Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2023-00988-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2023-00988-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2023-00988-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Número interno: 73650
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00988-01
Ejecutante: Fondo de Capital Privado Cattleya–Compartimento 4
Ejecutado: Nación–Fiscalía General de la Nación
Proceso: Ejecutivo
EJECUTIVO DERIVADO DE UNA CONDENA JUDICIAL-Competencia por conexidad según los artículos 152.6 y 298
CPACA; 306 CGP. TÍTULO EJECUTIVO-Fundamento de la acción ejecutiva. CONDENA EN COSTAS-Contra la parte
vencida en el proceso o instancia, de acuerdo con criterios objetivos de causación y comprobación, sin que se exija la
demostración de conductas temerarias. EXPENSAS-Gastos necesarios sufragados para tramitar el proceso.
AGENCIAS EN DERECHO-Reconocimiento de costos a la parte favorecida por el ejercicio de su representación.
CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO-Improcedencia por falta de comprobación de expensas y falta
de actuación de las partes en segunda instancia.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, la
Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra
la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia–Sala Sexta de Decisión, que declaró no probada la excepción de pago total de
la obligación, ordenó seguir adelante con la ejecución y condenó en costas. La decisión
fue la siguiente:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de mérito denominada “PAGO
TOTAL DE LA OBLIGACIÓN”, propuesta por la NACIÓN–FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: ORDENAR SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN en contra de la NACIÓN–
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a favor del FONDO DE CAPITAL PRIVADO
CATTLEYA–COMPARTIMENTO 4, por las siguientes sumas:
a) Por el saldo de capital insoluto que, a 23 de agosto de 2022, ascendió a la suma de
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($11.461.432).
b) Por los intereses moratorios causados sobre el saldo de capital insoluto, a partir del 24
de agosto de 2022 y hasta que se verifique el pago total y efectivo de la obligación, los
cuales deberán ser liquidados a la tasa de interés bancario corriente certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, incrementada en un cincuenta por ciento
(50%).
TERCERO: CONDENAR EN COSTAS a la parte ejecutada y a favor de la parte
ejecutante. Para la fijación de las agencias en derecho, se establece la suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del crédito cuya ejecución se ordena continuar en
el numeral anterior. La liquidación de las costas se realizará de conformidad con el artículo
366 del Código General del Proceso.
CUARTO: CORREGIR, a título de saneamiento y para efectos de claridad, el numeral
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00988-01(73650)
Ejecutante: Fondo de Capital Privado Cattleya–C. 4
Ejecutado: Nación–Fiscalía General de la Nación
Asunto: Ejecutivo
tercero del auto que libró mandamiento de pago, proferido el 6 de diciembre de 2023, para
precisar que los períodos correctos de causación de intereses moratorios son “desde el 8
de diciembre de 2017 hasta el 8 de junio de 2018, y desde el 30 de junio de 2018”.
QUINTO: REQUERIR a la entidad ejecutada para que, en el término de diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, aporte al expediente el comprobante de la
retención en la fuente que hubiere practicado sobre el pago parcial realizado.
SEXTO: Una vez en firme esta providencia, y vencido el término concedido en el numeral
anterior, procédase a la liquidación del crédito y de las costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 446 del Código General del Proceso.
SE ADVIERTE que la liquidación final se elaborará sin perjuicio de la retención en la fuente
que, conforme a la normativa tributaria aplicable, deba practicarse sobre las sumas
reconocidas al momento del pago definitivo.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Fondo de Capital Privado Cattleya–Compartimento 4 presentó demanda ejecutiva
contra la Nación–Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener el pago de un saldo
pendiente de la condena impuesta a la entidad en la sentencia del 8 de agosto de 2017,
proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado–Sección Tercera, Subsección
C, con ocasión de un proceso de reparación directa. El Tribunal Administrativo de
Antioquia–Sala Sexta de Decisión ordenó seguir adelante con la ejecución y condenó en
costas a la parte ejecutada, que apeló la decisión en cuanto a la imposición de las costas.
II. ANTECEDENTES
La demanda
El 4 de octubre de 20231, el Fondo de Capital Privado Cattleya–Compartimento 4, –en
calidad de cesionario de los derechos económicos derivados del título ejecutivo– por
conducto de apoderada judicial, solicitó librar mandamiento de pago en contra de la
Nación-Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos:
1. Librar mandamiento ejecutivo de pago en contra de la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN y a favor de FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA–
COMPARTIMENTO 4, identificado con NIT.901.288.351-5, constituido mediante
documento privado celebrado el día 09 de abril de 2021, administrado por la sociedad
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., identificada con NIT. 800.140.887-8, por
concepto de saldo de capital, la suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($11.446.411).
2. Librar mandamiento ejecutivo de pago en contra de la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN y a favor de FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA–
COMPARTIMENTO 4, identificado con NIT.901.288.351-5, constituido mediante
documento privado celebrado el día 09 de abril de 2021, administrado por la sociedad
1 Cfr. SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo «3ED_001CorreoReparto2023(.pdf)».
2
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Ejecutado: Nación–Fiscalía General de la Nación
Asunto: Ejecutivo
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., identificada con NIT. 800.140.887-8, por los
intereses moratorios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo a la tasa máxima legal permitida - 1,5 veces del Bancario
Corriente IBC, liquidados desde el día siguiente a la fecha de ingreso del pago parcial
hasta el momento en que se verifique el pago total de la obligación.
3. Por la suma que resulte de la liquidación de las costas del presente proceso incluyendo
agencias en derecho, últimas que se solicita se liquiden en los términos del numeral 3
y 417 del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con el Acuerdo
No. PSAA16-10554 del 05 de agosto de 201618, expedido por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, que decantó y fijó las respectivas tarifas.
(Cuantía: Mínima: 5% a 15% - Menor: 4% al 10% - Mayor: 3% al 7.5%; del valor total
ordenado pagar en el mandamiento de pago)
4. Que los depósitos judiciales que se constituyan y de los que se ordene su pago se
efectúen con abono a la cuenta del FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA–
COMPARTIMENTO 4 –Cuenta de Ahorros No. 256-119215 del Banco de Occidente–
de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 13 del Acuerdo PSAA21-11731 de
2021 del Consejo Superior de la Judicatura.
En sustento de sus pretensiones, la ejecutante afirmó que, en sentencia del 8 de agosto
de 2017, el Consejo de Estado–Sección Tercera, Subsección C, modificó la providencia
proferida en primera instancia por la Sala Cuarta de Descongestión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el marco del proceso de reparación directa identificado
con el radicado No. 05001-23-31-000-2011-01222-00/01. La providencia condenó a la
«Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial» a pagar los perjuicios materiales
y morales derivados de la privación injusta de la libertad del señor José María Isaza
Ocampo. Anotó que la sentencia de segunda instancia cobró ejecutoria el 7 de diciembre
de 2017.
Expuso que, el 24 de abril de 2018, la apoderada de los beneficiarios de la condena2
radicó una solicitud de pago ante la Fiscalía General de la Nación, acompañada de los
anexos que exigen los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo [CCA].
Asimismo, que tuvieron que complementar la solicitud inicialmente radicada, por lo que
la entidad asignó turno de pago con fecha del 29 de junio de 2018 mediante Oficio No.
20181500042161 del 12 de julio de ese año.
Señaló que el 13 de septiembre de 2021, los beneficiarios de la condena suscribieron un
contrato de cesión de derechos económicos con el fondo ejecutante3, en el que cedieron
el 50% de los derechos económicos sobre la condena4. Dicha cesión fue aceptada por la
2 José María Isaza Ocampo, Luz Dary Ocampo Ocampo, José David Isaza Ocampo, María Camila Isaza Ocampo,
Paola Andrea Isaza Ocampo, Alexandra Isaza Ocampo, Gilberto Isaza Ocampo y Clementina Ocampo Martínez
(Q.E.P.D).
3 Fondo de Capital Privado Cattleya – Compartimento 4, identificado con NIT 901.288.351-5 y administrado por la
sociedad Fiduciaria Corficolombiana S.A., identificada con NIT 800.140.887-8.
4 En ese contrato, las partes consideraron que el 50% (no cedido) de los derechos económicos estaba a cargo de la
Nación-Rama Judicial. Por ello, celebraron un segundo contrato de cesión, respecto del 50% que corresponde a la
3
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Ejecutante: Fondo de Capital Privado Cattleya–C. 4
Ejecutado: Nación–Fiscalía General de la Nación
Asunto: Ejecutivo
Fiscalía General de la Nación en actos administrativos del 17 de enero y 22 de abril de
2022.
Resaltó que la ejecutada realizó un pago parcial por quinientos noventa y dos millones
trescientos veintitrés mil quinientos veinticinco pesos ($592.323.525) pero, una vez
descontado ese valor de la liquidación del crédito, faltaba un saldo de capital por once
millones cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos once pesos ($11.446.411),
el cual se reclamó con esta demanda ejecutiva.
Trámite de la primera instancia
Por memorial del 16 de febrero de 20245, la Fiscalía General de la Nación se opuso a
las pretensiones y formuló como excepción el «pago total de la obligación», teniendo en
cuenta que la Resolución No. 3063 del 30 de junio de 2022 estableció el monto de la
obligación, más intereses, en la suma de $592.323.500 y estos fueron pagados el 23 de
agosto de 2022 al Fondo de Capital Privado Cattleya–Compartimento 4, mediante
consignación en cuenta bancaria. Expuso que operó el fenómeno de la cesación de
intereses, dado que los beneficiarios de la condena cumplieron con los requisitos para el
cobro el 29 de junio de 2018, esto es, después de transcurridos seis meses desde el 7
de diciembre de 2017, fecha de ejecutoria de la sentencia que sirvió de título ejecutivo.
El 4 de abril de 20246, el ejecutante se pronunció sobre las excepciones e indicó que el
saldo restante se explica por la imputación del pago establecida en el artículo 1653 del
Código Civil. Indicó que no tenía objeciones respecto de la cesación de intereses, en la
medida en que la liquidación del crédito tuvo en cuenta ese fenómeno entre el 7 y el 29
de junio de 2018. Finalmente, solicitó que se condenara en costas a la parte ejecutada,
en los términos de los artículos 365 y 440 del Código General del Proceso [CGP], como
parte vencida en el proceso, porque no cumplió con la totalidad de la obligación.
El 17 de junio de 20247, se celebró audiencia inicial en los términos del artículo 372 del
CGP; en la que se decidió sobre la conciliación, la fijación del litigio, el decreto de pruebas
[todas documentales] y el control de legalidad, al no existir excepciones previas ni
Rama Judicial. Aceptada esa cesión, el fondo ejecutante es titular del 100% de los derechos económicos derivados de
la condena que dio lugar al proceso ejecutivo de la referencia.
5 Cfr. SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo «69ED_067ContestacionFisca(.pdf)»; también en SAMAI, índice 21
de primera instancia [con fecha de radicación por ventanilla virtual].
6 Cfr. SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo « 071ED_069MemorialDteDecorr(.pdf)»; también en SAMAI, índice
27 de primera instancia [con fecha de radicación por ventanilla virtual].
7 Cfr. SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo «082ED_080ActaAudiencia2023(.pdf)»; también en SAMAI, índice
33 de primera instancia.
4
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00988-01(73650)
Ejecutante: Fondo de Capital Privado Cattleya–C. 4
Ejecutado: Nación–Fiscalía General de la Nación
Asunto: Ejecutivo
solicitud de interrogatorios de parte. Mediante auto del 18 de junio de 20248, se corrió
traslado a las partes para alegar. Ambas partes presentaron alegatos dentro del término
otorgado9, mientras que el Ministerio Público guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
El 29 de septiembre de 202510, el Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala Sexta de
Decisión declaró no probada la excepción de pago total de la obligación que propuso la
Fiscalía General de la Nación y, como consecuencia, ordenó seguir adelante con la
ejecución. Asimismo, condenó en costas a la entidad ejecutada.
Consideró probados, además de los presupuestos para adelantar la acción ejecutiva, el
pago parcial por $592.323.525 y la cesación de intereses entre el «9 y el 29 de junio de
2018». Por el contrario, no encontró acreditado que las partes hubieran acordado una
imputación de pagos distinta a la establecida en el artículo 1653 del Código Civil. En esos
términos, el Tribunal liquidó el crédito y, conforme a ese cálculo, ordenó el pago de
$11.461.432, más los intereses moratorios desde el 24 de agosto de 2022 [día siguiente
al pago] hasta la fecha de pago efectivo.
Asimismo, el Tribunal condenó en costas a la parte vencida, en los términos del artículo
365, numeral 1, del CGP. Además, fijó las agencias en derecho en el diez por ciento
(10%) del valor del crédito por el que se ordena continuar la ejecución, atendiendo lo
establecido en el numeral 4 del artículo 365 del CGP y el Acuerdo PSAA16-10554 del
Consejo Superior de la Judicatura.
Recurso de apelación
La parte ejecutada presentó recurso de apelación el 8 de octubre de 202511, con el fin de
que se revocara el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 29 de
septiembre de 2025, por medio del cual se condenó en costas y agencias en derecho a
la entidad.
8 Cfr. SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo «084ED_082AutoTrasladoParaA(.pdf)»; también en SAMAI, índice
34 de primera instancia.
9 Cfr. SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivos «087ED_085AlegatosDte202300(.pdf)» y
«089ED_087AlegatosFiscalia2(.pdf)»; también en SAMAI, índices 38 y 39 de primera instancia.
10 Cfr. SAMAI, índice 43 de primera instancia. La providencia se notificó por estado del 30 de septiembre de 2025
visible en SAMAI, índice 46 de primera instancia.
11 Cfr. SAMAI, índice 48 de primera instancia.
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Radicación: 05001-23-33-000-2023-00988-01(73650)
Ejecutante: Fondo de Capital Privado Cattleya–C. 4
Ejecutado: Nación–Fiscalía General de la Nación
Asunto: Ejecutivo
Sustentó la impugnación en que la conducta de la Fiscalía General de la Nación no fue
«temeraria ni constitutiva de mala fe», dado que el pago de la obligación obedeció a los
términos de la Ley 1955 de 2019 y dentro de los plazos señalados por los decretos
reglamentarios, tras el reconocimiento del crédito como «deuda pública». De modo que,
de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo [CPACA], la entidad no debió ser condenada en costas.
Agregó que no se comprobaron los hechos que dan lugar a su causación, en los términos
del numeral 8 del artículo 365 del CGP.
Al pronunciarse sobre el recurso12, el Fondo de Capital Privado Cattleya–Compartimento
4 replicó que la parte ejecutada fue vencida en el proceso y que la demanda prosperó en
su integridad, dado que se presentó para cobrar el saldo insoluto de la obligación.
También, que la conducta de la ejecutada no reúne los presupuestos del artículo 440 del
CGP para exonerarla del pago de las costas y que acreditó la causación de gastos
inherentes al proceso judicial, por lo cual debía sostenerse la condena por agencias en
derecho.
El 21 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió el recurso de
apelación ante esta Corporación13.
Trámite de segunda instancia
El asunto se repartió14 inicialmente al Despacho del consejero de Estado, doctor Fredy
Ibarra Martínez, que, en providencia del 16 de enero de 2026, admitió el recurso de
apelación de la Fiscalía General de la Nación15. No obstante, mediante auto del 17 de
marzo de 202316, cuando correspondía redactar el proyecto de sentencia17, ordenó remitir
el expediente a este Despacho, ya que actuó como sustanciador de la sentencia que se
presenta como título base de ejecución18. Esto, en atención al artículo 298 del CPACA,
12 Cfr. SAMAI, índice 49 de primera instancia.
13 Cfr. SAMAI, índice 50 de primera instancia.
14 Cfr. SAMAI, índice 3.
15 Cfr. SAMAI, índice 4. Decisión que fue notificada por estado del 22 de enero de 2026 (visible a índice 6, SAMAI).
16 Cfr. SAMAI, índice 11. Decisión que se notificó por estado del 20 de marzo de 2026 (visible a índice 13, SAMAI).
17
Cfr. SAMAI, índice 10. El expediente ingresó para fallo el 11 de febrero de 2026.
18 Se señaló: «Para este caso concreto, el despacho advierte que i) las súplicas de la demanda tienen por contenido y
alcance el cobro de unas sumas de dinero como consecuencia de la condena impuesta en el proceso de reparación
directa identificado con el número de radicación 05001-23-31-000-2011-01222-00, parte demandante: José María
Isaza Ocampo y otros, parte demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación; ii) dicho asunto fue decidido en
segunda instancia por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C en sentencia de 8 de agosto de 2017,
con ponencia del despacho del señor magistrado Guillermo Sánchez Luque (hoy despacho del señor magistrado
William Barrera Muñoz) y, iii) por lo tanto, en aplicación de factor de competencia por conexidad, el conocimiento de
este proceso judicial le corresponde en segunda instancia al referido despacho, por ser quien tramitó en segunda
instancia el proceso de reparación directa primigenio».
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Radicación: 05001-23-33-000-2023-00988-01(73650)
Ejecutante: Fondo de Capital Privado Cattleya–C. 4
Ejecutado: Nación–Fiscalía General de la Nación
Asunto: Ejecutivo
modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021, que establece el factor de
competencia por conexidad para la ejecución de providencias dictadas por esta
jurisdicción.
El 8 de abril de 202619, el expediente ingresó al Despacho para decidir el recurso de
apelación contra la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia–Sala Sexta de Decisión.
III. CONSIDERACIONES
I. Régimen procesal del litigio
1. Al presente asunto resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la
fecha de interposición de la demanda –4 de octubre de 2023–, que corresponden a las
contenidas en el CPACA, con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 del 25 de
enero de 2021. Conforme al artículo 308 de ese precepto, este empezó a regir el 2 de
julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su
entrada en vigencia.
Además, conforme al artículo 298 del CPACA, en concordancia con el artículo 306 de
ese Código, el CGP rige el trámite del proceso ejecutivo, salvo el trámite del recurso de
apelación de las sentencias, las cuales se regulan por el artículo 247 del CPACA20.
II. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. El numeral 6 del artículo 104 del CPACA establece que la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se encuentra instituida para conocer de «[l]os [procesos]
ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por
esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido
parte una entidad pública […]» (se precisa y se destaca).
19 Cfr. SAMAI, índice 18.
20 Aplicable de conformidad con el auto de unificación del 12 de septiembre de 2023, expedido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Rad. 11001-03-15-000-2023-00857-00. C.P. Oswaldo Giraldo
López. Esta providencia resuelve «UNIFICAR JURISPRUDENCIA, estableciendo que el régimen aplicable para la
procedencia y trámite del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 2080 de 2021 contra una sentencia
proferida en un proceso ejecutivo es el previsto en el artículo 247 del CPACA. Esta regla no se hace extensiva a la
ejecución en materia de contratos de que trata el artículo 299 ibidem».
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Radicación: 05001-23-33-000-2023-00988-01(73650)
Ejecutante: Fondo de Capital Privado Cattleya–C. 4
Ejecutado: Nación–Fiscalía General de la Nación
Asunto: Ejecutivo
3. En cuanto a la competencia, el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 26
de la Ley 2080 de 2021, establece que el Consejo de Estado conocerá de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Adicionalmente, con base en las normas procesales aplicables a los procesos ejecutivos
en esta jurisdicción, se estableció la conexidad21 como factor de competencia preferente
respecto de la ejecución de providencias judiciales y conciliaciones. Así lo estableció la
Sala Plena de la Sección Tercera en auto de unificación de 29 de enero de 2020 22, al
indicar que el factor que el CPACA –artículos 152, numeral 6, y 298– y el CGP –artículo
30623– prevé para el conocimiento de la ejecución de providencias judiciales y
conciliaciones es el de la conexidad. Ello, en aplicación de los postulados de economía
procesal, celeridad y seguridad jurídica, pues quien mejor conoce la forma de
cumplimiento de la condena es necesariamente el mismo juez que la profirió.
Dicho lo anterior, dado que la providencia que se presenta como título ejecutivo fue
proferida por esta Subsección, la Sala es competente para proferir la presente
providencia en segunda instancia.
Medio de control procedente
4. De conformidad con el artículo 297, numeral 1, del CPACA, la demanda ejecutiva es
el medio de control idóneo cuando se pide al deudor el cumplimiento de obligaciones
expresas, claras y exigibles cuya fuente es una sentencia debidamente ejecutoriada
mediante la cual se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. En
concordancia, el artículo 422 del CGP prevé que pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que emanen de una sentencia de condena
proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción.
Ejercicio oportuno de la acción ejecutiva
21 «ARTÍCULO 298. PROCEDIMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto
es el siguiente:> Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya
cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad,
librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de
providencias, previa solicitud del acreedor» (se destaca).
22 En el expediente con radicación número: 47001-23-33-000-2019-00075-01(63.931), C.P. Alberto Montaña Plata.
23 «ARTÍCULO 306. EJECUCIÓN. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas
muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el
acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del
conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue
dictada. (…)
Lo previsto en este artículo se aplicará para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de
las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliación o transacción
aprobadas en el mismo» (se destaca).
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Ejecutante: Fondo de Capital Privado Cattleya–C. 4
Ejecutado: Nación–Fiscalía General de la Nación
Asunto: Ejecutivo
5. Al tenor de lo previsto en el literal k) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, «cuando
se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales
proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en cualquier materia y de
laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de
cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida».
6. Al respecto, el momento en que las providencias se tornan exigibles para efectos de
su ejecución ante la jurisdicción varía en atención al régimen procesal bajo el cual fueron
proferidas, pues: (i) si se trata de sentencias dictadas en el marco de las previsiones del
Decreto 01 de 1984, las condenas serán ejecutables ante la justicia dieciocho (18) meses
después de su ejecutoria –artículo 177 del CCA–, mientras que (ii) si son providencias
expedidas con aplicación de la Ley 1437 de 2011, que ordenan el pago o devolución de
una suma de dinero, estas son ejecutables a los diez (10) meses siguientes a su
ejecutoria –artículo 192 del CPACA–.
7. En el presente asunto, la obligación está contenida en la sentencia del 8 de agosto de
2017, que quedó en firme el 7 de diciembre de ese año, según lo certificó el Tribunal
Administrativo de Antioquia24. Debe advertirse que el proceso de reparación directa que
dio origen a la providencia aquí ejecutada se tramitó conforme al CCA, por lo que la
sentencia ordenó el cumplimiento conforme a los artículos 176 y 177 de ese precepto.
Por ello, la sentencia se hizo exigible dieciocho (18) meses después de la ejecutoria, esto
es, el 7 de junio de 2019.
De esta forma, el término de caducidad, previsto en el artículo 164 del CPACA, aplicable
porque durante su vigencia empezó a correr el término para demandar –artículo 40 de la
Ley 153 de 1887–, corrió hasta el 7 de junio de 2024. Dado que la demanda se presentó
el 4 de octubre de 2023, se concluye que el ejercicio de la acción fue oportuno.
Legitimación en la causa
8. La legitimación para demandar la ejecución de la obligación recae en el Fondo de
Capital Privado Cattleya–Compartimento 4, en calidad de cesionario de los derechos
económicos derivados de la sentencia del 8 de agosto de 2017, que obra como título
ejecutivo. Esta calidad está acreditada en los contratos celebrados entre la ejecutante y
24 Cfr. SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo «011ED_009Anexo03Constancia(.pdf)».
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Asunto: Ejecutivo
los beneficiarios de la condena el 27 de agosto25 y 13 de septiembre de 202126.
9. Por su parte, la Nación–Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por
pasiva, pues fue condenada solidariamente a pagar la suma de dinero cuyo cobro se
persigue por vía ejecutiva.
Requisito de procedibilidad
10. El numeral 1 del artículo 161 del CPACA, modificado por el artículo 34 de la Ley 2080
de 2021, establece la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, las controversias contractuales
y la reparación directa. Sin embargo, no aplica a la acción ejecutiva, por ende, en este
asunto no es un presupuesto.
III. Problema jurídico
11. En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si la
condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia se ajustó a derecho.
Este análisis es procedente en esta fase procesal, por cuanto se controvierte la
imposición de la condena en costas y agencias en derecho y no su monto. Este último
aspecto sólo puede cuestionarse mediante los recursos dirigidos contra el auto que
aprueba la liquidación respectiva, conforme a lo previsto en el numeral 5 del artículo 366
del CGP27.
IV. Análisis de la Sala
Costas y agencias en derecho
12. Dado que la sentencia de primera instancia fue recurrida únicamente por la ejecutada,
la Sala estudiará el recurso de apelación sólo respecto de los argumentos de esa entidad,
según lo previsto en el artículo 328 del CGP, aplicable por la remisión expresa del artículo
306 del CPACA.
25 Cfr. SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo «016ED_014Anexo08ContratoyD(.pdf)».
26 Cfr. SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivo «027ED_025Anexo18ContratoyD(.pdf)».
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp. 68199, C.P. Marta
Nubia Velásquez Rico [fundamento jurídico 1].
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La impugnación se circunscribe a controvertir el ordinal tercero de la sentencia de primera
instancia, por medio del cual se condenó en costas a la Nación–Fiscalía General de la
Nación. Se alegó que el pago de la obligación obedeció a los términos de la Ley 1955 de
2019 y dentro de los plazos señalados por los decretos reglamentarios, tras el
reconocimiento del crédito como «deuda pública». Por esa razón, se afirmó un proceder
conforme al principio de legalidad y, por tanto, libre de una conducta temeraria, dolosa o
de mala fe. Se agregó que no se acreditaron los supuestos del numeral 8 del artículo 365
del CGP, tampoco gastos procesales demostrados, por lo cual es improcedente la
condena en costas.
13. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por el CGP. A su turno, el
numeral 1 del artículo 365 del CGP establece que se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso; además, el numeral 8 prevé que sólo se reconocerán «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
14. Aunque la administración de justicia es un servicio gratuito, según los artículos 228 y
229 de la Constitución Política, su ejercicio implica gastos propios del proceso: copias,
notificaciones, publicaciones, honorarios de auxiliares de la justicia, desplazamientos a
diligencias, entre otros. Del mismo modo, quien participa en un litigio asume cargas
derivadas de la representación judicial o, si actúa sin apoderado, del tiempo y dedicación
que exige la defensa de sus intereses. Con esa perspectiva, corresponde afrontar la
carga económica de asumir dichos gastos a la parte desfavorecida por la respectiva
decisión, porque quien resulte beneficiado, se supone, debe salir indemne del proceso28.
Al respecto, esta Corporación precisó:
[Las costas] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son
el valor de copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios
de auxiliares de la justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho
judicial, gasto de traslado de testigos, por citar algunos ejemplos. (…) [Las agencias en
derecho] obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de la parte favorecida
con la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la representación
de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa. De ahí que, por ejemplo, no hay lugar al reconocimiento
de las agencias en derecho en los eventos en que resulta vencedor quien no concurre al
proceso por apoderado o litigando en causa propia, como sería el caso de la
representación por un curador ad litem, sin perjuicio de la condena en costas a cargo del
perdedor, que debe incluir las expensas, dentro de la cuales, como se advirtió, están los
honorarios que correspondan a los auxiliares de la justicia29.
28 López Blanco, Hernán Fabio. Código General del Proceso Parte General. 3a Ed. Tirant lo Blanch, 2024, pág. 962.
29 Consejo de Estado, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, rad. 15001-33-33-007-2017-
00036-01 [fundamento jurídico 5.1.].
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15. Conforme a los numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP, corresponde al magistrado
sustanciador o al juez fijar las agencias en derecho, aplicando las tarifas del Consejo
Superior de la Judicatura, en atención a la naturaleza, calidad y duración de la gestión, a
la cuantía del proceso y a otras circunstancias relevantes. A su vez, el secretario del
juzgado o tribunal debe elaborar la liquidación concentrada de las costas, que comprende
la tasación de las expensas «siempre que aparezcan comprobadas, hayan sido útiles y
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley», junto con las agencias fijadas por la
autoridad judicial.
16. Conviene señalar que, dadas las reglas del estatuto procesal civil [CGP], la condena
en costas no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte
a quien se le imponen, toda vez que en el régimen actual se determina con fundamento
en un criterio netamente objetivo30, en este caso frente a la parte que ha resultado
vencida. Así lo expuso la Corte Constitucional31, en los siguientes términos:
La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable
de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que
haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo
366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los
costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que
exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones
autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de
ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden
asumirse como una sanción en su contra.
En virtud de lo anterior, el CGP prevé una condena en costas contra la parte vencida en
el proceso o en el recurso, sin necesidad de acreditar conducta temeraria, culposa o de
mala fe. Basta demostrar la causación de las expensas necesarias para el trámite y de
las agencias en derecho, cuya fijación debe ajustarse a las tarifas expedidas por el
Consejo Superior de la Judicatura.
Caso concreto
17. En la sentencia apelada, el Tribunal sustentó la condena en costas así:
6. Costas
De conformidad con el artículo 365, numeral 1, del CGP, se condenará en costas a la
parte vencida en el trámite incidental. En consecuencia, la entidad ejecutada deberá
asumir las costas generadas por su actuación.
30 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de 31 de
mayo de 2022, radicación 11001-03-15-000-2021-11312-00 (IJ), C.P. Rocío Araújo Oñate.
31 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
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Para la fijación de las agencias en derecho, se aplicará el numeral 4 del artículo 366 del
CGP y las tarifas establecidas en el Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior de la
Judicatura. Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y la gestión del apoderado de
la parte ejecutante, se fija como agencias en derecho el equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del crédito por el que se ordena continuar la ejecución.
De modo que la condena no se fundamentó en la «conducta» de la entidad ejecutada,
sino en el hecho de haberse dictado una sentencia desfavorable. Esto, sumado a que las
excepciones propuestas por la Fiscalía General de la Nación no prosperaron siquiera
parcialmente. En la medida en que las costas se impusieron con base en ese parámetro
objetivo, la Sala no encuentra fundamento en el argumento relativo a la ausencia de
«dolo, mala fe o temeridad» de la Nación–Fiscalía General de la Nación.
18. Asimismo, la Sala observa que la imposición de la condena en costas –en primera
instancia– resulta procedente, porque el componente de agencias en derecho se
encuentra acreditado con base en las actuaciones realizadas por el apoderado de la parte
demandante32. El Tribunal fijó las agencias en derecho en el diez por ciento (10%) del
valor saldo insoluto. Esa determinación está dentro de los límites tarifarios del 5% y 15%
fijados para procesos ejecutivos de mínima cuantía33 en el artículo 5, numeral 4, literal a,
del Acuerdo PSAA16-1055434, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente
a la fecha de presentación de la demanda. Por lo anterior, la Sala encuentra ajustada a
derecho la condena en costas, en el componente de agencias en derecho, impuesta a la
parte ejecutada.
19. En cuanto a los demás gastos procesales, se advierte que el trámite del proceso se
surtió de forma electrónica por medio del aplicativo SAMAI de la jurisdicción contencioso
administrativa y a través de la plataforma OneDrive del Tribunal Administrativo de
32 Cfr. SAMAI, índice 2. Expediente digital. Archivos: «005ED_003DemandaEjecutiva2(.pdf)»
«064ED_062MemorialSolicitaA(.pdf)» «071ED_069MemorialDteDecorr(.pdf)» «072ED_070AnexoLiquidacionC(.pdf)»
«082ED_080ActaAudiencia2023(.pdf)» «087ED_085AlegatosDte202300(.pdf)». También en los índices 49 de primera
instancia, archivo: «44_MemorialWeb_Otro-27DescorredeRecur(.pdf)» y 59 de primera instancia.
33 Código General del Proceso «Artículo 25. Cuantía. Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos
son de mayor, de menor y de mínima cuantía.
Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta
salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) […]».
En el presente caso, el fondo ejecutante demandó la suma de once millones cuatrocientos cuarenta y seis mil
cuatrocientos once pesos m/cte ($11.446.411), que, a la fecha de presentación de la demanda [4 de octubre de 2023]
equivalía a 9,87 SMLMV. Por lo anterior, el proceso es de mínima cuantía.
34 «ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
4. PROCESOS EJECUTIVOS.
En única y primera instancia
a. De mínima cuantía.
Si se dicta sentencia ordenando seguir adelante la ejecución, entre el 5% y el 15% de la suma determinada, sin perjuicio
de lo señalado en el parágrafo quinto del artículo tercero de este acuerdo. Si se dicta sentencia de excepciones
totalmente favorable al demandado, entre el 5% y el 15% del valor total que se ordenó pagar en el mandamiento de
pago» […].
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Antioquia35, por lo cual, en principio, no se advierte la causación de expensas adicionales.
Lo anterior se indica sin perjuicio de lo que determine la Secretaría del Tribunal al
momento de realizar la liquidación correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo
366 del CGP.
Costas en segunda instancia
20. En aplicación del artículo 188 del CPACA, ya referido, corresponde a la Sala
pronunciarse sobre las costas en esta instancia. Dado que se confirmará la sentencia de
primera instancia, correspondería condenar en costas a la entidad recurrente, al tenor de
lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP, a los cuales ya se han
referido.
Sin embargo, cabe recordar que el numeral 8 de la misma norma prevé que sólo se
reconocerán «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». En ese sentido, de acuerdo con el artículo 361 del CGP, las costas
«están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso
del proceso y por las agencias en derecho», estas últimas, vale aclarar, las determina el
juez de cada instancia con las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior
de la Judicatura.
21. En este sentido, se resalta que no se comprobó la causación de expensas ni de
agencias, en cuanto el ejecutante no presentó oposición al recurso de apelación en el
trámite de la segunda instancia, pues el memorial en el que el ejecutante se pronunció
sobre el recurso fue allegado al Tribunal, antes de la concesión del recurso36. Además,
no se decretaron pruebas ni se solicitaron en el término de ejecutoria del auto admisorio
del recurso de apelación y tampoco existió etapa de alegatos de conclusión en esta
instancia, en los términos del numeral 5 del artículo 247 de CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Por esta razón, la Sala se abstendrá de imponer
condena en costas en esta instancia, pues no se probó su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
35 Cfr. SAMAI, índice 53 de primera instancia
36 Cfr. SAMAI, índice 49 de primera instancia.
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Asunto: Ejecutivo
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el ordinal tercero de la sentencia del 29 de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia–Sala Sexta de Decisión.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
VF
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