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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2023-00296-02

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2023-00296-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero, segundo, tercero y cuarto de la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en su lugar, disponer (se destacan los apartes objeto de la modificación): PRIMERO. AMPARAR los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad y salubridad públicas; la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles; y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de 44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Radicado: 05001-23-33-000-2023-00296-02 Demandantes: Salem Smith Arias Pulgarín y otro Demandados: INPEC y otros los habitantes (literales d, g, l y m del artículo 4 de la Ley 472 de 1998), y DECLARAR que están siendo vulnerados por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, y el municipio de Puerto Berrío, de conformidad con lo regulado en las Leyes 4150 de 2011, 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014 y el Decreto 204 de 2016. SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y al municipio de Puerto Berrío, que dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecución del contrato de consultoría, cuyo objeto es "Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del Orden Nacional a cargo del […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2023-00296-02

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C. nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 05001 23 33 000 2023 00296 02
Demandantes: Salem Smith Arias Pulgarín y Alejandro Gutiérrez Manco
Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Hacienda,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, departamento de Antioquia y
municipio de Puerto Berrío
Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Tema: Los derechos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público, a la seguridad y salubridad pública, a la seguridad
y prevención de desastres técnicamente previsibles y a la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes
Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC) en contra de la sentencia proferida el 12
de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se
ampararon los derechos colectivos invocados.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El 3 de marzo de 20231, los señores Salem Smith Arias Pulgarín y Alejandro
Gutiérrez Manco, promovieron la acción popular de la referencia, solicitando la
protección de los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad y salubridad públicas,
a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles y a la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes de Puerto Berrío, Antioquia.

Los demandantes formularon las siguientes pretensiones2:

En mérito de lo expuesto, solicitamos DECLARAR la amenaza y vulneración de los
derechos e intereses colectivos al GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN
Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO (literal d), LA SEGURIDAD Y
SALUBRIDAD PÚBLICAS (literal g), EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y

1 Visible a índice 16 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
2 Ibidem.

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-00296-02
Demandantes: Salem Smith Arias Pulgarín y otro
Demandados: INPEC y otros

PREVENCIÓN DE DESASTRES TÉCNICAMENTE PREVISIBLES (literal l) Y LA
REALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS
URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS, DE MANERA
ORDENADA Y DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS HABITANTES (literal m) de la población privada de la libertad en el EPMSC de
Puerto Berrío, Antioquia, el personal del INPEC y la comunidad vecina del Barrio El
Carmelo, vulnerados por las accionadas en la forma que fue argumentado y,
consecuentemente, se:

5.1. ORDENE al Municipio de Puerto Berrío, al Departamento de Antioquia, al Ministerio
de Justicia y del Derecho-Nación, a la USPEC y al INPEC, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, en el término prudente que consideren
los señores magistrados, elaboren y presenten un programa de creación de un nuevo
centro carcelario municipal con una capacidad similar o superior a la totalidad del
EPMSC de Puerto Berrío, que cumpla con la normatividad vigente para la erección (sic)
de este tipo de construcciones, para lo cual realizarán las apropiaciones presupuestales
requeridas; igualmente, que garantice condiciones mínimas de dignidad humana
atendiendo las decisiones que al respecto han venido tomando los jueces, en especial la
Corte Constitucional en Sentencias T-388 de 2013 y SU-122 de 2022.

5.2. ORDENE a las accionadas tomar las demás medidas necesarias que considere el
Tribunal para superar la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos
cuya garantía se busca a través de la presente acción, en un término prudente.

Subsidiariamente

5.3. ORDENE a las accionadas la intervención inmediata del EPMSC de Puerto Berrío,
ampliando la capacidad, repotenciando la estructura y realizando las adecuaciones
necesarias para que la infraestructura no colapse.3

1.2. Como sustento de las anteriores pretensiones la parte actora manifestó lo
siguiente:

Informó que el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de
Puerto Berrío, Antioquia, se encuentra ubicado en la calle 50 #10-03, barrio El Carmelo
y cuenta con una capacidad para albergar 150 personas privadas de la libertad (en
adelante PPL). No obstante, en la actualidad presenta un estado de hacinamiento.
Además, indicó que la última intervención realizada a dicha infraestructura tuvo lugar en
el año 1970.

Mencionó que la construcción se encontraba en la zona 1 – educativa y recreativa –
que tiene destinaciones residenciales y de servicios básicos y con uso para alto riesgo
colectivo prohibido, según lo establecido en el literal a) del artículo 16 del Acuerdo núm.
013 de 2000, que adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (adelante PBOT)
del municipio de Puerto Berrío.

Indicó que en el citado acto se diagnosticó sobre la cárcel municipal, lo siguiente:

Existen tres problemas graves en cuanto a la instalación física de la cárcel que son:
• Debido a la construcción de la calle 6, la institución quedó por debajo del nivel de ésta
(sic) ocasionando inundaciones dentro del edificio y especialmente en los patios donde
duermen los reclusos sobre el piso.
• Una losa presenta mal estado, este se evidencia en deflexiones y grietas pronunciadas.

3 Visible a folio 4 de documento denominado “012 Subsanación Demanda pdf” en el índice 2 del Sistema

de Gestión Judicial Samai.

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Demandados: INPEC y otros

• La red eléctrica al interior de la institución se encuentra expuesta lo que puede para (sic)
ocasionar desde un leve accidente hasta un incendio que acabe con la edificación. 4

Señaló que el 3 de febrero de 2018, la Personería Municipal realizó una visita al
establecimiento carcelario, junto con la Procuraduría Provincial, oportunidad en la cual
advirtieron la existencia de fisuras y agrietamientos en varias partes de la edificación.

Manifestó que el municipio de Puerto Berrío se encontraba adoptando un nuevo PBOT,
en cuyo documento se indicaría lo siguiente: “el sistema estructurante de centralidades
y equipamientos colectivos dispone: En la tabla a continuación se presentan los
equipamientos urbanos que se clasifican en estado regular y por lo tanto requieren una
intervención encaminada al mejoramiento y/o (sic) ampliación de la infraestructura.”5

Resaltó que desde el 2019, la Estación de Policía del municipio ha remitido informes
mensuales en los que se relacionan los internos que permanecen en dicha unidad,
poniendo de presente ante la Personería Municipal la situación de hacinamiento de las
PPL en un lugar que no fue diseñado para el cumplimiento de medidas de
aseguramiento o condenas de prisión preventiva, pues lo procedente es que en la
Estación únicamente permanezcan los sindicados por un término máximo de 36 horas.
Sin embargo, indicó que algunos han permanecido allí hasta por 12 meses, en
condiciones indignas y de difícil control, debido a que el personal de la policía no se
encuentra capacitado para ejercer funciones de custodia. Mencionó que dicha situación
obedecía a que el INPEC no estaba recibiendo más personas en sus centros de
reclusión.

Indicó que el 22 de agosto de 2022, la Procuraduría Provincial de Puerto Berrío efectuó
una nueva visita el establecimiento carcelario del mencionado, dejando constancia de
las deficiencias en la infraestructura del penal y de los riesgos que ello representaba
para los derechos de las PPL, del personal del INPEC y la comunidad vecina, ya que no
resistiría un evento sísmico, un incendio o una inundación.

Aseguró que dicho centro se encontraba en estado de hacinamiento y, adicionalmente,
que estaba ubicado en una zona residencial susceptible de la ocurrencia de siniestros,
dado que se encuentra próximo a instituciones educativas, al costado de una vía
nacional y frente a establecimientos que expenden licor, circunstancias que dificultan la
reacción oportuna de las autoridades ante situaciones imprevistas.

4 Folio 2 del escrito de demanda.
5 Folio 3 del escrito de demanda.

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Demandados: INPEC y otros

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Por auto del 8 de marzo de 20236, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
admitió la demanda instaurada por los señores Salem Smith Arias Pulgarín y Alejandro
Gutiérrez Manco en contra del INPEC, la USPEC, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el departamento de Antioquia y el municipio de Puerto Berrío.

2.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho (en adelante Minjusticia), el 13 de
marzo de 20237, dio respuesta al escrito de demanda oponiéndose a las pretensiones.

Indicó que las obligaciones funcionales sobre la administración, mantenimiento, control,
construcción de los establecimientos penitenciarios y carcelarios eran del INPEC o de la
USPEC, quienes cuentan con personería jurídica, por lo que el ministerio no podía ser
condenado por asuntos que no son de su competencia, por lo que no es el llamado a
responder por la vulneración de los derechos colectivos invocados.

2.3. El municipio de Puerto Berrío, el 23 de marzo de 20238, contestó la demanda
señalando que carece de competencia para responder por la vulneración de los
derechos colectivos, debido a que no es el propietario del terreno ni del inmueble.

Resaltó que el INPEC, en virtud de lo previsto en la Ley 65 de 1993, el Código Nacional
Penitenciario y Carcelario, el Decreto núm. 4150 de 2011 y el Decreto núm. 270 de
2010 es el llamado a realizar el mantenimiento y obras de la institución carcelaria, tal y
como lo han realizado en otras oportunidades.

2.4. El 28 de marzo de 2023, la USPEC dio respuesta manifestando lo siguiente:9

Expuso que los documentos aportados con la demanda no se encuentran actualizados,
por lo que no es claro si debe o no ser intervenido el centro penitenciario o la
construcción de uno nuevo.

Afirmó que, el municipio de Puerto Berrío ha omitido actualizar el PBOT en atención a
las nuevas realidades. Asimismo, mencionó que el INPEC, a través del Oficio núm.
2021EE0203763, indicó que no priorizaría las necesidades del establecimiento
carcelario de Puerto Berrío, por lo que la USPEC no puede realizar ninguna
intervención al respecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.12.4.1 del
Decreto 204 de 2016.

Argumentó que no ha incurrido en un acción u omisión sobre los deberes y obligaciones
de la entidad, además que la USPEC no es lo mismo que el INPEC ni tampoco una
dependencia de este, pues, si bien, hacen parte del Sistema Penitenciario y Carcelario
son dos instituciones públicas del orden nacional diferentes y autónomas, con funciones
y competencias específicamente distinguidas.

2.5. Departamento de Antioquia, el 28 de marzo de 202310, se pronunció sobre el
escrito de la demanda en los siguientes términos:

6 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
7 Visible en el documento denominado “034contestación demanda.pdf”, que reposa en el índice 2 del

Sistema de Gestión Judicial Samai.
8 Visible en el documento denominado “040contestaciónMPOPTOBERRIO.pdf”, que reposa en el índice 2

del Sistema de Gestión Judicial Samai.
9 Visible en el documento denominado “042 ContestaciónUSPEC.pdf”, que reposa en el índice 2 del

Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, señalando que la entidad departamental
no vulneró ni amenazó los derechos e intereses colectivos invocados.

Sostuvo que la Ley 2200 de 2022, estableció las competencias de los departamentos,
fijando tres esquemas que son: i) autonomía y descentralización territorial, ii)
coordinación, concurrencia y complementariedad y iii) subsidiaridad, dentro de los
cuales no se encuentra la construcción o intervención de la infraestructura penitenciaria
existente en el departamento de Antioquia.

Manifestó que el gobierno creó a la USPEC para la gestión y operación del suministro
de bienes y para la prestación de los servicios y la infraestructura y para brindar el
apoyo logístico y administrativo requerido para el adecuado funcionamiento de los
servicios penitenciario y carcelarios que se encuentran a cargo del INPEC.

Resaltó que el centro penitenciario de Puerto Berrío se encuentra a cargo del INPEC y
es esa entidad en compañía de la USPEC, quienes deben velar por la infraestructura
del establecimiento, la alimentación y la cobertura en salud de los PPL.

Afirmó que, de acuerdo con la Ley 65 de 1993, las personas privadas de la libertad en
calidad de condenadas son competencia del INPEC y las personas privadas de la
libertad en calidad de sindicadas están a cargo de los municipios, lo cual quedó
ratificado por la Corte Constitucional, en la sentencia SU122 de 2022.

2.6. El INPEC se pronunció el 28 de marzo de 202311, indicando que se oponía a
cada una de las pretensiones, debido a que no incurrió en ninguna omisión o
incumplimiento. Asimismo, dijo que no estaba dentro de sus funciones designar
presupuesto para la construcción de un nuevo centro carcelario, pues ello está a cargo
de la USPEC.

Puso de presente que se le hicieron una serie de intervenciones a la infraestructura
carcelaria y que, además, esta fue construida antes de que se expidiera el Acuerdo
núm. 013 de 2000.

Adujo que, según el artículo 15 de la Ley 65 de 1993, el Sistema penitenciario y
carcelario en Colombia no se encuentra solo en cabeza del INPEC, sino que son varias
las entidades del Estado que responden por este, específicamente Minjusticia, quien
crea las políticas públicas sobre prevención o manejo del delito y la USPEC, la cual
tiene a cargo la infraestructura, salud, alimentación y apoyo logístico, por lo que es esta
última la llamada a responder por la vulneración de los derechos colectivos invocados.

Añadió que sus funciones se limitaban únicamente a la custodia del personal privado de
la libertad y buscar la resocialización de los internos.

Solicitó que se vinculara como parte al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por ser
una entidad que tiene dentro de sus funciones y deberes la apropiación presupuestal y
asignar rubros para el cumplimiento de las órdenes judiciales.

10 Visible en el documento denominado “049 ContestaciónDepartamento.pdf”, que reposa en el índice 2

del Sistema de Gestión Judicial Samai.
11 Visible en el documento denominado “0053 ContestaciónINPEC.pdf”, que reposa en el índice 2 del

Sistema de Gestión Judicial Samai.

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2.7. El señor Mauricio José Cardona Serna, en calidad de Personero Municipal de
Puerto Berrío12, solicitó coadyuvar las pretensiones. Mencionó que, en cumplimiento de
sus funciones ha venido realizando actividades tendientes a garantizar los derechos de
las personas privadas de la libertad que se encuentran en el establecimiento de dicho
municipio.

2.8. En auto de 14 de julio de 202313, el Tribunal resolvió tener como coadyuvante a
la Personería Municipal de Puerto Berrío y vinculó al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, como litisconsorte necesario.

2.9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 23 de agosto de 2023, se
pronunció sobre el escrito de demanda, comentando que no había transgredido ninguna
disposición de carácter constitucional o legal ni generó una amenaza o vulneración de
derechos e intereses colectivos. Además, los actores no mencionaron que dicho
ministerio había incurrido en alguna responsabilidad.

Enunció que no cuenta con las competencias para asumir la carga del mantenimiento
de las infraestructuras de otras ramas del poder público.

Por otro lado, formuló las excepciones de “Improcedencia de la acción popular respecto
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, “Inexistencia de violación a los derechos
e intereses colectivos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, falta de
prueba –Carga probatoria”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”,
“INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES FUERA DE LA COMPETENCIA LEGAL DEL
MINSTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO” y “UNA SENTENCIA
DESFAVORABLE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
VULNERARÍA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD”.14

2.10. El 23 de octubre de 2023, se declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento15.

2.11. A través de auto de 25 de octubre de 202316, el Tribunal Administrativo de
Antioquia decretó las pruebas del proceso.

2.12. Posteriormente, en auto del 11 de abril de 202417, se ordenó correr el traslado
para alegar de conclusión.

2.13. En auto de 24 de julio de 2024, ordenó decretar de oficio como prueba el
Certificado de Tradición y Libertad del inmueble donde se ubica el establecimiento
penitenciario de Puerto Berrío.

III. MEDIDA CAUTELAR

12
Visible en el documento denominado “0068CoadyuvanciapopEPMSC.pdf”, que reposa en el índice 2
del Sistema de Gestión Judicial Samai.
13
Visible en el documento denominado “0066 Autocoadyuvanteylitisconsorcio.pdf”, que reposa en el
índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
14
Visible en el documento denominado “0075 ContestacióndemandaMinisteriodeHacienda.pdf”, que
reposa en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
15 Visible en el documento denominado “0100 Actaaudienciapactodecumplimiento.pdf”, que reposa en el

índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
16 Visible en el documento denominado “0102 Autodecretapruebas.pdf”, que reposa en el índice 2 del

Sistema de Gestión Judicial Samai.
17 Visible en el índice 98 del Sistema de Gestión Judicial Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia.

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3.1. Con el escrito de demanda los actores solicitaron que se decretara la siguiente
medida cautelar:

4.1. ORDENE al Municipio de Puerto Berrío, al Departamento de Antioquia, al Ministerio
de Justicia y del Derecho-Nación, a la USPEC y al INPEC, en el marco de sus
competencias, o con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos, la realización inmediata del estudio patólogo recomendado en el informe de
inspección visual levantado por el Ing. Luis Alfonso Hinestroza Lloreda en
representación de la dependencia de Planeación Municipal.

4.2. ORDENE al Municipio de Puerto Berrío, al Departamento de Antioquia, al Ministerio
de Justicia y del Derecho-Nación, a la USPEC y al INPEC, en el marco de sus
competencias, implementar perentoria e integralmente las recomendaciones del estudio
patólogo solicitado en el punto anterior, con el fin de prevenir la materialización de los
riesgos establecidos en los múltiples informes, v.gr., colapso, incendio, evento sísmico,
etc.

4.3. ORDENE a las accionadas las demás intervenciones inmediatas que considere el
Honorable Tribunal sean requeridas para que el EPMSC de Puerto Berrío no colapse
hasta tanto se resuelva la presente acción.

3.2. En proveído de 24 de marzo de 202318, el Tribunal Administrativo de Antioquia
resolvió:

PRIMERO. DECRETAR LA MEDIDA CAUTELAR solicitada por la parte actora, acorde
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. ORDENAR al MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO y la UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC-, lo siguiente:

2.1. Contratar, de conformidad con las normas legales, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, un estudio completo de patología
estructural –vulnerabilidad estructural frente a cargas verticales y sísmicas, eléctrica e
hidráulica- en el que se defina la viabilidad –económica, jurídica y técnica- así como el
procedimiento de adecuación estructural sismo resistente, eléctrica e hidráulica para la
repotenciación, reforzamiento o demolición que se recomienda realizar en el
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE PUERTO
BERRIO, ANTIOQUIA.

2.2. Las conclusiones del estudio deberán presentarse dentro del mes (1) siguiente, al
USPEC, e indicar el cronograma de ejecución de obra.

2.3. Una vez obtenido los resultados del estudio, la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC-, deberán ejecutar las
recomendaciones, para lo cual contarán con el apoyo logístico y técnico del INPEC en
todo lo que sea de su competencia legal.

2.4. La contratación y ejecución de las obras de infraestructura que arroje el estudio
ordenado, correrá por cuenta del USPEC y el MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, en
partes iguales, entidades que deberán realizar la respectiva apropiación presupuestal
para el efecto.

18 Visible en el documento denominado “0038Autoresuelvemedidacautelar.pdf”, que reposa en el índice 2

del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Demandados: INPEC y otros

2.5. Mientras se ejecutan las obras correspondientes y en caso de ser procedente, las
entidades demandadas (MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC- y el INPEC- coordinarán las medidas
urgentes o necesarias para proteger la integridad de los internos del Centro
Penitenciario de Puerto Berrío.

Dicha decisión se fundamentó en las fallas que presenta la infraestructura del centro
carcelario de Puerto Berrío en el sistema sísmico, la exposición de la parte eléctrica y el
riesgo de inundación. Lo que generaba que se elaborara un estudio patológico que
sirviera para repotenciar la estructura del centro carcelario.

3.3. En contra de la anterior providencia el municipio de Puerto Berrío interpuso
recurso de apelación, el cual fue concedido en auto del 2 de mayo de 2023, en el efecto
devolutivo ante el Consejo de Estado.

3.4. El 12 de mayo de 202319, el expediente fue allegado por reparto al Despacho
sustanciador.

3.5. Mediante auto del 20 de junio de 202520, el Consejero Oswaldo Giraldo López, en
virtud de lo establecido en el inciso 7° del artículo 323 del Código General del Proceso,
incorporó el expediente con radicado núm. 2023-00296-01 al proceso con radicado
núm. 2023-00296-02, para que en el fallo fuera resuelta la apelación presentada contra
la providencia que decretó la medida cautelar.

IV. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

4.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 12 de diciembre de
2024, amparó los derechos colectivos invocados. Específicamente, en la parte
resolutiva se dispuso21:

[…] PRIMERO. AMPARAR los derechos colectivos al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad y salubridad públicas;
la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles; y; la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes (literales d, g, l y m del artículo 4 de la Ley 472 de 1998), y DECLARAR
que están siendo vulnerados por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, y el municipio de
Puerto Berrío, de conformidad con lo regulado en las Leyes 4150 de 2011, 65 de 1993,
modificada por la Ley 1709 de 2014 y el Decreto 204 de 2016.

SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC,
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y al municipio de Puerto Berrío,
que dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecución del contrato de consultoría,
cuyo objeto es "Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de
vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y
ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales
de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del Orden Nacional a cargo del
INPEC”, ID-2023-265, con referencia USPEC-CM-A-027-2023; los tiempos de ejecución
del contrato que posteriormente tendrá un término aproximado a 6 meses. (…) se
ordenará efectuar las siguientes actividades:

19 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai del expediente 05001 23 33 000 2023 00296

01.
20
Visible a índice 12 del Sistema de Gestión Judicial Samai del expediente 05001 23 33 000 2023 00296
01.
21 Visible a índice 97 del Sistema de Gestión Judicial Samai del Tribunal Administrativo del Tolima.

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-00296-02
Demandantes: Salem Smith Arias Pulgarín y otro
Demandados: INPEC y otros

• La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, el Instituto Nacional
Penitencia y Carcelario – INPEC, y el municipio de Puerto Berrío deberán evaluar la
viabilidad jurídica en cuanto a la titularidad del predio donde se encuentra ubicado el
EPMSC de Puerto Berrío, para implementar las conclusiones a que se llegue en el
estudio.

• La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC debe presentar las
conclusiones ante los actores populares, el municipio de Puerto Berrío, así como el
cronograma de ejecución de obra que se prevé para la repotenciación, reforzamiento o
demolición que se recomienda realizar en el Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad de Puerto Berrío, Antioquia.

• La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, el Instituto Nacional
Penitencia y Carcelario – INPEC, y el municipio de Puerto Berrío, implementarán las
conclusiones a que se llegue en el estudio en un término de dos (2) años. Las entidades
deberán brindar todo el apoyo logístico, técnico y financiero en todo lo que sea de su
competencia legal.

• La contratación y ejecución de las obras de infraestructura que arroje el estudio
ordenado correrá por cuenta de la USPEC y el municipio de Puerto Berrío, en proporción
80 – 20 respectivamente, entidades que deberán realizar la respectiva apropiación
presupuestal para el efecto.

• Mientras se ejecutan las obras correspondientes, la USPEC- y el INPEC, coordinarán
las medidas urgentes o necesarias para proteger la integridad de los internos del Centro
Penitenciario de Puerto Berrío, en especial para que no se incrementen los cupos de
internos que se alberga actualmente.

TERCERO. Se designa al señor Director Regional del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario - INPEC, al Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-
USPEC, Alcalde Municipal de Puerto Berrío, y al actor popular, para que conformen el
Comité de Verificación del cumplimiento de la presente sentencia, quienes rendirán en el
término de doce (12) meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia, un informe
único detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en pro del cumplimiento
efectivo de esta providencia. Del mismo modo, integrará el Comité, esta Corporación
Judicial, quien lo presidirá, con el objeto de que una vez allegado al expediente el
informe anterior, se efectúe sobre dicho escrito un pronunciamiento acerca del
cumplimiento de la decisión judicial.

CUARTO. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, propuesta por la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de
Hacienda y del Departamento de Antioquia.

QUINTO. NEGAR las demás pretensiones de la parte demandante.

SEXTO. REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

SÉPTIMO. NO CONDENAR EN COSTAS en esta instancia, conforme lo expuesto.

Los argumentos que expuso el Tribunal para tomar la anterior decisión fueron los
siguientes:

3.1.1. En principio, procedió a enlistar las diferentes pruebas aportadas al plenario y
que servían de sustento para demostrar las condiciones de hacinamiento y las
condiciones de la infraestructura del establecimiento penitenciario y de mediana
seguridad y carcelario de Puerto Berrío.

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-00296-02
Demandantes: Salem Smith Arias Pulgarín y otro
Demandados: INPEC y otros

Al descender al caso en concreto, indicó que el mencionado centro presentaba una
grave situación de hacinamiento, pues había sido construido para 150 internos y el 14
de noviembre de 2023, informaron que allí albergaban 286 internos en intramural y 76
privados de la libertad con beneficio administrativo.

Resaltó que desde el 2019, el inmueble presentó varias afectaciones que constituyeron
factores de riesgo, tanto para las personas privadas de la libertad como para la
comunidad vecina, estos son: incendio, inundaciones, movimientos en masa, epidemias
y plagas, fugas de gas e intoxicaciones. Por lo tanto, era evidente la vulneración de los
derechos colectivos invocados.

Posteriormente, procedió a precisar cuáles eran las normas que regulaban cada una de
las funciones de las entidades demandadas, así: i) Minjusticia – artículo 2 Decreto núm.
2897 de 2011, ii) Ministerio de Hacienda – Decreto núm. 4712 de 2008, iv) INPEC –
artículo 1° Decreto núm. 4151 de 2011, Ley 1709 de 2011 y Decreto núm. 1069 de
2015, v) USPEC – artículo 2 Decreto núm. 4150 de 2011 y vi) entidades territoriales –
Ley 65 de 1993, artículos 17, 18 y 19, Ley 715 de 2001 y Ley 1709 de 2014.

Señaló que la infraestructura requerida para la atención, rehabilitación y tratamiento de
los internos debía ser definida conjuntamente por la USPEC y el INPEC en el comité de
coordinación de funciones y competencias en materia penitenciaria y carcelaria.

Sobre el municipio de Puerto Berrío, adujo que le asistían responsabilidades frente a las
personas privadas de la libertad, por lo que le correspondía poner en marcha acciones
tendientes a direccionar recursos y ejecutar las apropiaciones presupuestales
pertinentes para contribuir de forma efectiva a la superación del estado de cosas
inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria.

Afirmó que Minjusticia, el Ministerio de Hacienda y el departamento de Antioquia no
estaban llamados a responder por la vulneración de los derechos colectivos invocados.

IV. El RECURSO DE APELACIÓN

4.1. El INPEC22 el 18 de diciembre de 2024, interpuso recurso de apelación en el que
expuso que no hace parte de sus obligaciones la creación, modificación y
mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios
que están a cargo de esa entidad, pues dichas funciones le fueron escindidas mediante
el Decreto núm. 4150 de 2011 a la USPEC. Por lo tanto, es esta la llamada a responder
por la vulneración de los derechos colectivos y respecto del INPEC procede la
excepción de falta de legitimación en la causa.

Mencionó que el Tribunal desconoció las funciones del INPEC y las equiparó con las
que son de la USPEC.

Señaló que los alcaldes son la primera autoridad de policía de los municipios y son a
quienes les corresponde conservar el orden público, ello de conformidad con el numeral
2 del artículo 315 de la Constitución Política, por lo que les corresponde asegurar el
cumplimiento de la medida de aseguramiento de detención preventiva de los habitantes
de su territorio. Lo cual, también encuentra sustento en el artículo 12 de la Ley 1709 de
2014, modificó el artículo 21 de la Ley 65 de 1993.

22 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Demandantes: Salem Smith Arias Pulgarín y otro
Demandados: INPEC y otros

Resaltó que, ante el incumplimiento de las entidades territoriales a la obligación prevista
en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, el INPEC en virtud de la colaboración entre
entidades ha recibido población sindicada.

Manifestó que el Decreto núm. 4150 de 2011, creó la USPEC y estableció que era la
encargada de garantizar la creación, reforma y el mantenimiento de la infraestructura de
los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC, norma que fue
desconocida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Sostuvo que, el Decreto núm. 4151 de 2011 definió las funciones del INPEC; sin
embargo, allí no se estableció que las obligaciones fueran las de construir, mantener o
reformar los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Precisó que el INPEC no era la encargada de contratar los servicios necesarios para
atender la población privada de la libertad ni crea la infraestructura, lo cual antes
manejaba el Minjusticia y en la actualidad está a cargo de la USPEC. Por lo tanto, es
esa última entidad la que debe representar a la Nación como parte pasiva en el
presente proceso.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5.1. Mediante auto del 8 de mayo de 202523, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación promovido por el INPEC y ordenó prescindir del traslado para
alegar de conclusión.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El procurador delegado ante el Consejo de Estado, el 20 de mayo de 2025, emitió
concepto indicando lo siguiente:

Manifestó que los lineamientos en materia de infraestructura necesaria para la atención,
rehabilitación y tratamiento de los internos debe ser definida de forma conjunta por la
USPEC y por el INPEC.

Asimismo, expuso que las entidades territoriales son responsables de las personas
detenidas preventivamente o sindicadas, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 65 de
1993, por lo que deben poner en marcha todas las acciones tendientes a direccionar
recursos y apropiación de presupuestos, para superar las situaciones inconstitucionales
en materia carcelaria.

Afirmó que, de acuerdo con el material probatorio que reposa en el expediente existió la
transgresión de los derechos colectivos invocados por parte del INPEC, la USPEC y el
municipio de Puerto Berrío. Por lo tanto, la sentencia del 12 de diciembre de 2024, debe
ser confirmada.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda

23 Visible a índice 4 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Demandados: INPEC y otros

instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos
colectivos.

7.2. Cuestión previa

De acuerdo con los antecedentes, en el presente proceso se encuentra pendiente de
resolver el recurso de apelación radicado por el municipio de Puerto Berrío contra el
auto de 24 de marzo de 2023, mediante el cual se decretó una medida cautelar.

Cabe recordar que, la medida cautelar tiene un carácter provisional, toda vez que su
objeto se dirige a evitar, de forma transitoria, la afectación de un derecho o interés
colectivo mientras se dicta la sentencia. En efecto, la Sección Primera del Consejo de
Estado, definió las medidas cautelares como "aquellos instrumentos con los cuales el
ordenamiento jurídico protege, de manera provisional y mientras dura el proceso, la
integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso"24.

Comoquiera que, en la presente decisión se resolverá el recurso de apelación
instaurado por el INPEC en contra de la sentencia del 12 de diciembre de 2024, la cual
hará tránsito a cosa juzgada, es claro que la alzada contra el decreto de la medida
cautelar queda integrada y subsumida a la controversia principal.

Sobre el particular, es de advertir que el artículo 323 del CGP autoriza que, «[e]n caso
de apelación de sentencia, el superior decidirá en ésta todas las apelaciones contra
autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible».

En el presente asunto, estando pendiente de resolver las apelaciones contra el auto
que decretó la medida cautelar y la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta
que ambas decisiones no van en contravía, resulta posible que las dos impugnaciones
se resuelvan en la decisión de fondo.

Así las cosas, se declarará la carencia de objeto del recurso de apelación del municipio
de Puerto Berrío contra el auto de 24 de marzo de 2023, mediante el cual se decretó
una medida cautelar. Tal como lo efectuó en su momento la Sección en la providencia
del 30 de octubre de 202525:

Finalmente, en la providencia que dispuso levantar la medida cautelar decretada se
sostuvo que no compartía los argumentos expuestos por la parte actora, en el sentido de
que la medición que se realizó en el curso de la inspección judicial carecía de rigor
técnico y valor probatorio, pues dicha medición correspondía a una prueba que, valorada
en su conjunto con las demás, le permitían al Tribunal afirmar que la construcción del
proyecto Basilio no se superponía con zonas de recuperación de la ciénaga de la Virgen,
ni estaba ubicado en zona de ronda hídrica de ese cuerpo de agua.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que como la medida cautelar
decretada en auto de 20 de septiembre 2024 fue levantada por el Tribunal en
providencia de 8 de octubre de 2025 y, por ende, ya no produce efecto alguno, resulta
inane cualquier pronunciamiento que se efectúe respecto del recurso interpuesto contra
la misma, pues el mismo carece de objeto y, en consecuencia, releva a la Sala de
referirse al desistimiento de dicho recurso.

24 Consejera de Estado, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, sentencia de 25 de
mayo de 2018, radicado 25000-23-41-000-2013-00443-01.
25 Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, auto del 30 de octubre de

2025, radicado 13001-23-33-000-2023-00326-01.

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En consecuencia, la Sala declarará la carencia de objeto del recurso de apelación
interpuesto contra la medida cautelar decretada por el Tribunal en auto de 20 de
septiembre de 2024, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

7.3. Planteamiento

De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, la Sala advierte que el aspecto
en controversia es la ausencia de vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados por parte del INPEC, pues, para este, no está dentro de sus funciones las de
construir, mantener o reformar los establecimientos penitenciarios y carcelarios, ya que
dichas acciones son propias de la USPEC y del municipio de Puerto Berrío. Mientras
que, para el Tribunal Administrativo de Antioquia dichas autoridades debían actuar de
manera coordinada debido a que estas integran el comité de coordinación de funciones
y competencias en materia penitenciaria y carcelaria y la entidad territorial es la
responsable de las PPL en su territorio.

7.4. Análisis de la Sala

7.4.1. Sobre la vulneración de los derechos colectivos

Así las cosas, la Sala tendrá que definir si el INPEC vulneró los derechos e intereses
colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público, a la seguridad y salubridad públicas, a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles y a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, si el establecimiento
penitenciario y carcelario de Puerto Berrío presenta hacinamiento y su infraestructura
se encuentra en mal estado.

7.4.1.1. Previo a descender al caso concreto, la Sala se ocupará de presentar el marco
normativo de las funciones asignadas al INPEC, a la USPEC y a las autoridades
territoriales:

i) El Decreto núm. 4151 del 3 de noviembre de 2011, “Por el cual se modifica la
estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras
disposiciones” estableció el objetivo del INPEC, sus funciones y determinó que los
establecimientos de reclusión formaban parte de sus estructuras, así:

Artículo 1°. OBJETO. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tiene
como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas
privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad
electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como
consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas establecidas por
el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y
protección de los derechos humanos.

Artículo 2°. FUNCIONES. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC,
tendrá las siguientes funciones:

(…)

5. Crear, fusionar y suprimir establecimientos de reclusión, de conformidad con los
lineamientos de la política penitenciaria y carcelaria.

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6. Custodiar y vigilar a las personas privadas de la libertad al interior de los
establecimientos de reclusión para garantizar su integridad, seguridad y el cumplimiento
de las medidas impuestas por autoridad judicial.

7. Vigilar a las personas privadas de la libertad fuera de los establecimientos de
reclusión para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad
judicial.

(…)

16. Determinar las necesidades en materia de infraestructura, bienes y servicios para
cumplir con sus objetivos y funciones, y requerir su suministro a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, SPC.

(…)

Artículo 7°. ESTRUCTURA. La estructura del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, INPEC, será la siguiente:

(…)

7.1. Establecimientos de Reclusión.

ii) El Decreto núm. 4150 de 3 de noviembre de 2011, “Por el cual se crea la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y estructura”,
reguló las funciones de la USPEC y escindió las funciones administrativas del INPEC,
como se observa a continuación:

Artículo 1o. ESCISIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO - INPEC. Escíndanse del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario las
funciones administrativas y de ejecución de actividades que soportan al INPEC para el
cumplimiento de sus objetivos, las que se asignan en este decreto a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC y a las dependencias a su cargo.

(…)

Artículo 4o. OBJETO. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, tiene
como objeto gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la
infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado
funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC.

Artículo 5o. FUNCIONES. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC,
cumplirá las siguientes funciones:

(…)

2. Desarrollar e implementar planes, programas y proyectos en materia logística y
administrativa para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y
carcelarios que debe brindar la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.

3. Definir, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -
INPEC, los lineamientos que en materia de infraestructura se requieran para la
gestión penitenciaria y carcelaria.

(…)

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Demandados: INPEC y otros

5. Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de
adquisición, suministro y sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y
tecnológicos y de infraestructura que sean necesarios para la gestión
penitenciaria y carcelaria.

(…)

7. Promover, negociar, celebrar, administrar y hacer seguimiento a contratos de
asociaciones público-privadas o de concesión, o cualquier tipo de contrato que se
suscriba que tengan por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación
y prestación de servicios asociados a la infraestructura carcelaria y penitenciaria.

11. Diseñar e implementar sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de los
planes, programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de la misión
institucional.

12. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la Entidad
[Negrillas fuera de texto].

iii) El Decreto núm. 204 de 2016, “Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Justicia y del Derecho, y se definen las competencias de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec), para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1709 de 2014”,
dispone:

Artículo 2.2.1.12.2.6. Infraestructura para la efectiva prestación de los servicios
penitenciarios y carcelarios. La infraestructura para la efectiva vigilancia,
custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad,
compuesta, entre otros, por las celdas, los puestos y mecanismos electrónicos de
control y vigilancia, los espacios requeridos para el trabajo, el estudio y la enseñanza,
así como las áreas administrativas de los centros de reclusión, estará a cargo de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Parágrafo. La lista de los elementos mencionados en el presente artículo es meramente
ilustrativa y no excluye bienes y servicios que se requieran para el funcionamiento del
sistema penitenciario y carcelario, de acuerdo a las competencias de cada entidad.

(…) [Negrillas fuera de texto].

Artículo 2.2.1.12.3.2. Integración del Comité de Coordinación de Funciones y
Competencias INPEC-USPEC. El Comité de Coordinación de Funciones y
Competencias INPEC-USPEC estará integrado por los siguientes funcionarios:

1. El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y
del Derecho, o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), o su delegado.

3. El Director de la Unidad de Servicios Penitenciarlos y Carcelarios (USPEC), o su
delegado.

(…)

Artículo 2.2.1.12.3.4. Funciones del Comité de Coordinación de Funciones y
Competencias Inpec – Uspec. El Comité de Coordinación de Funciones y
Competencias Inpec - Uspec, tendrá las siguientes funciones:

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1. Diseñar el programa general de actividades conjuntas reguladas en el presente
capítulo, y las demás que se deriven del marco normativo que rige el sistema
penitenciario y carcelario.

2. Armonizar la planeación de cada institución para asegurar la ejecución coordinada de
funciones.

3. Hacer seguimiento a la ejecución de actividades conjuntas establecidas en el
programa general de que trata el numeral 1 del presente artículo, así como a los
compromisos adquiridos por cada institución integrante en cada sesión.

4. Recomendar los lineamientos metodológicos y los contenidos básicos de los planes
de necesidades anuales que el Inpec entregará a la Uspec en cada vigencia fiscal.

5. Procurar los mecanismos para dar solución a las necesidades cotidianas e inmediatas
de los establecimientos de reclusión.

6. Orientar las decisiones de priorización de acciones que surgen del plan de
necesidades de Inpec.

Las decisiones del comité serán adoptadas en consenso. En caso de presentarse
disenso, este será dirimido por el Viceministro de Política Criminal del Ministerio de
Justicia y del Derecho, quien podrá proponer fórmulas alternativas.

Parágrafo. El programa general de actividades del que trata el numeral 1 del presente
artículo contendrá actividades específicas, indicadores de gestión y demás elementos
necesarios para asegurar un correcto seguimiento al cumplimiento del mismo.

iv) Ley 65 de 1993, por medio de la cual se asignan las competencias de las
autoridades territoriales en relación con los establecimientos penitenciarios y
carcelarios, prevé:

Artículo 17. cárceles departamentales y municipales. Corresponde a los
departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de
Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración,
sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente
y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de
autoridad policiva.

Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los
hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de
policía, éstas continuarán conociendo de los mismos.

Los castigados por contravenciones serán alojados en pabellones especiales.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las
cárceles de las entidades territoriales.

En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas
necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones
de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y
suministros, compra de equipos y demás servicios.

Los gobernadores y alcaldes respectivamente se abstendrán de aprobar o sancionar
según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los
requisitos señalados en este artículo.

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La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración
de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los
centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario [Negrillas fuera de texto].

(…)

Artículo 19. recibo de presos departamentales o municipales. Los departamentos o
municipios que carezcan de sus respectivas cárceles podrán contratar con el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se
consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los
departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y
remuneraciones:

a) Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión;

b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las
cárceles nacionales.

c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos.

d) Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si son de
propiedad de los departamentos o municipios.

PARÁGRAFO. Las cárceles municipales podrán recibir presos nacionales en las
mismas condiciones en que los centros de reclusión nacionales reciben presos
municipales.

v) La Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.” en su artículo
76 reguló las competencias de los municipios en otros sectores, específicamente sobre
el tema carcelario indicó:

Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas
en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros
recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial
ejercer las siguientes competencias:

(…)

76.6. En materia de centros de reclusión

Los municipios en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
Inpec, podrán apoyar la creación, fusión o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas
preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la
libertad. (Subrayas de Sala)

7.4.1.2. Por otro lado, es necesario traer a colación el estado de cosas inconstitucional
en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país ha sido declarado por la Corte
Constitucional a través de las sentencias T-153 de 199826, T-388 de 201327, T-762 de
26 Sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
27 Sentencia T-388 del 28 de junio de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.

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201528 y SU- 122 de 202229, en las que se expusieron las problemáticas y principales
causas de la violación masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas
de la libertad.

• En la sentencia T-153 de 1998

En este fallo, la Corte Constitucional buscó determinar si las condiciones en las que
estaban albergados los internos de las cárceles nacionales Modelo de Bogotá y
Bellavista en Medellín violaban sus derechos fundamentales, a partir del análisis del
hacinamiento en ambos centros de reclusión y, además, evaluó la sobrepoblación
carcelaria en el país, para declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional.
Aclaró que la sobrepoblación carcelaria iba en contravía de los objetivos del sistema
penitenciario que busca la resocialización del infractor de la ley penal y sostuvo con
apoyo jurisprudencial constitucional30, que a los reclusos, pese a soportar un vínculo de
sujeción para con el Estado que les limita algunos derechos31, se les debe proteger los
derechos a la vida, a la integridad, a la dignidad, la igualdad, a la libertad religiosa, a la
salud y al debido proceso.

De acuerdo con lo anterior, la Corte ordenó notificar la existencia del estado de cosas
inconstitucional a las autoridades competentes y al INPEC, al Ministerio de Justicia y
del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación elaborar un plan de
construcción y refacción carcelaria, que debería cumplirse totalmente en un término
perentorio para garantizar a los internos de los centros de reclusión condiciones
mínimas de dignidad; separar los internos sindicados de los condenados en las
prisiones; tomar medidas necesarias para resolver carencias de personal especializado;
y a las entidades territoriales adoptar medidas necesarias para cumplir con su
obligación de crear y mantener centros de reclusión propios.

• En la sentencia T-388 de 2013

En este fallo, la Corte determinó que las autoridades demandadas vulneraban los
derechos a la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la resocialización de los
internos, por las lamentables condiciones de reclusión y en especial, por el grave
hacinamiento que atravesaban los centros penitenciarios objeto de la acción de tutela32.

La Corte dijo que el sistema penitenciario y carcelario se encontraba nuevamente en un
estado de cosas inconstitucional33 causado por fallas estructurales de la política criminal
a lo largo de todas sus etapas34 y refirió que el exceso del castigo penal y la reclusión
28 Sentencia T-762 del 16 de diciembre de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
29 Sentencia SU- 122 del 31 de marzo de 2022. M.P. Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo Shlesinger y

José Fernando Reyes Cuartas.
30 Las sentencias T-424 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz; T-522 de 1992, MP Alejandro Martínez

Caballero; T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; T-219 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-
273 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera; T- 437 de 1993, M.P.
Carlos Gaviria Díaz; T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de 1996, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
31 A los reclusos se les suspenden los derechos de libertad física, locomoción y derechos políticos y

restringe los derechos de la intimidad, de reunión o asociación, libre desarrollo de la personalidad y
libertad de expresión.
32 Evaluó 9 expedientes de tutelas presentadas por personas privadas de la libertad en 6 diferentes

centros penitenciarios así: la cárcel de Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá,
Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán y la de Barrancabermeja.
33 Pese a las cuantiosas inversiones efectuadas con ocasión de la observancia a las órdenes impartidas

en la sentencia T-153 de 1998 del Tribunal Constitucional, lo cual permitía considerar la superación de la
problemática.
34 Normativa, investigación y judicialización procesal y de ejecución de pena (política carcelaria).

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generaba una demanda de cupos para la privación de la libertad y de condiciones
lamentables que era insostenible para el Estado, en ese sentido, le impuso órdenes
específicas a los establecimientos y autoridades carcelarias objeto de las acciones de
tutela interpuestas por los reclusos35.

En esa ocasión, la Corte ordenó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Justicia y del Derecho y del INPEC que convocara al Consejo Superior de Política
Criminal para continuar con la adopción de medidas necesarias para superar el estado
de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario, así como remitir los informes de
verificación a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para
constatar el cumplimiento de la sentencia frente a las órdenes dadas.

• En la sentencia T-762 de 2015

La Corte Constitucional puso de presente que la situación en los centros de reclusión
seguía siendo contraria a la Constitución de 1991, por lo que reiteró el estado de cosas
inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario, declarado en la sentencia T-
388 de 2013, “[…] como consecuencia de la existencia de fallas estructurales en él,
relacionadas directamente con la Política Criminal adoptada por el legislador, derivando
en el compromiso masivo de varios derechos fundamentales en el país, como se
desprende de las verificaciones efectuadas en cada uno de los 16 centros de reclusión
sobre los que versa el presente análisis […]”.

Las problemáticas estructurales identificadas por la Corte Constitucional en la sentencia
previamente citada fueron: i) la desarticulación de la política criminal y el estado de
cosas inconstitucional; ii) hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos;
iii) reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas. Falta de articulación
de las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia y del Derecho; iv) sistema de
salud del sector penitenciario y carcelario del país, y v) las condiciones de salubridad e
higiene son indignas en la mayoría de los establecimientos penitenciarios, lo que
constituye un trato cruel e inhumano propiciado por el Estado.

Frente a la reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas, resaltó que, a
pesar de las órdenes emitidas desde 1998 dirigidas a las diferentes entidades estatales
para lograr separar a los condenados de los sindicados, éste sigue siendo un problema
grave que influye en la crisis del sistema penitenciario y carcelario del país.

Sostuvo que según lo informado por el Ministerio de Justicia y del Derecho “[…] a nivel
nacional, de las 119.378 personas privadas de la libertad en los establecimientos
penitenciarios a cargo del INPEC, el 38% de la población, es decir 44.322 internos, son
detenidos preventivamente (sindicados) […]”.

35 El estado de cosas inconstitucional se generó “…por cuanto (i) los derechos constitucionales de las

personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada; (ii) las obligaciones de
respeto, protección y garantía, derivadas de tales derechos, han sido incumplidas de forma prolongada;
(iii) el Sistema ha institucionalizado prácticas claramente inconstitucionales, dentro de su funcionamiento
cotidiano; (iv) hay una ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y presupuestales que se
requieren con urgencia; (v) la solución de los problemas estructurales compromete la intervención de
varias entidades, que deben realizar acciones complejas y coordinadas; y, finalmente, (vi) si todas las
personas privadas de la libertad que se ven enfrentadas al mismo estado de cosas presentaran acciones
de tutela (u otros mecanismos de defensa de sus derechos), tal como lo hicieron los accionantes de las
tutelas acumuladas en esta oportunidad, el sistema judicial se congestionaría aún más de lo que está
ocurriendo. [...]”.

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Recordó que, conforme con lo dispuesto en los artículos 17 a 22 de la Ley 65 de 1993
modificados y/o adicionados por la Ley 1709 de 2014, las entidades territoriales
(departamentos, municipios, áreas metropolitanas y distritos) son competentes para
crear, fusionar, suprimir, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles
para las personas detenidas preventivamente, por lo que le solicitó al Ministerio de
Justicia y del Derecho llamar a los entes territoriales para que se involucren al proceso
de formación y adecuación que está adelantando esa cartera ministerial y dispongan
todas las acciones administrativas, presupuestales y logísticas para así dar
cumplimiento con las obligaciones impuestas por la Ley 65 de 1993 y sus
modificaciones.

Con el propósito de contener la grave situación que se presenta en el Sistema
Penitenciario y Carcelario del país y detener la vulneración de los derechos de la
población privada de la libertad, la Corte profirió unas órdenes de carácter general o
estructural para dar forma y dinamismo al estado de cosas inconstitucionales declarado
en el 2013.

Así, creó una delegación encargada del seguimiento del estado de cosas
inconstitucionales en materia carcelaria en la que el liderazgo del seguimiento lo
asumiría la Defensoría del Pueblo, la vigilancia del cumplimiento de la sentencia estaría
a cargo de la Procuraduría General de la Nación y la “articulación de las entidades
concernidas” estaría a cargo del Ministerio y de la Presidencia de la República.

La Corte Constitucional fijó unas condiciones para la superación del estado de cosas
inconstitucionales y estableció unos criterios generales y específicos para determinar la
posibilidad de su levantamiento.

Frente a los criterios generales señaló que su declaratoria perdurará mientras no se
verifique que las medidas asumidas por la administración para llegar a superarlo hayan
impactado en forma favorable a los reclusos, y que tal impacto tenga vocación de
progresividad y sea sostenible en el tiempo.

En cuanto a los criterios específicos precisó que se deben consolidar metas que se
impondrán respecto de todas las problemáticas analizadas en la sentencia,
específicamente, en lo que atañe al carácter masivo del desconocimiento de los
derechos fundamentales sostuvo que tendrá varias etapas: una fase inicial en la que las
medidas de política pública empezarán su implementación; una fase intermedia hacia la
renovación de la política criminal; una tercera fase intermedia hacia la renovación de la
política criminal y, finalmente, una cuarta fase de superación del carácter masivo del
compromiso de derechos.

Sobre el hacinamiento y la reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas,
aspectos relevantes en el presente proceso, señaló que la situación jurídica de las
personas sindicadas se caracteriza por la indefinición de su participación o de la
comisión de una conducta punible, pues aún en ese estadio, no se ha hecho
declaración de culpabilidad alguna; no obstante, se encuentran condenados y
sindicados en un mismo establecimiento penitenciario.

En esa medida, la Corte Constitucional sostuvo que las personas sindicadas debían
estar recluidas en un lugar aislado de la cárcel, diferente al dispuesto para la privación
de la libertad de las personas que han sido condenadas por algún crimen. Afirmó que lo
anterior permitirá efectuar sistemas de disciplina y seguridad particulares, que
propendan por la convivencia de los sindicados, pero en el entendido de que como
quiera que no hayan sido declarados culpables de ningún delito, no puede tratárseles

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como tales; los programas de resocialización entonces no resultan congruentes con su
situación, y el tiempo deberá emplearse en otros menesteres.

En la sentencia T-762 de 2015, además de las órdenes generales previamente
reseñadas para la superación del estado de cosas inconstitucionales, se dispuso lo
siguiente dieron unas órdenes concretas para los establecimientos penitenciarios y
carcelarios del Municipio de Pereira y Santa Rosa de Cabal

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que aunque las órdenes dadas por la Corte
Constitucional en consonancia con las medidas establecidas por el Gobierno Nacional a
través de los CONPES permitirán dar solución a la problemática carcelaria del país
tanto a mediano como a largo plazo, incluida la situación del centro penitenciario de
Puerto Berrío; sin embargo, ello no impide que mediante la acción popular se emitan
órdenes específicas para la protección de los derechos colectivos de las PPL recluidas
en dicho establecimiento, más cuando de las pruebas aportadas en el expediente, es
posible advertir, que se encuentra en mal estado y presenta hacinamiento y que las
decisiones no contradicen ni van en contravía de lo dispuesto por la Corte.

7.4.1.3. Teniendo claro lo anterior, previo a descender al caso concreto la Sala analizará
el material probatorio que resulta relevante y que fue allegado al expediente con el fin
de resolver el cuestionamiento expuesto en párrafos anteriores:

a) Oficio 2021EE0003117 del 8 de enero de 202136:

Cordial saludo,

Con todo respeto me permito dirigirme a su Honorable Despacho, con el respeto a
acostumbrado con el fin de remitirle dar respuesta clara y oportuna a su petición elevada
por usted vía correo electrónico.

Respecto de su solicitud se tiene lo siguiente.

(…)

Dificultades: Hoy en día es ampliamente conocido por parte de la Personería Municipal,
por parte del INPEC, la Uspec y Gestión Del Riesgo Departamental, Y Procuraduría
Local Y Departamental que las instalaciones con las que contamos son obsoletas y
espacios reducidos para la gran cantidad población Reclusa con la que cuenta el Penal.
Alertas: como alerta temprana se bien manejando desde hace mucho tiempo las
instalaciones físicos del Penal, pues tienen grietas dentro y fuera de las instalaciones
que ponen can alto riesgo la Vida integridad de la población Reclusa y Funcionarios del
mismo Penal, pues se tiene que la antigüedad del Penal considerada y el tipo el agua y
el sol deterioran constantemente la edificación, como lo manifesté anteriormente en las
dificultades todas esas instituciones conocen de esta alerta o dificulta.

Recomendaciones: Hoy en día, la recomendación importante y creo que los Jueces,
Personeros y Procuradores deben tener en cuenta es el alto indice de hacinamiento con
el que contamos, pues es bien sabido por todo el país que el crecimiento población
Recluso siempre tiende a crecer y las instalaciones del INPEC siguen siendo las mismas
desde hace mucho tiempo, entonces en una situación como esta es como un carro sin
frenos, el INPEC no da abasto con las edificaciones porque no eran más Penales y la
Política Criminal no ayuda mucho.

36 Folio 9 del documento denominado “0020Anexos6.1.1.pdf”.

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Gracias a la gestión del director del establecimiento y servidores públicos diligentes de la
Institución, se ha logrado ingresar más personal administrativo para apoyar las labores
de las áreas requeridas por dependencias, no queriendo decir que el problema de
personal está resuelto, aún hay mucho personal del cuerpo de custodia y vigilancia
desempeñando labores no correspondientes a sus funciones del cargo.

Reubicar el Penal en otro lugar que brinde mejores condiciones de seguridad para la
Población Porteña, población Reclusa y Funcionarios, pues se ha tocado el tema
reiterativamente con la Alcaldía Municipal, la Personería, se le ha escrito al INPEC,
Uspec y hay poca gestión, todo sigue igual, Dios permita que no suceda un daño
irremediable por la tardía, decidía o negligencia de hacer lo que se debe hacer, pero
como es un país que siempre esperamos a que las cosas pasan, para poder llegar a
realizar lo que con mucho tiempo atrás estaba pronosticado. (Subrayas de la Sala)

b) El Acuerdo núm. 013 de 2000 “Por el cual se adopta el plan básico de ordenamiento
territorial, se definen los usos del suelo para los territorios rural y urbano y se
establecen algunas reglamentaciones”37, prevé:

5.3.5.2.4 Cárcel.

Está ubicada sobre la calle 6, conformando una manzana completa, desarrollada en dos
plantas. Cuenta con cuatro patios para hombres y un patio para las mujeres, para un
total de 136 internos, de los cuales el 70% son de Puerto Berrío.

Existen tres problemas graves en cuanto a la instalación física de la cárcel que son:

❖ Debido a la construcción de la calle 6, la institución quedó por debajo del nivel de ésta
ocasionando inundaciones dentro del edificio y especialmente en los patios donde
duermen los reclusos sobre el piso.

❖ Una losa presenta mal estado, este se evidencia en deflexiones y grietas
pronunciadas.

❖ La red eléctrica al interior de la institución se encuentra expuesta lo que puede para
ocasionar desde un leve accidente hasta un incendio que acabe con la edificación.

Se construyeron talleres nuevos, que están sin estrenar debido a la falta de
instalaciones eléctricas. La unidad sanitaria de los patios esta en mal estado y no presta
el servicio adecuado a excepción del patio de las mujeres.

La cárcel cuenta con dos compañías de 6 dragoniantes (sic) cada una, los cuales
duermen en unos alojamientos en mal estado y estrechos, incluida la unidad sanitaria.

5.4.4.2.5 Cárcel

Área Urbana

La cárcel en Puerto Berrío se encuentra ubicado en la carrera 10 con calle 6 en el barrio
El Carmelo, zona residencial del municipio. Esta es de orden nacional con capacidad
para 150 reclusos. Cuenta con todos los servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado;
energía y Teléfono). El alcantarillado presenta problemas de cota (la red está por debajo
de cota del alcantarillado externo) y de capacidad (diámetro de evacuación de las aguas
lluvias y residuales son insuficientes), razón por la cual en épocas de lluvia se inundan
todos los patios de la cárcel en especial los patios 1, 2, y 3. Los cables de energía se
encuentran expuestos por todas las paredes. (Subrayas de la Sala)

37 Visible en el documento “0021Anexos6.1.2.pdf”.

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c) Informe del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y
Recuperación de Desastres de Antioquia del 26 de noviembre de 201938:

[…] Observaciones

El establecimiento cuenta con 2 niveles, donde se cuenta con 4 patios para PPL
masculinas y 1 patio (Patio 5) para PPL femeninas con una Unidad de Tratamiento
Especial (UTE), UTE para PPL masculinas, dos aulas educativas, sanidad, rancho, taller
de carpintería, cancha, área administrativa, oficinas, archivo y alojamiento para personal
del INPEC. El establecimiento fue construido en el año 1940 y fue intervenido para
ampliación como finalidad en el año 1970 (INPEC, 2019); desde esto, la estructura no ha
sido repotenciada, y por lo tanto no cuenta con normativa sismo resistente NSR-98 ni
NSR-10; a pesar que, de acuerdo a la NSR-10 este municipio se encuentra en amenaza
sísmica intermedia, y presenta cercanía al nido sísmico de Bucaramanga.
Adicionalmente, al estar ubicado sobre la vertiente Oeste del río Magdalena y un relieve
plano de baja elevación, en el establecimiento también se presentan inundaciones.

Actualmente el establecimiento tiene una capacidad máxima real de 150 internos, para
el día de la visita nos encontramos un total de 303 PPL, lo que indica las condiciones de
hacinamiento que se tienen en el establecimiento.

(…)

ÁREA ADMINISTRATIVA

El área administrativa corresponde al primer lugar que se visita, allí se observan algunos
problemas estructurales como: fisuras verticales, tal como se observa en la oficina del
director (Imagen 2 A), humedades en paredes en el área de la escalera (Imagen 2 B),
escalera lisa, por lo que se recomienda incorporar cintas antideslizantes, baldosas mal
pegadas, lo que consiste en un riesgo para las personas que por aquí transiten (Imagen
2 C); también se observan algunos tomacorrientes sin tapa o protección (Imagen 2 D);
por otro lado, el área presenta buena señalización, adecuado manejo de residuos
sólidos, extintor vigente y alarma funcional, aunque esta tiene un único sonido, por lo
que no diferencia entre distintas emergencias (Imagen 2 E-G).

(…)

CORREDORES

Se describe la situación encontrada en algunos corredores al interior del
establecimiento, en la visita, se observan algunas falencias en la infraestructura física,

38 Documento “0050InformeDAPARD”.

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tanto en el piso, como en las paredes y techo ya que se observan algunas
discontinuidades y oquedades que pueden generar accidentes, también se observa
desprendimiento del concreto en paredes, debido a la mala calidad de este (Imagen 4
C), en estas áreas, se observa también la problemática de cableado eléctrico expuesto
y, adicionalmente, se observa que tanto la guardia como las PPL, utilizan ventiladores
sin caja de protección (Imagen 4 E).

(…)

PABELLÓN FEMENINO

En el establecimiento, se encuentran también PPL femeninas, estas mujeres se
encuentran actualmente en el patio 5, donde se encuentra la celda, lavadero, y una
Unidad de Tratamiento Especial (UTE) que actualmente se utiliza como bodega.

PATIO 5
En el patio 5 se encuentra el PPL femenino, que para el día de la visita consiste en
solamente 11 PPL, en esta área, se identifican principalmente problemas de
humedades, varias de estas inclusive presentan desarrollo de moho, se observan en la
base de las paredes (Imagen 7 A), posiblemente por capilaridad y en los cubre ventanas
del segundo piso (Imagen 7 B). Adicionalmente, se observa cableado eléctrico expuesto
y ausencia de tapas de protección de cajas eléctricas.

(…)

PABELLÓN MASCULINO
El PPL masculino representa la mayor población en el establecimiento y se encuentran
distribuidos en 4 patios, los cuales cuentan con celdas y colectivos, donde se acomoda
un total de 292 PPL masculinas, normalmente las observaciones realizadas son muy
generales y se presentan en la mayor parte del establecimiento.
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PATIOS

Las observaciones realizadas en cada patio, usualmente se replican a los demás patios,
principalmente en términos de las condiciones encontradas en la infraestructura física
como humedades, deficiencia en la distribución y protección del cableado eléctrico,
problemas en llaves y desagües, entre otros. Particularmente para el caso del Patio 4,
se presentan hallazgos como humedades, algunas con desarrollo de moho (Imagen 9 A
y G), cables conectados directamente a la corriente eléctrica sin ningún tipo de enchufe
protector (Imagen 9 C y D), huecos y fracturas en la baldosa (Imagen 9 E), problemas en
la distribución del agua ya que algunas llaves están averiadas, por lo que se utilizan
palos para disminuir el caudal perdido de agua (Imagen 9 F) y deficiencia en el sistema
de drenaje, ya que el diámetro de las rejillas es mínimo y una de ellas se encuentra
taponado, por lo que no se alcanza a evacuar rápidamente el agua y se agrava el
problema de inundación en el establecimiento; adicionalmente, se recomienda mejorar el
sistema de manejo y disposición de residuos sólidos. En el patio 3, se tiene el acceso al
punto de encuentro y el punto de acopio para separación de residuos reciclables; se
tiene también la UTE masculina, donde actualmente un interno se encuentra aislado por
tuberculosis.

(…)

Conclusiones, recomendaciones o compromisos

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1. Durante la visita realizada en el ERON de Puerto Berrio, se logran identificar los
siguientes escenarios de riesgo:

• Incendio
• Inundaciones
• Vientos y vendavales
• Movimientos en masa
• Epidemias y plagas
• Sismo
• Exposición por fugas de gas
• Intoxicaciones
• Terrorismo
• Derrame de líquidos peligrosos (Sobre la vía)
• Accidentes laborales

2. Se recomienda conformar brigadas de emergencia, incendios, y de evacuación con
funcionarios que realmente estén activos y laboren dentro del ERON, de ser necesario
estas brigadas deben actualizarse según el personal del INPEC disponible. Se debe
tener claridad en cuanto a las obligaciones de cada brigada durante una emergencia,
dichas responsabilidades se deben poner en práctica durante los simulacros a realizar.

3. Se recomienda que el encargado de Gestión de Riesgo del ERON asista a los
CMGRD.

(…)

9. Se recomienda fortalecer la señalización en algunas zonas del establecimiento,
pertinencia de extintores y fortalecer la red de botiquines y camillas de emergencias;
ubicando estos en lugares estratégicos.

10. Se recomienda hacer recubrimiento o protección de cableado eléctrico que se
encuentra expuesto, en la medida de lo posible para evitar riesgo eléctrico, de
cortocircuito o posibles detonantes para la generación de incendio estructural.

11. Se recomienda incorporar barandales en la terraza y despejar el área de tránsito de
la guardia; esto con el fin de evitar accidentes laborales. (Subrayas de la Sala)

d) Informe inspección visual alcaldía de Puerto Berrío de agosto de 2022:

[…] 2. SISTEMA ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA SISMICA.

En el sitio se encontró como sistema estructural de la edificación muros en bloque de
concreto sin confinamientos verticales y horizontales, muros de aproximadamente 20cm
y algunos pórticos incompletos dispersos, Debido a la configuración estructural del
edificio y a que los pórticos encontrados no son cerrados y se encuentran dispersos, la
estructura encontrada no se clasifica dentro de ninguno de los sistemas estructurales
establecidos en la NSR-10, capítulo A.3.2

Por lo anterior la estructura existente es inadecuada para resistir adecuadamente las
cargas laterales provenientes de un evento sísmico.

se presenta arquitectónica del edificio, que incluye luces considerables, se conforma el
sistema estructural de vigas y columnas, clasificándose como un sistema de pórticos
resistentes a momentos, de acuerdo con las indicaciones de la NSR-10, capítulo A.3.2.

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2.1 Elementos verticales:

La estructura incluye columnas rectangulares, no distribuidas de manera ortogonal en el
edificio; las cuales conforman pórticos incompletos transmitiendo inadecuadamente las
cargas a la cimentación, también se presentan muros en bloque de concreto los cuales
tienen confinamiento inadecuado y en algunos casos no presentan ningún tipo de
confinamiento.

Algunas de las vigas no se conectan con las columnas, trasmitiendo las cargas
gravitacionales a los muros, los cuales no presentan la resistencia adecuada para ello,
estas cargas excéntricas han producido alabeo y perdida de la verticalidad de algunos
de estos muros.

La gran mayoría de los muros y algunas columnas presentan problemas de
carbonatación del concreto.

Las columnas tienen parte del refuerzo expuesto y con problemas graves de corrosión,
resaltando el hecho que el refuerzo de las columnas y los muros es acero liso y falta de
estribos, lo cual no es permitido por la NSR-10 para elementos que forman parte de un
sistema de resistencia sísmica.

(…)

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

 Luego de revisar la edificación podemos afirmar que la edificación se encuentra
seriamente averiada, con un índice de daño y riesgo sísmico alto, sumado a lo anterior
las losas de entrepiso presentan deformaciones, siendo critico el estado de
conservación de la losa que se encuentra en el patio 1, la cual está al borde del colapso.

 Debido a que la edificación es de más de 82 años, la mayoría de los elementos
estructurales que la componen no cumple los parámetros sísmicos establecidos por el
código colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10, por lo anterior se debe
realizar un estudio patólogo detallado que brinde las herramientas necesarias para
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efectuar la repotenciación de la estructura, hasta tanto no se realice la repotenciación de
la estructura es pertinente el desalojo de la misma.

e) Con la contestación de la demanda el INPEC aportó un informe en el que
indicaba las necesidades que presentaba el establecimiento carcelario y penitenciario
de Puerto Berrío y solicitaba la priorización de mejorar en la infraestructura:

(…)

515 EPMSC PUERTO BERRIO

• Cambio de la red eléctrica de los patios 2, 3, 4, 5 la cual se encuentra en pésimo
estado y atenta contra la vida e integridad de los PPLs, cambio de transformador que
surte de energía al establecimiento ya que no hay una nivelación de cargas y afecta la
subestación eléctrica generando apagones y daños a los aparatos eléctricos y a la
iluminaria del establecimiento, reparación y/o cambio de la planta eléctrica del
establecimiento.

• Adecuación, ampliación y cambio de la red hidrosanitaria del establecimiento y cajas
de evacuación de aguas residuales a su vez individualización de las aguas negras de
las aguas, lluvias ya que todas llegan al mismo punto de evacuación, a su vez
humedades en la zona administrativa que se presentan por fallas en la tubería de los
baños del alojamiento del patio 4.

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Demandantes: Salem Smith Arias Pulgarín y otro
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• Construcción de la oficina de atención al ciudadano en la parte semiexterna del
establecimiento.
• Instalación de la red de gas domiciliario para el rancho y panadería del
establecimiento
• Remodelación, adecuación y mejoramiento de paredes, pisos, techos, rejas, pintura,
de los pabellones y alojamientos destinados para los PPLs. Ya que dicha estructura
data de hace más de 70 años
• Adecuación de pisos, paredes, rejas, puertas, y red eléctrica primer piso zona
administrativa, cambio de techos de las zonas de talleres, oficinas de financiera y
atención y tratamiento
• Instalación de las concertinas alrededor del establecimiento, patios, y mayas de
seguridad en las rejas de los patios.
• Cambio de los camarotes de los alojamientos para la toda la PPLs
• Suministro de sillas ergonómicas para todos los puestos de trabajo administrativo y
de seguridad
• Encerramiento con malla de seguridad para el techo de los pabellones 1, 2, 3 y 4 en
las áreas comunes de los pabellones.
• Cambio del arco detector de metales, mantenimiento de la silla boss y detector de
metales manuales (garret).
• Estantería y mobiliario para las áreas administrativas y archivo central.

f) Respuesta INPEC del 14 de noviembre de 2023 39:

Cordial saludo,

Por medio del presente escrito, me dirijo a su Honorable Despacho con el respeto
acostumbrado, con el fin de dar respuesta clara y oportuna al oficio allegado por su
despacho el día 10 de noviembre de 2023 a las 15:11 allegado por su despacho
mediante correo electrónico tadmin20ang@notificacionesrj.gov.co

El establecimiento tiene para manifestarle lo siguiente

(…)

En cuanto al número de internos que tiene el establecimiento me permito informar que a
la fecha el establecimiento cuenta con

Sindicados 69
Condenados 217
Detención domiciliaria 40
Prisión domiciliaria 28
Vigilancia electrónica 8

PARA UN TOTAL DE 286 intramural

76 privados de la libertad que gozan de beneficio administrativo (Subrayas de la Sala)

g) Respuesta USPEC de 24 de noviembre de 202340, en la que informa las
diferentes contrataciones que está efectuando respecto del mantenimiento del centro
penitenciario de Puerto Berrío:

Cordial saludo,

39
Documento “0130Memorialrespustaexhorto2011INPEC”.
40
Documento “0135Respuesta.

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En virtud del requerimiento efectuado por esa Jefatura enviado mediante correo
electrónico de fecha 16 de noviembre de 2023, con forme a lo ordenado en el oficio
citado en el asunto de noviembre 15 del año en curso donde exhortan lo siguiente:

EXHORTAR a esta entidad, para que se: “sírvanse relacionar las inversiones realizadas
en infraestructura del penal, así́ como los planes de ampliación o reubicación y las
alertas de riesgo manejadas por estas entidades respecto del EPMSC.” de Puerto
Berrío.

Al respecto se brinda respuesta en el siguiente sentido:

Se informa que mediante los recursos de la vigencia 2021, Mediante el contrato de obra
404-2021 cuyo objeto es "Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física
en los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC - fase 1.” grupo 1
– Regional Occidente y grupo 4 Noroeste", en el EPMSC Puerto Berrío se realizaron
actividades de adecuaciones eléctricas, tubería cableado, puntos patios de internos P-1
P-4 P-5, área administrativa, hall de acceso y zonas comunes del establecimientos,
incluyendo la iluminación perimetral.

Adicionalmente, mediante el contrato 440-2022, cuyo objeto es: "Adquisición,
instalación, mantenimiento y puesta en marcha de plantas eléctricas y mantenimiento de
infraestructura eléctrica y adecuaciones civiles asociadas, para establecimientos
penitenciarios y carcelarios a Nivel Nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario – INPEC, grupo 2”. Se realizó mantenimiento de subestación eléctrica,
mantenimiento de tablero de subestación principal y tableros internos.

Ahora bien, mediante el contrato 321-2023 cuyo objeto es: “Mantenimiento general
recurrente de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC (6 Regionales).”
adjudicado en el mes de noviembre del presente año se realizarán los siguientes
alcances en el establecimiento:

1. Adecuación, ampliación y cambio de la red hidrosanitaria del establecimiento,
Alcantarillado de aguas lluvias y aguas lluvias General del ERON.

2. Instalación de la red gas domiciliario para el rancho y panadería del establecimiento.

3. Remodelación, adecuación y mejoramiento de paredes, pisos, techos, rejas, pintura,
de los pabellones y alojamientos destinados para los PPL.

4. Adecuación General de pisos, paredes, rejas, puertas, y red eléctrica primer piso zona
administrativa, cambio de techos de las zonas de talleres, oficinas de financiera,
atención y tratamiento.

Finalmente, y respecto a las alertas de riesgo del establecimiento de Puerto Berrío, se
permite indicar que este, se encuentra incluido dentro del proceso de consultoría cuyo
objeto es "Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de
vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y
ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales
de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del Orden Nacional a cargo del
INPEC“. ID-2023-265. Que actualmente cursa en la plataforma SECOP II, en etapa
contractual. Con la referencia USPEC-CM-A-027-2023; que indican los tiempos
contractuales y de ejecución.

En el cual se publicaron los pliegos definitivos y tuvo acta de apertura de selección el 8
de noviembre de 2023.

Por lo tanto, una vez se inicie el proceso de apertura, se adjudique y se perfeccione el
mismo podrá dar continuidad a lo requerido por su providencia, por lo que una vez se
cuente con el resultado del Estudio de Patologías y Vulnerabilidad Sísmica para el
EPMSC Puerto Berrío, se determinarán las acciones, de ampliación y reubicación del
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establecimiento, siendo imprescindible conocer las patologías o la capacidad de
resistencia de la estructura del establecimiento para poder realizar acciones de fondo de
carácter estructural y de esta manera mejorar las condiciones de habitabilidad del
personal privado de la libertad.

Se deja constancia que se soporta este oficio de respuesta con fundamento y sustento
en la información suministrada por parte del Profesional de Apoyo de la Regional
Noroeste Puerto Berrío correspondiente de la Subdirección de Construcción y
Conservación. (Subrayas de la Sala)

h) Convenio Interadministrativo Núm. 363 del 14 de octubre de 2021, suscrito entre el
INPEC y el municipio de Puerto Berrío:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: «AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS,
JURÍDICOS. TECNOLÓGICOS, LOGÍSTICOS ENTRE OTROS, CON LA FINALIDAD
DE INVERTIR LOS RECURSOS APORTADOS POR LAS ENTIDAD TERRITORIAL
DESTINADOS AL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN A CARGO DEL INPEC, QUE
RECIBEN PERSONAS INDICIADAS O SINDICADAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA
DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO»

SEGUNDA. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE INTEGRACIÓN DE
SERVICIOS CON ENTIDADES TERRITORIALES.- Para el recibo y posterior inversión
de los recursos aportados por el Municipio de Puerto Berrio por valor de NOVENTA
MILLONES DE PESOS ($90.000.000) tales como: Literales a) Pago de Sobresueldos b)
Dotación de bienes para la población privada de la libertad establecidos en el Articulo 19
Ley 65 de 1993 correspondientes a la atención básica de los PPL (KITS DE ASEO
PERSONAL) c) Adquisición de equipos de cómputo para áreas administrativas del
EPMSC Puerto Berrio. Estos elementos se describen en ficha técnica anexa. Parágrafo:
El presente convenio interadministrativo según la competencia será suscrito por: (i) La
Doctora IMELDA LÓPEZ SOLÓRZANO Directora Regional Noroeste y (ii) el Doctor
GUSTAVO ERNESTO MEDINA ZAPATA Alcalde Municipal de Puerto Berrio.

TERCERA. FUNDAMENTO LEGAL: DEPENDE DE CADA MUNICIPIO - "SOLO A
MANERA DE EJEMPLO: El Municipio de PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA, en pro del
fortalecimiento del Plan de Desarrollo Municipal (Decreto 11 del 28 de mayo de 2020)
"PUERTO BERRÍO VIBRA CON EL PROGRESO 2020-2022" el cual estableció el
enfoque de esta politica asi: Línea 4 denominada, nuestra Institucionalidad simple y
transparente, en el Componente Justicia y Derecho, programa Fortalecimiento
penitenciario, cuyo objetivo es, Apoyar las labores del Inpec en materia de bienestar
para el personal sindicado de delitos y la institución en general, con un presupuesto
asignado de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) La finalidad de suscribir
el presente Convenio Interadministrativo es la de destinar el Servicio y remuneración
permitidos en los literales a) y b) del artículo 19 de la Ley 65 de 1993.

Del material probatorio aportado al plenario la Sala advierte varios aspectos:

En primer lugar, se tiene probado y acreditado el hacinamiento al cual se encuentran
sometidos los reclusos y las personas detenidas preventivamente en el establecimiento
penitenciario y carcelario de Puerto Berrío, pues esta se diseñó para alojar a 150 PPL y
de acuerdo con los informes del INPEC allí se están 286 personas.

También se observa que las instalaciones físicas presentan deficiencias, toda vez que
se evidencian fugas de agua, deterioro del sistema sanitario y un manejo inadecuado
de los residuos orgánicos. Adicionalmente, el inmueble no cuenta con una ruta de
evacuación debidamente establecida debido a la ausencia de señalización. Asimismo,

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las paredes, columnas y techos presentan agrietamientos, y el sistema eléctrico se
encuentra expuesto, por cuanto el cableado carece de la debida canalización.

Ahora, si bien la USPEC puso en marcha un contrato para el “Mantenimiento general
recurrente de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC”, lo cierto es que
las entidades accionadas no han ejecutado las acciones suficientes para superar la
problemática que, desde el año 2019, ha sido advertida por el Departamento
Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de
Antioquia.

En efecto, del informe allegado por la USPEC el 24 de noviembre de 2023, se
desprende que, respecto del establecimiento penitenciario y carcelario de Puerto Berrío,
se inició el proceso de “Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis
de vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y
ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales
de los Establecimientos Penitenciario y Carcelarios del Ordenamiento Nacional a cargo
del INPEC”. No obstante, para esa fecha la actuación se encontraba apenas en la etapa
de convocatoria publicada en el SECOP II, previéndose que solo una vez culminara el
proceso de contratación y se obtuvieran los estudios de patologías y vulnerabilidad
sísmica del inmueble, se adelantarían las intervenciones necesarias para atender la
problemática estructural que persisten en el establecimiento penitenciario de Puerto
Berrío.

Bajo ese sentido, es clara la vulneración de los derechos e intereses colectivos de las
personas que se encuentran recluidas en Puerto Berrío.

Ahora, teniendo en cuenta que el argumento principal del recurso del INPEC es que no
le asiste responsabilidad sobre el mantenimiento del establecimiento carcelario y
penitenciario de Puerto Berrío, pues se trata de una función propia de la USPEC y de la
entidad territorial. Al respecto esta Sección ha expuesto lo siguiente:

De las obligaciones de los entes territoriales en materia carcelaria

La Ley 65, por medio de la cual se expidió el Código Penitenciario y Carcelario, fue
modificada por la Ley 1709. Dicha norma prevé en su artículo 16 que los
establecimientos de reclusión del orden nacional son creados, fusionados, suprimidos,
dirigidos y vigilados por el INPEC, el cual, en coordinación con la USPEC, deberá
determinar los lugares donde funcionarán dichos establecimientos.

Por su parte, según el artículo 17 ibidem, las cárceles departamentales y municipales
para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que
impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva, corresponden a los
departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital, los cuales se
encargarán de su creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración,
sostenimiento y vigilancia. Asimismo, la norma en comento ordenó que la inspección y
vigilancia de dichos establecimientos le corresponde al INPEC.

El artículo ídem también previó que en los presupuestos municipales y departamentales
deben incluirse las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como lo son el
pago de empleados, alimentación de los presos, vigilancia, gastos de remisiones y
viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios, de tal manera
que los alcaldes y gobernadores se abstendrán de aprobar o sancionar los presupuestos
que no llenen estos requisitos.

Adicional a lo anterior, la norma en mención dispuso la posibilidad de que la Nación y las
entidades territoriales celebren convenios de integración de servicios, para el
mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión.
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(…)

De otra parte, la Ley 65 también otorgó la posibilidad a los municipios que, de manera
conjunta, creen, organicen, administren y sostengan los establecimientos de reclusión,
conforme lo dispone el artículo 18 […].41

Así las cosas, de conformidad con el marco normativo expuesto en párrafos
precedentes y la jurisprudencia de esta Corporación, el INPEC debe actuar de manera
coordinada con la USPEC para garantizar la satisfacción de las necesidades de
infraestructura de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, en tanto es la
entidad encargada de identificar y definir las intervenciones y mejoras que resulten
necesarias para el adecuado funcionamiento de dichos establecimientos.

Por su parte, si bien corresponde a la USPEC adelantar las gestiones necesarias para
la ejecución de los proyectos relacionados con la adquisición, el suministro y el
sostenimiento de los recursos destinados al sistema penitenciario y carcelario dentro de
los cuales se encuentra la infraestructura requerida para el adecuado funcionamiento
de los establecimientos de reclusión, ello no exime al INPEC de su deber de coordinar y
definir las necesidades que deben ser atendidas para garantizar las prestación
adecuada del servicio penitenciario.

Adicionalmente, las dos entidades integran el Comité de Coordinación de Funciones y
Competencias en compañía de Minjusticia, lo que reafirma que deben actuar de manera
articulada, pues una de las funciones de dicho comité es la búsqueda de mecanismos
para resolver las necesidades cotidianas e inmediatas de los establecimientos de
reclusión.

Lo mismo ocurre con el municipio de Puerto Berrío, al que le corresponde cumplir las
responsabilidades que le asisten frente a las personas privadas de la libertad en
condición de detenidas preventivamente o sindicadas, de conformidad con lo previsto
en la Ley 65 de 1993 y en la Ley 715 de 2001. Muestra de ello es la suscripción del
Convenio Interadministrativo núm. 363 de 2001.

En ese sentido, la entidad territorial tiene el deber de adoptar las medidas necesarias
para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad recluidas en el
establecimiento penitenciario ubicado en su jurisdicción. Por ello, y con el fin de
contribuir a superar el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria,
particularmente en lo relacionado con el hacinamiento y el mal estado de la
infraestructura carcelario, debe ejercer sus competencias de manera articulada con el
INPEC y la USPEC, a efectos de atender y resolver la problemática objeto de estudio.

Bajo ese sentido, no le asiste razón al INPEC cuando afirma que no es la llamada a
proteger los derechos e intereses colectivos amparados y que no le asiste la
responsabilidad respecto de las órdenes impuestas por el Tribunal, ya que es necesaria
su participación para solucionar la problemática de hacinamiento y mal estado del
establecimiento penitenciario de Puerto Berrío. Por lo tanto, el cargo no está llamado
para prosperar.

7.5. Sobre las órdenes

41Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, Rad. núm. 66001-23-33-000-2016-00517-02, CP. Nubia Margoth Peña Garzón.

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7.5.1. En lo relacionado con las órdenes establecidas por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, lo primero que se pone de presente es que en el numeral cuarto, se declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por los
Ministerios de Justicia y del Derecho y Hacienda y el departamento de Antioquia.

Al respecto, la Sala encuentra la necesidad de modificarla en razón a que Minjusticia es
uno de los integrantes del Comité de coordinación de funciones y competencias INPEC-
USPEC, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.12.3.2. del Decreto núm. 204 de
2016. Adicionalmente, el artículo 2 del Decreto 1427 de 201742, previó que dicha cartera
ministerial era la encargada de administrar los fondos para la infraestructura carcelaria.

Bajo ese mismo sentido, la Sala en asuntos similares consideró lo siguiente:

El Ministerio de Justicia y del Derecho no es competente para adoptar medidas
administrativas para la construcción de establecimientos carcelarios en los entes
territoriales destinados a la población sindicada o detenida preventivamente, pues, de
conformidad con la Ley 65, dicha competencia le corresponde a estas autoridades “[…]
en lo concerniente a la creación, fusión o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas
preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la
libertad.[…]”.

El mandato referido fue reiterado en el artículo 12 de la Ley 1709, según el cual, “[…] los
entes territoriales (e inclusive) la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de
la Judicatura podrán realizar las gestiones pertinentes para la construcción conjunta de
ciudadelas judiciales con un centro de detención preventiva anexos a sus instalaciones,
así como articular todo lo necesario para la construcción y el mantenimiento de estos
complejos judiciales [...]”.

Sin embargo, la Sala aclaró que en virtud del artículo 2.2.1.12.3.2 del Decreto 0204
del 10 de febrero del 201627, que hace referencia a la integración del Comité de
Coordinación de Funciones y Competencias INPEC – USPEC, el Ministerio de
Justicia hace parte de dicho Comité, razón por la que es necesario que esta
cartera participe en el asunto, en ejercicio de sus funciones de armonización y
coordinación […]”.43

En ese sentido, es necesaria la participación de Minjusticia para velar por la protección
de los derechos e intereses colectivos invocados, ya que, en virtud de sus
competencias es que se puede conjurar y resolver la problemática que se presenta en
la cárcel de Puerto Berrío.

Por lo tanto, si bien el ministerio no es el competente para adoptar medidas
administrativas para la construcción de establecimientos en los municipios o
departamentos para la población sindicada o detenida de forma preventiva, lo cierto es
que es el administrador del presupuesto para el mejoramiento de los establecimientos
carcelarios y tiene el deber de trabajar de forma coordinada en los de sus competencias
con el INPEC y la USPEC por hacer parte del Comité de coordinación de funciones y

42 Artículo 2°. Funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho. Además de las funciones
señaladas en la Constitución Política, en la ley, el Ministerio de Justicia y del Derecho cumplirá las
siguientes funciones:
(…)
10. Administrar los Fondos de Infraestructura Carcelaria y de Lucha contra las Drogas.

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, Rad. núm. 66001-23-33-000-2016-00517-02, CP. Nubia Margoth Peña Garzón.

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competencias. Lo que permite concluir que su presencia en el presente proceso es
necesaria para superar la problemática que se presenta en la cárcel de Puerto Berrío.

7.5.2. En virtud de lo anterior, se modificarán el ordinal primero y los ítems 3 y 4 del
ordinal segundo de la parte resolutiva, estos últimos quedarán de la siguiente manera:

• El Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y el
municipio de Puerto Berrío, en el marco de sus competencias y de forma coordinada,
implementarán las conclusiones a que se llegue en el estudio en un término de dos (2)
años. Las entidades deberán brindar todo el apoyo logístico, técnico y financiero en
todo lo que sea de su competencia legal.

• El Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y el
municipio de Puerto Berrío, en el marco de sus competencias y de forma coordinada,
llevarán a cabo las gestiones administrativas y presupuestales, de acuerdo con las
competencias asignadas por la ley a cada una de las entidades, para la contratación y
ejecución de las obras de mejoramiento de la infraestructura del establecimiento
penitenciario y carcelario de Puerto Berrío, de cara a los resultados arrojados por el
estudio.

7.5.3. Se modificará el ordinal tercero en el sentido de vincular dentro del comité de
verificación de cumplimiento del fallo al Ministerio de Justicia y del Derecho.

7.6. Por último, se declarará la carencia de objeto del recurso de apelación interpuesto
por el municipio de Puerto Berrío contra el auto de 24 de marzo de 2023, mediante el
cual se decretó una medida cautelar que fue decretada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en virtud de lo indicado en la cuestión previa de la presente providencia.

7.7. Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley
1564 de 12 de julio de 2012 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial de
Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 201944, no se condenará en
costas en esta instancia porque, aunque el recurso de apelación fue resuelto
desfavorable, no se acreditó su causación a lo largo del trámite del proceso en segunda
instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero, segundo, tercero y cuarto de la
sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en su lugar, disponer (se destacan los apartes objeto de la modificación):

PRIMERO. AMPARAR los derechos colectivos al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad y salubridad públicas;
la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles; y la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de

44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia

de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.

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los habitantes (literales d, g, l y m del artículo 4 de la Ley 472 de 1998), y DECLARAR
que están siendo vulnerados por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, y el municipio de Puerto Berrío, de conformidad
con lo regulado en las Leyes 4150 de 2011, 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de
2014 y el Decreto 204 de 2016.

SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC,
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y al municipio de Puerto Berrío,
que dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecución del contrato de consultoría,
cuyo objeto es "Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de
vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y
ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales
de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del Orden Nacional a cargo del
INPEC”, ID-2023-265, con referencia USPEC-CM-A-027-2023; los tiempos de ejecución
del contrato que posteriormente tendrá un término aproximado a 6 meses. Se ordenará
efectuar las siguientes actividades:

• La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, y el municipio de Puerto Berrío deberán evaluar la
viabilidad jurídica en cuanto a la titularidad del predio donde se encuentra ubicado el
EPMSC de Puerto Berrío, para implementar las conclusiones a que se llegue en el
estudio.

• La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC debe presentar las
conclusiones ante los actores populares, el municipio de Puerto Berrío, así como el
cronograma de ejecución de obra que se prevé para la repotenciación, reforzamiento o
demolición que se recomienda realizar en el Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad de Puerto Berrío, Antioquia.

• El Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y el
municipio de Puerto Berrío, en el marco de sus competencias y de forma coordinada
implementarán las conclusiones a que se llegue en el estudio en un término de dos (2)
años. Las entidades deberán brindar todo el apoyo logístico, técnico y financiero en todo
lo que sea de su competencia legal.

• El Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, y el
municipio de Puerto Berrío, , en el marco de sus competencias y de forma coordinada,
realizaran las gestiones administrativas y presupuestales, de acuerdo con las
competencias asignadas por la ley a cada una de las entidades, para la contratación y
ejecución de las obras de mejoramiento de la infraestructura del establecimiento
penitenciario y carcelario de Puerto Berrío, de cara a los resultados arrojados por el
estudio.

• Mientras se ejecutan las obras correspondientes, la USPEC y el INPEC, coordinarán
las medidas urgentes o necesarias para proteger la integridad de los internos del Centro
Penitenciario de Puerto Berrío, en especial para que no se incrementen los cupos de
internos que se alberga actualmente.

TERCERO. Se designa a los representantes y/o delegados del Ministerio de Justicia y
del Derecho, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC y del municipio de Puerto Berrío, así
como al actor popular, para que conformen el Comité de Verificación del cumplimiento
de la presente sentencia, quienes rendirán en el término de doce (12) meses, contados
desde la ejecutoria de la sentencia, un informe único detallado e ilustrado sobre las
soluciones adoptadas en pro del cumplimiento efectivo de esta providencia. Del mismo
modo, integrará el Comité, el Magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de
Antioquia, quien lo presidirá, con el objeto de que una vez allegado al expediente el
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Radicado: 05001-23-33-000-2023-00296-02
Demandantes: Salem Smith Arias Pulgarín y otro
Demandados: INPEC y otros

informe anterior, se efectúe sobre dicho escrito un pronunciamiento acerca del
cumplimiento de la decisión judicial.

CUARTO. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, propuesta por la Nación - Ministerio de Hacienda y del Departamento de
Antioquia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia de objeto del recurso de apelación interpuesto por
el municipio de Puerto Berrío contra el auto de 24 de marzo de 2023, mediante el cual
se decretó una medida cautelar, por el Tribunal Administrativo de Antioquia por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 12 de diciembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 9 de
julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA. La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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