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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-00006-01

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-00006-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 21 de mayo de 2024 por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 05001-23-33-000-2023-00006-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: PAUL ESTEBAN HERNÁNDEZ Y MAURICIO GÓMEZ
GALEANO
Demandados: CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Coadyuvantes: ROSA MARÍA OSEJO GAVIRIA Y OTROS

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra de la sentencia de 21 de mayo de 2024, proferida por la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda y su reforma

1. Los señores Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano demandaron
al Congreso de la República, al Ministerio de Transporte y al Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en ejercicio de la acción popular
establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las Leyes
472 de 5 de agosto de 19981 y 1437 de 18 de enero de 20112, con el propósito de
obtener la protección de los derechos colectivos previstos en los literales e) y g) del
artículo 4.º3 de la Ley 472, así como la salvaguarda de la “[…] seguridad jurídica […]”
y “[…] el debido proceso […]”.

2. En el escrito de reforma de la demanda, la parte actora formuló las siguientes
pretensiones:

1
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
3
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…];
e) La defensa del patrimonio público; […].
g) La seguridad y salubridad públicas […]”.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

“[…] 1. PRIMERO: Se ordene a las entidades accionadas reglamentar, derogar
o reformar el artículo 16 de la ley 2551 (sic) de 2022 en el sentido de que las
autoridades de tránsito continúen conociendo la existencia de los choques
simples mediante un sistema expedito de elaboración de IPAT y AUDIENCIAS
o actas que impongan sanciones por las contravenciones de tránsito con
independencia de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar por el daño
a las cosas para reinvindicar (sic) el debido proceso en el derecho
sancionatorio.

2. SEGUNDO: SUBSIDIARIA: ORDENAR A LAS ENTIDADES ACCIONADAS
de manera armónica realizar o complementar un nuevo IPAT que materialice
la punición de las conductas contrarias a la movilidad y de paso sea un principio
de prueba para ser llevado a los jueces civiles o penales competentes con
sistema de audiencias y diligencias virtuales o físicas donde se debata la
responsabilidad contravencional administrativa de los implicados.

3. TERCERO: COSTAS Y AGENCIAS: solo en el evento de llegar a sentencia
ejecutoriada se provea en este sentido y en la medida de que el despacho
avisore (sic) la necesidad de las mismas.

Cualquier otra medida o acuerdo que al que (sic) se llegue en audiencia de
pacto de cumplimiento en el cual se logre reivindicar las audiencias en el
departamento de Antioquia. […]”4.

3. Como fundamento fáctico, la parte demandante informó que el 14 de julio de 2022
se publicó la Ley 2251, “[…] por la cual se dictan normas para el diseño e
implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se
dictan otras disposiciones - Ley Julián Esteban […]”.

4.Explicó que dicha normativa reformó el artículo 143 de la Ley 769 de 6 de agosto
de 20025, en el siguiente sentido:

“[…] se consagra la obligación de solución directa entre ciudadanos cuando se
trata de choques simples sin intervención de la autoridad, con independencia
de que exista o no asegurador y dando uniformidad a todas las situaciones en
la circulación, excluyendo el control de las autoridades en estos precisos temas
y desde luego el levantamiento de los respectivos informes policiales y si hay
lugar a las audiencias contravencionales para proceder a imponer ordenes (sic)
de comparendo, audiencias, multas, cursos y sistemas de sanción reales o
simbólicos […]”.

5. Argumentó que este cambio normativo “[…] genera focos de violencia e
inseguridad pública graves […]”, porque la autoridad de tránsito deja de intervenir
en la solución de los conflictos que surgen a partir de daños materiales ocasionados
por accidentes vehiculares, sin importar si los conductores cuentan con seguros de
responsabilidad civil.

6.Consideró que cualquier accidente vehicular implica una infracción de las reglas
de tránsito, que debe ser sancionada, porque las normas de movilidad son de
derecho público y hacen parte del derecho administrativo sancionatorio. Por ende,

4
Cfr. índices 1 y 36, expediente digital Tribunal Administrativo de Antioquia, documentos denominados “001Demanda.pdf”,
folio 3, y “69_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_REFORMADELADEMAND(.pdf) NroActua 36”, folio 6.
5
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

“[…] la autorregulación o heterocomposición […]” de conflictos no aplica para la
gestión de los choques automovilísticos.

7.Destacó que las entidades demandadas deben expedir una reglamentación
específica que ordene a las autoridades de tránsito la sanción de esas
contravenciones de movilidad, y el cobro de las respectivas multas.

8.Reconoció que la Ley 2251 buscó solucionar el problema del tráfico y la
movilidad, pero creó un caos social mayor, al darle prevalencia a las lesiones
personales sobre los daños materiales, y excluir estos del control de las autoridades
de tránsito.

9. A su juicio, la nueva normativa afecta especialmente a los municipios en los que
se realizan procedimientos contravencionales por audiencias, sobre todo en
Antioquia y el Eje Cafetero. Por ende, es necesario que la reglamentación
reivindique el proceso contravencional por audiencias, “[…] velando por un debido
proceso en trámites sancionatorios de las normas de movilidad […]”.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

10. El magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 20 de enero de 2023 6, admitió la
demanda7 y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a las autoridades
demandadas para que contestaran, propusieran excepciones y aportaran y/o
solicitaran la práctica de pruebas. Igualmente, notificó al agente del Ministerio
Público y a la Defensoría del Pueblo. Además, dispuso comunicar la acción de la
referencia a los miembros de la comunidad. Por último, el tribunal negó la solicitud
cautelar de “[…] suspensión de la vigencia y ejecución de la ley de la referencia
[…]”.

11. El 15 de febrero de 2023, los demandantes presentaron escrito de reforma de la
demanda8, en el que solicitaron la medida cautelar consistente en ordenar “[…] a
las secretarías de movilidad del departamento de Antioquia no cesar de realizar
nuevas audiencias contravencionales […]”.

12. Por auto de 24 de febrero de 20239, el tribunal admitió la reforma de la demanda
y corrió traslado a las entidades demandadas y al agente del Ministerio Público para
que emitieran los pronunciamientos del caso. Negó la vinculación de la
Superintendencia Nacional de Transporte y de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial. Finalmente, negó la nueva medida cautelar.

6
Cfr. índice 7, expediente digital Tribunal Administrativo de Antioquia, documento denominado
“5_AUTOADMISORIODELADEMANDA(.pdf) NroActua 7”.
7
Ibidem, índice 1, documento denominado “001Demanda.pdf”.
8
Ibidem, índice 36, documento denominado “69_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO
_REFORMADELADEMAND(.pdf) NroActua 36”.
9
Ibidem, índice 44, documento denominado “85_AUTOQUERESUELVE(.pdf) NroActua 44”.

4

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

13. Mediante providencias de 24 de febrero, 17 de abril y 29 de mayo de 202310, el
tribunal reconoció como coadyuvantes de las pretensiones a los señores Rosa
María Osejo Gaviria, Jorge Eliécer Villamizar Mendoza, Andrea Mejía Uribe, Diana
Patricia Posada Virgen, Cristian Arango Bustamante, Jasmín Morales Colorado,
Mariluz Herrera Tuberquia, Gloria Edith Ríos Mejía, Laura Esquivel Ríos, Claudia
Cecilia Pérez Velásquez, Jason Steven Rojas Moreno, Fredy Gaviria Meneses,
Juan Fernando Isaza Villa, Roberto María Delgado Restrepo, Pedro Nel Echeverri
Velásquez, Viviana Patricia Gómez, María Elena Correa Salazar, Flor Alba Gómez
Zapata, José Fernando Pino Mena, Tatiana Hoyos Pérez, Duván David Arenas
Patiño, Juan Carlos Nanclares Rodríguez, Alexander Valencia Gaviria, Santiago
Andrés Sánchez Quinchía, Jairo Alberto Mery Villa, Jhon Jairo Giraldo Acosta,
Ernesto Sierra Montoya, Nancy Henao Flórez y Carolina Osorio Londoño11.

14. Por auto de 2 de agosto de 202312, se declaró fallida la audiencia especial de
que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, porque no se formuló proyecto de
pacto de cumplimiento.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Congreso de la República

15. El apoderado judicial del Congreso de la República, mediante escrito de 9 de
febrero de 202313, solicitó negar las pretensiones de la demanda, porque en el
presente asunto no se demostró la afectación de los derechos colectivos invocados.

16. Estimó que esa entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a
que: (i) “[…] en el ámbito de sus funciones no se encuentra la relacionada con
modificar a su arbitrio el contenido del artículo 16 de la Ley 2251 de 2022 […]”; (ii)
la potestad reglamentaria está en cabeza del Ejecutivo; y (iii) no se demostró que la
conducta activa u omisiva del Congreso sea la causa directa de la afectación del
derecho colectivo a la seguridad pública o de las manifestaciones de violencia en
las vías.

17. Advirtió que la acción popular no es el medio idóneo para pretender la
modificación de las disposiciones legales. Explicó que la acción correcta para
ventilar el debate propuesto por los demandantes es la acción pública de
inconstitucionalidad. Además, la eventual reglamentación de la Ley 2251 solo
podría tramitarse mediante acción de cumplimiento.

18. Explicó que el artículo 16 de la Ley 2251 de 2022, modificatorio del artículo 143
de la Ley 769 de 2002, no excluye el control de las autoridades respecto de los
accidentes de tránsito. La norma habilita a las personas involucradas para que

10
Ibidem, índices 44, 52 y 56.
11
Ibidem, índices 15, 16, 17, 18, 20, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49,
12
Ibidem, índice 70, documento denominado “70. 121_AUDIENCIACELEBRADA_143ACTAAUDIENCIAPACT(.pdf) NroActua
70”.
13
Ibidem, índice 21, documento denominado “32_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO
_CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 21”.

5

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Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

realicen un recaudo probatorio en torno a un accidente de tránsito. En
consecuencia, las pruebas recaudadas reemplazan el informe que habría de
levantar la autoridad de tránsito, pero las personas conservan el derecho de acudir
ante las autoridades competentes.

19. Precisó que la Ley 2251 no prohíbe la imposición de sanciones por el
incumplimiento de las infracciones al Código Nacional de Tránsito Terrestre, pues
el régimen sancionatorio en materia de tránsito continúa vigente. En tal sentido,
negó que el precepto normativo pretenda generar focos de violencia. Indicó que la
norma se enmarca dentro de los propósitos de la política pública de seguridad vial
con enfoque de sistema seguro; esto es, la vida, la integridad personal, la salud y la
libre circulación por las vías públicas.

20. Por todo lo expuesto, planteó las excepciones de “[…] falta de legitimación en la
causa por pasiva […]” e “[…] indebida escogencia de la acción […]”.

I.3.2. Ministerio de Transporte

21. La apoderada judicial del Ministerio de Transporte, mediante escrito de 13 de
febrero de 202314, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, y que
se eximiera de responsabilidad al ministerio.

22. Aclaró que la rama legislativa del poder público expidió la ley objeto de
controversia. En consecuencia, los demandantes deben solicitar un nuevo trámite
legislativo, o ejercer la acción pública de inconstitucionalidad.

23. Enlistó cuáles son las funciones del Congreso de la República y del Ministerio
de Transporte, para concluir que no existe un nexo causal entre la conducta del
ministerio y la vulneración de los derechos colectivos solicitada. También señaló
que las funciones del ministerio están encaminadas a la planificación de las políticas
del sector transporte, lo cual no se relaciona con los hechos narrados en la
demanda.

24. Indicó que, por medio de la circular externa núm. 20224000000057 de 29 de
septiembre de 2022, el ministerio impartió instrucciones para el cumplimiento del
artículo 16 de la Ley 2251 de 2022. Dicha circular refiere: (i) al deber de recaudar
pruebas en un accidente de tránsito, el cual tiene como fin que los administrados
puedan dirimir sus conflictos mediante los mecanismos legales establecidos; (ii) el
deber de retirar los vehículos del lugar del accidente que busca garantizar la
movilidad; (iii) las autoridades de tránsito no tendrán que elaborar informes policiales
de accidentes donde solo se presenten daños materiales; (iv) las autoridades
garantizarán el tiempo necesario para el recaudo probatorio; y (v) la autoridad de
tránsito debe proceder al retiro de los vehículos y a imponer el respectivo
comparendo en caso de que los involucrados se nieguen a hacerlo.

14
Ibidem, índice 21, documento denominado
“40_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_BBCONTESTACION000(.pdf) NroActua 24”.

6

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Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

25. Adujo que lo anterior no significa que se haya excluido la intervención de las
autoridades, pues las personas involucradas pueden realizar las reclamaciones del
caso o iniciar los procedimientos jurídicos que consideren pertinentes.

26. Por lo anterior, propuso las excepciones de: (i) “[…] falta de legitimación en la
causa por pasiva […]”; (ii) “[…] inexistencia de nexo causal respecto del presunto
daño causado y el Ministerio de Transporte […]”; (iii) “[…] inexistencia del derecho
pretendido […]”; (iv) “[…] inexistencia de título de imputación en el caso concreto
con respecto al Ministerio de Transporte […]”; (v) “[…] ausencia de responsabilidad
[…]”; (vi) “[…] indebida escogencia de la acción […]”; y (vii) “[…] las que resulten
probadas en el curso del proceso […]”.

I.3.3. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

27. El apoderado judicial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, mediante escritos de 13 de febrero de 2023 y 9 de marzo de 202415,
solicitó la desvinculación de esa entidad territorial, y afirmó que las pretensiones
escapan de la órbita de sus competencias.

28. Explicó en qué consiste el principio de legalidad, la facultad reglamentaria del
presidente de la República y la Circular Externa núm. 20224000000057 de 29 de
septiembre de 2022. A partir de lo anterior, precisó que el artículo 16 de la Ley 2251
no eliminó las atribuciones de control encomendadas a las autoridades y los
organismos de tránsito.

29. Destacó que la circular advierte que “[…] es obligación de las autoridades de
tránsito velar por la normal circulación en las vías […] lo que implica que se
encuentran facultadas para intervenir en el momento que lo consideren necesario
para aplicar las medidas previstas en el Código Nacional de Tránsito […]”.

30. Manifestó que la Constitución Política encomendó la facultad reglamentaria al
presidente de la República, razón por la que las autoridades de tránsito del ente
territorial no se pueden extralimitar en el ejercicio de sus competencias legales.

31. Aseveró que los actores no allegaron soporte probatorio de la afectación de los
derechos colectivos invocados. Igualmente, afirmó que, si los demandantes
pretenden la modificación o expulsión de una norma legal del ordenamiento jurídico,
deben acudir a la acción pública de inconstitucionalidad.

32. Por lo expuesto, planteó las excepciones de: (i) “[…] carencia de los
presupuestos de sentencia estimatoria […]”; (ii) “[…] falta de legitimación en la causa
por pasiva […]”; y (iii) “[…] error al elegir la acción enunciada […]”.

15
Ibidem, índice 25, documento denominado
“42_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 25”; e índice 50,
documento denominado “94_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONREFORMA(.pdf)
NroActua 50”.

7

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Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

33. La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia de 21 de mayo de 202416, decidió “[…] declarar improcedente la demanda
[…] en contra del Congreso de la República […]”, y “[…] negar las pretensiones de
la demanda […] en contra del Ministerio de Transporte y del Distrito Especial de
Ciencia Tecnología e innovación de Medellín […]”.

34. El tribunal adujo que el problema jurídico propuesto por los demandantes
consistía en determinar si el artículo 16 de la Ley 2251 de 2022, modificatorio del
artículo 143 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, transgrede los derechos
colectivos a la seguridad pública y a la defensa del patrimonio público, porque: (i)
se incrementaron los episodios donde los conductores implicados en incidentes
viales no responden por los daños causados; (ii) el cambio normativo generó focos
de violencia; y (iii) excluyó el control de las autoridades de tránsito en tales eventos,
a pesar de la infracción de una norma de tránsito.

35. Puso de presente que, para los demandantes, dicha situación se remedia
mediante la orden judicial de “[…] reglamentar, derogar o reformar el artículo 16 de
la Ley 2251 de 2022, para que las autoridades de tránsito continúen conociendo la
existencia de los choques simples mediante un sistema expedito de elaboración de
IPAT (informe policial de incidentes de tránsito) o actas que impongan sanciones
por las contravenciones de tránsito […]”.

36. Con base en lo anterior, explicó que el debate judicial abarcaba dos
componentes. El primero relacionado con la modificación o derogatoria de la
precitada norma por parte del Congreso de la República. El segundo asociado a la
reglamentación del mismo precepto por la rama Ejecutiva.

37. En cuanto al primer punto, advirtió que la acción popular resultaba improcedente,
porque la modificación, modulación o expulsión del ordenamiento jurídico de una
norma legal está reservada a la Corte Constitucional, mediante la acción pública de
inconstitucionalidad. Además, la iniciativa legislativa prevista en los artículos 154 y
156 de la Constitución no tiene relación directa con la finalidad de la acción popular.

38. Frente al segundo componente de la controversia, el a quo mencionó que la Ley
2251 de 2022 no facultó al Ministerio de Transporte para que reglamentara el
artículo 16 ibidem. Además, el ministerio expidió la Circular Externa núm.
20224000000057 de 29 de septiembre de 2022, por lo que ejerció sus competencias
en la materia.

39. Señaló que la parte demandante no demostró la relación de causalidad entre los
efectos de la disposición cuestionada y la afectación de los derechos colectivos a la
seguridad pública y a la defensa del patrimonio público. No se acreditó la presunta

16
Ibidem, índice 105, documento denominado “172Sentencia_20230000600APCongres(.pdf) NroActua 105”.

8

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

generación de focos de violencia con ocasión de choques simples, ni que las
autoridades de tránsito dejaron de sancionar y recaudar las respectivas multas.

40. Aclaró que “[…] el conflicto, como fenómeno social, hace parte de la actividad
humana, por lo que de allí no puede extraerse ni que la causa del conflicto sea la
norma y menos que ello esté relacionado de manera causal con la acción u omisión
de las accionadas […]”. Además, del informe rendido por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial tampoco se pudo concluir que, a partir de la expedición de la norma
cuestionada, aumentaran los hechos violentos asociados a siniestros viales.

41. Adujo que, si en gracia de discusión se asumiera que esa norma impuso un deber
de reglamentación a cargo del Ministerio de Transporte, la acción popular de la
referencia tampoco sería procedente porque dicha entidad emitió la Circular Externa
núm. 20224000000057 de 29 de septiembre de 2022. Ese acto administrativo
contiene instrucciones para los alcaldes, gobernadores, organismos, direcciones y
demás autoridades de tránsito para el cumplimiento del artículo 16 de la Ley 2251.
En consecuencia, tampoco se demostró que el Distrito de Medellín quebrantara los
derechos colectivos invocados.

42. Por lo tanto, el tribunal resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda que, en ejercicio
del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
formularon los señores PAUL ESTEBAN HERNÁNDEZ y MAURICIO GÓMEZ
GALEANO en contra del CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
formularon los señores PAUL ESTEBAN HERNÁNDEZ y MAURICIO GÓMEZ
GALEANO en contra del MINISTERIO DE TRANSPORTE y del DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

TERCERO: NO CONDENAR en costas. […]”.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

43. La parte demandante, mediante correo electrónico de 22 de mayo de 202417,
presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

44. Adujo que la norma en cuestión no ha sido reglamentada por el ministerio del
ramo para mitigar su impacto negativo de violencia en la sociedad. Puso de presente
que “[…] la agencia nacional de infraestructura (sic) indica que no se ha realizado
ninguna política en aras de prevenir o reglamentar la norma sobre la no procedencia
de que las autoridades procedan a acudir a los diferentes sitios donde se ocasiona
un choque simple. […]”.

17
Ibidem, índice 108, documento denominado “176Recepcion Memor_APELACIONSENTENCIApd(.pdf) NroActua 108”.

9

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

45. Estimó que, dentro de los interesados en un accidente con daños exclusivamente
materiales, se encuentran las autoridades de tránsito, las cuales deben poder
ayudar en el recaudo probatorio.

46. Afirmó que la demanda no pretende erradicar la ley o la declaratoria de
inconstitucionalidad, sino la reglamentación de su alcance y efectos. La norma
acusada señala que las autoridades de tránsito, como interesadas en concurrir a un
accidente con daños materiales, deben participar en esos eventos para imponer las
sanciones respectivas. Sin embargo “[…] en la práctica en Medellín los agentes de
procedimiento no coadyuvan a dicha situación […]”.

47. Por ello, destacó que “[…] la norma en estricto sentido no tiene ningún reparo, es
su reglamentación y ejecución práctica […] se está cuestionando su impacto social
y la desidia de la autoridad en el deber de […] coadyuvar a su reglamentación y
alcance, bien por vía de decreto gubernamental o decreto municipal o distrital,
vemos entonces como las autoridades […] han quedado paralizadas para velar,
inspeccionar el cumplimiento y operatividad de la norma […]”.

48. Finalmente, aseguró que la Circular Externa núm. 20224000000057 de 2022 no
corrigió esta problemática, pues aún “[…] el alcalde de Medellín y el ministro del
ramo […]” no expiden el “[…] decreto nacional o reglamentario, resolución o circular
en donde […] indiquen la necesidad de que los guardas de tránsito (sic) concurran
como primer interesado en el recaudo de las pruebas […]”.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

49. Mediante auto de 6 de junio de 202418, el Tribunal Administrativo de Antioquia
concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por los
demandantes.

50. Esta autoridad judicial, a través de auto de 15 de julio de 202419, admitió el
recurso, informó a los sujetos procesales que podían pronunciarse en relación con
la alzada hasta la ejecutoria de esa decisión, y advirtió que no había lugar a dar
traslado para alegar de conclusión. Igualmente informó al Ministerio Público que podía
emitir concepto en la presente causa, hasta que el proceso ingresara al despacho para
emitir sentencia.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

51. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del CPACA y en el artículo 13

18
Ibidem, índice 110, documento denominado “178Auto concede Re_20230000600ConcedeAp(.pdf) NroActua 110”.
19
Cfr. índice 4, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “9Auto que
admite_AP202300601PAULESTEB(.pdf) NroActua 4”.

10

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

del Acuerdo 080 de 201920, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

52. Los señores Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano atribuyeron al
Congreso de la República, al Ministerio de Transporte y al Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la transgresión de los derechos
colectivos previstos en los literales e) y g) del artículo 4.º de la Ley 472, debido a
que la modificación del artículo 143 del Código Nacional de Tránsito Terrestre,
aparentemente, releva a las autoridades de tránsito del ejercicio de sus deberes
sancionatorios y de control, respecto de los accidentes en donde solo ocurren daños
materiales. Los demandantes argumentaron que esta circunstancia fomenta la falta
de responsabilidad entre los involucrados, así como incidentes de violencia e
inseguridad pública.

53. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que declaró improcedente la
demanda en contra del Congreso de la República, y negó las pretensiones contra
el Ministerio de Transporte y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e innovación
de Medellín, porque no se demostró la afectación de los derechos colectivos
invocados.

54. La parte demandante, inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de
apelación. En la alzada afirmó que la modificación del artículo 143 del Código
Nacional de Tránsito Terrestre está ocasionando un impacto social negativo, pues
los agentes de tránsito no están acudiendo a los choques simples, motivo por el
cual se presentan hechos de violencia que amenazan la seguridad pública.

55. Consideró que el Ministerio de Transporte y el distrito de Medellín deben
reglamentar la disposición mencionada, para que los agentes de tránsito: (i) acudan
a todos los accidentes donde se hayan causado daños materiales; (ii) adelanten los
procedimientos administrativos sancionatorios respectivos; (iii) contribuyan con el
recaudo probatorio asociado al siniestro; y (iv) elaboren los informes policiales de
accidentes de tránsito -IPAT- correspondientes.

56. En ese orden, corresponde a la Sala determinar si la presunta ausencia de
reglamentación del artículo 143 del Código Nacional de Tránsito Terrestre,
modificado por el artículo 16 de la Ley 2251 de 2022, quebranta el derecho colectivo
previsto en el literal g) del artículo 4.º de la Ley 472.

20
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

V.2.1. La presunta afectación del derecho colectivo a la seguridad pública

57. La parte demandante afirmó en la apelación que los agentes de tránsito tienen
el deber, según el artículo 143 del Código Nacional de Tránsito Terrestre,
modificado por el artículo 16 de la Ley 2251 de 2022, de recolectar las evidencias
vinculadas al accidente de tránsito en el que se presentan daños materiales, en su
condición de “interesados”.

58. Argumentó que los agentes que prestan sus servicios en el distrito de Medellín
deben brindar asistencia en el recaudo de las pruebas, a todas las personas
afectadas por esta tipología de siniestro.

59. Alegó que el cambio normativo cuestionado ocasionó un “[…] impacto negativo
de violencia en la sociedad […]”, “[…] caos […]” y “[…] anarquía […]”. Para el
apelante, la no comparecencia de la autoridad de tránsito en aquellos choques
donde solo se causaron daños materiales, atenta contra “[…] la seguridad personal,
técnica, jurídica y pública […]”.

60. En el libelo de la demanda, se delimitó esa transgresión así:

“[…] Se estima que se viola el derecho colectivo a la SEGURIDAD PÚBLICA
en razón de que los choques simples están generando focos de violencia
personal en las vías, la intolerancia y la desidia en querer arreglar los conflictos
de manera pacífica, las autoridades tienen que estar presentes mediante
nuevos procedimientos o con los mismos que siempre han existido, pero de
una manera más ágil. Dicha violencia se aminora muchas veces cuando los
vehículos tienen pólizas de seguro de responsabilidad civil, pero muchas veces
las personas o no quieren afectar las pólizas o no hay fuerza humana que evite
que se evadan del lugar de los hechos, se genera una situación de alta tensión
(…)

Se vulnera la SEGURIDAD JURÍDICA ya que las personas del común no tienen
formación jurídica, muchas veces no conocen ni el Código Nacional de Tránsito
así tengan licencia de conducción, no saben las normas de la conciliación ni la
amigable composición, por ello es claro que no todos los rodantes tienen la
asistencia de seguros de responsabilidad civil, no todos los implicados tienen
la capacidad de acudir a un centro de conciliación o si lo hacen no existe el
concepto técnico de una autoridad de tránsito que haya impuesto un
comparendo, porque se insiste, más allá de un choque simple o del interés
particular de las personas lo que se pretende es la presencia y el rol activo de
las autoridades sancionando quien (sic) infringe las normas de tránsito y quien
(sic) no. Es multar dichos procedimientos y castigarlos, dejar al arbitrio privado
dichas soluciones es extremadamente peligroso y fuente generadora de
inseguridad pública y jurídica. […]”

61. Para resolver lo anterior, la Sala estudiará: (i) el contenido y alcance del artículo
143 del Código Nacional de Tránsito Terrestre; y (ii) lo acreditado sobre la presunta
transgresión del derecho colectivo objeto de análisis.

12

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

i) El contenido y alcance del artículo 143 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre

62. El Código Nacional de Tránsito Terrestre21 señaló cuáles son las
responsabilidades de las autoridades de tránsito en materia de regulación, control y
vigilancia, los procedimientos aplicables cuando los conductores y peatones
cometen infracciones de tránsito y las sanciones respectivas. En específico, el
capitulo VI, en los artículos 143 a 147, reguló el “[…] procedimiento en caso de
daños a cosas […]”.

63. El artículo 143 de la Ley 769 de 6 de agosto de 2002, en su redacción inicial,
contempló el deber de los conductores (partícipes de un accidente de tránsito con
daños materiales) de detenerse y presentar a la autoridad sus documentos y
seguros, retirar los vehículos del lugar del accidente, así como la posibilidad de
conciliar sus intereses con la presencia del agente de tránsito, veamos:

“[…] Artículo 143. En caso de daños materiales en los que sólo resulten
afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan lesiones
personales, será obligación de los conductores detenerse y presentar a la
autoridad presente en el lugar de los hechos, el documento de
identificación, la licencia de conducción, la licencia de tránsito, la
información sobre su domicilio, residencia y números telefónicos y sobre
los seguros a que se refiere esta ley.

Los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses en los
centros de conciliación legalmente constituidos y acudir a las compañías
aseguradoras, previa extensión de un acta que suscribirán las partes y la
autoridad de tránsito que presencie la conciliación, la cual tiene la calidad
de cosa juzgada, y prestará mérito ejecutivo.

En todo caso, se hará el retiro inmediato de los vehículos colisionados y de
todo elemento que pueda interrumpir el tránsito”. […]”. (Negrilla fuera del texto).

64. La precitada norma exigió a las autoridades de tránsito que, además de verificar
los accidentes en los que no se produjeron lesiones personales, tenían que suscribir
el acta que soportaba el acuerdo conciliatorio. En consecuencia, los conductores
mantenían los vehículos inmovilizados en el lugar del accidente hasta la llegada del
oficial de tránsito responsable de preparar el diagrama del choque, lo que resultaba
en la obstrucción del tráfico y en el retraso de las personas involucradas en el
siniestro.

65. El legislador posteriormente, a través del artículo 12 de la Ley 2161 de 26 de
noviembre de 202122 adicionó el artículo 143A de la Ley 769 de 2002. En este se
precisó que los conductores de los vehículos asegurados con SOAT, en los
accidentes de tránsito que solo involucraban daños materiales, tenían que retirar los
vehículos y los obstáculos de la vía, tomar pruebas del hecho y conciliar con las

21
Ley 769 de 2002. “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
22
"Por la cual se establecen medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del seguro obligatorio de
accidentes de tránsito (SOAT), se modifica la ley 769 de 2002 y se dictan otras disposiciones”.

13

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

aseguradoras, sin necesidad de un documento de la autoridad de tránsito, en los
siguientes términos:

“[…] ARTICULO 12°. Adiciónese el articulo 143-A de la Ley 769 de 2002 el cual
quedará así:
"ARTICULO 143 A. DAÑOS MATERIALES EN VEHICULOS ASEGURADOS.
En caso de daños materiales en los que solo resulten afectados vehículos
asegurados, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan lesiones
personales, se hará el retiro inmediato de los vehículos colisionados y todo el
elemento que pueda interrumpir el tránsito. Los conductores y demás
implicados podrán conciliar sus intereses y acudir a las compañías
aseguradoras, utilizando para tal fin herramientas técnicas y tecnológicas sin
que para este fin se requiera la suscripción de documento alguno por parte de
la autoridad de tránsito.
Los vehículos solo podrán permanecer sobre la vía afectando el tráfico, por el
tiempo necesario para la toma de estas pruebas por parte de los conductores
o interesados. Corresponderá a las compañías aseguradoras adoptar las
modificaciones al contrato de seguro y los procedimientos que permitan la
celebración de estos acuerdos y el pago de las primas de seguro, sin que a
esta finalidad pueda oponerse la ausencia del documento de la autoridad de
tránsito. […]”.

66. La gaceta 1260 de 2021, que contiene el informe de ponencia para la plenaria
del Senado del proyecto de ley que antecedió a la Ley 2161 de 2021, indicó que el
propósito de esta medida especial era “[…] agilizar los procedimientos en vía y
evitar las conductas fraudulentas […]”23.

67. Más adelante, el Congreso de la República expidió la Ley 2251 de 14 de julio de
202224; norma cuyo antecedente es el proyecto de ley 408 de 2021 Senado “[…]
por la cual se dictan normas para garantizar los derechos a la vida, a la integridad
personal y a la salud de los individuos mediante la seguridad vial, bajo el enfoque
de sistema seguro, y se dictan otras disposiciones […]”.

68. El propósito de esta iniciativa legislativa era crear un sistema vial basado en la
seguridad, donde las infraestructuras viales, las autoridades competentes y el
marco regulatorio trabajen conjuntamente para optimizar la gestión de los
accidentes de tráfico con víctimas fatales y no fatales.

69. Conforme al primer debate del proyecto de ley, publicado en la Gaceta del
Congreso 278 del 7 de abril de 2022, la intención de la propuesta era focalizar las
acciones de las autoridades de tránsito en el manejo y prevención de los sucesos
que comprometen la integridad de las personas, por las siguientes razones:

“[…] Hablemos de víctimas de accidentes de tránsito. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, cada año se pierden aproximadamente
1.35 millones de vidas como consecuencia de los accidentes de tránsito;
entre 20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no
mortales y muchos de esos traumatismos provocan una discapacidad.
Las lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas económicas

23
Gaceta 1260 de 2021, pág. 9.
24
“Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema
seguro”.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

considerables para las personas, sus familias, así mismo para los países en su
conjunto; esas pérdidas son consecuencia de los costos del tratamiento y de la
pérdida de productividad de las personas, que quedan discapacitadas,
lesionadas o mueren, y del tiempo de trabajo o estudio que los familiares de los
lesionados deben distraer para poder atenderlo, ya que todo el tiempo, mucho
tiempo se concentra en ellos. Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría
de los países, oigan bien, el 3 por ciento de su Producto Interno Bruto. […]”.
(Negrilla fuera del texto).

70. La misma finalidad se reflejó en el segundo debate cuando se expuso que “[…]
Colombia como muchos países de ingresos bajos y medios no han logrado ser
efectivos en la disminución de muertes y lesiones por evento de tránsito. La OMS
ha redefinido el problema de la seguridad vial no como un problema de accidentes
o siniestros, sino como un problema de lesiones corporales que atentan contra la
vida, contra la integridad y la salud […]”25.

71. Para tal efecto, en el tercer debate, el legislador propuso la adopción de una
norma legal que garantizaría que el informe de tránsito no fuese la prueba necesaria
para demostrar la responsabilidad civil extracontractual, en los eventos de
conciliación de choque en los que no existieron víctimas fatales o personas
lesionadas. Esto agilizaría los procedimientos en la vía y garantizaría que las
autoridades de tránsito centraran sus esfuerzos en el abordaje de los accidentes
más graves. En la ponencia se indicó lo siguiente:

“[…] Igualmente, es necesario derogar el artículo 143 A de la Ley 769 de 2002
adicionado por el artículo 12 de la Ley 2161 de 2021, que ha suscitado la errada
interpretación de que sólo existe este deber si todos los vehículos están
asegurados […]”26.

72. El informe de conciliación del proyecto de ley número 281 de 2021 senado - 085
de 2021 cámara, publicado en la gaceta 613 de 2 de junio de 2022, explica lo
anterior en el siguiente cuadro conceptual:

TEXTO TEXTO APROBADO EN TEXTO ACOGIDO PARA OBSERVACIONES
APROBADO CÁMARA LA CONCILIACIÓN
EN
SENADO
ARTÍCULO 17. El ARTÍCULO 16. El Se acoge el texto aprobado
artículo 143 de la Ley artículo 143 de la Ley en la Plenaria de la Cámara,
769 de 2002 quedará así: 769 de 2002 quedará de conformidad con el ajuste
“ARTÍCULO 143. así: “ARTÍCULO 143. que se explica a
DAÑOS MATERIALES. DAÑOS continuación: Los
En todo accidente de MATERIALES. En todo congresistas conciliadores,
tránsito donde sólo se accidente de tránsito de conformidad con la
causen daños materiales donde sólo se causen jurisprudencia constitucional,
en los que resulten daños materiales en en lo que refiere a las
afectados vehículos los que resulten facultades que le asisten
asegurados o no afectados vehículos para la elaboración del texto
asegurados, inmuebles, asegurados o no conciliado que se someterá a
cosas o animales y no se asegurados, discusión y votación,
produzcan lesiones inmuebles, cosas o proponen la eliminación de

25
Gaceta 707 de 10 de junio de 2022.
26
Gaceta del Congreso No. 405 del 4 de mayo de 2022, p. 12.

15

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

personales, los animales y no se las palabras podrán y
conductores, entidades produzcan lesiones reemplazará del inciso
aseguradoras y demás personales, los primero de la norma, pues
interesados en el conductores, se considera que de esta
accidente podrán entidades manera se expresa con
recaudar todas las aseguradoras y demás mayor precisión la
pruebas relativas a la interesados en el intensión del legislador, tal
colisión mediante la accidente recaudarán y como fue plasmada en
utilización de todas las pruebas los informes de ponencia
herramientas técnicas relativas a la colisión para primer y segundo
y tecnológicas, que mediante la debate en la Cámara de
permitan la atención del utilización de Representantes. De esta
mismo en forma herramientas manera, no solo se corrige
oportuna, segura y que técnicas y una evidente antinomia
garantice la autenticidad, tecnológicas, que dentro del mismo artículo,
integridad, conservación permitan la atención sino que se garantiza a los
y posterior consulta y uso del mismo en forma destinatarios de la norma
probatorio de la oportuna, segura y que una redacción que no dé
información. Para tal garantice la lugar a interpretaciones
efecto, el material autenticidad, equivocas sobre el alcance
probatorio recaudado integridad, y objetivo del artículo. En
con estas condiciones conservación y suma, este ajuste garantizará
complementará el posterior consulta y una certeza jurídica frente
informe de accidente uso probatorio de la al sentido original y querer
de tránsito que expide información. Para tal del conjunto normativo del
la autoridad efecto, el material proyecto, materializando
competente. probatorio principios que rigen la labor
Independientemente de recaudado con estas de producción normativa,
que los vehículos condiciones como lo son el principio de
involucrados en un reemplazará el corrección del trámite y el
accidente de este tipo informe de accidente principio de instrumentalidad
estén asegurados o no, de tránsito que de las formas (Sentencias de
los conductores deben expide la autoridad la Corte Constitucional SU-
retira inmediatamente los competente. 150 de 2021, C-282- 21, C-
vehículos colisionados y Independientemente 076-18, C-674-17, C757-08,
todo elemento que pueda de que los vehículos C-198- 02). El ajuste que se
interrumpir el tránsito y involucrados en un propone, pretende precisar
acudir a los centros de accidente de este tipo que el material probatorio
conciliación estén asegurados o no, recaudado bajo las
debidamente los conductores deben condiciones establecidas
autorizados por el retirar inmediatamente en el artículo, reemplazará
Ministerio de Justicia y los vehículos el informe de accidente de
del Derecho. Si fracasa colisionados y todo tránsito y no simplemente lo
la conciliación, elemento que pueda complementará. Esta
cualquiera de las partes interrumpir el tránsito y conclusión tiene como
puede acudir a los acudir a los centros de sustente el inciso segundo
demás mecanismos de conciliación del mismo artículo, donde
acceso a la justicia. Para debidamente se contempla que ante un
tal efecto, no será autorizados por el escenario de conciliación o
necesaria la expedición Ministerio de Justicia y el fracaso del mismo, en
del informe de del Derecho. Si fracasa sede judicial los
accidente de tránsito, la conciliación, involucrados podrán
ni la presencia de cualquiera de las acudir a dichas instancias
autoridad de tránsito partes puede acudir a sin que sea necesaria la
en la respectiva los demás expedición de un informe
audiencia de mecanismos de de accidente de tránsito, ni
conciliación. acceso a la justicia. la presencia de autoridad
Para tal efecto, no será de tránsito. (…) Estas
necesaria la razones motivaron a los
expedición del informe conciliadores para proponer
de accidente de el ajuste mencionado, pues
tránsito, ni la presencia de mantenerse la redacción
de autoridad de aprobada por la Plenaria de
tránsito en la la Cámara de

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Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

respectiva audiencia Representantes, estaría
de conciliación. contemplando dos supuestos
facticos contradictorios.

[…]”. (Negrilla fuera del texto).

73. El texto conciliado finalmente se aprobó a través del artículo 16 de la Ley 2251
de 2022, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 16. El artículo 143 de la Ley 769 de 2002 quedará así:

Artículo 143. Daños materiales. En todo accidente de tránsito donde sólo se
causen daños materiales en los que resulten afectados vehículos asegurados
o no asegurados, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan lesiones
personales, los conductores, entidades aseguradoras y demás interesados en
el accidente recaudarán todas las pruebas relativas a la colisión mediante
la utilización de herramientas técnicas y tecnológicas, que permitan la
atención del mismo en forma oportuna, segura y que garantice la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta y uso probatorio de la información.
Para tal efecto, el material probatorio recaudado con estas condiciones
reemplazará el informe de accidente de tránsito que expide la autoridad
competente.

Independientemente de que los vehículos involucrados en un accidente de este
tipo estén asegurados o no, los conductores deben retirar inmediatamente
los vehículos colisionados y todo elemento que pueda interrumpir el
tránsito y acudir a los centros de conciliación debidamente autorizados por el
Ministerio de Justicia y del Derecho. Si fracasa la conciliación, cualquiera de
las partes puede acudir a los demás mecanismos de acceso a la justicia. Para
tal efecto, no será necesaria la expedición del informe de accidente de
tránsito, ni la presencia de autoridad de tránsito en la respectiva audiencia de
conciliación. […]”. (Negrilla fuera del texto).

74. La nueva disposición normativa mantuvo el deber de los conductores de retirar
los vehículos y demás elementos del lugar del accidente lo antes posible. Pero,
añadió que los conductores y otras personas interesadas en un choque simple
tienen el deber de recaudar, por medio de herramientas técnicas y tecnológicas, las
pruebas asociadas al siniestro. Se advirtió que, para efectos de activar los
mecanismos de solución del conflicto derivado del choque, no resulta necesaria la
presencia de una autoridad de tránsito ni la elaboración de un informe policial de
accidente de tránsito -IPAT-.

75. Cabe mencionar que la Corte Constitucional, en la sentencia C-031 de 8 de
febrero de 202427, declaró la exequibilidad del artículo 16 de la Ley 2251 de 2022,
que subrogó el artículo 143 del Código Nacional de Tránsito Terrestre28. Para ello,
la Corte analizó el contenido y alcance del artículo 16 de la Ley 2251.

27
M.P.: Diana Fajardo Rivera.
28
La Sala Plena resolvió la demanda de inconstitucionalidad presentada por los ciudadanos Julio Andrés Ossa Santamaría,
Juan Camilo Herrera Prieto y Armin Josef Sattler González contra el artículo 16 de la Ley 2251 de 2022, por cuatro cargos: el
primero, por violación al deber de protección que le corresponde al Estado sobre la propiedad –los bienes de los residentes
en el país–, artículos 2 y 58 superiores; el segundo, por vulneración a la prohibición de retroceso respecto del derecho de
propiedad, artículos 58 y 60 de la Constitución y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el tercero, por
quebrantamiento del deber de garantizar el orden público, artículos 2 y 189.4 superiores, y, el cuarto, por omisión en el deber
del Estado de perseguir la responsabilidad de los particulares por la infracción de las normas de tránsito, artículo 6º superior.

17

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

76. La Corte aclaró que “[…] [e]l cambio fundamental, frente a la anterior regulación,
es que para efectos del procedimiento en caso de daños a cosas ya no se requiere
[…] la intervención de la autoridad de tránsito […]”. Se explicó que la autoridad de
tránsito “[…] ya no interviene en la conciliación que antes podía adelantarse en el
lugar de los hechos y, en particular, no actúa para levantar el informe policial de
accidente de tránsito […]”. Por ende, “[…] ahora serán […] los conductores,
entidades aseguradoras y demás interesados, quienes […] recaudarán todas las
pruebas relativas a la colisión, luego de lo cual deben retirar inmediatamente los
vehículos y todo lo que interrumpa el tránsito […]”.

77. Se sostuvo que la subrogación del artículo 143 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre tiene una connotación eminentemente probatoria en relación exclusiva
con la posterior reclamación que los conductores o demás interesados puedan
realizar ante las instancias jurídicas correspondientes, a fin de intentar las
indemnizaciones a que haya lugar29.

78. Se aludió a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado para recordar que la apreciación del IPAT no se rige por el sistema de tarifa
legal o prueba tasada. Por ende, se mencionó que el operador judicial estaba
habilitado para valorar el IPAT, en conjunto con los demás medios de prueba, con
base en las reglas de la sana crítica30.

79. Se delimitó el alcance de la reforma normativa, en los siguientes términos:

“[…] En conclusión, (i) el artículo 16 de la Ley 2251 de 2022 subrogó el artículo
143 del Código Nacional de Tránsito, previendo un curso de acción especial
para aquellos casos en los que se presentan accidentes de tránsito que arrojan
solo daños materiales. (ii) Esta nueva configuración tiene por objeto
descongestionar las vías, esto es, atender este tipo de accidentes de manera
más ágil para efectos de garantizar el derecho a la locomoción, entre otros
bienes involucrados en la actividad peligrosa de conducir; y (iii) la principal
modificación radica en que la autoridad de tránsito ya no acudirá al lugar
de los hechos para adelantar sus actuaciones de conciliación y, en caso
de no ser posible un arreglo amistoso, suscribir el informe policial de
tránsito –lo que lleva aparejado el croquis–. Conforme a esta nueva regulación,
y teniendo en cuenta el alcance del informe policial de accidente de tránsito y
para qué se elabora, corresponderá a los interesados recaudar las
pruebas, en las condiciones previstas por la disposición, para una futura
reclamación por los daños causados. Por esto último, es posible decir que hay
una modificación en la configuración probatoria que antecede a la
reclamación de daños a la propiedad, bien sea solicitando la efectividad de
una póliza o acudiendo a la vía de la responsabilidad extracontractual. […]”.
(Negrilla fuera del texto).

29
“[…] Esto es, lo que antes hacía el agente de tránsito en materia probatoria en el momento y lugar del accidente, como
recopilar datos personales de los implicados en el accidente así como de sus vehículos, tomar datos de personas que pudieran
ser testigos del hecho y, además, elaborar el croquis, son actuaciones que entran a suplir los nuevos destinatarios de esta
carga; para, posteriormente y en caso de ser necesario, acudir a los centros de conciliación autorizados y a las vías de acceso
a la administración de justicia para reclamar la reparación del daño causado. […]”.
30
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-202 de 8 de marzo de 2005. M.P.: Jaime Araujo Rentería.

18

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

80. Sin embargo, la Corte Constitucional señaló que la carga probatoria transferida
a los involucrados en un accidente de tránsito que arroje solamente daños
materiales, estaba sujeta a “[…] una interpretación constitucional que permita
determinar, con razonabilidad, respecto de quién es aquello predicable […]”.

81. Se puso de presente que la persona en situación de discapacidad, el adulto
mayor, el adolescente o la persona que por ausencia de recursos económicos sufre
de una brecha digital31, “[…] deberá recibir la asistencia de la autoridad de tránsito
-agente- para la recolección de las pruebas relacionadas con la colisión. […]”.

82. La Sala Plena reconoció “[…] que, en principio, en tanto aquellas personas
fueron habilitadas para ejercer la actividad de conducción se presume que también
lo están para satisfacer su carga probatoria, pero, excepcionalmente y en aquellos
eventos en que esto no les sea posible, […] deberá recibir la necesaria asistencia
por parte del Estado, a través del agente de tránsito […]”.

83. Agregó que las autoridades de tránsito, en el escenario excepcional deben
acudir “[…] -ante su llamado- a asistirlas en la actividad probatoria regulada en la
disposición demandada, bien sea a través de las herramientas técnicas y
tecnológicas a que la misma hace referencia o, en caso de que ello no sea posible
[…] [como sucedería en el supuesto de brecha digital] a través del levantamiento
del informe policial de accidente de tránsito […]”.

84. Además, la Corte Constitucional informó que, en virtud de esa interpretación
constitucional, y teniendo en cuenta la declaratoria de exequibilidad de la referida
norma, era necesario reparar en dos aspectos finales, a saber:

“[…] De un lado, en la necesidad de que las autoridades de tránsito y, en
particular, el agente de tránsito tenga en cuenta que sus obligaciones para dar
cumplimiento a las normas aplicables a accidentes de tránsito que solo arrojan
daños materiales deben llevarse a cabo siguiendo los criterios de razonabilidad
y proporcionalidad. Y, segundo, el deber de las autoridades de tránsito
competentes de adelantar acciones pedagógicas que permitan a las personas
destinatarias de la carga probatoria del artículo 16 de la Ley 2251 de 2022 tener
claridad sobre las actuaciones a su cargo. […]”.

85. Frente al segundo punto, para el tribunal constitucional “[…] es necesario que
las autoridades con competencia promuevan campañas en esta dirección e,
incluso, que se valore la posibilidad de que para la obtención y renovación de
licencias de conducción se brinde información y capacitación sobre la materia. […].
En este contexto, la modificación de una regulación que deja atrás la intervención
de una autoridad pública necesariamente debe pasar por procesos de pedagogía,
que permita que las finalidades de la medida se satisfagan plenamente […]”.

31
De conformidad con lo sostenido por el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, la brecha digital “[h]ace
referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a las TIC y aquellas que no,
y también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz,
debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica.” La Corte Constitucional ha reconocido su existencia
en varias decisiones, por ejemplo, relacionadas con el derecho a la educación en pandemia (ver, por ejemplo, la Sentencia
T-042 de 2023. M.P. Natalia Ángel Cabo) o con el análisis de constitucional de políticas públicas dirigidas a su cierre (ver, por
ejemplo, la Sentencia C-127 de 2020. M.P. Cristina Pardo Schlesinger).

19

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

86. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado
concluye que el artículo 16 de la Ley 2251 de 2022 subrogó el artículo 143 del
Código Nacional de Tránsito, con el propósito de establecer un procedimiento
especial y ágil para la atención de los accidentes que arrojan solo daños materiales,
en el que sea posible descongestionar las vías de forma inmediata. Con esta nueva
norma, las autoridades de tránsito ya no asistirán al lugar para conciliar o levantar
el informe policial y el croquis, siendo ahora responsabilidad de los implicados
recoger evidencias para posibles reclamaciones, ya sea para activar una póliza de
seguro o para procesos de responsabilidad civil extracontractual.

87. Sin embargo, excepcionalmente la autoridad de tránsito auxiliará a quien
evidentemente no está en posibilidad de soportar la carga probatoria por las
razones expuestas en la sentencia C-031 de 2024. En el único evento en que el
agente levantará el informe policial de accidente de tránsito, es cuando “[…] existe
una situación de vulnerabilidad preexistente y predicable de parte de la población
colombiana que no tiene acceso a los instrumentos tecnológicos para tomar las
pruebas […]”.

88. Finalmente, se debe mencionar que el hecho consistente en que la autoridad de
tránsito, por regla general, no participe en el recaudo probatorio encomendado a
los particulares, no significa que los agentes puedan abstenerse de sancionar las
infracciones viales relacionadas con el respectivo accidente.

89. Expresamente, el artículo 147 del Código Nacional de Tránsito, señaló que: “[…]
en toda circunstancia, si el agente de tránsito observare la violación de las normas
establecidas en este código, en caso de daños a cosas, podrá imponer un
comparendo al conductor infractor […]”. A su vez, el artículo 13 de la Ley 2161 de
2021 incluyó una regla vigente, según la cual, el no levantamiento de los vehículos
involucrados en este tipo de accidente determina, entre otras consecuencias, la
imposición de un comparendo.

90. Esto significa que la afirmación del apelante, conforme a la cual los agentes de
tránsito deben participar en el recaudo probatorio de todos los accidentes de
vehículos con daños materiales, no se desprende del contenido de esa norma
jurídica.

91. La norma cuestionada exige, por regla general, a los particulares que adelanten
dicha labor y solo, excepcionalmente, la autoridad de tránsito podrá apoyar a
quienes se encuentran en una situación de debilidad manifiesta que les impida
recolectar las pruebas necesarias para los reclamos respectivos. Ello
independientemente al hecho consistente en que la autoridad de tránsito puede
imponer los comparendos que estime procedentes conforme a las circunstancias
fácticas de cada siniestro.

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Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

92. Por ello, el demandante tampoco podía tramitar sus pretensiones a través de la
acción de cumplimiento, pues no busca que el Ministerio de Transporte o el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín cumplan con lo dispuesto
en el artículo 143 del Código Nacional de Tránsito 32, sino que la demanda se
encamina a que esas autoridades ejecuten la ley, y ejerzan sus funciones, con un
sentido distinto al definido por el legislador y la Corte Constitucional, porque
supuestamente la administración estaría quebrantando el derecho colectivo a la
seguridad pública.

ii) La prueba sobre la presunta afectación del derecho colectivo a la seguridad
pública

93. El derecho colectivo a la seguridad pública es una prerrogativa que hace “[…]
parte del concepto de orden público y se ha concretado en las obligaciones que
tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la
vida en comunidad […]”33. Aquel concepto abarca el componente de “[…]
prevención de delitos y contravenciones […]”, el cual “[…] se puede garantizar
desde una perspectiva de abstención (negativa o de impedir una conducta) o de
promoción (activa o de realización de un comportamiento) […]”34.

94. Sin duda alguna el orden público está directamente relacionado con las
condiciones mínimas de seguridad y tranquilidad, en virtud de las cuales el Estado
adelanta una labor de prevención permanente de los delitos, las contravenciones y
los desórdenes en general, ya se trate de lugares públicos o privados35.

95. En el proceso de la referencia, para acreditar la desestabilización del orden
público con ocasión del cambio normativo, la parte demandante aportó al proceso:
(i) diversas notas digitales de prensa relativas a hechos de violencia con ocasión de
presuntos accidentes de tránsito; (ii) 2 solicitudes radicadas ante las autoridades
accionadas concernientes al cumplimiento del artículo 143 del código de tránsito; y
(iii) 4 registros audiovisuales sobre hechos de intolerancia en las vías.

96. De las notas de prensa se destacan los titulares: “[…] insultos, puños y
estrujones: la intolerancia reina por estos días en vías de Medellín […]” del diario El
Colombiano (sin fecha)36; “[…] a patadas y machetazos se están “arreglando los
choques solo latas en Medellín ”[…]” del diario El Colombiano de 29 de noviembre

32
El artículo 8 de la Ley 393 de 29 de julio de 1997 establece que la procedencia de la acción de cumplimiento no excluye
“[…] el ejercicio de la acción popular para la reparación del derecho […]”. La Corte Constitucional estableció en la sentencia
C-1194 de 15 de noviembre de 2001 que cuando “[…] la inacción de la administración amenace o vulnere derechos de rango
constitucional que no son tutelables en el caso concreto […]”, “[…] procederían otras acciones, como las acciones populares
para los derechos colectivos, pero no la de cumplimiento, como quiera que por expresa definición constitucional, la órbita de
ésta es la aplicación de la ley o de los actos administrativos, mas no la aplicación directa de la Constitución […]”.Ello teniendo
en cuenta la naturaleza principal de la acción popular y la importancia de los derechos que busca proteger.
33
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación
número 25000-23-25-000-2002-02788-01(AP).
34
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de mayo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación
número: 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP), criterio reiterado por esta Sala de Decisión radicación nro.: 2013-00013-
01(AP), C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de
noviembre de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación número 25000-23-24-000-2011-00227-01(AP).
35
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-066 de 1995.
36
Cfr. índice 1, expediente digital Tribunal Administrativo de Antioquia, documento denominado “001Demanda.pdf”, folio 17.

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de 202237; “[…] Sujeto se fue de aletoso contra motero por un choque simple en
Bogotá: lo amenazó con arma blanca […]”, del 1.° de febrero de 2023 (sin fuente)38;
“[…] Taxista enfrentó con machete a motociclista tras aparatoso accidente […]”, de
18 de enero de 2023 (sin fuente)39; “[…] A puños, agarrones y hasta machetazos,
como más de uno está ‘arreglando’ conflictos en las vías del país […]”, de 29 de
noviembre de 2022 (sin fuente)40; “[…] los casos que demostrarían el fracaso de la
ley de conciliación vial […]”, de 30 de noviembre de 2022 (sin fuente)41; “[…]
¡Bochornoso! Choque de carros terminó en pelea a golpes en San Fernando […]”
del diario El Universal (sin fecha)42; “[…] Porque le pitó, conductor persiguió, arrolló
y asesinó a un motociclista en Bucaramanga […]”, de 6 de diciembre de 2022 (sin
fuente)43; “[…] caso de intolerancia entre conductores en Medellín no fue por ley
“solo latas”: Alcaldía […]”, de 29 de noviembre de 2022 (sin fuente)44; “[…] ¡A puños!
Dos mujeres y un hombre protagonizan pelea en plena vía pública […]”, de 13 de
octubre de 2022 (sin fuente)45; “[…] Video: Taxista amenazó con un machete a
conductor por un supuesto rayón […]” de 2 de febrero de 2023 (sin fuente)46; e “[…]
intolerancia de las vías de Cali: dos hombres se agarraron a puño limpio después
de chocar […]” de la Revista Semana (sin fecha)47.

97. En cuanto a las respuestas de las peticiones elevadas por los demandantes
ante las autoridades accionadas, obra el oficio de 25 de julio de 202248, suscrito por
la alcaldía de Medellín, en el que les comunicó que la información relativa a
accidentes viales solo puede entregarse a “[…] la autoridad que tenga atribución y
competencia para resolver de acuerdo a la ley vigente en el marco normativo
colombiano; como: fiscalías - inspecciones - defensoría entre otras […]”, por tratarse
de información reservada.

98. Además, mediante oficio de 22 de diciembre de 202249, la alcaldía de Medellín
comunicó a los demandantes el contenido de la circular externa expedida por el
Ministerio de Transporte, en los siguientes términos:

“[…] En atención a su solicitud, se le informa que de acuerdo al Artículo 16 de
la Ley N° 2251 de 2022, el Ministerio de Transportes emitió una circular para
atender los choques simples en los que solo se causaron daños materiales. De
esta forma, la cartera marca nuevos rumbos para que autoridades tránsito
y las aseguradoras aborden de manera más efectiva estos problemas,
para evitar interrupciones en el tránsito por accidentes, mantener la
seguridad y cuidar la vida de los ciudadanos. Según la orden, en caso de
accidente de tránsito que cause únicamente daños materiales,
independientemente de que el vehículo involucrado esté o no asegurado, el
conductor deberá retirarlo de inmediato, así como cualquier condición que

37
Ibidem, documentos denominados “030PRUEBA No 1.pdf”, “048PRUEBA No 1 (1).pdf” y “076IntervencionJairoAlberto.pdf”.
38
Ibidem, folio 7.
39
Ibidem, folio 10.
40
Ibidem, folio 11.
41
Ibidem, folio 16.
42
Ibidem, folio 21.
43
Ibidem, folio 28.
44
Ibidem, folio 40.
45
Ibidem, folio 52.
46
Ibidem, folio 55.
47
Ibidem, folio 68.
48
Ibidem, documentos denominados “032PRUEBA No. 4.pdf” y “050PRUEBA No. 4 (1).pdf”.
49
Ibidem, documentos denominados “001Demanda.pdf”, folio 15; y “RESPUESTA PETICIÓN.pdf”.

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pueda afectar el tránsito, pero deberá ser retirado. primero. Recoger pruebas
del accidente.

Ahora bien, las autoridades de tránsito se presentan al lugar de la ocurrencia
del accidente en las ocasiones que se tengan personas lesionadas, cuando el
o los implicados se encuentran en estado de embriaguez o bajo
estupefacientes o alucinógenos y cuando se existan sustancias que deban ser
removidas por expertos. […]”. (Negrilla fuera del texto).

99. Sobre los registros audiovisuales de hechos de intolerancia en las vías, obran
tres videos donde se observan accidentes de tránsito, atropellamientos, riñas,
agresiones y otros acontecimientos violentos entre actores viales:

Documento denominado Documento denominado Documento denominado
“002Vídeo 1”. “003Vídeo 2”. “004Vídeo 3”.

100. Tales registros audiovisuales no identifican su fuente.

101. También se allegó un video del noticiero Noticias Caracol, sin fecha de emisión,
donde se relató un conflicto suscitado con ocasión de un presunto accidente de
tránsito50.

50
Ibidem, documentos denominados “031PRUEBA No 3.mp4” y “049PRUEBA No 3 (1).mp4.”

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102. Por otro lado, mediante auto de 3 de octubre de 202351, el tribunal decretó la
siguiente prueba:

“[…] SEGUNDO. Acceder a la solicitud probatoria formulada por los señores
PAUL ESTEBAN HERNÁNDEZ y MAURICIO GÓMEZ GALEANO. En
consecuencia, OFICIAR a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL para
que, en el término de veinte (20) días hábiles, siguientes a la notificación de
esta providencia, indique al Despacho:

a. Si se ha diseñado alguna política pública tendiente a que las autoridades de
tránsito en todos sus órdenes y rangos hagan parte de los choques simples; y

b. Si existe algún margen estadístico que muestre el aumento de violencia
callejera con ocasión de los choques simples.

Ambos interrogantes limitados temporalmente a la entrada en vigencia del
artículo 16 de la Ley 2251 de 2021. […]”. (Negrilla fuera del texto).

103. En respuesta a lo anterior, la Agencia Nacional de Seguridad Vial allegó
comunicado de 3 de noviembre de 2023, con el asunto “[…] Respuesta oficio No.
183-MMM […]”52. En cuanto al primer interrogante, relativo a “[…] si se ha diseñado
alguna política pública tendiente a que las autoridades de tránsito en todos sus
órdenes y rangos hagan parte de los choques simples […]”, el documento informó
lo siguiente:

“[…] Lo primero sea indicar que la Ley 1702 de 2013 señala en su artículo
segundo y tercero, que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) “…es la
máxima autoridad para la aplicación de las políticas y medidas de
seguridad vial nacional. Coordina los organismos y entidades públicas y
privadas comprometidas con la seguridad vial e implementa el plan de acción
de la seguridad vial del Gobierno; su misión es prevenir y reducir los
accidentes de tránsito.”., y que como objeto tendrá el de, “…la planificación,
articulación y gestión de la seguridad vial del país. Será el soporte
institucional y de coordinación para la ejecución, el seguimiento y el control de
las estrategias, los planes y las acciones dirigidos a dar cumplimiento a los
objetivos de las políticas de seguridad vial del Gobierno Nacional en todo el
territorio nacional”.

Ahora al ocuparse de la definición de seguridad vial, indica que;

“Seguridad Vial. Entiéndase por seguridad vial el conjunto de acciones y
políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte
o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios
motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario
sobre medidas que intervienen en todos los factores que contribuyen a los
accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la vía y equipamiento
vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del
tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa y
pasiva, la inspección vehicular, la formación de conductores y los
reglamentos de conductores, la educación e información de los usuarios
de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión
institucional hasta la atención a las víctimas.”

51
Ibidem, índice 73, documento denominado “126_AUTODECRETANDOPRUEBAS(.pdf) NroActua 73.”
52
Ibidem, índice 81, documento denominado “03RtaExhorto.pdf”.

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En el Plan Nacional de Seguridad Vial, 2022 – 2031, se reconoce la seguridad
vial como el fin esencial del Estado, el cual deberá promover la prosperidad
general y garantizar los derechos consagrados en la Constitución Política de
Colombia, y que es deber de las autoridades proteger la vida de las personas;
por tal razón, se instauró como prioridad esencial del transporte velar por el
cumplimiento de este mandato de protección a la vida, con el fin de que se dé
cumplimiento a las normas del tránsito y del transporte, que regulan la
circulación de las personas.

De otro lado, es importante indicar que dentro del marco conceptual se
realizaron dos enfoques diferenciales, los cuales corresponden a, i) Enfoque
Tradicional y ii) Enfoque de sistema seguro, con cinco aspectos, así:

Aspecto Enfoque Enfoque sistema seguro
tradicional
El problema Los siniestros viales Víctimas fatales y heridos graves
Proactivo y sistemático que identifica y gestiona los
El enfoque Reactivo ante los factores de riesgo o circunstancias determinantes de
siniestros las lesiones
La causa del Comportamiento de La fragilidad y vulnerabilidad de los actores viales.
problema los actores viales La gestión de los riesgos y determinantes sociales.
La falibilidad del ser humano.
El El actor vial Responsabilidad compartida entre diseñadores,
responsable implementadores del sistema, sector privado y
del problema actores viales.
El objetivo Prevenir y atender los Cero víctimas fatales y cero heridos graves.
siniestros viales

De los enfoques anteriores desarrollados en el Plan Nacional de Seguridad
Vial, la ANSV, ha implementado políticas públicas tendientes a la
disminución de las cifras en siniestralidad donde se encuentren
involucradas víctimas fatales y heridos graves, para identificar factores
de riesgos y circunstancias que llevan a un resultado con víctimas.

Aunado a lo anterior, nos permitimos indicar que la Agencia Nacional de
Seguridad Vial en el desarrollo de los enfoques realiza gestión tendiente a
identificar los aspectos que llevan a afectar los actores viales, con el fin
de implementar acciones para prevenir la ocurrencia de siniestros, dentro
de las cuales se incluyen campañas de sensibilización y educación vial
dirigidas a todos los actores viales.

Se precisa que toda la normatividad, los programas, las campañas y demás
acciones emitidas por la entidad, de manera general, están enfocadas en la
protección y garantía de la vida de todos los actores viales, por lo cual,
respondiendo la pregunta, me permito informar que la ANSV no ha diseñado
políticas públicas tendientes a que las autoridades de tránsito en todos sus
órdenes y rangos “hagan parte de los choques simples”, toda vez que la
regulación de la atención de los siniestros viales por parte de las autoridades
de tránsito, no hace parte de su objeto y misión. […]”. (Negrilla fuera del texto).

104. Frente a la cuestión de “[…] si existe algún margen estadístico que muestre el
aumento de violencia callejera con ocasión de los choques simples […]”, la agencia
afirmó que no cuenta con información:

“[…] Teniendo en cuenta las funciones de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial referidas líneas arriba, la entidad no cuenta con información estadística
referente al aumento de la violencia callejera con ocasión de un siniestro vial,
ni a los conflictos posteriores que pueden llegar a desencadenarse por causa
de este tipo de eventos entre los actores viales involucrados […]”.

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105. Pues bien, a efectos de valorar de forma integral el material probatorio, se debe
tener en cuenta que los reportes periodísticos en un proceso judicial carecen de
valor como prueba testimonial debido a que se desconoce su autor, su contenido
no ha sido ratificado y no cumplen con las formalidades de dicha prueba53.
Únicamente pueden validarse como prueba documental que “[…] da cuenta de la
existencia de la afirmación del tercero […]”54.

106. Esto significa que los reportes de prensa no son pruebas que den fe de los
hechos, aun cuando el juez no debe apartarse de la realidad o contexto que estas
reflejan, más aún cuando estas permiten evidenciar una inferencia fáctica
razonable.

107. Igualmente, se debe tener en cuenta que la Sección Quinta del Consejo de
Estado en sentencia de 1 de noviembre de 2002 explicó que los registros fílmicos
tampoco brindan “[…] certeza sobre ninguno de los extremos del tema de prueba,
en la medida en que se trata de un documento privado [que] […] carece por
completo de valor probatorio, porque […] no registra hechos atribuibles a la parte
demandada respecto de los cuales esta hubiere expresado su reconocimiento
[…]”55.

108. En otras palabras, las cintas de video obrantes en este proceso no tienen valor
como prueba, ya que no documentan hechos imputables a las entidades
demandadas, ni existe reconocimiento expreso de estos hechos por su parte.

109. La Sala no desconoce que un choque de tránsito, independientemente de los
daños ocasionados sobre bienes o personas, genera un alto estrés que puede
detonar en una reacción violenta (física o verbal) por parte de los involucrados. Sin
embargo, la prueba periodística y fílmica no demuestran por sí mismas que las
autoridades policiales no acudieron, ante el llamado de la ciudadanía, para solventar
las riñas en espacio público a que aluden los medios probatorios.

110. El sistema jurídico colombiano diferencia a las autoridades correccionales que
actúan frente a la comisión de los delitos de asesinato o lesiones personales,
respecto de los agentes encargados de sancionar las normas de tránsito. En los
escenarios violentos en los que el conflicto excede la afectación de los bienes
materiales, surge el deber de la ciudadanía de solicitar el acompañamiento de la
autoridad policial para que adelante un traslado por protección, en los términos
dispuestos en el artículo 155 de la Ley 1801 de 29 de julio de 201656, modificado
por el artículo 40 de la Ley 2197 de 25 de enero de 202257, ante el peligro de ser
agredido o por encontrarse inmerso en una riña.

53
Sentencias de 15 de junio de 2000, Exp.13338; de 25 de enero de 2001, Exp. 11413; de 10 de noviembre de 2000, Exp.
18298; de 19 de agosto de 2009, Exp. 16363.
54
Cfr. Sentencia de 10 de noviembre de 2000, Exp. 18298.
55
Cfr. Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2002. Exp.2961
56
“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
57
“Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras
disposiciones”.

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111. Se demostró que el modelo de atención de accidentes viales pasó del enfoque
tradicional, a un enfoque de sistema seguro. El enfoque tradicional se centraba en
los siniestros viales como el problema principal, y asumía que su causa era el
comportamiento de los actores viales, quienes son los responsables de prevenirlos
y atenderlos.

112. Actualmente, el enfoque de sistema seguro prioriza las víctimas fatales y los
heridos graves como problema principal, y reconoce que la causa de los accidentes
es la fragilidad y vulnerabilidad de los actores viales, la gestión de los riesgos, los
determinantes sociales, y la falibilidad del ser humano. Este enfoque es proactivo y
sistemático, y busca gestionar los factores de riesgo, así como compartir la
responsabilidad entre los diseñadores, implementadores, sector privado y actores
viales.

113. En el marco de estas diferencias, la labor de los agentes de tránsito cambió
para que ya no actuaran como mediadores en las conciliaciones económicas por
daños materiales, sino que dirigieran sus esfuerzos al control de los accidentes que
pueden ocasionar víctimas fatales o heridos. Aun así, tampoco es cierta la premisa
consistente en que el nuevo enfoque normativo desproteja a la ciudadanía de forma
generalizada.

114. Nótese que la premisa de los demandantes, conforme a la cual el rol de los
agentes de tránsito cambió con la expedición de la Ley 2251 de 14 de julio de 2022,
tampoco es cierta. El legislador, a través del artículo 12 de la Ley 2161 de 26 de
noviembre de 2021 ordenó por primera vez a los actores viales con carros
asegurados, que tomaran pruebas del hecho y conciliaran con las aseguradoras,
sin necesidad de un documento de la autoridad de tránsito.

115. Desde el 2021 hasta la actualidad no se acreditó que el derecho colectivo a la
seguridad pública se vea afectado por el traslado de esa carga probatoria. Tampoco
se demostró una relación causal entre “la falta de reglamentación” de tal
procedimiento, y los acontecimientos de violencia que se mencionaron en la
demanda y el escrito de apelación.

116. La Sala advirtió en el anterior acápite que la autoridad de tránsito puede dirigirse
al lugar del siniestro para imponer los comparendos a que haya lugar por la violación
de las normas viales. Además, las autoridades de policía podrán acudir ante el
llamado de la ciudadanía para impedir las riñas, comportamientos
contravencionales o la comisión de delitos por parte de los implicados en el
accidente.

117. En otras palabras, los demandantes no lograron demostrar que la forma en que
los agentes de tránsito aplican el nuevo artículo 143 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre esté ocasionando un impacto social negativo, y mucho menos que sea la
causa directa y necesaria de los hechos de violencia enunciados en la demanda.

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118. Por el contrario, a través de su argumento materialmente está cuestionando el
contenido mismo de la Ley y, para ello, el ordenamiento jurídico dispone otros
medios de defensa judicial, tal y como lo señaló el juez de la primera instancia al
declarar la acción popular improcedente frente a esa pretensión.

119. Incluso una reglamentación como la que solicita el demandante no sería posible
pues dicha facultad debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la
Constitución y las leyes. En ese sentido, “[…] al Presidente de la República le está
vedado ampliar o restringir el sentido de la Ley. No puede tampoco suprimir o
modificar las disposiciones previstas en la Legislación pues con ello estaría
excediendo sus atribuciones. […] El objeto de la potestad reglamentaria consiste,
entonces, en contribuir a la concreción de la ley y se encuentra, por consiguiente,
subordinada a lo dispuesto por ella sin que sea factible alterar o suprimir su
contenido ni tampoco reglamentar materias cuyo contenido esté reservado al
Legislador […]”58.

120. Además, en este caso se aplica el supuesto conforme al cual “[…] no todas las
leyes ordinarias requieren ser reglamentadas. Existen leyes que han sido
formuladas por el Legislador de manera tan detallada y los temas en ellas
contenidos han sido desarrollados en forma tan minuciosa, que prima facie no
habría espacio para una regulación ulterior […]”59. Así pues, “[…] el requisito
fundamental que supone la potestad reglamentaria […] es la existencia previa de un
contenido o materia legal por reglamentar […]”60.

121. Valga recordar que, en la demanda de inconstitucionalidad presentada en
contra del artículo 16 de la Ley 2251 de 2022 y resuelta mediante sentencia C-031
de 2024, los demandantes alegaron que el cambio normativo afectaba el orden
público. Señalaron que la norma acusada suponía una abdicación del deber estatal
de mantener la seguridad vial, conservar el orden público, y sancionar a los
individuos implicados en accidentes con daños materiales exclusivamente, por
violaciones a las normas de tránsito.

122. En la sentencia C-031, la Corte se inhibió para adoptar una decisión de mérito
en torno a esos cargos de inconstitucionalidad porque la corporación no encontró
que la argumentación expuesta por los demandantes tuviera la entidad suficiente
como para generar una mínima duda de inconstitucionalidad de la norma.

123. La Corte reconoció que un accidente podía implicar la comisión de una
infracción de tránsito. No obstante, indicó que, conforme al artículo 147 del código,
es “[…] obligación del agente de tránsito […] imponer el comparendo cuando a ello
haya lugar […]”. Además, el informe policial de accidente de tránsito -IPAT- “[…] no
tiene una relación inescindible o necesaria con la imposición de un comparendo por

58
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1005 de 15 de octubre de 2008. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia C-
028 de 1997
59
“[…] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-302 de 1999. […]”.
60
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1005 de 15 de octubre de 2008. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.

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la presunta comisión de una de las faltas […] descritas en el artículo 131 del mismo
Código y que no han sido modificadas o derogadas por la disposición hoy
cuestionada […]”.

124. En segundo lugar, la Corte interpretó que el precepto cuestionado no tuvo como
fin “[…] la persecución para la sanción de las conductas que, en las vías, generan
inseguridad y afectación de los derechos de locomoción, vida, entre otros […]”. Lo
que buscó el legislador era implementar un régimen probatorio que permita agilizar
el trámite del conflicto suscitado con el accidente, así como garantizar la movilidad
del tráfico vial.

125. La Corte advirtió que los cargos planteados parten de una presunción
equivocada sobre el proceder de las autoridades de tránsito, ya que la premisa de
los accionantes, según la cual no hay posibilidad de imponer comparendos, no se
deriva de la disposición demandada.

126. En tercer lugar, la Corte mencionó que la modificación normativa no genera un
impacto negativo sobre el orden público. Expuso que la norma no afectó: (i) la
regulación de comparendos; (ii) la detección de infracciones mediante sistemas
electrónicos; ni (iii) las campañas para la seguridad vial. Se señaló que el
cumplimiento de la normativa de tránsito no requiere de manera indispensable de la
presencia física de una autoridad de tránsito en la vía, pues para ello, “[…] existen
medios de control no presenciales […]”.

127. Por consiguiente, el hecho consistente en que los agentes de tránsito no
participen en todos los accidentes que solo involucren daños materiales, tampoco
“[…] apareja la claudicación del Estado, del Presidente de la República y demás
autoridades con competencia, a garantizar el orden público en materia vial y a
promover una sociedad anómica, en la que se fomente la impunidad y
accidentalidad […]”.

128. Finalmente, la Corte aclaró que las riñas que se lleguen a presentar en la vía no
están excluidas del control del Estado, toda vez que “[…] las autoridades
encargadas de garantizar el orden público en el país, como la Policía Nacional, […]
[deben] intervenir, no con el objeto de efectuar un informe policial de accidente de
tránsito, sino de garantizar la convivencia en paz de todas las personas habitantes
en el país […]”.

129. En este proceso los medios de prueba tampoco permiten evidenciar que la
aplicación del precepto cuestionado: (i) fomente el incumplimiento de las
disposiciones en materia de tránsito; (ii) promueva, aumente o sea la causa de
hechos violentos, agresiones o riñas entre los conductores u otros actores viales; o
(iii) favorezca la inseguridad “[…] personal, técnica, jurídica y pública […]” en las
vías.

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130. Los demandantes no expusieron razones suficientes para considerar que la
disposición cuestionada exima a las autoridades de tránsito del deber de imponer
los comparendos correspondientes en el marco de accidentes con daños
materiales. Esas autoridades fueron instituidas para velar por la tranquilidad y la
seguridad de las personas y las cosas en las vías, tal y como lo señala el Código
Nacional de Tránsito61 y la circular del Ministerio de Transporte.

131. La Sala coincide con la Corte Constitucional en que los deberes contenidos en
la disposición objeto de reproche buscan exclusivamente agilizar la resolución de
los conflictos derivados de daños materiales. Esto no implica un escenario de
afectación del derecho colectivo a la seguridad pública, dado que, si los sujetos
involucrados no logran llegar a un acuerdo, el Estado sigue garantizando el orden
mediante diversas instituciones y mecanismos jurídicos dispuestos para impartir
una solución definitiva.

132. Por todo lo anterior, tampoco se demostró que el Ministerio de Transporte o el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín transgredan o
amenacen el derecho colectivo a la seguridad pública, por la forma en que las
autoridades de tránsito aplican el artículo 143 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre, modificado por el artículo 16 de la Ley 2251 de 2022.

133. El alcance y contenido del precepto legal sugerido por la parte demandante
difiere a la hermenéutica teleológica y sistémica del artículo 143, reconocida por la
Corte Constitucional en la sentencia C-031 de 8 de febrero de 2024. Incluso el
contenido de la norma, después de la declaratoria de exequibilidad es tan preciso
que, en principio, no parece imprescindible una reglamentación para su correcta
implementación.

134. La Sala no desconoce que la Corte Constitucional en la sentencia C-031 de
2024 consideró que, en situaciones excepcionales, es deber de las autoridades de
tránsito prestar ayuda los grupos poblacionales vulnerables, durante la actividad
probatoria regulada en el artículo 143 del Código Nacional de Tránsito Terrestre,
bien sea a través de herramientas técnicas y tecnológicas o, a través del
levantamiento del informe policial de accidente de tránsito, en el supuesto de
brecha digital. Además, explicó que el Estado debe adelantar una campaña
pedagógica que garantice que los actores viales cuenten con la capacidad para
desarrollar la carga probatoria impuesta.

135. Sin embargo, ninguno de estos argumentos fue planteado por los demandantes
para justificar la presunta transgresión del derecho colectivo a la seguridad pública.
Por ende, se debe confirmar la sentencia de primera instancia que negó el amparo,
en el marco de la causa petendi y por las razones aquí esbozadas.

61
Artículo 7.°.

30

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00006-01
Demandantes: Paul Esteban Hernández y Mauricio Gómez Galeano

136. Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365
del Código General del Proceso y atendiendo el criterio sostenido en la sentencia
de unificación de 6 de agosto de 2019, no se condenará en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, la sentencia proferida el 21 de mayo de 2024 por la Sala Quinta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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