RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2023-00830-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00830-01

Fecha
27 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00830-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 6 Radicación: 05001-23-33-000-2023-00830-01 Accionante: Santiago Rodolfo Sánchez Chávez Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Turbo y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2023-00830-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

27 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00830-01
Accionante: Santiago Rodolfo Sánchez Chávez
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Turbo y otro1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Falta de carga argumentativa
suficiente – carácter público del medio de control de nulidad.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el señor Santiago Rodolfo
Sánchez Chávez en contra de la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2023,
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El señor Santiago Rodolfo Sánchez Chávez instauró acción de tutela con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
defensa y de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por
el Juzgado Primero Administrativo de Turbo al proferir la sentencia del 2 de agosto
de 2023, dentro del proceso de nulidad simple2 que la señora Ana Isabel Restrepo
Bedoya promovió contra el Municipio de Apartadó, sin vincularlo como tercero con
interés.

2.- La parte actora pretende que se ordene a la autoridad judicial demandada
dejar sin efectos la providencia cuestionada y se ordene vincular al señor Sánchez
Chávez al proceso de nulidad simple y que “no resuelva de manera definitiva el
proceso con radicado No. 05837-33-33-001-2020- 00014-00, hasta tanto no se
resuelva la apelación interpuesta por mí persona en el proceso con radicado No.

1
En auto del 29 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia vinculó al Municipio de Apartadó
como autoridad accionada.
2
Identificado con número de radicado: 05837-33-33-001-2020-00014-00; en adelante 2020-00014-00.

1

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00830-01
Accionante: Santiago Rodolfo Sánchez Chávez
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Turbo y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

05837-33-33-01-2020-00067-00 y que se adelanta en el Tribunal Administrativo de
Antioquía (…)”. De manera subsidiaria, pidió que se deje sin efecto todas las
actuaciones a partir del auto admisorio de la demanda.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada
y de las pruebas allegadas, se tiene que:

4.- Mediante Decreto 117 de 2019, la Alcaldía Municipal de Apartadó creó 43
empleos públicos de planta de personal del municipio, entre ellos, el cargo de
profesional especializado código 222 grado 4 en provisionalidad. En Decreto 474
del 31 de diciembre de 2019, el accionante fue nombrado en provisionalidad dentro
de aquel cargo.

5.- Mediante Decreto 011 del 3 de enero de 2020, la Alcaldía Municipal de
Apartadó declaró la revocatoria parcial de los Decretos 117, 118 y 119 de 2019 y
suprimió, entre otros, el cargo que ocupaba el accionante. En consecuencia, el actor
formuló el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3 para que se
dejara sin efectos el referido Decreto 011 de 2020.

6.- En sentencia del 16 de diciembre de 2022, el Juzgado Primero Administrativo
de Turbo negó las pretensiones de esa demanda. La parte actora presentó recurso
de apelación contra ese fallo, que se encuentra pendiente de decisión por parte del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

7.- El accionante refiere que “por fuente externa me enteré” que, en otro proceso
de nulidad con radicación 2020-00014-00, el Juzgado Primero Administrativo de
Turbo profirió sentencia del 2 de agosto de 2023, que declaró la nulidad parcial de
los Decretos 117, 118 y 119 de 2019, expedidos por el Municipio de Apartadó.

8.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales invocados al no vincularlo como tercero con interés ni
notificarle la existencia del proceso de nulidad con radicación 2020-00014-00, a
pesar de que tenía en trámite otro proceso judicial de naturaleza similar. En efecto,
el actor había presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
radicación 2020-00067-00, contra el acto de revocatoria directa de los Decretos 117,
118 y 119 de 2019.

9.- La falta de vinculación del accionante al expediente de nulidad simple con
radicación 2020-00014-00, entonces, comporta una vulneración al debido proceso
porque (i) impidió que el actor ejerciera sus derechos de defensa y contradicción
dentro de aquel juicio; (ii) configuró una causal de nulidad, al no constituirse un
litisconsorcio necesario, y (iii) desconoció su interés legítimo en ambas causas.

3
Identificado con número de radicado: 05837-33-33-001-2020-00067-00; en adelante 2020-00067-00.
2

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00830-01
Accionante: Santiago Rodolfo Sánchez Chávez
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Turbo y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

B. Sentencia de primera instancia

10.- Mediante providencia del 7 de septiembre de 2023 4 , el Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró improcedente la solicitud de amparo, porque no
satisface el requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora no formuló el
incidente de nulidad previsto en los artículos 208 a 210 del CPACA. Tampoco
manifestó bajo la gravedad de juramento que desconocía la providencia, requisito
previsto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, subrogado por el artículo 8 de la
Ley 2213 de 20225.

C. La impugnación

11.- Inconforme con la decisión adoptada, la parte actora impugnó. Esgrimió que
el juez de primera instancia desconoce que “la presentación de tutela se debe
entender bajo la gravedad de juramento respecto a todos los hechos en ella
plasmados” y desconoce la informalidad de este mecanismo constitucional al
“mezclar requisitos regulados por la ley para los medios o acciones diferentes a la
tutela”.

12.- Afirmó que, al haber transcurrido más de un mes de haberse expedido la
sentencia del 2 de agosto de 2023, la oportunidad para promover el incidente de
nulidad ya trascurrió, pues la ley establece que estos se promueven durante las
audiencias o una vez dictada la sentencia. Además, indicó que los incidentes no
suspenden el curso del proceso y que la tutela pretende una intervención transitoria
del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable, ya que “por sustracción
de materia los decretos que servirían de base para mi reintegro y restablecimiento
de derechos son los que precisamente el proceso del cual se tutela podrían ser
declarados nulos y en el cual no he podido actuar”.

13.- El 18 de octubre de 2023, la parte actora presentó un memorial y manifestó
que, en auto del 4 de octubre de 2023 el Tribunal Administrativo de Antioquia se
declaró incompetente para conocer de un incidente de nulidad que el accionante
presentó contra la sentencia del 2 de agosto de 2023 y ordenó su remisión al
Juzgado Primero Administrativo de Turbo.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

4
Notificada el 8 de septiembre de 2023.
5
“Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere
afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado,
que no se enteró de la providencia”.
3

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00830-01
Accionante: Santiago Rodolfo Sánchez Chávez
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Turbo y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

14.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y
examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en
primera instancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de
19916.

E. La acción de tutela contra providencias judiciales

15.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes 7 : (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

16.- La relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que
trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el
ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el
ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional8.

17.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si
una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es
necesario examinar tres elementos 9 : (i) Que el actor motive con suficiencia
argumentativa dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la
vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones
de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales
derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional
y no meramente legal y/o económico..

6
“[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
8
Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
9
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
4

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00830-01
Accionante: Santiago Rodolfo Sánchez Chávez
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Turbo y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

F. Análisis del caso concreto

18.- De acuerdo a lo indicado en el escrito de impugnación, corresponde
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, que negó
el amparo. De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo deviene
improcedente, al advertir su falta de suficiencia en cuanto a su carga argumentativa,
de manera que no se acredita el requisito de la relevancia constitucional.

19.- La revisión del escrito de tutela permite advertir que la accionante endilga al
Juzgado Primero Administrativo de Turbo un defecto procedimental absoluto, en la
medida que no fue vinculado a un medio de control de nulidad simple.

20.- El medio de control de nulidad simple, contenido en el artículo 137 del
CPACA, está instituido para que toda persona pueda solicitar la nulidad de actos
administrativos por falencias en los elementos necesarios para su existencia. De ahí
que corresponde a un juicio abstracto y objetivo de legalidad, delimitado por el
concepto de violación esgrimido en la respectiva demanda, y responde a un interés
impersonal para la protección del ordenamiento jurídico. Dicha pretensión conlleva
que este medio de control es público y no desistible; toda persona es titular de la
integridad del orden jurídico, pero no de la capacidad de disposición sobre aquel
derecho 10 . Lo anterior se contrapone al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 siguiente, pues aquel
persigue el restablecimiento automático de un derecho subjetivo contenido en un
acto administrativo de carácter particular.

21.- De acuerdo con lo expuesto, se advierte que la demanda de tutela carece
por completo de suficiencia argumentativa. En efecto, la parte actora no acredita las
razones por las que debió ser vinculado al medio de control de nulidad simple con
radicación 2020-00014-00, cuya demanda pretende dejar parcialmente sin efectos
los Decretos 117 de 2019 “Por medio del cual se crean 43 empleos públicos en la
planta de personal del municipio de Apartadó”, 118 de 2019 “Por medio del cual se
realiza la distribución de la planta entre las distintas secretarías de la estructura
administrativa del municipio de Apartadó” y 119 de 2020, “Por el cual se establece
el manual específico de funciones y competencias laborales para algunos empleos
de la planta de personal de la administración central del municipio de Apartadó”.

10
En sentencia del 6 de febrero de 2017, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección
C (C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp. 54549), se reiteraron las características elementales de este
medio de control: “una acción de naturaleza objetiva, pública, popular, intemporal, general e indesistible a través
de la cual solicita directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que un acto administrativo
expedido por la administración incurso en causal de nulidad, pierda su fuerza ejecutoria por declaración judicial
en beneficio del ordenamiento jurídico y la legalidad”.
Dicha providencia, además, cita la sentencia C-513 de 1994 proferida por la Corte Constitucional: “La acción de
nulidad tiene un sólido soporte en el principio de legalidad que surge, principalmente, del conjunto normativo
contenido en los artículos 1º, 2.º, 6.º, 121, 123 inciso 2.º y 124 C. N., pero así mismo tiene su raíz en las normas
que a nivel constitucional han institucionalizado y regulado la jurisdicción de lo contencioso administrativo (arts.
236, 237 nums. 1, 5 y 6 y 238)”.
5

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00830-01
Accionante: Santiago Rodolfo Sánchez Chávez
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Turbo y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

22.- Los anteriores actos administrativos, de naturaleza general, modificaron la
estructura de planta de una autoridad pública de nivel territorial. En su conjunto, no
se advierte la configuración de una situación particular que afectara de manera
directa o inmediata la situación jurídica del actor, de ahí que no estaba llamado a
ser vinculado a ese tipo de control abstracto y objetivo. Si bien ocupó uno de los
cargos creados por los actos administrativos demandados, lo cierto es que el objeto
del juicio de legalidad propuesto en esa demanda no se encamina a su vinculación
con el Estado -asunto típico de la nulidad y restablecimiento del derecho- sino a la
conformidad de los actos enjuiciados con el ordenamiento jurídico. En esa medida,
el accionante no guarda un interés jurídico que haga necesaria su vinculación.

23.- Las razones expuestas son suficientes para declarar la insuficiencia del
amparo solicitado. En gracia de discusión, se advierte que en memorial del 18 de
octubre de 2023, la parte actora informó que presentó incidente de nulidad que se
encuentra en conocimiento del Juzgado Primero Administrativo de Turbo y
pendiente de decisión. De esa manera, cualquier pronunciamiento de fondo del juez
de tutela podría incidir en la determinación que corresponde al juez natural del
asunto.

24.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional debido a su deficiencia en cuanto a su
carga argumentativa, ya que el argumento central de la tutela desnaturaliza el
carácter objetivo y abstracto de la acción de nulidad simple. Así las cosas, la Sala
habrá de confirmar la sentencia del 7 de septiembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró improcedente el amparo
solicitado, por los motivos antes expuestos.

25.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en los términos expuestos en la parte motiva
de la presente sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00830-01
Accionante: Santiago Rodolfo Sánchez Chávez
Accionado: Juzgado Primero Administrativo de Turbo y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS NICOLÁS YEPES CORRALES
Aclaro voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

11
VF
7

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.