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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2023-00419-01

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2023-00419-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de julio de 2024, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión. SEGUNDO: Sin condena en costas para la segunda instancia. 29 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”. 30 Esta Subsección había considerado que era procedente condenar en costas por el componente de agencias en derecho cuando el apoderado de la parte no realizaba ninguna actuación, sobre la base de que la designación de un abogado que ejerciera la defensa judicial de sus intereses genera agencias en derecho incluso por la sola vigilancia del proceso, manteniendo las responsabilidades que el mandato de apoderamiento conlleva y, aun en el evento de que se tratara de apoderados vinculados a su planta de personal. El criterio se modificó en sentencia 73143 del 16 de junio de 2026. 12 Expediente 05001233300020230041901 (71829) Demandante: Teresa de Jesús Cosme Hincapié y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Proceso: Ejecutivo TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2023-00419-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Expediente: 05001233300020230041901 (71829)
Demandante: Teresa de Jesús Cosme Hincapié y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Proceso: Ejecutivo
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: ACTO ADMINISTRATIVO QUE RECONOCE UNA OBLIGACIÓN – no constituye pago ni
ninguna otra forma de extinción de las obligaciones / TRÁMITE PARA RECONOCIMIENTO DE
DEUDA PÚBLICA (art. 53 de la Ley 1955 de 2019 y sus decretos reglamentarios) – no derogó,
modificó, ni suspendió el art. 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, las normas del Dcto. 01 de
1984 sobre la generación de intereses moratorios derivados de sentencias condenatorias en contra
de entidades públicas ni de obligaciones asumidas por ellas en acuerdos conciliatorios homologados
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que declaró no probada la excepción de pago y ordenó continuar con la
ejecución.

Se discute si se configuró la excepción de pago total de la obligación y, por tanto, si
el proceso ejecutivo debió terminar por esa causa.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 23 de julio de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, ordenó
continuar con la ejecución en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional en los términos ordenados en el mandamiento de pago y lo condenó en
costas al demandado1.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 13 de abril de 2023 2
por algunos de los accionantes3 del proceso de reparación directa
050012331000200301619014 que se siguió en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, para que se ejecutara la condena proferida en contra
de esta entidad. Los fundamentos fácticos y jurídicos se relacionan a continuación:
Pretensiones
3. La parte ejecutante solicitó que se librara mandamiento de pago en los
siguientes términos (transcripción literal incluidos eventuales errores)5:

1 Índice 2, SAMAI, C.E.
2 Índice 1, SAMAI, T. A.
3 Víctor Raúl Cardoza Quintero, Carmenza Rojas Rojas, Jhon Fabio Cardoza Rojas, Andrés Felipe Cardoza

Rojas, Vitalina Quintero, José Argemiro Cardoza Quintero, Ana Rociber Cardoza Quintero, Carlos Adrián
Cardoza Quintero y Beatriz Elena Cardoza Quintero
4 Teresa de Jesús Cosme Hincapié, Alejandra Quinchia Mejía, Gladys Cecilia Quinchia Cosme, Amparo de

Jesús Quinchia Cosme, Luis Carlos Quinchia Cosme, Marta Ligia Quinchia Cosme, María del Consuelo
Quinchia Cosme, María Virgelina Quinchia Cosme, Edison Darío López Salazar, Wil Fredy López Salazar, Diany
Yiseth López Salazar, Juan Diego López Salazar, Martha Nelcy López Salazar, Aldemar de Jesús López
Salazar, Javier Esteban Valencia Giraldo, Andrés Camilo Valencia Giraldo, Jhon Alexander Valencia Giraldo,
Abad de Jesús Valencia Castaño, Ángel Custodio Valencia Castaño Sor Angela Valencia Castaño y Luz Estela
Valencia Castaño.
5 Índice 2, SAMAI, C.E.

1

Expediente 05001233300020230041901 (71829)
Demandante: Teresa de Jesús Cosme Hincapié y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Proceso: Ejecutivo

PRIMERO: Que se libre mandamiento de pago en contra de LA NACIÓN, EL
MINISTERIO DE DEFENSA Y EL EJERCITO NACIONAL y a favor de los
demandantes, por los intereses moratorios causados sobre el valor aprobado
en la Resolución No. 2212 entre el 11 de agosto de 2022 fecha en la que se
expidió, y el 20 de diciembre de 2022 fecha en la que efectivamente ingresó un
pago a la cuenta bancaria autorizada.

SEGUNDA. Que se condene al pago de los intereses de mora causados sobre
la suma a que dé lugar la pretensión primera anterior, hasta que se verifique el
pago definitivo de la misma.

TERCERA. Que se condene en costas procesales y agencias en derecho a la
demandada.

Hechos

4. El 28 de enero de 2013, el Tribunal Administrativo Antioquia —radicado
05001233100020030161901— declaró la responsabilidad de la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional. A través de fallo del 19 de julio de 2017, la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó el ordinal
quinto en relación con el monto de la indemnización reconocida a algunos de los
demandantes. Esta sentencia quedó ejecutoriada el 11 de agosto de 2017 6.

5. El 11 de agosto de 2018, los demandantes presentaron solicitud de pago
ante el Ministerio de Defensa. El 11 de agosto de 2022, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público reconoció la obligación como deuda pública por un valor de
$2.011.159.808,82, por concepto de capital y $2.197.457.839,32, por concepto de
intereses de mora. El pago se hizo el 20 de diciembre de 2022.

6. Sostuvieron los demandantes que se generaron intereses moratorios durante
el periodo que transcurrió entre la fecha de la resolución que reconoció la obligación
y la de la consignación del dinero.

Mandamiento de pago

7. En proveído del 21 de febrero de 20247, el a quo libró el mandamiento de
pago en los siguientes términos (transcripción literal):

SEGUNDO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra de la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL, de acuerdo con lo
dispuesto en la sentencia proferida el 28 de enero de 2013 en el proceso de
reparación directa con radicado No. 05001233100020030161900, en el cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, que en primera
instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, y posteriormente
fue modificada en sede de apelación por el Consejo de Estado en providencia
del 19 de julio de 2017, quedando ejecutoriada el 11 de agosto de 2017. Por las
siguientes sumas y conceptos:

a) DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS UN MIL PESOS M/L ($205.962.701), correspondientes al saldo

6 Índice 11, SAMAI T.A.
7 A través de este proveído se declaró la nulidad de todo lo actuado, incluido el auto que había librado
mandamiento de pago el 16 de junio de 2023. Como fundamento, se expresó que para determinar el valor
adeudado no se tomó en cuenta la sentencia que constituye el título ejecutivo, sino la Resolución 2112 de 2022,
lo que condujo a que se calcularan intereses sobre intereses, además de que no se consideró el periodo de
suspensión de intereses que se generó porque la parte ejecutante no presentó la solicitud de pago dentro de
los 6 meses siguientes a la ejecutoria del fallo. El Tribunal realizó nuevamente la liquidación del crédito, para lo
cual tuvo en cuenta la fecha de ejecutoria de la sentencia, el periodo de suspensión de intereses y el pago que
había realizado el ejecutado, el cual aplicó primero a intereses y luego a capital, lo que arrojó el resultado por
el cual se libró nuevamente el mandamiento de pago (Índice 18 SAMAI T.A.) Esta decisión no fue recurrida por
ninguna de las partes.

2

Expediente 05001233300020230041901 (71829)
Demandante: Teresa de Jesús Cosme Hincapié y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Proceso: Ejecutivo

insoluto de capital, una vez hecho el pago ordenado en la Resolución N° 2112
del 11 de agosto de 2022.

b) Por los intereses que se causen en aplicación de los artículos 176 y 177 del
CCA, sobre dicho capital, hasta el pago efectivo y total de la deuda.

Oposición del ejecutado

8. El Ministerio de Defensa propuso la excepción de pago total de la obligación.
Expresó que en el marco de lo establecido en el art. 53 de la Ley 1955 de 2019, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Resolución 2112 del 11 de
agosto de 2022, autorizó el desembolso de los dineros que fueron reconocidos por
el ejecutado en la Resolución 4644 del 15 de julio de 2022, con lo cual se saldó la
deuda en su totalidad8.

9. La parte ejecutante no se pronunció en el periodo de traslado de la
excepción.

Fundamentos de la sentencia impugnada
10. El Tribunal concluyó que no se encontraba acreditado el pago total de la
obligación. Señaló que el mandamiento ejecutivo no fue recurrido por ninguna de
las partes, por lo cual ambas tenían que estarse a lo que en él se dispuso,
específicamente, en cuanto a que se tuvo en cuenta el pago realizado con
fundamento en la Resolución No. 2112 de 2022 y se determinó que se adeudaba la
suma de $205.96.701, sin que a la fecha del fallo se hubiese saldado 9.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

11. El Ministerio de Defensa sostuvo que la sentencia apelada desconoció el
régimen especial previsto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y en el Decreto
642 de 2020 para el reconocimiento como deuda pública y el pago de las sentencias
y conciliaciones que se encontraban en mora al momento de entrada en vigencia
de dicha ley.

12. Afirmó que, dado que la liquidación de la obligación debía realizarse con
anterioridad al acto administrativo de reconocimiento de la deuda pública y al
desembolso de los recursos, los intereses moratorios no podían continuar
causándose después de efectuada dicha liquidación, pues la normativa estableció
plazos específicos para las actuaciones subsiguientes y la entidad deudora no podía
determinar anticipadamente el tiempo que transcurriría hasta el pago efectivo de la
obligación.

13. Con fundamento en lo anterior, señaló que como el 20 de diciembre de 2022
se realizó el pago del valor total reconocido como deuda pública en la Resolución
2112 del 11 de agosto de 2022 se satisfizo íntegramente la obligación; de manera
que acceder a las pretensiones ejecutivas implicaría un detrimento patrimonial en
contra del Estado10.

14. El Ministerio Público solicitó que se confirme la sentencia apelada. Señaló
que los intereses moratorios derivados de la condena judicial se causan hasta su
pago efectivo, pues ni el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 ni el Decreto 642 de

8 Índice 22 SAMAI T.A.
9 Índice 33 SAMAI T.A.
10 Índice 34 SAMAI T.A.

3

Expediente 05001233300020230041901 (71829)
Demandante: Teresa de Jesús Cosme Hincapié y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Proceso: Ejecutivo

2020 exoneraron a la entidad de reconocerlos y pagarlos11. La parte ejecutante no
intervino.

III.CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

15. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con lo establecido en el
art. 53 de la Ley 1955 de 2019 y en el Dcto. 642 de 2020, entre la fecha en la que
se realizó la liquidación de la obligación y aquella en la que se realizó el pago se
continuaron causando intereses de mora.

Análisis del caso

16. La Sala no encuentra razón al argumento del apelante porque la normativa
en la que lo sustenta no modificó, suspendió ni derogó las normas que regulan el
cumplimiento de las providencias judiciales que imponen una condena en contra de
entidades públicas, lo que incluye el tema relativo a la causación de intereses
moratorios.

17. El artículo 177 del Decreto 01 de 1984 ―aplicable al presente asunto en
materia del cumplimiento de la sentencia del proceso de reparación directa 12―
disponía que las condenas que se emitieran contra entidades públicas para el pago
o devolución de una suma líquida de dinero serían ejecutables por vía jurisdiccional
después de los 18 meses siguientes a su firmeza; asimismo, establecía que durante
los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria causarían intereses comerciales13 y
después de este término moratorios.

18. En sentencia C-555 de 1993, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
de la expresión dieciocho (18) meses contenida en el artículo 177 del Decreto Ley
01 de 1984. Señaló que con la instauración de este plazo para que se iniciaran
procesos ejecutivos en contra de entidades públicas el legislador no pretendió
desconocer la existencia de créditos judiciales en su contra, sino delimitar un
periodo adecuado para que aquéllas pudieran cumplir con las exigencias legales
ineludibles para ejecutar el presupuesto público, por lo cual se trataba de un término
razonable y proporcional.

19. Posteriormente, a través de sentencia C-188 de 1999, la Corte Constitucional
declaró inexequibles las expresiones durante los seis (6) meses siguientes a su
ejecutoria y después de este término contenidas en el mismo artículo 177. Como
fundamento expresó que las entidades públicas están obligadas a pagar las sumas
11 Índice 18, SAMAI, C.E.
12 Esto es así porque la sentencia cuya condena se ejecuta se profirió en el marco de un proceso iniciado bajo

esa normativa. En varias providencias, esta Subsección ha aclarado que las previsiones del CPACA son
aplicables a los procesos instaurados con posterioridad a su entrada en vigencia, mientras que el CCA y las
normas que lo modifican o adicionan conservan su obligatoriedad para las actuaciones ya en curso,
independientemente del momento en que culminen, lo que incluye las reglas de cumplimiento de las
providencias judiciales proferidas en el marco del CCA, dado que hacen parte de los pasos establecidos por el
legislador para obtener la efectividad de las pretensiones promovidas en juicio, como fase final del proceso
establecido bajo la égida del Decreto 01 de 1984 (Sent. 66.262, 31/08/2021; Sent. 65.021, 22/04/2022; auto
66.814, 9/07/2021; Sent. 70320, 21/02/2025.
13 Se entiende que se refería a intereses corrientes comerciales.

4

Expediente 05001233300020230041901 (71829)
Demandante: Teresa de Jesús Cosme Hincapié y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Proceso: Ejecutivo

de dinero que asuman en el marco de un acuerdo conciliatorio o que se les imponga
en una condena judicial en los plazos perentorios correspondientes y,
correlativamente, los particulares tienen derecho a recibir el pago en esos mismos
tiempos y a ser indemnizados en caso de que la obligación no se cumpla de manera
oportuna, a través del reconocimiento de intereses moratorios. En línea con ello, la
Corte precisó que para el caso de las sentencias, a menos que la providencia señale
un plazo para el pago, los intereses moratorios se causan a partir de su ejecutoria,
sin perjuicio de la aplicación del término de 18 meses para que la condena sea
ejecutable por vía jurisdiccional.

20. Con la declaratoria de inexequibilidad de las referidas frases contenidas en
el art. 177 del C.C.A., se definió que a partir de la ejecutoria de las sentencias que
impusieran una condena dineraria en contra de entidades públicas se causaban
intereses moratorios comerciales, al margen de que la obligación solo pudiera
ejecutarse por vía judicial 18 meses después. Con base en ello, se entendió que
ese plazo estaba dispuesto para que las entidades públicas adelantaran los trámites
administrativos y presupuestales necesarios para el pago, sin que durante ese lapso
se pudieran iniciar en su contra procesos ejecutivos o decretar medidas cautelares,
pero sin que se suspendiera la causación de intereses moratorios.

21. Es pertinente también mencionar que el penúltimo inciso del art. 177 del
C.C.A. disponía que en el evento de que vencidos 6 meses desde la ejecutoria de
la providencia que impusiera o liquidara una condena el o los beneficiarios no
acudieran ante la entidad pública respectiva para hacerla efectiva ―acompañando
la documentación exigida para el efecto― cesaba la causación de intereses de todo
tipo hasta cuando se presentara la solicitud en legal forma14.

22. La normativa descrita regula el momento en el que se empiezan a causar
intereses moratorios en contra de las entidades públicas por condenas en las que
se les imponga pagar o devolver una suma de dinero, así como por obligaciones
que surjan en cabeza suya por la suscripción de acuerdos conciliatorios aprobados
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: la ejecutoria de la respectiva
providencia. El momento hasta el cual se causan los intereses moratorios derivados
de esa clase de obligaciones también está definido en la ley.

14 El entendimiento de que los intereses moratorios se causan a partir la ejecutoria de la providencia judicial se

mantuvo en vigencia de la Ley 1437 de 2011, que lo dispuso expresamente en el art. 195.4, pero con la precisión
de que, en atención a que las entidades públicas están obligadas a adelantar trámites administrativos y
presupuestales para el pago, durante los primeros 10 meses la tasa bajo la cual se deben calcular los intereses
moratorios es la del DTF y no la comercial. Esta normativa redujo a 3 meses el término en el que se debe
presentar la solicitud de pago ante la entidad deudora, so pena de que cese la causación de intereses desde
entonces hasta cuando se presente la solicitud.
En sentencia C-604 de 2012, la Corte declaró la exequibilidad del numeral 4. ° del art. 195 de la Ley 1437 de
2011. Concluyó que el hecho de que durante el plazo de 10 meses siguientes a la ejecutoria no se causaran
intereses a la tasa comercial, sino a la tasa del DTF no vulneraba el derecho a la igualdad, en la medida que
ese plazo estaba dispuesto en consideración a los trámites presupuestales y administrativos a los que se deben
sujetar las entidades públicas para el pago de sus acreencias, a los cuales no están sujetos los particulares.
Advirtió que en el art. 192 del CPACA se estableció un procedimiento especial que las entidades públicas deben
adelantar para el cumplimiento de sus obligaciones en un plazo de 10 meses y en el que se continúan causando
intereses moratorios, pero a la tasa del DTF que no solamente tiene un componente inflacionario, sino también
un valor adicional que se reconoce en este caso como el elemento indemnizatorio.
En sentencia C-208 de 2023, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del inciso segundo del art. 192 de
la Ley 1437 de 2011, en lo referente al plazo de 10 meses establecido para el cumplimiento de condenas
consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero. Al desarrollar un juicio de proporcionalidad,
concluyó que la medida: (i) estaba destinada a cumplir una finalidad constitucionalmente importante, consistente
en garantizar y concretar los principios presupuestales de legalidad, anualidad, y planeación del gasto público
mediante la concesión de un plazo para que la entidad pública condenada agote todos los trámites previstos en
la ley para efectuar una erogación con cargo a recursos públicos; (ii) es conducente para lograr esa finalidad;
(iii) no es evidentemente desproporcionada, en tanto permite el cumplimiento de tales principios y, en todo caso,
la afectación del acreedor se ve compensada con la causación de intereses que tienen la capacidad de
indemnizar al afectado por el daño sufrido durante el periodo de espera.

5

Expediente 05001233300020230041901 (71829)
Demandante: Teresa de Jesús Cosme Hincapié y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Proceso: Ejecutivo

23. El artículo 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto ―Dcto. 111 de 199615―
dispone que en el caso de los créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales
y conciliaciones los intereses dejan de causarse cuando se cumplen dos
condiciones: (i) que se haya realizado la notificación del acto administrativo que
ordena el pago y (ii) que el dinero se encuentre a disposición del beneficiario o su
apoderado, según el caso. El artículo es del siguiente tenor:

Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y las conciliaciones
se presupuestarán en cada sección presupuestal a la que corresponda el
negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones
que se deriven de éstos.

(…)

Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones de que
trata este artículo y encontrándose el dinero a disposición del beneficiario o
apoderado, según el caso, no se causarán intereses. Si transcurridos 20 días el
interesado no efectuó el cobro, las sumas a pagar se depositarán en la cuenta
de depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez o tribunal y a favor de él o
los beneficiarios (L. 179/94, art. 65).

24. De acuerdo con lo anterior, las normas que regulan la materia disponen que
los intereses derivados de condenas dinerarias emitidas en sentencias en contra de
entidades públicas o las obligaciones surgidas en cabeza suya a partir de
conciliaciones debidamente aprobadas por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo empiezan a generar intereses de mora desde la ejecutoria de la
respectiva providencia judicial y hasta cuando el dinero se encuentre a disposición
del beneficiario o apoderado, según el caso.

25. La Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad no modificó,
suspendió ni podía derogar16 lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto
acerca del momento hasta el que se causan los intereses de mora derivados de
créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales y conciliaciones.

26. En su artículo 53 dispuso que la Nación podía reconocer como deuda pública
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente
ejecutoriadas y los intereses derivados de ellas que se encontraran en mora en su
pago a la fecha de expedición de esa Ley17, reconocimiento que operaría por una
sola vez para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la
Nación18.

15 Incorporado a través de la Ley 179 de 1994, por medio de la cual se modificó la ley 38 de 1989 Orgánica del

Presupuesto (El decreto 111 de 1996 compiló las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995).
16 Constitución Política de 1991, art. 151: El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el

ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada
una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de
apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las
entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de
los miembros de una y otra Cámara. Por la finalidad que están llamadas a cumplir, las leyes orgánicas son
jerárquicamente superiores respecto de las ordinarias que las desarrollan, las cuales deben, por tanto, sujetarse
a aquéllas, por lo cual no es procedente que una ley ordinaria modifique o derogue una orgánica.
17 25 de mayo de 2019.
18 Decreto 111 de 1996, art. 3: ARTÍCULO 3. Cobertura del estatuto orgánico de presupuesto. Consta de dos

(2) niveles: un primer nivel corresponde al presupuesto general de la Nación, compuesto por los presupuestos
de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional.
El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General
de la República, la organización electoral, y la rama ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía
mixta.

6

Expediente 05001233300020230041901 (71829)
Demandante: Teresa de Jesús Cosme Hincapié y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional
Proceso: Ejecutivo

27. En ese mismo artículo, se estableció como carga de las entidades públicas
que se acogieran a esa posibilidad, la de constatar la veracidad y exigibilidad de las
obligaciones que se reconocerían como deuda pública; se señaló que era de su
responsabilidad adelantar las gestiones pertinentes para ello; se las facultó para
celebrar acuerdos de pago o conciliaciones con los acreedores (beneficiarios) de la
deuda respecto de los montos adeudados; se precisó que la responsabilidad del
pago recaía exclusivamente en la entidad y se anunció que el Gobierno nacional
reglamentaria la materia.

28. El 11 de mayo de 2020, se expidió el Dcto. 642, por medio del cual se
reglamentó el referido art. 53 en lo relacionado con las gestiones que debían
adelantar las entidades que hacen parte del PGN para el reconocimiento como
deuda pública y pago de las sentencias o conciliaciones que se encontraran en mora
al momento de expedición de la Ley 1955 de 2019.

29. Al desarrollar el procedimiento, el decreto estableció que dentro de los 30
días calendario siguientes a su entrada en vigencia las entidades debían hacer una
convocatoria a los beneficiarios finales de dichas obligaciones con el propósito de
invitarlos a celebrar acuerdos de pago (art. 4), los cuales debían contener como
mínimo los siguientes requisitos: (i) la identificación de la providencia19 y su
ejecutoria, (ii) la determinación del beneficiario final de la misma, (iii) la fijación del
valor de capital e intereses generados, con la precisión referente a la reducción de
los intereses causados hasta la fecha de suscripción del mismo, (iv) la “mención
explícita relativa a la suspensión de intereses durante los cinco (5) meses siguientes
a la fecha de suscripción del acuerdo de pago”, (v) el término en el que la entidad
debía adelantar los trámites respectivos ante el Ministerio de Hacienda, el cual no
podía superar 3 meses desde la suscripción del acuerdo de pago; y (vi) la
declaración bajo juramento del beneficiario final de la providencia de no haber
recibido ningún pago por parte de una o varias entidades por el monto reconocido
como deuda pública, ni haber instaurado proceso ejecutivo por la misma; en caso
de que si lo hubiere hecho, debía allegar la constancia de radicación de la
suspensión del proceso por mutuo acuerdo20, y cumplido el pago el beneficiario
debía solicitar la terminación de la ejecución (art. 5).

30. En la descripción del trámite, en el artículo 6. ° el decreto estableció que la
entidad pública debía expedir un acto administrativo en el que discriminara el monto
y los beneficiarios finales de las providencias judiciales cuyo pago estuviera en mora
a 25 de mayo de 2019. En ese mismo artículo se precisó que para la expedición de
dicho acto administrativo no se requería haber celebrado acuerdo de pago respecto
de todas las obligaciones, por lo cual se podían expedir diferentes actos para
compilar en uno las obligaciones que contaran con dicho acuerdo y en otro las
demás, o uno solo que las incluyera a todas.

31. En el artículo 7. ° se dispuso que para las providencias que no contaran con
acuerdo de pago, se conservarían los turnos asignados por cada entidad según la

Un segundo nivel, que incluye la fijación de metas financieras a todo el sector público y la distribución de los
excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado, y de las sociedades de economía
mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorga.
A las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con el régimen de
aquéllas, se les aplicarán las normas que expresamente las mencione (L. 38/89, art. 2; L. 179/94, art. 1)”.
19 Concebida, en su art. 1, como “la sentencia o conciliación debidamente ejecutoriada que se encuentre en

mora en su pago al 25 de mayo de 2019”.
20 Modificación introducida por el Dcto. 960 de 2021. Anteriormente, el decreto exigía presentar desistimiento

del proceso ejecutivo, lo que generó un obstáculo para que se pudieran concretar acuerdos de pago, por lo que
se estimó conveniente modificar la exigencia por una solicitud de suspensión (así lo señala la parte considerativa
de este decreto).

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Expediente 05001233300020230041901 (71829)
Demandante: Teresa de Jesús Cosme Hincapié y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
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Proceso: Ejecutivo

normativa vigente y para aquellas que contaran con ese acuerdo se debía crear una
secuencia de turnos paralela.

32. Para el reconocimiento de las referidas obligaciones como deuda pública, las
entidades debían allegar una solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a
la que se debía adjuntar la o las resoluciones ejecutoriadas en las que se
discriminara el monto y los beneficiarios finales, dicha solicitud debía contener la
indicación de la providencia (expediente y fecha de ejecutoria), la liquidación de las
sumas adeudadas (capital e intereses), la identificación completa de los
beneficiarios finales y los datos de la cuenta bancaria suministrada por éstos para
la realización del pago. Los valores por reconocer debían estar registrados como
pasivo de la entidad.

33. Cumplido lo anterior, el Ministerio y la entidad debían suscribir un acuerdo
marco de retribución21; posteriormente, el primero debía proferir la resolución de
reconocimiento de la obligación como deuda pública y ordenar su pago con cargo
al rubro de servicio de la deuda del PGN, mediante la emisión de Títulos de
Tesorería TES Clase 8 o mediante una combinación de los dos. La expedición de
dicho acto administrativo debía hacerse dentro de los 30 días calendario siguientes
al recibo a satisfacción de la solicitud de pago por parte de la entidad (art. 12).

34. En el art. 14 se estableció que una vez expedida la resolución de
reconocimiento y orden de pago, se debía realizar el registro de la operación
presupuestal en el servicio de deuda en el SIIF Nación a favor la entidad pública
solicitante, la cual debía ejecutar la orden de giro a cada beneficiario a más tardar
el 30 de septiembre de 2022.

35. El 22 de agosto de 2021, se expidió el Dcto. 960, por medio del cual se
incluyó la suspensión del proceso ejecutivo como requisito para la celebración de
los acuerdos de pago; se amplió el plazo para la celebración de acuerdos de pago
hasta el 31 de octubre de 2021; se dispuso que el pago de las obligaciones debía
realizarse a más tardar el 31 de julio de 2022; se estableció un límite temporal para
hacer el pago de los acuerdos marco de retribución; y, se aclaró el rubro
presupuestal con el cual las entidades atenderían las obligaciones del acuerdo
marco de retribución.

36. El 31 de julio de 2022, se expidió el Dcto. 1435, por medio del cual se amplió
el plazo para realizar el pago hasta el 30 de septiembre de 2022. El 12 de diciembre
de 2022 se profirió el Dcto. 2442, a través del cual se prorrogó ese término hasta el
día 23 de esos mismos mes y año.

37. En suma, el procedimiento previsto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019
y reglamentado por el Decreto 642 de 2020 contempló, en primer lugar, la
expedición de un acto administrativo por parte de la entidad obligada, en el que
debía identificar los beneficiarios finales de las providencias judiciales y determinar
las sumas adeudadas por concepto de capital e intereses. Dicho acto cumplía una
función meramente instrumental, pues constituía uno de los requisitos para solicitar
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la obligación
como deuda pública. Por ello, su expedición no constituía el pago de la obligación
ni tenía la virtualidad de extinguirla.

21 Art. 11 del Decreto 642 de 2020.

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38. Una vez presentada la solicitud, correspondía al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público expedir la resolución mediante la cual reconocía la obligación como
deuda pública. Este acto tampoco suponía la satisfacción del crédito, pues
únicamente habilitaba el mecanismo presupuestal dispuesto por el legislador para
atender la obligación con cargo al servicio de la deuda pública. En consecuencia,
tampoco implicaba la entrega efectiva de los recursos al acreedor ni que estos
quedaran a su disposición.

39. Con posterioridad a dicho reconocimiento, debía realizarse el registro
presupuestal correspondiente y ejecutarse la orden de giro a favor de los
beneficiarios. El hecho de que la normativa hubiera establecido un término para
adelantar estas actuaciones no significó que durante ese lapso se suspendiera la
causación de intereses moratorios porque ni el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019
ni sus decretos reglamentarios consagraron una regla de esa naturaleza, por lo que
continuó aplicándose el régimen general previsto en el artículo 177 del C.C.A. y en
el artículo 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

40. La Sala reitera, como en otras oportunidades lo ha hecho22, que el art. 53 de
la Ley 1955 de 2019 estableció un trámite eminentemente administrativo y
presupuestal, orientado a viabilizar el pago de obligaciones dinerarias a cargo de
entidades del PGN —derivadas de sentencias o conciliaciones ejecutoriadas que
estuvieran en mora a 25 de mayo de 2019 (capital e intereses)— mediante su
reconocimiento como deuda pública y su atención con cargo al servicio a la deuda
o a través de la emisión de TES Clase B. Para tal efecto, se fijaron condiciones,
requisitos y plazos que debían observar las entidades obligadas, en aras de hacer
efectivo dicho mecanismo. Este procedimiento no tuvo por objeto —ni produjo como
efecto— alterar el régimen legal relativo a la causación de intereses moratorios
originados en obligaciones dinerarias derivadas de sentencias o conciliaciones
debidamente ejecutoriadas.

41. El art. 53 de la Ley 1955 de 2019 no señaló que el trámite administrativo y
presupuestal que debían seguir las entidades públicas pertenecientes al PGN para
que las obligaciones derivadas de sentencias o conciliaciones debidamente
ejecutoriadas y que estuvieran en mora a 25 de mayo de 2019 fueran reconocidas
como deuda pública suspendería la causación de intereses moratorios durante ese
lapso; por tanto, en esta materia siguió operando la regulación establecida, para el
caso de autos, en el C.C.A. y en el art. 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto;
por ello, debe concluirse que tales intereses se seguían generando hasta el
momento en que los recursos fueran puestos a disposición de los acreedores23
―siempre que la solicitud de pago se hubiese presentado dentro del término de 6
meses siguiente a la ejecutoria de la respectiva providencia judicial24― al margen
del tiempo que la entidad pública empleara para adelantar los trámites
administrativos y presupuestales necesarios para realizar el pago.

42. Lo anterior se corrobora porque al reglamentar el referido artículo, lo que
dispuso el Gobierno nacional fue que en los casos en los que se suscribiera acuerdo
de pago se debía dejar expresamente consignado la reducción de los intereses

22 En este mismo sentido se pronunció la Subsección en sentencias del 21 de febrero de 2025, Exp. 70320, 8

de mayo de 2026, Exp. 71367 y 15 de mayo de 2026, Exp. 73363, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
23 El art. 1653 del Código Civil establece: Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a

los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital. La ejecutante reclamó el
pago de intereses de mora que se habrían causado entre la fecha en que la Fiscalía incluyó en un acto
administrativo su acreencia y la fecha efectiva de consignación de esos dineros, por lo cual a ello debe ceñirse
el proceso.
24 Al realizar librar el mandamiento de pago, el Tribunal tuvo en cuenta que la suspensión de intereses que se

dio porque la solicitud de pago se presentó por fuera de los seis meses a los que se refería el art. 177 del C.C.A.

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causados hasta la fecha del acuerdo, así como la mención explícita relativa a la
suspensión de intereses durante los cinco (5) meses siguientes a la fecha de
suscripción del acuerdo de pago”, lo que significa que en los eventos en los que
este acuerdo no se produjera, los intereses moratorios se seguirían causando hasta
tanto el dinero fuera puesto a disposición de los acreedores, bajo las condiciones
establecidas en el C.C.A. o en el C.P.A.C.A., según el caso.

43. La necesidad de que en los acuerdos de pago mediara una manifestación
expresa sobre la suspensión de los intereses moratorios por un término de 5 meses
reafirma la vigencia de las normas establecidas en el C.C.A., en el C.P.A.C.A, según
el caso, y en el art. 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto respecto de la
generación de intereses moratorios derivados de una sentencia judicial o de un
acuerdo conciliatorio debidamente aprobado por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, durante la vigencia de lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 1955 de
2019 y sus decretos reglamentarios.

44. La observancia de tales normas explica por qué en el marco de la regulación
del referido art. 53 se reconoció que en cabeza de los acreedores se radicaba un
derecho respecto del cual su titular podía disponer libremente en los acuerdos de
pago, en la medida que fue bajo esa normativa que se entendió que se producirían
los intereses moratorios cuya causación se debía acceder a suspender durante 5
meses como requisito para suscribir tales acuerdos.

45. Recuerda la Sala que los intereses de mora constituyen una indemnización
tendiente a resarcir los perjuicios causados el acreedor por no recibir el dinero
adeudado en el plazo correspondiente25; por tanto, son un derecho personal o de
crédito cuya titularidad radica en cabeza del acreedor que, por lo mismo, es el que
puede disponer sobre ellos, ya sea para exigir su reconocimiento íntegro o parcial
o para renunciar a los mismos.

46. Adicionalmente, se precisa que ni el acto administrativo que debían expedir
las entidades del Presupuesto General de la Nación para solicitar el reconocimiento
de la deuda pública ni aquel mediante el cual el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público efectuaba dicha declaración tenían la virtualidad de extinguir la obligación
derivada de las condenas judiciales o de las conciliaciones aprobadas por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la medida en que tales
actuaciones no comportaban la ejecución de la obligación, esto es, la entrega
efectiva de las sumas adeudadas a los acreedores26. Tampoco implicaban que los
recursos fueran puestos a disposición de los beneficiarios o de sus apoderados,
según el caso, en los términos del artículo 45 del Estatuto Orgánico del
Presupuesto. En consecuencia, la sola expedición de esos actos administrativos no
solucionaba la deuda ni suspendía la causación de los intereses moratorios. Cabe
resaltar, además, que la expedición de dichos actos no constituye ni puede
equipararse a alguno de los modos legalmente previstos para extinguir las
obligaciones27.

25 Código Civil, art. 1617: <INDEMNIZACIÓN POR MORA EN OBLIGACIONES DE DINERO>. Si la obligación

es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes
(…).
26 Artículo 1626 del Código Civil: “El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”.
27 “ARTÍCULO 1625 CÓDIGO CIVIL. <MODOS DE EXTINCIÓN>. Toda obligación puede extinguirse por una

convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en
darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1o.) Por la solución o pago efectivo.
2o.) Por la novación.
3o.) Por la transacción.
4o.) Por la remisión.

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47. En ese sentido, ante la existencia de una normativa que dispone que en el
caso de las sentencias los intereses moratorios se causan desde su ejecutoria y
hasta que la suma de dinero respectiva sea puesta a disposición del beneficiario o
su apoderado, según el caso, debe concluirse que en ese interregno esos intereses
se generarán; por tanto, el acreedor adquiere el derecho a reclamarlos, salvo que
por su propia negligencia para solicitar de manera oportuna el pago de la condena
―6 meses en el caso del C.C.A. y 3 en el del C.P.A.C.A― su causación se
suspenda hasta que cumpla con los requisitos exigidos para el pago 28 o que en el
marco de la regulación adoptada a través de la Ley 1955 de 2019 y sus decretos
reglamentarios hubiese aceptado que su generación se suspendiera por un término
de 5 meses.

48. La Sala advierte que en atención a la naturaleza particular de este derecho y
a la titularidad que sobre él ostenta el acreedor, cualquier limitación,
condicionamiento o alteración en la causación o exigibilidad de los intereses
moratorios no puede presumirse ni derivarse de manera implícita de disposiciones
que regulen aspectos distintos, como los procedimientos administrativos o
presupuestales para el pago de obligaciones, sino que debe emanar de una
previsión normativa expresa que incida directamente en ese ámbito, como es el
caso de lo dispuesto en el penúltimo inciso del art. 177 del C.C.A. o 4.° del
C.P.A.C.A., en punto a la suspensión de su causación sino se presenta de manera
oportuna la solicitud para el pago.

49. Como corolario de todo lo expuesto, se descarta la interpretación del art. 53
de la Ley 1955 de 2019 a la que aludió el Ministerio de Defensa como fundamento
de la excepción de pago total de la obligación que propuso, en el entendido que esa
ley y sus decretos reglamentarios supusieron implícitamente que entre el acto
administrativo en el que las entidades públicas pertenecientes al PGN debían
discriminar los beneficiarios finales y los montos de las obligaciones de sentencias
y conciliaciones que estaban en mora a 25 de mayo de 2019, para efectos de que
fueran reconocidas como deuda pública, y la fecha efectiva del pago no se
causaban intereses moratorios, toda vez que: (i) supondría admitir, por vía de
interpretación, que una ley ordinaria modificó una ley orgánica; (ii) no encuentra
respaldo en el contenido mismo del art. 53 de la Ley 1955 de 2019 ni en sus decretos
reglamentarios que, en cambio, establecen que para que se suspendiera la
generación de tales intereses moratorios debía constar manifestación expresa del
beneficiario en ese sentido; y, (iii) es contraria a lo regulado sobre la materia en el
art. 177 del C.C.A. y en el art. 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

50. En consecuencia, se confirma la sentencia proferida el 23 de julio de 2024,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión, ordenó continuar con la ejecución en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, en los términos ordenados en el auto del 21 de febrero
de 2024, que libró mandamiento de pago.

5o.) Por la compensación.
6o.) Por la confusión.
7o.) Por la pérdida de la cosa que se debe.
8o.) Por la declaración de nulidad o por la rescisión.
9o.) Por el evento de la condición resolutoria.
10.) Por la prescripción”.
28 En sentencia C-428 de 2002, la Corte declaró la exequibilidad de lo dispuesto en ese sentido en el art. 177

del C.C.A, bajo el entendido que esa previsión no desconoce el derecho a la propiedad e impone una medida
de confiscación, toda vez que la mora a la que habría lugar una vez cumplido el plazo señalado en la ley, no es
imputable al Estado deudor sino al propio beneficiario acreedor, derivada de la actitud negligente de éste en la
reclamación oportuna de la condena

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Expediente 05001233300020230041901 (71829)
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Costas

51. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación

y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil, actualmente CGP. El artículo 361 ibidem establece que las
costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados
durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”.

52.
Según lo dispuesto en el numeral 1. ° del artículo 365 de esa misma normativa29,
sería procedente condenar en costas de esta instancia a la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, toda vez que se resuelve desfavorablemente el
recurso de apelación que propuso. No obstante, ese numeral debe ser leído en
concordancia con lo establecido en el 8. ° que dispone que “solo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.

53.
Es criterio mayoritario de la Sala que si no hay una actuación efectiva del
apoderado no se causan gastos por agencias en derecho30, por tanto, como en
esta instancia no intervino la parte ejecutante, no hay lugar a fijar ningún monto
por ese concepto.

54.
Asimismo, como no se encuentra acreditado que se hubiesen causado
expensas u otros gastos, no se emitirá condena en costas en contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para esta instancia.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de julio de 2024, por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.

SEGUNDO: Sin condena en costas para la segunda instancia.

29 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas

se sujetará a las siguientes reglas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.
30 Esta Subsección había considerado que era procedente condenar en costas por el componente de agencias

en derecho cuando el apoderado de la parte no realizaba ninguna actuación, sobre la base de que la
designación de un abogado que ejerciera la defensa judicial de sus intereses genera agencias en derecho
incluso por la sola vigilancia del proceso, manteniendo las responsabilidades que el mandato de apoderamiento
conlleva y, aun en el evento de que se tratara de apoderados vinculados a su planta de personal. El criterio se
modificó en sentencia 73143 del 16 de junio de 2026.

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Expediente 05001233300020230041901 (71829)
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TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
(salvamento parcial de voto)

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
(aclaración de voto)
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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