Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2023-00989-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2023-00989-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2023-00989-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de diciembre de 2024
Radicado: 05001-23-33-000-2023-00989-01 (28990)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. - EPM E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., cinco (05) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2023-00989-01 (28990)
Demandante Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. – EPM E.S.P.
Demandado Distrito de Turbo, Antioquia.
Temas Impuesto de alumbrado público. Recaudo a cargo de
empresas prestadoras de servicio de energía. Principio de
legalidad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la demandada y el
litisconsorte cuasinecesario, contra la sentencia del 17 de mayo de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, que decidió1:
«PRIMERO: SE DECLARA la nulidad de las Resoluciones 2038, 2039 y 2040 del 8
septiembre 2022, y de sus confirmatorias, Resoluciones 959 del 24 de mayo de 2023, 969 del
26 de mayo de 2023 y 1003 del 31 de mayo de 2023, proferidas por el alcalde Distrital de
Turbo.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, SE
DISPONE que Empresas Públicas de Medellín E.S.P no está obligada a pagar las sumas
liquidadas en los actos administrativos declarados nulos, y en caso de que las haya pagado,
SE ORDENA al Distrito de Turbo que proceda a efectuar la devolución de las sumas pagadas
debidamente actualizadas, dando aplicación a la formula señalada en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO. SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO. No se condena en costas (…)»
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previa expedición de pliegos de cargos, mediante las Resoluciones Nro. 2038, Nro.
2039, y Nro. 2040 del 08 de septiembre de 2022, el Distrito de Turbo, Antioquia (en
adelante el Distrito) declaró que la sociedad Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.
(en adelante EPM), en su condición de agente de recaudo, era “responsable de la omisión
del recaudo del impuesto de alumbrado público” por los periodos comprendidos entre enero
de 2015 a diciembre de 2016, enero de 2019 a junio de 2021, y enero de 2017 a
diciembre de 2018, respectivamente. Por tanto, impuso a EPM la obligación de
responder por los recursos dejados de recaudar a favor del Distrito.
Contra lo anterior, la sociedad interpuso recursos de reconsideración, que fueron
resueltos mediante las Resoluciones Nro. 959 del 24 de mayo de 2023; Nro. 969
del 26 de mayo de 2023; y Nro. 1003 del 31 de mayo de 2023, que confirmaron las
decisiones iniciales.
1 Samai del Tribunal, índice 27.
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ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
«PRIMERA: Que se declare la nulidad absoluta de los Actos Administrativos Demandados,
según fueron enunciados e individualizados en el capítulo 2 anterior, expedidos por el Alcalde
del Distrito de Turbo.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 163 del CPACA se entiende también demandada la
nulidad de las decisiones emitidas frente a los Recursos de Reconsideración interpuestos,
proferidas por el Alcalde Distrital de Turbo.
SEGUNDA: Se ordene que, a título de restablecimiento, el Distrito de Turbo reintegre a
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. toda suma que por concepto de los actos
administrativos demandados le haya cancelado y que dicha suma sea devuelta con intereses
comerciales.
TERCERA: Que se condene en costas y agencias en derecho, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
CUARTA: Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en los artículos
192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.»
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 6, 121, 123, 189
(numeral 11), 287, 313 (numeral 4), 315 (numeral 1), 365 a 370 de la Constitución Política;
87, 34 y 99 de la Ley 142 de 1994; 29 de la Ley 1150 de 2007; 1518 del Código
Civil; 370, 665, 793, 795 y 798 del Estatuto Tributario Nacional; 204 a 235 del Título
III del Acuerdo 024 de 2020; y las Leyes 1386 de 2010, 136 de 1994, y 1551 de
2012; y las Resoluciones 122 de 2011 y 005 de 2012 de la Comisión de Regulación
de Energía y Gas (en adelante CREG).
El concepto de violación de estas disposiciones se resume así:
1. Improcedencia de la sanción
Señaló que el debido proceso exige que toda sanción deba estar contenida en una
ley preexistente, pese a esto, los actos demandados se sustentan en normas3 que
no establecen una penalidad respecto del sujeto que se encargue de la facturación
y recaudo del impuesto de alumbrado público. La autorización legal4 que se les dio
a las entidades territoriales radica en establecer un régimen sancionatorio para
quienes desplieguen conductas que constituyan evasión, el cual no es el caso en
debate.
Consideró que tampoco eran aplicables por remisión las normas del régimen de
retención en la fuente (entre estas, el artículo 370 del Estatuto Tributario Nacional), pues se
trata de una figura distinta a la del recaudador. De manera que, el Distrito incurrió
en error, al equiparar las nociones de «agente de retención» y «agente de recaudo»; pues
se tratan de institutos distintos, con consecuencias e implicaciones divergentes.
2 Samai del Tribunal, índice 1, PDF Demanda.
3 Hizo referencia a los artículos 370, 665, 793, 795 y 798 del Estatuto Tributario Nacional.
4 Citó el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016.
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Que a su vez, los actos demandados, desconocen la realidad negocial de EPM que
le impide realizar el recaudo del impuesto de alumbrado público a título de retención
en la fuente. En efecto, en el servicio de energía que presta la sociedad se realiza
un cobro pero no un pago o abono en cuenta5, con el cual pueda realizar un recaudo
anticipado6. Así se estarían frente a una obligación cuyo cumplimiento resulta
imposible7.
Señaló que tampoco resultan aplicables las normas sobre responsabilidad solidaria
previstas en el Estatuto Tributario Nacional, pues EPM no se encuentra en ninguno
de los supuestos de hecho. Y si en gracia de discusión se pudiera colegir tal grado
de responsabilidad, el Distrito tenía el deber de vincular a la sociedad como deudor
solidario; sin embargo, la demandada no adelantó ningún trámite de determinación
oficial, ni hizo gestiones frente a los sujetos pasivos del impuesto que tienen la
condición de usuarios de energía eléctrica en la modalidad prepago. Esto, pese a
que la empresa a través de diferentes comunicados le había puesto de presente
que no podía realizar la facturación y recaudo respecto de ellos.
Destacó que, en principio, la Administración debió realizar el proceso de cobro
contra el primer deudor (sujeto pasivo del tributo - usuario de energía prepago), y no de
manera directa frente al agente recaudador. Que, en todo caso, no existe
fundamento legal, ni contractual para predicar la existencia de una responsabilidad,
o la obligación de retención sobre EPM, por lo que el Distrito se está abrogando la
competencia del legislador al crear una sanción que no ha sido prevista en el
ordenamiento jurídico. En ese entendido, se configura el vicio de falsa motivación.
Aclaró que, independientemente de la denominación que el Distrito pretende dar a
los actos administrativos, lo que sustancialmente pretende es sancionar a la
sociedad por una obligación de la cual no es responsable. Que el procedimiento
seguido por la Administración desconoce la normativa local sobre la prescripción
de la facultad para imponer sanciones, pues el pliego de cargos se expidió por fuera
del término de dos años8, el cual debe contarse por cada período mensual, pues
esa es la periodicidad del impuesto de alumbrado público. De manera que, los actos
se encuentran viciados de falta de competencia.
Advirtió que era necesario que el Distrito adelantara el procedimiento de liquidación
oficial de revisión, lo que no ocurrió, pues la Administración nunca cuestionó los
informes presentados por EPM.
Por otro lado, destacó que, en cumplimiento de la sentencia de segunda instancia
en el proceso adelantado por EPM en contra del Distrito de Turbo9, las partes
suscribieron un contrato para la facturación y recaudo del impuesto, en el cual se
dispuso que la obligación de liquidación del impuesto corría por cuenta de la entidad
territorial, y se pactó la ausencia de sanciones.
No obstante, la sociedad llevó a cabo todos los esfuerzos tecnológicos, humanos y
económicos para recaudar el tributo, pero le fue imposible realizar la facturación a
los usuarios de energía prepago, como le informó a la Administración.
5 Citó la sentencia del 16 de diciembre de 2011, exp. 17639, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
6 Para el efecto citó los artículos 772 y 664 del Código de Comercio, relativos a la definición de factura como
título valor.
7 Citó la sentencia C-337 de 1993 de la Corte Constitucional.
8 Artículo 206 del Acuerdo Nro. 024 de 2020.
9 Sentencia del 21 de febrero de 2019, exp. del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Así, se presenta una violación a las normas en que debían fundarse los actos,
por el hecho de exigirle a EPM el cumplimiento de un deber que era indelegable,
cual es la determinación del impuesto de alumbrado público10. Y cuestionó que el
Distrito está imponiendo a la sociedad una sanción derivada de la no liquidación del
tributo, pese a que dicha entidad no hizo entrega de las liquidaciones, ni realizó los
procesos de fiscalización.
Consideró que se imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa, pues no se
conoce la información que tomó el Distrito como base para calcular las sanciones
impuestas a EPM. Añadió que los actos se expidieron sin competencia, ya que con
arreglo a la normativa distrital era la Secretaría de Hacienda la encargada de
efectuar el proceso de fiscalización, pero los actos demandados se profirieron por
el alcalde.
Señaló que se vulneró el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, así como las
Resoluciones 122 de 2011 y 005 de 2012 de la CREG, pues según estas
disposiciones, concordadas con las normas que rigen la potestad tributaria, el
encargado de liquidar el impuesto es el municipio, mientras que a las empresas
comercializadoras, que sean seleccionadas para servir como auxiliares del sujeto
activo para la facturación y el recaudo, les corresponde insertar en el texto de las
facturas del servicio público, los valores correspondientes al impuesto, recibir los
valores que por dicho concepto pague el contribuyente y trasladar los recursos al
municipio. De manera que, no es procedente que a EPM se le asigne la labor de
liquidación y menos que se le aplique un régimen sancionatorio por el
incumplimiento en los pagos en que incurran los sujetos pasivos del impuesto.
Oposición de la demanda
El Distrito de Turbo controvirtió las pretensiones de la demanda11, con fundamento
en lo siguiente.
Frente al cargo de violación del principio de legalidad, señaló que mediante el
artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, se estableció la posibilidad de recaudar el
impuesto de alumbrado público de manera conjunta con la factura del servicio de
energía. Y, el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 habilitó a los municipios y distritos
a reglamentar el régimen sancionatorio aplicable para la evasión de los
contribuyentes.
Agregó que, conforme con el Acuerdo 006 de 2014, el Distrito debe liquidar el
impuesto de alumbrado público de manera directa a los contribuyentes que no se
le emita factura. Esa normativa también contempla que existe un sistema de
recaudo y/o retención del tributo, en el que son considerados responsables o
recaudadores o agentes retenedores las comercializadoras de energía eléctrica
que facturen a sus usuarios de energía eléctrica, ya sea en forma prepago o
pospago.
Aclaró que, si bien la norma local utiliza de manera indistinta los términos «retenedor,
recaudador y responsable», su lectura integral permite concluir que se refiere a quienes
tienen a cargo el recaudo del impuesto a través de la factura de energía eléctrica.
10 Citó el artículo 59 de la Ley 788 de 2002. Y el artículo 1 de la Ley 1386 de 2010, frente al cual afirmó: En
este aspecto es necesario resaltar que el objeto de la Ley 1386 de 2010, expresado en el título de la misma,
es la prohibición de delegación de todas las actividades que implican la administración de impuestos,
actividades que son del resorte exclusivo de la titular de la potestad tributaria.
11 Samai del Tribunal, índice 14.
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Que a partir de las anteriores normas, puede determinarse que EPM estaba en la
obligación de recaudar el impuesto de alumbrado público a sus usuarios del servicio
de energía eléctrica tanto prepago como pospago.
Respecto del argumento de la demandante sobre la imposibilidad para recaudar el
impuesto, advirtió que la sociedad no aportó prueba. Añadió que, el deber de
retención del tributo que le asistía a EPM no solo se basaba en las normas citadas,
sino también en el principio de solidaridad en materia tributaria12.
Bajo este esquema, que permite un recaudo eficiente del impuesto, el responsable
debe asumir los valores dejados de retener, sin perjuicio del derecho que le asiste
de repetir contra el contribuyente13. De modo que, ante el incumplimiento,
correspondía al Distrito determinar oficialmente la carga del impuesto que EPM
debió recaudar, y adicionalmente, liquidar una sanción por la mora en la
consignación de los valores recaudados, lo cual también está admitido en el
«ordenamiento local artículo décimo tercero». En consecuencia, los actos administrativos
se motivaron adecuadamente.
Frente a la prescripción de la facultad sancionadora indicó que, a partir del
contenido de los actos demandados, «es posible determinar que no se trata de una sanción
sino de la determinación de la responsabilidad de recaudar el impuesto, así como de las sumas que
este debió recaudar, a partir de establecer que había omitido esa obligación, determinando también
el monto de los intereses moratorios correspondientes». De manera que, la obligación
sustancial de recaudo fue determinada oportunamente dentro del término de 5 años
previsto en el artículo 2536 del Código Civil. Y, agregó que a lo largo del
procedimiento se otorgaron las oportunidades para que EPM se defendiera y
expusiera los motivos de inconformidad, por lo que tampoco se presenta una
vulneración al debido proceso.
Manifestó que, contrario a lo señalado por el actor, la obligación de EPM era
recaudar el tributo y que el artículo 1 de la Ley 1386 de 2020 no prohíbe la
liquidación del impuesto en la factura14.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad de los actos demandados y no condenó en costas,
con base en las siguientes consideraciones15:
Se refirió a la autonomía de que gozan las entidades territoriales para decretar
tributos y la autorización legal para la adopción del impuesto de alumbrado
público16.
Luego, destacó, a partir del artículo 352 de la Ley 1819 de 2016, i) que el gravamen
discutido debe ser recaudado por el respectivo municipio, distrito o el
comercializador de energía, y podrá realizarse mediante la factura de servicios
públicos domiciliarios. ii) cuando los consejos designen como recaudadoras a las
empresas comercializadoras de energía eléctrica, deberán asumir la carga sin
ánimo de lucro. Y, iii) las entidades territoriales están facultadas para reglamentar
el régimen sancionatorio aplicable para la evasión de los contribuyentes.
12 Citó la sentencia C-150 de 1997 de la Corte Constitucional. Y la sentencia del 04 de abril de 2019, exp.
22956, del Consejo de Estado.
13 Citó el artículo 370 del Estatuto Tributario Nacional.
14 Hizo referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin citar una sentencia en específico.
15 Samai, índice 2. Expediente digital. «29ED_SENTENCIA _028SentenciaRecaudoI(.pdf)»
16 Cito el artículo 1 de la Ley 97 de 1913; artículo 1 de la Ley 84 de 1915;
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Analizado el acervo probatorio, el a quo encontró que la demandada adelantó un
procedimiento sancionatorio en contra de EPM por no liquidar, facturar y recaudar
el impuesto de alumbrado público a los usuarios del servicio de energía prepago;
para lo cual se fundamentó en las previsiones del Estatuto Tributario Nacional,
relativas a la responsabilidad de los agentes retenedores del impuesto sobre la
renta y el IVA. En concreto, se impuso a la sociedad la obligación de pagar el
impuesto no recaudado más los intereses moratorios.
Conforme la normativa del Distrito, el Tribunal advirtió que el artículo 5 del Acuerdo
006 de 2014, estableció el régimen de recaudo haciendo alusión de manera similar
a las nociones de retención y recaudo, pese a que se trata de conceptos distintos.
Al respecto, precisó que la competencia que tienen los concejos se limita a designar
como recaudadores del tributo a las empresas comercializadoras de energía que
operen en la respectiva localidad.
Citó la sentencia del 21 de febrero de 2019, del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por medio de la cual se declaró la nulidad del artículo 394 del Acuerdo
24 de 2009, del Concejo Distrital de Turbo, relativo al sistema de retención de la
contribución de alumbrado público, y en donde se señaló que «no es procedente que
se les imponga a las empresas de servicio de energía eléctrica el régimen procedimental de los
agentes retenedores.»; y que «Teniendo en cuenta que las leyes creadoras del tributo no
establecieron el régimen sancionatorio de los agentes retenedores para los responsables del
recaudo, los municipios, que son corporaciones administrativas, no pueden calificar o tipificar esa
sanción porque esa facultad es de reserva exclusiva del legislador» 17.
A partir de lo anterior, concluyó que el Distrito no podía asimilar a EPM con el agente
retenedor del impuesto de renta o de IVA, para efectos de hacerle extensivo el
régimen sancionatorio aplicable a estos. Que a su vez, la actora no debía realizar
el pago del tributo, sino que este corre por cuenta de los usuarios, como tampoco
estaba facultada para liquidar el impuesto, como erradamente lo sostuvo la entidad
demandada.
Destacó que los actos se basaron en lo previsto en los artículos 370, 640, 665, 793,
795 y 798 del Estatuto Tributario Nacional, los cuales se refieren al régimen de
solidaridad sobre las obligaciones fiscales, no obstante que, las normas creadoras
del impuesto de alumbrado público no establecen sanciones a los agentes
recaudadores. Que por tanto, el Distrito no podía tipificar esa sanción, pues es de
reserva exclusiva del legislador, y tampoco podía hacer extensibles por analogía
los supuestos de solidaridad previstos para los agentes retenedores 18.
Con fundamento en lo expuesto, el a quo concluyó que los actos demandados
resultaron violatorios del principio de legalidad, pues la conducta castigada (falta de
liquidación y recaudo del tributo) carece de tipificación legal. Adicionó que, no era
procedente que se sancionara a la sociedad por no liquidar el impuesto, en tanto
esa competencia recae en la Administración. También consideró que los actos se
encuentran viciados de falsa motivación19, pues desconocen que el legislador no
ha establecido la responsabilidad solidaria entre empresas de servicios públicos
recaudadoras del impuesto de alumbrado público y los contribuyentes que evadan
su pago.
17 También citó como sustento la sentencia del 26 de abril de 2007, exp. 15055, C.P. Ligia López Díaz, del
Consejo de Estado.
18 En relación con la interpretación restrictiva de las normas que señalan los supuestos de responsabilidad
solidaria citó la sentencia del 22 de julio de 2021, exp. 25261, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
19 Citó la sentencia del 07 de octubre de 2021, exp. 23797, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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De ese modo, se relevó el juez de instancia de estudiar los demás cargos de la
demanda, y a título de restablecimiento del derecho señaló que EPM no tiene deber
de pagar las sumas liquidadas por el Distrito. Y frente a los pagos que se hayan
realizado ordenó la devolución, con la respectiva actualización20.
Finalmente, no condenó en costas por no estar probadas.
Recursos de apelación
La parte demandada presentó recurso de apelación contra la anterior decisión,
con base en lo siguiente21:
Puso de presente que el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007 establece la posibilidad
de recaudar el impuesto de alumbrado público de manera conjunta con la factura
del servicio de energía. Y el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 habilita a los
municipios y distritos a reglamentar el régimen sancionatorio sobre la materia.
Adicionalmente, expuso que el Consejo de Estado22 ha admitido que para el
recaudo del impuesto de alumbrado público es admisible designar como «agente de
recaudo o retención» a las empresas comercializadoras de energía, quienes actúan
como «sustitutos del contribuyente en el cumplimiento de obligaciones formales». Que por tanto,
«las potestades de gestión» solo pueden estar dirigidas a esas empresas, y no
directamente al contribuyente, como equivocadamente lo sostiene el actor y el
Tribunal.
Dijo que, para la época de los hechos estaba vigente el artículo 5 del Acuerdo 006
de 2014, que regula el sistema de recaudo del impuesto de alumbrado público, en
el sentido de imponer la obligación de retener o recaudar y pagar el tributo a las
empresas comercializadoras de energía eléctrica. De manera que, el Tribunal
incurrió en un error en la interpretación del derecho aplicable, pues tanto las normas
como el contrato de recaudo que existía entre las partes le imponía a EPM la
obligación de retención del gravamen.
Señaló que el error de interpretación también se consolidó al concluir que la sanción
era atípica, porque desconoce la autorización legal (artículo 352 de la Ley 1819 de 2016)
con la que contaba el Distrito para reglamentar el régimen sancionatorio aplicable
para la evasión de contribuyentes, y los artículos 5 y 6 del Acuerdo 006 del 2014
que establecieron en cabeza de las comercializadoras de energía el deber de
recaudar y de pagar el tributo, así como la sanción por mora. Que por tanto, son
aplicables los artículos 370, 640, 665, 793, 795 y 798 del Estatuto Tributario.
Que en el caso puntual, EPM omitió sus deberes de recaudo, por lo que resultó
responsable ante el Distrito23.
Indicó que «la supuesta “sanción” consistió realmente en la determinación oficial de esa omisión
y del cobro de las sumas dejadas de recaudar que, tal como lo señaló en Consejo de Estado, es la
consecuencia para el recaudador que omite su deber, en la medida en que es el único responsable
20 Para el efecto indicó la siguiente fórmula: «R = Rh * (índice final/índice inicial). Donde el valor presente (R)
se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo pagado, por el guarismo que resulte de dividir el
índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la fecha en que se hizo el pago, por
el vigente a la fecha de la devolución.»
21 Samai, índice 2. Expediente digital. «32ED_RECURSO DE_031ApelacionTURBOpdf(.pdf)».
22 Citó la sentencia del 07 de marzo de 2024, exp. 27984, C.P. Wilson Ramos Girón. Y la sentencia del 04 de
abril de 2019, exp. 22956, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
23 Citó el artículo 370 del Estatuto Tributario Nacional; y los artículos 349 a 353 de la Ley 1819 de 2016.
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ante la Administración Tributaria por el impuesto que debe trasladarle a esta». De manera que,
los actos son legales y se encuentran debidamente motivados.
En cuanto al restablecimiento del derecho ordenado por el a quo, relativo a la
devolución de las sumas pagadas actualizadas, advirtió que no fue objeto de
discusión durante la actuación administrativa, por lo que constituye un hecho nuevo
de la demanda, y en todo caso, no se presentaron pruebas que soportaran esa
pretensión. Además que, es ilegal porque se aplicaron normas generales y no las
de carácter tributario.
La sociedad Alumbrado Público Turbo S.A., solicitó su vinculación como
litisconsorte cuasinecesario24, y presentó recurso de apelación con argumentos
similares a los expuestos por el Distrito, y agregó:
Que la facultad del artículo 352 de la Ley 1819 para reglamentar el régimen
sancionatorio del impuesto de alumbrado público «para la evasión de los contribuyentes»,
debe entenderse el término «“contribuyente” en sentido amplio, es decir, incluyendo los
agentes recaudadores o de retención a los cuales, de hecho, se refiere en general la norma».
Cuestionó la orden de devolución de las sumas pagadas actualizadas, en el sentido
de que cuando en una discusión se derive un pago en exceso o de lo no debido se
debe adelantar un procedimiento especial ante la Administración, por lo que no es
procedente que se declare vía judicial. Y que, además, los intereses procedentes
son los del artículo 863 del Estatuto Tributario.
Oposición a la apelación
La demandante se opuso25 al recurso de apelación, reiterando los cargos de la
demanda, y agregó que EPM no ostenta la calidad de sustituto de los usuarios del
servicio de energía eléctrica en la modalidad de prepago, en tanto que no les
administra ningún recurso económico, ni al momento de cobrar el servicio realiza
pagos a favor de los contribuyentes. Y, que no tiene fundamento constitucional ni
legal la tesis a partir de la cual los sujetos encargados del recaudo sean
responsables por los valores que el deudor tributario no cancele.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos acusados que
establecieron sobre EPM la responsabilidad por la omisión en el recaudo del
impuesto de alumbrado público por los periodos comprendidos de enero de 2015 a
junio del año gravable 2021, y le impuso la obligación de pagar por los recursos
dejados de recaudar, más los intereses moratorios.
24 Samai del Tribunal, índice 37. Mediante la providencia del 12 de junio de 2024, el a quo vinculó al proceso
a la sociedad Alumbrado Público Turbo S.A., en calidad de litisconsorte cuasinecesario. Para el efecto
consideró: «como quiera que la solicitud de vinculación no incorpora pretensiones, y resulta oportuna, el
despacho encuentra motivos suficientes para tener a la Sociedad APT S.A., en calidad de litisconsorcio
cuasinecesario; sin embargo, se advierte que esa entidad no podrá retrotraer el proceso y se vinculará en
la etapa procesal en que este se encuentra, según lo preceptuado en el artículo 62 del CGP».
25 Samai, índice 11.
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. - EPM E.S.P.
En concreto, la Sala debe establecer cuál es la naturaleza de los actos
demandados, si corresponden a la determinación de una responsabilidad del agente
de recaudo, como sostiene el apelante, o imponen una sanción a tales sujetos,
según lo señalado por el actor y el a quo. A partir de esto, se analizará si con
fundamento en lo previsto en la ley, EPM es responsable por las suma dejadas de
recaudar y al pago de intereses moratorios.
En caso de mantenerse la nulidad de los actos, se estudiará la procedencia del
restablecimiento del derecho ordenado por la sentencia de primera instancia,
relativo a la devolución de las sumas pagadas actualizadas.
2. Naturaleza de los actos demandados. Responsabilidad recaudadores del
impuesto de alumbrado público
El a quo declaró la nulidad de las resoluciones demandadas, con fundamento en que
establecen una sanción que carece de tipicidad, dado que la normativa que regula
el impuesto de alumbrado público no establece un régimen sancionatorio para los
responsables del recaudo. Que, en los actos, el Distrito no podía extender las
sanciones previstas para los agentes retenedores en el Estatuto Tributario, pues se
trata de un asunto con reserva de ley. Y que, tampoco era procedente que se
sancionara a la sociedad por no liquidar el impuesto, en tanto esa competencia
recae en la Administración.
En el recurso de apelación, la parte demandada discutió que el a quo interpretó de
manera errada las normas legales y locales (artículos 29 de la Ley 1150 de 2007, 349 y 352
de la Ley 1819 de 2016, 370, 640, 665, 793, 795 y 798 del Estatuto Tributario y 5 del Acuerdo 006
de 2014), la jurisprudencia del Consejo de Estado26 y el contrato suscrito con EPM,
que establecen sobre la empresa comercializadora de energía la responsabilidad
de recaudo o retención del tributo.
Y, que «la supuesta “sanción” consistió realmente en la determinación oficial de esa omisión y del
cobro de las sumas dejadas de recaudar que, tal como lo señaló en Consejo de Estado, es la
consecuencia para el recaudador que omite su deber, en la medida en que es el único responsable
ante la Administración Tributaria por el impuesto que debe trasladarle a esta».
Por su parte, el litisconsorte necesario, agregó que la facultad del artículo 352 de la
Ley 1819 para reglamentar el régimen sancionatorio del impuesto de alumbrado
público, debe entenderse el término contribuyente en sentido amplio, incluyendo los
agentes de retención.
En principio, la Sala estudiará la naturaleza de los actos acusados, para lo cual se
procede a transcribir los apartes pertinentes27:
«5) El Distrito apoyado en las facultades de regular el recaudo del impuesto mediante los
artículos 210, 287 y 363 de la Constitución Política de Colombia, asimismo, en la
Sentencia 150 de 1997 de la Corte Constitucional, estableció la figura de retenedor o
recaudador, mediante el artículo quinto del Acuerdo Municipal 006 del 28 de mayo
de 2014, posteriormente confirmado por el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 y en
ese mismo sentido el Consejo de Estado del 04 de abril de 2019, expediente 22956. (…)
7) Para asegurar en la mayor medida posible la percepción del tributo, en ese sentido, en
el artículo quinto del Acuerdo Distrital 006 de 2014, estableció el sistema de retención
26 Citó la sentencia del 07 de marzo de 2024, exp. 27984, C.P. Wilson Ramos Girón. Y la sentencia del 04 de
abril de 2019, exp. 22956, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
27 Teniendo en cuenta que la actuación demandada tiene el mismo fundamento fáctico y jurídico se cita como
ejemplo la Resolución Nro. 2038 del 8 de septiembre de 2022.
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y/o recaudo del impuesto de alumbrado público a las comercializadoras de energía y
obligado a liquidar, facturar, cobrar y recaudar mediante la factura o recarga de energía
el impuesto a los usuarios de energía eléctrica prepago o post pago.
EMP como Comercializador de Energía en el Distrito de Turbo y responsable del impuesto de
alumbrado público, omitió su obligación de cobrar y recaudar el impuesto a los usuarios de
energía eléctrica prepago, así mismo contribuyendo a la evasión de impuesto, por su omisión
operativa.
Se hace responsable por incumplimiento de los deberes formales de la siguiente manera:
(…) El Total no cobrado por EPM (…) es por valor de (…) más los intereses de mora (…).
Con la conducta continuada de omisión de retención del impuesto de alumbrado público para
los usuarios de energía prepago durante los periodos descritos, la empresa comercializadora
de energía que opera en el Distrito de Turbo Antioquia, Empresa Públicas de Medellín EPM
S.A. E.S.P. transgrede las normas del orden Distrital anteriormente señaladas, y del
orden nacional Ley 1819 de 2016 art 352, e incurre en las conductas descritas en los
artículos a continuación del Estatuto tributario.
ARTICULO 370. LOS AGENTES QUE NO EFECTUEN LA RETENCION, SON
RESPONSABLES CON EL CONTRIBUYENTE. No realizada la retención o percepción, el
agente responderá por la suma que está obligado a retener o percibir, sin perjuicio de su
derecho de reembolso contra el contribuyente, cuando aquel satisfaga la obligación. Las
sanciones o multas impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes serán de su
exclusiva responsabilidad.
ARTÍCULO 798. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE
DEBERES FORMALES. Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros
responden subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por las consecuencias que
se deriven de su omisión.
Como Comercializador de Energía en el Distrito de Turbo y responsable del recaudo del
impuesto de alumbrado público y se asimila como agente retenedor del impuestos nacionales,
y al omitir su obligación de acelerar y asegurar el recaudo del tributo Distrital, en las
operaciones de facturación o recarga de energía eléctrica prepago de liquidar y recaudar el
impuesto, así, permitiendo la evasión de impuesto, se hace responsable por el
incumplimiento de sus deberes formales como agente recaudador del impuesto de
alumbrado público, los artículos 370, 640, 665, 793, 795 y 798 Estatuto Tributario
Nacional -E.T.N.
Por lo anterior, las Empresas Públicas de Medellín, al no facturar, liquidar, cobrar y
recaudar el impuesto de alumbrado público a los usuarios de energía eléctrica prepago
sujetos pasivos de la obligación tributaria, omitió su responsabilidad como agente de recaudo
y tiene la obligación de responder por los recursos dejados de recaudar a favor del
Distrito de Turbo (…) en los términos de los artículos 370, 640, 665, 793, 795 y 798 Estatuto
Tributario Nacional, los cuales son procedentes para su aplicación en el ámbito local
en cumplimiento de la Ley 788 de 2002.
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar a la sociedad Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.
(…) responsable de la omisión de recaudo del impuesto de alumbrado público (…) por
la suma de (…) con intereses de mora (…)» (Énfasis propio).
De la revisión de los actos demandados, la Sala observa que establecen a EPM
como responsable por omitir la obligación de facturar, liquidar, cobrar y recaudar el
impuesto de alumbrado público, a los usuarios de energía eléctrica prepago. Como
consecuencia de ello, impuso sobre la sociedad la «obligación de responder por los
recursos dejados de recaudar más intereses moratorios ». Para ello, principalmente se
fundamentó en el artículo 370 del Estatuto Tributario que establece la
responsabilidad de los agentes de retención y, que dispone como consecuencia de
ello, que deben responder por las sumas que estaban obligados a retener o percibir,
sin perjuicio del derecho de reembolso contra el contribuyente.
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Lo anterior evidencia que los actos discutidos establecen una responsabilidad de
agente de retención sobre EPM, en tanto determinan i) la calidad de agente
«retenedor o recaudador» del tributo y ii) el deber de responder por las sumas que omitió
recaudar. Esto último, se precisa, no fue establecido en las normas del Estatuto
Tributario como una sanción, sino como una obligación que se deriva de la
responsabilidad del agente retenedor que lleva a que tenga que asumir los dineros
ante el Estado, dado que, en todo caso, puede ejercer el derecho de reembolso de
esas sumas contra el contribuyente.
A diferencia de las sanciones que se originan en una acción u omisión del sujeto
pasivo con posterioridad al nacimiento de la obligación tributaria, y están
encaminadas a disuadir su incumplimiento, así como reparar el daño sufrido en
cabeza del Estado, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad del agente
retenedor de responder por los dineros no retenidos constituye una obligación
tributaria dispuesta en la ley derivada de esa condición, y que se encuentra
asociada al pago del tributo, el cual, se destaca, puede ser reintegrado al
recaudador una vez realice las acciones pertinentes frente al contribuyente.
En efecto, las sumas no retenidas que debe asumir el retenedor pueden ser
recuperadas, lo que no sucede con las sanciones, en tanto la normativa tributaria
prescribe que «Las sanciones o multas impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes
serán de su exclusiva responsabilidad 28».
De manera que, los actos demandados no establecen una sanción sobre EPM sino
una responsabilidad como agente de recaudo, que consiste en responder por el
tributo dejado de retener. Así el único componente sancionatorio que tienen los
actos es el pago de intereses moratorios.
Claro lo anterior, la Sala procede a verificar si la responsabilidad determinada en los
actos acusados tiene sustento legal para el caso del impuesto de alumbrado público.
Al respecto, se encuentra que el fundamento normativo que citan los actos para
establecer sobre EPM la responsabilidad «retenedor o recaudador» y la obligación de
pagar los dineros dejados de recaudar por el tributo, corresponde a los artículos 5
del Acuerdo Municipal 006 de 2014, 59 de la Ley 788 de 2002, 352 de la Ley 1819
de 2016, y 370, 640, 665, 793, 795 y 798 Estatuto Tributario Nacional.
En principio, se encuentra que el artículo 5 del Acuerdo Municipal Nro. 006 de 2014,
que reglamenta el impuesto al alumbrado público, dispone el sistema de recaudo
del tributo, así:
«ARTÍCULO QUINTO. Modifícase el artículo 394 del Acuerdo No. 024 de 2009, el cual
quedará así:
ARTÍCULO 394. SISTEMA DE RECAUDO – AGENCIA DE RETENCIÓN O RECAUDO Y
OBLIGACIONES. Establézcase en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 287 numeral 3
de la Constitución Política, Estatuto Tributario y las normas tributarias locales, el sistema de
retención o recaudo del impuesto para el servicio de alumbrado Público, como mecanismo de
percepción y recaudo del tributo. Se impone la obligación de retener o recaudar en cabeza de
las empresas comercializadoras de energía eléctrica que facturen usuarios en el territorio del
Municipio, en forma de prepago o post pago de energía eléctrica.
Se encuentran obligados a pagar el tributo todos los contribuyentes, los agentes retenedores
y los responsables directos del impuesto.
28 Artículo 370 del Estatuto Tributario.
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Las declaraciones de retención del impuesto para el servicio de alumbrado público a cargo
de los agentes responsables de la retención o recaudo, deberán contener al menos la
siguiente información:
1. La información necesaria para la identificación y ubicación del responsable.
2. El periodo declarado.
3. Montos de os valores retenidos.
4. Bases de retención.
5. La firma del obligado al cumplimiento del deber formal de declarar.
6. La firma del revisor fiscal o contador público.»
Y en el artículo 6º de ese acuerdo se enlista las sanciones, entre las cuales se
encuentra «SANCIÓN POR MORA EN LA CONSIGNACIÓN DE LOS VALORES RECAUDADOS
POR LAS ENTIDADES AUTORIZADAS» consistente en el pago de intereses moratorios.
Como se observa, el artículo 5º del acuerdo establece la obligación de retener o
recaudar sobre las empresas comercializadoras de energía, y que se encuentran
obligadas al pago del tributo los contribuyentes, los agentes retenedores y
responsables directos del impuesto. Y, el artículo 6 prescribe el pago de intereses
moratorios sobre los valores no consignados oportunamente.
Al respecto, se encuentra que si bien estas normas aluden a que las empresas
comercializadoras de energía son agentes de recaudo, solo disponen que deben
pagar el tributo, pero no de manera específica, la responsabilidad de responder por
los dineros dejados de recaudar.
Por su parte, el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 invocado por el Distrito para dar
aplicación a las normas del Estatuto Tributario (artículos 37029, 64030, 66531, 79332, 79533 y
79834), en particular, el artículo 370, es el que establece la obligación de responder
por las sumas dejadas de recaudar determinada en los actos acusados.
Según el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 «Los departamentos y municipios aplicarán los
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración,
determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los
impuestos por ellos administrados. (…) El monto de las sanciones y el término de la aplicación de
los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus
tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos».
Esta normativa ordena una remisión al procedimiento tributario nacional y el régimen
sancionatorio, pero no en cuanto a las normas de responsabilidad tributaria, que
corresponden a una obligación tributaria de carácter formal y sustancial. De ahí que
no puede servir de sustento para la aplicación de la responsabilidad de los agentes
de retención dispuesta en el Estatuto Tributario.
En lo concierne, al artículo 352 de la Ley 1819 de 2016, esta normativa regula
específicamente el sistema de recaudo y facturación del impuesto alumbrado
público, así:
29 Artículo 370. Los agentes que no efectúen la retención, son responsables con el contribuyente.
30 Artículo 640. Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el
régimen sancionatorio.
31 Artículo 665. Responsabilidad penal por no consignar las retenciones en la fuente y el IVA
32 Artículo 793. Responsabilidad solidaria.
33 Artículo 795. Solidaridad de las entidades no contribuyentes que sirvan de elemento de evasión.
34 Artículo 798. Responsabilidad subsidiaria por incumplimiento de deberes formales.
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«ARTÍCULO 352. RECAUDO Y FACTURACIÓN. El recaudo del impuesto de alumbrado
público lo hará el Municipio o Distrito o Comercializador de energía y podrá realizarse
mediante las facturas de servicios públicos domiciliarios. Las empresas
comercializadoras de energía podrán actuar como agentes recaudadores del impuesto,
dentro de la factura de energía y transferirán el recurso al prestador correspondiente,
autorizado por el Municipio o Distrito, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al de
su recaudo. Durante este lapso de tiempo, se pronunciará la interventoría a cargo del
Municipio o Distrito, o la entidad municipal o Distrital a fin del sector, sin perjuicio de la
realización del giro correspondiente ni de la continuidad en la prestación del servicio. El
Municipio o Distrito reglamentará el régimen sancionatorio aplicable para la evasión de
los contribuyentes. El servicio o actividad de facturación y recaudo del impuesto no
tendrá ninguna contraprestación a quien lo preste». (Énfasis propio)
El artículo 353 de la Ley 1819 de 2016, previendo la transición sobre la materia,
dispuso: «Los acuerdos que se adecuen a lo previsto en la presente ley mantendrán su vigencia,
salvo aquellos que deben ser modificados, lo que deberá surtirse en un término máximo de un año».
Se pone de presente que en asuntos debatidos antes de la vigencia esta ley, la Sala
se pronunció en el sentido de que las entidades territoriales estaban facultadas para
establecer mecanismos de recaudo35 sujetándose al régimen jurídico dispuesto
para la prestación de servicios públicos domiciliarios, con fundamento en el cual,
consideró que las empresas comercializadoras de energía recaudarán previa
suscripción de un convenio, el impuesto de alumbrado público36.
No obstante, a partir de la Ley 1819 de 2016 se estableció de manera expresa que
las empresas comercializadoras de energía podrán recaudar el impuesto de
alumbrado público mediante las facturas de servicios públicos domiciliarios, sin
contraprestación alguna. De manera que, con esta ley se facultó a los municipios o
distritos para reglamentar en sus respectivas normativas el recaudo del tributo a
cargo de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, así como el régimen
sancionatorio aplicable para la evasión de los contribuyentes.
En efecto, la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 352 de la
Ley 1819 de 2016, en la sentencia C- 132 de 2020, precisó que esta norma
«estableció reglas generales de recaudo del tributo que, además de permitir la elección entre
varias modalidades, se dirigen a la consecución de objetivos constitucionalmente valiosos. El
análisis integral del diseño fiscal en materia de alumbrado público evidencia que el legislador eligió,
entre varias, una forma posible de articulación del principio unitario y el principio de autonomía
territorial que salvaguarda las competencias básicas de las entidades territoriales.» (Énfasis
propio). Dada esta autorización legal, en ejercicio del principio de autonomía de las
entidades territoriales, los municipios y distritos les corresponde desarrollar las
obligaciones a cargo de los agentes de recaudo, así como la forma y condiciones
en que deben cumplirse, siguiendo las pautas establecidas por el legislador.
Así, antes de la Ley 1819 de 2016, se exigía la existencia de un contrato, y con
posterioridad a esta, se faculta a los municipios para establecer sobre las empresas
comercializadoras de energía la responsabilidad del recaudo del impuesto de
alumbrado público, para lo cual debían adecuar los acuerdos reglamentando esa
obligación prevista en la ley.
En el caso concreto, se encuentra que el 21 de junio de 2019, EPM y el Distrito
celebraron el Contrato Nro. 251-201937 con el siguiente objeto:
35 Sentencia del 04 de abril de 2019, exp. 22956, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
36 Artículo 3 de la Resolución Nro. 122 de 2011 de la CREG.
37 Samai, índice 2, 4ED_ANEXOS DEM_004AnexosDemandarar(.rar) NroActua 2., 9.1.1.11 Contrato Turbo
facturación y 9.1.1.12. Comunicación Municipio de Turbo. La vigencia del contrato se pactó hasta el 31 de
diciembre de 2019, renovándose por periodos anuales, terminando su vigencia el 7 de abril de 2022.
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«prestación de los servicios de facturación, distribución de las facturas y recaudo conjunto de
los valores por concepto del impuesto de alumbrado público en el Distrito de Turbo».
En este acuerdo se pactó:
«4. Las partes entienden y aceptan que LAS EMPRESAS no adquieren responsabilidad
subsidiaria o solidaria alguna, ante EL CONTRATANTE o ante el cliente, en relación con
las obligaciones que corresponden a la calidad del servicio prestado por EL
CONTRATANTE o a posibles pagos por el uso de los servicios que presta EL
CONTRATANTE al cliente. (…)
4.5. LAS EMPRESAS se comprometen a refacturar a los contribuyentes de EL
CONTRATANTE los valores no pagados por éstos y que correspondan al impuesto de
alumbrado público (…).
4.6. LAS EMPRESAS facturarán los intereses de mora a los contribuyentes de EL
CONTRATANTE sobre los montos correspondientes al servicio prestado y no pagado
dentro de los plazos indicados en las facturas (…)
7.2 Los valores dejados de recaudar por concepto del impuesto de alumbrado público,
son deudas de los contribuyentes con EL CONTRATANTE y no comprometen A
LAS EMPRESAS, ya que los únicos responsables del pago son los beneficiarios
del servicio público no domiciliario de alumbrado público». (Énfasis propio)
De acuerdo con lo anterior, si bien en el contrato se determinó que EPM era el
agente recaudador del tributo, no se estableció responsabilidad alguna sobre dicha
empresa por el no recaudo de las sumas correspondientes al impuesto de
alumbrado público. Por el contrario, en el acuerdo se especificó que los valores
dejados de recaudar eran deudas de los contribuyentes y que «no comprometen» a
EPM. De manera que, la responsabilidad de pagar los dineros dejados de recaudar,
determinada en los actos demandados, no tiene fuente en el contrato de facturación.
Tampoco la tiene en el Acuerdo Nro. 006 de 2014, pues, aunque establece la calidad
de agente recaudador sobre las empresas comercializadoras de energía, no previó
sobre estos sujetos la obligación de pagar los dineros no recaudados. Esto, a pesar
de que la ley dio un término para adecuar las regulaciones territoriales, en el cual,
el Distrito debía reglamentar de manera completa la calidad de agente recaudador
de las comercializadoras de energía, incluyendo todos los aspectos que se derivan
de esa responsabilidad, entre estos, el pago de los dineros dejados de recaudar, en
aras de asegurar que estas empresas conozcan y puedan cumplir con las
obligaciones a su cargo.
Así, del análisis de las normas relacionadas previamente y del contrato de
facturación, encuentra la Sala que no tiene fundamento normativo en el Distrito de
Turbo la obligación impuesta a EPM de asumir el pago de las sumas dejadas de
recaudar por concepto del impuesto de alumbrado público 38. Por ser esta la
obligación principal, tampoco hay lugar al cobro de la obligación secundaria, relativa
al cobro de intereses moratorios sobre dichos valores.
En consecuencia, por las razones expuestas, se confirma la nulidad de los actos
acusados.
3. Restablecimiento del derecho. Devolución de las sumas pagadas por
EPM
38
Caso diferente a la situación analizada en Sentencia del 07 de marzo de 2024, exp. 27984, C.P. Wilson
Ramos Girón.
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El Tribunal accedió a la pretensión de la demanda, declarando a título de
restablecimiento del derecho, que «en caso de se haya pagado», ordena la devolución
de las sumas pagadas actualizadas con el IPC. Para el efecto indicó la siguiente
fórmula: «R = Rh * (índice final/índice inicial). Donde el valor presente (R) se determina
multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo pagado, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la fecha en que se hizo el pago,
por el vigente a la fecha de la devolución.»
La demandada cuestiona esa decisión por cuanto no fue objeto de discusión durante
la actuación administrativa, de manera que, constituye un hecho nuevo de la
demanda. Alegó que, tampoco resulta procedente en tanto no fueron aportadas las
pruebas para soportar esa pretensión. Además que, la declaratoria es ilegal porque
se aplicaron normas generales y no las de carácter tributario.
Por su parte, el litisconsorcio necesario discutió que no es procedente que la
devolución se declare vía judicial, porque previamente debe surtirse un
procedimiento especial ante la Administración. Y adicionó que, los intereses
procedentes son los del artículo 863 del Estatuto Tributario.
Para la Sala, si bien procedía que el actor solicitara en la demanda la pretensión de
devolución de las sumas pagadas junto con los intereses respectivos, como
consecuencia de la nulidad de la actuación acusada, debe tenerse en cuenta que
en el expediente no existe prueba del pago de los valores determinados en las
resoluciones objeto del presente proceso.
De manera que, no hay lugar a la orden de devolución de esas sumas, en tanto
como lo advirtió el municipio, no hay prueba que acredite esa pretensión.
En caso de que el actor hubiere realizado dicho pago deberá seguir el procedimiento
establecido por el Distrito para las devoluciones.
En consecuencia, se modificará el restablecimiento del derecho ordenado por el
Tribunal, en el sentido de excluir la orden de devolución de las sumas determinadas
en los actos demandados «en caso de se haya pagado».
3. Decisión
Por las razones expuestas, se modificará el ordinal segundo de la sentencia apelada
en el sentido de excluir la orden de devolución. En lo demás, se confirma la
providencia apelada.
Finalmente, no se impondrá condena en costas porque no se acreditó su causación,
conforme lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,
norma aplicable por la remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia proferida
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por el Tribunal Administrativo de Antioquia, del 17 de mayo de 2024, el cual
quedará así:
«SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, SE
DISPONE que Empresas Públicas de Medellín E.S.P no está obligada a pagar las sumas
liquidadas en los actos administrativos declarados nulos».
2. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
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www.consejodeestado.gov.co
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