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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00856-01

Fecha
2 de octubre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00856-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Modificar la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2023 por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Deisy Viviana Martínez Jaramillo, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2023-00856-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

2 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 05001-23-33-000-2023-00856-01
Demandante: DEISY VIVIANA MARTÍNEZ JARAMILLO
Demandado: JUZGADO 36 ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia del 7
de septiembre de 2023, proferida por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negó el amparo invocado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 1º de septiembre de la presente anualidad, la señora Deisy Viviana Martínez
Jaramillo interpuso acción de tutela contra el Juzgado 36 Administrativo de Medellín,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de
petición, con ocasión de la providencia dictada en el incidente de desacato tramitado
en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-036-2023-00247-00. Formuló las
siguientes pretensiones:

1. Se tutele a la aquí accionante el derecho fundamental del debido proceso y
derecho de petición.

2. Como consecuencia de lo anterior, se DECLARE LA NULIDAD DE LO
ACTUADO por el JUZGADO a partir del auto del 24 de Agosto de 2023, a fin
de que reanude su trámite y verifique si la entidad accionada dio o no cabal
cumplimiento al derecho de petición presentado por la accionante, esto es si
MIGRACION COLOMBIA está o no aplicando la ley de REDAM, que está
debidamente reglamentada, y si es suficiente o no la certificación de la
inscripción como deudor ALIMENTARIO del progenitor deudor del menor hijo,
para salir del país que se descarga de la página WEB DEL REDAM.

3. Las demás que los honorables magistrados consideren convenientes para la
protección de estos derechos fundamentales.

1 Se advierte que, el 15 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación número: 05001-23-33-000-2023-00856-01
Demandante: Deisy Viviana Martínez Jaramillo
Demandado: Juzgado 36 Administrativo de Medellín
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

La señora Deisy Viviana Martínez Jaramillo interpuso acción de tutela contra la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, con el fin de que se amparara su derecho
fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la omisión de la entonces
demandada en contestar las peticiones que presentó verbalmente el 26 de mayo y el
21 de junio de la presente anualidad.

Narra la demanda que la accionante solicitó a la referida entidad que le indicara si le
era posible salir del país con su hija menor de edad, únicamente con la certificación de
la inscripción del padre en el denominado Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Mediante providencia del 4 de agosto de 2023, el Juzgado 36 Administrativo de
Medellín accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, le ordenó a la
entidad demandada, «que en un término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de este fallo de tutela, en caso de no haberlo hecho, proceda a responder
de forma clara, precisa y de fondo, a lo solicitado mediante derechos de petición
presentados por la accionante el 26 de mayo y 21 de junio de 2023, decisión que
deberá ser debidamente notificada de conformidad con el articulo 67 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011».

Ante el supuesto incumplimiento del fallo de tutela, la accionante promovió el incidente
de desacato, trámite en el que la entidad demandante allegó la respuesta otorgada a la
señora Martínez Jaramillo el 10 de agosto de 2023. Habiendo acreditado el
cumplimiento de la orden dada en la sentencia del 4 de agosto anterior, el juzgado
aquí accionado, mediante providencia del 24 de agosto de 2023, ordenó dar por
terminado el trámite incidental.

Mediante memorial presentado el 25 de agosto de 2023, la demandante interpuso los
recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la providencia que
ordenó la terminación del incidente de desacato, los que, mediante auto del 28 de
agosto siguiente, fueron rechazados por improcedentes.

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Radicación número: 05001-23-33-000-2023-00856-01
Demandante: Deisy Viviana Martínez Jaramillo
Demandado: Juzgado 36 Administrativo de Medellín
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

1.3. Argumentos de la tutela

Del escrito de tutela, se tiene que la señora Deisy Viviana Martínez Jaramillo,
considera que el Juzgado 36 Administrativo de Medellín incurrió en «un precario y
lamentable análisis del contenido de la respuesta dada por MIGRACION COLOMBIA,
(“archivos allegados al despacho vía email el 15 de agosto de 2023), citando aparte de
la misma en los folios 2, 3 y 4 del auto, que corroboran las fatales falencias, omisiones
y equivocaciones observadas en su momento por la accionante en el escrito que
originó el incidente de desacató (sic)».

Aunado a lo anterior, reiteró los argumentos expuestos en el trámite de la acción de
tutela y en el escrito de solicitud de apertura del incidente de desacato, es decir,
insistió en que la respuesta dada por la unidad administrativa entonces demandada no
resolvía de fondo la petición de la accionante.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 1º de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia
admitió la demanda de tutela contra el Juzgado 36 Administrativo de Medellín y
ordenó las vinculaciones correspondientes.

2.1. El juez 36 administrativo de Medellín expuso que el trámite de la acción
constitucional se adelantó considerando las exigencias del debido proceso, en tanto
que la petición de amparo fue atendida oportunamente e incluso se tuteló el derecho
vulnerado. Agregó que, a su juicio, la entidad demandada acreditó el cumplimiento de
la orden impartida por ese despacho en la providencia del 4 de agosto y que la
respuesta otorgada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia fue
clara, precisa y de fondo.

Por último, indicó que no le es dable al juez constitucional en sede de desacato exigir
más de lo inicialmente solicitado, pues lo pretendido con la petición de amparo fue que
la entonces demandada diera respuesta a las peticiones presentadas por la
accionante, lo que, en efecto, ocurrió el 10 de agosto del presente año.

2.2. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante fallo
del 7 de septiembre de 2023, negó el amparo invocado.
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Radicación número: 05001-23-33-000-2023-00856-01
Demandante: Deisy Viviana Martínez Jaramillo
Demandado: Juzgado 36 Administrativo de Medellín
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Como sustento de la decisión, el fallador de primer grado sostuvo que «la facultad del
Juez de tutela consiste en ordenar que el derecho de petición sea resuelto, ya sea en
forma afirmativa o negativa, más no es de su potestad ordenar que el mismo se defina
en un determinado sentido, pues ello escapa a la esfera del Juez Constitucional», de
forma que, en su criterio, el trámite del incidente de desacato fue adelantado
adecuadamente y finalizó cuando se acreditó que la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia dio respuesta a las peticiones presentadas por la accionante,
razón por la cual no se transgredieron los derechos de la accionante.

4. Impugnación

En la impugnación, la parte demandante insistió en que la simple respuesta material a
una petición no implica que se haya garantizado el derecho conculcado, lo que implica
que debe verificarse si la misma satisface los requerimientos expresos del solicitante y
debe verificarse su coherencia con la información requerida. Insistió en que en el caso
concreto no existe coherencia entre lo respondido y lo solicitado, porque la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia no indicó si está aplicando o no la ley de
REDAM para la salida de los menores de edad del país.

5. Memorial del 22 de septiembre de 2023

El 22 de septiembre de 2023, la demandante radicó un memorial en el que insistió en
que la respuesta dada por Migración Colombia en el trámite del incidente de desacato
adelantado ante el Juzgado 36 Administrativo de Medellín fue «mendaz, evasiva,
ambigua y totalmente irresponsable».

Indicó que, como en la respuesta otorgada por la mencionada Unidad Administrativa
se afirmó que aquella había presentado ante el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar una solicitud para hacerse parte de la reglamentación e implementación de la
Ley 2097 de 2021, sin que ésta última autoridad se hubiera pronunciado hasta el
momento, ella presentó una petición ante el ICBF para que le indicaran cuál había sido
la respuesta otorgada a Migración Colombia ante el requerimiento de hacerse parte de
la reglamentación de la ley.

Que, el 22 de septiembre del año en curso, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar le respondió: «desconocemos la afirmación contenida en el hecho, así como
la respuesta del correo electrónico enviado por Migración Colombia en la fecha
referida en la pregunta», lo que evidencia que la referida unidad administrativa no ha

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Radicación número: 05001-23-33-000-2023-00856-01
Demandante: Deisy Viviana Martínez Jaramillo
Demandado: Juzgado 36 Administrativo de Medellín
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

presentado ninguna solicitud encaminada a participar de la reglamentación de la Ley
2097 de 2021.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo encaja en
las excepciones establecidas en la sentencia SU 034 de 2018, para la procedencia de
tutela contra providencias dictadas en el trámite incidental de desacato a una acción
de tutela. De ser así, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de
establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración a los derechos
fundamentales de la señora Deisy Viviana Martínez Jaramillo. De lo contrario, habrá de
declararse improcedente el amparo solicitado.

2.1. De la tutela contra tutela

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 del 1° de octubre 2015, unificó el
criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo
siguiente:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de
Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
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Demandante: Deisy Viviana Martínez Jaramillo
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su
revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela
no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.

De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción de
tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela:

1. Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión adoptada
fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

2. Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros que
serían afectados con la decisión. Y,

3. Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de proteger
un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato.

Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios, sigue siendo
exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, como lo es el de la relevancia
constitucional.

Con respecto a la procedencia específica de la acción de tutela contra decisiones
proferidas en el trámite de incidente de desacato, la Corte Constitucional, en sentencia
de unificación 034 del 3 de mayo de 2018, manifestó que:

En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que
para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de
desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir
que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el
trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

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Radicación número: 05001-23-33-000-2023-00856-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración
una de las causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de
manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar
en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron
pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de
oficio.

3. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso concreto, la señora Deisy Viviana Martínez Jaramillo manifestó que el
Juzgado 36 Administrativo de Medellín vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y de petición, por haber considerado que con la respuesta otorgada por la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia había cesado la transgresión al
derecho de petición, desconociendo que la misma fue insuficiente, incompleta y no
daba respuesta de fondo a su requerimiento; sin embargo, de entrada, advierte la Sala
que la accionante no identificó ni sustentó ninguna causal específica de procedencia
de la tutela contra providencias judiciales y, bajo este contexto, se advierte que la
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional por su insuficiente carga
argumentativa.

Conviene señalar que la Corte Constitucional ha sostenido que para que prospere el
amparo por la ocurrencia de un defecto debe existir un error, el cual debe ser
cualificado porque debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y tener una incidencia
directa en la decisión. Sin el cumplimiento de estos requisitos esta acción
constitucional se convertiría en una instancia adicional al otro proceso porque «(...) el
juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»2.

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa mínima que se requiere para cuestionar providencias judiciales a través
de la acción de tutela, y menos respecto de providencias dictadas en el trámite de otra
tutela o de un incidente de desacato, toda vez que, si bien alegó que la autoridad
judicial demandada incurrió en una indebida valoración de la respuesta a la petición
de amparo y con fundamento en ello declaró, «indebidamente», la terminación del
incidente de desacato, lo cierto es que no expuso los vicios o defectos de los que
adolece tal decisión, sino que se limitó a reiterar sus inconformidades con el contenido
de la respuesta de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

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Sentencia T-871 de 2008, reiterada en la sentencia T-162 de 2009.
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Radicación número: 05001-23-33-000-2023-00856-01
Demandante: Deisy Viviana Martínez Jaramillo
Demandado: Juzgado 36 Administrativo de Medellín
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Por consiguiente, lo afirmado por la parte actora no basta para considerar que se
cumpla con el primer elemento del requisito de la relevancia constitucional –carga
argumentativa mínima–, pues no explicó, con la suficiencia exigida por la
jurisprudencia constitucional, el defecto en el que supuestamente incurrió la
providencia acusada, ni expuso, siquiera sucintamente, las razones por las que
considera que considera que se transgredieron sus derechos fundamentales.

Conviene anotar que esta Corporación ha sostenido que en la demanda de tutela no
se puede escuetamente señalar alguna de las causales específicas de procedencia de
la tutela contra providencias judiciales o simplemente manifestar el inconformismo con
la providencia acusada, sino que es necesario que tal señalamiento se sustente
razonablemente. Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad
que ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo
y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales3.

En otras palabras, es necesario que los señalamientos que se hagan se sustenten
razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la Corte Constitucional ha
identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el juez cuente con los
parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos
fundamentales y, bajo este contexto, se observa que no se cumple, en su totalidad,
con el segundo requisito de procedibilidad de la tutela contra decisiones proferidas
durante el trámite de un incidente de desacato, al no acreditarse el cumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional.

Finalmente, aun cuando mediante memorial presentado el 22 de septiembre de 2023,
la demandante manifestó que la respuesta otorgada por Migración Colombia fue
«mendaz, evasiva, ambigua y totalmente irresponsable», porque en la misma se
afirmó que dicha entidad había presentado ante el ICBF una solicitud para hacerse
parte del proceso de implementación de la Ley 2097 de 2021, lo que, a su juicio, no es
cierto, es evidente que la discusión sobre la claridad, suficiencia, precisión y
congruencia de la respuesta ya fue zanjada en el proceso de tutela y el trámite
incidental de desacato adelantados ante el Juzgado 36 Administrativo de Medellín.
De ahí que diáfanamente se observa que lo que pretende la accionante es revivir ese
debate por medio de una nueva acción de tutela, sin que ello guarde relación con la
presunta vulneración que se le atribuye a dicha autoridad judicial con la petición de
amparo que es objeto de este pronunciamiento.

3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-00,
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Radicación número: 05001-23-33-000-2023-00856-01
Demandante: Deisy Viviana Martínez Jaramillo
Demandado: Juzgado 36 Administrativo de Medellín
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Con todo, vale la pena recordar que lo que aquí se cuestiona es la providencia del 24
de agosto de 2023, por medio del cual el Juzgado 36 Administrativo de Medellín
ordenó dar por terminado el trámite incidental de desacato promovido por la señora
Martínez Jaramillo, providencia respecto de la cual, se insiste, no se identificó ni
sustentó vicio o defecto alguno, en los términos exigidos por la jurisprudencia
constitucional para este tipo de casos.

De conformidad con lo anterior, la Sala modificará el fallo impugnado, que negó el
amparo solicitado, para, en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2023 por la Sala Tercera de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora
Deisy Viviana Martínez Jaramillo, de conformidad con lo razonado en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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px.

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