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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2024-00033-01

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2024-00033-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar la sentencia de 25 de octubre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó la nulidad del acto que declaró la elección de los diputados de la Asamblea Departamental, período 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Rubén Darío Callejas Gómez Demandados: Diputados de Antioquia Radicado: 05000-23-33-000-2024-00033-01 2024-2027, contenido en el formulario E-26 ASA y en la Resolución 31 del 10 de noviembre de 2023, expedidos por la Comisión Escrutadora General. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 05001-23-33-000-2024-00033-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

13 de marzo de 2025

Demandante: Rubén Darío Callejas Gómez
Demandados: Diputados de Antioquia
Radicado: 05000-23-33-000-2024-00033-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00033-01
Demandante: RUBÉN DARÍO CALLEJAS GÓMEZ
Demandados: DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA DE ANTIOQUIA –
PERÍODO 2024-2027

Tema: Falsedad en documentos electorales por diferencias
injustificadas entre formularios E-14 y E-24. Análisis de
incidencia en la elección.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia de 25 de octubre de 2024, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El señor Rubén Darío Callejas Gómez, por intermedio de apoderado judicial,
instauró demanda en ejercicio del medio de control establecido en el artículo
139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad del acto que declaró
la elección de los diputados de la Asamblea de Antioquia, período 2024-2027,
contenido en el formulario E-26 ASA y en la Resolución 031 del 10 de
noviembre de 2023, expedidos por la Comisión Escrutadora General.

1.1. Hechos

El demandante relata que participó como candidato del Partido Liberal
Colombiano para la Asamblea de Antioquia, en las elecciones del 29 de
octubre de 2023.

Sostiene que durante los escrutinios que siguieron a las votaciones «se
presentaron diferentes irregularidades que modificaron el real querer de los
ciudadanos, violatorias de las normas electorales y por ello se desvirtuó la
expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos», de acuerdo con la
1
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Demandados: Diputados de Antioquia
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lista de casos que anexa, en la que expone diferencias injustificadas entre
formularios E-14 y E-24.

Señala que la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia, a través de
la Resolución 031 de 10 de noviembre de 2023, se abstuvo de ejercer su
atribución legal para sanear nulidades e ignoró la votación histórica del Partido
Liberal en el municipio de Pueblorrico, pese a que reconoció la destrucción del
material electoral en esa circunscripción.

Concluye que las falsedades resultaron en el descuento de 1.573 votos para
el Partido Liberal y el cómputo de 66 para el Partido Independientes, al que le
fue asignada la curul que legítimamente pertenece al primero.

1.2. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora atribuye al acto acusado las causales generales de nulidad,
previstas en el artículo 137 del CPACA y las especiales en materia electoral,
contempladas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 275 ibidem.

En desarrollo de lo anterior, formula el cargo de destrucción de los documentos
electorales, debido a la asonada ocurrida en el municipio de Pueblorrico. Por
la misma situación, asegura que hubo violencia contra las autoridades
electorales, quienes no pudieron realizar el escrutinio.

Igualmente, plantea diferencias entre los formularios E-14 y E-24 de las mesas
informadas en la demanda, que no cuentan con la debida justificación en un
recuento de votos registrado en las actas generales de escrutinio. En tal
sentido, alega que «se presentó un indebido escrutinio y diligenciamiento de
las actas de las comisiones escrutadoras», con violación al debido proceso,
los principios de transparencia y legalidad e infracción de los artículos 114,
143, 144 y 163 del Código Electoral.

Por otra parte, argumenta que la Comisión Escrutadora Departamental, al
proferir la Resolución 031 de 2023, desconoció la institución jurídica del
saneamiento de nulidad, pues rechazó de plano la solicitud que presentó por
la destrucción del material electoral en el municipio aludido, siendo que no
estaba sometida al principio de preclusividad.

En cuanto a las causales generales, señala que en este cargo confluyen los
vicios anteriores, que demuestran «una falsa motivación, una desviación de
poder, un abuso del poder y unos motivos ocultos que determinaron
ilegalmente la declaratoria de elección de los diputados de la Asamblea del
Departamento de Antioquia».

2
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En suma, asegura que la votación irregular que fue adicionada al Partido
Independientes y sustraída al Partido Liberal Colombiano asciende a 1.639
votos1 e incide en el resultado definitivo. Por lo tanto, considera que este caso
reúne los presupuestos para acceder a la nulidad de la elección, de
conformidad con el artículo 287 del CPACA y la jurisprudencia de la Sección
Quinta del Consejo de Estado2.

2. Contestaciones de la demanda

2.1. Diputados de Antioquia

2.1.1. El apoderado del diputado Néstor Mauricio Caly Padilla se opuso a la
nulidad del acto que declaró su elección, con la convicción de que fue expedido
de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios que lo regulan. En
particular, pidió que en un eventual nuevo escrutinio no fueran examinadas
mesas adicionales a las mencionadas en la demanda o que no hayan sido
objeto de reclamación u otras peticiones.

2.1.2. El apoderado del diputado Walter Manuel Salas Quinto manifestó que la
alteración del orden público en el municipio de Pueblorrico afectó a todas las
agrupaciones políticas que participaron y finalmente no tuvo incidencia en los
resultados de las elecciones, ni siquiera con la votación histórica del Partido
Liberal.

También sostuvo que la mayoría de las diferencias señaladas por el
demandante entre los formularios E-14 y E-24 se encuentran justificadas y no
tienen la suficiente entidad para cambiar el resultado.

Anotó que el demandante no desplegó ninguna acción para reclamar las
situaciones que hoy impugna a través de la demanda, de manera que no agotó
el requisito de procedibilidad previsto en el parágrafo del artículo 237 de la
Constitución Política, que estima vigente.

2.2. De la Registraduría Nacional del Estado Civil

El apoderado de la RNEC expuso las normas que instituyen las autoridades
electorales y destacó que la declaratoria de elección es responsabilidad de las
comisiones escrutadoras. Luego se refirió al deber de las agrupaciones
políticas de verificar los requisitos de sus candidatos.

1 Distribuidos en 346 registros.
2 Citó, entre otras: «Sentencia del 22 de octubre de 2015. Exp: 110010328000201400048-00,

110010325000201400062-00 y 110010328000201400064-00».
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Con esa orientación, destacó que la entidad «se encarga sólo de la
organización de las elecciones, su papel es técnico y secretarial, por lo tanto
no tiene injerencia alguna en la postulación del candidato, ni es afectada o
privilegiada por obtener o no un escaño en alguna Corporación o lograr puesto
de elección popular».

Al lado de lo anterior, subrayó que no le corresponde contabilizar votos y
solicitó expresamente que en este caso se decretara su carácter imparcial.

2.3. Del Consejo Nacional Electoral

La apoderada de esta autoridad sostuvo que la Resolución 031 de 2023 fue
debidamente motivada por la Comisión Escrutadora Departamental, pues la
reclamación por la destrucción o desaparición de formularios E-14 en el
municipio de Pueblorrico se desestimó, en razón a que la afectación fue 0,14%,
que es inferior al 25% del potencial de votantes, así que decidió declarar la
elección acusada.

Defendió la legalidad de los documentos electorales, especialmente porque
los datos de los formularios E-24 ASA y E-26 ASA «son claros y correctos» en
cuanto a la votación del señor Rubén Darío Callejas Gómez. Agregó que los
formularios E-14 y E-24 fueron valorados para constituir el acta general de
escrutinios, según el procedimiento regulado en los artículos 157 y siguientes
del Código Electoral.

Por otra parte, afirmó que la parte actora no agotó la «vía gubernativa
electoral», toda vez que no demostró la presentación de reclamaciones en
zonas, puestos y mesas determinados. Seguidamente, analizó los
documentos de dos mesas escogidas aleatoriamente y señaló que fueron
objeto de recuento.

3. Audiencia inicial y otras actuaciones de la primera instancia

En la audiencia inicial realizada el 23 de agosto de 2024 se fijó el litigio en
torno a establecer si debía declararse la nulidad de la Resolución 031 del 10
de noviembre de 2023 y el formulario E-26 ASA, mediante los cuales se
declaró la elección de los diputados a la Asamblea de Antioquia, para el
periodo 2024-2027.

En ese sentido, anunció el análisis de los siguientes cargos:

• Nulidad por la causal del numeral 3, artículo 275 de la Ley 1437 de
2011, por falsedades en los formularios E-24 de las mesas relacionadas
en el anexo 1 de la demanda.

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• Nulidad sustentada en las causales de los numerales 1 y 2 ibidem, por
violencia sobre las autoridades electorales y destrucción del material
electoral en el municipio de Pueblorrico.

• Expedición de la Resolución 031 de 2023 con desviación de poder e
infracción de las normas en que debió fundarse, «al no haber realizado
el saneamiento de las elecciones de conformidad con el artículo 192 del
Código Electoral y no haber dado aplicación al procedimiento que debió
regir el escrutinio».

En la misma providencia, se decretaron algunas pruebas documentales a
cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se negaron otras,
principalmente porque ya se encontraban en el expediente.

Cumplido lo anterior, el despacho de la magistrada ponente en primera
instancia ordenó correr los traslados finales, por medio del auto de 27 de
septiembre de 2024.

4. La sentencia apelada

Mediante sentencia proferida el 25 de octubre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda interpuesta
contra el acto de elección de los diputados de la Asamblea de Antioquia, para
el período 2024-2027.

En primer lugar, fue estudiado el cargo por diferencias entre los formularios E-
14 y E-24, mesa a mesa, desde la lista suministrada por la parte actora3. Según
el total de votos injustificados, consolidó en una tabla en donde adicionó 639
para el Partido Liberal y 31 menos para el Partido Independientes.

Hechos los cálculos, el Partido Liberal pasó de 247.141 a 247.780 votos,
mientras que el Partido Independientes, que tenía 62.095, quedó con 62.064.
Con estos datos, aplicó nuevamente la cifra repartidora y concluyó que «aún
al sumarse los votos al partido Liberal Colombiano, no incide en los resultados
de la elección, pues este partido continúa con 3 curules y el partido
Independientes con 1 curul».

En segundo lugar, desestimó las causales sustentadas en los numerales 1 y 2
del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, porque no observó actos de violencia
contra las autoridades electorales. En cuanto a la destrucción del material
electoral en el municipio de Pueblorrico, advirtió que representa para las
elecciones departamentales a la asamblea un porcentaje inferior al 25% que
señala el artículo 288 de la citada ley, exactamente 0.3209%. Agregó que el

3 Con 346 registros.

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estimado de votación histórica que propone el demandante (más de 700 votos)
no es un dato suficiente para determinar su incidencia.

Finalmente, negó la nulidad de la Resolución 031 del 10 de noviembre de
2023, por la cual la Comisión Escrutadora Departamental resolvió la
reclamación presentada por el señor Rubén Darío Callejas Gómez el 6 de
noviembre. Al respecto, observó que no fue rechazada de plano, por el
contrario, contiene el estudio de verificación de incidencia de los votos del
aludido municipio sobre la elección.

Por lo mismo, consideró que el acto no fue proferido con desviación de poder,
tampoco con violación del debido proceso, ni dejó de ejercer la función de
saneamiento. En cuanto a la infracción de normas4, advirtió que el demandante
no aclaró cómo se desconoció el procedimiento para proferirlo.

5. El recurso de apelación

El demandante, por intermedio de su apoderado principal y el suplente5, apeló
el fallo de instancia, pues considera que «presentó unas justificaciones e hizo
unas apreciaciones ilegales frente a las constancias que las comisiones
escrutadoras distritales, municipales o auxiliares hicieron respecto de los
guarismos contenidos en los formularios E14» de las mesas que detalla.

Aunque admitió algunos recuentos que verificó el tribunal, afirmó para otros
casos que incurrió en «grave error» en la valoración de las anotaciones de las
actas generales de escrutinio, en detrimento de la votación del Partido Liberal.

En esa línea, en el marco del cargo de falsedad por diferencias injustificadas
entre formularios E-14 y E-24, propuso un análisis detallado de mesas que
sustenta la solicitud de 700 votos adicionales para el Partido Liberal y 16
menos para el Partido Independientes, que equivalen a 137 registros. Con esta
nueva votación, cambiaría la cifra repartidora y la curul del Partido
Independientes pasaría a ser para el candidato Rubén Darío Callejas Gómez,
del Partido Liberal.

6. Trámite de la apelación

El recurso fue concedido por el tribunal, mediante auto de 7 de noviembre de
2024 y admitido con la providencia dictada el 25 de noviembre de 2024 por el
magistrado ponente en esta corporación, quien también ordenó los traslados
previstos en el artículo 293 del CPACA.

4 Código Electoral, artículos 135, 136, 143, 145, 155, 156, 163, 164, 166 y 192.
5 A pesar de que el artículo 75 del Código General del Proceso advierte que: «En ningún caso

podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona».
6
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Durante esta oportunidad, solo intervino el apoderado del diputado Walter
Manuel Salas Quinto, quien solicitó que se confirmara el fallo apelado, porque
las irregularidades de los formularios E-14 y E-24 no ocurrieron según la
magnitud que señala el demandante ni tienen incidencia en la elección. Anotó
que la mayoría de las diferencias está justificada, de acuerdo con las «notas»
de los documentos electorales y los actos que resolvieron los recursos
interpuestos en la vía administrativa.

Igualmente, insistió en la vigencia y falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad, previsto en el artículo 237 de la Constitución Política6.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta sección es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora contra la sentencia de 25 de octubre de 2024, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la
demanda contra la elección de los diputados de la
Asamblea de Antioquia, para el período 2024-2027, de conformidad con los
artículos 150 y 152, numeral 7, literal a) de la Ley 1437 de 2011, en
concordancia con el artículo 13 del reglamento de la corporación, modificado
por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena.

2. Problema jurídico

En atención a los argumentos expuestos en la apelación, corresponde a la
Sala decidir si confirma, revoca o modifica el fallo de primera instancia. Con tal
propósito, se expondrán los presupuestos y criterios de valoración de la causal
de nulidad por falsedad en los documentos electorales, prevista en el numeral
3 del artículo 275 del CPACA, específicamente en la modalidad de diferencias
injustificadas entre formularios E-14 y E-24. Luego se aplicarán estos
lineamientos en el caso concreto, delimitado por las mesas señaladas en el
recurso.

3. Nulidad electoral por diferencias injustificadas entre formularios
E-14 y E-24

El artículo 275 ibidem establece las «causales de anulación electoral»,
referidas a los eventos previstos en el artículo 137 del mismo código –es decir,
las denominadas causales generales de nulidad de los actos administrativos–
y a situaciones que afectan de forma específica a los actos que declaran la
elección popular de un servidor público o que contienen su nombramiento.

6 Asuntos decididos mediante auto de 31 de enero de 2024. Anotación No. 48 de SAMAI (Rad.

2024-00042-00, terminado por abandono).
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Tratándose de las causales especiales, la jurisprudencia las clasifica en
subjetivas y objetivas, pues las primeras responden a calidades o requisitos
del elegido, mientras que las segundas tienen origen en irregularidades en el
procedimiento de votaciones o escrutinios 7 . Dentro del último grupo, el
numeral 3 del artículo 275 previamente referido establece la siguiente:

ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de
elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el
artículo 137 de este Código y, además, cuando:

(…)

3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan
sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales.

Atendiendo a los términos en que se encuentra instituida, esta causal especial
de nulidad electoral plantea la hipótesis de falsedades en las actas y en los
formularios que se utilizan durante los escrutinios. Esta irregularidad puede
provenir de un error de los responsables del escrutinio, como también es
posible que se deba a la actuación malintencionada de ellos mismos o de
personas externas, según lo ha explicado esta Sección:

«[E]ste vicio de nulidad se materializa en aquellos eventos en los cuales la
información contenida en los distintos formularios electorales no se
corresponden (sic) con la realidad de la votación y el consecuente
procedimiento de escrutinio y, en ese orden, distingue entre dos tipos de
falsedades que la configuran: la ideológica y la material; la primera, referida a
diferencias en la información consignada en diferentes actas de escrutinio que
guardan una relación de conexidad entre sí, cuando las autoridades
electorales omiten dejar constancia de las razones que justifican tales
inconsistencias; y la segunda, referida a las alteraciones deliberadas en los
resultados del escrutinio, mediante la manipulación de los documentos
electorales, con el ánimo de modificar los resultados de la elección»8.

Así definida, esta irregularidad puede asumir diferentes formas, que se
traducen en alteraciones que, independiente de los motivos que las originan y
las circunstancias que las rodean, afectan la verdadera voluntad de los
electores. Entre las situaciones más comunes se encuentran las diferencias
injustificadas entre los votos consignados para determinada opción (partido,
candidato) en el formulario E-14 de los jurados de votación y el formulario E-
24 de la comisión escrutadora.

7 Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de abril de

2021, Rad. 11001-03-28-000-2018-00106-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
8 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de abril de 2021, Rad. 11001-03-28-

000-2018-00106-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sobre el mismo aspecto, ver: Sentencia
de 22 de octubre de 2013, Rad. 11001-03-28-000-2014-00062-00, MP. Alberto Yepes
Barreiro. Sentencia de 29 de junio de 2001, Rad. 11001-03-28-000-2001-0009-01(2477), MP.
Darío Quiñones Pinilla.
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Esta sección ha identificado las principales características de esta modalidad
de falsedad, con el siguiente razonamiento:

[L]a hipótesis más recurrente de falsedad ideológica en los procesos de
nulidad electoral se configura cuando se presenta una diferencia injustificada
entre los datos consignados en los formularios E-14 y E-24, esto es, cuando
las cifras del escrutinio practicado por los jurados de votación (que constan en
la primera de tales actas), no se corresponden con las consignados por la
comisión escrutadora zonal, auxiliar o municipal (en la segunda), aumentando
o disminuyendo los resultados de los comicios en la respectiva mesa, lo que
configura un fraude electoral en la medida en que los guarismos contenidos
en uno y otro documento, en principio, deben ser idénticos. Por tanto, cualquier
inconsistencia entre sus datos debe estar mediada por algunas de las razones
legales que lo autorizan, como por ejemplo una solicitud de reconteo de votos,
de las que se debe dejar constancia en las actas generales de escrutinio9.

Con base en aquel y otros precedentes sobre el tema, es posible reiterar que
existen diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 cuando la
votación obtenida en la mesa de votación por una opción política no coincide
con la reconocida posteriormente en el escrutinio de las comisiones
escrutadoras, sin que medie una razón válida que lo explique.

Al respecto, se ha dicho que, siendo los escrutinios un procedimiento
escalonado en el que se van compilando los resultados obtenidos por los
candidatos en las mesas, las zonas, los municipios, los departamentos y a
nivel nacional, hasta donde llegue la respectiva elección, en principio debería
haber coincidencia entre los votos registrados por los jurados en sus actas y
los que anota la primera comisión escrutadora en formulario E-24 mesa a
mesa. De ahí en adelante, la consolidación de los resultados parciales debiera
reflejar, simplemente, el cómputo de cada instancia.

No obstante, las competencias asignadas a las comisiones escrutadoras y los
medios de contradicción puestos a disposición de los partidos y candidatos,
directamente o mediante sus testigos y apoderados, pueden conllevar a la
modificación de la votación, por cuenta de recuentos o correcciones legítimas.

Considerando esas posibilidades, cuando se plantean ante el juez electoral
censuras sustentadas en diferencias injustificadas entre los votos de los
formularios E-14 y E-24, se siguen las pautas de valoración que se sintetizan
a continuación:

a) En un primer momento, al resolver sobre la admisión de la demanda,
es indispensable constatar que el demandante cumpla con la carga de
claridad y suficiencia en la formulación del cargo, a la que se refiere el
artículo 139 del CPACA, es decir, «precisar en qué etapas o registros

9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de septiembre de 2021, Rad. 23001-23-

33-000-2020-00004-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
9
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electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el
acto de elección». Por lo tanto, es necesario que la parte actora
suministre de la forma más clara y organizada posible la lista de los
registros que serán objeto de la controversia, con indicación de la zona,
el puesto, la mesa, el partido, el candidato, los votos en E-14 y los votos
en E-24.

b) Establecido el alcance de los registros demandados, se constata para
cada uno el guarismo del formulario E-14 en la casilla correspondiente,
pero, además, se revisa si en el espacio de observaciones del
documento se dejó alguna constancia sobre cambios en la votación del
candidato u opción objeto de análisis.

c) Luego se coteja con el número de votos consignado en el archivo E-24
TXT por la comisión escrutadora que declaró la elección, puesto que es
el documento que permite conocer la votación mesa a mesa y candidato
por candidato, que sirvió de base al resultado definitivo. Cabe precisar
que este instrumento no es un formulario, sino un archivo que se
alimenta en formato .txt10, consultable en .xls11 o archivo plano.

d) Esa comparación puede arrojar que los datos consignados entre el
formulario E-14 y el archivo E-24 TXT sean idénticos, caso en el cual,
no le asiste razón al demandante en punto a la diferencia planteada, por
lo que se le califica como INEXISTENTE.

e) Por el contrario, de aquel cotejo también se pueden advertir diferencias
entre la votación de la mesa, según el formulario E-14, y la que quedó
finalmente en el E-24 TXT para el respectivo candidato, bien sea por
aumento o por descuento. En estos casos, es necesario acudir a las
actas de escrutinio para establecer si tal disparidad está JUSTIFICADA
en alguna situación prevista en la ley, o si definitivamente es
INJUSTIFICADA.

La justificación de una diferencia o la falta de ella depende, en primer lugar, de
las constancias que dejen las comisiones escrutadoras en las actas generales
de escrutinio, principalmente por un recuento, de oficio o solicitado por alguna
de las personas autorizadas por la ley. También puede provenir de otro tipo
correcciones, por ejemplo, el descuento de votación a un candidato revocado
y la asignación de la misma al partido, el recibo de pliegos electorales por fuera
del término legal y la falta de firmas mínimas en el formulario E-14.

10 Un archivo TXT «plain text» o «documento de texto» es un archivo de texto sin formato que

no requiere de ningún programa especial para su creación y apertura. Ver: Slapin, J.
(2017). Working with text files. SAGE Publications Lrd.
11 Un archivo con extensión XLS representa el formato de archivo binario del programa Excel

de Microsoft, que permite trabajar en hojas de cálculo o archivo plano. Ver: US Library of
Congress. En: https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000510.shtml
10
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Demandante: Rubén Darío Callejas Gómez
Demandados: Diputados de Antioquia
Radicado: 05000-23-33-000-2024-00033-01

Particularmente, respecto de los recuentos se destaca el deber que tienen los
escrutadores de dejar constancia en dichas actas de su realización, de los
afectados y sus resultados, de conformidad el artículo 164 del Código
Electoral, en concordancia con el parágrafo del artículo tercero de la
Resolución 1706 de 2019 del Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, en los casos conocidos por esta Sección se ha observado que
no siempre quedan tales anotaciones o no ofrecen suficiente claridad sobre
las actuaciones adelantadas en el escrutinio para modificar los resultados. En
estos eventos, se ha optado por emprender un análisis conjunto de las
pruebas, para establecer el comportamiento de la mesa, como se expone a
continuación:

95. En estos casos, una mirada preliminar permitiría concluir que se trata de
diferencias injustificadas entre formularios y con ello la prosperidad de la
irregularidad a la que se advierte en la demanda, sin embargo, en aras de la
verdad electoral y del respeto por el voto de los sufragantes, es deber del juez
electoral analizar en detalle los documentos electorales (formularios y actas),
con el fin de determinar si, en esas ocasiones, realmente las modificaciones
atienden a recuentos y correcciones realizadas por las comisiones
escrutadoras o, en realidad, se trata de cambios carentes de motivación y que
puede derivar en la falsedad del resultado electoral.

96. Dicho análisis resulta imperativo a la hora de resolver el cargo porque solo
así se podrá concluir si el escrutinio se adelantó con respeto a las normas que
lo regulan y en plena garantía de las partes que en el intervienen y, si más allá
de las constancias formales, la comisión, en ejercicio de sus funciones, realizó
las correcciones a las que hubiere lugar12.

Hechas las constataciones pertinentes, las diferencias que definitivamente
resulten injustificadas arrojan los votos a descontar o reconocer a los
candidatos de los partidos, según los registros demandados.

Ahora bien, en los casos de reconocimiento de votación, puede ocurrir que el
cómputo del guarismo implique la superación del número de votantes de la
respectiva mesa, lo que conduciría a la configuración de una irregularidad
adicional a la detectada. Por consiguiente, en estas situaciones, como último
recurso, la votación irregular así obtenida se descuenta de forma proporcional
a los resultados que cada candidato haya obtenido, mediante el sistema de
distribución ponderada, habida cuenta que el principio del voto secreto impide
identificar a los favorecidos por cada candidato y «con el propósito de distribuir
los votos irregulares en su justa medida y preservar la voluntad mayoritaria»13.

12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de mayo de 2023, Rad. 11001-03-28-

000-2022-00108-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Ver, además, sentencia de 3 de agosto
de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00253-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
13 Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de marzo de

2024, Rad. 11001-03-28-000-2022-00290-00 (Acumulado), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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El sistema de distribución ponderada de votos irregulares fue implementado
por la Sección Quinta en 2008, en la sentencia con alcance de rectificación
jurisprudencial que decidió la demanda contra los representantes a la Cámara
por el departamento de La Guajira, período 2006-2010. Allí se advirtió que «el
principio de eficacia del voto no puede ser aplicado de manera uniforme para
todas las irregularidades que lograron comprobarse» y se explicó la
metodología, en los siguientes términos:

[S]e toma el número de votos fraudulentos que por cualquiera de los anteriores
conceptos fueron acreditados en una mesa de votación y se distribuye en
forma ponderada entre las listas abiertas (votos solamente por la lista y votos
por candidatos), listas cerradas y votos en blanco, dependiendo de la
participación que tenga cada uno en el total de los votos de la mesa, cálculo
que se repite en cada una de las mesas donde se haya comprobado la
existencia de las anteriores irregularidades.

En otros términos, teniendo en cuenta el número de votos obtenidos por los
diferentes partidos y candidatos en las mesas que resultaron afectadas, se
procede a calcular la participación porcentual de cada uno respecto del total
de votos validos (sic) depositados en la mesa, luego de establecido el
porcentaje de participación, en esa misma proporción se les asigna el voto o
votos irregulares que se han comprobado, procedimiento que se sigue en cada
una de las mesas afectadas por las irregularidades antes descritas. Agotada
la anterior etapa se suman los resultados que arrojan cada una de las mesas
hasta obtener cifras enteras y depuradas que corresponden al número total de
votos irregulares que deberán descontarse a cada partido y candidato;
concluida esta sustracción queda totalmente depurada la votación y sobre ella,
de conformidad con el artículo 263 Constitucional, se aplica el sistema para la
asignación de curules, comenzando por el cálculo del umbral, la cifra
repartidora y la reordenación de las listas cuando a ello haya lugar(listas con
voto preferente), lo que finalmente permite evidenciar si existe o no
modificación en el resultado electoral14.

Esta solución se ha seguido empleando al interior de la Sección, con el
propósito de distribuir los votos irregulares en su justa medida y preservar la
voluntad mayoritaria.

Con base en lo explicado, se concluye frente a esta clase de falsedad en los
documentos electorales que su estudio se emprende a partir de la
comparación de los datos consignados en los formularios E-14 (por regla
general, el ejemplar de claveros), el E-24, el acta general de escrutinios (AGE),
las resoluciones y acuerdos que deciden reclamaciones y solicitudes de
saneamiento de nulidad y el archivo «E-24 txt», siempre que este último
coincida con el formulario físico del respectivo nivel de escrutinio.

Por último, en los procesos fundados en la causal objetiva por diferencias
injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 se debe determinar si los votos

14 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 28 de mayo de 2008, Rad. 11001-03-28-

000-2006-00119-00 (4060-4068), MP. Filemón Jiménez Ochoa.
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irregulares, aplicadas las correcciones del caso, producen el efecto de cambiar
el resultado declarado en el acto demandado, es decir, si tienen incidencia. En
consecuencia, con el fin de preservar la eficacia del voto, no cualquier volumen
de falsedades puede afectar una elección, en la forma señalada expresamente
en el artículo 287 de la Ley 1437 de 2011.

4. Caso concreto

La parte actora acusa el acto de elección de los diputados de Antioquia de
falsedades en los formularios E-14 y E-24 de 105 mesas de votación, que
equivalen a 137 registros, por diferencias injustificadas entre la votación
consignada en ellos. En concreto, solicitó que se computaran al Partido Liberal
1.573 votos y se descontaran 66 al Partido Independientes, que suman 1.639.

En la sentencia de primera instancia, el tribunal analizó la censura y encontró
probadas algunas de las irregularidades planteadas en la demanda, que
condujeron a sumar 639 votos al Partido Liberal y restar 31 al Partido
Independientes. Sin embargo, hechos los cálculos del umbral y la cifra
repartidora, concluyó que estas modificaciones no producían incidencia en el
resultado declarado en el acto acusado y que, por el contrario, las curules se
mantenían según la distribución allí contenida.

Por su parte, el demandante sostiene en la apelación que las falsedades tienen
un alcance mayor al que advirtió el fallo recurrido. En ese sentido, adicional a
la votación que fue reconocida por el tribunal, insiste en recuperar 700 votos
para el Partido Liberal y sustraer 16 al Partido Independientes, con lo cual
afirma que la curul que tiene esta última colectividad pasaría a la primera.

Así definida la controversia, la Sala estudiará los registros referidos en el
recurso15, siguiendo la metodología descrita previamente en esta providencia.

a) Diferencias inexistentes

Se recuerda que son las que exponen cifras idénticas en el formulario E-14 y
E-24 para un mismo candidato, incluidos los guarismos que hayan sido objeto
de corrección en la casilla de observaciones de los jurados en el formulario E-
14 o como notas marginales o repisadas. Para el caso, se encontraron 36
registros:

15 Son 137 registros, que hacen parte de la lista inicial suministrada en la demanda. El estudio

detallado consta en las tablas del archivo en formato pdf que se anexa en SAMAI a esta
providencia.
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MUNICIPIO ZONA PUESTO MESA PARTIDO CANDIDATO E-14 E-24
MEDELLÍN 002 05 013 0001 000 3 3
MEDELLÍN 002 05 013 0001 051 2 2
MEDELLÍN 002 05 013 0001 054 0 0
MEDELLÍN 002 05 013 0001 057 1 1
MEDELLÍN 002 05 013 0001 058 0 0
MEDELLÍN 002 05 013 0001 059 0 0
MEDELLÍN 002 05 013 0001 063 1 1
MEDELLÍN 002 05 013 0001 067 1 1
MEDELLÍN 004 01 006 0001 000 0 0
MEDELLÍN 006 02 020 0001 051 0 0
MEDELLÍN 007 02 028 0001 000 2 2
CHIGORODÓ 002 01 021 0001 000 0 0
CHIGORODÓ 002 01 026 0001 068 0 0
CHIGORODÓ 002 01 033 0001 000 4 4
CHIGORODÓ 002 02 034 0001 000 3 3
CHIGORODÓ 090 01 003 0001 000 5 5
CHIGORODÓ 090 01 007 0001 060 4 4
CHIGORODÓ 090 01 007 0001 075 0 0
CHIGORODÓ 090 01 007 0001 076 1 1
CHIGORODÓ 090 01 007 0031 068 1 1
FREDONIA 000 01 033 0001 000 4 4
TURBO 001 01 025 0001 000 0 0
TURBO 001 01 025 0001 065 0 0
TURBO 001 01 025 0001 070 0 0
TURBO 001 02 015 0001 000 0 0
TURBO 001 02 015 0001 076 2 2
TURBO 002 01 004 0001 000 7 7
TURBO 002 01 013 0001 000 2 2
TURBO 002 01 015 0001 000 3 3
TURBO 002 02 008 0001 000 7 7
TURBO 002 04 004 0001 000 5 5
TURBO 002 04 007 0001 000 4 4
TURBO 099 13 001 0001 000 9 9
TURBO 099 13 001 0001 052 2 2
TURBO 099 13 001 0001 061 0 0
YONDÓ-CASABE 000 00 017 0001 000 5 5

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b) Diferencias justificadas

Se encontró un total de 23 registros, los cuales, aunque inicialmente no
contaban con una explicación del cambio, el análisis del comportamiento de la
mesa permitió identificar un recuento o corrección de la comisión escrutadora,
con fines de nivelación de la mesa16:

MUNICIPIO ZONA PUESTO MESA PARTIDO CANDIDATO E-14 E-24
MEDELLÍN 001 01 001 0001 063 2 0
MEDELLÍN 001 04 016 0001 000 14 4
MEDELLÍN 011 06 001 0001 000 13 0
MEDELLÍN 011 06 001 0001 051 3 2
MEDELLÍN 090 02 028 0001 000 9 1
BELLO 003 01 013 0001 000 16 2
BELLO 003 01 013 0001 076 4 3
CAUCASIA 001 06 006 0001 000 23 0
CAUCASIA 001 06 006 0001 054 1 0
CAUCASIA 001 06 006 0001 059 2 1
CAUCASIA 001 06 006 0031 067 0 1
CAUCASIA 001 07 013 0001 000 14 4
CAUCASIA 001 07 013 0001 057 2 1
COPACABANA 003 02 027 0001 000 19 2
COPACABANA 003 03 014 0001 000 3 0
GOMEZ PLATA 000 00 013 0001 000 20 2
LA ESTRELLA 001 01 010 0001 000 20 0
LA UNIÓN 000 01 002 0001 076 19 18
NECHÍ 000 00 022 0001 000 17 1
NECHÍ 000 00 022 0031 000 0 1
SABANETA 001 03 017 0001 000 9 0
SABANETA 001 03 017 0001 063 4 0
SAN PEDRO DE
099 32 001 0001 000 49 2
URABÁ

c) Diferencias injustificadas

Estos 75 registros no cuentan con una constancia en las actas generales de
escrutinio que explique el cambio entre la votación de la mesa y la consignada
por la comisión escrutadora auxiliar o municipal y de la valoración de los
documentos electorales no se extrae que hubieran sido recontadas:

16 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de mayo de 2023, Rad. 11001-03-28-

000-2022-00108-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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MUNICIPIO ZONA PUESTO MESA PARTIDO CANDIDATO E-14 E-24
MEDELLÍN 001 02 040 0001 000 4 1
MEDELLÍN 005 03 043 0001 000 1 0
MEDELLÍN 008 04 005 0001 076 1 0
MEDELLÍN 008 04 008 0001 076 1 0
MEDELLÍN 008 04 011 0001 076 2 0
MEDELLÍN 008 04 015 0001 076 2 0
MEDELLÍN 008 04 016 0001 076 1 0
MEDELLÍN 008 04 020 0001 076 1 0
MEDELLÍN 008 04 024 0001 076 1 0
MEDELLÍN 008 04 026 0001 076 1 0
MEDELLÍN 008 04 029 0001 076 1 0
MEDELLÍN 008 04 031 0001 076 1 0
MEDELLÍN 008 04 033 0001 076 1 0
MEDELLÍN 008 06 002 0001 076 1 0
MEDELLÍN 009 06 002 0001 076 1 0
MEDELLÍN 010 06 002 0001 076 2 0
MEDELLÍN 011 05 003 0001 076 1 0
MEDELLÍN 011 05 004 0001 076 1 0
MEDELLÍN 011 05 006 0001 076 2 0
MEDELLÍN 011 05 007 0001 076 1 0
MEDELLÍN 018 03 009 0001 076 1 0
MEDELLÍN 018 03 026 0001 076 2 0
MEDELLÍN 020 02 012 0001 000 5 1
MEDELLÍN 021 03 008 0001 076 3 0
MEDELLÍN 023 03 013 0001 051 1 0
MEDELLÍN 026 01 007 0001 076 1 0
MEDELLÍN 099 A1 045 0031 070 0 2
MEDELLÍN 099 B5 005 0001 076 1 0
ANGELÓPOLIS 000 00 005 0001 000 7 6
BELLO 005 01 003 0001 076 1 0
BELLO 005 01 007 0001 076 2 0
BELLO 005 01 008 0001 076 1 0
BELLO 005 01 010 0001 076 1 0
BELLO 005 01 017 0001 076 1 0
BELLO 005 01 019 0001 076 2 0
BELLO 005 01 021 0001 076 3 0
BELLO 005 01 022 0001 076 1 0
BELLO 005 01 023 0001 067 1 0
BELLO 005 01 025 0001 076 1 0
BELLO 005 01 026 0001 071 1 0
BELLO 005 01 027 0001 076 2 0
BELLO 005 01 031 0001 076 1 0
BELLO 005 01 033 0001 076 3 0
BELLO 005 01 034 0001 076 2 0
BELLO 005 01 036 0001 076 2 0
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MUNICIPIO ZONA PUESTO MESA PARTIDO CANDIDATO E-14 E-24
BELLO 005 01 037 0001 065 1 0
BELLO 005 01 042 0001 068 1 0
BELLO 005 01 044 0001 076 1 0
BELLO 005 01 046 0001 076 1 0
BELLO 005 01 047 0001 076 1 0
BELLO 005 01 048 0001 076 1 0
BELLO 005 01 051 0001 076 1 0
BELLO 005 01 052 0001 071 1 0
CAUCASIA 002 08 001 0031 063 0 1
CHIGORODÓ 090 01 005 0031 051 2 4
GIRALDO 000 00 002 0001 076 8 0
ITAGUÍ 001 01 003 0031 074 0 1
ITAGUÍ 007 01 014 0001 000 4 3
ITAGUÍ 007 01 014 0001 063 1 0
ITAGUÍ 008 02 001 0001 000 7 1
NECHÍ 000 00 007 0001 000 12 4
PUERTO
099 13 003 0001 000 51 3
TRIUNFO
PUERTO
099 13 003 0001 070 1 0
TRIUNFO
PUERTO
099 13 003 0001 076 27 26
TRIUNFO
SABANETA 003 01 002 0001 076 1 0
SAN PEDRO DE
001 02 005 0031 051 0 1
URABÁ
SAN PEDRO DE
001 02 005 0031 053 0 1
URABÁ
SAN PEDRO DE
001 02 005 0031 057 0 1
URABÁ
SAN PEDRO DE
001 02 005 0031 065 0 2
URABÁ
SAN PEDRO DE
001 02 005 0031 070 0 1
URABÁ
TARAZÁ 001 01 003 0001 076 2 0
TARAZÁ 001 01 010 0001 076 1 0
TARAZÁ 001 02 001 0001 076 1 0
TARAZÁ 001 02 007 0001 076 1 0
TURBO 002 02 008 0001 061 2 1

d) Sin prueba

Finalmente, tres registros carecen de prueba, pues las correspondientes actas
generales de escrutinio fueron aportadas de forma incompleta, lo que impide
a la Sala realizar la valoración correspondiente:

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MUNICIPIO ZONA PUESTO MESA PARTIDO CANDIDATO E-14 E-24
MEDELLÍN 005 01 039 0001 000 12 1
MEDELLÍN 012 03 017 0001 000 11 0
MEDELLÍN 012 03 017 0001 057 12 6

En suma, las calificaciones correspondientes a los grupos de valoraciones de
diferencias arrojan el siguiente consolidado de registros:

DIFERENCIAS REGISTROS
INEXISTENTES 36
JUSTIFICADAS 23
INJUSTIFICADAS 75
SIN PRUEBA 3
TOTAL 137

De manera que se encontraron 75 registros con diferencias injustificadas en
detrimento de la votación del Partido Liberal, por lo que se deben reconocer
154 votos adicionales a los que reconoció el tribunal.

El a quo, previo análisis de las censuras de cada registro, adicionó 639
sufragios sustraídos injustificadamente a esta colectividad política, de manera
que, con los 154 votos cuya sustracción irregular se verificó en esta instancia,
se concluye que se deben agregar 793 votos a los 247.141 que obtuvo como
resultado del escrutinio. Este resultado arroja 247.932 votos. A su turno, se
encontraron diferencias injustificadas para el Partido Independientes en 12
votos, lo cuales se deben descontar de la cifra que estableció la primera
instancia.

Así, el tribunal advirtió la adición indebida de 31 votos a esta agrupación
política, por lo que sustrajo esta cifra de su votación original. Por ende, se
deben restar otros 12 indebidamente agregados, según las pesquisas en esta
instancia. De ahí que se deban descontar 43 votos de los 62.095 que esta
agrupación política obtuvo en los escrutinios. El resultado arroja una cifra final
de 62.054.

En ese orden, con las 75 diferencias injustificadas que se acreditaron, más la
votación que viene reconocida y descontada del fallo de primera instancia, los
cálculos del umbral y la cifra repartidora quedan de la siguiente manera:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Rubén Darío Callejas Gómez
Demandados: Diputados de Antioquia
Radicado: 05000-23-33-000-2024-00033-01

Considerando estos datos, la votación de los partidos Liberal e Independientes
varía con relación a los resultados originales, así:

Partido Votación original Modificaciones Nueva votación
Liberal 247.141 +793 247.934
Independientes 62.095 -43 62.052

Sin embargo, los votos que se adicionan al Partido Liberal y que se descuentan
al Partido Independientes no producen cambios al reparto de curules, pues
ambos conservan tres y una, respectivamente. De ahí se sigue que las
falsedades comprobadas no alteran el resultado que declaró el acto acusado.

Por lo tanto, no se presenta en este caso el presupuesto que determina la
nulidad de una elección por irregularidades en la votación, esto es, que «son
de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los
elegidos», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley 1437
de 2011.

Así las cosas, la Sala concluye que debe confirmarse la sentencia apelada,
que negó la nulidad de la elección de los diputados de Antioquia

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 25 de octubre de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó la nulidad del acto que
declaró la elección de los diputados de la Asamblea Departamental, período
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Demandante: Rubén Darío Callejas Gómez
Demandados: Diputados de Antioquia
Radicado: 05000-23-33-000-2024-00033-01

2024-2027, contenido en el formulario E-26 ASA y en la Resolución 31 del 10
de noviembre de 2023, expedidos por la Comisión Escrutadora General.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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