Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2023-00045-03
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2023-00045-03
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2023-00045-03
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2023-00045-03
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
5 de marzo de 2026
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00045-03 (28548)
Demandante: Jaime Andrés Girón Medina
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00045-03 (28548)
Demandante: Jaime Andrés Girón Medina
Demandado: Municipio de Jericó (Antioquia)
Temas: Impuesto de alumbrado público. Hecho generador. Tarifa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 29 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que decidió lo siguiente1:
PRIMERO. DENEGAR las pretensiones de la demanda promovido por el señor JAIME ANDRÉS
GIRÓN MEDINA en contra el MUNICIPIO DE JERICÓ, de acuerdo a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas y agencias en derecho de primera instancia de acuerdo
con lo indicado en el acápite respectivo.
ANTECEDENTES
Demanda
1. Jaime Andrés Girón Medina, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), pidió la nulidad de la expresión «es decir, el ser usuario potencial del servicio de
alumbrado público, lo cual se entiende ocurre cuando se tiene establecimiento en el Municipio de Jericó»
del artículo 1 del Acuerdo 007 de 2021, que modificó el artículo 128 del Acuerdo 13 de
2017 del Concejo Municipal de Jericó, al igual que de las tablas del mencionado
artículo 1 del Acuerdo 007 de 2021, en las que figuran las tarifas del impuesto para los
contribuyentes del régimen especial del impuesto de alumbrado público.
2. También pidió la nulidad de las tablas del artículo 1 del Acuerdo 19 de 2022, que
modificó el artículo 128 del Acuerdo 13 de 2017, modificado, a su vez, por el artículo 1
del Acuerdo 007 de 2021. En tales tablas figuran las tarifas del impuesto para los
contribuyentes del régimen especial del impuesto de alumbrado público.
3. Los apartes demandados son los siguientes:
Acuerdo 007 del 27 de agosto de 2021
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo nro. 013 del 15 de diciembre de 2017, por el cual
se expide el ‘Código de Rentas del Municipio de Jericó’, se establece un mecanismo cobro del
impuesto de alumbrado público según lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016 en toda la
jurisdicción del municipio de Jericó y se dictan otras disposiciones”
ARTÍCULO 1. Modificar el Capítulo X de la “Sanción de Acuerdo Municipal” del municipio de
Jericó, Departamento de Antioquia, el cual quedará así: (…)
1 Samai C.E., índice 2. Archivo cuaderno principal.
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Demandante: Jaime Andrés Girón Medina
ARTÍCULO 128. ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Son elementos
del impuesto de alumbrado público municipal, según la Ley 1819 de 2016 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, los siguientes: (…)
3. Hecho generador. El hecho generador del impuesto de alumbrado público es el beneficio por
la prestación del servicio de alumbrado público, es decir, el ser usuario potencial del servicio de
alumbrado público, lo cual se entiende ocurre cuando se tiene establecimiento en el Municipio de
Jericó. (…).
(…)
5. Causación (…)
5.4. Clasificación de los sujetos pasivos y tablas de cálculo del tributo: Para efectos de dar
cumplimiento al principio constitucional de progresividad, los sujetos pasivos se clasificarán en
dos regímenes así: (…)
Contribuyentes del régimen especial: Pertenecen a este régimen todos aquellos
contribuyentes que por su condición particular de riqueza en el entorno municipal deben realizar
un esfuerzo contributivo mayor para garantizar la sostenibilidad del servicio y el cumplimiento de
los principios de gradualidad tributaria. Para el efecto se determinan los siguientes grupos de
actividades diferenciadoras:
RÉGIMEN ESPECIAL GRUPO A: Todos aquellos contribuyentes que estando en condición de
usuarios regulados o no regulados del servicio de energía eléctrica del sector no residencial,
desarrollan asociado a su consumo de energía eléctrica, algunas de las actividades económicas
específicas:
GRUPO A1:
Contribuyentes que desarrollan alguna de las siguientes actividades económicas o de servicios
específicos:
• Actividades de operaciones con moneda extranjera - cambios, envíos, recepción, depósito, etc.
• Actividades de giros y/o remesas de moneda - local o extranjera.
• Servicio de radio o de televisión por cable de orden estrictamente comunitaria.
• Cajeros automáticos independientes a la entidad financiera.
• Distribución y/o comercialización de GLP - gas licuado de petróleo del nivel departamental o
nacional.
• Actividades de compraventas y/o ventas con pacto de retroventa.
• Alojamiento en hoteles, aparta hoteles, eco hoteles campestres, hostales, actividades de zonas
de camping, parques para vehículos recreacionales, otros tipos de hospedaje no permanente.
• Centros de recreación, cultura y deporte, construcción o área que invita a la población a
recrearse. Puede contener infraestructura que promueva al ocio.
• Establecimiento funerario habilitado para la cremación y/o velatorio de difuntos.
• Actividades de producción y/o comercialización de café en el ámbito nacional e internacional.
La tabla del factor K y del VMín para estos contribuyentes será la siguiente.
GRUPO A2:
Corresponden a este grupo los contribuyentes que desarrollen alguna de las siguientes
actividades económicas o de servicios específicas:
• Actividad de comercialización de semovientes por el sistema de subasta.
• Centros de apuestas o juegos de azar - casinos o similares.
• Servicio de telefonía fija - por redes o inalámbrica.
• Estaciones de Servicio y venta de gas natural o GLP. Actividad de distribución y/o
comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gas natural.
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• Centros de acopio y/o centros de despacho y/o nodos de atención del servicio de transporte de
pasajeros, terrestre o aéreo o fluvial. Se exceptúan terminales de pasajeros, aeropuertos o
puertos.
• Actividades de grandes superficies y/o comercio al detal y/o comercio al por menor en
establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas
o tabaco.
• Terminales de transporte de pasajeros y/o carga terrestre o aéreo o fluvial.
• Organismos y entidades que conforman las distintas ramas del poder público en todos los
órdenes, sectores y del nivel central y/o órganos o corporaciones autónomas de carácter público,
cuando se desarrolle el hecho imponible dentro del municipio.
• Sector primario formado por la agricultura, ganadería o pecuario, piscícolas, porcícolas, las
avícolas y equinos, responsables por la obtención de recursos naturales para la producción de
bienes de consumo y materias primas.
• Producción artesanal que elabora objetos mediante la transformación de materias primas
naturales básicas a través de procesos de producción no industrial que involucran máquinas y
herramientas simples, con predominio del trabajo físico y mental.
• Actividad manufacturera encargada de tratar pieles animales mediante un proceso llamado
curtido.
• Centros de Salud mental, geriátricos y rehabilitación juvenil.
• Sociedades u organizaciones cuyos miembros se dedican a obras sociales, culturales o
humanitarias sin finalidad lucrativa.
• Servicios relacionados con la logística, aduanas, consultoría de comercio exterior y el transporte
de todo tipo de mercancías por diferentes vías y medios.
• Prestación remunerada de servicios, los cuales comprenden la protección de bienes muebles o
inmuebles. De personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.
• Exportación de todo tipo de productos y especies agropecuarias, pecuarias, piscícolas y
porcícolas.
• Las actividades de las organizaciones de productores de leche, que comprenden la
comercialización, recolección y procesamiento de leche.
• Energías renovables que se obtienen a partir de fuentes naturales inagotables y generan
electricidad sin contribuir al calentamiento global.
La tabla del factor K y del VMín para estos contribuyentes será la siguiente.
GRUPO A3:
Hacen parte de este grupo los contribuyentes que desarrollen alguna de las siguientes actividades
económicas o de servicios específicos:
• Producción y/o distribución y/o comercialización de señal de televisión por cable,
telecomunicación satelital del orden departamental o nacional.
• Recepción y/o amplificación y/o transmisión de señal de radio o de televisión abierta de carácter
regional y/o nacional, análoga o digital. Se excluyen las actividades circunscritas al municipio
exclusivamente - emisoras del orden comunitario.
• Infraestructura de operación de telefonía móvil - recepción y/o retransmisión y/o enlaces.
• Alquiler y/o arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles o intangibles.
• Transporte, distribución y/o comercialización de gas natural por redes - empresas de servicios
públicos.
• Transmisión y/o distribución y/o comercialización de energía eléctrica, empresas de servicios
públicos.
• Concesiones viales y/o de administración y/o operación de peajes y/o administración de vías del
orden nacional.
• Actividades financieras sujetas a control de la Superintendencia financiera de Colombia o de
quien haga sus veces.
• Actividad de transporte y/o distribución y/o comercialización de productos de extracción forestal.
• Actividades de explotación o extracción de minerales, acumulados en el suelo o subsuelo, en
forma de yacimientos, empleadas como materias primas básicas para la fabricación de
variedades de productos industriales.
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Demandante: Jaime Andrés Girón Medina
• Actividades de cateo, prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio,
comercialización y transporte minero.
• Actividades de transformación para proveer productos semiacabados que generalmente son
destinados a una industria de segunda transformación, encargada de fabricar objetos o partes de
objetos de consumo.
• Cables aéreos o teleféricos con sistemas de transporte aéreo.
• Establecimiento destinado a la proyección de películas cinematográficas y/o a la presentación
de obras de teatro, musicales, conciertos y similares.
• Establecimiento destinado a proporcionar todo tipo de asistencia médica, incluidas operaciones
quirúrgicas y estancia durante la recuperación o tratamiento, y en el que también se practican la
investigación y la enseñanza médica.
• Organización que fundamentalmente posee capacidad administrativa para desarrollar y
controlar la realización de obras; con capacidad técnica para aplicar procesos y procedimientos
de construcción y capital o crédito para financiar sus operaciones.
La tabla del factor K y del VMín para estos contribuyentes será la siguiente.
RÉGIMEN ESPECIAL GRUPO B.- contribuyentes que, pudiendo ser considerados usuarios no
regulados del servicio de energía eléctrica, pueden además acceder a este mediante
modalidades de autogeneración o cogeneración.
La tabla del factor K y del VMín para estos contribuyentes será la siguiente.
Para este grupo se tomará como precio base del kilovatio hora el valor de referencia del mercado,
dentro del cual se halle operando el contribuyente - con o sin conexión a él - y para el nivel de
tensión de servicio igual al nivel de generación propio del contribuyente…
Acuerdo 19 del 29 de noviembre de 2022
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo municipal nro. 007 de 2021 ‘por medio del cual se
modifica el Acuerdo nro. 013 del 15 de diciembre de 2017, por el cual se expide el "código de
rentas del Municipio de Jericó’, se establece un mecanismo de cobro del impuesto de
alumbrado público según lo dispuesto en la ley 1819 de 2016 en toda la jurisdicción del
municipio de Jericó y se dictan otras disposiciones”
ARTÍCULO 1. Modificar los numerales 2°, 4°, 5°, 5.2 y 5.3 del artículo 128 del acuerdo 007 del
27 de agosto de 2021 del Municipio de Jericó, Departamento de Antioquia, los cuales quedarán
así:
ARTÍCULO 128 – ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Son elementos
del Impuesto de Alumbrado Público Municipal, según la Ley 1819 de 2016 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, los siguientes:
(…)
5.4. CLASIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PASIVOS Y TABLAS DE CALCULO DEL TRIBUTO:
Para efectos de dar complimiento al principio constitucional de progresividad, los sujetos pasivos
se clasificarán en dos regímenes así: (…)
CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN ESPECIAL: Pertenecen a este régimen todos aquellos
contribuyentes que, por su condición particular de generación de riqueza en el entorno municipal,
deben realizar un esfuerzo contributivo mayor para garantizar la sostenibilidad del servicio y el
cumplimiento de los principios de progresividad y gradualidad tributaria. Para el efecto se
determinan los siguientes grupos de actividades diferenciadoras:
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Demandante: Jaime Andrés Girón Medina
REGIMEN ESPECIAL GRUPO A: Todos aquellos contribuyentes que estando en condición de
usuarios regulados o no regulados del servicio de energía eléctrica del sector no residencial,
desarrollan asociado a su consumo generación, comercialización o distribución de energía
eléctrica, algunas de las siguientes actividades específicas:
GRUPO A1: Contribuyentes que desarrollen alguna de las siguientes actividades económicas o
de servicios específicas:
A. Actividades de operaciones con moneda extranjera - cambios, envíos, recepción, depósito,
etc.
B. Actividades de giros y/o remesas de moneda - local o extranjera.
C. Servicio de radio o de televisión por cable de orden estrictamente municipal.
D. Cajeros automáticos independientes a la entidad financiera.
E. Distribución y/o comercialización de GLP - gas licuado de petróleo del nivel departamental o
nacional.
F. Actividades de compraventas y/o ventas con pacto de retroventa.
G. Alojamiento en hoteles, aparta hoteles, eco hoteles campestres, hostales, actividades de
zonas de camping, parques para vehículos recreacionales, otros tipos de hospedaje no
permanente.
H. Centros de recreación, cultura y deporte, construcción o área que invita a la población a
recrearse. Puede contener infraestructura que promueva al ocio.
I. Establecimiento funerario habilitado para la cremación y/o velatorio de difuntos.
J. Actividades de producción y/o comercialización agrícola, café, cacao y similares, en el ámbito
nacional e internacional.
La tabla del factor K y del VMín para estos contribuyentes será la siguiente.
GRUPO A2: Contribuyentes que desarrollen alguna de las siguientes actividades económicas o
de servicios específicas:
A. Actividad de comercialización de semovientes por el sistema de subasta.
B. Centros de apuestas o juegos de azar - casinos o similares.
C. Servicio de telefonía fija - por redes o inalámbrica.
D. Estaciones de Servicio y venta de gas natural o GLP. Actividad de distribución y/o
comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gas natural.
E. Centros de acopio y/o centros de despacho y/o nodos de atención del servicio de transporte
de pasajeros, terrestre o aéreo o fluvial. Se exceptúan terminales de pasajeros, aeropuertos o
puertos.
F. Actividades de grandes superficies y/o comercio al detal y/o comercio al por menor en
establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas
o tabaco.
G. Terminales de transporte de pasajeros y/o carga terrestre o aéreo o fluvial.
H. Servicio de tratamiento y/o distribución y/o comercialización de agua potable, empresas sujetas
a control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
I. Servicio de recolección y/o transporte y/o disposición final de residuos sólidos.
J. Organismos y entidades que conforman las distintas ramas del poder público en todos los
órdenes, sectores y del nivel central y/o órganos o corporaciones autónomas de carácter público,
cuando se desarrolle el hecho imponible dentro del municipio.
K. Sector primario formado por la agricultura, ganadería o pecuario, porcícolas, piscícolas,
avícolas, equinos, ovinos y similares responsables por la obtención de recursos naturales para la
producción de bienes de consumo y materias primas.
L. Producción artesanal que elabora objetos mediante la transformación de materias primas
naturales básicas a través de procesos de producción no industrial que involucran máquinas y
herramientas simples, con predominio del trabajo físico y mental.
M. Actividad manufacturera encargada de tratar pieles animales mediante un proceso llamado
curtido.
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Demandante: Jaime Andrés Girón Medina
N. Centros de Salud mental, geriátricos y rehabilitación juvenil.
O. Sociedades u organizaciones cuyos miembros se dedican a obras sociales, culturales o
humanitarias sin finalidad de lucro.
P. Servicios relacionados con la logística, aduanas, consultoría de comercio exterior y el
transporte de todo tipo de mercancías por diferentes vías y medios.
Q. Prestación remunerada de servicios, los cuales comprenden la protección de bienes muebles
o inmuebles. De personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.
R. Exportación de todo tipo de productos y especies agropecuarias, pecuarias, piscícolas y
porcícolas.
S. Actividades de las organizaciones de productores de leche, que comprenden la
comercialización, recolección y procesamiento de leche.
T. Energías renovables que se obtienen a partir de fuentes no convencionales de generación de
energía en términos de los dispuesto en las Leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021.
La tabla del factor K y del VMín para estos contribuyentes será la siguiente:
GRUPO A3: Contribuyentes que desarrollen alguna actividad de las siguientes actividades
económicas o de servicios específicas:
A. Producción y/o distribución y/o comercialización de señal de televisión por cable,
telecomunicación satelital del orden departamental o nacional.
B. Recepción y/o amplificación y/o transmisión de señal de radio o de televisión abierta de
carácter regional y/o nacional, análoga o digital. Se excluyen las actividades circunscritas al
municipio exclusivamente - emisoras del orden local.
C. Infraestructura de operación de telefonía móvil - recepción y/o retransmisión y/o enlaces.
D. Alquiler y/o arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles o
intangibles.
E. Transporte, distribución y/o comercialización de gas natural por redes - empresas de servicios
públicos.
F. Transmisión y/o distribución y/o comercialización de energía eléctrica, empresas de servicios
públicos.
G. Concesiones viales y/o de administración y/o operación de peajes y/o administración de vías
del orden nacional.
H. Actividades financieras sujetas a control de la Superintendencia financiera de Colombia o de
quien haga sus veces incluye las cooperativas.
I. Actividad de transporte y/o distribución y/o comercialización de productos de extracción forestal.
J. Actividades de explotación o extracción de minerales, acumulados en el suelo o subsuelo, en
forma de yacimientos, empleadas como materias primas básicas para la fabricación de
variedades de productos industriales.
K. Actividades de cateo, prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio,
comercialización y transporte minero.
L. Actividades de transformación para proveer productos, semiacabados que generalmente son
destinados a una industria de segunda transformación, encargada de fabricar objetos o partes de
objetos de consumo.
M. Cables aéreos o teleféricos con sistemas de transporte aéreo.
N. Establecimiento destinado a la proyección de películas cinematográficas y/o a la presentación
de obras de teatro, musicales, conciertos y similares.
O. Establecimiento destinado a proporcionar todo tipo de asistencia médica, incluidas
operaciones quirúrgicas y estancia durante la recuperación o tratamiento, y en el que también se
practican la investigación y la enseñanza médica.
P. Organización que fundamentalmente posee capacidad administrativa para desarrollar y
controlar la realización de obras; con capacidad técnica para aplicar procesos y procedimientos
de construcción y capital o crédito para financiar sus operaciones.
La tabla del factor K y del VMín para estos contribuyentes será la siguiente.
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Radicado: 05001-23-33-000-2023-00045-03 (28548)
Demandante: Jaime Andrés Girón Medina
GRUPO A4: Hacen parte de este grupo los contribuyentes que desarrollen alguna de las
siguientes actividades económicas o de servicios específicos:
• Generación de energía eléctrica
NOTA: Para este grupo se tomará como precio base del kilovatio hora el mayor valor entre (i) el
de referencia del mercado regulado, correspondiente al área de distribución en que se ubique el
contribuyente, de acuerdo con el nivel de tensión correspondiente a su carga instalada, (ii) el valor
del kilovatio hora generado y/o comercializado por el contribuyente, o (iii) el valor promedio del
kilovatio hora, de los tres meses anteriores al del cobro. Lo anterior, con independiente de si el
contribuyente está o no conectado al sistema interconectado nacional. Los valores de referencia
aquí indicados se tomarán de los registros públicos disponibles para el efecto y/o de la
información que remita el contribuyente y/o de la que se obtenga a partir de visitas o
requerimientos, a elección del sujeto activo de la obligación tributaria.
RÉGIMEN ESPECIAL GRUPO B: Todos aquellos contribuyentes que estando en condición de
no regulados del servicio de energía eléctrica pueden además acceder mediante la generación,
cogeneración, autogeneración, comercialización y/o capacidad instalada de energía eléctrica,
alguna de las siguientes actividades específicas:
La tabla del factor K y del Vmin para estos contribuyentes será la siguiente:
Para este grupo se tomará como precio base del kilovatio hora el valor de referencia del mercado
dentro del cual se halle operando el contribuyente – con o sin conexión a el – y para el nivel de
tensión de servicio igual al nivel de generación propio del contribuyente.
El demandante indicó como normas violadas, las siguientes:
• Artículos 121, 150-12, 313-4, 338 y 345 de la Constitución Política.
• Artículos 349 y 351 de la Ley 1819 de 2016.
• Artículos 5, 9 y 10 del Decreto 943 de 2018.
• Artículo 24 de la Resolución CREG 123 de 2011.
El concepto de la violación se sintetiza así2:
Primer cargo: El impuesto fijado en el Acuerdo 007 de 2021 excede lo autorizado
en la ley.
En los considerandos del Acuerdo 007 de 2021 quedó dicho que, además de la Ley
1819 de 2016, el acuerdo se fundamentó en las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 y en
la sentencia de unificación que se expidió al amparo de estas leyes. Por tal razón, el
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Samai C.E., índice 2. Archivo cuaderno principal.
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artículo 1 del Acuerdo 007 de 2021, que modificó el artículo 128 del Acuerdo 013 de
2017, dispuso como hecho generador del tributo «el ser usuario potencial del servicio de
alumbrado público».
Lo anterior contradice el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, que solo fijó como hecho
imponible «el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público», que constituye el
único supuesto de hecho válido que hace surgir la obligación tributaria, dada la
derogatoria tácita de las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915. La potencialidad a la que se
refería la jurisprudencia significaba que una persona podía ser sujeto pasivo del
impuesto solo por residir en una jurisdicción donde se prestara el servicio de
alumbrado público, sin necesidad de recibir un beneficio directo, bajo la idea de que
podría beneficiarse indirectamente en algún momento, lo que cambió con el artículo
349 de la Ley 1819 de 2016.
Además, esta última norma estableció «que los demás elementos del impuesto debían guardar
consecutividad con ese hecho generador», mientras que el artículo 351 ibidem fijó un límite
a las tarifas del impuesto que «no tenía consagración legal anterior». En consecuencia, «es
bastante claro que la ley 1819 de 2016, al ocuparse de los elementos del impuesto sobre el servicio de
alumbrado público, y establecer límites a las tarifas que podían cobrar los municipios, derogó
tácitamente las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, que sirvieron de sustento para la expedición del acuerdo
demandado». Esto implica que la jurisprudencia expedida al amparo de dichas leyes
también haya perdido vigencia y aplicabilidad respecto de hechos posteriores a la
entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016.
Segundo cargo: Ilegalidad de los dos acuerdos demandados frente a las tarifas
del impuesto para los contribuyentes del régimen especial. Excepción de
inconstitucionalidad.
Existe doctrina probable que respalda la facultad de los entes territoriales para fijar los
elementos del impuesto de alumbrado público, siempre que se respeten los principios
constitucionales, en especial el artículo 338 de la Constitución. El Consejo de Estado
ha reiterado que las tarifas deben ser razonables, proporcionales y sustentadas en
estudios técnicos que reflejen los costos y beneficios del servicio. En ese sentido, la
normativa vigente – incluida la Resolución CREG 123 de 2011, el artículo 351 de la
Ley 1819 de 2016 y el Decreto 943 de 2018 – exige que el impuesto solo recaude lo
necesario para cubrir el costo de la prestación del servicio y, para esos efectos, es
necesario la elaboración de un estudio técnico de determinación de costos de la
prestación del servicio de alumbrado público, de conformidad con la metodología para
la determinación de costos establecida por el Ministerio de Minas y Energía, o la
entidad que delegue el Ministerio.
En el caso del municipio de Jericó, existen dos estudios técnicos de referencia que
presentan inconsistencias significativas en cálculos, costos y metodología, lo que
afecta la validez de las tarifas fijadas en el Acuerdo 019 de 2022. En el anterior
entendido, las tarifas demandadas, fijadas por el Concejo Municipal de Jericó, no
están respaldadas por estudios técnicos previos que acrediten la relación entre el
costo del servicio y el monto del recaudo, «ni existe justificación objetiva alguna para determinar
distintas tarifas entre usuarios», lo cual es indicativo de que estas «han sido determinadas
conforme a criterios distintos y desligados al costo del servicio de alumbrado público» y en contravía
del artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 esto es, de manera arbitraria y de la
Constitución.
En atención de lo expuesto, las tarifas demandadas no son razonables ni
proporcionales con respecto al costo que demanda prestar el servicio a la comunidad.
De hecho, el dictamen pericial evidenció sobrecostos en luminarias, diferencias
injustificadas en los valores de energía, administración y expansión y la falta de
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Demandante: Jaime Andrés Girón Medina
actualización normativa, ya que el acuerdo se fundamentó en una resolución derogada
(CREG 123 de 2011) en lugar de la Resolución 101013 de 2022 vigente para la
expedición del Acuerdo objeto de la presente demanda. Por tanto, las tarifas resultan
inconstitucionales al no cumplir con los requisitos de proporcionalidad, razonabilidad
y sustento técnico exigidos por el ordenamiento jurídico.
Además, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, corresponde al
municipio demostrar que las tarifas son proporcionales, razonables y que se adecuan
a lo establecido en la Ley 1819 de 2016, carga probatoria que no fue cumplida.
Por todo lo anterior, «puede afirmarse válidamente que la determinación de la base gravable y
de las tarifas fue arbitraria, en el propósito abyecto de recaudar sumas muy superiores a las que se
incurren en la prestación del servicio». En consecuencia, las tarifas deben ser inaplicadas
por vulnerar el artículo 338 de la Constitución Política, al haber sido fijadas sin estudios
técnicos válidos y con el propósito de recaudar sumas muy superiores al costo real de
la prestación del servicio.
Contestación de la demanda
El municipio de Jericó se opuso a las pretensiones de la demanda, de la siguiente
manera3:
Sobre el primer cargo: Las disposiciones demandadas son legales
Al igual que el artículo 349 de la Ley 1819, el Acuerdo 007 de 2021 establece que el
hecho generador del impuesto de alumbrado público es «el beneficio por la prestación del
servicio». También constituye hecho generador «ser usuario potencial receptor del servicio de
alumbrado público», lo que se encuentra en sintonía con la sentencia de unificación CE-
SUJ-4-009-2019, que estableció como hecho imponible ese supuesto, fundamentado
en las definiciones de servicio de alumbrado público de las Leyes 142 y 143 de 1994,
la Resolución CREG 043 de 1995 y el Decreto 2424 de 2006.
Sobre el segundo cargo: Las tarifas cumplen los principios de proporcionalidad
y razonabilidad.
Los Acuerdos 007 de 2021 y 019 de 2022 fueron expedidos conforme a los
parámetros del reglamento técnico de iluminación y alumbrado público (RETILAP) y
al estudio técnico de referencia de abril de 2021. Este estudio, que cumple los criterios
de proporcionalidad y razonabilidad fijados en los artículos 351 de la Ley 1819 del
2016 y 2.2.3.6.1.3 del Decreto Único Reglamentario 943 del 2018, fue presentado y
avalado por el concejo municipal para la fijación de las tarifas. Entonces, el municipio
sí realizó el respectivo estudio técnico de referencia.
Además, dichos acuerdos, que están fundamentados en la Ley 1819 del 2016,
superaron la revisión de constitucionalidad y legalidad ordenada por el artículo 305 de
la Constitución Política, que fija como atribución del gobernador, revisar los actos de
los concejos municipales y de los alcaldes y remitirlos al tribunal competente si
observa inconstitucionalidad o ilegalidad en él. De este modo, estos actos
administrativos están revestidos de la legalidad que le imprime el haber sido expedidos
por la autoridad administrativa competente, con apego a la Constitución y la ley, tanto
procesal como sustancial. Por lo tanto, la carga de la prueba de su ilegalidad le
corresponde al demandante, lo cual no se demostró.
3
Samai C E. Archivo cuaderno principal.
9
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Demandante: Jaime Andrés Girón Medina
Sentencia apelada
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas, conforme
a las siguientes razones4:
Sobre el primer cargo: El impuesto fijado en los actos acusados es legal.
El Consejo de Estado ha señalado que las reglas establecidas en la sentencia de
unificación 2019-CE-SUJ-4-009 del 6 de noviembre de 2019 (exp. 23103), entre ellas,
la relativa al hecho generador consistente en «ser usuario potencial del servicio de alumbrado
público», también son aplicables en el contexto de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto
943 de 20185. En consecuencia, el Concejo Municipal de Jericó no excedió sus
facultades constitucionales ni vulneró el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 al
establecer dicho hecho como generador del tributo.
Sobre el segundo cargo: No se demostró que las tarifas vulneren los principios
de proporcionalidad y razonabilidad.
El estudio técnico del alumbrado público de Jericó cumple los requisitos del Decreto
943 de 2018, al abordar el estado del servicio, su expansión alineada con el POT y
los costos desagregados de prestación. De esto también da crédito el dictamen
pericial aportado por el demandante.
Aunque el municipio elaboró dos estudios técnicos de referencia con contenidos
divergentes, para establecer las tarifas solo consideró uno de ellos – el de abril de
2021 – por ser el único publicado en la página web de la entidad, conforme al artículo
5 del Decreto 943 de 2018, que subrogó el artículo 2.2.3.6.1.3 del Decreto 1073 de
2015. La validez de dicho estudio no se ve comprometida por las diferencias que
presenta frente al segundo documento, ni ello es prueba de que las tarifas fijadas por
el concejo vulneren los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
No se demostró que las tarifas demandadas contradigan el estudio técnico de
referencia que sirvió de soporte para su expedición. El perito, en audiencia de
contradicción, aclaró que su dictamen se limitó a analizar los estudios técnicos y sus
costos, sin evaluar directamente la razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas
fijadas en la norma demanda. Aunque señaló que una determinación errada de los
costos implicaría una tarifa incorrecta, no explicó cómo esa relación se materializa en
el caso concreto. Tampoco se demostró que el estudio técnico se haya basado en
información errónea o desactualizada, pues, aunque se hizo alusión a sobrecostos
tomando como referencia procesos en el sistema electrónico para la contratación
pública en Colombia (SECOP), no se presentó un estudio de mercado específico para
Jericó ni municipios cercanos.
3. Sin condena en costas. No se condena en costas puesto que no se encuentra
demostrada su causación.
Recurso de apelación
El demandante apeló la sentencia de primera instancia con los siguientes
argumentos6:
4
Samai, índice 2. Archivo cuaderno principal.
5
Sentencias del 29 de abril, 27 de agosto, 17 de septiembre de 2020 y 10 de noviembre de 2022, exp. 24589, 24569, 25022 y
26751, C.P. Julio Roberto Piza.
6
Samai, índice 2. Archivo cuaderno principal.
10
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Demandante: Jaime Andrés Girón Medina
En primer lugar, para resolver los cargos planteados en la demanda, que se reiteran
en este recurso, el apelante sostiene que es necesario determinar cuál fue la
intención del legislador al expedir la Ley 1819 de 2016, esto es, identificar su finalidad
y establecer si resulta procedente aplicar la sentencia de unificación proferida en 2019,
para interpretar lo dispuesto en dicha ley frente a los elementos del impuesto de
alumbrado público. Esto, teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha emitido
pronunciamiento alguno que se refiera específicamente a los cambios normativos
introducidos por la Ley 1819 de 2016.
Lo anterior debe analizarse bajo el entendido de que, si bien los artículos 287 [numeral
3] y 313 [numeral 4] de la Constitución Política reconocen el derecho de las entidades
territoriales a establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
dicha facultad debe ejercerse «de conformidad con la Constitución y la Ley».
Sobre el primer cargo: El hecho generador fijado en el acuerdo municipal excede
lo autorizado en la ley.
El apelante reitera que el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, el hecho generador del
impuesto de alumbrado público es «el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado
público», sin incluir el concepto de «beneficio potencial». Aunque en las versiones iniciales
del proyecto de ley (178 de 2016 en Cámara y 173 de 2016 en Senado) se contempló
la potencialidad como parte de la definición del hecho generador, como lo había
señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, el legislador optó por excluirla en el
texto definitivo aprobado.
La exclusión del concepto de «beneficio potencial» evidencia que el legislador no quiso
que el beneficio indirecto (potencial) del servicio de alumbrado público fuera
considerado como hecho generador del impuesto. Esta decisión, por tanto, se aparta
del desarrollo jurisprudencial previo, que surgió ante la falta de precisión de las Leyes
97 de 1913 y 84 de 1915. En consecuencia, no es admisible extender el alcance legal
del hecho generador más allá de lo expresamente previsto en el artículo 349 de la Ley
1819 de 2016.
El artículo 273 de la Ley 2294 de 2023 reafirma la importancia del beneficio efectivo
en la prestación del servicio de alumbrado público como hecho generador del
impuesto. En esta norma se establece que, para los predios rurales que no reciben
dicho servicio, el cobro se realizará a través de una sobretasa al impuesto predial, con
una tarifa máxima del 1 x 1000. Esta disposición confirma que el beneficio real del
servicio es un requisito indispensable para la imposición del tributo.
Sobre el segundo cargo: Las tarifas fijadas transgreden los principios de
proporcionalidad y razonabilidad.
El recurrente insiste en que, en la demanda quedó suficientemente justificado y
demostrado (con el dictamen pericial y los estudios técnicos de referencia) que las
tarifas fijadas por el municipio demandado transgreden la Ley 1819 de 2016, el
reglamento y los principios de proporcionalidad y razonabilidad, aspecto en los que no
recabó el Tribunal. En efecto, quedó probado que el municipio presentó dos estudios
técnicos con resultados contradictorios, realizados con solo tres meses de diferencia
y basados en la misma información, lo que pone en duda su confiabilidad y validez
técnica, al igual que la legalidad de las tarifas establecidas. Por ello, en reiteración de
lo expuesto en el escrito de demanda y en todo el trámite del proceso se solicita al
Consejo de Estado que «después de analizados íntegramente los argumentos y pruebas obrantes,
acceda a lo solicitado en la demanda».
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Afirma que, para resolver la apelación, se debe considerarse también que en el
Acuerdo 019 de 2022 se contempla el cobro de entre 1.000 y 1.500 UVT a únicamente
dos contribuyentes – autogeneradores o generadores de energía –, lo cual excede
ampliamente el costo real del sistema de alumbrado público. En la práctica, se estaría
trasladando a estos dos sujetos la totalidad del costo del servicio, e incluso un valor
cuatro veces superior si se suma lo que se pretende recaudar de los demás sujetos
pasivos, lo que evidencia que las tarifas no se ajustan a la ley y el reglamento, tal
como se expuso en la demanda.
La correcta determinación del costo máximo eficiente es esencial, ya que establece el
límite legal de recaudo del impuesto de alumbrado público por parte del municipio. Si
el estudio técnico que lo sustenta presenta inconsistencias, como errores
metodológicos o sobrecostos injustificados, las tarifas derivadas de dicho estudio
carecen de validez legal y proporcionalidad, lo que conduce a su nulidad.
Por otra parte, es equivocada la valoración del dictamen pericial por parte del Tribunal,
pues el perito señaló inconsistencias metodológicas y sobrecostos en los estudios de
2021, que afectan la razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas, que no fueron
analizadas por el Tribunal y sobre las que se insiste en esta oportunidad.
Finalmente, el Acuerdo 019 de 2022 fue sancionado cuando ya estaba vigente la
Resolución CREG 1010 013 de 2022, por lo que no podía fundamentarse en la
derogada Resolución CREG 123 de 2011. La vigencia de cuatro años del estudio
técnico, a que hace referencia el artículo 5 del Decreto 943 de 2018, impide que dicho
estudio se elabore con base en normas no vigentes para fijar nuevas tarifas, como se
hizo en el Acuerdo de 2021.
Pronunciamientos finales
El demandado no hizo uso de esta etapa procesal para oponerse al recurso de
apelación presentado por el demandante.
El Ministerio Público rindió concepto y pidió confirmar la sentencia por lo siguiente7:
Los actos demandados se ajustan al marco legal vigente, en particular, a lo dispuesto
en los artículos 349 y 351 de la Ley 1819 de 2016. Por una parte, el hecho generador
definido como «usuario potencial del servicio de alumbrado público» es compatible con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que reconoce el beneficio colectivo como
fundamento del tributo. Por otra, el estudio técnico de referencia sobre los costos del
servicio cumplió los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 943 de 2018.
No se demostró que las tarifas fueran desproporcionadas o irrazonables, ya que el
dictamen pericial no analizó directamente las tarifas ni acreditó su desproporción
frente a los costos reales. Las observaciones del perito se basaron en la comparación
de dos estudios, cuando solo uno fue oficialmente adoptado y publicado, siendo éste
el único que debía ser objeto de análisis para determinar una eventual vulneración de
los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos de la apelación del demandante, la Sala determina si al establecer el
hecho generador del impuesto de alumbrado público, el artículo 1 del Acuerdo 007 de
2021 de 2021, que modificó el artículo 128 del Acuerdo 13 de 2017 del Concejo
Municipal de Jericó, fijó un hecho generador distinto al autorizado en el artículo 349
7
Samai C.E., índice 11.
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de la Ley 1819 de 2016. Asimismo, define si las tarifas fijadas en las normas
demandadas vulneran los principios de consecutividad, proporcionalidad,
razonabilidad y progresividad.
Es pertinente precisar que el artículo 128 del Acuerdo 13 de 2017, modificado por el
artículo 1 del Acuerdo 007 de 2021, fue nuevamente objeto de modificación mediante
el artículo 1 del Acuerdo 19 de 2022. La última norma en mención introdujo como
novedad el subgrupo A4 (generación de energía eléctrica) dentro de los
contribuyentes del régimen especial Grupo A. Por lo demás, el artículo 1 del Acuerdo
19 de 2022 reprodujo íntegramente el contenido del artículo 128 del Acuerdo 13 de
2017, tal como había sido modificado por el Acuerdo 007 de 2021. En consecuencia,
el análisis de legalidad debe realizarse considerando ambas normas modificatorias
del Acuerdo 13 de 2017.
Primer cargo: Sobre el hecho generador del impuesto de alumbrado público.
Desde comienzos del siglo XX, el legislador otorgó a los concejos municipales la
atribución de establecer y administrar el impuesto sobre el servicio de alumbrado
público. Esta facultad, que comprendía tanto la determinación de los elementos
esenciales del tributo como su gestión, fue otorgada inicialmente a Bogotá mediante
la Ley 97 de 1913, y posteriormente ampliada a los demás municipios a través de la
Ley 84 de 1915.
Ante la ausencia de una definición legal del hecho generador del impuesto de
alumbrado público, con fundamento en las Leyes 142 y 143 de 1994, la Resolución
CREG 043 de 1995 y el Decreto 2424 de 2006 – normas que delimitan el concepto de
servicio de alumbrado público –, esta Sección interpretó -a la luz de tales
disposiciones- que dicho hecho generador consiste en «ser usuario potencial receptor del
servicio de alumbrado público»8. Esta interpretación, que fue consolidada en la sentencia
de unificación 2019-CE-SUJ-4-0099, se fundamentó en la naturaleza colectiva del
servicio, que beneficia directa o indirectamente a quienes residen, tienen domicilio o
un establecimiento en la jurisdicción municipal.
Con el propósito de superar la indefinición normativa que existía en torno al hecho
generador del impuesto de alumbrado público, que había dado lugar a diversos
problemas en su aplicación10, el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 estableció una
regulación específica sobre este elemento esencial del tributo, como se ve enseguida:
ARTÍCULO 349. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. Los municipios y distritos
podrán, a través de los concejos municipales y distritales, adoptar el impuesto de alumbrado
público. En los casos de predios que no sean usuarios del servicio domiciliario de energía
eléctrica, los concejos municipales y distritales podrán definir el cobro del impuesto de alumbrado
público a través de una sobretasa del impuesto predial.
El hecho generador del impuesto de alumbrado público es el beneficio por la prestación del
servicio de alumbrado público. Los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas serán
establecidos por los concejos municipales y distritales. (…)
Como se observa, el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 otorga a los concejos
municipales y distritales la facultad de adoptar el impuesto de alumbrado público y de
definir sus elementos estructurales, con excepción del hecho generador, que es
definido por la propia norma legal. Para interpretar de manera adecuada el artículo
349 de la Ley 1819 de 2016, en lo que tiene que ver con el hecho generador, es
8
Sentencia del 03 de noviembre de 2010, exp. 16667, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
9
Sentencia de unificación jurisprudencial del 6 de noviembre de 2019, exp. 23103, C.P. Milton Chaves García.
10
En la exposición de motivos de esta ley se señaló que «la falta de definición de los elementos del tributo en la Ley 97 de 1913
(hecho generador, sujetos pasivos, base gravable y tarifa) ha dado lugar a problemáticas, siendo necesaria la fijación legal de sus
elementos, permitiendo a los municipios la destinación de los recursos tributarios a la prestación efectiva del servicio».
13
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necesario acudir a los aspectos relevantes de los antecedentes legislativos que se
exponen a continuación:
• Gaceta del Congreso 894 de 19 de octubre de 2016, página 86, Exposición de
Motivos se lee:
3.2 DESCRIPCIÓN. En consideración a lo anterior, se propone definir los elementos esenciales
del impuesto de alumbrado público de acuerdo con los fallos del Consejo de Estado. Esto
asegura una aplicación uniforme del impuesto en todo el país y simplifica el cumplimiento de esta
carga tributaria por parte de sus sujetos pasivos.
Así, la nueva regulación, a pesar de ser anterior a la sentencia de unificación
(producida en el marco de la Ley 97 de 1913) recoge e incorpora la posición
jurisprudencial que el legislador juzgó relevante, al momento de modificar el hecho
generador del impuesto.
• El texto incluido en el proyecto presentado por el Gobierno Nacional señalaba:
Artículo 297. Hecho generador. Constituye hecho generador del impuesto de alumbrado
público la prestación del servicio de alumbrado público en jurisdicción de municipios y distritos.
Durante el primer debate en el Senado se pretendió dar otro alcance, según consta
en la Gaceta 1090 (pág. 129), al proponerse el siguiente texto:
Artículo 297 Hecho Generador. Constituye hecho generador del impuesto sobre el servicio de
alumbrado público, autorizado por el literal d) del artículo 1 de la Ley 97 de 1913, ser usuario
potencial del servicio de alumbrado público en la jurisdicción de municipios y distritos. (…).
Ninguno de los textos antedichos quedó incorporado en la versión final de la Ley 1819
de 2016. Para tal efecto el legislador tuvo en cuenta las siguientes consideraciones,
tomadas de la ponencia para primer debate:
Artículo 297. Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado se define el hecho
generador del impuesto sobre el servicio de alumbrado público, asociado a la prestación de dicho
servicio y a la posibilidad de ser usuario del mismo, potencialidad que se concreta adelante al
definir los sujetos pasivos del impuesto.
Artículo 299. Sujeto Pasivo. Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado, y
diferentes comentarios recibidos en foros y de algunas agremiaciones y municipios se define que
los sujetos pasivos del impuesto son los suscriptores del servicio público domiciliario de energía
eléctrica y los propietarios y poseedores de predios que no sean suscriptores del servicio.
Nótese que el propio legislador entendió que la expresión «potencialidad» quedó limitada
por la definición de sujetos pasivos que se planeaba incorporar en la Ley.
Por efecto de lo anterior, se resumió el contenido relevante del impuesto en una sola
norma contenida en el artículo 349 de la mencionada Ley, bajo la denominación
«elementos de la Obligación Tributaria», dejando de manera breve y precisa el hecho
generador el tributo en los siguientes términos: «el hecho generador del impuesto de
alumbrado público es el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público». Lo anterior,
de manera alguna desdibuja el alcance y contenido del debate parlamentario que sirve
para ilustrar la correcta interpretación del texto final acogido como norma legal, ya que
la propia norma recalcó que los demás elementos del tributo debían guardar
consecutividad con el hecho generador.
Al considerar el debate legislativo previo a la emisión del artículo que se analiza para
establecer la legalidad del acuerdo demandado, se concluye que, independiente de la
redacción limitada que finalmente quedó incluida en la Ley 1819 de 2016, es posible
establecer que la decisión del legislativo está dirigida a eliminar conceptos jurídicos
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indeterminados y delimitar el alcance de los entes territoriales en el estricto marco del
hecho generador expresamente definido. Esto para garantizar una aplicación
armónica e igualitaria del impuesto en las diferentes jurisdicciones municipales.
De acuerdo con lo expuesto, no le es dable al Concejo Municipal de Jericó expandir
el alcance del hecho generador para incorporar el concepto indeterminado «beneficio
potencial», asociado a poseer un establecimiento en la respectiva jurisdicción, como
en efecto lo hizo al acoger el texto del artículo 1 del Acuerdo 007 del 27 de agosto de
2021, que modificó el artículo 128 del del Acuerdo nro. 013 del 15 de diciembre de
2017.
Téngase en cuenta que los entes territoriales deben ceñirse al expreso hecho
generador definido en la Ley, que excluye la noción de potencialidad y se centra en el
beneficio del servicio. Esta interpretación es coherente con la naturaleza del
alumbrado público, como bien público no excluible, ya que, en la práctica, resulta
imposible que los habitantes y residentes de un municipio o distrito no se beneficien
de la iluminación de calles y espacios públicos. Conforme con el nuevo texto normativo
y sus antecedentes, la medición del beneficio se concreta específicamente por dos
vías: (i) de manera principal, se evidencia a través del consumo del servicio público
domiciliario de energía; o, (ii) de forma supletiva, se presume, por la simple posesión
de predios en la respectiva jurisdicción, aún si no disfrutan del servicio público
domiciliario de energía.
Por tanto, nótese que el beneficio no es una posibilidad abstracta (potencialidad). Es
una realidad concreta que justifica la imposición del tributo, bien por ser consumidores
de energía en la respectiva jurisdicción; o, incluso, por la mera posesión o propiedad
de predios «que no sean usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica» (no son consumidores
de energía). Estos últimos de todos modos se verán beneficiados del servicio público de
alumbrado, dado el carácter de bien público no excluible de tal servicio, en cuyo caso
el cobro del impuesto podrá hacerse a través de una «sobretasa del impuesto predial». En
este contexto, el predio funciona como referencia para identificar a quienes se
benefician del servicio de iluminación en el espacio público, y, al mismo tiempo, como
parámetro objetivo para la liquidación del impuesto.
En suma, conforme al artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, el hecho generador del
impuesto de alumbrado público es el beneficio derivado de la prestación del servicio
de alumbrado público. Con esta disposición, el legislador zanjó de manera definitiva
la ambigüedad normativa que existía en torno a este elemento esencial del tributo,
superando la noción de potencialidad que había sido construida por la jurisprudencia
en ausencia de una definición legal expresa. A partir de la entrada en vigor de esta
norma, los municipios y distritos deben ceñirse a la definición legal vigente, que
reconoce como hecho generador el beneficio y no la posibilidad de recibirlo, en
coherencia con la naturaleza del alumbrado público como un bien no excluible y de
uso colectivo.
Aunque en una decisión anterior11 la Sección sostuvo que las reglas de unificación
sobre el hecho generador del impuesto de alumbrado público – en particular, la que lo
asociaba con la condición de «ser usuario potencial receptor del servicio de alumbrado público»
– también regían para hechos ocurridos después de la entrada en vigor de la Ley 1819
de 2016, lo cierto es que dicha ley modificó de manera sustancial la definición del
hecho generador. Esa transformación normativa exige ajustar las reglas
interpretativas, pues ya no es posible aplicar criterios elaborados bajo un marco
11 Ver entre otras, la sentencia del 10 de noviembre de 2022, exp. 26751, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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jurídico distinto12. En consecuencia, a partir de la Ley 1819, la regla de decisión es la
prevista en su artículo 349, que define el hecho generador aplicable.
Aunque en anterior oportunidad la Sección señaló que las reglas de unificación sobre
el hecho generador del impuesto de alumbrado público – en particular, aquella que lo
vinculaba con la condición de «ser usuario potencial receptor del servicio de alumbrado público» 13
– aplicaban también a los hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 1819 de 2016, es lo cierto que la modificación introducida por la Ley 1819
reconfiguró el hecho generador, lo cual implica necesariamente un cambio en las
reglas interpretativas aplicables, pues ya no es posible extender criterios construidos
bajo un marco normativo distinto. Por eso, a partir de la reseñada ley, la regla de
decisión es que se reconoce como hecho generador lo que se dispone en el artículo
349 de la Ley 1819 de 2016.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala declarará la nulidad de la expresión «es decir, el
ser usuario potencial del servicio de alumbrado público, lo cual se entiende ocurre cuando se tiene
establecimiento en el Municipio de Jericó», contenida en el artículo 1 del Acuerdo 007 del 27
de agosto de 2021, que modificó el artículo 128 del Acuerdo 013 del 15 de diciembre
de 2017. La nulidad de toda la expresión – y no únicamente del término «potencial» –
resulta procedente en la medida en que la frase completa está condicionada al
concepto de «usuario potencial». Sin embargo, ello no significa que existan
establecimientos que queden al margen de la obligación tributaria, pues estos pueden
ser gravados:
• Como usuarios del servicio domiciliario de energía en cuyo caso la imposición se
realizará con base en el elemento objetivo de los kilovatios efectivamente
consumidos14.
• O, alternativamente, si existe un establecimiento que no consuma energía propia o
del sistema, el gravamen se aplicará mediante una sobretasa del impuesto predial que
recaerá sobre el predio donde funciona el establecimiento, sin importar el título de
tenencia que este ostente.
Nótese que esta interpretación garantiza una lectura ordenada y homogénea, en
consonancia con la intención del legislador, proyectando seguridad y certeza jurídica
para los administrados.
Por tanto, la exclusión de toda expresión es necesaria para restablecer la coherencia
de la norma local con el hecho generador previsto en el artículo 349 de la 1819 de
2016. Prospera el cargo apelación del demandante.
Segundo cargo: Sobre la vulneración de los principios de consecutividad,
progresividad, proporcionalidad y razonabilidad de las bases gravables tarifas
demandadas.
12
De este modo también quedó planteado en relación con las tarifas, en la sentencia del 27 de noviembre de 2025, exp. 29620,
C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
13
Ver entre otras, la sentencia del 10 de noviembre de 2022, exp. 26751, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
14
Es importante mencionar que, de acuerdo con los antecedentes de la Ley 1819 de 2016, se establecía inicialmente lo siguiente
para determinar la tarifa del impuesto: “…para los sujetos que realicen consumos de energía eléctrica, bien sea como usuarios
del servicio público domiciliario o como autogeneradores, será un valor fijo por kilovatio de energía consumida el cual será fijado
anualmente de manera diferencial y progresiva, según el estrato o uso”. Nótese que la norma inicial planteaba la posibilidad de
que la tarifa se fijara tomando como base gravable el consumo de energía autogenerada y aplicando los mismos criterios
diferenciales de estrato y uso que aplicarían para las tarifas establecidas con base en el consumo del servicio de energía
domiciliaria. Sin embargo, debido a los límites impuestos por la Corte Constitucional, se consideró que la regulación de todos
estos aspectos en la ley le quitaba las facultades a los concejos municipales y distritales de determinación de sus propios tributos,
razón por la cual la norma se terminó eliminando del proyecto de ley, para que fueran los respectivos concejos municipales o
distritales quienes pudieran regular ese elemento del tributo. En consecuencia, estará en la potestad de estos la determinación
de los restantes elementos del tributo de manera específica.
16
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Antes de resolver si las tarifas demandadas cumplen con los principios mencionados,
es necesario abordar un aspecto procedimental que antecede a este análisis de fondo:
determinar si el municipio estaba obligado a realizar un nuevo estudio de referencia
conforme a la Resolución CREG 1010 013 de 2022. Ello, porque de ser cierta la
afirmación del demandante, se concluiría que el municipio no fijó las tarifas con base
en el estudio técnico exigido por el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016 y el reglamento.
2.1- Sobre si el municipio estaba obligado a practicar un nuevo estudio de
referencia conforme a la Resolución CREG 1010 013 de 2022.
Sobre el particular, se tiene que:
El artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, establece que, para determinar el valor del
impuesto a recaudar, los municipios y distritos «deberán considerar como criterio de referencia
el valor total de los costos estimados de prestación en cada componente de servicio» y, para esos
efectos, deberán realizar un estudio técnico conforme a la metodología establecida por
el Ministerio de Minas y Energía o la entidad que este delegue.
Los requisitos del estudio técnico de referencia fueron definidos en el artículo 5 del
Decreto 943 de 201815, compilado en el artículo 2.2.3.6.1.3 del Decreto 1073 de
201516, norma que, entre otros aspectos, previó la necesidad de que el estudio técnico
de referencia se someta a revisión, ajuste, modificación o sustitución en un periodo no
mayor a 4 años.
Con fundamento en las Resoluciones CREG 123 de 2011 y 114 de 2012, el municipio
de Jericó elaboró en abril de 2021 el Estudio Técnico de Referencia de Costos 1
(ETR1), sobre el cual adoptó las tarifas del impuesto de alumbrado público mediante
el Acuerdo 007 del 27 de agosto de 2021.
Posteriormente, la CREG expidió la Resolución 101 013 de 29 de abril de 2022, a
través de la cual estableció una nueva metodología para la determinación de los
costos máximos asociados a la prestación del servicio de alumbrado público. Esta
resolución derogó expresamente las Resoluciones CREG 123 de 2011 y 114 de 2012,
que regulaban la materia.
Como algunas empresas generadoras de energía en el municipio se negaron a pagar
el tributo, alegando que, al no consumir energía, carecían de una base gravable para
su liquidación, y ante la ausencia de regulación expresa en el Acuerdo 007 del 27 de
agosto de 2021, el municipio expidió el Acuerdo 019 del 29 de noviembre de 2022,
con el propósito de establecer reglas específicas para estos contribuyentes y
someterlos a tributación.
Teniendo en cuenta los anteriores supuestos fácticos, la Sala comparte el criterio del
Tribunal en cuanto a que, para la expedición del Acuerdo 019 de 2022, no era
necesario elaborar un nuevo estudio técnico de referencia. Ello, por cuanto la
regulación integral del sistema tarifario ya se había realizado mediante el Acuerdo 007
de 2021, y el Acuerdo 019 simplemente respondió a la necesidad de llenar un vacío
normativo frente a un grupo específico de contribuyentes.
Además, al momento de expedirse el último acuerdo mencionado, no había
transcurrido el plazo de cuatro años previsto en el artículo 5 del Decreto 943 de 2018.
Tampoco se estableció en dicha norma que, con la expedición de una nueva
metodología para la determinación de los costos máximos del servicio (como la
15
Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público.
16
Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
17
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contenida en la Resolución CREG 101 013 de 2022), los municipios estuvieran
obligados a ajustar de inmediato sus tarifas o a elaborar un nuevo estudio técnico.
Por tanto, no le asistía al municipio la obligación de realizar un nuevo estudio técnico
de referencia conforme a la metodología de la Resolución CREG 101 013 de 2022
para la expedición del Acuerdo 019 de 2022, ni de modificar su sistema tarifario en
función de dicha resolución. No prospera el cargo de apelación del demandante.
2.2- Sobre la vulneración de los principios de consecutividad, proporcionalidad
y razonabilidad de las bases gravables y tarifas demandadas.
Conviene precisar que el municipio fijó la base gravable del impuesto de alumbrado
público en el artículo 1 del Acuerdo 19 del 29 de noviembre de 2022, que modificó el
artículo 128 del Acuerdo 013 del 15 de diciembre de 2017 (Código de Rentas de
Jericó), en los siguientes términos:
Es la unidad de medida sobre la cual recaerá la tarifa para generar un resultado impositivo. La
base gravable es la suma de la liquidación del consumo de energía eléctrica (LCEU) antes de
contribución o subsidios en sistemas de prepago o post pago, según sea el caso y conforme se
determina en el presente Acuerdo, más la energía que se autogenere, cogenere, genere o
comercialice por el contribuyente del impuesto. Se incluye todo tipo de energía alternativa,
la energía cogenerada, autogenerada, generado y/o comercializada. En los casos en que el
impuesto se cobre como una sobretasa del impuesto predial, la base gravable será el valor del
avalúo que sirve de base para liquidar el impuesto predial. Para cada predio y/o lote que los
contribuyentes usen, tengan, posean, sean de su propiedad y/o reciban el servicio público de
energía eléctrica se aplicará la Base Gravable respectiva, de conformidad con el presente
acuerdo. (Se destaca).
Asimismo, la Sala advierte que las tarifas objeto de demanda corresponden a las
fijadas para los «contribuyentes del régimen especial» las cuales aplican para «todos aquellos
contribuyentes que, por su condición particular de generación de riqueza en el entorno municipal,
deben realizar un esfuerzo contributivo mayor para garantizar la sostenibilidad del servicio y el
cumplimiento de los principios de progresividad y gradualidad tributaria» (numeral 5.4 del artículo
128 del Acuerdo nro. 013 de 2017, con la modificación introducida por el artículo 1 del
Acuerdo 19 del 29 de noviembre de 2022).
Dichos contribuyentes fueron clasificados en los siguientes grupos:
Régimen especial Grupo A: Todos aquellos contribuyentes que estando en
condición de usuarios regulados o no regulados del servicio de energía eléctrica del
sector no residencial, desarrollan, asociado a su consumo de energía eléctrica,
algunas de las actividades económicas específicas:
Grupo A1: Contribuyentes que desarrollan actividades económicas tales como:
operaciones con moneda extranjera, giros y remesas; servicios de televisión por cable
municipal; cajeros automáticos independientes; distribución de GLP; compraventas
con retroventa; hoteles, hostales, camping y hospedajes temporales, entre otros;
centros de recreación, cultura y deporte; funerarias y crematorios, y actividades
producción/comercialización agrícola a nivel nacional e internacional.
La tabla del factor K y del VMín para estos contribuyentes fue fijada de la siguiente
manera:
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Grupo A2: Incluye contribuyentes que realizan las siguientes actividades económicas:
comercialización de semovientes en subasta; casinos y juegos de azar; telefonía fija;
estaciones de servicio y venta/distribución de combustibles (gas natural, GLP,
derivados del petróleo); centros de acopio y nodos de transporte terrestre, aéreo y
fluvial; terminales de transporte de pasajeros o carga; grandes superficies y comercio
minorista; servicios de agua potable y disposición de residuos sólidos; entidades
públicas y órganos autónomos; actividades agropecuarias y producción artesanal;
manufactura (curtido de pieles); centros de salud mental, geriátricos y rehabilitación;
organizaciones sin ánimo de lucro; servicios logísticos, aduanas y transporte de
mercancías; seguridad privada; exportación de productos agropecuarios;
organizaciones de productores de leche; generación de energías renovables (fuentes
no convencionales).
La tabla del factor K y del VMín para estos contribuyentes es la siguiente:
Grupo A3: Comprende contribuyentes que realizan actividades como: producción,
distribución y comercialización de señal de TV por cable y telecomunicaciones
satelitales; transmisión de señal de radio y TV regional o nacional; infraestructura de
telefonía móvil; alquiler de maquinaria, equipos y bienes; transporte y comercialización
de gas natural y energía eléctrica; concesiones viales y operación de peajes;
actividades financieras (incluidas cooperativas); transporte y comercialización de
productos forestales; explotación y comercialización minera; transformación industrial
de productos semiacabados; sistemas de transporte aéreo (teleféricos);
establecimientos culturales (cine, teatro, conciertos); centros médicos y hospitalarios
con investigación y enseñanza; empresas constructoras con capacidad técnica y
financiera.
La tabla del factor K y del VMín para estos contribuyentes será la siguiente.
19
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Grupo A4: integrado por contribuyentes que desarrollen la generación de energía
eléctrica.
La tabla del factor K y del VMín para estos contribuyentes será la siguiente:
Grupo B: Todos aquellos contribuyentes que estando en condición de no regulados
del servicio de energía eléctrica pueden además acceder mediante la generación,
cogeneración, autogeneración, comercialización y/o capacidad instalada de energía
eléctrica […].
La tabla del factor K y del Vmin para estos contribuyentes será la siguiente:
Como se observa, respecto de algunos contribuyentes del régimen especial, el
acuerdo demandado, aunque considera el consumo de energía como base gravable,
fija tarifas diferenciadas en función de su «riqueza». Para otros, como los generadores
de energía eléctrica, dispone que la liquidación del impuesto se realice no sobre el
consumo, sino sobre la energía generada y/o comercializada, estableciendo además
un valor mínimo del impuesto equivalente a 1.000 UVT.
Frente a estas situaciones, el demandante plantea que los elementos del tributo deben
guardar consecutividad con el hecho generador del tributo; que la Ley 1819 de 2016
fijó un límite frente a las tarifas del impuesto que «no tenía consagración legal anterior»; que
la jurisprudencia expedida al amparo de las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 perdió
vigencia con la entrada en vigor de Ley 1819 de 2016 y que, en la fijación de las tarifas,
el municipio demandado excedió lo autorizado por la Constitución y la ley, al
establecer unas tarifas que no son proporcionales y razonables, en tanto que exceden
los costos de prestación del servicio público. Al mismo tiempo, sostiene que no «existe
justificación objetiva alguna para determinar distintas tarifas entre usuarios» .
Ahora bien, como se indicó al resolver el cargo anterior, el artículo 349 de la Ley 1819
de 2016 dispuso que «en los casos de predios que no sean usuarios del servicio domiciliario
de energía eléctrica, los concejos municipales y distritales podrán definir el cobro del impuesto de
alumbrado público a través de una sobretasa del impuesto predial», y que los demás
componentes del impuesto «guardarán principio de consecutividad con el hecho generador
definido en el presente artículo. Lo anterior bajo los principios de progresividad, equidad y eficiencia» .
Esto implica que los sujetos pasivos, las bases gravables y las tarifas deben mantener
coherencia y relación directa con el hecho generador. Como se observa, la norma
misma incorporó como aditivo del hecho generador del tributo el ser usuario del
servicio de energía eléctrica y, en caso de no tener tal calidad, ser propietario o
poseedor de predios.
20
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En consecuencia, conforme al principio de consecutividad, únicamente pueden ser
sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público los consumidores de energía, bien
sea en calidad de usuarios del servicio domiciliario de energía o de autogeneradores
(cuando hagan consumos de energía propia) y, a falta de tal calidad, los propietarios
y/o poseedores de los predios a través de sobretasa. Así, las bases gravables y las
tarifas deben fijarse en función de los consumos de energía, aplicando tarifas
diferenciadas según los principios de progresividad y equidad; de manera supletoria,
estos elementos deberán determinarse considerando el avalúo que sirve de base para
liquidar el impuesto predial, cuando el cobro del tributo se realice mediante la
sobretasa.
Dado que, por regla general, la base gravable del impuesto de alumbrado público está
supeditada por el consumo de energía eléctrica, consecutivamente la fijación de las
tarifas debe atender los criterios del sistema tarifario del servicio público de
energía, garantizando coherencia con el hecho generador. Si el generador o
autogenerador de energía no hace ningún tipo de consumo de energía en calidad de
usuario del servicio domiciliario, el cobro del impuesto de alumbrado público podrá ser
definido a través de una sobretasa del impuesto predial, como lo prevé el artículo 349
de la Ley 1819 de 2016.
En ese entendido, las tarifas deben estructurarse considerando las categorías
establecidas para el servicio eléctrico, que reflejan diferencias objetivas en el uso y la
demanda, a saber: (i) sector residencial, segmentado por estratos socioeconómicos
(1, 2, 3, 4, 5 y 6), que permiten diferenciar la capacidad de consumo, capacidad
económica y el nivel de aprovechamiento del servicio; (ii) sectores no residenciales,
como el comercial, industrial, oficial y otros, cuya actividad económica implica patrones
de consumo distintos y, por tanto, una relación diferenciada con el beneficio del
alumbrado público.
Este esquema asegura que el impuesto se calcule sobre parámetros verificables,
objetivos y proporcionales, evitando arbitrariedad y garantizando que la carga tributaria
se distribuya conforme al principio de consecutividad y respetando los principios de
progresividad y equidad.
Nótese que estos mismos criterios se respetarían cuando el cobro del impuesto se
hace por vía de sobretasa del impuesto predial, tributo en el que, tanto las bases
gravables como tarifas, tienen en cuenta los sectores residenciales (estratos
socioeconómicos) y no residencial (usos comercial, industrial, oficial u otros usos
especiales definidos por el municipio); predios rurales, entre otros.
Así, cuando la sobretasa se determina con base en el avalúo de los predios, conforme
lo dispone la norma, el impuesto de alumbrado público mantiene la debida
correspondencia respecto al hecho generador. De igual manera, si el tributo se calcula
tomando como referencia el consumo del servicio domiciliario de energía eléctrica, el
principio de consecutividad se preserva, siempre que las tarifas se definan conforme a
los criterios que rigen el sistema tarifario de dicho servicio. Esto incluye, como se
anticipó, la posibilidad de aplicar esos criterios al consumo de energía autogenerada,
en consonancia con el propósito original del legislador, quien buscaba regular la tarifa
del tributo, aunque finalmente no lo hizo por razones de conveniencia constitucional,
como se explicó en apartados anteriores.
En efecto, lo anterior se alinea con el propósito del legislador al redefinir el impuesto
de alumbrado público mediante la Ley 1819 de 2016. En la Gaceta del Congreso 894,
correspondiente al proyecto de ley radicado en la Cámara, se lee17:
17 Pág. 84.
21
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Artículo 301. Tarifa. La tarifa del impuesto de Alumbrado Público será establecida por cada
Concejo municipal o distrital así:
a) Para los sujetos pasivos que realicen consumos de energía eléctrica, bien sea como usuarios
del servicio público domiciliario o como autogeneradores, será un valor fijo por cada kilovatio de
energía consumida, el cual será fijado anualmente de manera diferencial y progresiva, según
el estrato y uso.
b) En los demás casos, la tarifa corresponderá a un porcentaje del impuesto predial del respectivo
predio, teniendo en cuenta el área de cobertura del servicio de alumbrado público (se destaca).
Luego, en la ponencia para primer debate (Gaceta 1090), se propuso lo siguiente18:
Artículo 301. Tarifa. La tarifa del impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público será
establecida por cada concejo municipal o distrital, con criterios diferenciales y progresivos así:
a) Para los sujetos pasivos usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica se
aplicará una tarifa que no podrá exceder el 10% del valor facturado por concepto de este servicio,
en el sector residencial, hasta el 12% para sector comercial y de servicios y hasta el 15% para
el sector industrial.
b) Para los propietarios y/o poseedores de predios, que no sean usuarios del servicio público
domiciliario de energía eléctrica se aplicará una tarifa que no podrá exceder el 10% del valor del
impuesto predial unificado del correspondiente año se destaca).
Aunque la regulación detallada del impuesto fue retirada de la Ley 1819 de 2016, con
el fin de evitar el vaciamiento de la capacidad impositiva de los entes territoriales,
conferida directamente por la Constitución Política [con los límites allí previstos, arts.
287.3, 300.4, 313.4 y 338], según se lee en la ponencia para primer debate en
Senado19, ello no desdibuja que el legislador fijó como propósitos el garantizar una
«aplicación uniforme del impuesto en todo el país y simplifica[r] el cumplimiento de esta carga tributaria
por parte de sus sujetos pasivos» en todos los municipios y distritos del país, así como «definir
reglas claras y límites para su cobro a los sujetos pasivos» 20.
Lo anterior se corrobora en el reglamento, pues el numeral 2 del artículo 2.2.3.6.1.3
del Decreto 1073 de 2015 (que compila el artículo 5 del Decreto 943 de 2018)
establece, como «criterio técnico» para la determinación del impuesto de alumbrado
público y con el propósito de «evitar abusos en su cobro», lo siguiente:
Clasificación de los usuarios del servicio de alumbrado público: La clasificación de los usuarios
del servicio de alumbrado público, al ser una actividad inherente del servicio de energía eléctrica,
se realizará de acuerdo con: i) El tipo de usuario (residencial, industrial, comercial, oficial, u
otros); ii) el estrato socioeconómico; iii) su ubicación geográfica (urbano o rural); iv) la
tarifa del servicio de energía eléctrica aplicable a cada tipo de usuario; y v) valor del impuesto
predial, en el caso de predios que no sean usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica
se destaca).
De igual manera, en el juicio de constitucionalidad adelantado en la sentencia C-130
de 2018, relativo a los artículos 150 y 151 de la Ley 1819 de 2016, la Corte
Constitucional resaltó la necesidad de establecer criterios homogéneos y comunes a
todos los municipios para la determinación del impuesto, orientados a evitar abusos y
disparidades en su cobro. Al respecto, señaló lo siguiente:
134. Sin embargo, hay que tener en cuenta, en el análisis de constitucionalidad, que la misma
norma señala que los criterios técnicos dispuestos por el Gobierno nacional en la reglamentación
del impuesto, tiene como objetivo la de “evitar abusos en su cobro”. Como se ha venido
explicando la finalidad de la regulación fue la de establecer que se evitarán los excesos en el
18 Pág. 129.
19
Gaceta 1090, pág. 3. Allí se lee: […] viii) Eliminar todos los artículos del impuesto de alumbrado público porque la Corte
Constitucional no permite que el legislador fije todos los elementos de los impuestos territoriales.
20
Gaceta del Congreso 894, pág. 140.
22
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cobro de las tarifas de alumbrado público, por parte de los diferentes municipios y distritos, así
como determinar unos criterios básicos y generales para que se homologara el cobro de
las tarifas dentro de los municipios y distritos, pero del mismo modo la norma estableció que
estos criterios no pueden de ninguna manera eliminar o restringir la autonomía y las competencias
de los entes territoriales.
De acuerdo con lo expuesto, la reconfiguración del impuesto de alumbrado público
introducida por la Ley 1819 de 2016 no se limita al hecho generador, sino que,
conforme al principio de consecutividad, impacta todos los elementos del tributo 21 lo
que implica la necesidad de nuevas reglas interpretativas. En consecuencia, los
criterios jurisprudenciales – incluidos los fijados en la sentencia de unificación22 – para
definir bases gravables y tarifas, adecuados en su momento bajo las Leyes 97 de 1913
y 84 de 1915, deben analizarse a la luz del nuevo marco legal, manteniendo
únicamente aquellos que conserven una relación directa e inherente con el consumo
de energía y descartando otros, como la «capacidad instalada», que en su momento fue
válida, pero que hoy carece de correspondencia con el hecho generador previsto en la
ley.
A partir de las anteriores consideraciones, la Sala encuentra que las bases gravables
y tarifas fijadas para los denominados «contribuyentes del régimen especial» no tienen
consecutividad con el hecho generador del tributo y, por ende, no pueden ser
proporcionales ni razonables en la medida que no consultan en estricto sentido el
criterio del consumo de energía eléctrica.
Al respecto, se advierte que, aunque para los grupos A1, A2, A3 y B se toma como
base gravable el consumo de energía medido en kilovatios hora (kW), el sistema
tarifario no está diseñado en función de los criterios relacionados con los estratos
socioeconómicos (sector residencial) o los usos (sector no residencial), sino, en
función de la «riqueza» de los contribuyentes, que no es parámetro objetivo ni
consecutivo con el hecho generador, debido a que no se trata de un impuesto a la
riqueza. Y si bien, la ley exige que el impuesto sea progresivo y equitativo, estos
principios constitucionales se cumplen cuando el impuesto se determina siguiendo los
mismos criterios del sistema tarifario del servicio domiciliario, que también son
progresivos y equitativos en tanto que consultan la capacidad contributiva o económica
de los usuarios.
Por otro lado, se constata que, en relación con los contribuyentes especiales del grupo
A4 se establece que como base gravable la generación y/o comercialización de
energía y como tarifa criterios distintos al estrato socioeconómico o el uso del predio,
lo cual se aparta aún más del principio de consecutividad y, por ende, de los principios
de proporcionalidad y razonabilidad.
Esto se evidencia en que, para este grupo – según consta en el expediente, en el
municipio de Jericó existen dos autogeneradores de energía –, se fijó una tarifa mínima
mensual de 1.000 UVT, lo que equivale a un impuesto anual de $456.048.000 para
cada uno y un total de $912.096.000, considerando la UVT vigente en 2022 23. Por su
parte, el costo total de la prestación del servicio para ese año se estimó, según el ETR1
y el dictamen pericial, en $992.909.100. En la práctica, esto significa que la carga del
servicio de alumbrado público recae casi por completo sobre estos dos contribuyentes.
Tal circunstancia pone de manifiesto una evidente falta de proporcionalidad y
razonabilidad en la determinación de las tarifas aplicables a este grupo, puesto que
21
Así también se consideró en la sentencia del 27 de noviembre de 2025, exp. 29620, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22
En la sentencia de unificación se señaló que «subregla. g. la capacidad instalada es un parámetro válido para determinar la
base gravable de las empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de subestaciones de energía eléctrica o de líneas de
transmisión de energía eléctrica» (sentencia del 6 de noviembre de 2019, exp. 23103 - 2019CE-SUJ-4-, C.P. Milton Chaves
García).
23
Se toma en consideración el año 2022. toda vez que el estudio técnico de referencia de costos (ETR1) estimó los costos de
prestación del servicio por ese año.
23
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dichos costos deben ser repartidos progresiva y proporcionalmente entre todos los
contribuyentes de la jurisdicción.
De acuerdo con lo expuesto, en el caso debatido, no existe fundamento legal para
clasificar a los sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público «por su condición
particular de generación de riqueza en el entorno municipal» o en razón de las actividades
económicas que estos desarrollan, pues dichos criterios se apartan del parámetro
esencial que rige este tributo: el consumo de energía eléctrica y la clasificación
económica de los usuarios que orienta la estructura del sistema tarifario del servicio
domiciliario de energía y compromete el cumplimiento de los principios de
proporcionalidad, razonabilidad, progresividad, equidad y eficiencia del tributo.
Esto no implica que las tarifas del impuesto de alumbrado público deban coincidir con
las del servicio domiciliario de energía, puesto que los municipios y distritos conservan
plena autonomía para fijarlas, siempre que lo hagan bajo los mismos criterios
económicos que orientan el sistema tarifario de dicho servicio y aplicando los
parámetros técnicos establecidos en el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, el Decreto
943 de 2018 y las Resoluciones CREG 123 de 2011, 114 de 2012 y 101 013 de 29 de
abril de 2022.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Sala declara la nulidad de las
tarifas demandadas que aplican para los denominados «contribuyentes del régimen
especial», así como de la expresión «es decir, el ser usuario potencial del servicio de alumbrado
público, lo cual se entiende ocurre cuando se tiene establecimiento en el Municipio de Jericó» ,
contenida en el artículo 128 del del Acuerdo nro. 013 del 15 de diciembre de 2017,
modificado por el artículo 1 del Acuerdo 007 del 27 de agosto de 2021, bajo las
siguientes reglas:
1. De conformidad con el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, el hecho generador
del impuesto de alumbrado público es el beneficio por la prestación de este servicio.
2. Los sujetos pasivos, las bases gravables y las tarifas del impuesto de
alumbrado público deben mantener una relación directa y coherente con el hecho
generador del tributo, en aplicación del principio de consecutividad.
3. Este principio implica que la base gravable del impuesto se determine, por regla
general, a partir del consumo de energía eléctrica; supletoriamente, la base gravable
para la sobretasa será el avalúo que sirve de base para liquidar el impuesto predial.
4. En virtud del principio de consecutividad, los sujetos pasivos serán los
consumidores de energía eléctrica y, en ausencia de esta condición, los propietarios o
poseedores de predios.
5. Para los usuarios del servicio domiciliario de energía la tarifa debe fijarse siguiendo
los criterios económicos que rigen el sistema tarifario del servicio de energía eléctrica.
Si el generador no hace ningún tipo de consumo de energía vía servicio público
domiciliario, el impuesto de alumbrado público podrá ser definido a través de la
sobretasa del impuesto predial, una vez verificada la posesión o propiedad de predios.
Para los propietarios o poseedores de predios (sobretasa al impuesto predial) la tarifa
será una sobretasa que no podrá exceder el 1 x 1.000 del avalúo que constituye la
base del impuesto predial.
24
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3. Conclusión.
Las razones que anteceden son suficientes para revocar la sentencia apelada. En su
lugar, se declara la nulidad de la expresión «es decir, el ser usuario potencial del servicio
de alumbrado público, lo cual se entiende ocurre cuando se tiene establecimiento en el
Municipio de Jericó», contenida en el artículo 1 del Acuerdo 007 del 27 de agosto de
2021, que modificó el artículo 128 del del Acuerdo nro. 013 del 15 de diciembre de
2017.
Asimismo, se declara la nulidad de las tarifas previstas en el numeral 5.4 del artículo
128 del Acuerdo nro. 013 de 2017, con la modificación introducida por los artículos 1
del Acuerdo 007 del 27 de agosto de 2021 y 1 del Acuerdo 19 del 29 de noviembre de
2022, para los contribuyentes del régimen especial por no consultar los principios de
consecutividad, proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y equidad.
4. Condena en costas. No procede la condena en costas en consideración del
artículo 188 del CPACA, por cuanto en el presente asunto se debate una pretensión
de nulidad general, la cual lleva inmersa un interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar dispone:
Primero: Declarar la nulidad de la expresión «es decir, el ser usuario potencial del servicio
de alumbrado público, lo cual se entiende ocurre cuando se tiene establecimiento en el
Municipio de Jericó», contenida en el artículo 1 del Acuerdo 007 del 27 de agosto de
2021, que modificó el artículo 128 del del Acuerdo nro. 013 del 15 de diciembre de
2017 y del numeral 5.4 del artículo 128 del Acuerdo nro. 013 de 2017, con la
modificación introducida por los artículos 1 del Acuerdo 007 del 27 de agosto de 2021
y 1 del Acuerdo 19 del 29 de noviembre de 2022, para los contribuyentes del régimen
especial por no consultar los principios de consecutividad, proporcionalidad,
razonabilidad, progresividad y equidad, en atención a las reglas que motivaron este
fallo.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento se pueden comprobar a través de la siguiente dirección electrónica:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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