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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-01004-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-01004-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el del 17 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2023-01004-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

30 de noviembre de 2023

Radicado: 05001-23-33-000-2023-01004-01
Demandante: Laura Vanessa Oquendo Ruíz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 05001-23-33-000-2023-01004-01
Demandante LAURA VANESSA OQUENDO RUÍZ
Demandado DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA Y OTRO
Temas Acción de tutela. Derecho fundamental al descanso y al trabajo en
condiciones dignas. Vacaciones individuales de empleado judicial.
Obstáculos administrativos. Presupuesto para reemplazo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, Antioquia, contra la sentencia del 17 de octubre
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión, que resolvió:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo digno y al descanso de la
señora LAURA VANESSA OQUENDO RUIZ vulnerados por la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA y por el JUZGADO
TERCERO (3º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA,
según lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA que en un término máximo de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de este fallo, realice todas las gestiones administrativas
necesarias para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal –CDP– necesario
para garantizar el reemplazo de la señora LAURA VANESSA OQUENDO RUIZ, en el periodo
de vacaciones solicitado por la misma.
TERCERO: ORDENAR al JUZGADO TERCERO (3º) DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA que una vez reciba el CDP por parte de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia, proceda a
pronunciarse nuevamente sobre la concesión del disfrute a las vacaciones de la señora
LAURA VANESSA OQUENDO RUIZ”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 9 de octubre de 20231, Laura Vanessa Oquendo Ruíz interpuso acción de tutela
contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín,
Antioquia y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Antioquia, por considerar vulnerado su derecho fundamental al trabajo en
condiciones dignas.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

1 Fecha de radicación en el aplicativo SAMAI, índice 1 del expediente de tutela de primera instancia.

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Radicado: 05001-23-33-000-2023-01004-01
Demandante: Laura Vanessa Oquendo Ruíz

“Honorable Juez Constitucional, por cumplir los requisitos legales para ello, respetuosamente
solicito la tutela a mi derecho al trabajo en condiciones dignas, ordenando se expida (i) por
parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín Antioquia –
Chocó el respectivo CDP de reemplazo con el fin de garantizar la prestación del servicio en el
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, y (ii) por parte
del Juez Tercero de EPMS de Antioquia resolución mediante la cual me sea concedido el
disfrute de vacaciones solicitado”.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Laura Vanessa Oquendo Ruíz actualmente se desempeña como
Oficial Mayor en provisionalidad, en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Antioquia.
Solicitó a su nominador que se autorizara el disfrute de las vacaciones a partir
del 14 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 2023, correspondiente al
periodo causado entre el 3 de febrero de 2021 y el 3 de febrero de 2022.
2.2. Mediante la Resolución Nro. 071 del 2 de octubre de 2023 la titular del
despacho negó las vacaciones solicitadas por la actora, dadas las
necesidades del servicio pues, argumentó que el volumen de trabajo del
despacho era alto, que contaba con un escaso número de servidores y que,
en ese sentido era necesario contar con un reemplazo lo que implicaba una
asignación presupuestal para tal efecto.
2.3. Contra esa decisión la actora presentó recurso de reposición, resuelto
mediante la Resolución Nro. 072 del 4 de octubre de 2023, el titular del
despacho confirmó la decisión recurrida.
3. Fundamentos de la acción
La accionante consideró que se le está imponiendo una carga de la administración
que no está obligada a soportar y que no tiene la facultad de suplir, ya que en esos
eventos de necesidad en la prestación del servicio no puede desconocer los
derechos laborales de los servidores de la Rama Judicial pertenecientes al régimen
individual de vacaciones. Por el contrario, deben adelantarse las gestiones
administrativas necesarias para garantizar la prestación del servicio.
Sostuvo que si bien la negativa en autorizar el disfrute de sus vacaciones tenía como
fundamento las necesidades del servicio por la elevada carga laboral del despacho
en el que resta sus servicios, debía tenerse en cuenta que por tal nivel de trabajo
imponía un desgaste físico y mental considerable para los empleados y que no
podía tenerse como excusa para negar el derecho al descanso la expedición de un
certificado de disponibilidad presupuestal de reemplazo por parte de la dirección
seccional.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 9 de octubre de 2023 el juez de tutela de primera instancia admitió
la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionadas.
4.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín,
Antioquia, rindió informe en el que manifestó que ya se contaba con el
certificado de disponibilidad presupuestal de las vacaciones de la accionante

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y que, en relación con los reemplazos y el presupuesto para cubrir el mismo,
no era de competencia de esa seccional, sino que dependía tanto del
Ministerio de Hacienda como de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura, ya que no contaban con
presupuesto propio. En ese sentido, indicó que no eran los encargados del
tema de concesión de vacaciones de un empleado y en ese sentido, el
otorgamiento o no de las vacaciones correspondía a su titular.
4.3. El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Antioquia, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas por la
accionante ante dicho despacho judicial con el propósito de que le fueran
concedidas las vacaciones y, las decisiones adoptadas en relación con tales
solicitudes, manifestó que no es posible que el despacho quede sin el oficial
mayor, ya que reasignar funciones a los restantes servidores era
desproporcionado dada la carga laboral, todo lo que se vería reflejado en la
gestión del despacho, de manera que a juicio de su titular, era necesario que
se asignara el respectivo presupuesto para que se pudiera designar un
reemplazo.

5. Providencia impugnada
En sentencia del 17 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, accedió a las pretensiones de la demanda de tutela. En
consecuencia, ordenó que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del
fallo, se realizaran todas las gestiones administrativas para la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal CDP necesario para garantizar el
reemplazo de la accionante en el periodo de vacaciones por ella solicitado.
Como fundamento de su decisión, el a quo explicó que si bien el principio de
continuidad del servicio de justicia implicaba que la función que desempeñaba la
actora debía ser continua, el nominador no podía vulnerar su derecho al descanso,
basado en que no existía disponibilidad presupuestal para designar el reemplazo,
ya que la Ley 270 de 1996 establecía otras alternativas que permitían garantizar la
prestación del servicio de forma adecuada, como lo era la figura del encargo.
Sostuvo que, la omisión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura para establecer un procedimiento para la solicitud de reemplazos por
vacaciones del personal de empleados de los despachos judiciales y la respectiva
apropiación de los rubros en el presupuesto no podía convertirse en fundamento
para negar el derecho al descanso remunerado que les asistía a dichos empleados,
como ocurría en el caso.
Citó reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, sentencia SU-296 de
2023, en el que se analizó el derecho fundamental al descanso individual de
empleados y funcionarios de la Rama Judicial.

6. Impugnación
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, Antioquia,
impugnó la decisión. Insistió en los argumentos presentados en el informe rendido
en primera instancia.
Adicionalmente, manifestó que una vez situados los recursos por parte de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se procedió a certificar

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disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo de vacaciones de la
accionante, de lo cual fue notificada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos y el escrito de impugnación,
corresponde a la Sala establecer si asistió razón al juez de tutela de primera
instancia en amparar los derechos fundamentales al trabajo digno y al descanso de
la señora Laura Vanessa Oquendo Ruíz al ordenar asignar los recursos para
costear el reemplazo de la accionante y, de esta manera disfrutar por el lapso
solicitado, del periodo de vacaciones causados al que tiene derecho y que fue
negado por esta específica circunstancia por su nominador.

De manera preliminar y, con el propósito de resolver el presente asunto, la Sala
establecerá si la presente acción de tutela es procedente, a la luz del requisito
general de subsidiariedad.

3. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Norma que señala que esta “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”

A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede
cuando no existen otros medios de defensa para amparar los derechos
fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario

2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.

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para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente, o si existen
otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
La tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias3, consiste en que, por
regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no
es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del
medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que la existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente
la acción de tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas
circunstancias su carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas
excepciones.
La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20154 precisó que eso puede
ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando
tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo
transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales
y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la
tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada,
niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del
juez de tutela."5

3.2. En el presente caso, se encuentra acreditado lo siguiente:
3.2.1. Solicitud de vacaciones presentada el 2 de octubre de 2023, en la que
la accionante solicita que se le concedan las vacaciones causadas por
el periodo comprendido entre el 3 de febrero de 2021 y el 3 de febrero
de 2022, para su disfrute a partir de 14 de noviembre al 8 de diciembre
de 2023.
3.2.2. Resolución Nro. 071 del 2 de octubre de 2023, por la que el juez titular
del despacho le negó el disfrute de las vacaciones solicitadas, por falta
de presupuesto para cubrir a quien sería su reemplazo dado el volumen
de trabajo que demandaba la continua presencia de la actora en el
despacho judicial.
3.2.3. Recurso de reposición presentado por la actora contra la anterior
decisión, resuelto mediante la Resolución Nro. 072 del 4 de octubre de
2023, por la que el juez titular del despacho resuelve confirmar el acto
recurrido.

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre de
2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chaves García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
4 Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012
de 2003.
5 Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.

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3.2.4. Oficio DESAJMEO23-3578 del 28 de agosto de 2023 por el que la
directora seccional de administración judicial de Medellín, Antioquia,
negó la solicitud presentada por la juez titular del despacho para que
se asignaran los recursos con el fin de nombrar un reemplazo a la
accionante y de esta manera, poder conceder las vacaciones por ella
solicitadas.
3.3. Si bien la actora, en principio, podría cuestionar la legalidad de las
Resoluciones Nros. 071 de 2 de octubre y 072 de 4 de octubre de 2023 a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo
138 de la Ley 1437 de 20115), por tratarse del mecanismo judicial previsto para
cuestionar actos administrativos de contenido particular y concreto, e incluso
y de ser el caso, controvertir el Oficio DESAJMEO23-3578 del 28 de agosto
de 2023, por el cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín negó la asignación de recursos para el reemplazo de las
vacaciones de la actora, lo cierto es que dicho medio no resulta ser eficaz en
el caso objeto de estudio, es importante resaltar que la Corte Constitucional6
ha precisado que, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, si en
el caso concreto se evidencia que el mismo no es idóneo o eficaz, la acción
de tutela es procedente como mecanismo principal.
3.4. En el escrito de tutela la accionante (i) solicitó el reconocimiento del derecho
al descanso por haber laborado de forma continua e ininterrumpida y tener un
periodo de vacaciones pendiente de disfrute; (ii) destacó el alto volumen de
trabajo y la carga laboral que existe en los juzgados penales de ejecución de
penas y medidas de seguridad; y (iii) alega que se han presentado obstáculos
y barreras por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín, para la asignación de recursos para el reemplazo de las
vacaciones, pese a que reúne los requisitos para acceder al beneficio.
Para la Sala, estas circunstancias denotan la necesidad urgente de evitar que
se siga prolongando en el tiempo la ausencia de descanso de la accionante,
que puede comprometer su salud mental y física; condiciones que justamente
se busca salvaguardar con el descanso, como pasa a explicarse:
Respecto de la periodicidad de las vacaciones, en Sentencia C-171 de 2020,
la Corte Constitucional dispuso que “las vacaciones periódicas y remuneradas
corresponden a uno de los mecanismos para concretar el derecho humano y el principio
mínimo fundamental al descanso del trabajador; cuyo disfrute efectivo permite avanzar en el
propósito de dignidad y justicia, en el ejercicio de sus actividades laborales”.

Por ende, si las vacaciones dejan de ser periódicas no se garantiza el
descanso real del trabajador. Obstaculizar su disfrute periódico
necesariamente implica obligar al trabajador a que cumpla indefinidamente sus
obligaciones laborales, sin contar con un tiempo suficiente para el reposo.
Escenario que a todas luces es contrario a la esencia del derecho fundamental
al descanso cuyo fin, precisamente, radica en que “durante un tiempo determinado
el trabajador cese sus actividades laborales y se recupere del desgaste que genera el trabajo;
lo cual no solo redunda en el necesario equilibro de su calidad de vida, sino que además, le
permite concretar y avanzar en su proyecto de vida”6

Al respecto, esta Sección ha indicado que las “vacaciones (…) tienen por objeto que
el empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar

6 Corte Constitucional. Sentencia C-171 de 2020.

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y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de
derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos para que se
causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a otorgar las vacaciones
al trabajador”7.

En la misma línea, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones
anuales remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental
al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se
encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios
prolongados de tiempo”8.

3.5. Por consiguiente, la Sala considera que limitar el derecho de los trabajadores
a gozar de vacaciones periódicas implica una afectación grave e inminente, en
tanto que se estaría obligando al cumplimiento de deberes laborales, sin el
descanso debido, lo cual atenta contra el derecho fundamental al descanso y
el derecho al trabajo en condiciones dignas, y con esto a obligaciones
contempladas en instrumentos internacionales9 en materia laboral y a lo
dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política.
Asimismo, tal situación demanda medidas impostergables, pues, como se
indicó, de no garantizar la periodicidad de las vacaciones se desnaturalizaría
el propósito del derecho fundamental al descanso, ya que la ejecución de
tareas laborales indefinidas sin que se otorgue vacaciones periódicas, atenta
contra la esencia del derecho fundamental al descanso y al trabajo en
condiciones dignas.
Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela cumple con el
requisito de subsidiariedad y procede como mecanismo principal para que se
garantice la efectiva protección de sus derechos fundamentales, razón por la
que la Sala procederá al estudio de fondo del asunto.

4. Vacaciones de servidores judiciales y su análisis en el caso
4.1. El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 regula lo relativo a las vacaciones de los
servidores judiciales, de la siguiente forma:
“VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales
de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan,
de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de
los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio
por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás
casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio”.

A su vez, tratándose del disfrute de vacaciones individuales para los servidores
dispuestos en la norma transcrita, el Consejo Superior de la Judicatura expidió
la Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011. En esta dispuso

7 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-
2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 2005.
9 En el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se prevé que “Toda persona tiene
derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas”. Asimismo, el PIDESC y el artículo 7 del Protocolo de San Salvador señalan
que los trabajadores tienen derecho al descanso.

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el procedimiento para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de
los funcionarios que soliciten el disfrute de vacaciones individuales.
En dicho instrumento se derogaron las Circulares 44 y 89 de 2005, proferidas
por el Consejo Superior de la Judicatura. El último establecía que a fin de
asignar recursos destinados a los reemplazos por vacaciones del personal
perteneciente al régimen de vacaciones individuales se debía cumplir al menos
una de estas dos condiciones:
“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de Servicios,
sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es conveniente aplicar la
figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del
empleado que disfrutará de vacaciones, entre los empleados restantes.

Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo despacho
tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento deberá certificar
que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los requisitos para ser designado
en encargo como Juez, situación que debe ser corroborada e igualmente certificada por el
Director Seccional, previa verificación de las hojas de vida correspondientes”.

En esa oportunidad, tales condiciones se impusieron con el fin de “reducir los
gastos de funcionamiento al interior de la Rama Judicial, entre ellos los correspondientes a los
reemplazos por vacaciones del personal titular de los despachos judiciales”10.

A diferencia de los instrumentos mencionados, en la mencionada Circular Nro.
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 el Consejo Superior de la Judicatura
buscó eliminar “condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de
vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho”.

Justamente, ese fue el motivo por el que en esta última se derogaron las
Circulares 44 y 89 de 2005, pues en aquellas se restringía la asignación de
recursos para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara alguna de
las condiciones transcritas.
Lo dispuesto en la Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011
consistió en que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales deben reportar la programación de vacaciones correspondientes
al siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala
Administrativa y Dirección Seccional del respectivo distrito judicial, hasta el
mes de marzo de cada anualidad.
A su vez, se estableció que las designaciones en encargo son procedentes
cuando las necesidades del servicio lo exijan, por ejemplo, tratándose de un
juez, y “cuando no sea posible designar en encargo a alguno de los servidores del
correspondiente despacho judicial, la respectiva Dirección Seccional deberá incluir dentro del
proyecto de presupuesto del año siguiente, la asignación de recursos que permita efectuar el
nombramiento en provisionalidad de sus reemplazos”11.

En consecuencia, la Sala encuentra un claro propósito de parte del Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa: eliminar los obstáculos en el
disfrute de las vacaciones individuales de los servidores judiciales. De
ahí que no haya condicionado la asignación de presupuesto al cumplimiento

10 Consejo Superior de la Judicatura. Presidencia. Circular N° PSAC05-89 de 2005.
11 Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa. Circular N° PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011.

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de una serie de requisitos, como sí ocurría en el pasado. Simplemente, se le
impuso el deber al funcionario de reportar antes del mes de marzo la
programación de vacaciones para el año siguiente.
En este punto es importante hacer la siguiente precisión: si bien es cierto que
la referida circular únicamente hizo alusión a funcionarios judiciales (según el
artículo 125 de la Ley 270 de 1996 son los magistrados de las corporaciones
judiciales, los jueces de la República y los fiscales), la Sala considera, como
lo indicó en una oportunidad pasada, que “la omisión de establecer un
procedimiento para garantizar los rubros de los reemplazos de los empleados
judiciales no puede servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso de
estos”12.

4.2. Explicado lo anterior, en el caso la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, en Oficio DESAJMEO23-3578 del 28 de
agosto de 2023, se negó a expedir certificado presupuestal para efectos de
cubrir el reemplazo de la tutelante, tal como lo manifestó la actora y lo
corroboró la Dirección Ejecutiva Seccional en el informe rendido en la presente
acción, donde además manifestó que sigue instrucciones del Nivel Central sin
que le sea posible hacer apropiaciones presupuestales que no estén dentro
de lo autorizado, como en este caso el reemplazo de la accionante para que
pueda disfrutar de sus periodos de vacaciones pendientes.
4.3. Frente a lo anterior, la Sala considera que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín no atendió el propósito que indicó el
instrumento en mención, en concreto, que ante el otorgamiento de las
vacaciones individuales, admitiera la procedencia de asignación de recursos
para nombrar el reemplazo.
La finalidad de la Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 no
fue otra que garantizar el derecho fundamental al descanso de servidores
judiciales. Por esto, resultaba imperativo eliminar las condiciones que en el
pasado significaron obstáculos al disfrute de tal derecho.
Por consiguiente, la Sala considera que no garantizar la disponibilidad
presupuestal para cubrir el reemplazo del servidor público durante el tiempo
que dure el disfrute de sus vacaciones ante la necesidad de contar con una
persona que cubra esa posición de Oficial Mayor del Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, que es el cargo
desempeñado por la actora, mientras hace uso de su derecho al descanso,
transgrede ese derecho fundamental que le asiste como trabajadora. Además,
esa posición de la entidad accionada es totalmente contraria a la postura
reiterada por esta Sección, según la cual:
“Asuntos de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo
vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, aún más si se tiene en cuenta que el
descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas.
Impedir el derecho al descanso con base en restricciones administrativas no es una carga que
deban soportar las actoras, puesto que las vacaciones constituyen una garantía fundamental

12 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-
2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García. En igual sentido se indicó en la sentencia del 26 de febrero de
2020. Radicado Nro. 11001-03-15-000-2020-00143-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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Demandante: Laura Vanessa Oquendo Ruíz

que tienen todos los empleados, por lo que no puede ser transgredida ni en función del servicio
ni por cuestiones de índole presupuestal”13.

No cabe duda, entonces, de que el descanso es una garantía propia del
derecho al trabajo en condiciones dignas, por lo que, impedir su disfrute con
fundamento en restricciones administrativas resultaría ser una carga
desproporcionada que no debe soportar quien cumplió con todas las
condiciones para acceder al beneficio prestacional.
Es así como la Sala considera que la falta de asignación de recursos para
nombrar el reemplazo no solo atenta contra el derecho fundamental al
descanso de la accionante, sino que también implicaría un quebrantamiento
para el desarrollo armónico y eficiente de las labores propias del despacho
judicial en el que labora la señora Oquendo Ruíz, máxime cuando describe
tanto ella como la titular del despacho en el acto administrativo por el que le
negó el derecho al disfrute del descanso de la servidora, las múltiples
funciones, todas de relevancia, lo cual merece una persona que esté al frente
de este tipo de labores.
4.4. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la decisión negativa
sobre la asignación de recursos proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, como se dijo, atenta contra el derecho
al descanso de la servidora Laura Vanessa Oquendo Ruíz, pues implica el
aplazamiento indefinido de sus vacaciones, ya que el acto administrativo por
el que se negó el disfrute de sus vacaciones por parte del nominador,
Resolución Nro. 071 del 2 de octubre de 2023, confirmada en la Resolución
Nro. 072 del 4 de octubre de 2023, tuvieron como sustento la negativa de la
administración de expedir el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal a efectos de designar el respectivo reemplazo. Dijo puntualmente
el acto administrativo:
“PRIMERO: NEGAR el disfrute de las vacaciones solicitadas por la señora LAURA VANESSA
OQUENDO RUIZ titular de la C.C. No. (…), por necesidad del servicio y las razones anotadas
en precedencia, hasta tanto se disponga de presupuesto para su reemplazo”.

De manera que, el periodo de vacaciones pendiente de disfrute, causadas
desde el 3 de febrero de 2021 al 3 de febrero de 2022, para ser disfrutadas
desde el 14 de noviembre al 8 de diciembre de 2023, se ve interrumpido a la
fecha por no contar con la disponibilidad respectiva para proveer el reemplazo
respectivo, razón por la que, con el fin de conciliar los intereses de continuidad
en la prestación del servicio y el derecho al descanso remunerado de la actora,
se ampararán los derechos fundamentales de la servidora Laura Vanessa
Oquendo Ruíz al descanso y al trabajo en condiciones dignas.

Ahora bien, resulta pertinente manifestar que la Corte Constitucional, en
reciente sentencia SU-296 de 2 de agosto de 202314, amparó el derecho
fundamental al descanso individual de empleados y funcionarios judiciales a
quienes sus nominadores les negaron la concesión de las vacaciones a las
cuales tenían derecho. Del comunicado de esa decisión se extraen como
razones relevantes, las siguientes:

13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 26 de febrero de 2020. Radicado 11001-03-15-000-2020-
00143-00. C.P: Jorge Octavio Ramírez R.
14 Información obtenida del Comunicado No. 25 de 2 y 3 de agosto de 2023 de la Corte Constitucional.

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Demandante: Laura Vanessa Oquendo Ruíz

“(…) En tercer lugar, al ocuparse de los casos concretos, la Sala tuvo en cuenta que la
situación administrativa a la cual se enfrentan los diferentes nominadores como directores de
los despachos judiciales es compleja y refleja que su negativa a conceder las vacaciones a
los actores no es necesariamente caprichosa e injustificada, como lo sostuvieron las diferentes
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. Para arribar a esta conclusión, tuvo
en cuenta que, ante la negativa de las Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
a realizar determinadas actuaciones administrativas y financieras, el nominador se encuentra
compelido a elegir entre garantizar el adecuado funcionamiento del despacho a su cargo y la
satisfacción de los derechos laborales de los empleados que lo conforman. Esto, porque los despachos judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual tienen una
característica en común que se refiere a la urgencia, importancia y volumen de los asuntos
que deben tramitar de forma ininterrumpida, lo cual implica, además, la necesidad de
garantizar la evacuación expedita de los trámites a su cargo. Además, se trata de despachos
que se encuentran altamente congestionados y, sumado a ello, ven intensificada su carga
laboral con ocasión del periodo vacacional colectivo de los demás despachos de la Rama
Judicial, pues los juzgados cuyo régimen de vacaciones es individual asumen también la carga
laboral en asuntos de tutela cuando los demás despachos se encuentran en receso por la
vacancia judicial. Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la Judicatura no regula el trámite para
la concesión de vacaciones individuales a los empleados judiciales, la Sala destacó que esto
no significa que aquellos no tengan derecho a que se programen sus vacaciones o a ser
eventualmente remplazados durante el periodo en el cual disfrutan de dicha prestación, pues
ni la referida circular reglamenta el asunto ni lo prohíbe, como parecieran entenderlo la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial en sus respuestas durante los
diferentes trámites de tutela. Al proseguir su análisis, la Sala destacó que el tiempo durante el cual el empleado se
encuentra de vacaciones debe ser usado exclusivamente para que este descanse, recupere
sus energías y, en general, para su propia realización personal y familiar a través de la
disposición autónoma de su tiempo libre, lo cual se encuentra estrechamente relacionado con
la garantía de la dignidad humana. De esta manera, la garantía del derecho al descanso no solo implica que se observe su
dimensión temporal sino que responde a aspectos sustanciales como la calidad del descanso,
el bienestar físico y mental del trabajador, así como su autonomía en la gestión del tiempo
libre. Por ello, el derecho fundamental al descanso se vería afectado si durante este periodo
se le siguen asignando al trabajador tareas o se le mantiene en incertidumbre respecto de la
acumulación de las mismas al momento de su reincorporación, lo cual tiene la capacidad de
repercutir, sin duda, en su salud física y mental, así como en su bienestar general. Con fundamento en el análisis desarrollado, la Sala también encontró que la actuación de las
accionadas no solo impacta en el derecho fundamental al descanso de los actores, sino que
podría tener incidencia en la garantía de otros derechos como la salud física y mental, así
como en la dignidad humana de los funcionarios y empleados judiciales a quienes se les ha
impedido acceder a las vacaciones en igualdad de condiciones debido a la imposición de
barreras administrativas.

Además, insistió en que esta situación también puede incidir en el
adecuado funcionamiento de la administración de justicia, porque la vulneración de los
derechos de los actores impacta en la cantidad de trabajo a su cargo, la eficiencia de sus
labores y, según lo informado la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ha repercutido
en el aumento de la litigiosidad en materia de tutela para obtener la garantía de este derecho,
por lo cual es posible señalar que se trata de una situación estructural”.

En dicha decisión, la Corte Constitucional también ordenó al Consejo Superior
de la Judicatura que, en un plazo que no exceda los seis meses contados a
partir de la notificación de esa providencia, y previa consulta y o participación
de los jueces, adopte la reglamentación necesaria para garantizar la
efectividad del derecho a las vacaciones que se disfrutan en forma individual
en la Rama Judicial y, a partir de la debida planeación, se prevenga la
aplicación de razones de orden presupuestal, logístico o administrativo como
barreras para el disfrute de dicho derecho.

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4.5. Se debe precisar que según el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial es “es el órgano técnico y administrativo que
tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con
sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura”. De manera
que esta última tiene por función adelantar las labores necesarias para el
funcionamiento de la Rama Judicial, consecuentemente, de los despachos
judiciales.

En virtud de tal competencia, al director ejecutivo de administración judicial, se
le asignaron como funciones en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 “Administrar
los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder
por su correcta aplicación o utilización” y “Actuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que correspondan”.

A su vez, este mismo cuerpo normativo estableció la desconcentración de esta
función, toda vez que, se torna imposible que desde el nivel central se puedan
atender los requerimientos de cada despacho judicial que se encuentre dentro
del territorio nacional, por ello, el numeral 2° del Artículo 103 ibidem determinó
como funciones de las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración
Judicial dentro de su jurisdicción y entorno territorial, entre otras, la siguiente:
“Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y
responder por su correcta aplicación o utilización”; asimismo, en el numeral 7°, “Actuar
como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan”.

4.6 En el caso presente, advierte la Sala que si bien la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín, manifestó en el escrito de
impugnación que finalmente había expedido el certificado de disponibilidad
presupuestal, correspondiente para el reemplazo de la persona que cubriría el
periodo de vacaciones de la actora, lo que dijo haberle notificado a la señora
Oquendo Ruíz y con lo que pretendió acreditar su cumplimiento, se advierte
que tal actuación se dio con ocasión del fallo de tutela proferido en primera
instancia.

Adicionalmente, en la impugnación la entidad se refirió nuevamente a los
argumentos por los que insiste, no tienen competencia para adoptar
decisiones relacionadas con las vacaciones de los servidores y en general,
reiterando los argumentos presentados inicialmente en el informe rendido
dentro del presente trámite de tutela, razón por la que la Sala atendiendo a las
consideraciones expuestas, deberá confirmar la decisión de primera instancia
que accedió a las pretensiones de tutela de la accionante Laura Vanessa
Oquendo Ruíz.

Conviene precisar que si bien en oportunidades anteriores15 la Sala ha
otorgado 30 días para el cumplimiento del fallo, en esta ocasión no modificará
los términos otorgados por el a quo, pues se advierten razonables.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

15 Expedientes Nro. 11001-03-15-000-2021-04086-00(AC) y Nro. 11001-03-15-000-2021-03365-01.

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Demandante: Laura Vanessa Oquendo Ruíz

FALLA

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el del 17 de octubre de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, por las
razones expuestas en la presente providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON

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