Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2023-00033-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2023-00033-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2023-00033-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
9 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00033-01 (30951)
Demandante: Disdroblan S.A.
Demandado: Departamento de Antioquia
Temas: Condena en costas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 29 de octubre de 20251 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, que resolvió:
«Primero: Negar las pretensiones de la demanda, conforme los argumentos expuestos en
la parte motiva de esta decisión.
Segundo: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, se
condena en costas de primera instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas
por la Secretaría de la Corporación.
Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido (cuantía que
sirvió para estimar la competencia), de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.
PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
Tercero: En firme esta providencia archívese el expediente».
ANTECEDENTES
El 14 de septiembre de 2021, la demandante mediante radicado núm.
R20210103592772, posteriormente subsanado mediante radicado núm.
R20210104062813 del 14 de octubre de 2021, solicitó la devolución y/o compensación
de $608.789.285, correspondiente a diez estampillas4 de orden departamental
pagadas mediante retenciones en la fuente practicadas sobre los pagos derivados de
contratos suscritos con 285 Empresas Sociales del Estado - E.S.E.; sustentó la solicitud
1
Índice 026 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
2
Folios 1 a 23 de los antecedentes administrativos, índice 006 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
3
Folios 212 y 213 de los antecedentes administrativos, índice 006 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
4
Estampillas Pro Universidad de Envigado, Pro Universidad de Antioquia, Pro Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Pro
Desarrollo, Pro Universidad, Pro Adulto Mayor, Pro Ancianos, Pro Cultura, Pro Centros de Bienestar del Anciano, Pro Hospital.
5
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Titiribí; E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Carmen de Viboral; E.S.E. Hospital Francisco
Eladio Barrera de Don Matías; E.S.E. Hospital La Estrella; E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana; E.S.E. Hospital César
Uribe Piedrahita - Caucasia; E.S.E. Bellosalud - Bello Antioquia; Hospital Antonio Roldán Betancur - La Pintada; Hospital María
Auxiliadora - Chigorodó; Hospital Mental de Antioquia - Bello; Hospital La Merced - Ciudad Bolívar; Hospital San Juan de Dios -
Valparaíso; Hospital San Juan de Dios - El Santuario; Hospital Marco Fidel Suárez - Bello; E.S.E. Hospital Germán Vélez Gutiérrez
de Betulia; E.S.E. Hospital Guillermo Gaviria Correa de Caicedo; Hospital San Juan de Dios - Sonsón; E.S.E. Hospital San Rafael
de Andes; E.S.E. Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez de Carepa; E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota; Hospital San Juan
de Dios Ituango; Hospital Presbítero Emigdio Palacio - Entrerríos; E.S.E. Hospital Iván Restrepo Gómez de Urrao; E.S.E. Hospital
San Juan de Dios de Marinilla; E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Remedios; Hospital San Juan de Dios - Támesis Antioquia;
E.S.E. Hospital San Camilo de Lelis Vegachí; E.S.E. Hospital de La Ceja.
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00033-01 (30951)
Demandante: Disdroblan S.A.
en que dichos valores constituían pagos de lo no debido, por corresponder a recursos
de instituciones de la seguridad social.
El 2 de noviembre de 2021, la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Hacienda
del Departamento de Antioquia expidió la Resolución núm. 202210600072736,
mediante la cual negó la solicitud de devolución y/o compensación, al considerar que
los contratistas del sector salud que no forman parte de las instituciones integrantes del
Sistema General de Seguridad Social en Salud – S.G.S.S.S., previstas en el artículo
155 de la Ley 100 de 1993, por su naturaleza jurídica, no están obligados a reinvertir
en el sistema los recursos que reciben como contraprestación por los servicios
prestados a las E.S.E. y, en consecuencia, están sujetos al pago de las estampillas
departamentales cuando realizan el respectivo hecho generador. Contra esta decisión
la demandante interpuso recurso de reconsideración7.
El 12 de julio de 2022, la secretaria de Hacienda del Departamento de Antioquia expidió
la Resolución núm. 20220600855968, mediante la cual confirmó en su integridad la
Resolución núm. 20221060007273 del 2 de noviembre de 2021.
DEMANDA
Disdroblan S.A.9, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho10 formuló las siguientes pretensiones:
« Primera: Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución número 2021060097273 del 2 noviembre de 2021 (…).
• Resolución número S 2022060085596 del 12 de julio de 2022 (…).
Segunda: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de este acto
administrativo, se ordene el restablecimiento del derecho, en favor de mi mandante y
ordene la devolución y/o compensación de los dineros que se haya retenido o recibido
desde enero de 2017 hasta diciembre de 2021 con ocasión al cobro de dichas
estampillas.
Tercera: Que las sumas reconocidas sean ajustadas, conforme artículo 187 del Código
de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.
Cuarta: Que se condene en costas a la parte demandada (…).
Invocó como normas vulneradas los artículos 48, 49, 151, 288, 356 y 357 de la
Constitución Política; Ley 100 de 1993; 68, 91 y 96 de la Ley 715 de 2001; 17 del
Decreto Ley 1281 de 2002; Ley 1949 de 2019; Resolución núm. 3042 de 2007 del
Ministerio de la Protección Social; y la Circular Externa núm. 064 de 2010 de la
Superintendencia de Salud. El concepto de la violación se resume, así:
6
Folios 233 a 266 de los antecedentes administrativos, índice 006 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
7
Folios 42 a 46 de los anexos a la demanda, índice 034 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
8
Folios 48 a 54 de los anexos a la demanda, índice 034 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
9
La sociedad tiene por objeto social la producción y comercialización de productos farmacéuticos, médico-quirúrgicos, veterinarios,
odontológicos y cosmetológicos; la prestación de servicios médicos y programas de capacitación afines; y la explotación de
actividades agrícolas, avícolas y pecuarias.
10
Índice 034 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Demandante: Disdroblan S.A.
Los recursos administrados por las E.S.E. y destinados a la prestación del servicio de
salud están sujetos a la destinación específica prevista en el artículo 48 de la
Constitución Política, por lo que no pueden ser gravados mediante impuestos, tasas o
contribuciones que los destinen a fines distintos de la seguridad social. Esta protección
comprende tanto los gastos directamente asociados con la prestación médica como los
gastos indirectos, operativos y de funcionamiento, siempre que sean sufragados con
recursos del Sistema General Seguridad Social en Salud -en adelante SGSSS-.
Conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional11 y del Consejo de Estado12,
para determinar la procedencia del tributo no resulta determinante que el contratista
pertenezca al SGSSS, sino establecer la fuente de los recursos sobre los cuales recae
la carga tributaria. Por ello, si los contratos celebrados por las E.S.E. para adquirir
medicamentos son pagados con recursos de la seguridad social, estos no pueden ser
sometidos a las estampillas departamentales. En ese sentido, las retenciones
practicadas por concepto de estampillas constituyen pagos de lo no debido, al carecer
de causa legal por recaer sobre recursos protegidos del SGSSS.
Según los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997, las solicitudes de devolución por
pago de lo no debido deben presentarse dentro del término de prescripción de 5 años
que establece el artículo 2536 del Código Civil. En el caso concreto, la solicitud de
devolución fue presentada oportunamente, en ese sentido, para los pagos efectuados
entre 2017 y 2021 resulta aplicable el término de prescripción de cinco años previsto
para la acción ejecutiva, y mientras dicho término no haya vencido no existe una
situación jurídica consolidada que impida el reintegro.
Los actos demandados adolecen de falsa motivación porque las razones utilizadas por
la Administración para negar la devolución desconocen la naturaleza y destinación
específica de los recursos con los cuales las E.S.E. pagan la adquisición de
medicamentos y, por tanto, contradicen las disposiciones constitucionales y legales que
impiden gravar los recursos de la seguridad social.
OPOSICIÓN
El Departamento de Antioquia se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente13:
La demandante es una sociedad comercial de derecho privado que actúa como
proveedora de bienes y servicios de las E.S.E. y que no integra el SGSSS, conforme
al artículo 155 de la Ley 100 de 1993. Por ello, una vez recibe el pago de las órdenes
de servicio o de los negocios jurídicos celebrados con las E.S.E., debe soportar la carga
tributaria por concepto de estampillas departamentales. Las estampillas no gravan los
recursos del SGSSS administrados por las E.S.E., sino el ingreso percibido por el
contratista. Las E.S.E. actúan como agentes retenedores cuando se configura el hecho
generador y el valor de la estampilla es detraído del ingreso recibido por el particular
11
Sentencias SU-480 de 1997 y C-1040 de 2003.
12
Sección Quinta, sentencia del 22 de marzo de 2018, exp. 66001-23-31-003-2011-00142-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez
13
Índice 006 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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beneficiario de la orden de pago. En consecuencia, el tributo no afecta la destinación
específica de los recursos del SGSSS.
Según la jurisprudencia de la Sección Cuarta de esta Corporación14, una vez las E.S.E.
pagan al tercero que no tiene la obligación legal de reinvertir esos recursos en el
sistema de salud, estos dejan de tener destinación específica y pasan a integrar el
patrimonio del contratista, por lo que pueden ser gravados en cabeza de su perceptor;
como ocurre en el caso concreto, en el que la demandante no tiene la obligación de
reinvertir en el SGSSS los recursos recibidos por la venta de medicamentos.
Conforme a la jurisprudencia, deben concurrir tres criterios para la procedencia de la
exención que establece el artículo 48 de la Constitución Política: i) que los recursos
pertenezcan efectivamente al SGSSS; ii) que quien contrate sea integrante del sistema
en los términos del artículo 155 de la Ley 100 de 1993; y iii) que dicho integrante tenga
la obligación de reinvertir los recursos en el sistema. Si falta alguno de estos elementos,
la E.S.E. debe practicar la retención.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el caso concreto: i) no se configuró un pago de
lo no debido, pues la demandante no pertenece al SGSSS ni está obligada a reinvertir
en este los recursos recibidos, en consecuencia, estaba sometida al pago de las
estampillas; y ii) no se configuró la falsa motivación alegada, pues no se acreditó que
los hechos determinantes de las decisiones administrativas carecieran de prueba ni
que la Administración hubiera omitido hechos demostrados que hubieran conducido a
una decisión diferente.
Finalmente, formuló como excepciones las siguientes: i) legalidad del acto demandado,
ii) falta de causa para pedir, y iii) buena fe por parte del Departamento de Antioquia.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante, por lo siguiente15:
Las estampillas son una especie de tributo y, por ello, están cobijadas por la prohibición
del artículo 48 de la Constitución, conforme con la cual los recursos de las instituciones
de la seguridad social no pueden destinarse ni utilizarse para fines diferentes a ella, en
ese sentido, por su destinación específica, los recursos del SGSSS no pueden ser
sometidos a tributación por las entidades territoriales. Ahora bien, conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado16, cuando el gravamen recae sobre ingresos
percibidos por contratistas de entidades públicas que no tienen la obligación legal de
emplearlos en los fines del sistema, no se vulnera el artículo 48 de la Constitución,
pues una vez la E.S.E. remunera a un tercero que no está obligado a reinvertir esos
14
Sentencias del 12 de febrero de 2019, exp. 22722, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; y del24 de octubre de 2018, exp. 22648,
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
Índice 026 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
16
Sentencias del 25 de agosto de 2022; exp. 26328, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; 6 de julio de 2020, exp. 23695, C.P.
Julio Roberto Piza; del 21 de agosto de 2019, exp. 21353, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; y del 12 de febrero de 2019, exp.
22722, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
4
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recursos en el SGSSS, los dineros pierden su afectación al sistema y pueden ser
gravados en cabeza de su perceptor.
El sujeto pasivo de las estampillas departamentales en cuestión es quien realiza actos,
contratos u operaciones con el Departamento de Antioquia o sus entidades
descentralizadas, en el caso concreto, la demandante se dedica a la producción y/o
comercialización de productos para el sector salud y actúa como contratista de varias
E.S.E. del departamento, en ese sentido, desde el punto de vista formal, el sujeto
pasivo del tributo es el contratista, por ello, el tributo no es cancelado por la E.S.E. que
recibe los bienes o servicios sino por el contratista.
Si la tesis de la demandante consistía en que recibía recursos del SGSSS
específicamente para pagar las estampillas y que, por ello, se desconocía su
destinación específica, le correspondía acreditar que esas sumas eran recibidas con el
único propósito de cancelar las estampillas y no como parte de su remuneración o
utilidad. En el caso concreto, la demandante no realizó ningún esfuerzo adicional,
argumentativo o probatorio, dirigido a demostrar las condiciones particulares de la
contratación que permitieran estudiar el origen de los recursos empleados para pagar
las estampillas, tampoco obra prueba de que el gravamen hubiera sido trasladado a
las E.S.E. como un costo adicional del servicio ni de que su pago proviniera
directamente de recursos sometidos a la prohibición constitucional.
El artículo 155 de la Ley 100 de 1993, establece un listado de integrantes del SGSSS
que no incluye a quienes actúan como contratistas de tales entidades; por ello, no
existe una «unidad inescindible» entre los actores del SGSSS y sus terceros contratistas
exista que permita mantener la naturaleza parafiscal de los recursos después de su
pago al contratista. En ese sentido, la destinación específica únicamente se mantiene
respecto de quienes tienen la obligación de reinvertir los recursos en el sistema. Al
respecto, la protección derivada del artículo 48 de la Constitución Política no se
extiende a todos los actores, sino a aquellos que tienen la obligación de reinvertir los
recursos en el S.G.S.S.S. En consecuencia, cuando el contratista recibe dineros
provenientes del sistema como contraprestación de una relación contractual, estos
ingresan a su patrimonio particular y pueden ser sometidos a las cargas tributarias
previstas por el legislador, entre ellas las estampillas.
En relación con la condena en costas, el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, por
remisión del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, establece un criterio objetivo, de
manera que su imposición no depende de la mala fe, temeridad o conducta de la parte
vencida, sino del resultado desfavorable del proceso. En consecuencia, al resultar
vencida la parte demandante, se condenó en costas en esa instancia, incluidas las
agencias en derecho, las cuales se fijaron en el 3% del valor de las pretensiones,
conforme al Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, mientras que las demás costas serán
liquidadas según lo efectivamente probado en el proceso.
RECURSO DE APELACIÓN
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Demandante: Disdroblan S.A.
La demandante17 solicitó revocar exclusivamente el numeral segundo de la sentencia
del Tribunal, correspondiente a la condena en costas. Al respecto indicó que el Tribunal
aplicó un criterio meramente objetivo por resultar vencida en el proceso, sin valorar su
conducta procesal conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Agregó que la
demanda tenía fundamento jurídico razonable y que no incurrió en actuaciones
temerarias o dilatorias, por lo que la sola decisión desfavorable no justificaba la
imposición de costas.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 2 de julio de 2026 se admitió18 el recurso de apelación y se concedió
el término previsto en los numerales 4 a 6 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 para
que los sujetos procesales se pronunciaran. La demandada y el Ministerio Público
guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
corresponde a la Sala determinar si procedía la condena en costas en primera instancia,
por ser la parte vencida en el proceso o si, dicha condena debía estar precedida de una
valoración de su conducta procesal, en particular, de la verificación de la manifiesta
carencia de fundamento legal de la demanda o de la existencia de actuaciones
temerarias o dilatorias.
El Tribunal condenó en costas a la demandante con fundamento en el criterio objetivo
previsto en el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, por haber resultado vencida en el
proceso. La demandante señaló que no bastaba el resultado desfavorable, sino que
debía valorarse su conducta procesal, pues la demanda tenía fundamento jurídico
razonable y no incurrió en actuaciones temerarias ni dilatorias.
Al respecto, la Sala resalta que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 dispone que toda
sentencia debe pronunciarse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se sujetarán a las normas previstas en el Código General del Proceso. En desarrollo de
dicha disposición, el artículo 361 de la Ley 1564 de 2012 establece que las costas
comprenden tanto las expensas y gastos causados durante el trámite del proceso,
como las agencias en derecho.
Sobre el alcance de estos conceptos, la Sala19 ha precisado que, ambos componentes
de las costas se imponen con fundamento en criterios objetivos. Así, conforme al ordinal
1º del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, procede condenar en costas a « la parte
vencida en el proceso». No obstante, el ordinal 5º de la misma disposición reconoce un
margen de apreciación del juez cuando las pretensiones prosperan parcialmente,
evento en el cual podrá abstenerse de imponerlas. En consecuencia, no se condenará
en costas cuando las pretensiones de la demanda prosperen parcialmente; en cambio,
17
Índice 029 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
18
Índice 4 de SAMAI de esta Corporación.
19
Sentencia del 23 de septiembre de 2025, exp. 28292, C.P. Wilson Ramos Girón.
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sí habrá lugar a su imposición cuando se nieguen las pretensiones de la demanda o se
declare la nulidad pretendida de los actos administrativos demandados.
Ahora bien, aunque ambos componentes de las costas responden a criterios objetivos
y verificables en el expediente, su reconocimiento se rige por reglas distintas. Mientras
que las expensas y gastos procesales corresponden a las erogaciones efectuadas por
la parte vencedora para la adecuada tramitación del proceso y deben estar
debidamente acreditadas. Las agencias en derecho constituyen una compensación a
favor de la parte triunfante por los gastos de representación judicial y su reconocimiento
no depende de la demostración de un contrato de prestación de servicios profesionales
ni de los honorarios efectivamente pactados con el apoderado.
En el caso concreto, el a quo negó las pretensiones de la demanda -decisión que no fue
objeto de apelación por la demandante-, en consecuencia, esta parte resultó vencida en el
proceso y, conforme al ordinal 1º del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 y al criterio
objetivo adoptado por esta Sala, procedía su condena en costas, tanto de las expensas
y gastos procesales como de las agencias en derecho, sin que para ello fuera necesario
valorar la existencia de una conducta temeraria, dilatoria o carente de fundamento
jurídico.
En cuanto a las expensas y gastos procesales, su reconocimiento estará sujeto a que
se encuentren debidamente acreditados en el expediente, aspecto que deberá
verificarse al momento de efectuar la correspondiente liquidación. Distinta es la regla
aplicable a las agencias en derecho, pues su reconocimiento deriva de la condición de
parte vencida y no está supeditado a la acreditación de los gastos efectivamente
asumidos por concepto de representación judicial ni de los honorarios pactados con el
apoderado. Por tanto, al haberse negado las pretensiones de la demanda, era
procedente fijar agencias en derecho a cargo de la demandante, de acuerdo con los
criterios y límites previstos en las disposiciones aplicables.
Respecto de su liquidación, el artículo 366 de la Ley 1564 de 2012 dispone que las
costas se liquidarán de manera concentrada por el juez que haya conocido del proceso
en primera o única instancia, una vez ejecutoriada la providencia que le ponga fin o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior. Para tal efecto, la
secretaría incluirá en la liquidación las expensas y gastos procesales debidamente
acreditados, así como las agencias en derecho fijadas por el magistrado sustanciador
o el juez, quien posteriormente aprobará la liquidación o dispondrá que se rehaga. En
particular, respecto de las agencias en derecho, el ordinal 4.º de la misma disposición
establece que su fijación deberá sujetarse a las tarifas establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura y atender, entre otros criterios, a la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y las demás circunstancias
especiales, sin exceder los límites máximos previstos en dichas tarifas.
Actualmente, las agencias en derecho se rigen por el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28
de noviembre de 2025, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en cuyo
numeral 11 del artículo 1º, se establece que, en los procesos contencioso-
administrativos de competencia de los tribunales administrativos en los que se discutan
asuntos tributarios y de cobro coactivo, las agencias en derecho de primera instancia
se fijarán entre el 3 % y el 7,5 % de las pretensiones, sin exceder el límite de seis (6)
smlmv.
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Si bien la sentencia de primera instancia fue proferida bajo la vigencia del Acuerdo
PSAA16-10554 de 2016, dicha providencia fue objeto de apelación. En ese contexto,
debe tenerse en cuenta que el artículo 366 de la Ley 1564 de 2012 dispone que las
costas y agencias en derecho se liquidarán una vez ejecutoriada la providencia que
ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior.
A su vez, el numeral 4° de esa disposición establece que, para la fijación de las
agencias en derecho, deberán aplicarse las tarifas vigentes expedidas por el Consejo
Superior de la Judicatura. Por tanto, como al momento de resolverse el recurso de
apelación y de quedar habilitada la posterior liquidación se encuentra vigente el
Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, este resulta aplicable para
determinar los límites correspondientes a las agencias en derecho.
En el presente caso, el Tribunal condenó en costas a la parte demandante y fijó las
agencias en una suma equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda20, sin
sujetar dicha cuantía al límite máximo de seis (6) smlmv previsto en el citado Acuerdo.
Por consiguiente, de conformidad con el criterio adoptado por esta Sala 21, procede
modificar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, en lo relativo a la
fijación de las agencias en derecho, para establecerlas en un 3% de las pretensiones
de la demanda, sin que, en todo caso, puedan superar el límite de seis (6) smlmv.
Condena en costas en segunda instancia
De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 365 de la Ley 1564 de
201222, aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 23, y
acorde con lo contemplado en el Acuerdo núm. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre
de 2025, procede la condena en costas en segunda instancia contra la demandante, al
haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación. Al efecto, se tasan las
agencias en derecho en un (1) smlmv. Por lo tanto, se ordenará al tribunal el respectivo
incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas
en el artículo 366 de la Ley 1564 de 2012.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1. Modificar el numeral 2° la sentencia del 29 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión. En su lugar se dispone:
20
Las pretensiones de la demanda ascienden a $608.789.285, por lo que el 3% de dicho valor corresponde a $18.263.678,55. Por
su parte, para el año 2025 el salario mínimo legal mensual vigente era de $1.423.500, de modo que seis (6) SMLMV equivalían a
$8.541.000, suma que constituye el límite máximo aplicable a las agencias en derecho para el presente caso.
21
Sentencia del 6 de agosto de 2026, exp. 31368, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22
«Art. 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará
a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
(…) 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las
costas de la segunda».
23 «Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
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Radicado: 05001-23-33-000-2023-00033-01 (30951)
Demandante: Disdroblan S.A.
«Segundo: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, se condena
en costas de primera instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por la
Secretaría de la Corporación.
Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido (cuantía que
sirvió para estimar la competencia) sin que, en todo caso, puedan superar el límite de seis
(6) smlmv, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo núm. PCSJA25-12355 del 28
de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura».
2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia, en el componente de
agencia en derecho en 1 SMLMV. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite
al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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