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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2023-00476-01

Fecha
21 de marzo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2023-00476-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de origen, para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2023-00476-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00476-01 (71.672)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Marlon Fabio Espinosa Rivera
Referencia: Repetición

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación –
Ministerio de Defensa - Policía Nacional contra la sentencia del 17 de junio de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual
declaró de oficio la caducidad de la acción instaurada, y, en consecuencia, negó
las súplicas de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se promovió demanda de repetición contra el señor Marlon Fabio Espinosa
Rivera, pretendiendo que se le ordene reintegrar la suma de dinero que la Policía
Nacional pagó en virtud de una condena judicial que declaró patrimonial y
extracontractualmente responsable a la Institución, por las lesiones sufridas por la
señora Adela Miranda Martínez en un accidente tránsito, en el cual estuvo
involucrado cuando, para la época de los hechos, fungía como patrullero de la
referida entidad.

ANTECEDENTES

La demanda y las razones en las que se fundamenta

3. En escrito presentado el 8 de mayo de 20231, la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, por conducto de apoderado judicial, demandó en
repetición al señor Marlon Fabio Espinosa Rivera, solicitando las siguientes
declaraciones y condenas (transcritas en su tenor literal, aun con los posibles
errores):

“PRIMERO: DECLÁRESE al señor PT. MARLON FABIO ESPINOSA RIVERA,
identificado con cedula de ciudadanía Nro. 98.765.232 de Medellín, responsable
administrativamente de los hechos que dieron origen a la Sentencia condenatoria
proferida por el Juzgado (02) Segundo Administrativo de Descongestión de fecha el
25/05/2017 que modifico el numeral segundo de la Sentencia de Segunda Instancia

1 La demanda fue inadmitida en auto del 17 de mayo de 2023, subsanada el 26 de mayo, y
admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de auto del 7 de junio de 2023.
SAMAI. Tribunal de Antioquia. Índice 00028. Documento “001Demanda.pdf”.

1

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00476-01 (71.672)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Marlon Fabio Espinosa Rivera.
Referencia: Repetición.

proferida por el H. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Descongestión quedando ejecutoriada el 05 de junio de 2017 dentro del medio de
control de reparación directa dentro expediente de reparación directa bajo radicado
No.05001-33-031-001- 2011-00385-00 donde es actor ADELA ADRIANA MIRANDA
MARTINEZ y otro; y en razón a la condena impuesta contra entidad NACION-
MINDEFENSA- POLICÍA NACIONAL, debiendo mi representada pagar en favor de
los demandantes la suma impuesta como indemnización integral mediante la
Resolución:

Resolución 01583 del 09/06/2022, expedida por el señor Teniente Coronel
FRANCISCO JAVIER CASTRO GIL Secretario General ( e), dispuso Dar
cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
Sala Sistema Escrito del 20 de abril de 2017, ejecutoriada el 05 de junio de 2017,
corregida el 25 de mayo del 2017 por el mismo despacho, la cual modificó el
numeral segundo del fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión del Circuito de Medellín, del 30 de septiembre de 2015, dentro de
la Acción de Reparación Directa, expediente 105001 33-31-001-2011-00385-00,
y en consecuencia, disponer el pago de la suma de DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y
CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
($2.589.097.074,54), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente resolución al FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA
"C"C"., identificado con NIT. 900.058.687-4, mediante consignación en la
CUENTA DE AHORROS N.º. 5069168207 DEL BANCO CITIBANK COLOMBIA,
como lo acredita además la orden de pago presupuestal del SIIF y Certificación
de Pago expedida por Tesorería General de la Policía Nacional donde consta el
pago realizado de fecha 15 de julio de 2022 expedida mediante comunicación
oficial número GS-2023-013606-DIRAF de fecha 24/04/2023 expedida por el
Tesorero General de la Policía Nacional. Con la salvedad que, para efectos del
monto de lo pretendido a recuperar por la entidad, será el descontado de los
intereses corrientes de perjuicios morales y materiales que se haya ocasionado
hasta el monto del pago de la misma; de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 parágrafo de la ley 678 de 2001.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al señor
PT. MARLON FABIO ESPINOSA RIVERA, identificado con cedula de ciudadanía
Nro. 98.765.232 de Medellín, a reembolsar a la Nación – Ministerio de Defensa;
Policía Nacional, el total del capital pagado por la Policía Nacional, como consta en la
Resolución 01583 del 09/06/2022, expedida por el señor Teniente Coronel
FRANCISCO JAVIER CASTRO GIL Secretario General ( e), dispuso Dar
cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala
Sistema Escrito del 20 de abril de 2017, ejecutoriada el 05 de junio de 2017,
corregida el 25 de mayo del 2017 por el mismo despacho, la cual modificó el numeral
segundo del fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión
del Circuito de Medellín, del 30 de septiembre de 2015, dentro de la Acción de
Reparación Directa, expediente 105001 33-31-001-2011-00385-00, y en
consecuencia, disponer el pago de la suma de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2.589.097.074,54), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente resolución al FONDO ABIERTO CON
PACTO DE PERMANENCIA "C"C"., identificado con NIT. 900.058.687-4, mediante
consignación en la CUENTA DE AHORROS N.º. 5069168207 DEL BANCO
CITIBANK COLOMBIA, como lo acredita además la orden de pago presupuestal del
SIIF y Certificación de Pago expedida por Tesorería General de la Policía Nacional
donde consta el pago realizado de fecha 15 de julio de 2022 expedida mediante
comunicación oficial número GS-2023- 013606-DIRAF de fecha 24/04/2023 expedida
por el Tesorero General de la Policía Nacional, en cumplimiento de las sentencia

2

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00476-01 (71.672)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Marlon Fabio Espinosa Rivera.
Referencia: Repetición.

condenatorias referidas y a los hechos enunciados en el cual la Nación – Ministerio
de Defensa Policía Nacional.

Con la salvedad que, para efectos del monto de lo pretendido a recuperar por la
entidad, será el descontado de los intereses corrientes de perjuicios morales y
materiales que se haya ocasionado hasta el monto del pago de la misma; de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 parágrafo de la ley 678 de 2001.

TERCERO: frente a la acreditación del pago se aportan las pruebas con que cuenta
la entidad legalmente válidas que acreditan el pago efectuado por la entidad, tales
como:

● Certificación de Pago expedida por Tesorería General de la Policía Nacional
donde consta el pago realizado de fecha 15 de julio de 2022 expedida mediante
comunicación oficial número GS-2023-013606- DIRAF de fecha 24/04/2023 expedida
por el Tesorero General de la Policía Nacional, en cumplimiento de las sentencias
condenatorias referidas y a los hechos enunciados en el cual la Nación – Ministerio
de Defensa Policía Nacional.

● Orden de pago presupuestal de gastos de comprobantes SIIF, se efectuaron
los respectivos pagos así: Fecha de registro 27/06/2022 número 9010682878 por
valor de $($2.589.097.074,54), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la presente resolución al FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA
"C"C"., identificado con NIT. 900.058.687-4, mediante consignación en la CUENTA
DE AHORROS N.º. 5069168207 DEL BANCO CITIBANK COLOMBIA.

● Resolución 01583 del 09/06/2022, expedida por el señor Teniente Coronel
FRANCISCO JAVIER CASTRO GIL Secretario General (e), dispuso Dar
cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala
Sistema Escrito del 20 de abril de 2017, ejecutoriada el 05 de junio de 2017. Se
tengan como medios de prueba para garantizar la efectividad del pago como dispuso
el artículo 142 Inc. 3 de la ley 1437 de 2011. Cuando se ejerza la pretensión
autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que
cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba
suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario
responsable del daño. (En negrilla y subrayada fuera de texto).

CUARTO: Ruego a su señoría, que una vez, haya vislumbrado el grado de
participación, del hoy encartado, cuantifique el monto de la condena correspondiente
atendiendo al grado de intervención del demandado en la producción del daño
antijurídico; de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 678 de 2001.

QUINTO: Que cuando se ponga fin a la presente litis, ya sea por condena o
conciliación, solicito a su señoría establecer un plazo para el cumplimiento de dicha
obligación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 678 de 2001.

SEXTO: Que el monto de la condena que se profiera en contra del señor PT.
MARLON FABIO ESPINOSA RIVERA, identificado con cedula de ciudadanía Nro.
98.765.232 de Medellín, sea actualizado hasta el monto del pago efectivo, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 187 de la Ley 1437 de
2011.

SÉPTIMO: Que se condene en costas al demandado, de conformidad al artículo 188
de la Ley 1437 de 2011.”

3

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00476-01 (71.672)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Marlon Fabio Espinosa Rivera.
Referencia: Repetición.

4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, en síntesis, adujo lo
siguiente:

5. Que el señor Mario Fabio Espinosa Rivera para la época de los hechos se
desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional, y era quien conducía una
motocicleta involucrada en el accidente, alegando que su “conducta fue a todas
luces imprudente y, por lo mismo, constitutiva de falla en el servicio, en la medida
en que desatendió su deber de cuidado y precaución, cuando al circular por el sitio
de la ocurrencia de los hechos, pretendió adelantar el vehículo particular con el
cual colisionó, en plena intersección, infringiendo de esta manera el artículo 73
inicio 1º de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre".

6. Asimismo, señaló que la falla del servicio, como bien lo determinaron los
falladores de instancia, tuvo su génesis en el actuar imprudente del efectivo
policial quien incurrió en culpa grave, al conducir la motocicleta desacatando las
normas de tránsito que rigen la actividad, ocasionando así el accidente que a la
postre produjo la condena contra la entidad estatal.

7. Por lo anterior, la demandante afirmó que se encuentra legitimada para
promover demanda de repetición en contra del señor Espinosa Rivera, con
fundamento en el inciso 2º del artículo 90 de la Constitución Política, que
establece la obligación de las entidades públicas de repetir en el evento de ser
condenadas cuando el daño antijurídico haya sido consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, como en el presente caso, por
configurarse la presunción establecida en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678
de 2001.

8. Finalmente, señaló que la entidad procedió al pago de la sentencia
condenatoria (capital más intereses) a través de la Resolución No. 01583 del 09
de junio de 2022, erogación que fue efectivamente realizada el 15 de julio de
2022, según consta en el certificado del 24 de abril de 2023, expedido por el
Tesorero General de la Policía Nacional.

La contestación de la demanda

9. El 28 de julio de 20232, a través de apoderado judicial, el demandado se
opuso a todas las pretensiones, indicando que no se cumplen los requisitos para
que proceda el medio de control de repetición, resaltando que la conducta
endilgada no puede ser catalogada como gravemente culposa y que tampoco es
la generadora del pago de la condena que tuvo que realizar la Policía Nacional.

10. Sobre los hechos, indicó que es cierto que la señora Miranda Martínez
resultó gravemente lesionada en el accidente de tránsito ocurrido el día 25 de julio

2 Contestación de la demanda. SAMAI. Tribunal de Antioquia. Índice 00028. Documento
“010ContestacionDemanda.pdf”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2023-00476-01 (71.672)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Marlon Fabio Espinosa Rivera.
Referencia: Repetición.

de 2009, pero que éste no fue producto de una maniobra imprudente, negligente o
dolosa desplegada por el aquí demandado.

11. Al respecto, relató que ese día se encontraba de turno con su compañera
de trabajo en el sector El Poblado, de la ciudad de Medellín, cuando por la central
de radio se les solicitó el refuerzo como cuadrante disponible, por lo que,
abordaron el vehículo oficial, motocicleta marca Suzuki DR-650, y procedieron a
realizar lo que se conoce en el argot de la Policía Nacional, como “operación
candado”, consistente en el cierre de las posibles vías por las que pudiera transitar
los presuntos delincuentes que estaban siendo perseguidos.

12. El demandado destacó que la instrucción que reciben como uniformados de
la Policía Nacional, es actuar con rapidez ante los llamados de emergencia, por lo
cual procedieron al apoyo, con su respectivo uniforme, casco y chalecos
reflectivos, activando las luces de la motocicleta de uso policial tipo baliza,
describiendo que son unas luces de color azul y roja que emiten un sonido similar
tipo carro de emergencia “ambulancia”, dando señal a los ciudadanos para que
procedan a dar paso.

13. Narró que el accidente se ocasionó en una intersección con un automóvil
de servicio particular, cuyo conductor se encontraba en estado de embriaguez.
Agregó que, el golpe con el referido vehículo se dio en la parte delantera, lo que
hizo que perdieran el control de la motocicleta y después de varios segundos de
hacer un movimiento en trompo, él y su compañera cayeron de espaldas.

14. Además, alegó que en la determinación de una responsabilidad subjetiva
(como lo es un juicio de repetición), juega un papel decisivo el análisis de la
conducta del agente sin que, por ello, cualquier equivocación, error de juicio o
actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sea constitutiva de
responsabilidad, sosteniendo que la sola condena a la entidad en instancia
administrativa por el accidente de tránsito en que se vio involucrado no es
suficiente para tener por acreditado su actuar gravemente culposo.

15. Por lo anterior, propuso como excepciones las que denominó: “ausencia de
concurrencia de los requisitos legales para la procedencia de la declaración de
responsabilidad civil del servidor público” y “la inexistencia de una conducta
gravemente culposa o dolosa generadora de condena judicial en contra de la
entidad”, insistiendo que no se encuentra acreditada la conducta por culpa grave,
ya que, si bien es cierto conducir es una actividad catalogada como peligrosa, es
necesario analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
infortunadamente ocurrió el accidente, pues resulta importante resaltar que el
demandado y su compañera de trabajo, sufrieron la colisión con el vehículo
particular en cumplimiento de su deber legal.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00476-01 (71.672)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Marlon Fabio Espinosa Rivera.
Referencia: Repetición.

Alegatos en primera instancia

16. La Policía Nacional3 reafirmó que es evidente la responsabilidad que le
asiste al demandado, pues se acreditó el cumplimiento de los requisitos del medio
de control de repetición, ya que se encuentra probado: (i) la calidad de agente
estatal, como miembro de la Policía Nacional en el grado de patrullero, (ii) la
existencia de una condena judicial a cargo del Estado, (iii) el pago efectivo
realizado por éste, y (iv) la cualificación de la conducta del agente determinante
del daño como gravemente culposa, ya que fue declarado responsable
contravencionalmente por la autoridad de tránsito.

17. El Ministerio Público4 conceptuó en el presente asunto señalando que el
marco legal aplicable a la controversia son los artículos 11 de la Ley 678 de 2001
y 136.9 del Código Contencioso Administrativo (CCA), que establecen que el
término de caducidad de la acción de repetición es de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad pública.

18. Sobre el particular, indicó que de acuerdo con la jurisprudencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, la caducidad de 2 años de la acción de
repetición de los procesos adelantados en vigencia del CCA tiene dos formas para
contabilizarse: (i) a partir del día siguiente al pago de la condena o conciliación, y
(ii) si el pago no se realizó dentro del término de los 18 meses siguientes a la
ejecutoria de la sentencia condenatoria, los 2 años se contarán a partir del día
siguiente del cumplimiento de los 18 meses.

19. Así, del expediente se extrae que, la sentencia quedó ejecutoriada el 05 de
junio de 2017, de modo que los 18 meses vencieron el 06 de diciembre de 2018 y
los 2 años siguientes se cumplieron el 07 de diciembre de 2020, por lo que se
encuentra que el pago fue realizado de forma extemporánea -15 de julio de 2022-
como también la presentación de la demanda -08 de mayo de 2023-. Advirtió que,
aun reconociendo el período de suspensión de términos de caducidad decretado
por pandemia, ya había operado el fenómeno de la caducidad.

20. Estima que no es recibo la aplicación del artículo 43 de Ley 2195 de 2022,
que modificó a 5 años el término de la caducidad, ya que esta solo aplica sobre las
sentencias ejecutoriadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma
(18 de enero de 2022) y, como se advirtió, la sentencia condenatoria a la entidad
que pretende repetir quedó ejecutoriada el 05 de junio de 2017.

3 Alegatos de conclusión de la Policía Nacional, memorial del 24 de mayo de 2024. SAMAI.
Tribunal de Antioquia. Índice 00028. Documento “014AlegatosPOLICÍA.pdf”.
4 Memorial del 24 de mayo de 2024. SAMAI. Tribunal de Antioquia. Índice 00028. Documento
“019ConceptoMinPúbli.pdf”.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00476-01 (71.672)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Marlon Fabio Espinosa Rivera.
Referencia: Repetición.

La sentencia de primera instancia

21. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia anticipada del
17 de junio de 20245, declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de
control de repetición y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

22. Sostuvo que la condena que dio fin al proceso de reparación directa,
impuesta a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, se dio en vigencia
del CCA, por lo que el término aplicable para el pago de la misma era de 18
meses, en virtud del artículo 177 del CCA, contados a partir de la ejecutoria de la
decisión que puso fin al proceso de reparación directa.

23. Ahora bien, indicó que, conforme a la demanda y a la resolución que
ordenó efectuar el pago, la sentencia mediante la cual se dio fin al proceso quedó
ejecutoriada el 5 de junio de 2017, por lo que se tiene que, a partir del día
siguiente empezó a contarle a la Policía Nacional, el término 18 meses para
realizar el pago de la condena impuesta en las providencias antes señaladas, el
cual expiró el 6 de diciembre de 2018.

24. No obstante, señaló el a quo que se encuentra acreditado que el pago se
realizó el 15 de julio de 2022, conforme lo certificó el Tesorero General de la
Policía Nacional.

25. Explicó que el tiempo para acudir en demanda de repetición se contaba
desde el vencimiento del plazo que la administración tenía para pagar, de ahí que
estuvieren comprendidos entre el 06 de diciembre de 2018 y el 06 de diciembre de
2020, debiendo entonces acudir a la jurisdicción a más tardar el 07 de diciembre
de 2020, sin que se permita argumentar que la disponibilidad presupuestal y la
asignación de turnos para pago, comporta un criterio a tener en cuenta en los
eventos de repetición, siendo el plazo aplicable el contenido en el artículo 164,
numeral 2, literal l), de la Ley 1437 de 2011, referente a dos (2) años, los cuales se
cuentan desde la finalización del término otorgado para el pago.

26. Precisó que aun reconociendo el período de suspensión de términos de
caducidad establecido por época de pandemia a través del Decreto Legislativo
564 de 2020, y, atendiendo el Acuerdo No. PCSJA20-11518 de 2020 del Consejo
Superior de la Judicatura que levantó la suspensión, la demanda sigue siendo
extemporánea, ya que fue radicada el 9 de mayo de 2023.

27. Finalmente, señaló que, a la luz de lo indicado en el artículo 69 de la Ley
2195 de 2022, las disposiciones normativas contenidas en ella, empezarían a regir
desde su promulgación, esto es, desde el 18 de enero de 2022, por lo que el
término de caducidad de cinco (5) años establecido en su artículo 42 solo podía

5 Sentencia del Tribunal de Antioquia. SAMAI. Tribunal de Antioquia. Índice 00028. Documento
“020SentenciaRepetiSenAntCaduci.pdf”.

7

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00476-01 (71.672)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Marlon Fabio Espinosa Rivera.
Referencia: Repetición.

ser considerado para aquellas condenas, conciliaciones o cualquier otra forma de
solución del conflicto permitidas por la ley que hubieren cobrado ejecutoria con
posterioridad a esa data, de ahí que las ejecutoriadas con anterioridad como es el
caso de las sentencias que fue fueron emitidas dentro del proceso de reparación
directa con radicado 05001333100120110038501 que adquirió fuerza ejecutoria el
05 de junio de 2017, se siguen rigiendo por lo normado en el texto original del
artículo 164, numeral 2, literal l), de la Ley 1437 de 2011.

28. Finalmente, el Tribunal no condenó en costas considerando que los
procesos de repetición tienen una finalidad de interés público como es la
protección del patrimonio público.

Recurso de apelación

29. El 19 de junio de 20246, la Policía Nacional presentó recurso de apelación
en contra de la precitada sentencia y solicitó que se revoque en su integridad.

30. En primer lugar, señaló que el término de caducidad de dos (2) años debe
contabilizarse desde el pago total de la obligación, como lo establece la norma
sustancial y procedimental que regula la acción de repetición, pues el literal l del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, dispone que “el término será de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente de la fecha del pago”.

31. Señaló que, en el presente caso, el pago se realizó el 15 de julio de 2022,
conforme certificación del tesorero general de la Policía Nacional, por lo que
tomando esta fecha la entidad tenía dos años para presentar la demanda, esto es,
hasta el 15 de julio de 2024, y la misma fue radicada el 08 de mayo de 2023, por
lo que se cumple con el término estipulado en la norma.

32. Alegó que se expidió la Ley 2195 de 2022, “Por medio de la cual se
adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la
corrupción y se dictan otras disposiciones”, y en su artículo 42 modificó el artículo
11 de la Ley 678 de 2001, esto para ampliar el término de caducidad de dos a
cinco años, significando esto que la entidad se encontraba en término de
promover la presente demanda, el cual vencería el 15 de julio de 2027, tomando la
fecha de pago.

33. Concluyó que la norma vigente establece y amplía el término de caducidad
del medio de control de repetición, por lo que solicita su aplicación; además que
en el presente caso se reúnen todos y cada uno de los elementos que contempla
la norma para la prosperidad de la repetición.

6
Recurso de apelación. SAMAI. Tribunal de Antioquia. Índice 00028. Documento
“023RecursoApelacion.pdf”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2023-00476-01 (71.672)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Marlon Fabio Espinosa Rivera.
Referencia: Repetición.

Trámite en segunda instancia7.

34. El recurso fue admitido por este Despacho, mediante auto del 15 de octubre
de 20248.

35. Las partes no presentaron alegatos de conclusión en esta instancia9.

36. El Ministerio Público no emitió concepto.

CONSIDERACIONES

37. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado, se procede a resolver en segunda instancia el presente
asunto.

38. La Sala anticipa que confirmará la providencia apelada porque el término de
caducidad empezó a correr desde el vencimiento del plazo legal que tenía la
entidad para pagar la condena impuesta en el proceso de reparación directa. En
este caso, no es procedente contar dicho término desde la fecha en la que se
efectuó el pago, pues este se realizó con posterioridad al vencimiento del
mencionado plazo máximo para hacer efectiva la citada erogación.

39. En reiteradas oportunidades, la jurisprudencia de la Sección Tercera de
esta Corporación10 ha señalado que, para garantizar la seguridad jurídica de los
sujetos procesales y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo, el
legislador estableció unos plazos razonables con el propósito de que las personas
acudan ante la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones, término que,
en caso de vencerse, tiene como consecuencia la operancia del fenómeno jurídico
procesal de la caducidad, lo cual implica la pérdida de la facultad de accionar y así
hacer justiciable derechos pretendidos.

40. Se trata de una figura de orden público que no admite renuncia y, de
encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez, con independencia
de que se hubiera formulado como excepción, abordado en la sentencia de
primera instancia o cuestionado en la apelación, toda vez que la oportunidad para

7
El Tribunal Administrativo de Antioquia a través de auto del 10 de julio de 2024, concedió en
efecto suspensivo el recurso de apelación (Índice 00023 Samai).
8 Índice 00003 Samai.
9 Índice 00009 Samai.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 6 de
agosto de 2009, exp. 36.834. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; reiterado por esta Subsección, entre
otras, en: sentencia del 26 de febrero de 2014, exp. 27588. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; auto del
12 de mayo de 2016, exp. 56601 y sentencia del 30 de agosto de 2017, exp. 39.435.

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Radicación: 05001-23-33-000-2023-00476-01 (71.672)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Marlon Fabio Espinosa Rivera.
Referencia: Repetición.

demandar es un presupuesto procesal11, sin el cual no es posible decidir el fondo
del asunto.

41. Según lo dispuesto en el literal I) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, antes de la modificación introducida por el artículo 43 de la Ley
2195 de 2022, las demandas de repetición debían instaurarse dentro de los dos
(2) años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar,
desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para pagar las
condenas o los acuerdos de conciliación, “de conformidad con lo previsto en este
Código”.

42. En este caso, lo primero que aconteció fue el vencimiento del plazo que
tenía la Administración (Policía Nacional) para el pago de la condena porque:

43. La sentencia proferida en el proceso de reparación directa bajo el radicado
No. 05001333100120110038500, mediante la cual se condenó a la Policía
Nacional, fue tramitada en vigencia del CCA12 y quedó ejecutoriada el 05 de junio
de 201713. Así las cosas, el plazo con el que contaba la entidad para efectuar el
pago, de conformidad con el artículo 17714, del Decreto 01 de 1984, era de 18
meses15.

44. Ese plazo corrió hasta el 06 de diciembre de 2018.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera,
sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21.060. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; reiterada por esta
Subsección, entre otras, en sentencia del 5 de febrero de 2020, exp. 62.633.
12 Esta Sección de la Corporación ha precisado que el plazo para pagar con que cuenta la entidad
pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación —dieciocho (18) meses del
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA)— si el proceso que le da base a la
repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos
(Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 5 de abril de 2017, exp. 58762 y Sección Tercera –
Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, radicado número: 11001-03-26-000-2016-
00070-00 (56897)).
13 De acuerdo al hecho primero y pretensión primera del libelo introductorio, y conforme al
Resolución No. 01583 del 9 de junio de 2022 expedida por la Policía Nacional cuyo artículo primero
refiere "Dar cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala
Sistema Escrito del 20 de abril de 2017, ejecutoriada el 05 de junio de 2017, corregida el 25 de
mayo por el mismo despacho, la cual modificó el numeral segundo del fallo proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín del 30 de septiembre
de 2015". Subrayado fuera del texto original. Samai. Tribunal de Antioquia, índice 00028,
documentos “001Demanda.pdf” y “RESOLUCIÓN DE PAGO 01583 - EXP DE PAGO - 363-S-
2017”.
14 “Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la
Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de
dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las
funciones del ministerio público frente a la entidad condenada. (…) Tales condenas, además, serán
ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.”
15 Tal y como se dispuso en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 30 de
septiembre de 2015: “CUARTO: La NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA -
POLICÍA NACIONAL, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos
indicados en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.”; y atendiendo que la sentencia de segunda
instancia de fecha 20 de abril de 2017, modificó lo relacionado con la condena, pero confirmó los
demás numerales del fallo (índice 29 Samai).

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Radicación: 05001-23-33-000-2023-00476-01 (71.672)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Marlon Fabio Espinosa Rivera.
Referencia: Repetición.

45. Empero, el pago total se hizo efectivo el 15 de julio de 2022, de
conformidad con la certificación de la Tesorería General de la Policía Nacional16 y
el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF número 203586222 17, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 01583 del 09 de junio de
202218.

46. En consecuencia, el término de caducidad de la acción transcurrió entre el
07 de diciembre de 2018 y el 07 de diciembre de 2020.

47. Además, no desconoce la Sala que con ocasión de la declaratoria de la
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional (mediante la Resolución No. 385
del 12 de marzo de 2020, por causa del coronavirus COVID-19), se adoptaron
diferentes medidas, entre ellas, la contenida en el Decreto Legislativo 564 de 2020
alusiva a la suspensión de términos de prescripción y caducidad para ejercer
derechos, acciones, medios de control o presentar demandadas, desde el 16 de
marzo y hasta el 01 de julio de 202019, la demanda de repetición debió ser
radicada a más tardar el 22 de marzo de 202120; no obstante, se interpuso el 08
de mayo de 2023, lo que impone concluir que la acción no se ejerció en la
oportunidad legal establecida para tal efecto.

48. Ahora bien, esta Subsección no acoge el reparo del apelante consistente en
que el término de caducidad debe contarse desde la fecha del pago efectuado por
la entidad, pues dicho desembolso se realizó vencido el término máximo de 18
meses con el que contaba la entidad para pagar. Atender tal reparo desconocería
el artículo 164, numeral 2, literal (l) del CPACA.

49. En adición, considerar lo contrario, implicaría que la entidad podría controlar
a voluntad la oportunidad para formular la presente acción21. Ello va en contra de
lo interpretado por la Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 200122, en la
que concluyó que la caducidad no puede quedar sujeta a la voluntad de la parte
actora, así:

16 SAMAI. Tribunal de Antioquia, índice 00006, documento
“4_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_GS2023013606DIRAF(.pdf)”.
17 SAMAI. Tribunal de Antioquia, índice 00006, documento
“3_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_ANEXOGS20230136(.pdf)”.
18 SAMAI. Tribunal de Antioquia, índice 00028, documentos “RESOLUCION DE PAGO 01583 -
EXP DE PAGO - 363-S-2017”.
19Conforme lo previsto en el artículo 1 del Acuerdo No. PCSJA20-11518 de 2020 “Levantamiento
de la suspensión de términos judiciales. La suspensión de términos judiciales y administrativos en
todo el país se levantará a partir del 1 de julio de 2020 de conformidad con las reglas establecidas
en el presente Acuerdo.
20 Ya que el 21 de marzo por ser domingo era un día no hábil.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B,
auto de fecha 18 de noviembre de 2024, radicación: 08001-23-33-000-2024-00296-01 (71889),
M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
22 Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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Radicación: 05001-23-33-000-2023-00476-01 (71.672)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Marlon Fabio Espinosa Rivera.
Referencia: Repetición.

“En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para
realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es
indeterminado, y, por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto
de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su
derecho de defensa.

Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al debido
proceso, ya que esto implicaría una prerrogativa desproporcionada para la
Administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas con la finalidad
que persiguen.”

50. Finalmente, tal como lo afirma el Tribunal, a este caso le es aplicable el
término de caducidad de dos años consagrado en la redacción original del artículo
164 del CPACA y no el de cinco años introducido por la Ley 2195 de 2022. Lo
anterior, debido a que la sentencia condenatoria en el caso sub examine, adquirió
ejecutoria antes de la entrada en vigencia de la citada ley23.

51. Por lo tanto, de acuerdo con lo previamente expuesto, se confirmará la
sentencia proferida el 17 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

Costas

52. El artículo 18824 del CPACA dispone que, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil.

53. Esta Subsección25, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-832 de 200126, ha considerado que el proceso que se adelanta en
ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un
interés público, pues se busca la protección del patrimonio público.

54. Así las cosas, dado que en el proceso de la referencia se persigue un
interés público, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la Nación- Ministerio
de Defensa – Policía Nacional.

23 “Artículo 69. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias”. Se precisa que la ley 2195 de 2022 fue promulgada el 18
de enero de 2022.
24 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil. <Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021.> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.”
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 59.139; sentencia de 12 de agosto de 2019, exp. 63.519;
sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 51.949 y sentencia del 7 de mayo de 2021, exp. 58.503.
26 Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Radicación: 05001-23-33-000-2023-00476-01 (71.672)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Marlon Fabio Espinosa Rivera.
Referencia: Repetición.

55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la presente
providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
al Tribunal Administrativo de origen, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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