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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00168-01

Fecha
28 de febrero de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00168-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de enero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera mediante la cual declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Libia Marcela Cerén Hernández contra el Consejo 18 Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01 Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández Seccional de la Judicatura de Antioquia y el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medellín, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2023-00168-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

28 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00168-011
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de y otros

Temas: Tutela contra acto administrativo / Conceptos desfavorables de
traslado y calificación insatisfactoria

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Libia Marcela Cerén Hernández
contra la sentencia proferida el 17 de enero de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Primera mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud2

Libia Marcela Cerén Hernández promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al trabajo, salud, dignidad humana, debido
proceso, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, tutela judicial efectiva y acceso
a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de los
conceptos desfavorables emitidos respecto de las solicitudes de traslado por parte
del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y la calificación insatisfactoria
suscrita por el juez Veintiuno Civil del Circuito de Medellín, en calidad de nominador.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) El 23 de septiembre de 2021, una vez superado satisfactoriamente el concurso de
mérito correspondiente, tomó posesión como asistente judicial, grado VI, en el
Juzgado Veintiuno Civil del Circuito Judicial de Medellín; sin que se le hiciera
entrega formal del cargo ni capacitación para su desempeñó, pese a su
inexperiencia en la Rama Judicial.

1 Se advierte que el radicado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia obedece a
05001233300020230126800
2 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado « ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroActua 2 »

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

ii) Los demás servidores del juzgado le informaron que la persona que estaba en
provisionalidad en ese cargo «tenía el puesto bastante atrasado, tanto así, que aún se
encontraban sin enviar tutelas de hacía varios meses a la Corte Constitucional, entre otras
funciones sin completar».

iii) Desde que inició labores fue objeto de reiteradas conductas de acoso laboral por
parte de algunos de los servidores del despacho, «encaminadas a causar angustia,
intimidación, desmotivación laboral e inducir a la renuncia del cargo», lo cual así sucedió,
viéndose afectada su vida familiar, laboral y social, por lo que acudió a diferentes
citas médicas ante su EPS, en las que se le diagnosticó «un trastorno mixto de
ansiedad y depresión y otros problemas de tensión física o mental relacionadas con el
trabajo». Situación que le conllevó a presentar de forma reiterada diferentes solitudes
de traslado ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, sin obtener
concepto favorable.

iv) El 3 de octubre de 2022, su nominador le realizó la primera calificación respecto
del periodo comprendido entre el 27 de septiembre y 12 de diciembre de 2021,
asignándole 60 puntos, lo cual corresponde a «satisfactoria – buena», sin embargo,
esta contradice los literales b), c) y d) del artículo 6 del Acuerdo PSAA16-10618 del
7 de diciembre de 20163; sin embargo, presentó renuncia a los términos de
notificación y ejecutoria, al ser inducida en error por la secretaria del despacho.

v) Con escrito del 4 de octubre de 2022 presentó «desistimiento de la renuncia a
términos e instauración de los recursos de ley», respecto del cual no se otorgó ningún
trámite.

vi) El 10 de octubre de 2022, un año después de su posesión, «habiendo mediado
reclamo de la señora LIBIA MARCELA CERÉN HERNÁNDEZ respecto de su manual de
funciones, entrega formal del puesto y demás aspectos para el buen desempeño de su
cargo», la escribiente del despacho realizó documento denominado «Entrega funciones
administrativas del trámite de acciones constitucionales».

vii) El 14 de octubre de 2022, el nominador suscribe la primera acta de seguimiento
trimestral de su desempeño, la cual calificó de irregular y falta a la verdad, en la que
se señaló:

«[…] 4. OBSERVACIONES

En este formato se hizo el análisis del trabajo de los tres primeros trimestres del año 2022
y se compendió el resultado de seguimientos y observaciones que se han realizado
durante todo el año y han sido conocidos por la empleada, porque todas han sido anotadas
en el sistema de reparto que se tiene establecido en el DRIVE. LA SOCIALIZACIÓN CON
LA EMPLEADA SE REALIZÓ EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2022 […]»

3
Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de
carrera de la Rama Judicial
2

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

viii) Durante la vacancia judicial de 2022-2023 fue incapacitada por 7 días, debido a
su «diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión con otros problemas de tensión
física o mental», lo cual originó que el nominador profiriera la Resolución 002 del 11
de enero de 2023, en la cual «otorga el disfrute de vacaciones por interrupción a causa
de incapacidad», cuya ejecución se mantuvo hasta el 17 de enero de 2023, inclusive.

ix) Una vez reintegrada al cargo, persistieron las conductas de acoso laboral, lo cual
agravó su estado de salud, por lo que el 26 de enero de 2023 solicitó licencia no
remunerada del 27 de enero al 27 de abril de 2023.

x) Al regresar a sus funciones, las conductas constitutivas de acoso continuaron,
afectándose su salud física y mental, por lo que, desde mediados del mes de julio
de 2023 a la fecha de la presentación de la solicitud de amparo, ha estado
incapacitada de manera ininterrumpida, ya que su estado no mejora pese al
tratamiento médico; circunstancias que han sido ignoradas por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Antioquia de cara al traslado de sitio de trabajo recomendado.

xi) Con correo electrónico del 21 de noviembre de 2023, se le notificó la calificación
integral de servicios de empleados sin funciones jurídicas, correspondiente al año
2022, elaborada el 31 de agosto de 2023 por el titular del despacho, con 43 puntos,
lo cual arrojó un resultado «INSATISFACTORIO», lo cual conllevó a que fuera
retirada del servicio. Decisión respecto de la que, el 22 siguiente solicitó la
suspensión de los términos de ejecutoria por motivos de incapacidad.

xii) A través de Resolución 034 del 24 de noviembre de 2023, el juez nominador
resolvió desfavorablemente la solicitud, por lo que de manera oportuna recurrió en
reposición y apelación su calificación, sin que a la fecha hayan sido decididos.

xiii) De confirmarse la calificación insatisfactoria, se le generaría un grave perjuicio
irremediable, al ser «una mujer cabeza de familia, madre soltera y con diagnóstico mixto
de depresión y ansiedad y con otros problemas de tensión física o mental relacionadas con
el trabajo por fuera del cargo al que accedió por méritos, de manera definitiva, afectando su
mínimo vital, derechos de carrera, derecho al trabajo, salud, protección integral, entre
otros»; por lo que la tutela es el mecanismo transitorio idóneo para su protección, mientras
acude ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, de ser necesario, «a solicitar
medidas cautelares y […] la nulidad de las resoluciones y el restablecimiento de sus
derechos». (sic)

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] PRIMERO: Se TUTELEN integralmente los derechos fundamentales al trabajo,
derecho a la salud, dignidad humana, debido proceso, estabilidad laboral reforzada,
mínimo vital, tutela judicial efectiva, derecho de acceso a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva. de mi prohijada LIBIA MARCELA CERÉN HERNÁNDEZ, quien
ocupa en propiedad el cargo de ASISTENTE JUDICIAL GRADO VI en el Juzgado 21
Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.
3

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

SEGUNDO: Se ORDENE al JUZGADO 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
MEDELLÍN, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL,
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA,
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA o a quien corresponda por ley, para que
se autorice la solicitud de traslado que ha venido solicitando de manera insistente la
señora LIBIA MARCELA CERÉN HERNÁNDEZ a un cargo igual al que ganó en el
concurso de méritos y en el que se encuentra nombrada en propiedad, como asistente
judicial grado VI en otro juzgado del circuito de esta seccional, tal como lo permite la ley
y lo han recomendado los médicos especialistas tratantes.

Lo anterior debido a que el ambiente laboral se encuentra claramente fracturado
respecto de la señora CERÉN HERNÁNDEZ, con la finalidad de que se protejan sus
derechos fundamentales y, adicionalmente, para que no se trunque la prestación del
servicio de administración de justicia del Juzgado mencionado.

En caso de que se confirme la decisión del recurso de reposición y en subsidio apelación
por parte de los competentes:

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
MEDELLÍN, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA, UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a quien por ley corresponda, de que se
SUSPENDAN los efectos de las decisiones (Resoluciones) que lleguen a confirmar la
decisión inicial, con la finalidad de que no produzcan el retiro de la carrera judicial y salida
de nómina de la señora LIBIA MARCELA CERÉN HERNÁNDEZ hasta tanto un Juez
Administrativo competente pueda decidir, mediante sentencia judicial debidamente
ejecutoriada sobre la legalidad o no de dichas resoluciones que la califican
insatisfactoriamente, la retiran del servicio y la excluyen de la carrera judicial.

CUARTO: Todas aquellas que encuentre procedente la judicatura para velar por la
protección de los derechos fundamentales y de carrera de la señora LIBIA MARCELA
CERÉN HERNÁNDEZ. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial4, luego de referir que el asunto debió ser decidido por el Consejo
de Estado o la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con el Decreto 333 de 2021,
solicitó la desvinculación del trámite constitucional por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, «toda vez que no es la autoridad que emitió los conceptos desfavorables
de traslado ni la calificación insatisfactoria que la retira del servicio y excluye de la carrera
judicial»; o, en su defecto, negar las pretensiones de amparo en tanto no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la demandante.

Asimismo, advirtió la improcedencia de la solicitud de amparo, pues, una vez en
firme los actos cuestionados, pueden ser demandados en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

4
Ver índice 8 de Samai en el radicado 05001233300020230126800. Archivo denominado
«4_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CJO237766(.pdf) NroActua 8»
4

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

1.2.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia5 informó acerca de las
actuaciones adelantadas respecto de las solicitudes de traslado elevadas por la
demandante, así:

• El 6 de junio de 2022, radicó solicitud de traslado para idéntico cargo al que
desempeña respecto de los Juzgados 7 y 8 Civil del Circuito Judicial de Medellín,
frente a los que se emitió concepto desfavorable a través de la Resolución
CSJANTR22-984 del día 23 siguiente, en tanto no se adjuntó la calificación de
servicios en firme, tal como lo dispone el artículo 13 del Acuerdo PCSJA17-10754
del 18 de septiembre de 2017. Decisión que no fue recurrida.

• El 6 de febrero de 2023, radicó solicitud de traslado respecto del Juzgado Cuarto
Civil Circuito Judicial de Medellín, frente a la cual se emitió concepto desfavorable
a través de Resolución CSJANTR23-384 del 24 de marzo de 2023, en razón a que
dicha vacante no fue ofertada durante el mes de febrero anterior, como lo dispone
el artículo 12 del acuerdo ibidem; y porque para la fecha en que se peticionó lo
pertinente, la demandante se encontraba en licencia no remunerada de 3 meses,
«de manera que […] no se encontraba en ejercicio de sus funciones, situación
administrativa en la que se entiende separada del servicio y no hay lugar a ejercer los
derechos de carrera, para el caso elevar solicitud de traslado». Decisión que no fue
recurrida.

• El 12 de agosto de 2023, solicitó traslado por razones de salud respecto de «un
Juzgado ubicado en Medellín o Turbo donde exista un cargo que se encuentre vacante
en forma definitiva, y el cual cumpla las mismas características del cargo que
desempeño», oportunidad en que la que también se emitió concepto desfavorable
con Resolución CSJANTR23-1471 del 1 de septiembre de 2023, al desatender los
requisitos establecidos en los artículos 8, 9 y 17, toda vez que: i) la petición fue
extemporánea; ii) no especificó respecto de qué despacho pretendió el traslado de
acuerdo con las vacantes definitivas publicadas; y iii) no se adjuntó el diagnóstico
médico y recomendaciones de traslado suscrito por la EPS o la ARL, pues, la
historia clínica aportada «no cumplió con el requisito exigido en el artículo 8°, en tanto
tiene una vigencia superior a tres (3) meses; y tampoco cumplió lo exigido en el artículo
9º, específicamente lo estipulado en el literal a, citado en precedencia, de que “se
recomiende expresamente el traslado por la imposibilidad de continuar
desempeñando el cargo del cual es titular”; ya que el Psiquiatra no hizo recomendación
expresa de cambio de puesto de trabajo, lo que recomendó en la consulta fue evaluación
por seguridad y salud en el trabajo para cambio de puesto». (sic) Acto que no fue
recurrido.

• El 6 de septiembre de 2023, radicó nueva solicitud de traslado por razones de
salud para el cargo de igual denominación de los Juzgados 4 Civil del Circuito de
Judicial de Medellín y 5 Administrativo del Circuito Judicial de Turbo, respecto de
la que se emitió concepto desfavorable con Resolución CSJANTR23-1526 del 21

5
Ver índice 9 de Samai en el radicado 05001233300020230126800. Archivo denominado «
6_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_RV_RESPUESTAACCION(.zip) NroActua 9»
5

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

de septiembre de 2019, bajo similares razones a las expuestas en el último de
estos, toda vez, que no adjuntó el diagnóstico médico y recomendaciones de
traslado suscrito por la EPS o la ARL en las condiciones que exigen los artículos
8 y 9 del acuerdo tantas veces mencionado. Acto que no fue recurrido.

• El 8 de noviembre de 2023, radicó otra solicitud de traslado por razones de salud,
«y “en el caso de que no se me pueda favorecer […], entonces les pido se me tenga en
cuenta el traslado por razones del servicio», para los Juzgados 26 y 27 Laborales del
Circuito de Judicial de Medellín; oportunidad en la que, con Resolución
CSJANTR23-1960 del 27 de noviembre de 2023, se emitió concepto desfavorable
al desatenderse los requisitos de los artículos 8, 9, 13 y 17 ibidem, ya que: i) la
«psiquiatra no hace recomendación expresa de cambio de puesto de trabajo, lo que
reporta en la consulta es que se “remite nuevamente a Seguridad y Salud en el Trabajo
para recomendar el traslado del lugar de trabajo»; y ii) la calificación de servicios de
año 2022 que se adjuntó no estaba en firme, «según informó el titular del Juzgado 21°
Civil del Circuito de Medellín, Dr. Jorge Humberto Ibarra mediante oficio del 22-11-23».

Respecto a la petición subsidiaria de traslado por razones del servicio, se informó
que debía «ser solicitado ante el Consejo Superior de la Judicatura, quien es el
competente para pronunciarse, tal y como lo disponen los artículos 14°, 15° y 16° del
Acuerdo PCSJA17-10754 (18-09-17)».

Con fundamento en las actuaciones administrativas citadas, solicitó que se declare
la improcedencia de la solicitud de tutela en lo que a esa corporación se refiere,
pues los conceptos desfavorables proferidos «se encuentran en firme y gozan de
presunción de legalidad».

1.2.3. El Juzgado Veintiuno Civil del Circuito Judicial de Medellín6 solicitó que
se declare la improcedencia de la solicitud de tutela por no superar el requisito de
subsidiariedad, toda vez que, contra la calificación del año 2002, la demandante
interpuso recursos de reposición y apelación, los cuales se encuentran pendientes
de resolución.

Asimismo, refirió que, en el evento de que los recursos sean resueltos de manera
desfavorable, la demandante puede demandarlos ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y solicitar su suspensión.

1.2.4. La Dirección Seccional Ejecutiva de Administración Judicial de
Antioquia7 solicitó la desvinculación del asunto por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que, de acuerdo con sus competencias, no le
corresponde conceptuar sobre traslados ni garantizar la reubicación de un servidor
respecto del cual no ejerce «el poder nominador»; así como tampoco le es dable

6
Ver índice 12 de Samai en el radicado 05001233300020230126800. Archivo denominado
«9_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_RESPUESTATUTELARADIC(.pdf) NroActua 12»
7
Ver índice 13 de Samai en el radicado 05001233300020230126800. Archivo denominado
«11_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_DESAJMEO235406(.pdf) NroActua 13»
6

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

pronunciarse respecto a la calificación de servicios emitidas por las autoridades
nominadoras.
1.3. Sentencia de primera instancia8

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera mediante sentencia del 17 de
enero del 2024 declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que no se
superó el requisito de la subsidiariedad, toda vez que «no agotó previamente los
recursos con los que contaba para controvertir las resoluciones que negaron las solicitudes
de traslado y aún está pendiente de trámite el recurso de reposición contra la calificación
de servicios correspondiente al año 2022, que dispuso su retiro».

1.4. Escrito de impugnación9

Libia Marcela Cerén Hernández impugnó la decisión del a quo, pues, se declaró la
improcedencia de la solicitud de tutela «sin mención a las graves afectaciones de salud
física y mental por motivo de acoso laboral (como se relató en los hechos de la acción y se
probó con los documentos aportados al escrito inicial) y el incumplimiento a presupuestos
legales para la calificación de servicios, verbigracia, incluir periodos en la calificación en los
cuales no se prestó el servicio por incapacidad y disponer la desvinculación de una persona
estando incapacitada sin contar con la autorización previa del Ministerio del Trabajo, como
lo ordena el artículo 26 de la Ley 361 de 1997».

Refirió una errada interpretación de la causa petendi, en el entendido que lo
realmente pretendido es acudir a la solicitud de tutela como mecanismo transitorio,
con el fin de que no se le cause un perjuicio irremediable «al desvincularla de la Rama
(en caso de confirmarse la decisión) o conminarla a regresar a labores al Juzgado en donde
reiteradamente ha alegado sufrir un acoso laboral».

Asimismo, reiteró lo argumentos previamente expuestos en el escrito de tutela y
transcribió in extenso la sentencia T-161 de 2017 de la Corte Constitucional, en la
que se «dispuso, mediante la aplicación de la acción de tutela como mecanismo transitorio,
tutelar los derechos de una empleada de carrera judicial, a la cual se le violaron
sistemáticamente sus derechos fundamentales al debido proceso y estabilidad laboral
reforzada, disponiendo la suspensión de los efectos de actos administrativos en firme»,

1.5. Prueba sobreviniente allegada en segunda instancia10

La parte demandante allegó copia de la Resolución 002 del 26 de enero de 2024,
por medio del cual se resuelve el «Recurso de Reposición contra Resolución del 31 de
agosto de 2023», con la que el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito Judicial de
Medellín confirmó la calificación insatisfactoria de Libia Marcela Cerén Hernández y
la decisión de retirarla del servicio. y se expulsa de la carrera judicial, bajo

8 Ver índice 22 de Samai en el radicado 05001233300020230126800. Archivo denominado «
18_SENTENCIATUTELAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 22»
9 Ver índice 25 de Samai en el radicado 05001233300020230126800. Archivo denominado «

21_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 25»
10
Ver índice 4 de Samai. Archivo denominado «35_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 4»
7

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

argumentos contrarios a las normas aplicables, en especial, al artículo 26 de la Ley
361 de 1997.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) problema jurídico, iii)
procedencia de la tutela contra actos administrativos de desvinculación y iv) análisis
de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera.

2.2. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva, especialmente, el de subsidiariedad en tratándose de
actos administrativos contentivos de conceptos desfavorables de traslado y de
desvinculación?

De ser positiva la respuesta al anterior interrogante, deberá definirse si: ¿el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia y el juez Veintiuno Civil de Circuito de
Medellín vulneraron los derechos fundamentales de Libia Marcela Cerén Hernández
al proferir los conceptos desfavorables a las solicitudes de traslado, y la calificación
insatisfactoria y retiro del servicio, respectivamente, pese a sus particulares
condiciones de salud?

2.3. Procedencia de la solicitud de tutela

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.

212 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
8

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia13, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Procedencia de solicitud de tutela contra conceptos desfavorables de
traslado y actos administrativos de desvinculación

El artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991 establece la improcedencia de la
solicitud de tutela contra actos «de carácter general, impersonal y abstracto» y, de
manera excepcional, respecto de aquellos de contenido particular, en la medida en
que el ordenamiento constitucional y legal ha establecido mecanismos ordinarios de
defensa, dotados de todas las garantías que ofrece el derecho al debido proceso
con el objeto de discutir acerca de su legalidad, tal como lo señaló la Corte
Constitucional en la sentencia T-548 de 201014:

« […] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la improcedencia
de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, pues para
controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que
se ejerce ante la jurisdicción contencioso administrativa “gracias a la cual el interesado
puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los
derechos cuya protección se invoca. […]».

La anterior postura, de ninguna manera riñe con las facultades del juez de tutela
para suspender, de forma excepcional, la ejecución de actos administrativos de
carácter particular en los siguientes eventos: como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, cuando este se alegue y se pruebe dentro del
proceso por la parte demandante [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991], o como
mecanismo definitivo, cuando el mecanismo principal no sea eficaz e idóneo para
la defensa judicial de quien demanda. Así lo señaló la Corte Constitucional en
sentencia T-244 de 201015:

«[…] En este orden de ideas, la Corte ha decantado dos supuestos excepcionales en los
cuales el carácter de subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar
de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. La primera
de esas excepciones se encuentra prevista en el artículo 86 Superior, la cual se presenta
cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa existe, pero en
la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca,
excepción que no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por
la jurisprudencia de esta Corporación. […]».

13 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-

1121 de 2003.
14 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
15 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

9

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

Ahora, en cuanto al perjuicio irremediable, debe entenderse como aquel que
presenta las características de inminente, esto es que amenaza o está por
suceder; urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar su
consumación, aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave,
relacionado con el bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es
objetivamente [determinado o determinable] relevante para el afectado
e, impostergable, lo que determina que la tutela sea adecuada para el
restablecimiento del orden social justo en su integridad.

Dicho ello, respecto de los actos de desvinculación, el Alto Tribunal Constitucional
ha mantenido la regla general de la improcedencia de la solicitud de tutela, sin
embargo, ha determinado su carácter excepcional siempre y cuando se acredite la
carga probatoria suficiente que permita conceder el amparo solicitado a fin de evitar
un perjuicio irremediable:

«[…] La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, de manera reiterada, que
cuando la pretensión de quien ha sido retirado del servicio es lograr su reintegro, tal
solicitud debe tramitarse, en principio, por el mecanismo establecido por el legislador
para tal fin, es decir, a través de la acción contenciosa administrativa de nulidad y
restablecimiento del derecho. La posibilidad de acudir a la tutela como mecanismo
transitorio es excepcional, para lo cual es necesario establecer la existencia de un
perjuicio irremediable y acudir de manera oportuna ante el juez de lo contencioso
administrativo. […]»16

Por otra parte, en cuanto a los actos administrativos expedidos con ocasión de las
solicitudes de traslados, se advierte que son dos las posibilidades que se puede
presentar; pues, de proferirse un concepto favorable es claro que se trata de un acto
de trámite, con fundamento en el cual, el respectivo nominador definirá si hay lugar
o no este.

Situación distinta es, si el concepto emitido es desfavorable, pues es allí, donde la
administración define la situación concreta y particular de quien aspira a ser
trasladado, por lo que, en este escenario, es evidente que se trata de una acto
administrativo de carácter definitivo.

16 Ver entre otras las sentencias: SU-544 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett, en esta sentencia

se decidió el caso del Ex-Registrador Nacional Iván Duque Escobar quien alegaba que la designación
de una nueva persona en su reemplazo era contrario a la Constitución. La Corte denegó el amparo
pues existían otros medios de defensa judicial idóneos y existía un hecho consumado. T-343 de 2001,
MP: Rodrigo Escobar Gil, en esta sentencia se decidió una acción de tutela en la cual se estudiaba la
posible violación de los derechos al debido proceso y defensa, por existir al parecer vía de hecho en
un proceso policivo por restitución del espacio público promovido por la administración. La Corte
Constitucional confirmó los fallos de instancia que negaron el amparo de los derechos fundamentales,
por existir otro medio de defensa judicial (acción de nulidad y restablecimiento del derecho) y no
evidenciarse perjuicio irremediable; T-951 de 2004, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, en esta
sentencia se concedió la tutela de forma transitoria a empleada en provisionalidad del Departamento
de Risaralda que fue desvinculada mediante un acto administrativo sin motivación; T-132 de 2005 MP:
Manuel José Cepeda Espinosa, en esta sentencia se decidió el caso de ex empleada de Empresa
Social del Estado que se encontraba desempeñando el cargo de auxiliar de enfermería en
provisionalidad y fue desvinculada mediante acto administrativo no motivado. La Corte amparó su
derecho al debido proceso y ordenó a la entidad motivar el acto de desvinculación, si no lo hiciere o no
existiesen motivos ordena, en subsidio su reintegro.
10

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

Expuesto lo anterior, definir la procedencia de la solicitud de tutela respecto de
conceptos desfavorables de traslado, dependerá de las reglas aplicables cuando se
trata de un acto administrativo definitivo cualquiera, es decir, su procedencia
excepcional será el resultado de la debida acreditación probatoria que demuestre
que se agotaron los recursos de impugnación existentes ante la administración y
que la finalidad no es cuestionar su legalidad, sino evitar la configuración de un
perjuicio irremediable.

2.4. Análisis de la Sala

Libia Marcela Cerén Hernández acudió al juez de tutela con el fin de lograr el
amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, salud, dignidad humana, debido
proceso, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, tutela judicial efectiva y acceso
a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de los
conceptos desfavorables emitidos respecto de las solicitudes de traslado por parte
del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, y la calificación insatisfactoria
y consecuente retiro del servicio suscrita por el juez Veintiuno Civil del Circuito de
Medellín, en calidad de nominador, pese a su estado de salud.

En este punto, para mayor claridad de la situación particular de Libia Marcela Cerén
Hernández, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, la Sala encuentra
acreditado lo siguiente:

• Libia Marcela Cerén Hernández, luego de superar satisfactoriamente el
respectivo concurso de mérito, fue nombrada asistente judicial grado VI, en
propiedad, en el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito Judicial de Medellín a
través de Resolución 7 del 24 de agosto de 2021, cargo del cual tomó posesión
el 23 de septiembre siguiente.

• Formato de calificación integral de servicios periodo 27/09/2021 al 31/12/2021,
del 3 de octubre de 2022, correspondiente a 60 puntos «Satisfactoria», y de
cuya motivación se lee:

«Presenta serias dificultades para desempeñar las labores que le son asignadas.
Por tanto, la jornada laboral no le alcanza para hacer lo que le corresponde y genera
atrasos en el puesto. Debe implementar un método de trabajo que le permita cumplir
las funciones del cargo sin que sea necesario recordarle con frecuencia que debe
hacerlo. Es respetuosa en el trato con los compañeros de trabajo y con los usuarios
del juzgado.»

• Escrito del 4 de octubre de 2022, el cual no evidencia constancia de recibido,
dirigido a su nominador, a través del cual desiste a la renuncia a términos e
instauración de recursos de ley, respecto de la calificación de servicios antes
mencionada, en los siguientes términos:

11

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

• Acta de entrega a la demandante de funciones administrativas relacionadas
con las acciones constitucionales del 10 de octubre de 2022, de la que se
extrae:

• Acta de seguimiento de los tres primeros trimestres del año 2022, sin fecha,
de cuyo contenido se lee:

• Resolución 2 del 11 de enero de 2023, por medio de la cual el juez Veintiuno
Civil del Circuito Judicial de Medellín otorgó a la demandante el disfrute de
vacaciones por siete días, con ocasión de su interrupción a causa de una
incapacidad, los cuales corrieron del 11 al 17 de noviembre de 2023, de acuerdo
con las siguientes consideraciones:

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

• Solicitud de licencia no remunera presentada por la demandante el 26 de
enero de 2023, en los siguientes términos:

• Resolución 5 del 26 de enero de 2023, por medio de la cual se concedió la referida
licencia.

• Formato de calificación de servicios del periodo 01/01/2022 al 31/12/2022,
realizada el 30 de agosto de 2023, la cual fue de 43 puntos, «INSATISFACTORIA»,
lo cual condujo al retiro del servicio de la demandante, de cuya motivación se lee:

«[…] En este caso es preciso recordar que la calificada ingresó al Despacho judicial a mi
cargo el día 27 de septiembre de 2021. Ahora, aunque en el Juzgado existía un manual
de funciones para los diferentes cargos de empleados, y estaban establecidas en el plan
de trabajo de cada año, a la señora Libia Marcela no se le entregaron de entrada la
totalidad de estas, teniendo en cuenta que era una empleada nueva, y que nunca había
trabajado en un despacho judicial, pero se le advirtió que en la medida que fuera
adquiriendo destrezas le tocaría asumir las que le quedaron faltando. Al momento de la
posesión se le hizo entrega del archivo totalmente al día. Y el empleado que ella entraba
a reemplazar le dio toda las orientaciones y capacitaciones a las que ella voluntariamente
asistió, sobre las funciones a desempeñar, entrenamiento que también se dio por parte
de los demás integrantes del Despacho e incluso por compañeros de otras dependencias
judiciales. No obstante lo anterior, la empleada presentó serías o graves deficiencias en
el desempeño de su labor, por cuanto dejo acumular los expedientes que debían ser
archivados, no realizaba los reportes de los aranceles judiciales, no elaboraba ni remitía
a la oficina de reparto los formatos para la compensación de demandas retiradas o
rechazadas con el archivo. Cometía continuamente errores en todo lo relacionado con
la notificación de las providencias por estados, como en el registro de las actuaciones
en el programa siglo XXI, en la generación de las planillas, en la subida de los estados
y providencias al micrositio para que las partes pudiesen descargar las providencias que
se estaba notificando. No organizaba en debida los expedientes para remitirlos a surtir
el recurso de apelación ante el Tribunal, o lo hacía de manera tardía, al igual que
incumplió con la remisión oportuna de los procesos dirigidos a otros despachos o a los
municipales, muchas veces incluso los enviaba a donde no correspondían. Todo lo
anterior no obstante el continuo acompañamiento y revisión por parte de la secretaria
sobre el cumplimiento de las labores, quien le hacía el reparto del trabajo señalándole
de manera precisa lo que debía hacer en cada expediente y estaba de manera casi
permanente señalándole lo que estaba pendiente por realizar. Esta situación se presentó
incluso en el trámite de las acciones de tutela y esto obligó a que otras personas
(escribiente y secretaria) estuviesen pendientes de la notificación, remisión y demás de
tales acciones. Incurrió en errores en la subida de los memoriales a los procesos y en la
radicación de éstos. Presenta serias dificultades para notificar o posesionar a partes y
13

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

peritos que concurren al Despacho a hacerlo de manera presencial. Tiene serias
dificultades en el manejo de los programas que se utiliza la Rama Judicial para el registro
de actuaciones, para los estados electrónicos e incluso en la utilización del correo
electrónico. Todas estas falencias le fueron puestas de presente a la calificada en el
transcurso del año por parte de la señora secretaria, sino también por el suscrito al
momento de realizar la socialización del seguimiento realizado e 14 de octubre de 2022,
a los tres primeros trimestres del referido año. Oportunidad en la cual la empleada se
comprometió a presentar un plan de mejoramiento al Juez en el término de una semana,
pero no presentó plan alguno como era su obligación. Debe resaltarse que la empleada
se negó a firmar el acta respectiva. Además, a finales del año 2022, se realizó un
“Análisis del puesto de Trabajo” por la profesional Martha Adriana León, Especialista en
Seguridad en el trabajo, bajo la revisión del Doctor Andrés Felipe Robledo, Medico
adscrito al Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Ejecutiva
Seccional de la Rama Judicial de Antioquia, donde se le recomendó a la señora Libia,
entre otras cosas lo siguiente: “Se debe hacer el esfuerzo por mejorar las habilidades
ofimáticas, buscar n talento humano capacitaciones en software Sigo XXI de la rama
judicial, manejo en la nube, office 365, bases de datos y SharePoint, así como las demás
herramientas en las que se requieren para el óptimo desempeño del cargo. Compromiso,
que sabemos no fue cumplido tampoco por la señora Cerén Hernández, pese a que, por
el contrario, los demás integrantes del Despacho si tuvimos una intervención psicosocial
en el grupo (Consultoría Organizacional) que también había sido recomendada debido
al análisis del puesto. Consultoría en la que no participó la señora Cerén Hernández
dado que se fue en licencia no remunerada a comienzos de este año y por espacio de
tres meses. Todos los documentos que soportan la motivación anterior se anexaran a la
presente resolución, incluso algunos que corresponde a este año 2023, los cuales dan
cuenta que el desempeño laboral de la calificada no ha mejorado en nada a pesar de los
esfuerzos que en conjunto hemos realizado los demás integrantes del equipo de trabajo
del Juzgado, como se podrá verificar en la respectiva intervención psicosocial llevada a
cabo. […]» (sic)

• El 24 de diciembre de 2023, la demandante interpuso recurso de reposición, y en
subsidio de apelación, contra la referida calificación, la cual fue confirmada17 con
Resolución 2 del 26 de enero de 202418, al considerarse que «está conforme al
desempeño de la labor por parte de ésta, en donde no obstante tener claras las falencias
en el desarrollo de su labor, no puso de su parte para superar las mismas».

Asimismo, concedió «el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria ante el
Honorable Tribunal Superior de Medellín para que resuelva lo que corresponda».

Respecto de las peticiones de traslado radicadas ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia:

FECHA DE FUNDAMENTO ACTO QUE FUNDAMENTO
SOLICTUD RESUELVE
6 de junio Traslado de servidor de Resolución […] no es procedente en razón
de 2022 carrera, respecto de CSJANTR22- a que no adjuntó con su
igual cargo de los 984 del 23 de solicitud de traslado calificación
Juzgados Séptimo y junio de 2022, de servicios en firme, obtenida
Octavo Civil del notificada el en el cargo y despacho del cual
Circuito de Medellín y día 29 solicita el traslado, es decir
que no cuenta con siguiente. Juzgado 21° Civil del Circuito
de Medellín […]

17
Durante el presente trámite constitucional en segunda instancia
18
35_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 4
14

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

calificación de Concepto
servicios. desfavorable
6 de Traslado por Resolución […] el cargo para el cual
febrero de cuestiones de salud CSJANTR23- pretende trasladarse […] no fue
2023 respecto del Juzgado 384 del 24 de ofertado como vacante durante
Cuarto Civil del Circuito marzo de el mes de febrero de 2023.
de Medellín, con la 2023,
advertencia de que se notificada en la […] Por otro lado, la empleada
enteró de la vacante misma fecha. a partir del 27-01-2023 y hasta
averiguando, por lo Concepto el 27-04-2023 se encuentra
que, «de si estar desfavorable disfrutando de licencia no
disponible la vacante y no remunerada de tres (3) meses,
haber sido tomada ya en la cual fue concedida por el
propiedad, solicito se Juez 21 Laboral del Circuito de
requiera al Juzgado Medellín mediante Resolución
cuarto Civil del Circuito de
05 del 26-01-2023, de manera
Oralidad de Medellín,
para que proceda a que para el momento en que se
publicar la vacante en la realiza la solicitud de traslado
lista». (sic) no se encontraba en ejercicio
Se adjunta historia de sus funciones, situación
clínica, calificación administrativa en la que se
integral de servicios entiende separada del servicio
periodo 27/09/2021 al y no hay lugar a ejercer los
31/12/2021, derechos de carrera, para el
correspondiente a 60 caso elevar solicitud de
puntos «Satisfactoria» traslado.
y
12 de Traslado por Resolución […] que este dictamen médico,
agosto de cuestiones de salud y/o CSJANTR23- no cumple con el requisito
2023 por razones del servicio 1960 del 27 de exigido en el artículo 9º [del
«para un Juzgado noviembre de Acuerdo PCSJA17-10754],
ubicado en Medellín o 2023, específicamente lo estipulado
Turbo donde exista un notificada el en el literal a, citado en
cargo que se encuentre día 29 precedencia, de que “se
vacante en forma recomiende expresamente el
siguiente.
definitiva, y el cual traslado por la imposibilidad de
cumpla las mismas Concepto continuar desempeñando el cargo
características del cargo desfavorable
del cual es titular”; ya que la
que desempeño».
Se adjunta historia Psiquiatra no hace
clínica, calificación recomendación expresa de
integral de servicios cambio de puesto de trabajo, lo
periodo y otros que reporta en la consulta es
documentos relacionados que se “remite nuevamente a
con la situación de acoso Seguridad y Salud en el Trabajo
laboral manifestada. para recomendar el traslado del
lugar de trabajo”.

[…] si bien la servidora judicial
presentó calificación de
servicios del año 2022, ésta no
se encuentra en firme, según
informó el titular del Juzgado
21° Civil del Circuito de
Medellín, Dr. Jorge Humberto
Ibarra mediante oficio del 22-
11-23 al decir: “Mediante el
presente le informo que la
calificación del año 2022, de la

15

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

empleada Libia Marcela Cerén
Hernández, fue realizada
oportunamente por el suscrito
desde el día 30 de agosto del
corriente año, pero debido a que la
referida empleada le han ido
otorgando incapacidades
sucesivas desde el día 14 de
agosto de 2023, no fue posible
notificarla hasta el pasado 22 de
noviembre, fecha en la cual, vía
correo electrónico la calificada
solicitó se le remitiera la misma por
dicho medio. Así entonces, y
atendiendo a la fecha de
notificación la calificación
respectiva aún no se encuentra en
firme.”

[…] frente a lo solicitado por la
servidora judicial “…en el caso de
que no se me pueda favorecer el
traslado por motivos de salud,
entonces les pido se me tenga en
cuenta el traslado por razones del
servicio”; nos permitimos
informar que este ha de ser
solicitado ante el Consejo
Superior de la Judicatura, quien
es el competente para
pronunciarse, tal y como lo
dispone los artículos 14°, 15° y
16° del Acuerdo PCSJA17-
10754 (18-09-17).

6 de Traslado por Resolución […] La historia clínica aportada
septiembre cuestiones de salud, CSJANTR23- por la señora Libia Marcela
de 2023 para el cargo de igual 1526 del Ceren Hernández de fecha 30-
denominación al que 21/09/2023 12-2023 emitida por SAMEIN,
desempeña pero en el Entidad EPS y Medicina
Juzgado Cuarto Civil Prepagada Suramericana
del Circuito de (EPS) […]
Medellín, o para el
Juzgado 5
Administrativo del
Circuito de Turbo.

8 de Traslado por Resolución […] La señora Libia Cerén
noviembre cuestiones de salud y CSJANTR23- aporta con la solicitud de
de 2023 «en el caso de que no se 1960 del 27 de traslado un reporte de consulta
me pueda favorecer el noviembre de de control del 30-10-2023 de la
traslado por motivos de 2023, Entidad SAMEIN, suscrito por la
salud, entonces les pido notificada el Dra. Claudia Elena Gutiérrez
se me tenga en cuenta el día 29 […], pero evidencia esta
traslado por razones del
siguiente Corporación que este dictamen
servicio” del cargo que
ostenta en propiedad, médico, no cumple con el
Asistente Judicial Grado requisito exigido en el artículo
6 del Juzgado 21° Civil 9º, específicamente lo
del Circuito de Medellín, estipulado en el literal a, citado
para idéntico cargo en el en precedencia, de que “se
16

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

Juzgado 26° Laboral del recomiende expresamente el
Circuito de Medellín, o traslado por la imposibilidad de
para el Juzgado 27° continuar desempeñando el cargo
Laboral del Circuito de del cual es titular”; ya que la
Medellín». Psiquiatra no hace
recomendación expresa de
cambio de puesto de trabajo, lo
que reporta en la consulta es
que se “remite nuevamente a
Seguridad y Salud en el Trabajo
para recomendar el traslado del
lugar de trabajo”.

[…] si bien la servidora judicial
presentó calificación de
servicios del año 2022, ésta no
se encuentra en firme, según
informó el titular del Juzgado
21° Civil del Circuito de
Medellín, […]

[…] frente a lo solicitado por la
servidora judicial “…en el caso de
que no se me pueda favorecer el
traslado por motivos de salud,
entonces les pido se me tenga en
cuenta el traslado por razones del
servicio”; nos permitimos
informar que este ha de ser
solicitado ante el Consejo
Superior de la Judicatura, quien
es el competente para
pronunciarse, tal y como lo
dispone los artículos 14°, 15° y
16° del Acuerdo PCSJA17-
10754 (18-09-17).

De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, se observa que la solicitud de
tutela presentada por Libia Marcela Cerén se torna improcedente, como se pasa a
explicar:

Por una parte, si bien pareciera que se cuestionan los conceptos desfavorables de
traslado emitidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, y por ello
la pretensión de amparo principal se dirigió a que «se autorice la solicitud de traslado
que ha venido solicitando de manera insistente la señora LIBIA MARCELA CERÉN
HERNÁNDEZ a un cargo igual al que ganó en el concurso de méritos» (sic), lo cierto es
que no se satisface el requisito de subsidiariedad, pues, pese que en cada uno de
los cinco conceptos desfavorables se le informó a la demandante que «proceden los
recursos de ley como lo consagra el artículo 74 y ss del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que podrá interponer dentro de los diez
(10) días siguientes a su notificación», nunca los agotó19.

19 Si bien es cierto la Sala ha admitido la procedencia de la solicitud de tutela en casos donde se

cuestionan conceptos desfavorables de traslado, lo cierto es que ello depende de que se hayan
agotado en forma íntegra los medios de impugnación procedentes.
17

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

Adicionalmente, se observa que en el escrito de tutela ni en el de impugnación se
expresó motivación alguna que evidencie irregularidades respecto de las razones
que soportaron los referidos conceptos desfavorables de traslado, que permita un
estudio de fondo.

En este punto, llama la atención de la Sala las razones por las cuales el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia ha emitido conceptos desfavorables de
traslado, por ello, se le recomienda a la demandante que, de considerar nuevamente
solicitarlo, lo haga en los términos del Acuerdo PCSJA17- 10754 del 18 de
septiembre de 2017 y se guie con las consideraciones expuestas por dicha
autoridad en las oportunidades ya decididas, para no incurrir en los desaciertos que
le han sido advertidos.

Ahora, en cuanto a la calificación insatisfactoria de servicio de Libia Marcela Cerén
Hernández, la Sala debe concluir en igual sentido, pues, si bien ante esta instancia
quedó acreditado que el juez Veintiuno Civil del Circuito de Medellín la confirmó con
Resolución 2 del 26 de enero de 2024, lo cierto es, que también concedió el recurso
de apelación interpuesto ante el Tribunal Superior de Medellín, el cual se encuentra
actualmente en trámite.

Situación, que permite concluir que hasta este momento la calificación
insatisfactoria cuestionada no se encuentra en firme y, en consecuencia, tampoco
el consecuente retiro del servicio de la demandante en razón a ello.

A juicio de la Sala, se observa que la demandante acudió de manera precipitada
ante el juez de tutela, pues, como quedó acreditado, el hecho perjudicial como lo
sería su retiro del servicio no se ha consolidado, encontrándose en estudio ante las
autoridades competentes para ello.

Lo anterior, de ninguna manera desconoce la condición de «mujer cabeza de familia,
madre soltera y con diagnóstico mixto de depresión y ansiedad» de Libia Marcela Cerén
Hernández, solo que, previo a acudir al juez de tutela, era necesario agotar las
instancias administrativas correspondientes, por lo que, ni siquiera, como
mecanismo transitorito resulta procedente la solicitud de amparo en esta
oportunidad.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de enero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera mediante la cual declaró improcedente la
solicitud de tutela presentada por Libia Marcela Cerén Hernández contra el Consejo
18

Radicado: 05001-23-33-000-2023-00168-01
Demandante: Libia Marcela Cerén Hernández

Seccional de la Judicatura de Antioquia y el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de
Medellín, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

19

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