Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2024-00390-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2024-00390-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2024-00390-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
19 de septiembre de 2024
Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00390-01
Solicitante: CLEMENCIA INÉS TORO BELEÑO
Concejal acusada: JOSÉ EFRAÍN ECHEVERRY GIL
Tesis: No incurre en causal de pérdida de
investidura el concejal cuyo pariente en
primer grado de consanguinidad no ejerció
autoridad administrativa en el municipio
en el que resultó elegido.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la accionante y
el agente del Ministerio Público en contra de la sentencia proferida el 16
de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó la
solicitud de desinvestidura del señor José Efraín Echeverry Gil, elegido
concejal del Municipio de Envigado, Antioquia, período constitucional 2024
– 2027.
I.- SÍNTESIS DEL CASO
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1
La señora Clemencia Inés Toro Beleño, actuando en nombre propio,
solicitó se decretara la pérdida de investidura de José Efraín Echeverry
Gil, elegido concejal del Municipio de Envigado, Antioquia, período
constitucional 2024 – 2027, por considerar que incurrió en la causal
prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en
concordancia con “la inhabilidad específicamente consagrada en el
numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
40 de la Ley 617 de 2000”.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2
La solicitante informó que el 29 de octubre de 2023 el señor José Efraín
Echeverry Gil fue elegido concejal del Municipio de Envigado, Antioquia,
para el período constitucional 2024 – 2027.
Aseguró que el concejal José Efraín Echeverry Gil es padre del señor Elkin
Darío Echeverry Villa, es decir, que tienen parentesco en primer grado de
consanguinidad.
Afirmó que “el señor Elkin Darío Echeverry Villa, se encuentra nombrado
desde el día 31 de enero de 2021, en el cargo de DIRECTOR TÉCNICO
(empleo de libre nombramiento y remoción) Código 009, Grado 02, NUC
1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 01.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 01.
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Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
Planta 7296, ID Planta 5076, asignado al Grupo de Trabajo DIRECCIÓN
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SERVICIO EDUCATIVO-
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, cargo que ejerce en la
actualidad”. (Mayúsculas de la accionante)
Argumentó que, de acuerdo con el manual de funciones y requisitos
correspondientes al cargo de director técnico, código 009, grado 02, el
señor Elkin Darío Echeverry Villa “ejerce funciones de las cuales se predica
autoridad administrativa, lo que se puede evidenciar en la relación de actos
administrativos que se registran en el sistema Mercurio de la Gobernación
de Antioquia, en los que, entre otros, autoriza vacaciones, pago de viáticos,
concede licencias, y en general, realiza lo que la ley, la jurisprudencia y la
doctrina definen como ejercicio de autoridad administrativa”.
Sobre el factor territorial de la inhabilidad invocada, explicó que, “acorde
con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, resulta
claro que quien ejerce la autoridad administrativa en el departamento lo
hace también en el municipio, por la imbricación o superposición que existe
entre ambos, pues aquel no cuenta con territorio propio, sino el de las
municipalidades que lo integran”. En ese contexto, indicó que “el factor
territorial de la inhabilidad se cumple respecto del concejal José Efraín
Echeverry Gil cuyo hijo Elkin Darío Echeverry Villa ejerció la autoridad
potencial en el departamento, frente a la que no incumbe mirar dónde podía
haberse materializado, pues el solo hecho de ostentarse en todo el
departamento da lugar a entender que se proyecta sobre todo su territorio”.
En cuanto al elemento subjetivo, alegó que “en un mínimo de prudencia lo
que debe hacer un candidato y más de la probada experiencia de quien
quiere llegar al concejo de Envigado, es indagar por las calidades
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requeridas, las inhabilidades e incompatibilidades que contempla el
ordenamiento para su postulación y ejercicio”.
1.3.- Contestación del concejal José Efraín Echeverry Gil3
El concejal, actuando por conducto de apoderado, manifestó que el señor
Elkin Darío Echeverry Villa es su hijo.
También sostuvo que “el señor Elkin Darío Echeverry Villa según
certificación laboral que se adjunta desde el 01 de febrero de 2021 se viene
desempeñando como Director Técnico Libre Nombramiento y Remoción,
Código 009, Grado 02, NUC Planta 5914, asignado al grupo de trabajo
Subsecretaría de Planeación Educativa Dirección de Proyectos, Estudios e
Investigación del Sector Educativo en la Secretaría de Educación,
incorporado mediante Decreto 0522 del 31 de enero de 2021. Empleado
público. Y desde el 28 de junio de 2023 al 19 de enero de 2024, laboró
como Director Técnico Libre Nombramiento y Remoción, Código 009, Grado
02, NUC Planta 7296, asignado al grupo de trabajo Dirección Inspección,
Vigilancia y Control del Servicio Educativo en la Secretaría de Educación,
trasladado mediante Resolución 066708 del 28 de junio de 2023. Empleado
público. Cargo que no ostenta en la actualidad”.
Controvirtió que el señor Elkin Darío Echeverry Villa no ejerció funciones de
autoridad administrativa en el Departamento de Antioquia, puesto que, al
“(…) derecho de petición interpuesto por mi cliente a la Gobernación de
Antioquia, esto dijo la entidad: “le informo que una vez verificada la historia
3 Vistoen el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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laboral y en el sistema G+ el servidor Elkin Darío Echeverry no posee ningún
nombramiento o encargo como subsecretario o secretario de educación
correspondientes a las vigencias 2022-2023”, más adelante dice el mismo
oficio que “la competencia para autorizar vacaciones a los funcionarios de
la Secretaria de Educación del Departamento le corresponde a la Secretaría
de Talento Humano y Desarrollo Organizacional de las misma entidad” y
más adelante dice “como se indicó en las respuestas anteriores, la
competencia funcional para autorizar vacaciones y conceder licencias está
en cabeza de la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional.
La ordenación del gasto y las funciones de autoridad administrativa de
educación en el Departamento de Antioquia, es competencia del Secretario
de Educación, cargo que como lo expusimos no ostentó mi cliente ni
siquiera en encargo (…)”.
De otro lado, alegó que el Ministerio de Educación certificó en educación al
Municipio de Envigado mediante la Resolución nro. 2824 del 9 de diciembre
de 2002, “ejerciendo a partir de esa fecha las funciones y competencias de
entidad certificada en educación con autonomía descritas en el artículo 7 de
la Ley 715 de 2001”.
En ese escenario, argumentó que el señor Elkin Darío Echeverry Villa,
además de que no desarrolló autoridad administrativa, tampoco “ejerció
sus funciones públicas en el Municipio de Envigado por ser éste municipio
certificado en educación”.
Conforme con lo anterior, agregó que, así se evidencia “(…) de la respuesta
a derecho de petición suministrada por la Secretaría de Educación
Departamental del 7 de marzo de 2024, la cual establece: “atendiendo la
certificación en educación con la que cuenta el Municipio de Envigado, la
prestación del servicio de educación y la gestión escolar de este ente
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territorial, no depende de la Gobernación de Antioquia (…)”; más adelante
dice: “la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, solo tiene
injerencia y ejerce autoridad en los municipios no certificados en educación
del Departamento de Antioquia”. Más adelante y con respecto a las
funciones públicas que ejercen los empleados de la Secretaría de Educación
Departamental, dijo el Secretario: “las personas que laboran en la
Secretaría de educación del Departamento de Antioquia, solo ejercen sus
funciones públicas en los municipios no certificados en educación en el
Departamento de Antioquia” (…)”.
Aseveró que el señor Elkin Darío Echeverry “no ejerció funciones de
autoridad administrativa en el departamento y menos en el Municipio de
Envigado, el cual si bien es cierto, territorialmente hace parte de los
municipios que integran el Departamento de Antioquia, en materia de
educación no, en virtud de la certificación otorgada por el Ministerio de
Educación Nacional mediante la mencionada Resolución nro. 2824 del 9 de
diciembre de 2002”.
Indicó que, frente a las inhabilidades, el parágrafo del artículo 49 de la Ley
2200 de 2022 estableció que “se refieren al departamento como entidad
pública y sus institutos y entidades descentralizadas, que funcionan en el
respectivo territorio o ejercen competencias que involucran a la respectiva
entidad territorial”. Acotó que, actualmente, “la definición o concepto de
departamento hace alusión a una entidad pública con sus institutos
descentralizados y no al aspecto territorial, separando al departamento
como entidad administrativa de los municipios”.
En relación con el elemento subjetivo, expuso que el acusado, antes de
inscribirse como candidato, y teniendo en cuenta que su hijo tenía un cargo
público en la Secretaría de Educación del Departamento, “se asesoró de los
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siguientes profesionales del derecho: Jhon Fabio Castrillón López; Claudia
Maritza Serna Ospina; Iván Leonardo Betancourt Salazar y Luvin Hidalgo
Vidales”. Afirmo que “al unísono manifestaron que no existía ningún tipo de
inhabilidad por el hijo de quien consultaba Director Técnico de la Secretaría
de Educación Departamental de Antioquia”.
Concluyó que el acusado “fue responsable y diligente, porque se asesoró,
preguntó, consultó e hizo todo lo que estuvo a su alcance para no incurrir
en una inhabilidad, es por eso que, seguro de los conceptos recibidos, se
inscribió como candidato y se hizo elegir como Concejal de Envigado”.
2.- La sentencia de primera instancia4
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó el decreto de la pérdida de
investidura en sentencia proferida el 16 de abril de 2024.
Como razones de la decisión, aclaró que el artículo 48 de la Ley 617 de
2000, al establecer las causales de pérdida de investidura de los
concejales, “no dispuso de manera expresa la violación del régimen de
inhabilidades, como sí lo reglamentó el numeral 2 del artículo 55 de la Ley
136 de 1994”. Sin embargo, aludió que el numeral 6 del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000 previó que son causales de pérdida de investidura las
demás expresamente establecidas en la ley; de manera que, “se deberá
entender que la violación al régimen de inhabilidades dispuesta en el
numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 no se encuentra suprimida
por la norma posterior -Ley 617 de 2000-, siendo válido el estudio de esta
causal en tratándose de la pérdida de investidura de un concejal”.
4 Vistoen el índice 41 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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Precisado lo anterior, examinó los requisitos que debían estar reunidos
para la configuración de la inhabilidad invocada. Frente al primero, “de la
condición de concejal”, sostuvo que en el expediente reposaba el Formato
E-26 CON del 29 de octubre de 2023, en el que constaba que el señor
José Efraín Echeverry Gil fue elegido concejal del Municipio de Envigado
para el período constitucional 2024 – 2027.
En relación con el segundo requisito, “del vínculo por matrimonio o unión
libre, o parentesco hasta segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil entre el concejal y el funcionario”, manifestó que no
es objeto de debate entre las partes y, además, en el expediente reposa
el registro civil de nacimiento del señor Elkin Darío Echeverry Villa, del
que se desprendía que el señor José Efraín Echeverry Gil es su padre.
En cuanto al tercer requisito, “del ejercicio de la autoridad administrativa
que ostente el pariente del demando”, explicó que se debía determinar si
el señor Elkin Darío Echeverry Villa detentó autoridad administrativa
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección del señor José
Efraín Echeverry Gil como concejal del Municipio de Envigado al
desempeñar los siguientes cargos en el Departamento de Antioquia:
(i) “Del 1 de febrero de 2021 al 27 de junio de 2023, laboró como director
técnico, libre nombramiento y remoción, código 009, grado 02, NUC
planta 5914, asignado al grupo de trabajo Subsecretaría de Planeación
Educativa Dirección de Proyectos, Estudios e Investigación del Sector
Educativo en la Secretaría de Educación”.
(ii) “Del 28 de junio de 2023 al 19 de enero de 2024, laboró como director
técnico, libre nombramiento y remoción, código 009, grado 02, NUC
planta 7296, asignado al grupo de trabajo Dirección, Inspección,
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Vigilancia y Control del Servicio Educativo en la Secretaría de Educación,
trasladado mediante Resolución 066708 del 28 de junio de 2023”.
Para resolver citó el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 e indicó que en
dicha disposición se describe quiénes ejercen autoridad administrativa y
qué funciones implican tal facultad. Seguidamente citó las atribuciones
asignadas a cada uno de los cargos, las cuales estaban consignadas en el
manual de funciones.
Con fundamento en lo anterior, consideró que “el señor Elkin Darío
Echeverry Villa, para los dos cargos que ostentó en el Departamento de
Antioquia, doce (12) meses antes de la elección del señor José Efraín
Echeverry Gil, y desde el punto de vista orgánico no detentó autoridad
administrativa, en el entendido que no era alcalde ni gobernador, ni
secretario de despacho, o jefes de departamento administrativo, o
gerentes de entidades descentralizadas, o jefe de unidad administrativa
especial”.
Ahora, desde el criterio funcional, precisó que éste implicaba que “su
titular está autorizado para celebrar contratos o convenios, ordenar
gastos con cargo a fondos del ente territorial, conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para
trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados,
reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva
sede al personal de planta, o ejercer la facultad de investigar las faltas
disciplinarias”.
En ese sentido, teniendo en cuenta las funciones asignadas en los dos
cargos desempeñados por el señor Elkin Darío Echeverry Villa, sostuvo
que no se evidenciaba la facultad para celebrar contratos o convenios;
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además, precisó que tuvo funciones de gestionar, supervisar y realizar
interventoría en materia de contratación, pero no la suscripción de los
negocios jurídicos.
Añadió que de las funciones asignadas tampoco se extraía la de
ordenación del gasto con cargo a fondos del ente territorial, “más allá de
funciones de gestionar los proyectos de inversión, orientar el proceso de
inversión, proyectar el presupuesto para el cumplimiento del proyecto;
atribuciones que no se compadecen con el carácter decisorio de cómo y
cuándo invertir los recursos, que es la finalidad de ser ordenador del gasto
de la entidad o dependencia en la que se presta el servicio público”.
Igualmente, aseguró que tampoco se advertía la facultad de investigar
faltas disciplinarias que evidenciaran el ejercicio de autoridad
administrativa.
Siguiendo con el análisis del criterio funcional, expuso que el despacho de
conocimiento ordenó oficiar al Departamento de Antioquia – Secretaría de
Educación para que expidiera copia de los actos administrativos en los
que el señor Elkin Darío Echeverry Villa, según el sistema Mercurio, haya
concedido vacaciones, licencias o permisos a los funcionarios a su cargo.
Expuso que, en respuesta del anterior requerimiento, se allegó el oficio
del 18 de enero de 2024, en el que el Director de Talento Humano del
Departamento de Antioquia sostuvo que “verificados los archivos que
reposan en la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación
no se encontraron actos administrativos particulares y concretos donde el
señor Elkin Darío Echeverry Villa (…), según el sistema Mercurio, haya
otorgado vacaciones, licencias, permisos a los funcionarios a cargo”.
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Igualmente, se allegó el oficio del 19 de marzo de 2024, en el que el
Secretario de Educación del Departamento de Antioquia informó que el
señor Elkin Darío Echeverry Villa “no otorgó vacaciones en favor de
servidores públicos por carecer de dicha competencia”.
Conforme con lo expuesto, sostuvo que el señor Elkin Darío Echeverry
Villa no confirió vacaciones, licencias, permisos a funcionarios a cargo y
no contaba con la facultad para hacerlo, puesto que, como lo refirió el
oficio del 19 de marzo de 2024, “esta función le corresponde a la
Secretaría del Talento Humano y Desarrollo Organizacional del
Departamento de Antioquia”.
Precisó que dar un “visto bueno como lo plantea la parte actora” no tiene
la virtualidad de catalogarse como el acto de suscripción del acto
administrativo para de ahí derivar el ejercicio de autoridad administrativa.
Expuso que “en el archivo 007 del expediente, consta documento, que en
el entender de la Sala, la parte demandante afirma que es la “relación de
actos administrativos que se registran en el sistema Mercurio del
Departamento de Antioquia donde constan las manifestaciones expresas
de autoridad administrativa del señor Elkin Darío Echeverry Villa”; sin
embargo, consideró que “una vez analizado el citado documento y tras un
analisis en conjunto con los demás medios de prueba, el mismo no cuenta
con la certeza suasoria que permita inferir que el señor Elkin Darío
Echeverry Villa, expidió actos administrativos tendientes a otorgar
vacaciones, licencias, permisos a los funcionarios a cargo”.
Resaltó que de la información que reposa en el precitado documento “no
se pude afirmar con certeza que fue extraído del sistema Mercurio y que
en efecto se trate de una relación de actos administrativos suscritos por
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el señor Echeverry Villa, pues estas circunstancias no fueron acreditadas
en el plenario”.
Concluyó que el señor Elkin Darío Echeverry Villa, al desempeñar los dos
cargos referidos, no ejerció autoridad administrativa desde el punto de
vista orgánico ni funcional.
Manifestó que, si bien el señor Elkin Darío Echeverry Villa no ejerció
autoridad administrativa y ello bastaría para no continuar con el presente
juicio, “resulta conveniente precisar que para que se configure la
inhabilidad por parentesco a nivel municipal, es imperativo determinar la
probabilidad de ejercer la autoridad administrativa en el municipio del
candidato o elegido, que para el caso sub examine es Envigado –
Antioquia”.
De esta manera, adujo que “no es suficiente establecer de manera
mecanica que la entidad en la que presta el servicio el pariente es de
carácter departamental, y por tanto afirmar que tiene efecto en todos los
municipios. Contrario a esto, tratándose de la valoración del régimen de
inhabilidades, lo que interesa es que el familiar tenga la probabilidad real
de ejercer la autoridad administrativa en el respectivo municipio y no solo
como posibilidad por el simple hecho de ostentar el cargo o empleo
público”. Para ello, aludió a la sentencia SU – 207 de junio de 2022
proferida por la Corte Constitucional.
Teniendo en cuenta lo anterior, puso de presente que en el expediente
reposaba la Resolución nro. 2824 del 9 de diciembre de 2002, “por la cual
se otorga la certificación al Municipio de Envigado, Departamento de
Antioquia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley
715 de 2001”, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.
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A continuación, citó el artículo 20 de la Ley 715 de 2001, y explicó que la
certificación en educación para los municipios que cumplan los requisitos
legales implica otorgarles autonomía administrativa, técnica y financiera
en relación con los recursos del sistema general de participaciones. Luego,
aludió al artículo 7 de la Ley 715 de 2001 que establece las competencias
asignadas a los municipios que estén certificados, para concluir que, al
estar certificado el Municipio de Envigado, “le fue conferida autonomía a
este ente territorial en materia de educación en los términos de la Ley
715 de 2001”.
En este punto, recordó que la parte demandante y el agente del Ministerio
Público, en la audiencia pública, “plantearon que no obstante la
certificación del Municipio de Envigado en materia de educación, el
Departamento de Antioquia, conserva competencias generales, tanto para
municipios certificados como no certificados, por mandato de la Ley 715
de 2001”.
Sin embargo, expuso que, conforme con lo establecido en el artículo 6.1
de la Ley 715 de 2001, “se puede concluir que las competencias
generales, están encaminadas a prestar asistencia, cuando a ello haya
lugar, suministrar información a la Nación, apoyar a los municipios para
que se certifiquen, y certificar a los municipios, funciones que per se no
desdibuja la autonomía que adquiere un municipio una vez le es otorgada
la certificación en materia educativa, luego, no se puede predicar el
ejercicio de autoridad administrativa de un departamento sobre un
municipio certificado”.
Así las cosas, señaló que el señor Elkin Darío Echeverry Villa no ejerció
funciones de autoridad administrativa, y, “en gracia de discusión, habrá
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que aseverar que además, no gozaba de una probabilidad real de ejercer
una eventual autordidad administrativa en materia de educación en el
Municipio de Envigado”, por ser un ente territorial certificado.
3.- El recurso de apelación presentado por el Procurador 113
Judicial II Administrativo5
El Ministerio Público alegó que la decisión de primera instancia debía
revocarse y, en su lugar, decretar la pérdida de investidura del señor José
Efraín Echeverry Gil como concejal del Municipio de Envigado para el
período constitucional 2024 – 2027 por estar configurada la inhabilidad
prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
De este modo, arguyó que el señor Elkin Darío Echeverry Villa sí ejerció
funciones que implicaban detentar autoridad administrativa, las cuales
están contenidas en los numerales 2, 4, 5, 11 y 12 del manual de
funciones del cargo denominado director técnico (libre nombramiento y
remoción) código 009, grado 02, asignado al grupo de trabajo dirección
inspección, vigilancia y control del servicio educativo de la Subsecretaría
de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación, y consistentes en:
i) Coordinar la elaboración y evaluación del plan operativo anual de
inspección, vigilancia y control, de acuerdo con los lineamientos
establecidos; ii) presentar las propuestas de las acciones de mejora que
se generen como resultado de la inspección y vigilancia; iii) suministrar
la información necesaria para adelantar el proceso administrativo
5 Vistoen el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
sancionatorio derivado del incumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias o estatutarias; iv) dirigir el equipo de trabajo a su cargo,
propiciando acciones de fortalecimiento, bienestar, capacitación,
retroalimentación y reconocimiento que faciliten el cumplimiento de los
objetivos de la dependencia, y v) gestionar la contratación requerida para
la ejecución de los programas y proyectos de la dependencia, de
conformidad con las normas, procedimientos y manuales establecidos.
Agregó que en el manual de funciones allegado al proceso se especificó
que el cargo desempeñado por el señor Echeverry Villa es de “nivel
directivo”, por lo que “comprende los empleos a los cuales corresponde
funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales
y de adopción de planes, programas y proyectos lo que se traduce en que
esta clase de cargos ejercen funciones que implican autoridad
administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 190 de la Ley 136 de 1994”.
Controvirtió que “al plenario se allegó una relación de los actos
administrativos registrados en el aplicativo Mercurio que dan cuenta de
las decisiones en que el señor Elkin Darío Echeverry Villa intervino en
razón de sus funciones, y si bien en las respuestas al oficio 125, dadas
por el director de Talento Humano y el Secretario de Educación de la
Gobernación de Antioquia, se dice que el mencionado no profirió ningún
acto administrativo relacionado con otorgar vacaciones, licencias,
permisos, etc. a los funcionarios a su cargo, en el mencionado aplicativo
sí se afirma que el hijo del demandando interviene en la decisión, tal y
como se evidencia en el archivo digital 007 Pruebas Perdida de
Investidura”.
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Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
Argumentó que en la sentencia de primera instancia se consideró que “(…)
“no se avizora la facultad para celebrar contratos o convenios; se observa
que tuvo las funciones de gestionar, supervisar y realizar interventoría en
materia de contratación, mas no, el hecho de suscripción de los negocios
jurídicos que es el elemento paradigmático para predicar la autoridad
administrativa”, sin embargo, esta apreciación es una noción limitada de
lo que se entiende como gestión contractual, la cual comprende todas las
actividades requeridas para garantizar las etapas de planeación, selección
y ejecución de los contratos, dentro de las cuales está la celebración y
suscripción de estos negocios jurídicos, es decir, todas aquellas
necesarias para sacar adelante dicha labor, lo que implica que el hijo del
demandado sí ostentaba funciones de autoridad administrativa en el
cargo desempeñado en el Departamento de Antioquia (…)”.
En relación con el elemento consistente en que “la autoridad la haya
ejercido el funcionario en el respectivo municipio o distrito donde resultó
elegido concejal” adujo que “constitucional y legalmente independiente
del carácter certificado o no de la educación en el Municipio de Envigado,
la Gobernación de Antioquia sí intervienen en las funciones
administrativas de coordinación y complementariedad en los municipios
circunscritos al departamento”.
4. Recurso de apelación presentado por la solicitante6
En cuanto al criterio orgánico para establecer el ejercicio de función
administrativa, explicó que, “conforme a lo señalado en el Decreto Ley
785 de 2005 y en el Decreto Ordenanza 20200070002567 del 5 de
6 Vistoen el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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noviembre de 2020, un cargo del nivel directivo per se tiene funciones de
dirección general, define políticas, planes y proyectos, funciones que
aparecen nítidas en el manual de funciones de los cargos desempeñados
por el mencionado señor Echeverry Villa, prueba aportada con la
demanda”.
En ese sentido, alegó que el señor Elkin Darío Echeverry Villa sí ejerció
autoridad administrativa “en el desempeño del cargo de Director Técnico,
Libre nombramiento y Remoción, Código 009, Grado 02, en la Secretaría
de Educación del Departamento de Antioquia, cargo que pertenece al
Nivel Directivo de acuerdo con la estructura orgánica y funcional y la
planta de cargos del mencionado departamento”.
En relación con el criterio funcional, sostuvo que también ejerció
autoridad administrativa y para ello acudió a la aclaración de voto de una
de las magistradas que compone el tribunal de primera instancia, para
señalar que, a la función de gestionar, supervisar y realizar interventoría
en materia de contratación, se entendió de manera limitada, puesto que
a la gestión contractual se la despojó de las acciones de celebrar y
suscribir contratos.
Controvirtió que “(…) con el escrito de demanda se aportó una relación
de presuntos actos administrativos registrados en el aplicativo Mercurio
de la gobernación de Antioquia (prueba que no fue tachada o negada por
la parte contra quien se aducía), los cuales, dan cuenta de las decisiones
en que el señor Elkin Darío Echeverry Villa intervenía en razón de sus
funciones como directivo, y si bien en las respuestas emitidas por el
Director de Talento Humano y el Secretario de Educación de la
Gobernación de Antioquia, se informa que este no profirió ningún acto
administrativo relacionado con otorgar vacaciones, licencias, permisos,
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etc., a los funcionarios a su cargo, en el mencionado aplicativo surge de
manera evidente que el señor Echeverry Villa, hijo del demandando, si
intervino en dichas actuaciones ¿si no fuera así, porque se registran a su
nombre? (archivo digital 007, pruebas pérdida de investidura 4) (…)”.
Añadió que “de conformidad con el procedimiento establecido por las
Circulares K2021090000252 del 02 de septiembre de 2021 y
K2022090000354 del 12 de diciembre de 2022, las cuales, reglaban para
la época de los hechos lo referente a las vacaciones, licencias, permisos,
etc., de los servidores de Gobernación de Antioquia, eran los jefes
inmediatos quienes tenían la competencia (en la mayoría de los casos),
para decidir sobre los permisos, licencias y vacaciones de los servidores
a cargo, bien sea porque las aprobaban, autorizaban (dar el visto bueno)
y/o concedían, aunque no fueran ellos los que emitieran los actos
administrativos que las formalizaban”.
Adujo que “el señor Elkin Darío Echeverry Villa, Director Técnico de
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de educación Departamental, sí
era competente para aprobar, autorizar (visto bueno) y/o conceder
vacaciones, permisos, licencias, etc., a los subalternos”.
En lo relativo al requisito del “ejercicio de la autoridad administrativa por
parte del pariente inhabilitante, en el municipio donde resultó elegido
como concejal el señor José Efraín Echeverry Gil”, alegó que “quien ejerce
la autoridad administrativa en el departamento lo hace también en el
municipio que pertenece a su territorio, por la imbricación o superposición
que existe entre ambos, pues aquel no cuenta con territorio propio, sino
el de las municipalidades que lo integran”.
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Manifestó que “frente a los municipios de Antioquia, la Secretaría de
Educación Departamental tiene unas competencias, de carácter general,
certificados o no, las cuales están definidas en el artículo 7° de la Ley
715 de 2001, tales como prestar asistencia técnica educativa, financiera
y administrativa a los municipios cuando a ello haya lugar, administrar y
responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la información
educativa departamental y suministrar la información a la Nación en las
condiciones que se requiera, competencias que de por si determinan que
sí hay un ámbito de injerencia de la secretaría de educación hacía todos
los municipios que integran el departamento de Antioquia”. Agregó que
“en este mismo sentido, el artículo 11 de la ORDENANZA 23 del 06 de
septiembre de 2021, de la Asamblea Departamental de Antioquia, norma
de carácter general, consagra unas funciones para la Secretaría de
Educación Departamental, que rigen para todos los municipios de
Antioquia”.
Arguyó que se desconoció el derecho a la igualdad porque existe un “caso
análogo fallado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, confirmado
por el Consejo de Estado en segunda instancia7, alusivo a la señora Aura
Marleny Arcila Giraldo, Concejal del Municipio de Medellín (…), caso que
para el tema que nos ocupa es de alta relevancia por configurarse la
misma inhabilidad”.
5. El recurso de apelación fue concedido el 7 de mayo de 20248.
6. - Trámite de segunda
7 Cita: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Número único de radicación 050012333000202101485-03”.
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Visto en el índice 48 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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6.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 15
de mayo de 20249.
6.2. Por auto del 24 de mayo de 2024 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por la accionante y el agente del Ministerio
Público10.
6.3. El 4 de junio de 202411, el apoderado del concejal descorrió el
traslado del recurso de apelación. Frente a lo señalado por los recurrentes
en el sentido que el hijo del acusado ocupaba un cargo de nivel directivo
y, por ende, ejerció autoridad administrativa, controvirtió que se
confunden dos conceptos, “una cosa es tener un cargo del nivel directivo,
como el caso del hijo del concejal demandado quien si bien ostentaba un
cargo del nivel directivo, era como director técnico, por debajo incluso del
Subsecretario de Planeación quien a su vez se encuentra por debajo del
Secretario de Educación Departamental quien sí ejerce funciones de
autoridad administrativa además de ostentar un cargo del nivel directivo”.
En cuanto “a la tesis de los recurrentes que el hijo del demandado en su
cargo de Director en la Subsecretaría “intervino” en las respuestas
otorgadas por la Secretaría de Educación a las peticiones según el
aplicativo “mercurio” poniendo visto bueno”, manifestó que “intervenir
logísticamente frente a una correspondencia o en la proyección o
elaboración de un derecho de petición o una PQRS no le otorga a quien lo
hace, funciones de autoridad administrativa, ya que adelantar una gestión
9
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 01.
10
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 01.
11 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 01.
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o apoyo logístico no lo hace autor de la expedición de un acto
administrativo. Ni la demandante ni el agente del Ministerio Público
pudieron probar que el hijo de mi defendido expidió acto administrativo”.
Precisó que, si se observa “con detenimiento el documento adjunto por la
demandante con su demanda en relación con la correspondencia en el
sistema “Mercurio” observará que la correspondencia es dirigida por
personal de varios Municipios de Antioquia, pero ninguna de Envigado,
lugar donde fue elegido el concejal hoy demandado”.
En lo relativo a la tesis del Ministerio Público consistente en que “el hijo
del demandado en su cargo en la Subsecretaría participó en actividades
de la “gestión contractual” de la Secretaría”, alegó que el Procurador
“hace una interpretación extensiva de una inhabilidad” puesto que “legal
y jurisprudencialmente se presume que un funcionario ejerce funciones
de autoridad administrativa cuando está autorizado para celebrar
contratos o convenios; entiéndase como verbo prohibitivo el de
CELEBRAR, es decir suscribir o firmar, y no como lo quiere hacer ver el
recurrente Ministerio Público que, - un funcionario que participe así sea
indirectamente en la elaboración de un contrato, se encuentra incurso en
la prohibición normativa por cuanto la inhabilidad no se reduce a la
suscripción, por lo que debe entenderse el mismo como todos los pasos o
etapas del contrato entendidos estos como “gestión contractual”- insisto,
dando una alcance extensivo a una figura que por garantía, tiene es
interpretación restrictiva”.
Argumentó que en el proceso no está probado que el hijo del concejal
celebró contrato o convenio alguno con ocasión de las actividades
desempeñadas en la Secretaría de Educación.
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En lo atinente a la tesis de los recurrentes “que el hijo del demandado en
su cargo como Director Técnico de la Subsecretaría de Educación del
Departamento ejerció también sus funciones en el Municipio de
Envigado”, sostuvo que en el oficio de la Secretaría de Educación del 7 de
marzo de 2024 se indicó que dicha entidad solo tiene injerencia y ejerce
autoridad en los municipios no certificados en educación en el
Departamento de Antioquia, y que el Municipio de Envigado está
certificado en educación desde el año 2002.
Sobre el desconocimiento al derecho a la igualdad alegado por la
accionante, expuso que en la sentencia que se alega como precedente la
“Ratio Decidendi de la sentencia de segunda instancia del caso de la
Concejal de Medellín es que su hermano sí ejerció funciones de autoridad
administrativa como Subgerente del IDEA por expedir actos
administrativos y celebrar contratos en representación de la entidad,
haberlo hecho dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección
de la Concejal, y haberlo hecho en el Municipio de Medellín por ser la sede
o domicilio de la entidad IDEA y por haber suscrito contrato con el terminal
de transporte de Medellín, por lo que el Consejo de Estado encontró
probados todos los elementos de la causal de inhabilidad analizada en el
caso; diferente al caso que no ocupa ya que el hijo del Concejal
demandado de Envigado: i) no expidió actos administrativos, ii) no
suscribió o celebró contratos, iii) la sede de la Secretaría de Educación del
Departamento de Antioquia es en Medellín y no en Envigado, iv) y en
general, no realizó ningún acto que tuviera injerencia en el Municipio de
Envigado, y menos que derivara función de autoridad administrativa”.
6.4. El expediente ingresó a despacho para fallo el 11 de junio de 202412.
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados acorde con lo previsto por el
parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200013 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo 201914 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones15.
2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Para acreditar que el señor José Efraín Echeverry Gil fue elegido concejal
del Municipio de Envigado, Antioquia, para el período constitucional 2024
– 2027, la parte actora aportó copia del formulario E-26 CON16 en el que
13 “Por lacual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
14
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.
16 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 01.
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Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
consta que se declararon electos como concejales de dicho municipio,
entre otros, al señor José Efraín Echeverry Gil.
3.- Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó
la solicitud de pérdida de investidura del señor José Efraín Echeverry Gil,
elegido concejal del Municipio de Envigado. Lo anterior, con fundamento
en que no se advertía que el hijo del concejal, el señor Elkin Darío
Echeverry Villa, ejerció autoridad administrativa desde el punto de vista
funcional u orgánico al ocupar el cargo de director técnico en la Secretaría
de Educación del Departamento de Antioquia. A lo que agregó que, en
gracia de discusión, tampoco “gozaba de una probabilidad real de ejercer
una eventual autoridad administrativa en materia de educación en el
Municipio de Envigado”17 por tratarse de un ente territorial certificado en
educación.
Contra la anterior decisión la accionante y el agente del Ministerio Público
interpusieron recurso de apelación, con fundamento en los siguientes
reproches:
(i) La accionante alegó que el señor Elkin Darío Echeverry Villa ejerció
autoridad administrativa desde el punto de vista del criterio orgánico en
la medida que se desempeñó en el cargo de director técnico en la
Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, el cual pertenece
al nivel directivo, que “per se tiene funciones de dirección general, define
políticas, planes y proyectos, funciones que aparecen nítidas en el manual
de funciones de los cargos desempeñados por el mencionado señor
17 Visto en el índice 41 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Echeverry Villa”18. De igual manera, el agente del Ministerio Público
arguyó que dicho cargo es de nivel directivo por lo que ejerce funciones
que son propias de autoridad administrativa.
(ii) La accionante y el agente del Ministerio Público coincidieron en señalar
que el tribunal de instancia comprendió de manera limitada la función
sobre la gestión contractual, puesto que estiman comprende la atribución
para suscribir y celebrar contratos y, por lo tanto, el señor Echeverry Villa
ejerció autoridad administrativa teniendo en cuenta el criterio funcional.
(iii) La accionante y también el agente del Ministerio Público
controvirtieron que con la solicitud de pérdida de investidura se aportó
una documental (archivo digital 007) en la que consta “una relación de
presuntos actos administrativos registrados en el aplicativo Mercurio de
la Gobernación de Antioquia (…) los cuales, dan cuenta de las decisiones
en que el señor Elkin Darío Echeverry Villa intervenía en razón de sus
funciones como directivo”19, para luego señalar que el señor Echeverry
Villa ejerció autoridad administrativa por cuanto, si bien no expidió actos
administrativos, sí intervino en el otorgamiento de vacaciones, licencias,
permisos a los funcionarios que tenía a cargo.
(iv) El agente del Ministerio Público adujo que el señor Elkin Darío
Echeverry Villa sí ejerció funciones que implicaban detentar autoridad
administrativa y para ello enlistó las contenidas en los numerales 2, 4, 5,
18 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
19 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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11 y 12 del manual de funciones del cargo denominado director técnico
(libre nombramiento y remoción) código 009, grado 02, asignado al grupo
de trabajo dirección inspección, vigilancia y control del servicio educativo
en la Secretaría de Educación.
(v) La accionante sostuvo que se vulneró el derecho a la igualdad porque
existe un asunto análogo con radicado nro. 05001 2333 000 2021 01485
03.
(vi) Por último, la accionante y el agente del Ministerio Público se
refirieron al elemento sobre “la autoridad la haya ejercido el funcionario
en el respectivo municipio o distrito donde resultó elegido concejal” para
indicar que, independientemente que el Municipio de Envigado sea
certificado en educación, la Gobernación de Antioquia sí interviene en las
funciones administrativas de coordinación y complementariedad en los
municipios circunscritos al departamento, y que “quien ejerce la autoridad
administrativa en el departamento lo hace también en el municipio que
pertenece a su territorio, por la imbricación o superposición que existe
entre ambos, pues aquel no cuenta con territorio propio, sino el de las
municipalidades que lo integran”20.
Teniendo en cuenta los reparos expuestos por los recurrentes, la Sala
recuerda que la inhabilidad que en este caso se invoca es la prevista en
el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 199421, modificado por el
20 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
21 “ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital: (…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad
o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección
hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio
o distrito”.
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artículo 40 la Ley 617 de 2000, la cual exige que de manera concurrente
estén acreditados los siguientes requisitos:
(i) Que el acusado tenga la calidad de concejal; (ii) la existencia de un
vínculo por matrimonio o unión permanente o de parentesco hasta
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil entre
el concejal y la persona que da lugar a la inhabilidad; (iii) la calidad de
funcionario público del pariente, cónyuge o compañero permanente del
concejal y que esté investido de autoridad civil, política, administrativa o
militar; (iv) el elemento temporal, esto es, que la autoridad civil, política,
administrativa o militar la haya ejercido el funcionario dentro de los 12
meses anteriores a la elección del concejal, y (v) el elemento territorial,
es que la autoridad civil, política, administrativa o militar la ejerza en el
respectivo municipio o distrito donde resultó elegido el concejal.
En ese contexto, se advierte que los recurrentes controvirtieron la
configuración del tercer elemento de la inhabilidad, esto es, que el hijo
del concejal acusado ejerció autoridad administrativa, así como también
alegaron la configuración del elemento territorial al señalar que dicha
autoridad se ejerció en el Municipio de Envigado.
Para resolver, la Sala recuerda que el concepto de autoridad
administrativa está previsto en el artículo 190 de la Ley 136 de 199422,
así:
“[…] ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta
facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía,
los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las
entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas
22 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”.
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
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especiales, como superiores de los correspondientes servicios
Municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para
celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos
municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar
vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente
los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular
personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a
los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y
quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar
las faltas disciplinarias […]”.
A su turno, la jurisprudencia de la Corporación ha distinguido entre los
criterios orgánicos y funcional para identificar si un cargo otorga a su
titular autoridad administrativa. De este modo, ha sostenido que el
criterio orgánico se desprende del primer inciso del artículo 190 ibidem
en el que se enlistan los cargos de la administración local; mientras que
el criterio funcional “no se caracteriza por la posición jerárquica del
respectivo empleo, sino por las atribuciones materialmente ejercidas por
el servidor público, las cuales deben estar ligadas a competencias
concernientes a la celebración de contratos, la ordenación del gasto, la
decisión de situaciones administrativas y la potestad disciplinaria” 23.
En igual sentido, la Sección Primera de la Corporación ha explicado que
“la “autoridad administrativa” está definida en el artículo 190 de la Ley
136, a través de la conceptualización de la dirección administrativa, de
manera similar a la autoridad civil, con la diferencia de que no solo la
tienen quienes ejercen el gobierno, sino que también está en cabeza de
los secretarios, gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y los
jefes de las unidades administrativas especiales, en tanto superiores de
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia
del 13 de septiembre de 2012. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente radicación nro.
47001 23 31 000 2012 00003-01.
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los correspondientes servicios municipales, así como en cabeza de los
empleados oficiales que tengan competencia para ejecutar cualquiera de
las funciones administrativas allí mencionadas (contratación, ordenación
del gasto, decisión de situaciones administrativas laborales e
investigación de faltas disciplinarias)”24. (Se destaca)
Teniendo en cuenta el concepto de autoridad administrativa, la Sala pasa
a pronunciarse frente a cada uno de los reprochas formulados por los
recurrentes:
(i) La accionante alegó que el hijo del concejal sí ejerció autoridad
administrativa por el criterio orgánico, dado que se desempeñó en el
cargo de director técnico en la Secretaría de Educación del Departamento
de Antioquia, cargo que pertenece al nivel directivo, que “per se tiene
funciones de dirección general, define políticas, planes y proyectos,
funciones que aparecen nítidas en el manual de funciones de los cargos
desempeñados por el mencionado señor Echeverry Villa”25.
En sentido similar, el agente del Ministerio Público alegó que el cargo
desempeñado por el señor Elkin Darío Echeverry Villa es de nivel directivo,
por lo que “comprende los empleos a los cuales corresponde funciones de
dirección general, de formulación de políticas institucionales y de
adopción de planes, programas y proyectos lo que se traduce en que esta
clase de cargos ejercen funciones que implican autoridad
administrativa”26.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 1 de diciembre de 2017. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro.
54001-23-33-000-2016-00326-01 (PI).
25 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
26 Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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29
Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
Al respecto, la Sala considera que este reproche no tiene vocación de
prosperidad y, por el contrario, le asiste razón al tribunal al señalar que
señor Elkin Darío Echeverry Villa no ejerció autoridad administrativa con
fundamento en el criterio orgánico, puesto que, como se explicó, el inciso
primero del artículo 190 de la Ley 136 de 1994 enlistó los cargos que
detentan autoridad administrativa, tales como alcalde, secretarios de la
alcaldía, jefes de departamento administrativo, los gerentes o jefes de las
entidades descentralizadas y los jefes de las unidades administrativas
especiales, ninguno de los cuales fue desempeñado por el señor Echeverry
Villa.
Por el contrario, se advierte que la accionante, en el recurso de apelación,
confundió los conceptos sobre los criterios orgánico y funcional, en la
medida en que argumentó que el señor Echeverry Villa ejerció autoridad
administrativa por el criterio orgánico con fundamento en que ocupó un
cargo de nivel directivo que implica el ejercicio de funciones de dirección
general, definición de políticas, planes y proyectos; en ese sentido, es
pertinente aclarar que, para determinar el ejercicio de autoridad
administrativa a través del criterio orgánico, lo que se debe tener en
cuenta es el cargo ocupado siguiendo los enlistados en el inciso primero
del artículo 190 ibidem, sin que sea relevante para ello examinar las
funciones asignadas.
(ii) De otro lado, la accionante en el recurso de apelación alegó que el
señor Elkin Darío Echeverry Villa sí ejerció autoridad administrativa por el
criterio funcional porque la función de gestionar, supervisar y realizar
interventoría en materia de contratación se entendió de manera limitada
por el tribunal de instancia, ya que la gestión contractual conlleva las
acciones de celebrar y suscribir contratos.
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30
Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
Igualmente, el agente del Ministerio Público alegó que la gestión
contractual “comprende todas las actividades requeridas para garantizar
las etapas de planeación, selección y ejecución de los contratos, dentro
de las cuales está la celebración y suscripción de estos negocios jurídicos,
es decir, todas aquellas necesarias para sacar adelante dicha labor, lo que
implica que el hijo del demandado sí ostentaba funciones de autoridad
administrativa”27.
Bajo dicho contexto, se advierte que el numeral 11 del manual especifico
de funciones y competencias laborales del cargo de director técnico
asignado al grupo de trabajo de dirección de proyectos estratégicos de la
subsecretaría de planeación de la secretaría de educación señalaba que a
dicho empleo le corresponde “gestionar la contratación requerida de los
programas, siguiendo los trámites necesarios, velando por el
cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia en el gasto, para el
cumplimiento de los objetivos propuestos”28; a su vez, el numeral 16
establece que le corresponde “ejercer control sobre las supervisiones e
interventorías de los contratos de la dependencia, teniendo en cuenta los
conocimientos y experiencia necesaria, con el fin de que se adecuen a la
normatividad vigente”29.
De igual modo, el manual específico de funciones y competencias
laborales del cargo de director técnico asignado al grupo de trabajo de
dirección, inspección, vigilancia y control del servicio educativo de la
subsecretaría de calidad educativa de la Secretaría de Educación se
27 Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
28 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 01.
29 Ibidem.
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
desprende que a dicho cargo le corresponde “12. gestionar la contratación
requerida para la ejecución de los programas y proyectos de la
dependencia, de conformidad con las normas, procedimientos y manuales
establecidos”30, así como “13. Realizar el seguimiento, control y vigilancia
de la actividad contractual de la dependencia, de acuerdo con el objeto,
las obligaciones de las partes y las disposiciones legales vigentes”31.
Para el tribunal de instancia, las funciones referidas no implican el
ejercicio de autoridad administrativa por cuando no habilitaban al señor
Elkin Darío Echeverry Villa para celebrar contratos o convenios; mientras
que, para la solicitante y el agente del Ministerio Público, “gestionar” sí
conlleva la facultad de celebrar y suscribir contratos.
En este aspecto, la Sala considera que nuevamente le asiste razón al
tribunal de instancia, por cuanto el inciso segundo del artículo 190 de la
Ley 136 de 1994 establece que la autoridad administrativa la ejerce los
empleados “autorizados para celebrar contratos y convenios”, de manera
que es ésta la función relevante para la estructuración de la inhabilidad
invocada.
En ese escenario, se advierte que de las funciones que tenía a cargo el
señor Elkin Darío Echeverry Villa ninguna lo facultaba expresamente para
celebrar contratos y convenios; por el contrario, las funciones citadas en
precedencia se refieren a que le correspondía gestionar la contratación
requerida para la ejecución de los programas y proyectos de la
dependencia, sin que pueda desprenderse que ello conllevaba a la
habilitación de celebrar contratos; lo contrario equivaldría a comprender
de manera extensiva la función asignada, cuando del verbo “gestionar” la
30 Ibidem.
31 Ibidem.
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
contratación no es posible desprender la habilitación de suscribir
contratos.
Igual situación ocurre frente a las funciones de “ejercer control sobre las
supervisiones e interventorías de los contratos de la dependencia” y
“realizar el seguimiento, control y vigilancia de la actividad contractual de
la dependencia”, dado que no implican la habilitación para la celebración
de contratos o convenios. En consecuencia, este reparo tampoco tiene
vocación de prosperidad.
(iii) La solicitante también controvirtió que con la “(…) demanda se aportó
una relación de presuntos actos administrativos registrados en el
aplicativo Mercurio de la Gobernación de Antioquia (…) los cuales, dan
cuenta de las decisiones en que el señor Elkin Darío Echeverry Villa
intervenía en razón de sus funciones como directivo”32, y que, si bien “en
las respuestas emitidas por el Director de Talento Humano y el Secretario
de Educación de la Gobernación de Antioquia, se informa que este no
profirió ningún acto administrativo relacionado con otorgar vacaciones,
licencias, permisos, etc., a los funcionarios a su cargo, en el mencionado
aplicativo surge de manera evidente que el señor Echeverry Villa, hijo del
demandando, sí intervino en dichas actuaciones (…)”33. Alegó que el señor
Echeverry Villa sí era competente para “aprobar, autorizar (visto bueno)
y/o conceder vacaciones, permisos, licencias” a los funcionarios que
estaban a su cargo.
En el mismo sentido, el agente del Ministerio Público argumentó que se
allegó “una relación de los actos administrativos registrados en el
32 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
33 Visto en el índice 47de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
aplicativo Mercurio que dan cuenta de las decisiones en que el señor Elkin
Darío Echeverry Villa intervino en razón de sus funciones, (…) en el
mencionado aplicativo sí se afirma que el hijo del demandando interviene
en la decisión, tal y como se evidencia en el archivo digital 007 Pruebas
Perdida de Investidura”34.
Para resolver, la Sala precisa que de la documental a la que se refiere el
agente del Ministerio Público y la accionante (archivo digital 007 de la
pérdida de investidura) no se acredita que se trate de una “relación de
actos administrativos” que “dan cuenta de las decisiones en que el señor
Elkin Darío Echeverry Villa intervino en razón de sus funciones”; ello,
debido a que se trata de un documento con 19 páginas que contiene una
tabla con los datos de “número de radicado”; “tipo”, “fecha rad”; “ID
remitente”; “remitente”; “ID destinatario”; “destinatario”; “tipo
documental”; “fecha origen”; “descripción”; “observación”; “asunto”;
“folios”; “prioridad”; “usuario firma”; “fecha firma”; “usuario radicado”;
“radicado origen” y “sede”, respecto de todo tipo de solicitudes y
actuaciones que datan desde el 14 de febrero de 2018 hasta el 24 de
octubre de 2023.
Por lo tanto, le asiste razón al tribunal de instancia al señalar que de la
documental citada por los recurrentes no es posible desprender que el
señor Elkin Darío Echeverry Villa, en ejercicio de sus funciones, haya
aprobado, autorizado y o concedido vacaciones, permisos o licencias a
funcionarios a cargo.
De manera contraria a lo alegado por la accionante y el Ministerio Público
en el sentido que se aportó una documental en la que se relacionan
34 Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
“presuntos actos administrativos registrados en el aplicativo Mercurio de
la Gobernación de Antioquia (…) los cuales, dan cuenta de las decisiones
en que el señor Elkin Darío Echeverry Villa intervenía en razón de sus
funciones como directivo”35, la defensa del concejal acusado allegó con la
contestación de la demanda la respuesta al derecho de petición que elevó,
suscrita por el Secretario de Educación del Departamento de Antioquia el
7 de marzo de 2024, en el que se señaló: “[…] 6. Sírvase indicarme si el
señor Elkin Darío Echeverry Villa en su calidad de Director Técnico adscrito
a la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia en los años 2022
y 2023, y lo que va corrido de 2024 ha firmado actos administrativos en
los que autoriza vacaciones, ordena el pago de viáticos, concede licencias
y en general, si el mismo ejerce funciones de autoridad administrativa de
educación en el Departamento. Respuesta: La competencia para
autorizar vacaciones a los funcionarios de la Secretaría de Educación del
Departamento le corresponde a la Secretaría del Talento Humano y
Desarrollo Organizacional de la misma entidad […]”36. Por lo tanto, está
probado que el señor Echeverry Villa no tenía la facultad para conceder
vacaciones, más aún cuando, revisado el manual de funciones de los
cargos de director técnico, no está enlistada dicha atribución.
De igual manera, en el expediente reposa la constancia expedida por el
Director de Talento Humano de la Secretaría de Educación de la
Gobernación de Antioquia en la que señaló que “me permito informar que
verificados los archivos que reposan en la Dirección de Talento Humano
de la Secretaría de Educación, no se encontraron actos administrativos
particulares y concretos donde el señor Elkin Darío Echeverry Villa (…)
35 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
36 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
según el Sistema Mercurio haya otorgado vacaciones, licencias, permisos
a los funcionarios a cargo”37.
En consonancia con lo dicho, del manual específico de funciones se
desprende que ninguna facultaba al señor Elkin Darío Echeverry Villa para
“conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y
suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios
subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o
fijarle nueva sede al personal de planta”, en los términos descritos por el
inciso segundo del artículo 190 de la Ley 136 de 1994.
Ahora, la accionante también alegó que, “de conformidad con el
procedimiento establecido por las Circulares K2021090000252 del 02 de
septiembre de 2021 y K2022090000354 del 12 de diciembre de 2022, las
cuales, reglaban para la época de los hechos lo referente a las vacaciones,
licencias, permisos, etc., de los servidores de Gobernación de Antioquia,
eran los jefes inmediatos quienes tenían la competencia (en la mayoría
de los casos), para decidir sobre los permisos, licencias y vacaciones de
los servidores a cargo, bien sea porque las aprobaban, autorizaban (dar
el visto bueno) y/o concedían, aunque no fueran ellos los que emitieran
los actos administrativos que las formalizaban”38.
Frente a esta inconformidad, la Sala advierte que en el expediente no está
acreditado que el señor Echeverry Villa actuara como “jefe inmediato” y
se insiste que de los manuales de funciones allegados al proceso no se
observa que tuviese la facultad para conferir comisiones, licencias no
remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
37 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
38 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados, reconocer horas
extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal
de planta en los precisos términos fijados por el inciso 2 del artículo 190
de la Ley 136 de 1994.
Aunado a lo dicho, de la Circular K2022090000354 del 12 de diciembre
de 202239, citada por la accionante, se advierte con claridad que lo
regulado es que el jefe inmediato de cada dependencia aprobaba la
programación de las vacaciones en el mes de enero y dicha información
la debía remitir al competente para que las autorizara, quien a su vez
enviaba la planilla al Director Compensación y Sistema Pensional de la
Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organización para la
formalización del acto administrativo correspondiente en la plataforma
Mercurio, de manera que el “jefe inmediato” del que se pretende
desprender el ejercicio de autoridad administrativa tampoco tiene la
facultad para decretar vacaciones según la circular citada por la
accionante, sino que su actividad se limitaba a organizar el cronograma
de las vacaciones del grupo de trabajo, pero no es quien decide
concederlas.
Igualmente, de la Circular K2021090000252 del 2 de septiembre de
202140 se advierte que los jefes inmediatos tienen competencia para
conceder permiso remunerado hasta por un día; permiso por incentivo
por un día; permiso por lactancia; permiso por ejercicio de ser jurado de
votación y permiso por ejercer el derecho al voto; las demás situaciones
administrativas allí enlistadas son competencia del Gobernador,
39 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
40 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
Secretario del Despacho, de la Dirección de Personal de la Secretaría de
Talento Humano y Desarrollo Organizacional, entre otros. Ahora, en
gracia de discusión, resulta pertinente aclarar que los permisos que son
competencia de los jefes inmediatos tampoco implican el ejercicio de
autoridad administrativa según lo señalado por el artículo 190 de la Ley
136 de 1994, pues ésta se configura por “conferir comisiones, licencias
no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados; reconocer horas
extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal
de planta”.
(iv) En el recurso de apelación, el agente del Ministerio Público alegó que
el señor Elkin Darío Echeverry Villa sí ejerció funciones que implicaban
detentar autoridad administrativa y para ello enlistó las contenidas en los
numerales 2, 4, 5, 11 y 12 del manual de funciones del cargo denominado
director técnico (libre nombramiento y remoción) código 009, grado 02,
asignado al grupo de trabajo dirección inspección, vigilancia y control del
servicio educativo en la Secretaría de Educación y consistentes en:
i) Coordinar la elaboración y evaluación del plan operativo anual de
inspección, vigilancia y control, de acuerdo con los lineamientos
establecidos; ii) presentar las propuestas de las acciones de mejora que
se generen como resultado de la inspección y vigilancia; iii) suministrar
la información necesaria para adelantar el proceso administrativo
sancionatorio derivado del incumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias o estatutarias; iv) dirigir el equipo de trabajo a su cargo,
propiciando acciones de fortalecimiento, bienestar, capacitación,
retroalimentación y reconocimiento que faciliten el cumplimiento de los
objetivos de la dependencia y v) gestionar la contratación requerida para
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
la ejecución de los programas y proyectos de la dependencia, de
conformidad con las normas, procedimientos y manuales establecidos.
Para la Sala ninguna de las funciones a las que aludió el agente del
Ministerio Público implican el ejercicio de autoridad administrativa, puesto
que, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 190 de la Ley 136 de
1994, la autoridad administrativa la ejercen quienes están facultados
para celebrar contratos; ordenar gastos con cargo a fondos municipales;
conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y
suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios
subordinados, reconocer horas extras, vincular personal supernumerario
o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan
parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas
disciplinarias.
Ahora, el agente del Ministerio Público refirió a la función consistente en
“dirigir el equipo de trabajo a su cargo, propiciando acciones de
fortalecimiento, bienestar, capacitación, retroalimentación y
reconocimiento que faciliten el cumplimiento de los objetivos de la
dependencia”; sin embargo, dicha función no habilitó expresamente al
funcionario para conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar
vacaciones y suspenderlas, atribuciones que son las que permiten
establecer el ejercicio de autoridad administrativa.
(v) La solicitante alegó que se vulneró el derecho a la igualdad porque
existe un asunto análogo con radicado nro. 05001 2333 000 2021 01485
03 y respecto del cual aludió que es un “caso que para el tema que nos
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
ocupa es de alta relevancia por configurarse la misma inhabilidad”41.
La Sala observa que este reproche tampoco tiene vocación de
prosperidad, dado que lo que aquí se resuelve es si las funciones
asignadas al señor Echeverry Villa como director técnico de la Secretaría
de Educación del Departamento de Antioquia implicaron el ejercicio de
autoridad administrativa; mientras que en el asunto que citó la
accionante, si bien se trata de la misma inhabilidad aquí invocada, allí se
predicaba la autoridad administrativa del cargo del subgerente comercial
de Fomento y Desarrollo del Instituto para el Desarrollo de Antioquia –
IDEA, de manera que se trata de supuestos fácticos distintos.
(vi) Por último, tanto la accionante como el agente del Ministerio Público
controvirtieron la configuración del elemento sobre “la autoridad la haya
ejercido el funcionario en el respectivo municipio o distrito donde resultó
elegido concejal” para indicar que, independientemente que el Municipio
de Envigado sea certificado en educación, la Gobernación de Antioquia sí
interviene en las funciones administrativas de coordinación y
complementariedad, y que “quien ejerce la autoridad administrativa en el
departamento lo hace también en el municipio que pertenece a su
territorio, por la imbricación o superposición que existe entre ambos, pues
aquel no cuenta con territorio propio, sino el de las municipalidades que
lo integran”42.
En los términos en los que fue formulado este reproche, la Sala advierte
que los recurrentes se están refiriendo al elemento territorial de la
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radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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radicado nro. 05001 2333 000 2024 00390 00.
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
inhabilidad; en ese escenario, resulta inane cualquier pronunciamiento al
respecto, por cuanto, no está acreditado que el hijo del concejal haya
ejercido autoridad administrativa, es decir, el tercer elemento que debe
estar reunido para la configuración de la inhabilidad y el cual se constituye
como un presupuesto (ejercer autoridad administrativa) para abordar el
examen del elemento territorial de la inhabilidad.
En todo caso, es pertinente precisar que el tribunal analizó que el señor
Echeverry Villa tampoco tenía “la probabilidad real” (con fundamento en
la sentencia SU 207 de 2022) de ejercer autoridad administrativa en el
Municipio de Envigado, por cuanto se trata de un ente territorial
certificado en educación; no obstante, la Sala considera que la razón por
la que debe negarse la pérdida de investidura radica en que las funciones
asignadas al señor Echeverry Villa no encuadran dentro del concepto de
autoridad administrativa, por lo que el pronunciamiento relativo a
“probabilidad real del ejercicio de autoridad administrativa” no se erige
como el fundamento para negar las pretensiones, pues para ello, es decir,
“la probabilidad real”, es necesario que esté acreditado la condición del
ejercicio de autoridad administrativa.
En consecuencia, comoquiera que no está reunido el elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura invocada, la Sala se releva de
examinar el elemento subjetivo, y, por lo tanto, confirmará la sentencia
proferida el 16 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que negó la solicitud de desinvestidura del señor José Efraín
Echeverry Gil, elegido concejal del Municipio de Envigado, Antioquia,
período constitucional 2024 – 2027
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de abril de 2024
por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó la solicitud de
desinvestidura del señor José Efraín Echeverry Gil, elegido concejal del
Municipio de Envigado, Antioquia, período constitucional 2024 – 2027, por
las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00390 01
Solicitante: Clemencia Inés Toro Beleño
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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