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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01061-01

Fecha
7 de marzo de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01061-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia de 16 de enero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante la cual se concedió el amparo solicitado por la señora Alba Irene Pérez. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 05001-23-33-000-2023-01061-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

7 de marzo de 2024

Demandante: Alba Irene Pérez
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia y otro
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01061-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01061-01
Demandante: ALBA IRENE PÉREZ
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA Y OTRO

Temas: Derecho al descanso laboral. Vacaciones individuales de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia contra el fallo de 16 de enero
de 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad, amparó los derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas, a la salud y a la igualdad de la actora.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Alba Irene Pérez, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de
Antioquia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al descanso laboral y al
trabajo digno.

Lo anterior, por cuanto se le negó la concesión de un periodo de vacaciones en
su calidad de oficial mayor del Juzgado Veintiséis Penal Municipal con función
de conocimiento de Medellín, mediante el oficio DESAJMER23-8270 de 6 de
septiembre de 2023, con ocasión a que no era posible expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para designar el respectivo reemplazo.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la actora solicitó:

«Primero: Tutelar los derechos los derechos a la igualdad, descanso laboral y
trabajo digno.

1
El 20 de octubre de 2023.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Alba Irene Pérez
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia y otro
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01061-01

Segundo: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la
Dirección Ejecutiva Seccional Medellín realicen las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan para que el Juez 26 Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Medellín nombre el reemplazo de la suscrita, señora
ALBA IRENE PÉREZ, oficial mayor en propiedad del despacho para que se
materialice mi derecho al descanso remunerado y no se afecte las condiciones
laborales de los empleados del despacho en desmedro del debido funcionamiento
del juzgado.»2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

La señora Pérez relató que fue nombrada como oficial mayor del Juzgado
Veintiséis Penal Municipal con función de conocimiento de Medellín y tiene dos
periodos de vacaciones por disfrutar, razón por la que solicitó a su nominador
que le otorgara tal derecho a partir del 25 de septiembre de 2023.

Narró que el titular del despacho en mención requirió a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Antioquia que se proveyeran los recursos necesarios
para el nombramiento de su reemplazo, debido a que se dificulta la distribución
de sus funciones a los demás compañeros por la carga laboral que afrontan.

Indicó que el 18 de agosto de 2023 el coordinador del Área Administrativa de la
aludida dirección seccional expidió el certificado de disponibilidad presupuestal
047723, por medio de cual se le pagaron las vacaciones y primas por tal
concepto. Además, le informó que el presupuesto necesario para nombrar a su
reemplazo lo enviaría a finales de septiembre del mismo año, cuando se
adicionaran las apropiaciones para ese rubro.

Explicó que mediante oficio DESAJMER23-8270 de 6 de septiembre de 2023 la
directora ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Antioquia le
comunicó al aludido juez que, debido a medidas de austeridad en el gasto del
Gobierno Nacional, no era posible expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal para designar a una persona que asuma sus labores.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio de la actora, se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al
descanso laboral y al trabajo digno, tras no expedirse el respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal para nombrar a quien la reemplace durante sus
vacaciones.

Destacó que en la época en que esté ausente no hay alguna persona que pueda
ocuparse de sus funciones, ello atendiendo a la alta carga laboral que tiene el
Juzgado Veintiséis Penal Municipal con función de conocimiento de Medellín y
que cada empleado tiene unas competencias diferentes, por lo que se
acumularían sus labores.

2
Trascripción literal del original con posibles errores.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Alba Irene Pérez
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia y otro
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01061-01

1.5. Actuación procesal

Mediante auto de 25 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad admitió la acción de tutela y ordenó
notificar esta decisión a la actora y como demandados a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración de Justicia de Antioquia y al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.

Luego de surtido el trámite correspondiente se profirió sentencia el 7 de
noviembre de 2023. Sin embargo, con el escrito de impugnación la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia solicitó que se
declarara la nulidad de todo lo actuado por indebida notificación del auto
admisorio de la tutela.

En segunda instancia, le correspondió el conocimiento del asunto al magistrado
ponente de esta decisión, el cual mediante auto de 1° de diciembre de 2023
ordenó devolver el expediente al despacho de origen para que se resolviera la
solicitud de nulidad propuesta.

Con providencia de 15 de diciembre del mismo año, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, dejó sin efectos todas las actuaciones
adelantadas y admitió nuevamente la tutela. Además, ordenó notificar como
entidades demandadas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
Nivel Central, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Señaló que no tiene competencia para adelantar las gestiones administrativas y
presupuestales necesarias para nombrar a la persona que reemplace a la actora
en el juzgado donde labora, pues dichas facultades recaen sobre la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, así que solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Puso de presente que la demandante es una empleada adscrita a la Rama
Judicial, entidad que cuenta con autonomía presupuestal, según el Estatuto
Orgánico de Presupuesto. Además, indicó que desde la Dirección de
Presupuesto Público se cumplieron las obligaciones legales y constitucionales
para la vigencia 2023 y se entregaron los recursos correspondientes.

1.5.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Antioquia

En el informe rendido hizo referencia a que dicha seccional expidió el certificado
de disponibilidad presupuestal 047723, con el propósito de cancelar las
vacaciones y primas vacacionales a la señora Pérez, tal como fue solicitado
tanto por la servidora como por su nominador.
3
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Demandante: Alba Irene Pérez
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Administración Judicial de Antioquia y otro
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01061-01

Aludió que en el Oficio DESAJMER23-8270 de 6 de septiembre de 2023 se le
informó a la accionante la imposibilidad que tenía la entidad para apropiarse de
los recursos necesarios para autorizar el reemplazo mientras disfruta de sus
vacaciones, con ocasión de las restricciones establecidas en la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011.

Solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, debido a que
respondió de fondo las peticiones elevadas por la actora. Además, consideró
que el juez nominador no puede negar las vacaciones por cuestiones de índole
presupuestal, ni puede trasladar la responsabilidad a esa dirección seccional.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante
sentencia de 16 de enero de 20243, amparó los derechos fundamentales al
trabajo en condiciones dignas, a la salud y a la igualdad de la señora Pérez y,
en consecuencia, ordenó:

«... a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA –CHOCÓ, que de acuerdo a sus
competencias, en el término de tres (3) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, realice las gestiones administrativas y presupuestales tendientes a
expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que permita a la Juez
Veintiséis (26) Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín
Antioquia, nombrar el reemplazo de la demandante en el cargo de Oficial Mayor.»

La razón de dicha decisión se justificó en que los argumentos que se invocaron
en el Oficio DESAJMER23-8270 de 6 de septiembre de 2023 para limitar el
derecho de la actora relativo a disfrutar de las vacaciones a las que por ley tiene
derecho, son meramente administrativos y presupuestales, es decir que son
cargas que no tiene que asumir.

Explicó que, si bien la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Antioquia expidió el certificado de disponibilidad presupuestal 047723 de 18
de agosto de 2023 para cancelar a la señora Pérez las vacaciones y primas
vacacionales a partir del 25 de septiembre del 2023, lo cierto es que era
necesario que se avalaran los recursos necesarios para nombrar a su
reemplazo mientras descansaba.

Entonces, concluyó que era obligación de la dirección seccional en cuestión
aprobar la partida presupuestal que permitiera al juez Veintiséis Penal Municipal
con funciones de conocimiento de Medellín contratar el relevo de la
demandante, pues no era de recibo que sustentara la imposibilidad de la adición
presupuestal en lo previsto en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011 del Consejo Superior de la Judicatura.

Además, dicha autoridad judicial desvinculó del presente trámite al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda

3
Notificada mediante correo electrónico enviado el 17 de enero de 2024.

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vez que no es de su competencia los asuntos relacionados con la disponibilidad
presupuestal para el otorgamiento de vacaciones o reemplazos de los
empleados vinculados a la Rama Judicial.

1.7. Impugnación

Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 19 de enero del año en
curso, la directora ejecutiva seccional de Administración Judicial de Antioquia
impugnó la providencia de primera instancia e informó que para dar
cumplimiento a lo ordenado por el a quo procedió a verificar si la señora Pérez
había disfrutado de su periodo vacacional y constató que no lo había hecho.
Además, refirió que la actora fue nombrada desde el 26 de diciembre de 2023
en el cargo de secretaria del despacho judicial donde trabajaba.

Indicó que el pasado 10 de enero la accionante elevó una nueva solicitud para
que se nombrara al respectivo reemplazo mientras está de vacaciones, razón
por la que se expidió el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal
para tal proposito, decisión que le fue notificada al Juzgado Veintiséis Penal
Municipal con funciones de conocimiento de Medellín el 17 de enero del
presente año.

De modo que había disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo de las
vacaciones de la actora, a partir del 19 de febrero al 11 de marzo del 2024. En
consecuencia, solicitó que se revocara el fallo impugnado por existir un «hecho
superado».

1.8. Actuación procesal en segunda instancia

Estando el expediente al despacho para resolver la impugnación presentada
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad, se advirtió que no se dispuso la vinculación del Juzgado
Veintiséis Penal Municipal con función de conocimiento de Medellín, pese a que
le asiste un interés en las resultas del presente trámite.

Entonces, mediante auto de 9 de febrero de año en curso se ordenó notificar al
titular del despacho en calidad de tercero con interés y, de conformidad con el
artículo 137 del Código General del Proceso, se le puso en conocimiento la
posible configuración de la causal de nulidad prevista en el artículo 133 del
mismo código.

1.9. Intervención

El Juzgado Veintiséis Penal Municipal con función de conocimiento de Medellín
se pronunció con memorial de 13 de febrero de 2024, en el cual señaló que el
18 de enero del año en curso la aludida dirección seccional le comunicó a la
señora Pérez la novedad de la disponibilidad presupuestal necesaria para
designar a la persona que la reemplace durante sus vacaciones, las cuales
disfrutará desde el 19 de febrero hasta el 11 de marzo de 2024, ambas fechas
inclusive.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, el 16 de enero de 2024, según lo
previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20154, así como en el Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si se
vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al descanso laboral y al
trabajo digno de la actora, tras negarle el disfrute de sus vacaciones.

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y ii) análisis del caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según
el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia
de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del
derecho que se alega amenazado o vulnerado.

2.4. Caso concreto

La actora consideró que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales, con ocasión a que no
expidió el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal para designar a
la persona que la reemplace en el cargo que ocupa en el Juzgado Veintiséis
Penal Municipal con función de conocimiento de Medellín durante el tiempo que
disfruta de sus vacaciones.

En primera instancia, se concedió el amparo solicitado por la accionante con
sustento en que no era válido restringir el derecho al descanso de la empleada

4
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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judicial por falta recursos, pues no es una carga que debiera soportar y tampoco
era de recibo que la dirección seccional accionada afirmara que estaba
imposibilitada para acceder a lo pretendido, al tenor de lo previsto en la Circular
PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011.

La directora ejecutiva seccional de Administración de Justicia de Antioquia
impugnó la anterior decisión, tras considerar que en el asunto objeto estudio se
configuró el «hecho superado» por cuanto el 17 de enero del presente año
emitió el certificado de disponibilidad presupuestal requerido para que se
nombre a la persona que reemplace a la actora mientras disfruta de sus
vacaciones, desde el 19 de febrero hasta el 11 de marzo del 2024, decisión que
le fue notificada al Juzgado Veintiséis Penal Municipal con funciones de
conocimiento de Medellín ese mismo día.

De la revisión del material probatorio obrante en el plenario se constató que el
titular del despacho en el que trabaja la actora solicitó a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia el certificado de disponibilidad
presupuestal para que la señora Pérez pudiera disfrutar de sus vacaciones a
partir del 25 de septiembre de 2023.

En respuesta a lo anterior, el 18 de agosto de 2023 el coordinador del Área
Administrativa de la dirección seccional accionada expidió el certificado de
disponibilidad presupuestal 047723, por medio de cual se le pagaron las
vacaciones y primas por tal concepto, y se le informó que el presupuesto
necesario para nombrar a su reemplazo lo enviaría a finales de septiembre del
mismo año, cuando se adicionaran las apropiaciones para ese rubro.

Sin embargo, mediante oficio DESAJMER23-8270 de 6 de septiembre de 2023
la directora ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Antioquia le
comunicó al juez Veintiséis Penal Municipal con función de conocimiento de
Medellín que no era posible realizar la asignación presupuestal necesaria para
que se nombrara a una persona que asuma las labores de la actora, en los
siguientes términos:

«...me permito informar que, de acuerdo con la apropiación presupuestal
inexistente, debido a medidas de austeridad en el gasto del gobierno Nacional NO
es posible expedir certificado de disponibilidad presupuestal para autorizar el
reemplazo de vacaciones del Oficial Mayor de ese despacho, ALBA IRENE
PÉREZ, solicitado mediante escrito fechado 16 de agosto de 2023, periodo
disfrute del 25 de septiembre al 16 de octubre de 2023 ambas fechas inclusive.
Ahora, si de apropiarse recursos para esta vigencia, se estaría en la posibilidad
de remplazo; situación que a la fecha de la presente respuesta NO SE HA DADO.

La adición presupuestal para este rubro se encuentra sujeto a lo dispuesto en la
Circular PSAC11-44 de Noviembre 23 de 2.011 expedida por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual, como se indicó en la
Circular DESAJME18-5220 expedida por esta Dirección, la apropiación
presupuestal para el rubro “ Servicios prestados por vacaciones personal titular”
se encuentra con restricciones presupuestales para el presente año, sólo la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial situará los recursos para los
funcionarios (jueces) que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales y
excepcionalmente cuando se trate de empleados del régimen de vacaciones
individuales que laboren en despachos con planta de personal de 3 o menos
cargos.»
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Con el escrito de impugnación se aportó el oficio DESAJMEO24-98 de 17 de
enero del presente año, en el cual se informó al juez Veintiséis Penal Municipal
con función de conocimiento de Medellín que se aprobó la disponibilidad
presupuestal para cubrir el reemplazo de las vacaciones de la secretaria5, así:

«Con relación al asunto de la referencia, me permito certificar que el CDP 123,
tiene disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo de las vacaciones de la
secretaria, a partir del 19 de febrero al 11 de marzo del 2024.

Es importante aclarar que, si el reemplazo es con personal vinculado a esos
despachos Judiciales, no genera reconocimiento para el pago de diferencia
salarial, lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 344 de 1996, “Por
la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se
conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”, el
cual indica:

ARTÍCULO 18. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los servidores
públicos que sean encargados, por ausencia temporal del titular, para asumir
empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, no
tendrán derecho al pago de la remuneración señalada para el empleo que se
desempeña temporalmente, mientras su titular la esté devengando...”.

Así mismo sustentado en el contenido de la Circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, la cual establece:

“4. Tal como está previsto en el artículo 132 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, las designaciones en encargo son procedentes
cuando las necesidades del servicio lo exijan. Por tanto, tratándose de Jueces,
los nominadores deberán ejercer esa potestad en todos los casos en que
exista un empleado que cumpla los requisitos para ser designado como Juez.
Por su parte, el empleado encargado asumirá este deber conforme lo prevé el
artículo 153 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, sin derecho a
percibir la remuneración señalada para el empleo que se desempeña
temporalmente, mientras su titular lo esté devengando”.

Adicionalmente, se informa que el cdp para cubrir el reemplazo de vacaciones,
tiene vigencia de dos meses, el cual comienza a contar a partir de la fecha inicial
en la que pretende disfrutar de las vacaciones.

El reemplazo corresponde a la señora ALBA IRENE PEREZ.»

Además, se anexó el mensaje enviado por correo electrónico por medio del cual
remitió el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, como se puede
observar en la siguiente imagen:

5
Cabe aclarar que para el momento en que se radicó la tutela la señora Pérez ocupaba el cargo
de oficial mayor.
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En concordancia con lo anterior, el Juzgado Veintiséis Penal Municipal con
función de conocimiento de Medellín informó que la dirección ejecutiva antes
mencionada notificó a la actora la novedad relacionada con la disponibilidad
presupuestal para designar a su reemplazo durante su periodo vacacional,
razón por la que dicha empleada las «disfrutará desde el 19 de febrero hasta el
11 de marzo de 2024, ambas fechas inclusive».

De entrada, la Sala advierte que la decisión de primera instancia será
confirmada, teniendo en cuenta que para la época en que el a quo profirió su
fallo no encontró demostrado que se realizó la apropiación de los recursos
necesarios para nombrar al reemplazo de la actora durante su periodo
vacacional, situación que transgredía sus derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas, a la salud y a la igualdad.

Aun cuando la entidad accionada acreditó que emitió el documento requerido
para que la señora Pérez pueda acceder a sus vacaciones, no se puede
desconocer que esto lo hizo en cumplimiento de la orden impartida en el fallo de
primera instancia, razón por la que no es dable declarar configurada la carencia
actual de objeto por hecho superado, sino que se reiterará el criterio acogido por
esta Sección en casos similares al que nos ocupa.

Así las cosas, resulta importante precisar que el descanso debe entenderse
como uno de los derechos fundamentales del trabajador y constituye una
condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la
fuerza tanto intelectual como física, para así proteger su salud y fortalecer su
dedicación para el desarrollo de sus actividades.

Es por esto que, impedir el goce del mencionado derecho con fundamento en
restricciones administrativas, no es una carga que la señora Pérez deba
soportar, pues jurisprudencial y legalmente se ha considerado que las
vacaciones constituyen una prerrogativa que tienen todos los empleados, por lo
que no puede ser trasgredido en función del servicio. Tan es así, que esta
corporación ha amparado el derecho fundamental al descanso en acciones de
tutela con similares supuestos fácticos.6

Nótese que los argumentos de la actora estuvieron dirigidos contra la decisión
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia
pues, a su juicio, la negativa de asignar el presupuesto para nombrar su
reemplazo es la que evita que pueda acceder al disfrute del descanso
remunerado.

De modo que las pretensiones de la tutelante se dirigieron específicamente a
que se ordenara a dicha entidad realizar las diligencias necesarias para la
apropiación de las partidas presupuestales correspondientes para la
designación de su reemplazo y emitir el respectivo certificado de disponibilidad

6
Consultar, entre otras, las sentencias de 2 de noviembre de 2023, M.P. Omar Joaquín Barreto
Suárez, rad. 11001-03-15-000-2023-05393-00, 19 de octubre de 2023, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra, rad. 11001-03-15-000-2023-05130-00 y 3 de agosto de 2023, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil, rad. 11001-03-15-000-2023-03463-00.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Alba Irene Pérez
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia y otro
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presupuestal.

Quiere ello decir que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, con el que cuenta la
accionante para controvertir la decisión en cuestión carecería de la idoneidad
suficiente, dado que no le ofrecería una solución a sus pretensiones, razón
suficiente para que este juez constitucional sea competente para conocer el
fondo de esta controversia.

Además, la Sección Quinta7 señaló que en eventos como el acá analizado, las
circunstancias particulares del caso desbordan la eficacia del medio de defensa
judicial con el que contarían las personas que acuden a la tutela ante la negativa
de sus vacaciones por falta del presupuesto, lo cual torna imperiosa la
intervención del juez constitucional como garante de su primacía dentro del
ordenamiento jurídico.

Según se tiene, la accionante buscaba que se garantizara el goce material del
periodo al que tiene derecho por concepto de vacaciones que, por razones de
presupuesto y necesidad del servicio, no se había materializado. Sin embargo,
los argumentos expuestos por la dirección seccional accionada para omitir la
autorización del rubro presupuestal correspondiente no son suficientes para
desconocer el disfrute de tal derecho.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el carácter fundamental de dicha garantía
fue reconocido por la Corte Constitucional, sin que sea válido oponer trabas
administrativas que afecten el núcleo fundamental de esta garantía. En
concordancia con lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo
estableció8 que «se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono
del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas».

Entonces, la dirección ejecutiva cuestionada no podía alegar impedimentos de
tipo administrativo a la accionante que le impidieran ejercer sus derechos
fundamentales, máxime cuando escapaba del resorte de la señora Pérez el
encontrar las medidas de orden presupuestal u organizacional para proveer el
reemplazo del cargo en su ausencia temporal.

Negar el derecho al disfrute de las vacaciones por cuenta de limitaciones de
carácter administrativo, no es una carga que deba soportar un servidor judicial,
si se tiene en cuenta que en la misma Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre
de 2011, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, se exige solo al interesado reportar ante el Consejo Seccional la
correspondiente programación de vacaciones, para que sea incluido en los
turnos.

En ese sentido, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder a tal

7
Entre otras, en las sentencias de 21 de abril de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.
11001-03-15-000-2022-01630-00, 25 de septiembre de 2019, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2019-03992-00.
8
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de
junio de 1963.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Alba Irene Pérez
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia y otro
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01061-01

derecho, el empleado debe comunicar al nominador sobre la programación de
las vacaciones, sin que deba resolver problemas de tipo presupuestal o
administrativo, para poder acceder al descanso remunerado. Es decir, la
administración no puede trasladar en ellos su propia función.

En consecuencia, es evidente que sí existió una vulneración de los derechos
fundamentales de la tutelante derivada de la omisión de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para el nombramiento de un reemplazo, por parte de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia.

De otro lado, se tiene que la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC-0589 de 18 de noviembre de
2005, cuyo asunto fue la «asignación de recursos para reemplazos por
vacaciones del personal titular en los despachos judiciales, excepto los
juzgados del sistema penal acusatorio».

A su vez, en la Circular 44 de 12 de mayo de 2005 se estableció el
procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los
servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio. No obstante, el 23 de
noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa
expidió la Circular PSAC11-44, que señaló de manera expresa la derogatoria de
lo establecido en las referidas circulares:

«...para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de
este derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento [que] aquí se señala y
que permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de
los reemplazos, cuando haya lugar a ello».

Ahora, si bien dicha circular está dirigida a los nominadores de la Rama Judicial
(jueces y magistrados) y a los directores seccionales de Administración Judicial,
su asunto trata de «vacaciones de los funcionarios judiciales del Régimen de
Vacaciones Individuales». Entonces, no dispuso el procedimiento que debía
realizarse para la solicitud de reemplazos por vacaciones del personal de los
demás despachos.

Aun cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió
una circular en la que señaló directrices dirigidas a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del país atinentes a la programación de vacaciones de
los funcionarios judiciales y la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para garantizar los reemplazos, la omisión de establecer un
procedimiento para el efecto no puede servir de fundamento para desconocer el
derecho al descanso.

Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público
tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado, según lo previsto en los
artículos 8º Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978.

Por lo tanto, no son de recibo los argumentos expuestos por la entidad
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Demandante: Alba Irene Pérez
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Administración Judicial de Antioquia y otro
Radicado: 05001-23-33-000-2023-01061-01

impugnante, pues el hecho de no realizar la apropiación presupuestal en su
debido momento impidió que se pudiera designar un reemplazo en el cargo que
ocupa la actora durante el periodo de las vacaciones, circunstancia de índole
administrativa que no estaba obligada a soportar.

En este orden de ideas la Sala, como lo anticipó, confirmará la sentencia de
primera instancia por cuanto la orden impartida tuvo respaldo en el material
probatorio obrante en el plenario para ese momento, el cual daba cuenta de la
omisión en la que incurrió la dirección seccional accionada tras no proveer los
recursos necesarios para que se nombrara el reemplazo de la actora mientras
disfrutaba de sus vacaciones, lo que le impidió que se garantizara su derecho al
descanso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia de 16 de enero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante la
cual se concedió el amparo solicitado por la señora Alba Irene Pérez.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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