
deberán hacer seguimiento a lo ordenado en la presente decisión […]”.
57. La Sala considera que se debe modificar el ordinal quinto de la parte
resolutiva de la sentencia proferida el 29 de abril de 2024 por la Sala Sexta de
Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia en lo relacionado con la
conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el sentido de excluir a
los representantes o delegados del Departamento Nacional de Planeación, Instituto
Nacional de Vías y Ministerio de Transporte, tal como se precisará en la parte
resolutiva de la sentencia.
58. Asimismo, se clarificará que en el evento que durante la ejecución de la
sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional
a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el marco del
Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las ordenes de la sentencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
59. Finalmente, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Conclusiones
60. La Sala modificará los ordinales tercero y quinto de la sentencia de 29 de
abril de 2024 proferida por la Sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo
de Antioquia, por cuanto declaró la vulneración de los derechos e intereses
colectivos invocados por los actores populares, especialmente, a los derechos
colectivos al uso y goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, a un ambiente sano, a la seguridad y a la salubridad pública y al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, con
ocasión al presunto mal estado que presentan las vías de la vereda Granizal del
Municipio de Bello – Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
63
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
III. RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
29 de abril de 2024 proferida por la Sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el cual quedará así:
“[…] TERCERO: a- ORDENAR al Municipio de Bello que adelante las acciones
necesarias para regularizar la titularidad de los predios de la vereda Granizal el cual
está compuesto por 8 sectores denominados: Manantiales, San José del Pinar,
Oasis de Paz, El Regalo de Dios, Portal de Oriente, El Siete, Altos de Oriente I y
Altos de Oriente II, para efectos de incluir dentro de su inventario vial si no lo hubiere
realizado, las vías internas del mencionado sector.
Posteriormente, deberá realizar un estudio detallado sobre el estado de las vías
mencionadas para verificar el estado de las obras de acueducto y alcantarillado
adelantadas en el sector y posteriormente determinar las obras que deberá realizar
para garantizar la transitabilidad en la vía, en condiciones de seguridad y salubridad,
teniendo en cuenta las características propias del tipo de vía.
Ulteriormente determinadas las obras adecuadas para la vía, proceda a iniciar las
gestiones administrativas, presupuestales y financieras para su ejecución, para lo
cual se le otorgará el término de 2 años, que iniciará con el envío del cronograma
en el que se establecerán las actividades y su plazo, el cual será enviado al
Magistrado Ponente.
b- ORDENAR al Departamento de Antioquia que, en el término de 2 meses
siguientes a la ejecutoria de la sentencia, realice el mantenimiento y limpieza a la
vía en el tramo de ocho (8) kilómetros correspondientes a la vía departamental
identificada como carretera 6004A, comprendidos entre el inicio en jurisdicción del
municipio de Bello -Antioquia hasta el límite con el municipio de Copacabana,
quebrada Rodas lo que incluye la capacidad hidráulica del box culvert que se ubica
sobre la quebrada Cañada Negra, si no lo hubiere realizado.
Posteriormente, deberá realizar un estudio detallado sobre el estado de las vías
mencionadas para verificar el estado de las obras de acueducto y alcantarillado
adelantadas en el sector y posteriormente determinar las obras que deberá realizar
para garantizar la transitabilidad en la vía, en condiciones de seguridad y salubridad,
teniendo en cuenta las características propias del tipo de vía.
Ulteriormente determinadas las obras adecuadas para la vía, proceda a iniciar las
gestiones administrativas, presupuestales y financieras para su ejecución, para lo
cual se le otorgará el término de 2 años, que iniciará con el envío del cronograma
en el que se establecerán las actividades y su plazo, el cual será enviado al
Magistrado Ponente.
En caso de requerirlo, en el marco de las competencias constitucionales, legales y
reglamentarias podrá acudir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, al Departamento
Nacional de Planeación y al Ministerio de Transporte para solicitar su asesoría
técnica […]”.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de
29 de abril de 2024 proferida por la Sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el cual quedará así:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
64
Núm. único de radicación: 050012333000202300005-01
“[…] QUINTO: CONFORMAR un Comité de Vigilancia que verifique el cumplimiento
de esta sentencia, el cual, estará integrado por: i) el Magistrado Ponente –quien lo
presidirá-; ii) un representante de los demandantes; iii) el Gobernador de Antioquia
o su delegado; iv) el Alcalde del municipio de Bello -Antioquia o su delegado; v) el
Defensor del Pueblo Regional de Antioquia; y, vi) por la Procuraduría General de la
Nación, como representante del Ministerio Público, a través del Procurador 1º
Agrario y Ambiental; de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley
472 de 1998, quienes deberán hacer seguimiento a lo ordenado en la presente
decisión.
En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el marco del Comité de Verificación,
podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.
TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 29 de abril de 2024
proferida por la Sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.