Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00446-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00446-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2023-00446-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
6 de julio de 2023
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00446-01
Demandante: Gladys Stella Rivera Torres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00446-01
Demandante: GLADYS STELLA RIVERA TORRES
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Acto administrativo que da
por terminado nombramiento en provisionalidad para efectuar el
nombramiento de quien ocupó el concurso de méritos. Requisito
objetivo de subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la actora, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de 2
de mayo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos1
La actora tiene 67 años de edad pues nació el 10 de junio de 1956, a lo que
agregó que ocupaba el cargo de asistente de Fiscal III código 16403 en la
Seccional Medellín, en provisionalidad.
Relató que por medio de la Resolución No. 1565 de 17 de marzo de 2023, la
Fiscalía General de la Nación dispuso dar por terminada su vinculación con
fundamento en los nombramientos, en periodo de prueba, de quienes superaron el
concurso de méritos -FGN2021-, en la modalidad de ascenso.
Por último, indicó que contra dicho acto administrativo presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación en el que puso de presente que aun cuando
ya cumplió los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, la
liquidación del monto pensional presenta un error porque la Fiscalía General de la
Nación no ha remitido los comprobantes de pago de los aportes correspondientes
a los años 2010 a 2012.
2. Fundamentos de la acción
La demandante presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales a la vida, dignidad humana, mínimo vital, seguridad social,
igualdad, debido proceso, hábeas data y petición, los cuales considera vulnerados
1 La Sala advierte que para presentar con mayor claridad los hechos se referirá a lo relatado en la
demanda y otros documentos que obran en el expediente.
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Demandante: Gladys Stella Rivera Torres
con la Resolución No. 1565 de 17 de marzo de 2023 expedida por la Fiscalía
General de la Nación, por medio de la cual se dio por terminado el nombramiento,
en provisionalidad, del cargo de asistente de Fiscal III código 16403 en la
Seccional Medellín que ocupaba. Lo anterior, por cuanto no se tuvo en cuenta que
aun cuando cumplió los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión
de vejez, la mesada pensional fue liquidada de manera errónea porque no se
están teniendo en cuenta unos aportes correspondientes al periodo comprendido
entre los años 2010 a 2012.
Indicó que ha solicitado a la entidad demandada los respectivos soportes de pago
de aportes, pero no se los han entregado y, por esta razón, no había renunciado a
su empleo esperando que se corrigiera la historia laboral en Colpensiones y se
liquidara de manera correcta el monto de la pensión de vejez.
Finalmente, expuso algunas consideraciones generales sobre la posibilidad de
que el empleador solicite el reconocimiento pensional en favor de un trabajador,
así como a la de permanecer en el cargo público aun habiendo adquirido el
estatus pensional hasta que cumpla la edad de retiro forzoso -70 años-, conforme
con lo establecido en la Ley 1821 de 2016.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“Con fundamento en los hechos narrados anteriormente, en las pruebas que se aportan
y en las consideraciones expuestas solicito muy comedidamente procedan a
MODIFICAR en todas su partes la Resolución No 1565 de 1[7] de marzo de 2023, en
consecuencia, se sirvan REVOCAR el Acto Administrativo que da por terminado mi
nombramiento en provisionalidad, toda vez que la Entidad responsable y negligente en
que aún permanezca laborando es mi empleador FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
por las razones anteriormente expuestas”.
4. Pruebas relevantes
Obra copia de la Resolución No. 1565 de 17 de marzo de 2023 y del recurso de
apelación presentado contra dicho acto administrativo.
5. Trámite procesal
Por auto de 25 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante, a la autoridad
administrativa demandada y a la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones-, vinculada en calidad de demandada.
Posteriormente, por auto de 26 de abril de 2023 se dispuso la vinculación del
señor Wolfan Antonio Mira Mejía, en calidad de tercero interesado en el resultado
el proceso, teniendo en cuenta que superó el concurso de méritos y fue nombrado
en el cargo que ocupaba la accionante.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
6.1.1. La directora ejecutiva de la entidad pidió que se declare improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se cumple el presupuesto de la
subsidiariedad, en tanto la actora dispone de otro mecanismo de defensa judicial
ordinario como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para controvertir la Resolución No. 1565 de 2023, que dispuso la terminación de
su nombramiento.
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Señaló que la desvinculación del cargo que ocupaba la actora en provisionalidad
se fundamentó en la necesidad de efectuar el nombramiento, en periodo de
prueba, de quien superó el concurso de méritos por lo que no se vulneró algún
derecho fundamental. Además, adujo que la accionante no goza de estabilidad
laboral reforzada, pues ya cumplió los requisitos para acceder al reconocimiento
de la pensión de vejez.
6.1.2. La Subdirectora de Talento Humano de la entidad solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, bajo el argumento de que no se cumple el
presupuesto de la subsidiariedad y no se evidencia la amenaza de un perjuicio
irremediable.
Al respecto, señaló que por medio de la Resolución No. 1565 de 2023 se dispuso
la terminación del nombramiento en provisionalidad de la actora por causa del
nombramiento en periodo de prueba de quien superó el concurso de méritos -FGN
2021-, y adujo que para controvertir dicho acto administrativo la actora dispone de
otros mecanismos de defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que podrá pedir la suspensión provisional del
acto demandado.
Consideró que no se demostró un perjuicio irremediable que habilite la acción de
tutela de manera excepcional para controvertir un acto administrativo, pues la
actora no goza de estabilidad laboral reforzada, en tanto tiene 66 años de edad y
más de 1475 semanas cotizadas, es decir, al cumplir los requisitos para acceder a
la pensión de vejez le corresponde hacer la solicitud de reconocimiento pensional
y, por lo tanto, de esta manera podrá garantizar el mínimo vital.
Asimismo, afirmó que mientras se produce el ingreso a la nómina de pensionados
podrá garantizar su subsistencia con los recursos pagados en virtud de la
liquidación por el retiro del servicio $6.794.033 y las cesantías consignadas
respecto del periodo 2022, $5.114.008.
Finalmente, puso de presente que no es la Dirección de Talento Humano el área
que expidió el acto administrativo cuestionado por lo que alegó falta de
legitimación en la causa por pasiva y pidió que se vincule a la Dirección Ejecutiva
de la Fiscalía General de la Nación, en virtud de las facultades establecidas en la
Resolución No. 00554 de 23 de junio de 2022, que es la dependencia que tiene a
su cargo los asuntos relacionados con los nombramientos de los servidores
públicos.
6.2. Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones-
La directora (A) de la Dirección de Acciones Constitucionales de la entidad pidió
que se desvincule del trámite constitucional teniendo en cuenta que existe falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto Colpensiones no tiene competencia
para atender las pretensiones de la demanda dirigidas a que se revoque la
Resolución No. 1565 de 2023, expedida por la Fiscalía General de la Nación.
De igual modo, puso de presente que por medio de la Resolución SUB277112 de
2 de octubre de 2022 se dispuso reliquidar la pensión de vejez reconocida en favor
de la señora Gladys Stella Rivera Torres elevando la cuantía de la misma a $
4.270.892 y el pago quedó sujeto al retiro definitivo del servicio.
6.3. Respuesta del señor Wolfan Antonio Mira Mejía
En su condición de tercero vinculado al trámite constitucional, manifestó que no le
asiste interés en pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones de la demanda,
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teniendo en cuenta que el 3 de abril de 2023 comunicó a la Fiscalía General de la
Nación que no aceptaba el nombramiento en el cargo para el cual concursó y, en
razón a ello, no se produjo alguna vinculación laboral con la entidad demandada.
7. Sentencia de tutela impugnada
El Tribunal Administrativo de Antioquia por sentencia de 2 de mayo de 2023,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad.
Evidenció que la acción de tutela se dirige contra un acto administrativo de
contenido particular y concreto que dispone la terminación del nombramiento en el
cargo de asistente de Fiscal III que la actora ocupaba en provisionalidad en la
Fiscalía General de la Nación, Seccional Antioquia, por lo que consideró que las
inconformidades que tiene frente a esa decisión deben ser ventiladas ante la
jurisdicción contencioso administrativa a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, trámite que prevé la posibilidad de solicitar como
medida cautelar la suspensión del acto demandado.
En esa línea, adujo que no se evidencia la amenaza de ocurrencia de un perjuicio
irremediable que requiera la intervención urgente y necesaria del juez de tutela en
un asunto que le corresponde definir al juez natural, ello porque se evidenció que
por Resolución SUB 277112 de 5 de octubre de 2022 se reliquidó la pensión de
vejez en un monto de $4.270.892, sujeta al retiro definitivo del servicio.
Por último, sobre las inconsistencias en la historia laboral de Colpensiones porque
supuestamente la entidad accionada omitió el reporte del pago de los aportes a
pensión para el periodo comprendido entre el 2010 y el 2012, y que según lo
manifestado en la demanda le han impedido presentar la renuncia al cargo para
acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, el a quo consideró que
“revisadas las pruebas recaudadas (archivo 012 fls 176), se halla el soporte de
envió de dichas cotizaciones a la Administradora de Pensiones además, la
accionante en su escrito señala que por dicha sustracción sus semanas cotizadas
son de 1.184, por su parte de 1.475 reporta la FGN (archivo 012 fls 191) y en el
Acto Administrativo que reliquida la pensión la Administradora indica 2.052
semanas (archivo 014 fls 18), pudiéndose inferir entonces, que el derecho a la
seguridad social por presuntamente haber inconsistencias en la historia laboral, no
está siendo conculcado”.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó su revocatoria y que
acceda a las pretensiones de la solicitud. En su escrito indicó “que las posiciones
adoptadas por la Fiscalía General de la Nación y Colpensiones carecen de
veracidad ya que la Fiscalía aun no ha pagado mis aportes pensionales con los
respectivos intereses moratorios a Colpensiones y por tal razón dicha
administradora de pensiones liquida de manera incorrecta el monto de mi pensión
de vejez”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 2 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que declaró la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, en tanto la autoridad accionada
vulneró los derechos fundamentales de la actora con la expedición de la
Resolución No. 1565 de 2023 que dio por terminado su nombramiento provisional
en el cargo de asistente de Fiscal III.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos
El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.
En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.
No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.
Dentro del marco expuesto, es importante tener en cuenta que la Corte
Constitucional en diferentes pronunciamientos ha reiterado el carácter residual y
excepcional de la tutela, por lo que, en principio, no constituye el mecanismo
adecuado para controvertir las actuaciones administrativas. Al respecto, en la
sentencia T-514 de 2003, reiterada por las sentencias T-451 de 2010 y T-956 de
2011, expresó lo siguiente:
“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como
mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como
quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su
defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
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actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio
irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la
aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que
el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991), mientras se surte el
proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de 5 de marzo de 2014, consideró que no todo perjuicio
irremediable conduce a la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio,
pues es necesario que además de esa entidad, tal daño sea injustificado, que no
provenga de una acción legítima de la autoridad contra quien se interpone, que en
términos generales corresponde a lo que la jurisprudencia sobre la materia, tanto
de la Corte Constitucional como de esta Corporación, han denominado
presupuestos de procedibilidad.
Precisado lo anterior, se observa que, con la finalidad de garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia, el cual se puede ver afectado por la
extensa duración de los procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa, a
petición del interesado, debidamente sustentada en el respectivo medio de control,
el juez podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias para
salvaguardar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia.
Al respecto, el capítulo XI del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) ha dispuesto las medidas cautelares como
un mecanismo de defensa provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es
evitar un perjuicio irremediable, razón por la que es deber del actor agotar dicho
medio, en primer término, debido a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción
de tutela. Según el artículo 230, las medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas,
cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin de evitar
un perjuicio irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando
el juez ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se
encontraba antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas,
cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas,
cuando se ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto
administrativo.
Así mismo, el artículo 234 del CPACA se refiere a las medidas cautelares de
urgencia las cuales pueden ser adoptadas por el juez o magistrado desde la
presentación de la solicitud sin previa notificación a la otra parte, siempre y cuando
se evidencie que por la urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el
artículo 233 del mismo estatuto procesal.
En suma, la acción de tutela no es el medio judicial idóneo para debatir la
legalidad de actos administrativos, pues para el efecto la Ley 1437 de 2011
establece diferentes medios de control en los que son procedentes las medidas
cautelares contempladas en dicha normatividad. Solo en casos muy
excepcionales, en los que sea evidente la configuración de un perjuicio
irremediable o que el mecanismo de defensa judicial ordinario no goza de la
idoneidad requerida, le corresponde al juez constitucional restablecer los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La actora presentó acción de tutela con el fin de que se garanticen los
derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, mínimo vital, seguridad
social, igualdad, debido proceso, hábeas data y petición, los cuales considera
vulnerados con la Resolución No. 1565 de 17 de marzo de 2023 expedida por la
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Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se dio por terminado el
nombramiento en el cargo de asistente de Fiscal III código 16403 que ocupaba en
provisionalidad.
Concretamente, consideró que la autoridad demandada al momento de la
expedición del acto administrativo demandado, no tuvo en cuenta que aun cuando
cumplió los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, el
monto de la mesada reconocida por Colpensiones presentaba un error porque no
se estaban teniendo en cuenta los aportes correspondientes al periodo
comprendido entre los años 2010 a 2012.
En ese orden, señaló que esa circunstancia había impedido renunciar a su
empleo, pues estaba esperando que se corrigiera la historia laboral en
Colpensiones, lo que supuestamente depende de la entidad demandada y que se
liquidara de manera correcta el monto de la pensión de vejez.
Con fundamento en lo anterior, en la solicitud de amparo constitucional solicitó que
se revoque la Resolución No. 1565 de 17 de marzo de 2023.
4.2. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumple el requisito de
subsidiariedad, toda vez que existe otro mecanismo de defensa judicial ordinario
para controvertir el acto administrativo que dispuso la terminación del
nombramiento del cargo de asistente de Fiscal III que ocupaba la actora en
provisionalidad, como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, trámite judicial en el que podrá pedir la suspensión provisional del acto
administrativo.
Asimismo, advirtió que no se acreditó un perjuicio irremediable, en tanto constató
que por medio de la Resolución SUB277112 de 5 de octubre de 2022,
Colpensiones reliquidó la pensión de vejez reconocida a favor de la actora,
elevando la cuantía de la mesada pensional a $4.270.892, cuyo pago se
condicionó al retiro del servicio definitivo del servicio.
4.3. En el escrito de impugnación, de manera general, la accionante manifestó que
su desacuerdo con la decisión de primera instancia radica en que aun no se han
“pagado [sus] aportes pensionales con los respectivos intereses moratorios a
Colpensiones”, y aseveró que esa circunstancia conlleva un error en la liquidación
de la mesada pensional reconocida por Colpensiones.
4.4. Descendiendo al caso concreto, en primer término, la Sala considera
necesario precisar que en el escrito de impugnación la actora hace referencia a
circunstancias diferentes a las planteadas en la demanda de tutela como posibles
causas de la vulneración ius fundamental invocada, pues dirigió los reproches
contra el acto administrativo que dispuso la terminación de su nombramiento,
empero en el escrito de impugnación controvierte el monto de la mesada de la
pensión de vejez reconocida por Colpensiones por errores en la historia laboral
por una supuesta mora en el pago de los aportes.
Al respecto, teniendo en cuenta que las autoridades demandadas ejercieron el
derecho de defensa y contradicción en el marco de lo expuesto en el escrito inicial
de tutela en torno al acto administrativo que dispuso la terminación de su
nombramiento en la Fiscalía General de la Nación, resulta improcedente en
segunda instancia realizar un estudio de fondo sobre el procedimiento que se ha
adelantado para atender la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez que
fue reconocida a la demandante por medio de la Resolución No. 28163 de 19 de
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octubre de 20112, pues ello supondría una vulneración del derecho fundamental al
debido proceso, en tanto sobre esas razones no pudieron expresar sus razones de
defensa y contradicción.
Precisado lo anterior, la Sala considera que de los argumentos expuestos en la
demanda y en el escrito de impugnación, no se avizoran razones para revocar la
decisión proferida en primera instancia, en tanto la actora cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial para controvertir la Resolución No. 1565 de 17 de
marzo de 2023 que dispuso la terminación del nombramiento en provisionalidad
en el cargo de asistente de Fiscal III que desempeñaba la accionante, como lo es
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Además, la demandante tiene a su disposición la posibilidad de solicitar que se
profiera una medida cautelar en virtud de lo establecido en los artículos 230 y 231
de la Ley 1437 de 2011, en concreto, la suspensión provisional del acto
administrativo demandado para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Ahora bien, en el expediente de tutela se encuentra acreditado que a la actora le
fue reconocida la pensión de vejez y la mesada pensional corresponde a
$4.270.892, lo que estaba sujeto al retiro definitivo del servicio. Además, sin duda
puede comenzar a disfrutar de esa prestación económica aun cuando considere
que debe reclamar la reliquidación pensional. Ello permite desvirtuar la amenaza
del perjuicio irremediable por la afectación al mínimo vital, al que hizo referencia
en el escrito de tutela, pues sin duda con esos recursos puede garantizar su
subsistencia, por lo que, no existen razones para habilitar el mecanismo de
protección constitucional como mecanismo transitorio o, incluso definitivo,
desplazando los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
En ese sentido, debe recordarse que la Corte Constitucional ha señalado que el
perjuicio irremediable se refiere a “un grave e inminente detrimento de un
derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de
aplicación inmediata e impostergables que neutralicen, cuando ello sea
posible, la violación del derecho. En caso de darse un perjuicio de tal naturaleza,
es razonable la protección excepcional por vía de tutela de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados, por lo que aún ante la existencia de
mecanismos de defensa alternativos, la acción de tutela resulta ser impostergable,
con el fin de asegurar su preeminencia constitucional y la eficacia de los derechos
fundamentales3”.
Con fundamento en lo anterior, la acción de tutela promovida por la demandante
es improcedente, en tanto frente a situaciones particulares y generales que se
pudieran derivar de la expedición de la Resolución No. 1565 de 17 de marzo de
2023, la Ley 1437 de 2011 establece el mecanismo de defensa judicial al que
puede acudir con el fin de que se realice el estudio de legalidad de la decisión
administrativa de terminación del nombramiento del cargo asistente de Fiscal III en
provisionalidad.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 2 de mayo de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró improcedente la
acción de tutela, porque no cumplió el presupuesto de la subsidiariedad.
2 La referencia al acto administrativo de reconocimiento pensional se toma de la Resolución No.
277112 de 5 de octubre de 2022, que accedió a la reliquidación pensional solicitada por la actora.
3 Sentencia T-227 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 2 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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