Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00994-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00994-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2023-00994-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
18 de enero de 2024
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Radicado: 05001-23-33-000-2023-00994-01
Demandante: Ulises Navales Cardona
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2023-00994-01
Demandante: Ulises Navales Cardona
Demandado: Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín y otro
Temas: Negativa en la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para designar el reemplazo de un empleado judicial
para el disfrute de sus vacaciones individuales
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín en contra de la sentencia del 23 de octubre de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera, que
concedió la acción de tutela.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Ulises Navales Cardona, quien actúa en nombre propio, presentó
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo digno, al descanso y a la salud.
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Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín o al competente que, en el término
de 48 horas, proceda a emitir la partida presupuestal requerida para el remplazo de
sus vacaciones, de manera que éstas puedan ser disfrutadas entre el 21 de
noviembre y el 15 de diciembre de 2023, ambas fechas inclusive; y, asimismo, que
se ordene al Juez Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín que, una vez cuente con la partida requerida para el remplazo de sus
vacaciones, proceda autorizar el disfrute de estas.
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Desde el 1 de diciembre de 1991 se encuentra vinculado en la Rama Judicial
ocupando diferentes cargos en propiedad, actualmente, como asistente jurídico en el
Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín.
ii) Solicitó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal —CDP— para
disfrutar de sus vacaciones entre el 21 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023.
iii) Desea descansar, pues debido a la virtualidad el trabajo se ha incrementado
ostensiblemente, toda vez que las peticiones de las personas condenadas se están
recibiendo de manera digital a través del correo electrónico y ello ha conllevado a
que las peticiones las puedan radicar no solo los sujetos de la relación procesal, sino
también los familiares y hasta amigos, lo que exige más tiempo de dedicación y
jornadas más largas.
iv) Mediante Oficio DESAJMEO23-C26AF del 19 de septiembre de 2023, la Dirección
Ejecutiva expidió el certificado de disponibilidad presupuestal 056923 para el disfrute
de sus vacaciones, pero no para nombrar su reemplazo, amparado en la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.
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v) Así las cosas, por Resolución 031 del 20 de septiembre de 2023, su nominador
negó el disfrute de las vacaciones hasta tanto se contara con el presupuesto para el
reemplazo, aduciendo la necesidad del servicio.
vi) Interpuso recurso de reposición en contra de la anterior decisión, pero a través de
la Resolución 033 del 29 de septiembre de 2023, el titular del Juzgado no la repuso.
vii) Han sido numerosas las acciones de tutela en las que se ha ordenado la partida
presupuestal para el pago del reemplazo por vacaciones, dentro de la cual cabe citar
la sentencia del 4 de septiembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, en el proceso 11001-03-15-000-2023-04287-00.
1.2. Actuación procesal
Mediante auto del 6 de octubre de 2023, la magistrada Susana Nelly Acosta Prada
del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta, admitió la acción de tutela y,
en consecuencia, ordenó notificar del proveído a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín y al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín, en calidad de accionados, para que, dentro del
término de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la providencia, se
pronunciaran sobre los hechos de tutela, presentaran informes y/o solicitaran las
pruebas que pretendieran hacer valer.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín.
El 10 de octubre de 2023, la directora Seccional solicitó declarar improcedente el
mecanismo constitucional, en atención a los siguientes argumentos:
i) La Dirección Seccional depende del presupuesto nacional, por lo que no cuenta
con presupuesto propio y debe solicitar a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial las apropiaciones correspondientes para sus gastos, entidad que, a su vez,
solicita las apropiaciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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ii) La Dirección Seccional ha requerido en reiteradas ocasiones la adición
presupuestal para los rubros de la planta transitoria con el propósito de atender las
solicitudes de remplazo por vacaciones individuales de servidores judiciales, sin que
a la fecha exista respuesta positiva por parte de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, del Consejo Superior de la Judicatura o del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público; por tanto, hasta que el Consejo Superior de la Judicatura
no expida una circular diferente a la PSAC11-44 de 2011, la Dirección Financiera de
la Seccional solo va a autorizar los reemplazos de los jueces que pertenecen al
régimen de vacaciones individuales y a empleados que laboren en despachos con
vacaciones individuales cuya planta de personal sea de 3 o menos empleados.
iii) La disponibilidad para el disfrute de las vacaciones del accionante fue otorgada a
través del CDP 056923, según lo exige la ley, no obstante, la falta de disponibilidad
para efectos de un reemplazo no constituye argumento válido para negar el disfrute,
ni puede operar como patente de corso para trasladar la responsabilidad al
ordenador del gasto, quien solo actúa como ejecutor de un presupuesto previamente
establecido y apropiado para cada vigencia fiscal.
1.3.2. El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín. El 11 de octubre de 2023, el juez Aníbal Fidel Arroyo Ortega rindió informe
en los siguientes términos:
i) Pese a ser consiente de los derechos invocados por el accionante, no puede
conceder la solicitud de vacaciones deprecada en atención a que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia no expidió el certificado
de disponibilidad presupuestal necesario para autorizar el reemplazo de las
vacaciones, lo cual impide nombrar y posesionar a la persona que ejecutaría el
trabajo durante el periodo vacacional.
ii) Es bien conocida la altísima carga laboral de los Juzgados de Ejecución de Penas
de Medellín y la escasa planta de personal, la cual cuenta con un asistente
administrativo, un oficial mayor y un asistente jurídico, además de que el cargo de
oficial mayor es temporal —en descongestión—, para atender a un sin número de
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solicitudes de reconocimiento de redención de pena, libertad condicional, permiso
administrativo de 72 horas, acumulación jurídica de penas, prisión domiciliaria en sus
varias modalidades, permisos para laborar, estudiar o salir del país, liberación,
extinción y/o prescripción de la pena, como de acciones de tutela, incidentes de
desacato y habeas corpus, de manera que de no expedirse el certificado de
disponibilidad presupuestal para el reemplazo se afectaría la prestación efectiva del
servicio y la salud de los demás empleados del despacho.
1.4. Sentencia impugnada
Por medio de sentencia del 23 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera, concedió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, Dirección
Financiera, que de acuerdo con sus competencias, en el término de diez días
contados a partir de la notificación de la providencia, adelantara las gestiones
administrativas y presupuestales correspondientes para que el juez sexto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín se pronunciara
nuevamente acerca de las vacaciones solicitadas por el señor Ulises Navales
Cardona para disfrute entre el 21 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, ambas
fechas inclusive. Argumentó lo siguiente:
i) La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín negó la apropiación
presupuestal para el reemplazo del accionante, argumentando que la Circular
PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 dispuso las directrices dirigidas a las
Direcciones Ejecutivas de Administración Judicial del país relativas a la programación
de vacaciones de los funcionarios públicos y la expedición del CDP para garantizar
los reemplazos. Cabe resaltar que dicha circular trata acerca de las vacaciones de
los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales y no estableció el
procedimiento para garantizar los reemplazos de los empleados judiciales, por lo que
no puede servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso de estos.
ii) Si bien el principio de continuidad del servicio de justicia implica que las funciones
que desempeña el accionante deben ser continuas, el nominador no puede vulnerar
su derecho al descanso porque no existe disponibilidad presupuestal para designar
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el reemplazo, toda vez que la Ley 270 de 1996 establece otras alternativas que
permiten garantizar la prestación del servicio de forma adecuada. Es de tener en
cuenta que en la sentencia SU-296 del 3 de agosto de 2023, la Corte Constitucional
analizó el tema del derecho fundamental al descanso individual de empleados y
funcionarios de la Rama Judicial y ordenó al Consejo Superior de la Judicatura, en
un plazo que no exceda los seis meses contados a partir de la notificación de la
providencia, adoptar la reglamentación necesaria para garantizar la efectividad de
este derecho.
iii) Por lo expuesto, la decisión adoptada por las accionadas compromete los
derechos fundamentales al trabajo en condiciones justas y al descanso del señor
Ulises Navales Cardona, en tanto se evidencia que un procedimiento netamente
administrativo está comprometiendo un derecho de mayor valor como lo es el
descanso de un empleado de la Rama Judicial.
iv) Ahora, teniendo en cuenta que la Dirección Ejecutiva Seccional indicó que,
proceder con la expedición del CDP para cubrir los gastos para el reemplazo del
accionante es contrario a sus competencias —pues está cumpliendo con las
directrices de la dirección central y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público—, no
sería procedente ordenar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
de manera directa; sin embargo, en aras de garantizar los derechos del accionante,
corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional, de acuerdo con sus competencias,
adelantar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para que se
realice el nombramiento del reemplazo del señor Ulises Navales Cardona y, de esta
manera, se superen los obstáculos administrativos y sea materializado el derecho al
descanso remunerado.
1.5. Impugnación
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín. El 26
de octubre de 2023, la directora seccional Rosa Amelia Moreno Orrego impugnó la
sentencia de primera instancia en orden a que revoque, al no existir vulneración de
derechos fundamentales. Argumentó lo siguiente:
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i) Proceder a la expedición de CDP para cubrir los gastos por reemplazo del
empleado reviste una complejidad que la Seccional no puede superarla
autónomamente, ya que los bienes y recursos que administra dependen de los
fondos que se sitúen desde la Dirección Ejecutiva del Nivel Central y del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
ii) Ahora, no resulta procedente —aun cuando el propósito, por demás loable, es
proteger los derechos fundamentales— cuestionar las decisiones que con respecto a
la gestión de formular y aplicar restricciones presupuestales deban ser tomadas y
ejecutadas; y no es tampoco dable que el juez de tutela decida en todos los asuntos
públicos de orden presupuestal, pues ello estaría abiertamente en contravía de la
Constitución Política por cuanto los jueces de tutela no pueden ordenar
apropiaciones del gasto del presupuesto nacional, cual si reemplazaran a las
autoridades y procedimientos previstos para ello.
iii) Pese a lo dicho, es de indicar que una vez fueron situados los recursos por parte
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se procedió a certificar
disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo de vacaciones del accionante,
de lo cual fue debidamente notificado. Según lo anterior y para lograr el cometido de
la sentencia, como se evidencia en las solicitudes presupuestales realizadas —y aún
no atendidas por quien administra el presupuesto de la Rama Judicial— se necesitan
recursos, que hasta la fecha no existen o ya se comprometieron, tácitamente, sobre
sentencias y fallos previos del mismo tenor y frente a otros servidores judiciales.
1.6. Otras actuaciones
1.6.1. El 4 de diciembre de 2023, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez
Vargas vinculó al trámite constitucional, en calidad de accionada, a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y, en consecuencia, ordenó remitirle copia del
expediente de tutela, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
del proveído, se pronunciara sobre los hechos y pretensiones en que se funda la
solicitud de amparo, así como de los demás trámites adelantados dentro del proceso.
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1.6.2. El 19 de diciembre de 2023, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
por intermedio de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal, se
pronunció en los siguientes términos:
i) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial carece de legitimación en la
causa por pasiva en el trámite constitucional, toda vez que no tiene la condición de
nominador del accionante, ni de ente pagador, para conceder o negar las
vacaciones. Y es que aunque la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se
encarga de la ejecución, administración y representación de la Rama Judicial, lo
cierto es que la competente para desatar el asunto es la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín y el ente nominador que, en el presente caso, es
el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, por lo
que mal haría la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dar respuesta a una
petición del disfrute de vacaciones que no es de su competencia, sin que se entienda
con lo expuesto que el actuar de la Seccional Medellín sea incorrecto o ilegal, por el
contrario, está sujeto a la reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura.
ii) La Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, es clara en el sentido de
reglar las situaciones relacionadas con el disfrute y expedición de recursos para el
nombramiento de remplazos, pero solo para aquellas personas que ostentan la
condición de funcionarios y no para los empleados, lo cual también es reglamentado
por la Circular 89 de 2005 del Consejo Superior de la Judicatura, que determina la
imposibilidad de disponer recursos de la Rama Judicial para la concesión de
vacaciones de los empleados de la Rama Judicial del régimen de vacaciones
colectivas o individuales, debiéndose en cualquier caso y, eso es lo que se ordena,
una redistribución temporal de funciones entre los empleados de los despachos
judiciales durante el periodo que dure las vacaciones del empleado a quien se le
haya concedido.
iii) En el presente asunto, lo que se presenta es una posición caprichosa del
nominador que corresponde al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín quien se niega a conceder las vacaciones solicitadas por el
accionante sin que le sea nombrado un reemplazo para el desarrollo de sus
funciones, algo completamente ilógico, desproporcionado y que termina afectando
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los derechos fundamentales del accionante, toda vez que ellos tienen claro que no es
posible destinar recursos para el nombramiento de un remplazo, al no tener este la
condición de funcionario.
iv) Negar la expedición del CDP para cubrir los gastos de contratación de la persona
que reemplace al empleado judicial con vacaciones individuales, no es una acción
caprichosa de la entidad ni de las Seccionales, es el resultado de la imposibilidad
presupuestal al no contar con los recursos para ello, y el recibir una orden de
apropiación presupuestal para algo que internamente está prohibido y, adicional, sin
tener la disponibilidad o presupuesto para ello, pone en una grave situación a la
entidad, a quien terminan trasladándosele todas estas órdenes de apropiación
presupuestal para cumplirse las órdenes judiciales o fallos de tutela.
v) Por ello, se pide que en este tipo de acciones constitucionales se vincule de forma
efectiva al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Superior de la
Judicatura, porque son estas las entidades que tienen, la primera, la forma de
asignar los recursos necesarios para cubrir tales costos y, la segunda, la
competencia para para reglamentar de forma más concreta y determinante el asunto
y así poder disponer de los recursos necesarios para cubrir los reemplazos por
vacaciones.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Conforme al artículo 86 de la Constitución Política y en artículo 32 del Decreto 2591
de 1991, en que se establece que «Presentada debidamente la impugnación el juez
remitirá el expediente en los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente», esta Sala es competente para conocer la impugnación propuesta
contra el fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera.
2.2. Problema jurídico
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Consiste en dilucidar si en el caso existe vulneración de los derechos fundamentales
a la igualdad, al trabajo digno, al descanso y a la salud del señor Ulises Navales
Cardona, por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, ante la negativa en la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo de
las vacaciones individuales.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. De la procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Esos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones elevadas en ejercicio de este medio de
amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece acciones ordinarias que se
encaminan a la defensa de derechos que no se pueden pasar por alto.
En cuanto al instrumento constitucional, la acción de tutela se caracteriza por tener
un procedimiento preferente y sumario, mientras que su ejercicio es subsidiario ante
la existencia de otros mecanismos judiciales de protección. Por ello, cuando el
afectado tiene a su alcance alguna de las acciones ordinarias, igualmente eficaces
para la protección de sus derechos fundamentales, pero prescinde de ellas para
beneficio de las características del amparo, la acción de tutela deberá de ser
declarada improcedente.
Así lo previó el legislador al momento de desarrollar el ejercicio de la acción de
tutela, por lo que el numeral 1.° del artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991 estableció
expresamente como causal de improcedencia de la tutela, el que existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su turno, la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 ha reiterado que el juez de
1 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 205, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 2011, T-890 de 2011 y T-205
de 2012, entre otras.
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tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento observando
estrictamente el carácter subsidiario y residual de la acción, es decir, que la acción
de tutela únicamente es procedente cuando dentro los diversos medios legales
existentes, ninguno de ellos resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho
fundamental invocado.
De no tenerse en cuenta estos parámetros, se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.3.2. El derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas y su
componente del derecho al descanso
Ha resaltado la Corte Constitucional que el derecho al descanso debe entenderse
como uno de los derechos fundamentales del trabajador, lo cual se deduce de los
artículos 1, 25 y 53 de la Constitución, puesto que tiene como fines, entre otros,
permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger
su salud física y mental, desarrollar otras tareas que permitan su desarrollo integral
como persona y, de esta manera, preservar su capacidad de trabajo que, por lo
general, es su único medio de subsistencia.2
Cabe recordar que el Convenio 52 de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT),
aprobado mediante la Ley 54 de 1962, y ratificado por Colombia mediante la Ley 54
de 1962 del 7 de junio de 1963, estatuyó que «se considerará nulo todo acuerdo que
implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las
mismas»; y, además, que en el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos se prevé que «Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones
periódicas pagadas».
2 Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T-076 de 2001. En el mismo sentido las
sentencias T-09 de 1993, C-024 de 1998, C-710 de 1996, y C-019 de 2004.
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A su turno, el artículo 7 literal d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales3 —PIDESC—, ratificado por Colombia, contempló que los
Estados parte garantizan el «descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación
razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas, así como la
remuneración de los días festivos»; y el artículo 7 literal h) del Protocolo de San
Salvador prevé las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo.4
Igualmente, en la sentencia C-171 de 2020,5 la Corte Constitucional hace alusión al
Convenio 32 que establece: i) la periodicidad del descanso al prever que el derecho
se causa luego de un año de servicio continuo (artículo 2), y ii) la remuneración del
tiempo de vacaciones, al señalar que quien las esté disfrutando deberá percibir la
remuneración habitual (artículo 3).6
3 Ley 74 de 1968 «por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este
último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva
York, el 16 de diciembre de 1966».
4 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996.
«Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo de San Salvador,
suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 198». En el literal h) se previó el descanso, el disfrute
del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.
5 Referencia: expediente RE-252, revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 488 de 2020,
«Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica», magistrado Ponente: José Fernando Reyes Cuartas, sentencia del 10 de junio de 2020.
6 «El descanso necesario y las vacaciones como derechos sociales de los trabajadores.
46. El descanso necesario tiene especial relevancia en el ejercicio del trabajo, y es por esta razón que
el Constituyente de 1991 lo incluyó en el artículo 53 como uno de los principios mínimos
fundamentales. Así, el derecho al descanso tiene como propósito que durante un tiempo determinado
el trabajador cese sus actividades laborales y se recupere del desgaste que genera el trabajo; lo cual
no solo redunda en el necesario equilibro de su calidad de vida, sino que además, le permite concretar
y avanzar en su proyecto de vida.
47. Este derecho ha sido materializado a través de la limitación de la jornada de trabajo, el
otorgamiento del descanso semanal y la consagración de un periodo de vacaciones anuales. (…)
48. Se ha entendido que las vacaciones no tienen como único propósito que el trabajador se recupere
del desgaste que le ocasionan las actividades laborales, sino que tiene por objeto permitirle al
individuo espacios en los cuales realice actividades en desarrollo de sus propias expectativas y las de
su familia. Lo anterior, ha llevado a que se reconozca que el derecho a las vacaciones se perfecciona
a través del goce del descanso remunerado.
49. Una vez causado el periodo de vacaciones, el trabajador puede entonces disfrutar del descanso
remunerado y, de esta forma, materializar los postulados contenidos en los artículos 1 y 25 de la
Constitución en lo referente a la dignidad humana y al trabajo en condiciones dignas y justas. Bajo esa
perspectiva, se ha señalado por la jurisprudencia constitucional que la compensación en dinero de las
vacaciones solo es posible cuando se presentan causales legalmente señaladas para ello; limitación
que responde a la protección del descanso en sí mismo, dado el impacto que como se indicó antes,
representa en el desarrollo individual y familiar. (…)
51. En conclusión, las vacaciones periódicas y remuneradas corresponden a uno de los mecanismos
para concretar el derecho humano y el principio mínimo fundamental al descanso del trabajador; cuyo
disfrute efectivo permite avanzar en el propósito de dignidad y justicia, en el ejercicio de sus
actividades laborales».
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2.3.3. El régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial
Al respecto, es pertinente referir que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de un descanso remunerado, por cada año de
servicio prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos
3135 de 1968 y 1045 de 1978).7 Ahora bien, respecto de los servidores judiciales, las
vacaciones se encuentran previstas en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996.8
Además, para efectos de examinar la controversia a la luz de los derechos
fundamentales involucrados, se aprecia que la citada normatividad distingue los
funcionarios de la Rama Judicial de los empleados9 y establece que la provisión de
7 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se
regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
Artículo 8: Vacaciones. Los empleados públicos o trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15)
días hábiles de vacaciones, por cada año de servicio, salvo lo que se disponga por los reglamentos
especiales para empleados que desarrollan actividades especialmente insalubres o peligrosos.
Las vacaciones de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y del ramo
docente se rigen por normas especiales.
Y el artículo 8 del Decreto 1045 de 1978 «Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de
las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector
nacional.» se estableció:
Artículo 8. De las vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a
quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga en normas
o estipulaciones especiales.
En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no se
computará como día hábil para efecto de vacaciones.
8 «Estatutaria de la Administración de Justicia. Artículo 146 Vacaciones. Las vacaciones de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal
Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio». La Corte Constitucional mediante sentencia C-037
del 5 de febrero de 1996, magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa, revisó la exequibilidad del
Proyecto de Ley 58 de 1994, Senado y 264 de 1995 Cámara, en cumplimiento del artículo 153 de la
Constitución Política y declaró exequible este artículo.
9 «Artículo 125. De los servidores de la Rama Judicial según la naturaleza de sus funciones. Tienen la
calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y
los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y
Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial.
La administración de justicia es un servicio público esencial.» Artículo condicionalmente exequible
bajo el entendido «de que los magistrados auxiliares que pertenecen a las altas cortes de la rama
judicial, habida cuenta de la naturaleza de las responsabilidades legales que les corresponde
desempeñar, se encuentran facultados para la práctica de las pruebas que les sean comisionadas por
el titular del despacho judicial».
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cargos se efectúa a través de nombramientos en propiedad, en provisionalidad y en
encargo.10
2.4. Hechos probados
De los documentos obrantes en el expediente digital de tutela, la Sala establece lo
siguiente:
i) El 16 de septiembre de 2023, el señor Ulises Navales Cardona, asistente jurídico
del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín,
solicitó a su nominador la autorización para el disfrute de un periodo vacacional,
comprendido entre el 21 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, inclusive.
ii) El 19 de septiembre de 2023, el coordinador del Área Financiera de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín certificó la disponibilidad
presupuestal para cancelar al servidor Ulises Navales Cardona sus vacaciones y
primas vacacionales, entre el 21 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023.
10 Artículo 132. Formas de provisión de cargos de la Rama Judicial. La provisión de cargos en la
Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las
etapas del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del
artículo siguiente.
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva,
hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder
de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la
misma sea superior a un mes.
Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la
Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de
la correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el
desempeño del cargo.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte
Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará
directamente por la respectiva Corporación.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en
encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se
desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o
provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas.
Parágrafo. Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la
Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado mientras se provee la
vacante por el competente, a quien dará aviso inmediato. La citada norma fue declarada exequible
por la Corte Constitucional.
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iii) El 19 de septiembre de 2023, a través del Oficio DESAJMEO23-C26AF, la directora
seccional de administración judicial de Medellín informó al nominador del Juzgado
Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín lo siguiente:
[D]e acuerdo con la apropiación presupuestal inexistente, debido a medidas de
austeridad en el gasto del gobierno Nacional NO es posible expedir certificado de
disponibilidad presupuestal para autorizar el reemplazo de vacaciones del ASISTENTE
JURÍDICO de ese despacho, solicitado mediante escrito fechado 18 de septiembre de
2023, periodo disfrute a partir del veintiuno (21) de noviembre de 2023 al quince (15)
de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Ahora, si de apropiarse recursos para esta
vigencia, se estaría en la posibilidad de reemplazo; situación que a la fecha de la
presente respuesta NO SE HA DADO.
La adición presupuestal para este rubro se encuentra sujeto a lo dispuesto en la
Circular PSAC11-44 de Noviembre 23 de 2.011 expedida por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, la cual, como se indicó en la Circular DESAJME18-
5220 expedida por esta Dirección, la apropiación presupuestal para el rubro “ Servicios
prestados por vacaciones personal titular” se encuentra con restricciones
presupuestales para el presente año, sólo la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial situará los recursos para los funcionarios (jueces) que pertenezcan al régimen
de vacaciones individuales y excepcionalmente cuando se trate de empleados del
régimen de vacaciones individuales que laboren en despachos con planta de personal
de 3 o menos cargos.
Así mismo la circular PSAC11-44 contempla en el numeral 6. «El personal titular que
pertenece al régimen de vacaciones colectivas no debe solicitar asignación de recursos
para atender reemplazos por vacaciones y tanto sus nominadores como los Directores
Ejecutivos Seccionales, se abstendrán igualmente de darles trámite por esta vía,
excepto cuando la solicitud corresponda a un funcionario judicial, cuya licencia por
enfermedad o por maternidad haya coincidido total o parcialmente con el periodo
vacacional de este régimen, para lo cual se anexará fotocopia del certificado de
incapacidad correspondiente, expedido por la EPS a la cual se encuentre afiliado.».
Igualmente, se debe tener en cuenta la Resolución número 9023 del 31 de diciembre
del 2021, expedida por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, mediante el cual se efectúan unos ajustes en el Presupuesto
de Funcionamientos de la Rama Judicial, y en la cual señala: «Que los recursos
asignados en la presente resolución tienen como destino la financiación de los gastos
de personal relacionado con los reemplazos por vacaciones de los funcionarios de la
Rama Judicial, conforme a lo establecido en la Circular 044 de 2011 del Consejo
Superior de la Judicatura y la atención de tutelas relacionadas con este concepto de
gasto».
iv) El 20 de septiembre de 2023, a través de la Resolución 031, el nominador del
Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín negó el
disfrute de las vacaciones solicitadas por el señor Ulises Navales Cardona,
atendiendo la necesidad del servicio y hasta tanto se dispusiera del certificado de
disponibilidad presupuestal para su reemplazo.
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v) El 29 de septiembre de 2023, por medio de la Resolución 033, el nominador del
Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín no
repuso la anterior decisión.
vi) El 25 de octubre de 2023, Mediante el Oficio DESAJMEO23-4578, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración de Medellín informó al nominador del Juzgado
Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, lo siguiente:
ASUNTO: Disponibilidad presupuestal para reemplazo de vacaciones
Con relación al asunto de la referencia, me permito certificar que el CDP 123, tiene
disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo de vacaciones del señor ULISES
NAVALES CARDONA, quien ocupa el cargo de Asistente Jurídico, a partir del 21 de
noviembre al 15 de diciembre del 2023.
Es importante aclarar que, si el reemplazo es con personal vinculado a esos
despachos judiciales no genera reconocimiento para el pago de diferencia salarial, lo
anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 344 de 1996 «Por la cual se dictan
normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones”», el cual indica:
ARTÍCULO 18. Los servidores públicos que sean encargados, por ausencia temporal del
titular, para asumir empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados,
no tendrán derecho al pago de la remuneración señalada para el empleo que se
desempeña temporalmente, mientras su titular la esté devengando.
Así mismo sustentado en el contenido de la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011 del Consejo Superior de la Judicatura, la cual establece:
4. Tal como está previsto en el artículo 132 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, las designaciones en encargo son procedentes cuando las necesidades del
servicio lo exijan. Por tanto, tratándose de Jueces, los nominadores deberán ejercer esa
potestad en todos los casos en que exista un empleado que cumpla los requisitos para
ser designado como Juez. Por su parte, el empleado encargado asumirá este deber
conforme lo prevé el artículo 153 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, sin
derecho a percibir la remuneración señalada para el empleo que se desempeña
temporalmente, mientras su titular lo esté devengando.
El presente CERTIFICADO tendrá vigencia de UN MES DÍAS (SIC). Lo anterior, con el fin de
dar cumplimiento a sentencia de tutela proferida el 23 de octubre del 2023, por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera, con radicado número 05001 23 33
000 2023 00994 00. Y por razones de ÍNDOLE PRESUPUESTAL.
2.5. Sobre la procedibilidad de la presente acción de tutela
2.5.1. Legitimación en la causa por pasiva
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Corresponde a la Sala determinar si responde al ámbito funcional de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, aquí accionados, ejercer alguna actuación en
torno a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal necesario para
autorizar el remplazo del accionante durante el disfrute de sus vacaciones
individuales en su condición de empleado judicial.
De igual forma, se advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en
su escrito de contestación refiere que, en el caso, se debió vincular al trámite de
tutela tanto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como al Consejo Superior de
la Judicatura, el primero, por ser el encargado de asignar los recursos a las
entidades estatales y, el segundo, para que reglamente de forma más concreta y
determinante el asunto y así poder disponer de los recursos necesarios para nombrar
el remplazo por vacaciones individuales de los empleados judiciales.
Pues bien, se precisa que el análisis de la competencia que se examina en este
acápite se efectúa en aras de trazar el marco de competencia de los órganos
demandados, sin que comprenda adoptar determinaciones sobre el fondo del asunto,
vale decir, la violación de los derechos fundamentales invocados por la no expedición
del certificado de disponibilidad presupuestal para que se efectúe el nombramiento
del reemplazo de la parte actora durante su período de vacaciones y la negativa del
nominador en conceder su disfrute, puesto que estos ítems se abordarán en el
acápite del análisis del caso concreto.
Sobre el particular, la Sala observa que el Congreso de la República expidió la Ley
2159 del 12 de noviembre de 202211 que en el artículo 2, sección presupuestal 2701
de 2022 apropió para la Rama Judicial la suma12 para atender los gastos de
funcionamiento, de servicio de la deuda pública y de inversión.
11 Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la
vigencia fiscal del 10. de enero al 31 de diciembre de 2022
12 5,648,197,892,753
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Y conforme al Decreto 111 de 1996,13 artículo 110, modificado por la Ley 1957 de
2019,14 artículo 124,15 corresponde al Consejo Superior de la Judicatura ordenar el
gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo
cual se constituye en la autonomía presupuestal.
Así, al cotejar las disposiciones precedentes con la Ley 270 de 1996, 16 se infieren las
siguientes conclusiones:
i) El Consejo Superior de la Judicatura a través de la Sala Administrativa elabora el
proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al Gobierno
Nacional el cual se incorpora en el proyecto que proponga la Fiscalía General de la
Nación.17
ii) El Consejo Superior de la Judicatura en la sección presupuestal correspondiente
tiene la capacidad de ordenar el gasto en desarrollo de sus apropiaciones, lo cual
constituye la autonomía presupuestal.18
13 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman
el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
14 Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, dictada por el
Congreso de la República dictada por el Congreso de la República en en virtud del Procedimiento
Legislativo Especial para la Paz.
15 El texto del artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 se transcribe de la página web:
http:www.secretariasenado.gov.co: «Artículo 124. <Esta modificación a (sic) sido introducida en el
artículo 110 del Decreto 111 de 1996 que compiló la Ley 38 de 1989> El artículo 91 de la Ley 38 de
1989, modificado por el artículo 51 de la Ley 179 de 1994 quedará de la siguiente manera:
Artículo 91. Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la
capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y
ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que
constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas
facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel
directivo, o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes.
En la sección correspondiente a la rama legislativa estas capacidades se ejercerán en la forma arriba
indicada y de manera independiente por el Senado y la Cámara de Representantes; en la sección
correspondiente a la Rama Judicial serán ejercidas por el Consejo Superior de la Judicatura;
igualmente en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz serán ejercidas por la Secretaría
Ejecutiva de la misma (…) ( negrilla no original)
16 Estatutaria de la Administración de Justicia.
17 Artículo 85. Funciones administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura:
1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al Gobierno Nacional,
el cual deberá incorporar el proyecto que proponga la Fiscalía General de la Nación. (…)
18 Ibídem pie de página 9.
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iii) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en virtud de la autonomía
presupuestal de la Rama Judicial no tiene injerencia en la ordenación del gasto,
puesto que las apropiaciones de la Rama Judicial las dispone la Ley de
Apropiaciones de la vigencia correspondiente.19
iv) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ejecuta las actividades
administrativas de la Rama Judicial con sujeción a las políticas y decisiones de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura20 y, en ese orden de ideas,
corresponde al director ejecutivo de Administración Judicial administrar los bienes y
recursos destinados para el funcionamiento de los órganos que la integran y
responder por su correcta aplicación o utilización.21
v) El director ejecutivo seccional de la Rama Judicial ejerce en el ámbito de su
jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del director
ejecutivo Nacional de Administración Judicial la función de actuar como ordenador
del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.22
En este escenario, se concluye que la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para nombrar el remplazo por vacaciones individuales de empleados
judiciales corresponde a las Direcciones Seccionales de Administración Judicial,
según la apropiación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Así las cosas, la Sala mantendrá como parte demandada a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín y a la Dirección Ejecutiva de
19 Ibídem
20 Artículo 98. De La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. La Dirección Ejecutiva de
la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tienen a su cargo la ejecución de
las actividades administrativas de la Rama Judicial con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (…) De la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, dependerán las Unidades de Planeación, Recursos Humanos, Presupuesto, Informática y las
demás que cree el Consejo conforme a las necesidades del servicio.(…)
21 Artículo 103. Del director ejecutivo de Administración Judicial. Son funciones del director
ejecutivo de Administración Judicial: (…)
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y
responder por su correcta aplicación o utilización.(…)
22 Artículo 99. Director Seccional de la Rama Judicial. Corresponde al director seccional de la
Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y
orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones:
2. Administrar los bienes y recursos destinaos para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder
por su correcta aplicación o utilización (…).
6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan (…).
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Administración Judicial, y no vinculará al trámite al Consejo Superior de la Judicatura
ni al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2.5.2. Subsidiariedad
Discute el accionante la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo digno, al descanso y a la salud, por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, al negar la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para el nombramiento de su reemplazo mientras disfruta
de su periodo de vacaciones.
Pues bien, es de amplio conocimiento dentro de la jurisprudencia constitucional que
la acción de tutela contra actos administrativos es improcedente, puesto que, contra
estos, el legislador ha dispuesto de las vías judiciales ordinarias para su
cuestionamiento. Aceptar la procedencia escueta de la acción de tutela para
controvertir actos administrativos desdibujaría su carácter excepcional y además,
contravendría lo previsto en el artículo 86 constitucional, en el que de manera clara
se señala que el mecanismo de amparo procede solamente cuando el afectado no
dispone de otro medio de defensa judicial, a menos que en el caso se presente como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.26
Sin embargo, a más de la excepción presentada como rango constitucional, esto es,
que la acción de tutela se presente como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha desarrollado
como excepción adicional el evento en que el medio judicial ordinario no sea idóneo
o eficaz dadas las circunstancias del caso concreto, o las condiciones personales de
vulnerabilidad o debilidad del afectado, situaciones que de ser comprobadas en el
caso, procedería el mecanismo de amparo como solución definitiva del asunto.27
En el presente caso, la Sala aprecia que en el asunto se configuran las condiciones
para que proceda el análisis del instrumento constitucional como mecanismo
definitivo de protección, dadas las siguientes circunstancias:
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i) Los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho,
procedentes en contra de la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, que
reglamentó lo relacionado con la asignación de recursos de la Rama Judicial para el
reemplazo por vacaciones de los funcionarios judiciales que pertenezcan al régimen
de vacaciones individuales y no así la de los empleados judiciales, y del Oficio
DESAJMEO23-C26AF del 19 de septiembre de 2023, mediante el cual la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín negó la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para el nombramiento del reemplazo,
respectivamente, no tienen el nivel de efectividad necesario para proteger, de forma
inmediata, los derechos fundamentales invocados por el accionante, pues dichos
instrumentos comprenden la culminación de etapas procesales que prolongarían en
el tiempo el disfrute de sus vacaciones.
ii) El perjuicio es cierto e inminente, porque el disfrute del derecho al descanso de la
parte actora no obedece a meras conjeturas o especulaciones sino que resulta
razonable en aras de garantizarle de manera plena el derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas; grave, porque no solamente la Constitución sino también
las normas internacionales citadas, protegen al accionante en tanto que la falta de
descanso pone en riesgo sus condiciones físicas, mentales e intelectuales; y es de
urgente atención, en el sentido de que es necesario que se permita recuperar sus
fuerzas en tanto se acreditó que no ha disfrutado de este derecho durante dos
periodos, pese a ya haberse causado.
iii) Se configura una afectación del derecho fundamental al descanso que requiere
con inminencia la adopción de medidas, para el caso, la de permitir el disfrute de las
vacaciones.
2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto
Dejado sentado lo anterior, la Sala considera que el acto administrativo cuestionado,
esto es, el Oficio DESAJMEO23-C26AF del 19 de septiembre de 2023, expedido por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, a través del
cual se negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para que el
nominador del accionante nombrara el remplazo con ocasión del disfrute de las
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vacaciones que solicitó, es restrictivo de su derecho fundamental al descanso porque
se constituye en una carga que no está obligado a soportar.
Ello, por cuanto las circulares invocadas por el nominador en el acto administrativo
demandado —para negar la expedición del CDP para el reemplazo por vacaciones—
transgreden tanto la Carta Política como las disposiciones internacionales que
reconocen para todo servidor público la necesidad de recuperación de fuerzas tanto
mentales como físicas, las cuales, naturalmente, resultan afectadas como
consecuencia de la ardua y extenuante labor que desempeña el actor en el despacho
judicial en el que labora.
Además, instituyen un proceder discriminatorio que afecta el derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas previsto en el artículo 53 de la Carta Política, norma que
eleva a derecho fundamental el descanso, pues es evidente que con la distinción
entre los funcionarios y empleados consignada tanto en estos pronunciamientos
como en el acto expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial demandada, que sirve de parámetro para el otorgamiento del derecho a las
vacaciones, concediéndolo para los primeros y negándolos para los segundos, se
desconoce de manera palmaria el derecho fundamental a la igualdad contemplado
en el artículo 13 de la Carta Política, en tanto no existen razones válidas para
justificar el trato diferente.23
El sometimiento de los empleados judiciales para que cumplan la delicada y fatigosa
labor en los despachos judiciales, sin derecho al disfrute de las vacaciones, implica la
afectación de su derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, que encierra no
solamente el derecho al descanso, sino a la salud, la cual se ve menguada por la
falta de oportunidad que todo ser humano necesita para nutrirse de espacios de
esparcimiento, de ocio y de convivencia familiar y social, lo cual redunda no
solamente en su integralidad sino que mejora la calidad de vida.
23 La prosperidad de la acción de tutela por la omisión en la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para designar en reemplazo del actor a otra persona durante el disfrute de sus
vacaciones hace innecesario examinar si se vulnera el derecho a la igualdad fundado en que según se
afirma en el escrito de tutela a compañeros del accionante, en situación similar como consecuencia de
la vía de amparo se ordenó asignar la partida presupuestal.
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La privación del derecho al descanso que le fue impuesta al accionante, como sí se
facilita para los funcionarios judiciales, respecto de los cuales se desarrolló un
procedimiento para el disfrute de las vacaciones, no dignifica el derecho al trabajo,
por el contrario, configura un sacrificio que no tiene respaldo en el ordenamiento
jurídico, puesto que las implicaciones presupuestales no son un factor de sorpresa
para los ordenadores del gasto, en tanto que no es una simple casualidad que el
empleado judicial decida solicitar su derecho al disfrute de las vacaciones.
En síntesis, la falta de reglamentación en el disfrute de las vacaciones de los
empleados de la Rama Judicial en el régimen individual, aunque sería un instrumento
necesario para el conocimiento del trámite previo a su disfrute y para instrumentalizar
el nombramiento que corresponde efectuar al titular del despacho, no es óbice para
impedir la materialización del derecho al disfrute de las vacaciones y para expedir el
certificado de disponibilidad en orden a nombrar al reemplazo, en razón a que
prevalecen las normas de rango superior que salvaguardan el derecho al descanso.
Conforme a lo expuesto, la Sala considera que con la protección impartida a través
de esta vía de amparo, el operador judicial no se está inmiscuyendo de manera
injustificada en el ámbito de competencia de las autoridades que tienen a su cargo el
manejo del presupuesto, dado que resulta razonable que el Estado garantice de
forma eficaz el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas con la concesión del
derecho al descanso, el cual, para el caso, se ve entorpecido por una limitante de
índole presupuestal, la que debió preverse porque es un derecho adquirido del
empleado judicial que una vez cumpla con la prestación del servicio durante un año,
tenga derecho al disfrute de sus vacaciones por el lapso de 22 días.
Además, la omisión de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial —
como órganos estatales encargados de administrar los recursos destinados para el
funcionamiento de la Rama Judicial— en incluir en el presupuesto la partida
correspondiente para el disfrute de las vacaciones del empleado judicial, en orden a
que el nominador efectúe el nombramiento durante su lapso de descanso, afecta el
servicio porque impone a los demás empleados e incluso al nominador la tarea de
redistribuir las funciones, lo cual significa que por efectos de la sobrecarga de trabajo
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Demandante: Ulises Navales Cardona
el ritmo de producción no pueda ser igual a si se contara con otra persona para que
asuma las ocupaciones del empleado en vacaciones disfrutadas.
Así, puesta en la balanza la necesidad de continuidad en la prestación del servicio
con el derecho al disfrute de las vacaciones del empleado, prevalece este último en
tanto no beneficia a la administración de justicia la redistribución de tareas en los
demás empleados o en el funcionario titular del despacho; por el contrario, la
perjudica toda vez que aumentar el cúmulo de trabajo en los demás empleados del
despacho representa un mayor esfuerzo que conlleva desgaste físico y mental y
propicia el riesgo de una menor producción que afecta el derecho a la administración
de justicia en el cual está involucrado.
De otra parte, se aprecia que como la decisión del juez nominador dependía de la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal por parte de la Dirección
Seccional, no resulta necesario someter a examen de violación de los derechos
fundamentales la respuesta negativa al disfrute que emitió porque el obstáculo para
otorgar la pausa en el ejercicio de las actividades que el ordenamiento jurídico
consagró en favor de la parte actora estuvo representado en la falta del certificado de
disponibilidad presupuestal, omisión en la cual incurrió la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial y que propició pronunciamientos como los
emitidos por el nominador, que aunque son razonables, dada las necesidades del
servicio, desconoce el núcleo esencial del derecho fundamental al descanso a los
empleados judiciales del régimen de vacaciones individuales.
Bajo dicho derrotero, se concluye entonces que corresponde a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial apropiar los recursos necesarios para que la Dirección
Ejecutiva Seccional correspondiente expida el certificado de disponibilidad
presupuestal necesario para que el nominador del empleado judicial pueda efectuar
el nombramiento de su remplazo durante el disfrute de sus vacaciones, apropiación
que, según se probó en el proceso, ya fue realizada, y, en esa medida, ya se
satisfizo lo pretendido por el accionante, sin embargo, como la gestión se realizó en
cumplimiento del fallo de primera de instancia, se impone en el caso, confirmar lo
resuelto por el juez a quo.
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3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala confirmará la sentencia impugnada que
concedió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia, Dirección Financiera, que de
acuerdo con sus competencias, en el término de diez días contados a partir de la
notificación de la providencia, adelantara las gestiones administrativas y
presupuestales correspondientes para que el juez sexto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín se pronunciara nuevamente acerca de las
vacaciones solicitadas por el señor Ulises Navales Cardona para disfrute entre el 21
de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, ambas fechas inclusive.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 23 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera, de acuerdo con lo expuesto en este
proveído.
Segundo. Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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