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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2023-01222-01

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2023-01222-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se ordena: 1. SEGUIR ADELANTE con la ejecución contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en los términos señalados en esta providencia. 2. CONDENAR en costas a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para lo cual se fija como agencias en derecho para la primera instancia el monto de un millón setecientos veinte un mil diecisiete pesos ($1.721.017) y para la segunda instancia, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la sentencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2023-01222-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

15 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Expediente: 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – administradora del Fondo
Abierto con Pacto de Permanencia CxC
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Proceso: Ejecutivo
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: ACTO ADMINISTRATIVO QUE RECONOCE UNA OBLIGACIÓN – no constituye pago ni
ninguna otra forma de extinción de las obligaciones / TRÁMITE PARA RECONOCIMIENTO DE
DEUDA PÚBLICA (art. 53 de la Ley 1955 de 2019 y sus decretos reglamentarios) – no derogó,
modificó, ni suspendió el art. 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, las normas del Dcto. 01 de
1984 sobre la generación de intereses moratorios derivados de sentencias condenatorias en contra
de entidades públicas ni de obligaciones asumidas por ellas en acuerdos conciliatorios homologados
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que declaró probada la excepción de pago y, en consecuencia, no
continuó con la ejecución.

Se discute que no se configuró la excepción de pago total de la obligación y, por
tanto, que el proceso debe seguir adelante con la ejecución.

I.LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 28 de mayo de 2025, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad declaró
probada la excepción de pago total de la obligación propuesta por la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, declaró terminado el proceso y negó
condenar en costas a la ejecutante1.

2. El anterior proveído decidió la demanda instaurada el 4 de diciembre de
20232 por Alianza Fiduciaria S.A., en calidad de administradora del Fondo Abierto
con Pacto de Permanencia CXC (en adelante el Fondo o el ejecutante), cesionario
de los derechos económicos reconocidos en la sentencia proferida el 6 de julio de
2017 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado3, en contra

1 Índice 2, archivo 6, SAMAI, C.E.
2 Índice 2, archivo 21, SAMAI, C.E.
3 El art. 1959 del C.C. determina que la cesión de un crédito a cualquier título solo tendrá efecto entre el cedente

y el cesionario en virtud de la entrega del título que lo contenga o del que se elabore, en caso de no existir. En
estos documentos debe identificarse la persona que fungirá como cesionaria, así como la firma del cedente o
acreedor anterior (art. 761 C.C., sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SC-021 del 5 de mayo de 1941).
En el presente asunto, se cumplieron los mencionados requisitos para la tradición de un derecho personal o
crédito entre el acreedor cedente y el tercero cesionario, toda vez que quienes actuaron como demandantes en
el proceso de reparación directa identificado con la radicación 05001233100020070245300 cedieron los
derechos económicos reconocidos en la sentencia condenatoria proferida en segunda instancia en el marco del
mencionado proceso, a favor del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC (cesionario), el cual es
administrado por Alianza Fiduciaria S.A. (índice 2, archivo 21, págs. 106 a 206, SAMAI, C.E.)
Asimismo, se verificó que tal cesión produjo efectos frente al deudor, toda vez que fue aceptada por éste –en
los términos del art. 1960 C.C. –, como consta en oficios del 2 de marzo de 2018 y 29 de diciembre de 2020, a
través del cual la entidad aceptó la referida cesión de los derechos económicos derivados del proceso de

1

Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC
Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (en adelante el Ejército, la
entidad o el ejecutado), cuyos fundamentos fácticos y jurídicos se relacionan a
continuación:

Pretensiones

3. El ejecutante solicitó que se librara mandamiento de pago en los siguientes
términos (transcripción literal incluidos eventuales errores)4:

“Solicito se libre mandamiento de pago en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional y a favor de Alianza Fiduciaria S.A. como administradora del Fondo
Abierto con Pacto de Permanencia CxC identificado con NIT. 900.058.687-4, por las
siguientes sumas de dinero:

1. TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
($34.420.346,74) M/Cte., por concepto de la diferencia entre lo ordenado a pagar en la
resolución con Anexo N° SECON – 2017 – 19399, proferida por el Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional y lo que efectivamente fue consignado a la cuenta bancaria de a
ejecutante., tal como mi poderdante lo solicitó a la ejecutada en Derecho de Petición de
fecha 13 de octubre de 20225.

2. Se condene al demandado al pago de las costas, agencias en derecho y demás
gastos que se causen dentro del proceso”.

Hechos

4. El 20 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
sentencia en el proceso de reparación directa radicado bajo el número
05001233100020070245300. En ella, accedió a las pretensiones de la demanda y
reconoció perjuicios morales y materiales a favor de la parte actora.

5. Mediante sentencia del 6 de julio de 2017 la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado modificó el fallo de primera instancia respecto de los
valores reconocidos por perjuicios. La decisión quedó ejecutoriada el 21 de julio de
20176.

6. El 10 de noviembre de 2017, los demandantes presentaron solicitud de pago
ante la entidad ejecutada, a la cual adjuntaron la cuenta de cobro respectiva.

7. El 22 de enero de 2018, los demandantes ―salvo el señor Duván Ariel Góez
Valeras― suscribieron con Alianza Fiduciaria S.A., en calidad de administradora del
Fondo, un contrato de cesión de crédito por valor de $520.677.616,38,
correspondientes a la totalidad de los derechos económicos que les fueron
reconocidos. Mediante oficio del 11 de abril de 2018, la entidad aceptó la referida
cesión del crédito. El señor Duván Ariel Góez Valeras suscribió contrato de cesión
con el mismo Fondo el 7 de octubre de 2020, por valor de $73.771.700,
correspondientes a la totalidad de los derechos económicos que le fueron

reparación directa antes citado (índice 2, archivo 21, págs. 135 a 137 y 139 a 141, SAMAI, C.E.) De modo que,
al constatar que tal transferencia del crédito sí es vinculante frente a la entidad, es claro que ésta conoce que
le corresponde solventar la deuda a favor de quien realmente la ostenta la calidad de acreedor en virtud de la
cesión efectuada, esto es, el Fondo Abierto con pacto de permanencia CxC administrado exclusivamente por
Alianza Fiduciaria.
4 Índice 2, archivo 21, SAMAI, C.E.
5 En este documento se solicitó al ejecutado que pagara ese valor dado que en la Resolución SECON—2017-

19399 se liquidó el crédito hasta el 30 de junio de 2022; sin embargo, el dinero ingresó al banco el 13 de
septiembre de 2022 (Índice 2, archivo 21, pág. 154, SAMAI, C.E.)
6 Índice 2, archivo 21, pág. 99, SAMAI, C.E.

2

Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC
Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

reconocidos en ese mismo proceso. La cesión fue aceptada por el ejecutado el 29
de diciembre de 2020.

8. Mediante Resolución SECON-2017-193997, el Ministerio dio cumplimiento a
la sentencia ordenando el pago de $1.331.686.887,76.

9. Aduce la demandante que el pago que se realizó fue parcial, pues quedó un
saldo pendiente de $34.420.346,74, correspondiente a la diferencia entre lo que se
ordenó pagar y lo efectivamente consignado8.

10. A la fecha de presentación de la demanda el saldo permanecía insoluto.

Mandamiento de pago

11. En proveído del 2 de diciembre de 20249, el a quo libró el mandamiento de
pago en los siguientes términos (transcripción literal):

PRIMERO: Se ordena LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en favor de
ALIANZA FIDUCIARIA S.A., COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO
ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CXC por el valor de
$58.666.669,07 que corresponde al valor total del crédito.

Oposición de la ejecutada

12. El demandado propuso la excepción de pago total de la obligación. Como
fundamento señaló que el pago se hizo de conformidad con lo dispuesto en el art.
53 de la Ley 1955 de 2019 y sus decretos reglamentarios. Expresó que, según lo
dispuesto en el numeral 5. ° del art. 5. ° del Dcto. 642 de 2020, la causación de
intereses moratorios se suspendía si el pago se realizaba dentro de los 3 meses
siguientes a la expedición de la resolución que emitiera cada entidad con la
identificación de los beneficiarios y el monto de la condena, lo que en este caso se
cumplió, de manera que no había lugar a cancelar los intereses que reclama el
demandante.

13. Asimismo, formuló la excepción de ausencia de título ejecutivo, con sustento
en que no se aportaron las primeras copias de la sentencia del 6 de julio de 201710.

Pronunciamiento del ejecutante frente a la excepción formulada
14. El Fondo indicó que los intereses se siguieron causando hasta la fecha en la
que se realizó el pago, no hasta cuando se liquidó la condena. Expresó que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 297 del C.P.A.C.A. para ejecutar una
sentencia solo se requiere que contenga una obligación clara, expresa y exigible y
que tenga constancia de ejecutoria11.

7 El documento no registra fecha de expedición; sin embargo, da cuenta de que la liquidación se hizo hasta el

30 de junio de 2022 (Índice 2, archivo 21, págs. 142 a 452, SAMAI, C.E.)
8 Según reporte del SIIF Nación, el pago se hizo el 13 de septiembre de 2022 (Índice 23, SAMAI, T.A)
9 Índice 2, archivo 17, SAMAI, C.E.
10 Índice 2, archivo 14, SAMAI, C.E.
11 Índice 2, archivo 7, SAMAI, C.E.

3

Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC
Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

Fundamentos de la sentencia impugnada

15. El Tribunal concluyó que no se configuró la excepción de ausencia de título
ejecutivo porque en los términos del art. 297 del C.P.A.C.A. la sentencia con
constancia de ejecutoria es la que presta mérito ejecutivo, además de que, en
vigencia del C.G.P., la primera copia ya no es exigible (art. 114).

16. Declaró probada la excepción de pago. Como fundamento señaló que el
pago se realizó en el marco de lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 1955 de 2019,
desarrollado por el Dcto. 642 de 2020 el cual estableció en el numeral 5. ° del art.
5. ° que el término para que la entidad realizara los trámites necesarios ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la obligación fuera reconocida
como deuda pública era de tres meses y que en los Decretos 901 de 2021, 1435 de
2022 y 2442 de 2022 se amplió el plazo para que se ejecutaran las órdenes de giro
y pago a favor de los beneficiarios hasta el 23 de diciembre de 2022. Como el pago
se realizó el 13 de septiembre de ese año, concluyó que no se generaron los
intereses moratorios reclamados12.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

17. El Fondo solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y en su
lugar se ordene continuar con la ejecución por el valor del saldo adeudado13.

18. Como fundamento sostuvo que de conformidad con lo establecido en el art.
431 del C.G.P. los intereses continúan acumulándose hasta que se realice el pago
completo de la obligación; además de que lo dispuesto en el art. 5. ° del Dcto. 642
de 2020 no era aplicable al caso, por cuanto no se suscribió acuerdo de pago con
el ejecutado.

19. Señaló que, al librar el mandamiento de pago, el Tribunal reconoció que el
Ejército realizó un abono por valor de $1.331.686.887,76, pero que el pago no se
efectuó en la misma fecha de la liquidación ―30 de junio de 2022― sino el 13 de
septiembre de ese mismo año, por lo cual siguieron causándose intereses de mora
hasta esa fecha, por un valor total de $34.464.368,2814.

20. El Ministerio Público rindió concepto en esta instancia. Señaló que se debe
revocar la sentencia pues no se suscribió un acuerdo de pago que implicara la
renuncia a intereses; resaltó que la normativa invocada por el ejecutado no
contempla una exoneración en ese sentido15.

III.CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

21. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con lo establecido en la
Ley 1955 de 2019 y sus decretos reglamentarios, durante el término de 3 meses

12 Índice 2, archivo 3, SAMAI, C.E.
13 Mencionó que no es cierto que no hubiese descorrido el traslado de las excepciones como señaló el Tribunal

en el fallo. La Sala corrobora que asiste razón al Fondo; sin embargo, ese asunto no se aborda dentro del objeto
de la apelación, pues se trata de una precisión que se hace respecto de un asunto que fue mencionado en los
antecedentes de la sentencia recurrida, pero que no sirvió como sustento de la decisión.
14 Índice 2, archivo 6, SAMAI, C.E.
15 Índice 17, SAMAI, C.E.

4

Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC
Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

con el que contaban el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para adelantar los
trámites ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la obligación
fuera reconocida como deuda pública y hasta el 23 de diciembre de 2022 que se
estableció como fecha máxima para realizar el pago a los beneficiarios, se causaron
intereses de mora.

Análisis del caso

22. La Sala revocará la sentencia recurrida, puesto que las normas en las que
se basó el Tribunal para concluir que no se causaron los intereses de mora que
reclama el demandante no conducen a esa consecuencia.

23. A través de la Ley 1955 de 2019 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En su artículo 53 dispuso que
la Nación podía reconocer como deuda pública las obligaciones de pago originadas
en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses derivados
de ellas que se encontraran en mora en su pago a la fecha de expedición de esa
Ley16, reconocimiento que operaría por una sola vez para las entidades que hacen
parte del Presupuesto General de la Nación17.

24. En ese mismo artículo, se estableció como carga de las entidades públicas
que se acogieran a esa posibilidad la de constatar la veracidad y exigibilidad de las
obligaciones que se reconocerían como deuda pública; se señaló que era de su
responsabilidad adelantar las gestiones pertinentes para ello; se las facultó para
celebrar acuerdos de pago o conciliaciones con los acreedores (beneficiarios); se
precisó que la responsabilidad del pago recaía exclusivamente en la entidad y se
anunció que el Gobierno nacional reglamentaría la materia.

25. El 11 de mayo de 2020, se expidió el Dcto. 642, por medio del cual se
reglamentó el referido art. 53 en lo relacionado con las gestiones que debían
adelantar las entidades que hacen parte del PGN para el reconocimiento como
deuda pública y pago de las sentencias o conciliaciones que se encontraran en mora
al momento de expedición de la Ley 1955 de 2019.

26. Al desarrollar el procedimiento, el decreto estableció que dentro de los 30
días calendario siguientes a su vigencia, las entidades debían hacer una
convocatoria a los beneficiarios finales de dichas obligaciones con el propósito de
invitarlos a celebrar acuerdos de pago (art. 4).

27. En el art. 5. ° se establecieron los requisitos mínimos que debían contener
los acuerdos de pago que se lograran concretar, así: (i) la identificación de la

16 25 de mayo de 2019. La sentencia quedó ejecutoriada el 21 de julio de 2017, por tanto, de conformidad con

lo establecido en el art. 177 del CCA los intereses de mora se empezaron a causar a partir del día siguiente.
17 Decreto 111 de 1996, art. 3: ARTÍCULO 3. Cobertura del estatuto orgánico de presupuesto. Consta de dos

(2) niveles: un primer nivel corresponde al presupuesto general de la Nación, compuesto por los presupuestos
de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional.
El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General
de la República, la organización electoral, y la rama ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía
mixta.
Un segundo nivel, que incluye la fijación de metas financieras a todo el sector público y la distribución de los
excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado, y de las sociedades de economía
mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la ley les otorga.
A las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con el régimen de
aquéllas, se les aplicarán las normas que expresamente las mencione (L. 38/89, art. 2; L. 179/94, art. 1)”.

5

Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC
Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

providencia18 y su ejecutoria, (ii) la determinación del beneficiario final de la misma,
(iii) la fijación del valor de capital e intereses generados, con la precisión referente
a la reducción de los intereses causados hasta la fecha de suscripción del mismo,
(iv) la “mención explícita relativa a la suspensión de intereses durante los cinco (5)
meses siguientes a la fecha de suscripción del acuerdo de pago”, (v) el término en
el que la entidad debía adelantar los trámites respectivos ante el Ministerio de
Hacienda, el cual no podía superar 3 meses desde la suscripción del acuerdo de
pago; y (vi) la declaración bajo juramento del beneficiario final de la providencia de
no haber recibido ningún pago por parte de una o varias entidades por el monto
reconocido como deuda pública, ni haber instaurado proceso ejecutivo por la misma;
en caso de que si lo hubiere hecho, debía allegar la constancia de radicación de la
suspensión del proceso por mutuo acuerdo19, y cumplido el pago el beneficiario
debía solicitar la terminación de la ejecución (art. 5).

28. El art. 6. ° del decreto estableció que la entidad pública debía expedir un acto
administrativo en el que discriminara el monto y los beneficiarios finales de las
providencias judiciales cuyo pago estuviera en mora a 25 de mayo de 2019. Precisó
que para la expedición de dicho acto administrativo no se requería haber celebrado
acuerdo de pago respecto de todas las obligaciones, por lo cual se podían expedir
diferentes actos para compilar en uno las obligaciones que contaran con dicho
acuerdo y en otro las demás, o uno solo que las incluyera a todas.

29. En el artículo 7. ° se dispuso que para las providencias que no contaran con
acuerdo de pago, se conservarían los turnos asignados por cada entidad según la
normativa vigente y para aquellas que contaran con ese acuerdo se debía crear una
secuencia de turnos paralela.

30. Para el reconocimiento de las referidas obligaciones como deuda pública, las
entidades debían allegar una solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a
la que se debía adjuntar la o las resoluciones ejecutoriadas en las que se
discriminara el monto y los beneficiarios finales, dicha solicitud debía contener la
indicación de la providencia (expediente y fecha de ejecutoria), la liquidación de las
sumas adeudadas (capital e intereses), la identificación completa de los
beneficiarios finales y los datos de la cuenta bancaria suministrada por éstos para
la realización del pago. Los valores a reconocer debían estar registrados como
pasivo de la entidad.

31. Cumplido lo anterior, el Ministerio y la entidad debían suscribir un acuerdo
marco de retribución20; posteriormente, el primero debía proferir la resolución de
reconocimiento de la obligación como deuda pública y ordenar su pago con cargo
al rubro de servicio de la deuda del PGN, mediante la emisión de Títulos de
Tesorería TES Clase 8 o mediante una combinación de los dos. La expedición de
dicho acto administrativo debía hacerse dentro de los 30 días calendario siguientes
al recibo a satisfacción de la solicitud de pago por parte de la entidad (art. 12).

18 Concebida, en su art. 1, como “la sentencia o conciliación debidamente ejecutoriada que se encuentre en

mora en su pago al 25 de mayo de 2019”.
19 Modificación introducida por el Dcto. 960 de 2021. Anteriormente, el decreto exigía presentar desistimiento

del proceso ejecutivo, lo que generó un obstáculo para que se pudieran concretar acuerdos de pago, por lo que
se estimó conveniente modificar la exigencia por una solicitud de suspensión (así lo señala la parte considerativa
de este decreto).
20 Art. 11 del Decreto 642 de 2020.

6

Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC
Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

32. En el art. 14 se estableció que una vez expedida la resolución de
reconocimiento y orden de pago, se debía realizar el registro de la operación
presupuestal en el servicio de deuda en el SIIF Nación a favor la entidad pública
solicitante, la cual debía ejecutar la orden de giro a cada beneficiario a más tardar
hasta el 30 de septiembre de 2022.

33. El 22 de agosto de 2021, se expidió el Dcto. 960, por medio del cual se
incluyó la suspensión del proceso ejecutivo como requisito para la celebración de
los acuerdos de pago; se amplió el plazo para la celebración de acuerdos de pago
hasta el 31 de octubre de 2021; se dispuso que el pago de las obligaciones debía
realizarse a más tardar el 31 de julio de 2022; se estableció un límite temporal para
realizar el pago de los acuerdos marco de retribución; y, se aclaró el rubro
presupuestal con el cual las entidades atenderían las obligaciones del acuerdo
marco de retribución.

34. El 31 de julio de 2022, se expidió el Dcto. 1435, por medio del cual se amplió
el plazo para realizar el pago hasta el 30 de septiembre de 2022. El 12 de diciembre
de ese mismo año, se profirió el Dcto. 2442, a través del cual se prorrogó ese
término hasta el día 23 de esos mismos mes y año.

35. Lo acabado de describir muestra que asiste razón al recurrente en cuanto a
que lo dispuesto en el numeral 5. ° del art. 5. ° del Dcto. 642 de 2020 no resultaba
aplicable al caso concreto, por cuanto lo que en él se reguló fue un aspecto atinente
a aquellos eventos en los que las entidades públicas pertenecientes al PGN llegaran
a un acuerdo de pago con el acreedor de la respectiva condena judicial o
conciliación aprobada por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según el
caso, lo cual no ocurrió respecto de la obligación derivada de la sentencia que
constituye el título ejecutivo que dio lugar a que se iniciara este proceso21.

36. Cabe precisar que ese numeral 5. ° dispuso un término de 3 meses contados
a partir del día siguiente al del acuerdo de pago para que la entidad realizara los
trámites pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la
obligación se reconociera como deuda pública, pero no estableció que en ese
interregno se dejaran de causar intereses de mora. Lo que se dispuso en el numeral
4. ° del mismo artículo 5. ° fue que era requisito del acuerdo de pago que el
beneficiario manifestara de manera expresa que se suspenderían los intereses
durante los 5 meses siguientes a su suscripción. Como en el caso que ahora se
resuelve no hubo acuerdo, esa manifestación no se realizó.

37. También se halla razón al recurrente en cuanto a que los intereses no
cesaban de causarse con la expedición de la resolución contentiva de la
identificación de los beneficiarios y el monto de la liquidación de la condena (capital
e intereses) como presupuesto para presentar ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público la solicitud de reconocimiento de la acreencia como deuda pública.
El fundamento jurídico para arribar a esta conclusión no es propiamente el invocado
por el recurrente —431 del C.G.P.22— sino lo dispuesto en las normas que regulan

21 En el anexo a la Resolución SENCON-2017-19399, en el que se encuentra la liquidación del crédito atinente

a este proceso, se indicó expresamente que corresponde a la resolución de la sentencia a favor de Edith Janeth
Goez Varelas y otros, en atención a lo dispuesto en el art. 53 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 642 de 2020
– SIN ACUERDO DE PAGO (índice 2, archivo 7, SAMAI, C.E.)
22 Esta norma hace alusión a la forma en la que debe librarse el mandamiento de pago cuando lo que se adeuda

en una suma líquida de dinero.

7

Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC
Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

de manera especial la generación de intereses de mora en el caso de las
obligaciones establecidas en condenas judiciales impuestas en contra de entidades
públicas o derivadas de acuerdos conciliatorios aprobados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, a las cuales debe acudir la Sala en virtud del principio
que impone a las partes señalar los fundamentos fácticos de sus pretensiones y al
juez aplicar el derecho correcto (iura novit curia).

38. El C.C.A. ―aplicable al presente asunto en materia del cumplimiento de la
sentencia del proceso de reparación directa23― regulaba la materia en punto al
momento en el que empezaban a generarse los intereses moratorios de esas
obligaciones y también establecía un supuesto en el que se suspendía su
causación24; por su parte, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en su artículo 45,
regula el momento en el que cesan.

39. De conformidad con lo que disponía el art. 177 del C.C.A. 25, a partir de la
ejecutoria de las sentencias que impusieran una condena dineraria en contra de
entidades públicas se causaban intereses moratorios comerciales, al margen de
que la obligación solo pudiera ejecutarse por vía judicial 18 meses después. Este
plazo estaba dispuesto para que las entidades públicas adelantaran los trámites
administrativos y presupuestales necesarios para el pago, sin que durante ese lapso
se pudieran iniciar en su contra procesos ejecutivos o decretar medidas cautelares,
pero sin que se suspendiera la causación de intereses moratorios.

40. El penúltimo inciso del art. 177 del C.C.A. disponía que en el evento de que
vencidos 6 meses desde la ejecutoria de la providencia que impusiera o liquidara
una condena el o los beneficiarios no acudieran ante la entidad pública respectiva
para hacerla efectiva ―acompañando la documentación exigida para el efecto―
cesaba la causación de intereses de todo tipo hasta cuando se presentara la
solicitud en legal forma26.

23 Esto es así porque la sentencia cuya condena se ejecuta se profirió en el marco de un proceso iniciado bajo

esa normativa. En varias providencias, esta Subsección ha aclarado que las previsiones del CPACA son
aplicables a los procesos instaurados con posterioridad a su entrada en vigencia, mientras que el CCA y las
normas que lo modifican o adicionan conservan su obligatoriedad para las actuaciones ya en curso,
independientemente del momento en que culminen, lo que incluye las reglas de cumplimiento de las
providencias judiciales proferidas en el marco del CCA, dado que hacen parte de los pasos establecidos por el
legislador para obtener la efectividad de las pretensiones promovidas en juicio, como fase final del proceso
establecido bajo la égida del Decreto 01 de 1984 (Sent. 66.262, 31/08/2021; Sent. 65.021, 22/04/2022; auto
66.814, 9/07/2021; Sent. 70320, 21/02/2025.
24 En la actualidad, esa regulación está contenida en la Ley 1437 de 2011, arts. 195 y 195.
25 Este artículo disponía que las condenas que se emitieran contra entidades públicas para el pago o devolución

de una suma líquida de dinero serían ejecutables por vía jurisdiccional dentro de los 18 meses siguientes a su
firmeza; asimismo, establecía que durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria causarían intereses
comerciales y después de este término moratorios. A través de sentencia C-188 de 1999, la Corte Constitucional
declaró inexequibles las expresiones durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y después de este
término. Como fundamento expresó que las entidades públicas están obligadas a pagar las sumas de dinero
que asuman en el marco de un acuerdo conciliatorio o que se les imponga en una condena judicial en los plazos
perentorios correspondientes y, correlativamente, los particulares tienen derecho a recibir el pago en esos
mismos tiempos y a ser indemnizados en caso de que la obligación no se cumpla de manera oportuna, a través
del reconocimiento de intereses moratorios. En línea con ello, la Corte precisó que, para el caso de las
sentencias, a menos que la providencia señale un plazo para el pago, los intereses moratorios se causan a
partir de su ejecutoria, sin perjuicio de la aplicación del término de 18 meses para que la condena sea ejecutable
por vía jurisdiccional.
26 El entendimiento de que los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la providencia judicial

se mantuvo en vigencia de la Ley 1437 de 2011, que lo dispuso expresamente en el art. 192, pero con la
precisión de que, en atención a que las entidades públicas están obligadas a adelantar trámites administrativos
y presupuestales para el pago, durante los primeros 10 meses la tasa bajo la cual se deben calcular los intereses
moratorios es la del DTF y no la comercial (art. 195.4). Esta normativa redujo a 3 meses el término en el que se
debe presentar la solicitud de pago ante la entidad deudora, so pena de que cese la causación de intereses
desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

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Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC
Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

41. El artículo 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto ―Dcto. 111 de 199627―
establece que en el caso de los créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales
y conciliaciones los intereses dejan de causarse cuando se cumplen dos
condiciones: (i) que se haya realizado la notificación del acto administrativo que
ordena el pago y (ii) que el dinero se encuentre a disposición del beneficiario o su
apoderado, según el caso. El artículo es del siguiente tenor:

“Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y las
conciliaciones se presupuestarán en cada sección presupuestal a la que
corresponda el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagarán
las obligaciones que se deriven de éstos.

(…)

Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones de que
trata este artículo y encontrándose el dinero a disposición del beneficiario o
apoderado, según el caso, no se causarán intereses. Si transcurridos 20 días el
interesado no efectuó el cobro, las sumas a pagar se depositarán en la cuenta
de depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez o tribunal y a favor de él o
los beneficiarios (L. 179/94, art. 65)”.

42. El Dcto. 1068 de 2015 —Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda
y Crédito Público— regula la forma en la que las entidades públicas deben dar
cumplimiento a sentencias y conciliaciones con recursos del PGN. El art. 2.8.6 4.1
establece que el procedimiento para realizar el pago de manera oficiosa inicia con
una comunicación que el abogado que haya sido designado como debe remitir al
ordenador del gasto de la entidad, comunicación que se debe presentar en un
término no superior a 15 días calendario contados a partir de la ejecutoria del auto
aprobatorio de la conciliación, sentencia o laudo arbitral28. El artículo siguiente
dispone que, vencido ese plazo y en un término no mayor a 2 meses desde la
radicación de tal comunicación, la entidad debe proferir una resolución mediante la
cual liquide las sumas adeudadas, ordene su pago y adopte las medidas para su
cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el art. 75 de la Ley 179 de 1994,
por medio de la cual se modificó la Ley Orgánica del Presupuesto 38 de 198929.

43. Enseguida, la norma señala que en ningún caso la entidad debe esperar a
que el acreedor presente solicitud de pago para cumplir con ese trámite; así, si la
solicitud se presenta, el pago se efectuará a la cuenta que el acreedor indique y en
caso de que la entidad no cuente con disponibilidad presupuestal para soportar el
pago de la sentencia, conciliación o laudo arbitral, no debe expedir la resolución de
pago, pero debe dejar constancia de la situación en el expediente y realizar las
gestiones necesarias para apropiar los recursos a más tardar en la siguiente
vigencia fiscal30.

27 Incorporado a través de la Ley 179 de 1994, por medio de la cual se modificó la ley 38 de 1989 Orgánica del

Presupuesto (El decreto 111 de 1996 compiló las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995).
28 Esto, sin perjuicio de la comunicación que el despacho judicial efectúe a la entidad demandada
29 Los términos se aplican salvo que exista posibilidad de compensación, aspecto que se regula en ese mismo

decreto en los artículos 2.8.6.2.1 a 2.8.6.2.4 y que se refiere a la existencia de obligaciones tributarias,
aduaneras o cambiarias a cargo del acreedor de la entidad pública que puedan ser objeto de compensación lo
que a él se le adeuda, para lo cual se debe adelantar un trámite ante la DIAN que es el regulado en esos
artículos.
30 El art. 2.8.6.5.1, el Dcto. 1068 de 2015 señala que, sin perjuicio del trámite oficioso para el pago de las

sentencias, laudos y conciliaciones, el beneficiario puede presentar la solicitud de pago, establece los requisitos
que debe contener y advierte que, en los términos del inc. 5° del art. 192 del C.P.A.C.A., si la solicitud se
presenta dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de la providencia, impide que se suspenda la
causación de intereses.

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Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC
Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

44. El art. 2.8.6.6.1 expresa la tasa de interés moratoria que se debe aplicar y
reitera que, “[e]n todo caso, una vez liquidado el crédito y puesta a disposición del
beneficiario la suma de dinero que provea el pago cesa la causación de intereses”.

45. Al comparar el contenido de los decretos 1068 de 2015 y 642 de 2020 se
evidencia que el primero regula el trámite ordinario que deben seguir las entidades
públicas para el pago de sentencias y conciliaciones con recursos del PGN; en el
segundo se estableció un procedimiento especial para el pago de las acreencias
originadas en sentencias o conciliaciones judiciales en contra de entidades públicas
pertenecientes al PGN que estuvieran en mora a 25 de mayo de 2019 y que fueran
a ser reconocidas como deuda pública para que se pagaran con cargo al saldo a la
deuda del PGN o mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B. En
suma, en este último decreto se determinó que: (i) cada entidad debía realizar una
convocatoria a los acreedores en aras de intentar con ellos acuerdos de pago bajo
las condiciones establecidas en esa normativa; (ii) expedir las resoluciones
respectivas en las que se identificaran los beneficiarios de la deuda, el monto
(capital e intereses) y se indicara si se había suscrito acuerdo de pago o no; (iii)
presentar una solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que éste
reconociera las obligaciones como deuda pública, expidiera las respectivas
resoluciones de pago, realizara el registro de la operación presupuestal en el SIIF
Nación a favor de cada entidad solicitante y (iv) la cual debía ejecutar la orden de
giro a más tardar hasta el 23 de diciembre de 2022.

46. Ese procedimiento especial no modificó las reglas establecidas en el C.C.A.
o en el C.P.A.C.A., según el caso, ni en el art. 45 del Estatuto Orgánico del
Prepuesto para la causación, suspensión y cesación definitiva de los intereses
moratorios derivados de obligaciones contenidas en sentencias condenatorias en
contra de entidades públicas y en conciliaciones suscritas por ellas y aprobadas por
la Jurisdicción Contencioso – Administrativa, respectivamente. El plazo que se
estableció para que cada entidad del PGN diera la orden de giro con el objeto de
pagar las deudas que para ese momento ya estaban en mora no supuso en manera
alguna que se hubiese establecido una suerte de condonación de intereses a su
favor y en desmedro de los acreedores sin que mediara su voluntad, ni tampoco
que se suspendiera su generación. Se trató simplemente del establecimiento de un
término que debía cumplir cada entidad pública para ejecutar las resoluciones de
pago que debía emitir el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin que esto
implicara desconocer la indemnización moratoria a la que tenían derecho los
acreedores por no haberse saldado estas deudas en el término oportuno.

47. La Ley ordinaria 1955 de 2019, ni sus decretos reglamentarios, no podían31,
ni lo hicieron, modificar, suspender o derogar lo dispuesto en el Estatuto Orgánico
del Presupuesto acerca del momento hasta el que se causan los intereses de mora
derivados de créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales y conciliaciones.
Lo que hizo esa normativa fue establecer un trámite eminentemente administrativo
y presupuestal, orientado a viabilizar el pago de obligaciones dinerarias a cargo de

31 Constitución Política de 1991, art. 151: El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el

ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada
una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de
apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las
entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de
los miembros de una y otra Cámara. Por la finalidad que están llamadas a cumplir, las leyes orgánicas son
jerárquicamente superiores respecto de las ordinarias que las desarrollan, las cuales deben, por tanto, sujetarse
a aquéllas, por lo cual no es procedente que una ley ordinaria modifique o derogue una orgánica.

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Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
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Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

entidades del PGN —derivadas de sentencias o conciliaciones ejecutoriadas que
estuvieran en mora a 29 de mayo de 2019 (capital e intereses)— mediante su
reconocimiento como deuda pública y su atención con cargo al servicio a la deuda
o a través de la emisión de TES Clase B. Para tal efecto, se fijaron condiciones,
requisitos y plazos que debían observar las entidades obligadas, en aras de hacer
efectivo dicho mecanismo. Este procedimiento no tuvo por objeto —ni produjo como
efecto— alterar el régimen legal relativo a la causación de intereses moratorios
originados en obligaciones dinerarias derivadas de sentencias o conciliaciones
debidamente ejecutoriadas.

48. El art. 53 de la Ley 1955 de 2019 no señaló que dicho trámite suspendería la
causación de intereses moratorios durante ese lapso; por tanto, en esta materia
siguió operando la regulación establecida, para el caso de autos, en el C.C.A. y en
el art. 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto; por ello, debe concluirse que tales
intereses se seguían generando hasta el momento en que los recursos fueran
puestos a disposición de los acreedores32 ―siempre que la solicitud de pago se
hubiese presentado dentro del término de 6 meses siguiente a la ejecutoria de la
respectiva providencia judicial― al margen del tiempo que la entidad pública
empleara para adelantar los trámites administrativos y presupuestales necesarios
para realizar el pago.

49. Lo anterior se corrobora porque al reglamentar el referido artículo, lo que
dispuso el Gobierno Nacional fue que en los casos en los que se suscribiera acuerdo
de pago se debía dejar expresamente consignado la reducción de los intereses
causados hasta la fecha del acuerdo, así como la mención explícita relativa a la
suspensión de intereses durante los cinco (5) meses siguientes a la fecha de
suscripción del acuerdo de pago”, lo que significa que en los eventos en los que
este acuerdo no se produjera, los intereses moratorios se seguirían causando hasta
tanto el dinero fuera puesto a disposición de los acreedores, bajo las condiciones
establecidas en el C.C.A. o en el C.P.A.C.A., según el caso.

50. La necesidad de que en los acuerdos de pago mediara una manifestación
expresa sobre la suspensión de los intereses moratorios por un término de 5 meses
reafirma la vigencia y operancia de las normas establecidas en el C.C.A., en el
C.P.A.C.A, según el caso, y en el art. 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto
respecto de la generación de intereses moratorios derivados de una sentencia
judicial o de un acuerdo conciliatorio debidamente aprobado por la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, durante la vigencia de lo dispuesto en el art. 53 de la
Ley 1955 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

51. En efecto, la operancia de tales normas explica por qué en el marco de la
regulación del referido art. 53 se reconoció que en cabeza de los acreedores se
radicaba un derecho respecto del cual su titular podía disponer libremente en los
acuerdos de pago, en la medida que fue bajo esa normativa que se entendió que
se producirían los intereses moratorios cuya causación se debía acceder a
suspender durante los 5 meses siguientes como requisito para suscribir tales
acuerdos.

32 El art. 1653 del Código Civil establece: Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a

los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital. La ejecutante reclamó el
pago de intereses de mora que se habrían causado entre la fecha en que la Fiscalía incluyó en un acto
administrativo su acreencia y la fecha efectiva de consignación de esos dineros, por lo cual a ello debe ceñirse
el proceso.

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Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
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Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

52. Recuerda la Sala que los intereses de mora constituyen una indemnización
tendiente a resarcir los perjuicios causados el acreedor por no recibir el dinero
adeudado en el plazo correspondiente33; por tanto, son un derecho personal o de
crédito cuya titularidad radica en cabeza del acreedor que, por lo mismo, es el que
puede disponer sobre ellos, ya sea para exigir su reconocimiento íntegro o parcial
o para renunciar a los mismos.

53. Adicionalmente, la Sala precisa que el acto administrativo que debían expedir
las entidades del PGN como requisito para presentar la solicitud de reconocimiento
de deuda pública ante el Ministerio no tenía la virtualidad de extinguir la obligación
de pagar las condenas judiciales que les hubieren sido impuestas o las obligaciones
que asumieron en el marco de conciliaciones debidamente aprobadas por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la medida que ello no suponía la
entrega efectiva de los dineros adeudados a los acreedores34 o, en los términos del
art. 45 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, no suponía que esos recursos se
pusieran a disposición de los beneficiarios o sus apoderados, según el caso; de
manera que el solo hecho de que se expidiera no solucionaba la deuda y, por tanto,
tampoco suspendía la causación de los intereses moratorios. Cabe resaltar que la
expedición de ese acto administrativo no corresponde ni es equiparable a un modo
de hacer cesar o extinguir las obligaciones35.

54. En ese sentido, ante la existencia de una normativa que dispone con claridad
que en el caso de las sentencias los intereses moratorios se causan desde su
ejecutoria y hasta que la suma de dinero respectiva sea puesta a disposición del
beneficiario o su apoderado, según el caso, debe concluirse que en ese interregno
esos intereses se generarán; por tanto, el acreedor adquiere el derecho a
reclamarlos, salvo que por su propia negligencia para solicitar de manera oportuna
el pago de la condena ―6 meses en el caso del C.C.A. y 3 en el del C.P.A.C.A―
su causación se suspenda hasta que cumpla con los requisitos exigidos para el
pago36 o que en el marco de la regulación adoptada a través de la Ley 1955 de 2019
y sus decretos reglamentarios hubiese aceptado que su generación se suspendiera
por un término de 5 meses.

55. La Sala advierte que en atención a la naturaleza particular de este derecho y
a la titularidad que sobre él ostenta el acreedor, cualquier limitación,

33 Código Civil, art. 1617: <INDEMNIZACIÓN POR MORA EN OBLIGACIONES DE DINERO>. Si la obligación

es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes
(…).
34 Artículo 1626 del Código Civil: “El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”.
35 “ARTÍCULO 1625 CÓDIGO CIVIL. <MODOS DE EXTINCION>. Toda obligación puede extinguirse por una

convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en
darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1o.) Por la solución o pago efectivo.
2o.) Por la novación.
3o.) Por la transacción.
4o.) Por la remisión.
5o.) Por la compensación.
6o.) Por la confusión.
7o.) Por la pérdida de la cosa que se debe.
8o.) Por la declaración de nulidad o por la rescisión.
9o.) Por el evento de la condición resolutoria.
10.) Por la prescripción”.
36 En sentencia C-428 de 2002, la Corte declaró la exequibilidad de lo dispuesto en ese sentido en el art. 177

del C.C.A, bajo el entendido que esa previsión no desconoce el derecho a la propiedad e impone una medida
de confiscación, toda vez que la mora a la que habría lugar una vez cumplido el plazo señalado en la ley, no es
imputable al Estado deudor sino al propio beneficiario acreedor, derivada de la actitud negligente de éste en la
reclamación oportuna de la condena

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Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC
Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

condicionamiento o alteración en la causación o exigibilidad de los intereses
moratorios no puede presumirse ni derivarse de manera implícita de disposiciones
que regulen aspectos distintos, como los procedimientos administrativos o
presupuestales para el pago de obligaciones, sino que debe emanar de una
previsión normativa expresa que incida directamente en ese ámbito, como es el
caso de lo dispuesto en el penúltimo inciso del art. 177 del C.C.A. o 4.° del art. 192
del C.P.A.C.A., en punto a la suspensión de su causación sino se presenta de
manera oportuna la solicitud para el pago.

56. Como corolario de todo lo expuesto, se descarta la interpretación que
propuso el ejecutado y que adoptó el a quo en cuanto a que durante el término de
3 meses establecido en el numeral 5. ° del art. 5. ° del Dcto. 624 de 2019 y hasta el
23 de diciembre de 2022 no se causaban intereses de mora respecto de las
obligaciones a las que en esta providencia se ha hecho alusión 37, toda vez que: (i)
no es jurídicamente admisible, pues supondría aceptar, por vía de interpretación,
que una ley ordinaria modificó una ley orgánica; (ii) no encuentra respaldo en el
contenido mismo de esa normativa que, en cambio, establece que para que se
suspendiera la generación de tales intereses moratorios debía constar
manifestación expresa del beneficiario en ese sentido; y, (iii) es contraria a lo
regulado sobre la materia en el art. 177 del C.C.A. y en el art. 45 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto.

57. En consecuencia, se revocará la sentencia proferida el 28 de mayo de 2025,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la
excepción de pago total de la obligación propuesta por la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional y declaró terminado el proceso. En su lugar, se
ordenará seguir adelante con la ejecución, pero no por el valor indicado en el auto
que libró el mandamiento de pago ($58.666.669,07), sino por la suma de
$34.420.346,74 que fue la que se señaló en la demanda. Esta determinación se
adopta con base en las siguientes consideraciones:

58. La pretensión primera de la demanda ejecutiva se circunscribió a que se
librara mandamiento de pago por la suma de $34.420.346,74. Es claro el
entendimiento del ejecutante en cuanto a que el valor que reclama corresponde una
cifra cerrada, respecto de la cual no solicitó que se calcularan intereses de mora
adicionales, justamente, porque entendió que ese era el concepto que estaba
reclamando para el pago38. Si bien dicha pretensión no es específica en cuanto a
que el valor por el que se ejecuta corresponde exclusivamente a ese concepto39, lo

37 En este mismo sentido se pronunció la Subsección en sentencia del 21 de febrero de 2025, Exp. 70320, M.P.

José Roberto Sáchica Méndez.
38 El Código Civil prohíbe expresamente que se causen intereses sobre intereses (arts. 1617 y 2235), el Código

de Comercio lo permite, pero restringido a ciertos casos (art. 886). La Corte Suprema de Justicia ha señalado
que esta posibilidad solo se predica respecto de intereses remuneratorios, no moratorios, debido a que éstos
constituyen una medida de indemnización del daño causado por la mora en el pago de una suma de dinero, de
manera que admitir que esta clase de intereses se puedan capitalizar supondría indemnizar dos veces un mismo
daño y aplicar una doble sanción a quien está llamado a pagarlos. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, sentencia 27 de agosto de 2008. M.P: William Námen Vargas.
39 Se indicó que la suma de $34.420.346,74 correspondía a la diferencia entre lo ordenado a pagar en la

resolución con Anexo N° SECON – 2017 – 19399, proferida por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y
lo que efectivamente fue consignado a la cuenta bancaria del ejecutante., tal como mi poderdante lo solicitó a
la ejecutada en Derecho de Petición de fecha 13 de octubre de 2022. En esta comunicación se solicitó al
ejecutado que pagara ese valor dado que la liquidación se hizo hasta el 30 de junio de 2022; sin embargo, el
dinero ingresó al banco el 13 de septiembre de 2022 (Índice 2, archivo 21, pág. 154, SAMAI, C.E).

13

Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC
Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

cierto es que esa voluntad del demandante se encuentra claramente e
inequívocamente establecida en el proceso40:

59. Ha sido expreso el ejecutante en cuanto a que lo que reclama es
exclusivamente la diferencia existente entre la suma que liquidó la entidad hasta el
30 de junio de 2022 por un valor de $1.331.686.887,76 (capital e intereses de mora)
y la que se causó hasta el 13 de septiembre de 2022 cuando efectivamente ese
dinero se consignó en la cuenta que el acreedor dispuso para el efecto, por lo cual
aseveró que lo que se adeuda para saldar la obligación en su totalidad corresponde
a $34.420.346,7441.

60. Si bien en la demanda no se indicó específicamente que esa cifra
corresponde a intereses de mora, esto se deduce claramente de la liquidación que
se anexó a ella, en la medida que es el resultado de aplicar al capital resultante de
la sentencia condenatoria, la tasa de interés de mora comercial42, por el periodo
transcurrido entre el 1 de julio de 2022 ―día siguiente al último tomado por la
entidad para calcular los intereses de mora― y el 12 de septiembre de ese mismo
año ―día anterior al de la consignación de los $1.331.686.887,76―. Este valor es
similar al que el contador del Tribunal calculó por concepto de intereses moratorios
$34.464.368,2843. La diferencia de $44.021,54 radica en que este último incluyó un
día más en la liquidación, correspondiente a aquél en el que se realizó el pago 44.

61. A pesar de que el contador realizó una actualización que consistió en aplicar
sobre el valor de $34.464.368,28 la tasa de interés de mora comercial desde el 14
de septiembre de 2022 y hasta el 29 de noviembre de 2024, operación que arrojó
como resultado la suma de $58.666.669,07, por la que se libró el mandamiento de
pago, en su apelación el ejecutante insistió en que los intereses de mora que se
le adeudan fueron los que se causaron hasta la fecha del pago, es decir, hasta el
13 de septiembre de 2022 y para fijarlos se remitió a la liquidación del contador,
pero exclusivamente hasta el punto en el que calculó la primera de la cifras
acabadas de referenciar.

62. En ese contexto, si bien el ejecutado no discutió el mandamiento de pago en
relación con el valor por el cual se libró; lo cierto es que fue el propio ejecutante el
que en su recurso de apelación manifestó expresamente que el valor que reclama
es el que corresponde a los intereses de mora causados a partir del 1 de julio de
2022 ―día siguiente al de la liquidación del crédito, 30 de junio de 2022― y el 13
de septiembre de 2022, cuando recibió el pago.

63. Esta manifestación reiterativa confirma la delimitación de la reclamación que
planteó desde la primera instancia, que se contrae exclusivamente al cobro de los
intereses moratorios causados en el interregno mencionado. Esta reclamación
constituye un acto procesal relevante que fija los contornos de la ejecución, en tanto
refleja de manera inequívoca la voluntad del acreedor, cuya conducta se ajusta a

40
El art. 1653 del Código Civil establece: Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a
los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.
41 En el hecho 14 de la demanda ejecutiva indicó que para el pago total de la obligación se adeuda la suma de

$34.464.368,28.
42 Sobre el valor del capital resultante de la sentencia condenatoria, se aplicó en una y media veces el interés

bancario corriente (tasa de usura). Esta operación corresponde a lo que dispone el art. 884 sobre la tasa a la
que se calculan los intereses de mora comerciales (índice 2, archivo 22, SAMAI, C.E.)
43 índice 2, archivo 20, SAMAI, C.E.
44 La consignación se realizó el 13 de septiembre de 2022 (índice 2, archivo 8, SAMAI, C.E.)

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Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC
Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

los deberes de buena fe y lealtad procesal que rigen la actuación de las partes 45 y
permite de manera válida corregir el proceso para que se cumpla la regla técnica de
la congruencia.

64. Aun cuando la parte ejecutada no discutió el hecho de que el Tribunal librara
un mandamiento de pago por un valor que no fue solicitado en la demanda y que
se obtuvo después de calcular intereses de mora sobre intereses de mora ―lo cual
no es posible en nuestra legislación46― la Sala no encuentra obstáculo jurídico
alguno para ajustar el monto de la ejecución al valor efectivamente pretendido en la
demanda, en tanto dicha delimitación proviene de la propia conducta procesal del
ejecutante que, se insiste, es acorde con los deberes de buena fe y lealtad procesal,
no afecta su condición de apelante único, en la medida que la decisión de primera
instancia le había sido completamente adversa al negar la prosperidad de la
ejecución, tampoco compromete los derechos del ejecutado y, en todo caso, se
mantiene dentro de los estrictos límites de la obligación por la que se la ejecutó.

65. Finalmente, se precisa que no se adopta el valor establecido en la liquidación
del contador del Tribunal por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 13 de
septiembre de 2022 pues contempla el último día que fue en el que se realizó el
pago, además de que supera en $44.021,54 la pretensión formulada por el
ejecutante.

Costas

66. En los términos del artículo 188 del CPACA, resulta aplicable lo previsto en
el CGP en relación con la condena en costas, normativa que consagra, en su
artículo 365 ―numerales 1 y 4― que se condenará a la parte vencida en el proceso
y que cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior,
la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias, por lo que
se impondrá costas por esta instancia a cargo de la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional y a favor del ejecutante.

67. El artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”.

68. Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido
en el artículo 5. °, numeral 4. ° del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispone que la tarifa de agencias en derecho, tratándose de procesos ejecutivos en
primera instancia de mínima cuantía47 en los que se ordena seguir adelante la
ejecución, corresponde a una suma equivalente entre el 5% y el 15% de la suma
determinada, y en segunda instancia a una cifra entre uno (1) y seis (6) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

45 Constitución Política de 1991, arts. 83, 95 (núm. 7); C.G.P., art. 78 (núm. 1)
46 Ver nota al pie 40.
47 De conformidad con lo dispuesto en el art. 25 del CGP, son procesos de mínima cuantía aquellos cuyas

pretensiones patrimoniales no superen el equivalente a 40 SMLMV. Al momento de la presentación de la
demanda –4 de diciembre de 2023– esa cuantía ascendía a $46.400.000, como la pretensión de la demanda
no supera ese valor, se concluye que para efectos de la condena en costas de primera instancia se debe adoptar
lo establecido en el Acuerdo PSAA16-10554 para procesos de mínima cuantía.

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Expediente 05001 23 33 000 2023 01222 01 (73.363)
Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Administradora del
Fondo Abierto con Pacto de Permanencia
CxC
Demandado: Nación – Min. Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Ejecutivo

69. En este caso, se tasará a favor del Fondo por concepto de agencias en
derecho para primera instancia la suma de $1.721.01748 y, por concepto de segunda
instancia, la cifra equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la
fecha de ejecutoria de esta providencia, a cargo de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se ordena:

1. SEGUIR ADELANTE con la ejecución contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, en los términos señalados en esta
providencia.

2. CONDENAR en costas a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, para lo cual se fija como agencias en derecho para la primera
instancia el monto de un millón setecientos veinte un mil diecisiete pesos
($1.721.017) y para la segunda instancia, la suma equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la
sentencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF
Nota: Se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

48 Correspondiente al 5% del valor por el que se ordena seguir adelante con la ejecución: $34.420.346,74

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