Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2023-00359-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2023-00359-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2023-00359-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00359-01 (73.726)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Hugo Alberto Jiménez Correal
Referencia: Repetición
Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD – El término de caducidad
se contabiliza a partir del día siguiente de aquél en que se efectúe el pago o desde el
vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el Código Contencioso Administrativo, lo
que ocurra primero. En el presente caso se contabilizó desde el vencimiento del plazo para
el pago – Se concluye que la acción fue ejercida después de la oportunidad legal
establecida para el efecto.
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia que declaró probada de oficio la caducidad del
medio de control.
Se solicita declarar la responsabilidad de un miembro de la Policía Nacional y se le
ordene reembolsar la suma pagada por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, con ocasión de una condena que le fue impuesta por el fallecimiento de
un ciudadano.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1.Corresponde a la decisión proferida el 24 de septiembre de 20251, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada de oficio la caducidad
del medio de control presentado el 23 de marzo de 20232 por la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional3, en contra del señor Hugo Alberto Jiménez Correal4.
Los fundamentos fácticos y de derecho de la demanda5 fueron los siguientes:
1
Índice 59, Samai del Tribunal.
2
Demanda visible en el índice 2 del aplicativo Samai del Tribunal.
3
La demandante solicitó: (i) se declare civil y administrativamente responsable a Hugo Alberto Jiménez Correal por los daños
y perjuicios que causó con su actuar imprudente y gravemente culposo, conducta por la cual fue condenada la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, dentro del proceso 05001 33 31 002 2011 00507 00, al pago de los perjuicios
ocasionados a los demandantes por el fallecimiento de Jorge Luis Zamarra Agudelo, en el accidente de tránsito acontecido
el día 22 de octubre de 2009; (ii) se condene al demandado al pago de $689’074.629,20 con su respectiva indexación, a favor
de la parte actora; (iii) la sentencia que ponga fin al proceso reúna los requisitos del artículo 99 de la Ley 1437 de 2011 y
establezca un plazo para su cumplimiento conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 678 de 2001; (iv) la condena sea
actualizada; y (v) se condene en costas al demandado.
4
En su calidad de patrullero de la Policía Nacional para la época de los hechos.
5
Se precisa que el trámite de la demanda se efectuó de la siguiente manera: (i) en auto del 18 de abril de 2023 el a quo
admitió la demanda; (ii) en providencia del 23 de mayo de 2024 se fijó fecha para la audiencia inicial; (iii) en decisión del 14
de junio de este último año, se resolvió darle trámite a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, por lo que
se dejó sin efectos el auto del 23 de mayo de 2024; (iv) el 26 de junio de 2024, el Tribunal declaró probada de oficio la
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00359-01 (73726)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional
Demandado: Hugo Alberto Jiménez Correal
Referencia: Repetición
Hechos
2.El 22 de octubre de 2009, el señor Jorge Luis Zamarra Agudelo fue colisionado
por la motocicleta de placas NDG-54B, asignada para el servicio oficial de la Policía
Nacional y conducida por el patrullero Hugo Alberto Jiménez Correal.
3.El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 24 de septiembre de
20156, condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional al pago de
$689’074.629,20, por el fallecimiento del señor Jorge Luis Zamarra Agudelo.
4. Se afirmó que dicha obligación fue reconocida y pagada, según la Resolución 72
del 31 de enero de 2022 y el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, en
los números 146726822 y 146764522, en los que se evidencia que el pago se
realizó el 24 marzo de 2022.
Fundamentos de derecho
5. La entidad demandante atribuyó al señor Hugo Alberto Jiménez Correal
responsabilidad a título de culpa grave, para lo cual invocó la presunción legal
contenida en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001. Expuso que el
patrullero -hoy intendente- no acató las disposiciones que rigen el tránsito y
transporte terrestre, contenidas en el artículo 106 de la Ley 769 de 2002 7, en
concordancia con el Decreto Municipal 1657 del 30 de octubre de 2008, al exceder
los límites de velocidad máximos permitidos, imprudencia que constituyó uno de los
factores8 que condujo el fallecimiento de Jorge Luis Zamarra Agudelo.
La defensa
6. La contestación de la demanda se presentó fuera del término previsto para ello 9.
Alegatos de conclusión
7. Luego de surtirse el debate probatorio10, en la oportunidad para alegar de
conclusión, la parte actora resaltó que se encontraban probados los hechos de la
excepción de inepta demanda por falta del requisito de procedibilidad de pago; (v) la demandante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación contra la mencionada decisión; (vi) en auto del 11 de septiembre de 2024, se dispuso
reponer la decisión, dado que la parte recurrente allegó con el recurso la constancia de pago emitida por la Tesorería General
de la Policía Nacional; (vii) el 8 de noviembre de 2024 se celebró la audiencia inicial; (viii) el 20 de marzo de 2025, se puso
en conocimiento a las partes la respuesta allegada por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Medellín; y (ix) el 3 de
abril de 2025, se declaró cerrada la etapa probatoria y se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo que
se resolvió correr traslado a las partes para alegar de conclusión.
6
Proceso de reparación directa con radicado 05001-33-31-002-2011-00507-01.
7
Modificado por la Ley 1239 de 2008.
8
En la demanda se citó un apartado de la sentencia de segunda instancia del proceso de reparación directa, en el que se
indicó: “como acertadamente lo advirtió la A quo, lo que se presenta en el sub judice, es una concurrencia de culpas, situación
fáctica en la cual, el Estado debe responder, pero la indemnización concedida se rebaja en un 50% por la culpa concurrente
de la víctima”.
9
El auto admisorio de la demanda se notificó al señor Hugo Alberto Jiménez Correal a través del canal digital informado en
la demanda -artículo 199 del CPACA- el 27 de abril de 2023 -índice 8, Samai Tribunal-, por lo que el término que concede el
artículo 172 ejusdem para contestarla, corrió del 3 de mayo al 15 de junio de 2023. En ese sentido, la contestación presentada
el 21 de junio del mismo año -índice 9, Samai Tribunal-, es extemporánea. Además, se resalta que el a quo en auto del 26 de
junio de 2024, indicó “estima pertinente advertir la Sala que la respuesta allegada por la parte demandada se encuentra
EXTEMPORÁNEA”, y en la audiencia inicial del 8 de noviembre de 2024, reiteró “el término para contestar la demanda de 30
días hábiles, que se cuentan después de que vencen los dos días siguientes al envío del mensaje, culminó el día 15 de junio
del año 2023, con ello, se concluyó que la contestación de la demanda que se presentó el 21 de junio de 2023 fue
extemporánea, por esa razón no se dio traslado secretarial a las excepciones que fueron propuestas” -minuto 0:06:57 a
0:07:23 de la grabación visible en el índice 41, Samai Tribunal-.
10
La parte actora allegó con la demanda: (i) sentencias proferidas en el proceso con radicado 05001-33-31-002 2011-00507-
00; (ii) constancia secretarial del 15 de febrero de 2016, expedida por el Secretario General del Tribunal Administrativo de
Antioquia; (iii) expediente administrativo correspondiente al señor Hugo Alberto Jiménez Correal; (iv) investigación
2
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00359-01 (73726)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional
Demandado: Hugo Alberto Jiménez Correal
Referencia: Repetición
demanda y reiteró los argumentos de la misma11. La parte demandada guardó
silencio.
8. El Ministerio Público12 pidió que se negaran las pretensiones y se declarara la
caducidad del medio de control. Adujo que la sentencia de segunda instancia quedó
ejecutoriada el 19 de octubre de 2015, por lo que la entidad contaba con el término
de 18 meses para el pago de la condena, según lo previsto en el artículo 177 del
CCA, plazo que vencía el 19 de abril de 2017; no obstante, el pago se efectuó hasta
el 31 de mayo de 2022, es decir, 5 años después del término otorgado por la norma.
Por ello, los dos años para interponer el medio de control se debían calcular del 20
de abril de 2017 al 20 de abril de 2019, por ende, la demanda radicada el 23 de
marzo de 2023 era extemporánea.
La decisión del Tribunal
9. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada de oficio la caducidad del
medio de control de repetición y dispuso no condenar en costas en primera
instancia.
10. Manifestó que el literal l del numeral 2° del artículo 164 del CPACA 13 prevé que
la caducidad en el medio de control de repetición se cuenta a partir del día siguiente
a la fecha del pago total que efectúe la entidad o al vencimiento del plazo que tiene
la administración para el pago de la condena, lo que ocurra primero 14. A su vez,
expuso que la Corte Constitucional en sentencia C-832 de 2001, sostuvo que el
término de caducidad de dos años previsto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001,
se computa desde el día siguiente al pago, pero como tal supuesto no puede quedar
indefinido, se debe calcular a partir de los dieciocho meses de la ejecutoria de la
sentencia, si antes no se realizó el mismo.
11. Indicó que en este caso lo primero que sucedió fue el vencimiento del plazo
otorgado a la entidad demandante para realizar el pago, en tanto la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 24 de
septiembre de 2015 en el proceso con radicado 05001-23-31-002-2011-00507-00,
quedó ejecutoriada el 19 de octubre del mismo año, por lo que el término de
disciplinaria con radicado MEVAL-2010-157, adelantada en contra del Patrullero Hugo Alberto Jiménez Correal; (v)
Resolución 72 del 31 de enero de 2022, emanada de la Secretaría General de la Policía Nacional; (vi) Sistema Integrado de
Información Financiera SIIF número 146726822 y 146764522, que contienen la orden de pago presupuestal por la suma total
de $689’074.629,20; y (vii) certificado expedido por el Secretario Técnico del Comité y Defensa judicial del Ministerio de
Defensa Nacional y de la Policía Nacional, donde se decide repetir contra el señor Hugo Alberto Jiménez Correal. A su vez,
con el recurso de reposición presentado el 3 de julio de 2024, la parte demandante anexó el “expediente administrativo
complementario”, en el que obra la respuesta a la solicitud GS-2023-166232- MEVAL, emitida por Dora Jaquelyn Estupiñán
Martínez, jefe del Grupo de Tesorería General Dilof. En audiencia del 8 de noviembre de 2024, el a quo dispuso “se ordena
tener como prueba los documentos que obran en el expediente, puntualmente allegados por la parte actora, los cuales
serán apreciados en su valor legal al momento de proferir una decisión de fondo” -minuto 0:26:44 a 0:26:54-; además, resolvió
decretar la prueba trasladada solicitada en la demanda, referente al proceso de reparación directa con radicado 05001-33-
31-002-2011-00507-00 -minuto 0:26:56 a 0:28:09-, y finalmente manifestó “no veo que hayan más pruebas pendientes por
decretar”. El proceso 05001-33-31-002-2011-00507-00 fue allegado por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito
de Medellín, el 5 de marzo de 2025.
11
Índice 56, Samai Tribunal.
12
Índice 55, Samai Tribunal.
13
Norma vigente cuando empezó a correr y se consolidó la caducidad.
14
Resaltó que el Consejo de Estado, en sentencia del 8 de julio de 2009 proferida en el proceso 22.120, indicó que el término
de dos años para ejercer la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al pago efectivo de la condena o, en su
defecto, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses del artículo 177 del CCA -reducido a diez meses por el artículo
192 del CPACA-, lo que ocurra primero.
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Radicación: 05001-23-33-000-2023-00359-01 (73726)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional
Demandado: Hugo Alberto Jiménez Correal
Referencia: Repetición
dieciocho meses que prevé el artículo 177 del CCA15, finalizó el 19 de abril de 2017;
no obstante, el pago se realizó hasta el 31 de mayo de 2022.
12. En consecuencia, expuso que el término de dos años16 para el ejercicio del medio
de control debía contarse desde el día siguiente al vencimiento de los dieciocho
meses, pues el pago se efectuó por fuera del límite fijado por la ley; en ese sentido,
el plazo corrió del 20 de abril del 2017 al 20 de abril de 2019, lo que permitía concluir
que la demanda radicada el 23 de marzo de 2023, se presentó después de haber
operado la caducidad17.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN
13. La demandante señaló que la tesis adoptada por el a quo limitaba su derecho
de acceso a la administración de justicia y no tenía en cuenta que para cumplir con
el pago de la obligación judicial contenida en la sentencia emitida en el proceso con
radicado 05001-33-31-002-2011-00507-00, debía observar las reglas de
presupuesto contenidas en los Decretos 768 de 199318 y 359 de 199519, y en la Ley
962 de 200520, disposiciones que se ponían de presente para evidenciar que el
tiempo para realizar el pago total de la obligación judicial, a partir del término de
ejecutoria, se realizó conforme al turno de pago asignado al momento de radicar la
cuenta de cobro y con base en la disponibilidad presupuestal.
14. Señaló que la Corte Constitucional en sentencia C-832 de 2001, declaró
exequible de forma condicionada la norma de caducidad de la acción de repetición
prevista en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, y a su vez, aclaró que el término
“empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a
15
El a quo indicó que era la norma aplicable porque el proceso de reparación directa inició en vigencia del CCA. 16
Precisó que el plazo de dos años para ejercer el medio de control de repetición se modificó a 5 años con el artículo 43 de
la Ley 2195 de 2022; sin embargo, dicha disposición no aplicaba al sub lite, pues entró en vigencia con posterioridad a la
consolidación de la caducidad. 17
Se refirió al carácter irrenunciable de la caducidad y la posibilidad de ser declarada de oficio por el juez, con la sentencia:
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto de 13 de marzo de 2014,
consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve, expediente No. 2011-00152 (0501-11)”. 18
Citó: “Artículo 4° Trámite en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Recibidos los documentos conforme a lo previsto
en los artículos anteriores, la Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para efectos de expedir la
resolución respectiva, verificará que éstos se encuentren completos y presentados en debida forma. Al momento de recibir el
pago total, el beneficiario o su apoderado debe otorgar el paz y salvo correspondiente a la Nación. En todo caso, dichos
pagos estarán sujetos a la existencia de los recursos presupuestales requeridos para realizar tales desembolsos”.
“Artículo 5° Pagos por consignación. Si una vez recibida la documentación remitida tanto por el organismo condenado, como
por la Procuraduría General de la Nación, el beneficiario o su apoderado no hubieren presentado la solicitud de pago
correspondiente, la Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo citará para el efecto en la dirección
que repose en el expediente respectivo. Si se desconociere tal dirección se le notificará por estado, conforme al trámite
previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil. Si no obstante cumplido el trámite anterior, transcurrieren (10)
días hábiles sin que el beneficiario o su apoderado se hiciere presente, la mencionada Subsecretaría Jurídica procederá a
expedir la respectiva resolución, siempre y cuando la documentación allegada así lo permita, y se cuente con la
disponibilidad presupuestal respectiva”. 19
Citó: “Artículo 36. (…) Los expedientes que reciban directamente los órganos se les asignarán un número continuo y
consecutivo. Se asignará el número, para efectos de su sustanciación, en la medida en que sean recibidos y, para el pago,
en la medida en que se complete la documentación requerida de acuerdo con los decretos 768 de 1993, 818 de 1994 y 1328
de 1994 o los demás que los modifiquen o adicionen (…)”. 20
Citó: “Articulo 15 derecho de turno. Los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de
peticiones, quejas, o reclamos, deberán respetar estrictamente el orden de su presentación, dentro de los criterios señalados
en el reglamento del derecho de petición de que trata el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo, sin consideración
de la naturaleza de la petición, queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal. Los procedimientos especiales regulados
por la ley se atenderán conforme a la misma. Si en la ley especial no se consagra el derecho de turno, se aplicará lo dispuesto
en la presente ley. En todas las entidades, dependencias y despachos públicos, debe llevarse un registro de presentación de
documentos, en los cuales se dejará constancia de todos los escritos, peticiones y recursos que se presenten por los usuarios,
de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno, dentro de los criterios señalados en el
reglamento mencionado en el inciso anterior, el cual será público, lo mismo que el registro de los asuntos radicados en la
entidad u organismo. Tanto el reglamento como el registro se mantendrán a disposición de los usuarios en la oficina o
mecanismo de atención al usuario.
Cuando se trate de pagos que deba atender la Administración Pública, los mismos
estarán sujetos a la normatividad presupuestal”.
4
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00359-01 (73726)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional
Demandado: Hugo Alberto Jiménez Correal
Referencia: Repetición
más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto
del artículo 177 del C.C.A.”. Sin embargo, debía tenerse en cuenta la sentencia C-
604 de 201221, en la que la mencionada Corporación ha dado relevancia a las
normas del presupuesto.
15. Por consiguiente, la Policía Nacional iba sufragando las obligaciones
judiciales dentro de las posibilidades con las que contaba, con base en la
disponibilidad presupuestal y el turno de pago de las cuentas de cobro radicadas,
por lo que una vez canceló de manera total la condena impuesta en el proceso con
radicado 05001-33-31-002-2011-00507-00, esto es, el 31 de mayo de 2022 y en
atención al criterio sustancial del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, referente a que
la demanda se debía presentar dentro de los 2 años siguientes al pago total de la
obligación, procedió a radicar el medio de control el 23 de marzo de 2023, en tanto
podía interponerlo hasta el 31 de mayo de 2024.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Objeto de la impugnación
16. El punto argumentativo de la apelación se centra en controvertir la decisión
del Tribunal frente a la forma en que se computó la caducidad del medio de control
de repetición y si con su decreto se afecta el derecho de acceso a la administración
de justicia y se desconocen los Decretos 768 de 1993 y 359 de 1995, la Ley 962 de
2005 y la sentencia C-604 de 2012.
Caducidad de la acción de repetición
17. Las normas de caducidad tienen profundas raíces en el ordenamiento
jurídico, en el sentido de impedir que las situaciones conflictivas permanezcan
indefinidas en el tiempo. Con este objetivo, el legislador establece unos plazos
razonables para que las personas en ejercicio del derecho de acción acudan a la
jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones, pues en caso de no hacerlo,
se entenderá que su voluntad es la de abandonar el derecho de acceder a la
jurisdicción, haciendo dejación de sus pretensiones. Estas premisas son universales
y no pueden escapar en su aplicación y entendimiento para ninguna entidad o
autoridad.
18. Al sub lite, le aplican las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, en la
medida en que el plazo para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr con
posterioridad al 2 de julio de 2012, norma que en el numeral 2° del literal I) del
artículo 164 establece que cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado
como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un
conflicto, el término será de dos años22, contados a partir del día siguiente de la
21
Citó el apartado de la providencia: “El respeto de los principios del presupuesto exige que no se pueda obligar a una entidad
a cumplir inmediatamente con una sentencia o acuerdo conciliatorio, sin atender a los trámites y procedimientos internos para
efectuar el pago, pues se correría el riesgo de que al hacerlo se tengan que desconocer las normas del presupuesto y de las
actuaciones administrativas”.
22
Se precisa que al caso concreto también le resulta aplicable el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 en su redacción original -
sin la modificación que introdujo el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022-.
5
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00359-01 (73726)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional
Demandado: Hugo Alberto Jiménez Correal
Referencia: Repetición
fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la
administración para cancelar la obligación.
19. En ese sentido, el plazo para ejercer la acción de repetición comienza a
correr desde el día siguiente al pago efectivo, siempre que ello ocurra dentro del
período dispuesto para tal efecto, toda vez que en el evento en que el desembolso
se realice con posterioridad a tal tiempo, el pago podrá estar llamado a producir los
efectos propios de tal medio de extinción de las obligaciones, pero sin posibilidad
de repetir lo pagado pues el acceso a la administración de justicia está vedado para
quien así lo hubiera hecho con posterioridad a la época prevista para haberlo
efectuado.
20. La sentencia proferida en segunda instancia el 24 de septiembre de 2015 23
por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del expediente 05001-33-31-002-
2011-00507-00, de cuya condena se pretende obtener el reembolso, quedó
ejecutoriada el 19 de octubre del mismo año24. Además, el mencionado proceso se
inició y tramitó con el Código Contencioso Administrativo25, por lo que resulta
aplicable el artículo 177 ejusdem, que prevé el plazo de 18 meses para el pago de
la condena.
21. Por consiguiente, el plazo para realizar el pago se cumplió el 20 de abril de
2017, pero el mismo se efectuó hasta el 31 de mayo de 2022 26. Así las cosas, el
cómputo del término de caducidad del medio de control inició el 21 de abril de 2017
y feneció el 22 de abril de 201927, por lo que la demanda presentada el 23 de marzo
de 2023, es claramente extemporánea.
22. Tal conclusión no vulnera el derecho de acceso a la administración de
justicia como lo alega la parte actora, dado que la caducidad corresponde a una
figura de orden público que no admite renuncia ni libre disposición por las partes,
de manera que, al encontrarse probada, debe ser declarada por el juez en cualquier
momento del proceso, pues la oportunidad para demandar es un presupuesto
procesal sin el cual no es posible decidir el fondo del asunto.
23. Sobre si los artículos 4° y 5° del Decreto 768 de 1993, 36 del Decreto 359 de
1995 y 15 de la Ley 962 de 2005, relacionados con temas presupuestales, conducen
a que la caducidad se contabilice de manera simple y pura desde la fecha de pago,
la Sala descarta tal tipo de consideración, pues además de que no hace parte del
cuerpo o sistema normativo que gobierna el ejercicio de los medios de control ni se
inscriben en el régimen legal pertinente, una interpretación como la propuesta en el
23
Folios 53 a 79 del documento “10_REPARTODELPR_004ANEXOSPDF_20240219152459”, visible en el índice 4, Samai
Tribunal.
24
Folio 3 del documento “10_REPARTODELPR_004ANEXOSPDF_20240219152459”, visible en el índice 4, Samai Tribunal.
25
De conformidad con el acta de reparto del proceso de reparación directa 05001-33-31-002-2011-00507-00, la demanda se
radicó el 20 de septiembre de 2011 -Folio 53 del documento 37_050012333000202300359003MemorialWeb202535144459,
visible en el índice 45, Samai Tribunal-.
26
De conformidad con la “respuesta solicitud GS-2023-166232- MEVAL” emitida por Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez,
Cápitan, jefe grupo tesorería general Dilof -documento 18_050012333000202300359004MemorialWeb20247414249 del
índice 25, Samai Tribunal-, y las ordenes de “pago por conceptos de pago no presupuestal diferente de deducciones” números
146764522 y 146726822 -folios 367 y 368 del documento 10_REPARTODELPR_004ANEXOSPDF_20240219152459 del
índice 4, Samai Tribunal-.
27
El 21 de abril de 2019 corresponde al día domingo, por lo que se debe acudir al día hábil siguiente, es decir, el 22 del mismo
mes y año.
6
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00359-01 (73726)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional
Demandado: Hugo Alberto Jiménez Correal
Referencia: Repetición
recurso, terminaría por hacer nugatorias las normas de orden público que fijan los
periodos de tiempo en que se pueden ejercer legítimamente la acción judicial
llamada a encausar las pretensiones de repetición.
24. Finalmente, se resalta que el apartado de la sentencia C-604 de 201228, al
que hace referencia la parte actora en el recurso de apelación, no contradice lo
expuesto con anterioridad, pues además de que tal determinación se expidió en el
contexto de control constitucional concentrado sobre una disposición legal no
aplicable a la solución del presente asunto, tampoco se refirió a la exigencia de
caducidad a la que se somete el medio de control de repetición, concentrándose en
el ámbito normativo analizado y, con éste, de los principios del presupuesto que
efectivamente enseñan que no se pueda obligar a una entidad a cumplir
inmediatamente con una sentencia o acuerdo conciliatorio, sin atender a los trámites
y procedimientos internos para efectuar el pago, lo cual se encuentra en armonía
con el plazo otorgado por el legislador al Estado para realizar los trámites
presupuestales para apropiar el pago de una condena judicial.
25. En consecuencia, se confirmará la decisión objeto de alzada.
Condena en costas
26. Elartículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala que la condena en costas
procederá de manera objetiva, excepto en los procesos en los que se ventila un
interés público29.
27. El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de
aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la
protección del patrimonio público30. Así, no hay lugar a condenar en costas a la
entidad demandante -parte vencida-.
III. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sección Tercera, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2025, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada de oficio la
caducidad del medio de control de repetición.
28
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-604 de 2012, expediente D-8896, [M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub].
29
Consultar: Providencias del 8 de mayo de 2023, expediente 61860, del 22 de agosto de 2023, expediente 67371, del 1 de
marzo de 2024, expediente 70456, del 18 de noviembre de 2024, expediente 71.731.
30
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que “la acción de repetición tiene una finalidad de interés público
como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los
fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política”. Corte Constitucional.
Sentencia C-832-01 de 8 de agosto de 2001, [M.P. Rodrigo Escobar Gil]. En igual sentido Cfr. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencias de 7 de noviembre de 2025, expediente 72537 y de 25 de noviembre de 2025, expediente
72189.
7
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00359-01 (73726)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional
Demandado: Hugo Alberto Jiménez Correal
Referencia: Repetición
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, incorporarla al expediente digital y
remitirlo al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
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