RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2023-00645-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00645-01

Fecha
10 de agosto de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00645-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de julio de 2023, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2023-00645-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

10 de agosto de 2023

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00645-01
Demandante: RAFAEL DÍAZ MARTÍNEZ
Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

Tema: Tutela de fondo – Derecho de Petición

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por el señor Rafael Díaz
Martínez, contra la sentencia del 18 de julio de 2023 dictada por la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, y que negó el amparo
constitucional solicitado por haberse configurado la carencia actual de objeto por
hecho superado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El ciudadano Rafael Díaz Martínez, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela1 contra la Contraloría General de Antioquia, en la que solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición.

2. En criterio del accionante, la vulneración de las citadas garantías
constitucionales obedece a la omisión en que incurrió la autoridad accionada,
respecto a la petición radicado el 6 de junio de 2023 y en la que solicitó una
información relacionada con dos procesos de responsabilidad fiscal.

1
De la revisión de los documentos remitidos, se tiene que el amparo fue radicado en la ciudad de
Bogotá, correspondiendo por reparto inicialmente al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, bajo el radicado 11001-31-87-006-2023-00058-00, y que, por auto
del 28 de junio de 2023, remitió el asunto por falta de competencia a los jueces civiles municipales
de Bogotá. Posteriormente, el Juzgado Cincuenta Civil Municipal, quien recibió el expediente por
parte la Oficina de Apoyo Judicial, radicado con el consecutivo 11001-40-03-050-2023-00591-00,
por auto de fecha 30 de junio de 2023, ordenó remitir el asunto al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia. La anterior decisión se cumplió en la misma fecha y solo hasta el 5 de julio de
2023 el asunto fue asignado al Tribunal Administrativo de Antioquia.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora pidió lo siguiente:

PRIMERO: CONCEDER el amparo de mis derechos constitucionales
fundamentales DE PETICIÓN, DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA a través del
CONTROL SOCIAL y al DEBIDO PROCESO, y, DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.

SEGUNDO: ORDENAR a la CONTRALORÍA AUXILIAR DE
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA –
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA, para que, dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del momento de notificación de la
providencia, proceda a otorgarme una respuesta de clara, completa, congruente
y de fondo respecto de mi respetuosa petición elevada el 6 de junio de 2023.

TERCERO: DISPONER la remisión de lo aquí actuado a la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN para que investigue las posibles faltas disciplinarias
en que pudo hacer incurrido el funcionario público responsable de atender mi
petición, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución
Política, según el cual “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones
separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus
fines…”, de forma tal que las ramas del poder público puedan ejercer sus
funciones basándose en dichos principios con el propósito de cumplir de la
mejor manera posible con los fines del Estado consagrados en el artículo 2
ibídem.2

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. Afirmó que el 6 de junio de 2023, radicó ante la Contraloría de Antioquia –
Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, una petición
en la que solicitó:

1. Cuál es el estado actual del PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
No. 306-2019, indicando lo siguiente:
1.1. Fecha de notificación del auto de apertura e imputación de responsabilidad
fiscal a cada uno de los vinculados.
1.2. Lugar, fecha y hora fijada para dar inicio a la audiencia de descargos; en
caso de haber sido reprogramada dicha diligencia indicar la nueva fecha
dispuesta para llevarla a cabo indicando si a la fecha ya se surtió dicha
diligencia.
1.3. Nombres y apellidos de los presuntos responsables vinculados al proceso.
1.4. Sírvase certificar si ya fueron realizadas las audiencias de versio_́n libre y
de descargos.
1.5. Sírvase certificar si ya culminó la etapa probatoria? En caso negativo
sírvase indicar cuál es la razón por la cual no ha culminado dicha etapa.
1.6. Sírvase certificar qué pruebas fueron incorporadas al proceso en el auto de
apertura e imputación?

2
Transcripción literal del texto original con posibles errores.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

1.7. Sírvase certificar qué pruebas fueron decretadas en la Audiencia de
Descargos y practicadas dentro o fuera de la misma?
1.8. Sírvase certificar la fecha en que venció el término para la presentación de
los descargos después de la notificación del auto de imputación de
responsabilidad fiscal?
1.9. Solicito copia de todas las piezas del expediente que no tengan carácter de
reservadas, incluidas las pruebas incorporadas y las decisiones que a la fecha
se hayan adoptado.
1.10. Sírvase certificar si ya se llevo a cabo la AUDIENCIA DE DECISIÓN.
1.11. En caso de no haberse llevado a cabo las audiencias públicas de
DESCARGOS y de DECISIÓN, solicito se sirvan notificarme de la fecha y hora
en que se llevarán a cabo y el medio por el cual podré asistir teniendo en cuenta
que son PÚBLICAS.
1.12. Sírvase CERTIFICAR en qué fecha prescribiría la acción fiscal?
1.13. Sírvase CERTIFICAR en qué fecha caducaría la acción fiscal?

2. Cuál es el estado actual del PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
No. 311-2019, indicando lo siguiente: 2.1. Fecha de notificación del auto de
apertura e imputación de responsabilidad fiscal a cada uno de los vinculados.
2.2. Lugar, fecha y hora fijada para dar inicio a la audiencia de descargos; en
caso de haber sido reprogramada dicha diligencia indicar la nueva fecha
dispuesta para llevarla a cabo indicando si a la fecha ya se surtió dicha
diligencia.
2.3. Nombres y apellidos de los presuntos responsables vinculados al proceso.
2.4. Sírvase certificar si ya fueron realizadas las audiencias de versio_́n libre y
de descargos.
2.5. Sírvase certificar si ya culminó la etapa probatoria? En caso negativo
sírvase indicar cuál es la razón por la cual no ha culminado dicha etapa.
2.6. Sírvase certificar qué pruebas
fueron incorporadas al proceso en el auto de apertura e imputación?
2.7. Sírvase certificar qué pruebas fueron decretadas en la Audiencia de
Descargos y practicadas dentro o fuera de la misma?
2.8. Sírvase certificar la fecha en que venció el término para la presentación de
los descargos después de la notificación del auto de imputación de
responsabilidad fiscal?
2.9. Solicito copia de todas las piezas del expediente que no tengan carácter de
reservadas, incluidas las pruebas incorporadas y las decisiones que a la fecha
se hayan adoptado.
2.10. Sírvase certificar si ya se llevo a cabo la AUDIENCIA DE DECISIÓN.
2.11. En caso de no haberse llevado a cabo las audiencias públicas de
DESCARGOS y de DECISIÓN, solicito se sirvan notificarme de la fecha y hora
en que se llevarán a cabo y el medio por el cual podré asistir teniendo en cuenta
que son PÚBLICAS.
2.12. Sírvase CERTIFICAR en qué fecha prescribiría la acción fiscal?
2.13. Sírvase CERTIFICAR en qué fecha caducaría la acción fiscal?3

5. Indicó que mediante Oficio No. 20023100006649 del 20 de junio de 2023, la
contralora auxiliar de la entidad dio respuesta a la anterior petición en el sentido que
se rechazaba esta por recaer sobre asuntos que están sujetos a reserva legal.

6. Explicó que la reserva legal de que trata el artículo 20 de la Ley 610 de 2000
no es absoluta, por lo que la autoridad accionada se encuentra en la obligación de
responder aquellas preguntas que no tengan relación alguna con tal asunto.

3
Transcripción literal del texto original con posibles errores.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

7. Desde el punto de vista del accionante, se vulneró el núcleo esencial del
derecho fundamental de petición, pues, pese a que recibió una respuesta por parte
de la Contraloría de Antioquia, esta no satisface las exigencias que establece la
Ley 1755 de 2015 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
8. Concretamente, reprocha que la autoridad convocada, valiéndose de la
figura de la reserva legal, se haya sustraído del deber legal y constitucional de
absolver los interrogantes planteados en la petición, resaltando que no toda la
información atinente a los procesos de responsabilidad fiscal se encuentra cobijada
por tal prohibición.

1.5. Trámite de la acción de tutela

9. El magistrado ponente de primera instancia, por auto del 5 de julio de 2023
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y, en consecuencia, ordenó llamar
al proceso, en su calidad de autoridad accionada, a la Contraloría de Antioquia.

1.6. Intervenciones

10. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentó el siguiente informe:

1.6.1. Contraloría de Antioquia

11. Actuando por conducto de apoderado judicial, la entidad se opuso a las
pretensiones de la acción de tutela, para lo cual explicó que mediante comunicados
del 20 de junio y 7 de julio de 2023 se atendió punto por punto los interrogantes
planteados por el accionante.

12. Del mismo modo, realizó varias precisiones en materia de procesos de
responsabilidad fiscal, conforme las disposiciones de la Ley 610 de 2000 y la Ley
1474 de 2011, para lo cual, abordó su estructura general, las fases que lo
conforman, y sus características.

13. Por último, con base en los medios de prueba aportados con el escrito de
contestación, explicó que en el presente caso se cumplen los requisitos para
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. Lo anterior, en atención
a que la entidad absolvió el derecho de petición objeto del presente amparo
constitucional.

1.7. Sentencia de primera instancia.

14. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, el 18 de
julio de 2023, profirió sentencia en la que negó la acción de tutela y declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

15. Para el a quo los comunicados remitidos por la Contraloría de Antioquia al
señor Rafael Díaz Martínez cumplen los requisitos para ser considerados una
respuesta de fondo, clara, precisa y acorde con lo peticionado.

16. Acto seguido precisó que, tratándose de información que goza de reserva
legal, el peticionario cuenta con un mecanismo para acceder a ésta y que
corresponde al recurso de insistencia.

17. Finalmente, precisó que si el accionante considera que existe una conducta
que amerite una sanción disciplinaria frente al proceder de los servidores de la
Contraloría de Antioquia, tal asunto debe ser puesto en conocimiento de la
Procuraduría General de la Nación.

1.8. Impugnación

18. Inconforme con la anterior decisión, la parte accionante presentó escrito de
impugnación en el cual considera que no es procedente negar el amparo solicitado
y tampoco declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, pues, desde
su punto de vista, considera que los comunicados emitidos por la autoridad
accionada no atendieron los planteamientos relacionados en su petición.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

19. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación formulada por el
señor Rafael Díaz Martínez contra la sentencia de primera instancia proferida por la
Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

2.3. Problema jurídico

20. De conformidad con los hechos expuestos, la intervención presentada por la
demandadas, y los medios de prueba arrimados al proceso corresponde a la Sala
establecer si, ¿la Contraloría General de Antioquia vulneró el derecho fundamental
de petición en cabeza del señor Rafael Díaz Martínez, como consecuencia de la
omisión en dar respuesta a la solicitud radicada el 6 de junio de 2023?

21. Para resolver tales problemas jurídicos, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) aspectos
generales del derecho de petición; y (iii) el análisis del caso concreto.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

2.4. Panorama general de la acción de tutela

22. El artículo 86 de la Constitución Política, estableció que las personas pueden
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en los casos previstos en
el Decreto 2591 de 1991.

23. Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia, la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia
de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar frente a un perjuicio
irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.5. Aspectos generales del derecho de petición

24. El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce
en la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para
obtener información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las
autoridades correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa
respuesta a sus inquietudes.

25. La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991,
como de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos
inherentes a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como
para asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual
que los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros
derechos fundamentales.

26. Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los
presupuestos esenciales del derecho de petición de la siguiente forma: i) en la
posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés general o
particular y ii) en la obtención de una pronta resolución del asunto puesto en
consideración. Esos componentes del derecho de petición son inescindibles, esto
es, que el goce y satisfacción de este se realiza una vez ambos se verifiquen; por
lo tanto, el derecho se concreta en la formulación de una petición, pero se efectiviza
con la resolución pronta y material, independientemente de si la respuesta resulta o
no favorable al sentido de esta.

27. De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:

Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse
su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la
respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto
no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente.

28. Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que esta
trasciende considerablemente al nivel social, pues es este el mecanismo de
interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería consigo
inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

29. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia
C-818 de 1º de noviembre de 2011, declaró inexequible los artículos 3 a 33 de la
Ley 1437 de 2011, referentes al derecho de petición, es del caso precisar que los
efectos de dicha sentencia fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, con
el fin de que el Congreso expedida la Ley Estatutaria correspondiente.

30. Sobre el particular, a través de la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015,
se reguló el derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que
entró en vigor a partir de la fecha de su publicación.

31. Por otra parte, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa
y congruente con lo solicitado. Ello significa que

[l]a respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por
la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una
aclaración plena de la respuesta dada.

32. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “(…) los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de
que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante (…)”.

33. Así pues, la contestación requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden
a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

34. De otra parte, es preciso mencionar que el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011
prevé que en el evento en que la petición esté dirigida contra el funcionario que no
tiene competencia para atenderla, debe informársele “de inmediato al interesado si
este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró
por escrito”. Además, dentro del término señalado, la autoridad deberá remitir “la petición

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará”.

2.6. Caso concreto

35. Como punto de partida, la Sala considera pertinente precisar que tanto el
señor Rafael Díaz Martínez, en su calidad de accionante, y la Contraloría de
Antioquia, en su condición de accionada, coinciden en la existencia y contenido de
la petición del 6 de junio de 2023, y las respuestas recibidas por este mediante
comunicados del 20 de junio y 7 de julio de 2023.

36. A partir de la anterior premisa, el epicentro de la controversia estriba en
establecer si tales contestaciones a la solicitud formulada por el señor Díaz
Martínez, satisfacen los requisitos legales y jurisprudenciales para declarar que la
vulneración del derecho fundamental cesó.

37. Para verificar la anterior situación, es útil confrontar pregunta por pregunta,
la respuesta que haya sido dada por la autoridad y, en el evento, que esta no cumpla
tal requisito impondrá el deber en cabeza de la Sala de conceder el amparo
solicitado:

Petición Respuesta dada
Proceso de responsabilidad fiscal No. 306-2019
1.1. Fecha de notificación del auto de apertura e El proceso verbal de responsabilidad Fiscal Rad.
imputación de responsabilidad fiscal a cada uno de los 306-2019, adelantado en el Municipio de Andes.
vinculados Antioquia, se le dio apertura y La respectiva
imputación a los presuntos responsables; sin
embargo dado que el peticionario, no obstante la
calidad de presunto responsable, la presente
investigación no ha superado la etapa probatoria, ni
el Sr. DIAZ MARTINEZ, está dentro de las
excepciones legales que permitan levantar la reserva
sumarial, de conformidad con el artículo 20 de la Ley
610 del 2000, no es posible otorgar la información
solicitada
1.2. Lugar, fecha y hora fijada para dar inicio a la Dado que el peticionario, no obstante la calidad de
audiencia de descargos; en caso de haber sido presunto responsable, la presente investigación no
reprogramada dicha diligencia indicar la nueva fecha ha superado la etapa probatoria, ni el Sr. DIAZ
dispuesta para llevarla a cabo indicando si a la fecha MARTINEZ, está dentro de las excepciones legales
ya se surtió dicha diligencia que permitan levantar la reserva sumarial, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 610 del
2000, no es posible otorgar la información solicitada.
Sin embargo, el interesado, puede obtener dicha
información a través de la página virtual de la
Contraloría General de Antioquia,
www.contraloriadeantioquia.gov.co
1.3. Nombres y apellidos de los presuntos Dado que el peticionario, no obstante la calidad de
responsables vinculados al proceso presunto responsable, la presente investigación no
ha superado la etapa probatoria, ni el Sr. DIAZ
MARTINEZ, está dentro de las excepciones legales
que permitan levantar la reserva sumarial, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 610 del
2000, no es posible otorgar la información solicitada.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

1.4. Sírvase certificar si ya fueron realizadas las Dado que el peticionario, no obstante la calidad de
audiencias de versión libre y de descargos presunto responsable, la presente investigación no
ha superado la etapa probatoria, ni el Sr. DIAZ
MARTINEZ, está dentro de las excepciones legales
que permitan levantar la reserva sumarial, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 610 del
2000, no es posible otorgar la información solicitada
1.5. ¿Sírvase certificar si ya culminó la etapa A la fecha, no ha culminado la etapa probatoria.
probatoria? En caso negativo sírvase indicar cuál es la Dado que el peticionario, no obstante la calidad de
razón por la cual no ha culminado dicha etapa presunto responsable, la presente investigación no
ha superado la etapa probatoria, ni el Sr. DIAZ
MARTINEZ, está dentro de las excepciones legales
que permitan levantar la reserva sumarial, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 610 del
2000, no es posible otorgar la información solicitada
1.6. ¿Sírvase certificar qué pruebas fueron A la fecha, no ha culminado la etapa probatoria.
incorporadas al proceso en el auto de apertura e Dado que el peticionario, no obstante la calidad de
imputación? presunto responsable, la presente investigación no
ha superado la etapa probatoria, ni el Sr. DIAZ
MARTINEZ, está dentro de las excepciones legales
que permitan levantar la reserva sumarial, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 610 del
2000, no es posible otorgar la información solicitada
1.7. ¿Sírvase certificar qué pruebas fueron decretadas A la fecha, no ha culminado la etapa probatoria.
en la Audiencia de Descargos y practicadas dentro o Dado que el peticionario, no obstante la calidad de
fuera de la misma? presunto responsable, la presente investigación no
ha superado la etapa probatoria, ni el Sr. DIAZ
MARTINEZ, está dentro de las excepciones legales
que permitan levantar la reserva sumarial, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 610 del
2000, no es posible otorgar la información solicitada
1.8. ¿Sírvase certificar la fecha en que venció el Dado que el peticionario, no obstante la calidad de
término para la presentación de los descargos presunto responsable, la presente investigación no
después de la notificación del auto de imputación de ha superado la etapa probatoria, ni el Sr. DIAZ
responsabilidad fiscal? MARTINEZ, está dentro de las excepciones legales
que permitan levantar la reserva sumarial, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 610 del
2000, no es posible otorgar la información solicitada
1.9. Solicito copia de todas las piezas del expediente Dado que el peticionario, no obstante la calidad de
que no tengan carácter de reservadas, incluidas las presunto responsable, la presente investigación no
pruebas incorporadas y las decisiones que a la fecha ha superado la etapa probatoria, ni el Sr. DIAZ
se hayan adoptado MARTINEZ, está dentro de las excepciones legales
que permitan levantar la reserva sumarial, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 610 del
2000, no es posible otorgar la información solicitada
1.10. Sírvase certificar si ya se llevó a cabo la A la fecha no hay una decisión de fondo en el
AUDIENCIA DE DECISIÓN proceso verbal de responsabilidad fiscal. 306-2019
1.11. En caso de no haberse llevado a cabo las Dado que el peticionario, no obstenta la calidad de
audiencias públicas de DESCARGOS y de DECISIÓN, presunto responsable, la presente investigación no
solicito se sirvan notificarme de la fecha y hora en que ha superado la etapa probatoria, ni el Sr.

DIAZ
se llevarán a cabo y el medio por el cual podré asistir MARTINEZ, está dentro de las excepciones legales
teniendo en cuenta que son PÚBLICAS que permitan levantar la reserva sumarial, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 610 del
2000, no es posible otorgar la información solicitada
1.12. ¿Sírvase CERTIFICAR en qué fecha prescribiría Dado que el peticionario, no obstenta la calidad de
la acción fiscal? presunto responsable, la presente investigación no
ha superado la etapa probatoria, ni el Sr. DIAZ
MARTINEZ, está dentro de las excepciones legales
que permitan levantar la reserva sumarial, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 610 del
2000, no es posible otorgar la información solicitada.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

1.13. ¿Sírvase CERTIFICAR en qué fecha caducaría Dado que el peticionario, no obstenta la calidad de
la acción fiscal? presunto responsable, la presente investigación no
ha superado la etapa probatoria, ni el Sr. DIAZ
MARTINEZ, está dentro de las excepciones legales
que permitan levantar la reserva sumarial, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 610 del
2000, no es posible otorgar la información solicitada
Proceso de responsabilidad fiscal No. 311-2019
2.1. Fecha de notificación del auto de apertura e El proceso de responsabilidad fiscal N° 311-2019 se
imputación de responsabilidad fiscal a cada uno de los encuentra aperturado; sin embargo, dado que usted
vinculados no tiene la calidad de presunto responsable, no se
ha superado la etapa probatoria, ni está usted dentro
de las excepciones legales que permitan levantar la
reserva, de conformidad con el artículo 20 de la Ley
610 de 2000 no es posible otorgar la información
solicitada
2.2. Lugar, fecha y hora fijada para dar inicio a la El proceso de responsabilidad fiscal N° 311-2019 no
audiencia de descargos; en caso de haber sido es de naturaleza verbal, por tanto no se realiza
reprogramada dicha diligencia indicar la nueva fecha audiencia de descargos.
dispuesta para llevarla a cabo indicando si a la fecha
ya se surtió dicha diligencia
2.3. Nombres y apellidos de los presuntos Dado que en el proceso de responsabilidad fiscal N°
responsables vinculados al proceso 311- 2019 usted no tiene la calidad de presunto
responsable, no se ha superado la etapa probatoria,
ni está usted dentro de las excepciones legales que
permitan levantar la reserva, de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 610 de 2000 no es posible
otorgar la información solicitada
2.4. Sírvase certificar si ya fueron realizadas las Dado que se trata de un proceso ordinario bajo el
audiencias de versión libre y de descargos trámite de la Ley 610 de 2000 no se realizan
audiencias, la información relacionada con la
recepción de versión libre es de reserva, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 610 de 2000
2.5. ¿Sírvase certificar si ya culminó la etapa Tal y como se informó en respuesta otorgada bajo
probatoria? En caso negativo sírvase indicar cuál es la radicado N° 2023100006649 del 20 de junio de 2023,
razón por la cual no ha culminado dicha etapa en el proceso de responsabilidad fiscal N° 311-2019
no se ha superado la etapa probatoria. Así mismo se
informa que se está dentro de los términos
procesales para dar trámite a la acción fiscal
2.6. ¿Sírvase certificar qué pruebas fueron Dado que en el proceso de responsabilidad fiscal N°
incorporadas al proceso en el auto de apertura e 311- 2019 usted no tiene la calidad de presunto
imputación? responsable, no se ha superado la etapa probatoria,
ni está usted dentro de las excepciones legales que
permitan levantar la reserva, de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 610 de 2000 no es posible
otorgar la información solicitada
2.7. ¿Sírvase certificar qué pruebas fueron decretadas Como se indicó en respuestas anteriores, se reitera
en la Audiencia de Descargos y practicadas dentro o que en el proceso de responsabilidad fiscal N° 311-
fuera de la misma? 2019 no se lleva a cabo audiencia de descargos por
ser un proceso ordinario.

Así mismo no es posible
indicar cuáles pruebas han sido decretadas y
practicadas dado que usted no tiene la calidad de
presunto responsable, no se ha superado la etapa
probatoria, ni está usted dentro de las excepciones
legales que permitan levantar la reserva, de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 610 de 2000
no es posible otorgar la información solicitada
2.8. ¿Sírvase certificar la fecha en que venció el Dado que en el proceso de responsabilidad fiscal N°
término para la presentación de los descargos 311- 2019 usted no tiene la calidad de presunto
después de la notificación del auto de imputación de responsable, no se ha superado la etapa probatoria,
responsabilidad fiscal? ni está usted dentro de las excepciones legales que

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

permitan levantar la reserva, de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 610 de 2000 no es posible
otorgar la información solicitada
2.9. Solicito copia de todas las piezas del expediente Dado que en el proceso de responsabilidad fiscal N°
que no tengan carácter de reservadas, incluidas las 311- 2019 usted no tiene la calidad de presunto
pruebas incorporadas y las decisiones que a la fecha responsable, no se ha superado la etapa probatoria,
se hayan adoptado. ni está usted dentro de las excepciones legales que
permitan levantar la reserva, de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 610 de 2000 no es posible
otorgar copia del expediente, pues todas las piezas
procesales tienen carácter de reserva
2.10. Sírvase certificar si ya se llevó a cabo la Teniendo en cuenta que el proceso de
AUDIENCIA DE DECISIÓN responsabilidad fiscal N° 311-2019 es un proceso
ordinario en el mismo no se lleva a cabo audiencia
de decisión.
2.11. En caso de no haberse llevado a cabo las Teniendo en cuenta que el proceso de
audiencias públicas de DESCARGOS y de DECISIÓN, responsabilidad fiscal N° 311-2019 es un proceso
solicito se sirvan notificarme de la fecha y hora en que ordinario en el mismo no se llevan a cabo audiencias
se llevarán a cabo y el medio por el cual podré asistir
teniendo en cuenta que son PÚBLICAS.
2.12. ¿Sírvase CERTIFICAR en qué fecha prescribiría Dado que usted no tiene la calidad de presunto
la acción fiscal? responsable, no se ha superado la etapa probatoria,
ni está usted dentro de las excepciones legales que
permitan levantar la reserva, de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 610 de 2000 no es posible
otorgar la información solicitada
2.13. ¿Sírvase CERTIFICAR en qué fecha caducaría Dado que usted no tiene la calidad de presunto
la acción fiscal? responsable, no se ha superado la etapa probatoria,
ni está usted dentro de las excepciones legales que
permitan levantar la reserva, de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 610 de 2000 no es posible
otorgar la información solicitada

38. Con base en el anterior paralelo, la Sala advierte que la Contraloría de
Antioquia negó en su gran mayoría el acceso a la información solicitada por el señor
Rafael Díaz Martínez, para lo cual, explicó que tales actuaciones se encuentran
amparadas por la reserva legal que se encuentra establecida en el artículo 20 de la
Ley 610 de 2000. Dicha norma establece:

Las actuaciones adelantadas durante la indagación preliminar y el proceso de
responsabilidad fiscal son reservadas hasta su culminación. En consecuencia,
hasta no terminarse el proceso de responsabilidad fiscal, ningún funcionario
podrá suministrar información, ni expedir copias de piezas procesales, salvo
que las solicite autoridad competente para conocer asuntos judiciales,
disciplinarios o administrativos. El incumplimiento de esta obligación constituye
falta disciplinaria, la cual será sancionada por la autoridad competente con
multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales. Los sujetos
procesales tendrán derecho a obtener copia de la actuación para su uso
exclusivo y el ejercicio de sus derechos, con la obligación de guardar reserva
sin necesidad de diligencia especial.

39. La anterior disposición fue objeto de escrutinio por parte de la Corte
Constitucional en sentencia C – 477 de 2001, la cual declaró exequible
condicionadamente el citado artículo, para lo cual explicó:

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

Se comprende que las investigaciones preliminares, se sujeten a reserva. Sin
existir un grado razonable de certeza sobre la comisión y autoría de la falta, la
publicidad, puede afectar su desarrollo y anticipar sin justa causa imputaciones
personales. Inclusive, hasta que se reciban los descargos por parte de las
personas inculpadas y se practiquen las pruebas a que haya lugar, podría
fundamentarse la reserva en los aludidos principios de la eficiencia y de la
presunción de inocencia. Sin embargo, a partir de este punto, mantener el
secreto, se estima excesivo desde el punto de vista del necesario y legítimo
derecho ciudadano al control del ejercicio del poder público. Si bien no se ha
impuesto una sanción, se tiene ya un completo conocimiento de los hechos,
funcionarios involucrados, cargos elevados y defensas interpuestas. Si en este
momento, se levanta la reserva, no hay riesgo de que la información pueda no
ser imparcial, objetiva y plural.
(…)
En virtud de todo lo hasta aquí considerado, la Corte encuentra que debe
reiterar la posición antes adoptada en la Sentencia C- 038 de 1996, toda vez
que la norma que examina reproduce la desproporción en la reserva dentro del
proceso de responsabilidad fiscal, e incluso la incrementa con grave deterioro
del principio de participación ciudadana en el control fiscal, y del derecho del
ciudadano al acceso a los documentos públicos (Art. 74 C.P). Por ello, declarará
la inexequibilidad de las expresiones “hasta su culminación” y “hasta no
terminarse el proceso de responsabilidad fiscal” contenidas en el artículo 20 de
la 610 de 2000, y la exequibilidad condicionada del resto de la disposición, bajo
el entendido que la reserva deberá levantarse tan pronto se practiquen las
pruebas a que haya lugar y, en todo caso, una vez expire el término general
fijado por la ley para su práctica.

40. En criterio de esta sección, la respuesta que satisface las exigencias legales y
jurisprudenciales antes mencionadas corresponde a la de 7 de julio de 2023, pues,
abordó punto por punto los interrogantes del accionante. Asimismo, tal comunicado
fue remitido al accionante con posterioridad a la interposición del mecanismo
constitucional y, en consecuencia, se satisface el presupuesto fijado por la Corte
Constitucional para declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

41. Ahora bien, en sentir del ciudadano Díaz Martínez, muchos de los
interrogantes por él planteados no encajan en las hipótesis de la referida norma, por
lo que, desde su punto de vista, considera que la respuesta dada por la Contraloría
de Antioquia no fue satisfactoria.

42. Frente al anterior planteamiento, la Sala estima que no es procedente realizar
tal estudio, pues, como lo anotó en debida forma el a quo tal inconformidad es
competencia del juez que le corresponde conocer del recurso de insistencia
regulado en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de
2015, que dispone:

Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de
documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal
Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos,
si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de
Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y
municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o
parcialmente la petición formulada.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente
al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días
siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los
documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información
que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el
reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su
importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo
de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento,
la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.

PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y
sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella

43. Para la Sala resulta claro que la Contraloría General de Antioquia atendió la
petición formulada por el señor Rafael Díaz Martínez, para lo cual, la entidad
administrativa dio respuesta a cada uno de los interrogantes planteados en la
solicitud y explicó las razones por las cuales no accedió al suministro de la
información.

44. En este punto, se recuerda que una respuesta debe ser clara y de fondo a la
petición, pero no implica per se que la administración deba acceder o contestar
positivamente a la solicitud.

45. Si el promotor de la acción de tutela estima que no es procedente el argumento
de la reserva legal, debe tener en cuenta que dicha situación no debe ser ventilada
por vía de tutela, sino que, conforme se precisó en líneas anteriores, se debe acudir
al recurso de insistencia, y en ese escenario será la autoridad judicial la llamada a
establecer si efectivamente la información se encuentra o no amparada por dicha
excepción.

46. Lo anterior significa, en otros términos, que el juez de tutela no es el
competente para definir si la información goza de algún tipo de restricción que
impida su acceso al público en general, pues, se reitera, tal asunto goza de su propio
trámite.

2.7. Conclusión

47. Corolario de lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia,
pues, con base en los medios de prueba arrimados al proceso, se estableció que el
accionante recibió una respuesta de fondo a sus interrogantes y, en consecuencia,
se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Díaz Martínez
Demandado: Contraloría General de Antioquia
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00645-01

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de julio de 2023, proferida por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la CorteConstitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.