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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00397-01

Fecha
10 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00397-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 15 de marzo de 2024, proferida por Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, así: “SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, adelanten todas las gestiones administrativas y/o presupuestales necesarias y remitan los respectivos soportes y/o certificado de disponibilidad presupuestal al Tribunal Superior de Antioquia, para que éste adopte las medidas conducentes a conceder las vacaciones a la señora Jhudy Francely Vásquez Arango y, de forma subsiguiente, emita el correspondiente acto administrativo en el que conceda el derecho a las vacaciones de la actora y determine el periodo de su disfrute, sin que se afecte el correcto servicio de administración de justicia.”. SEGUNDO: CONFIRMAR lo ordenado en los demás numerales de la sentencia del 15 de marzo de 2024, proferida por Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-00397-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

10 de mayo de 2024

Radicado: 05001-23-33-000-2024-00397-01
Accionante: Jhudy Francely Vásquez Arango

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diez (10) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 05001-23-33-000-2024-00397-01
Accionante: Jhudy Francely Vásquez Arango
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín – Antioquia.
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de Tutela
Subtema 1. Derecho al descanso.
Subtema 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Régimen de vacaciones colectivas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionada en contra de la
sentencia del 15 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Jhudy Francely Vásquez Arango, en nombre propio, formuló solicitud de amparo de
sus derechos fundamentales al descanso, a la familia y de petición1, que consideró
vulnerados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín – Antioquia dada la negativa de la entidad a expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para cubrir su reemplazo en el periodo de vacaciones,
y la respuesta a la solicitud que radicó el 2 de febrero de 2024 relacionada con la
revisión y corrección de la liquidación de nómina de diciembre de 2023.

1.2. Hechos probados

De lo narrado por la accionante y las pruebas allegadas al expediente, la Sala
expone los siguientes hechos:

1.2.1. Jhudy Francely Vásquez Arango indicó que se desempeña como Juez
Primero Penal del Circuito de Rionegro – Antioquia2, por lo tanto, es beneficiaria del
régimen colectivo de vacaciones.

1.2.2. La accionante explicó que a partir del 15 de noviembre de 2023 y hasta el 19
de marzo de 2024 estuvo en licencia de maternidad3, por lo que, no disfrutó del
periodo de vacaciones colectivas para esa vigencia y, en ese orden, el 1 de febrero
de 2024 solicitó ante la Coordinación de Asuntos Laborales y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia la expedición de los
1 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,

identificado con certificado C068ACA6CB172FE0 A3DD6D0D6592D5C9 416ADA4DBAD81B17
ACDA3183DDDD556E.
2 Archivo electrónico nombrado “PRUEBA_27_2_2024,14_17_06” ubicado en el archivo que

contiene las pruebas anexas al escrito de tutela en el expediente digital de tutela en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 501EFA39B536200D 71B2223F64592A30 E36850A25D569F17
452C44955EE943E7.
3 Archivo electrónico nombrado “PRUEBA_27_2_2024,14_21_45” ubicado en el archivo que

contiene las pruebas anexas al escrito de tutela en el expediente digital de tutela en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 501EFA39B536200D 71B2223F64592A30 E36850A25D569F17
452C44955EE943E7.
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certificados de disponibilidad presupuestal — en adelante CDP —, para el
cubrimiento de su reemplazo a partir del 20 de marzo de 2024 y la liquidación del
referido periodo vacacional4. No obstante, adujo que a la fecha de interponer la
acción, no ha recibido respuesta alguna.

Aclaró que el CDP requerido era necesario para acudir ante su superior funcional,
esto es, el Tribunal Superior de Antioquia, que en calidad de nominador, es la
autoridad que autoriza la materialización de su periodo de vacaciones.

1.2.2. De otra parte agregó que el 2 de febrero del corriente, solicitó ante la
Coordinación de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín - Antioquia, una revisión de su liquidación de
nómina del mes de diciembre de 20235, para verificar la inclusión de varias sumas,
conforme a la sentencia que resolvió a su favor una controversia económica que
giró en torno al reconocimiento de prestaciones sociales y factores salariales, en el
marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en
contra de la Rama Judicial, Consejo Superior dela Judicatura.

1.3. Pretensiones y argumentos de la solicitud de tutela

1.3.1. La accionante en su escrito de tutela solicitó al juez constitucional6:

“(…)

1. Se ampare el interés superior de mi hija de tres meses de edad, dentro del cual
se incluye la lactancia materna en las mejores condiciones y permanecer por más
tiempo en forma continua con su progenitora.

2. Se amparen mis derechos fundamentales de petición, al descanso laboral en
directa relación con la desconexión laboral y a la familia, por lo antes justificado.

3. Que en perentorio término, las entidades accionadas expidan los CDP necesarios
por virtud de las vacaciones reclamadas a mi nombre, y así pueda acudir en un
tiempo oportuno al Tribunal Superior de Antioquia, a fin de poner a su consideración
autorización (sic) de mis vacaciones debidamente causadas.

4. Se ordene a las Coordinación de Asuntos Laborales-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Antioquia, responder la petición elevada por mí el 2 de
febrero de 2024, en punto a la revisión y corrección de la nómina del mes de
diciembre de 2023.

(…)”7.

1.3.2. La señora Jhudy Francely Vásquez Arango adujo que las circunstancias
expuestas afectan las garantías fundamentales de su “(…) hija menor, a estar en
forma permanente con su progenitora en el periodo de vacaciones solicitado a
continuación del vencimiento de mi licencia de maternidad; tiempo que retrasaría su
ingreso a la sala cuna y en el cual podría acceder en forma más cómoda a la
lactancia materna, fortaleciendo un vínculo positivo con su señora madre,

4Archivos electrónicos nombrados “PRUEBA_27_2_2024,14_19_52” y
“PRUEBA_27_2_2024,14_19_18” ubicados en el archivo que contiene las pruebas anexas al escrito
de tutela en el expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
501EFA39B536200D 71B2223F64592A30 E36850A25D569F17 452C44955EE943E7.
5 Archivo electrónico nombrado “PRUEBA_27_2_2024,14_20_52” ubicado en el archivo que

contiene las pruebas anexas al escrito de tutela en el expediente digital de tutela en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 501EFA39B536200D 71B2223F64592A30 E36850A25D569F17
452C44955EE943E7.
6 Páginas 2 a 3 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del

expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado D7E44E996F0C3AA6
D3F237635E3F617F 80E01AC5E8CFB187 A4FF93640117943E.
7 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto

original.
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trascendental para toda su vida”8, y que “[a]sí mismo, se afligen mis derechos
fundamentales a la familia, en directa relación con la desconexión laboral, que en
suma garantizan atender en forma tranquila las necesidades de mi hija.”9.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia

1.4.1. El asunto le correspondió, en principio, al Juzgado Segundo Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Medellín que, mediante auto del 28 de febrero de
2024 declaró su falta de competencia y ordenó la remisión del expediente de tutela
al Tribunal Administrativo de Antioquia10.

Luego, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, mediante
auto del 1 de marzo de 202411, admitió la acción y vinculó al Tribunal Superior de
Antioquia y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1.4.2. El Tribunal Superior de Antioquia a través del presidente de la corporación,
manifestó que la accionante Jhudy Francely Vásquez Arango, en efecto, se
desempeña como Juez Primera Penal del Circuito de Rionegro – Antioquia y que
actualmente está en licencia por maternidad, razón por la que no disfrutó del periodo
de vacaciones colectivas para el año 2023.

No obstante, aclaró que no ha recibido alguna solicitud expresa de la interesada
relacionada con el goce del periodo vacacional referido y consideró pertinente
indicar que en caso de radicar algún requerimiento al respecto, era necesario contar
con la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal en aras de suplir
cualquier vacante y/o reemplazo para cubrir las necesidades del servicio en el
despacho del que es titular.

Resaltó que, de no cumplir de lleno ese requisito y acceder a una solicitud en ese
sentido, podría incurrir en un desconocimiento de las normas que regulan la
disponibilidad de recursos. Finalmente, solicitó la desvinculación del trámite
constitucional de la referencia.

1.4.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
– Antioquia adujo que la accionante radicó el 1 de febrero de la presente anualidad,
ante la Coordinadora del Grupo de Asuntos Laborales, una solicitud para la
expedición de certificado de disponibilidad presupuestal para su reemplazo por
periodo de vacaciones en el cargo de Juez Primera Penal del Circuito de Rionegro
– Antioquia y que, ésta había sido remitida al Área Financiera para el debido trámite.

Luego explicó que la referida dependencia le informó a la interesada, mediante
correo electrónico, que el certificado para reemplazo de vacaciones solicitado sería
expedido y/o remitido una vez fueran adicionadas las apropiaciones presupuestales
para ese rubro.

Agregó que no recibió una solicitud formal de vacaciones de la interesada, ni
resolución que la negara emitida por su nominador, por lo que, infirió que no fue
reconocido su derecho al descanso y adujo que, si ese fuera el escenario, la falta
de presupuesto para cubrir su reemplazo, no era óbice para conceder el disfrute de

8 Página 2 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del
expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado D7E44E996F0C3AA6
D3F237635E3F617F 80E01AC5E8CFB187 A4FF93640117943E. Esta es una trascripción literal.
Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
9 Ibid.
10 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,

identificado con certificado 58993C4C7CB418B3 C151D3DB64975BAE 2EE1139F38E5E6F1
521AB8107AEEF83E.
11 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,

identificado con certificado 37544DE94C1FC5E3 8A85C82197484B29 3B7B791D3D58BD68
FF4ED87AC4647948.
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vacaciones, carga que, en todo caso, no debía endilgarse a la Dirección Seccional
que solo actúa como ejecutor.

En esa misma línea explicó que, en el caso de la accionante, de conformidad con lo
dispuesto en la cartilla laboral de la Rama Judicial, la licencia de maternidad se
encuentra enmarcada en una de las causales para aplazar el periodo vacacional,
por lo que “una vez cumplida su licencia de maternidad, no es necesario solicitar un
CDP para el disfrute de sus vacaciones pues ya ha sido adquirido automáticamente
en razón a las vacaciones colectivas a que tiene derecho, advirtiendo por demás
que, en ningún momento esta Dirección ha negado el CDP para su disfrute”12.

De otra parte, respecto de la solicitud radicada el 2 de febrero de 2024 relacionada
con la revisión y corrección de la liquidación de nómina para el mes de diciembre
de 2023, adujo que la bonificación judicial como factor salarial que fue reconocida
mediante sentencia, se vio reflejada para la nómina del mes de enero del corriente
y que en el mes de noviembre de 2023 fue pagado lo correspondiente a la prima de
navidad ya que tal rubro no había sufrido ninguna modificación en tanto la
providencia que ordenó los cambios, fue conocida hasta el 7 de diciembre de 2023,
cuando quedó ejecutoriada.

Así, indicó que las peticiones fueron debidamente atendidas y, en ese orden, estaba
plenamente acreditado un hecho superado. También adujo que la solicitud del
certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de vacaciones queda
supeditado a la disposición presupuestal que emita la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Nivel Central.

Por todo lo expuesto, solicitó declarar la improcedencia de la solicitud ya que
consideró que no existe vulneración alguna de las garantías fundamentales
invocadas por la accionante.

1.4.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través de su
apoderado indicó que la competencia funcional para conceder el periodo de
descanso o vacaciones de la accionante es el Tribunal Superior de Antioquia dada
su calidad de nominador, por lo que la entidad no tenía ninguna participación al
respecto.

Manifestó que, la entidad encargada de sufragar y expedir las respectivas
resoluciones mediante las que se establece el periodo de vacaciones y valores a
sufragar por este concepto, es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín – Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103
de la Ley 270 de 1996.

Expuso que, si bien la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 estableció
la prohibición de asignar recursos de la Rama Judicial para la contratación de
reemplazo de los empleados de los despachos judiciales con régimen individual de
vacaciones que cuenten con tres o más servidores incluidos su titular, no ocurría lo
mismo con la disposición de recursos para la contratación de reemplazo de los
funcionarios judiciales, sin perjuicio que la interesada presente un plan de atención
para garantizar la debida prestación del servicio; por lo que el nominador, en este
caso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, no debía negar la
solicitud de vacaciones con base en la justificación de falta o ilegalidad en la
apropiación de recursos para la contratación de un reemplazo.

Finalmente, adujo que, los hechos narrados en el escrito de tutela no exponen
alguna acción u omisión de la entidad que incidan directamente en alguna

12 Página 5 del archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el

aplicativo SAMAI, identificado con certificado 6B17B50A087F7E55 49FF09E06202C50B
BF89C80A8F5AACC9 50DAB15ADD16CA61. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas,
mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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responsabilidad frente a la vulneración de las garantías fundamentales de la
accionante, por lo que solicitó la desvinculación del trámite de la referencia y se
ordene y conmine al nominador para que de forma inmediata conceda el periodo de
vacaciones solicitado.

1.5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, en sentencia del
15 de marzo de 202413, amparó los derechos fundamentales al descanso, a la
familia y de petición de la señora Jhudy Francely Vásquez Arango y, en
consecuencia, ordenó: i) a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín – Antioquia, en el numeral segundo, que ejecutara las gestiones
administrativas y/o presupuestales para la expedición del CDP que permita al
nominador el reemplazo de la accionante, y en el numeral cuarto, que emitiera una
respuesta clara y de fondo al requerimiento que en ejercicio de su derecho
fundamental de petición, presentó la señora Vásquez Arango el 2 de febrero de
2024; y ii) en el numeral tercero, al Tribunal Superior de Antioquia para que, una
vez realizado lo anterior, informara a la accionante sobre la fecha en que empezaría
a disfrutar de sus vacaciones.

En primer lugar, citó textualmente algunos apartes de la sentencia SU-296 de 2023
dictada por la Corte Constitucional, adujo que el artículo 146 de la Ley 270 de 1996
prevé lo pertinente a las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial sean de orden colectivo o individual, mencionó una sentencia de la Corte
Suprema de Justicia en relación con la autorización de las vacaciones14 y expuso el
alcance normativo del derecho fundamental de petición.

En segundo lugar, destacó que con las pruebas allegadas al expediente acreditó
que la accionante, el 1 de febrero del corriente, a través de correo electrónico
dirigido a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín –
Antioquia, radicó una solicitud de expedición del respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal para el reemplazo de sus vacaciones y que, la entidad
emitió respuesta el mismo día en la que le informó que su solicitud había sido
remitida al Área Financiera.

Además, que la referida dependencia, el 5 de febrero de 2024, remitió correo
electrónico a la accionante en el que fue requerida para que allegara la licencia de
maternidad debidamente tramitada y una vez enviado el documento solicitado, el
Coordinador del área financiera remitió un correo con copia a la interesada en el
que aprobaba la expedición del CDP.

Resaltó que la autoridad accionada, en su escrito de contestación, indicó que el
Área Financiera le informó a la señora Vásquez Arango que el certificado sería
emitido una vez fueran adicionadas por la Dirección Ejecutiva de Nivel Central las
apropiaciones presupuestales para ese rubro, ya que aún no había dispuesto los
recursos para ello; manifestación que consideró contradictoria, dado que, ya le
había sido comunicado a la accionante que sería expedido el certificado solicitado.

En ese escenario, explicó que, conforme a lo previsto en el artículo 146 de la Ley
270 de 1996, la accionante pertenece al régimen de vacaciones colectivas de la
Rama Judicial, en tanto ocupa el cargo de Juez Primera Penal del Circuito de
Rionegro – Antioquia. También resaltó que el Tribunal Superior de Antioquia en
calidad de nominador, informó que no tenía registro alguno de solicitud de
vacaciones radicado por parte de la interesada, por lo que, para dar trámite a un

13 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 2 del aplicativo SAMAI,

identificado con certificado E6CCF6A7A960384C 5756CADE3268F779 F944D92331B81A8B
B39FD753949E1DFD.
14 Cita original: “Corte Suprema de Justicia. Sala de Decisión de Tutelas n.° 2. M.P. Luis Antonio

Hernández Barbosa. Sentencia de 3 de septiembre de 2019. STP 12087-2019 Radicado n.° 106524”.
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eventual requerimiento de este tipo era necesario contar con un certificado de
disponibilidad presupuestal para suplir su reemplazo y en ese orden, la negativa de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín impide el
goce efectivo del derecho al descanso de la interesada dado que su periodo
vacacional fue aplazado por razones ajenas a su voluntad.

Por lo anterior, además de lo previsto por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-296 de 2023, tuvo en consideración que el numeral 6 de la Circular PSAC11-44
del 23 de noviembre de 2011 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura
planteó que excepcionalmente con ocasión de licencia de maternidad, entre otros,
el personal del régimen colectivo de vacaciones puede solicitar asignación de
recursos para remplazo de vacaciones15.

Así, concluyó que la entidad cuestionada estaba impidiendo el derecho al disfrute
de las vacaciones de la accionante dado que las razones propuestas son
meramente administrativas y presupuestales, carga que en todo caso no debía
soportar y en ese sentido era procedente el amparo del derecho al descanso.

De otra parte, respecto al escrito que radicó la accionante en el que solicitó
información relacionada con la revisión de la nómina causada para el mes de
diciembre de 2023, el pago de los intereses a las cesantías y la inclusión de la prima
de navidad; estimó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín no acreditó haber enviado una respuesta en debida forma, por lo que
accedió al amparo del derecho fundamental de petición.

1.6. Impugnación

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín –
Antioquia presentó escrito de impugnación en contra de la sentencia del 15 de
marzo de 202416, en el que solicitó revocar la decisión con base en los siguientes
argumentos17:

Indicó que conforme a lo ordenado por el juez constitucional de primera instancia,
mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2024 dirigido a la accionante,
complementó la respuesta enviada el 1 de febrero del año en curso y resolvió de
forma clara y de fondo la solicitud radicada por aquella, el pasado 2 de febrero de
la misma anualidad. Para sustentar su dicho, anexó copia del correo electrónico
enviado a la señora Vásquez Arango18.

Expuso que, las gestiones administrativas y presupuestales para expedir el CDP
que cubra el reemplazo de vacaciones de la señora Vásquez Arango, es una
disposición que no le compete a la Dirección Seccional dado que — insistió —, no
tiene la autonomía para ello y en ese orden, es la Dirección Ejecutiva del Nivel
Central quien resuelve tales situaciones, ya que los recursos que administra
dependen de los fondos que sean autorizados por esta última y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

Por lo anterior, resaltó que las limitaciones para administrar los recursos apropiados
impiden una disposición inmediata, lo que obliga al manejo y distribución eficiente

15 Página 24 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 2 del

aplicativo SAMAI, identificado con certificado E6CCF6A7A960384C 5756CADE3268F779
F944D92331B81A8B B39FD753949E1DFD. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas,
mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
16 Apartado 1.5.
17 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 2 del aplicativo SAMAI,

identificado con certificado E823D21E855AD852 682A694A84C5B877 6B7CDE20311F58E3
0D4FE47C1F880424.
18 Páginas 15 y 16 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 2 del

aplicativo SAMAI, identificado con certificado E823D21E855AD852 682A694A84C5B877
6B7CDE20311F58E3 0D4FE47C1F880424.
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del gasto y en ese sentido, “quienes pretendan gozar efectivamente de su derecho
legal y constitucional al descanso, deben presentar con al menos dos meses de
antelación su solicitud de expedición de CDP, tanto para el pago de vacaciones y
primas de vacaciones, como para el remplazo de quien se ausentará para
descansar. Ello, con el fin de que la Dirección Seccional, a su vez, tenga oportunidad
de solicitar las adiciones presupuestales que resulten necesarias, toda vez que
dicho trámite y gestión debe llevarse a cabo durante los primeros seis días de cada
mes.”19.

En línea con lo anterior, alegó que el juez de tutela no puede decidir en todos los
asuntos públicos de orden presupuestal, pues tal actuación es contraria a la
Constitución Política ya que no puede ordenar apropiaciones del gasto del
presupuesto nacional como si reemplazaran a las autoridades y procedimientos
previstos para ello y en ese sentido — resaltó —, se ha pronunciado el Consejo de
Estado en sentencias del 26 de mayo de 2024 y 12 de diciembre de 2018.

Sin perjuicio de lo anterior, informó que “(…) en cumplimiento del fallo, y dado que
se asignaron los recursos por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, se procedió a expedir el CDP requerido, notificado a la actora el día de hoy
(…)”20. Para tales efectos, allegó copias de envió de correo electrónico y del oficio
DESAJMEO24 -1079 del 18 de marzo de 2024 dirigido a la accionante21.

Finalmente y por lo expuesto, solicitó revocar la decisión dictada en primera
instancia de tutela respecto de la responsabilidad atribuida a la entidad en virtud de
la vulneración de las garantías fundamentales de la accionante.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
mecanismo preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los
casos que establece la ley22.

19 Página 10 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 2 del

aplicativo SAMAI, identificado con certificado E823D21E855AD852 682A694A84C5B877
6B7CDE20311F58E3 0D4FE47C1F880424. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas,
mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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6B7CDE20311F58E3 0D4FE47C1F880424. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas,
mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
21 Páginas 12 a 14 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 2 del

aplicativo SAMAI, identificado con certificado E823D21E855AD852 682A694A84C5B877
6B7CDE20311F58E3 0D4FE47C1F880424.
22 Corte Constitucional, sentencia T-867 de 2013: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como

intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y
contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción
judicial en él contemplada, además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal
objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los
ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.
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No obstante, preciso revisar si, en el caso sub iudice, se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela23.

2.2.1. La legitimación en la causa por activa de Jhudy Francely Vásquez Arango
se encuentra acreditada, porque es la titular de los derechos que considera
afectados por la actuación de la autoridad contra la que dirigió la acción.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia es la
autoridad que, según los hechos narrados por la accionante, es causante de la
vulneración de los derechos fundamentales invocados y respecto de los que
reclama protección en sede de tutela.

2.2.2. Respecto del requisito de inmediatez, la Sala estima que se encuentra
superado, en la medida en que la accionante solicitó el 1 y 2 de febrero del año en
curso, respectivamente, la expedición del certificado del CDP para el cubrimiento
de su reemplazo en el periodo de vacaciones causado en la vigencia anterior y la
revisión de la liquidación de nómina de diciembre del año 2023, y la acción fue
interpuesto el 27 de febrero de 2024, es decir, dentro de un término razonable.

2.2.3. El requisito de subsidiariedad presupone que la acción de tutela solo
procede cuando el afectado no tiene otro mecanismo de defensa judicial para la
protección de sus derechos fundamentales. Este requisito, en principio, impide que
el actor acuda a la solicitud de amparo para debatir la constitucionalidad de actos
administrativos, al contar con la posibilidad de controvertir aquellas decisiones de la
administración ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, escenario
natural de protección de los derechos.

Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que la acción de
amparo procede excepcionalmente cuando el mecanismo disponible no
salvaguarda de manera eficaz24 el derecho fundamental o no es idóneo, por no
ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión25. De
cualquier manera, estos eventos parten de un examen concreto en el que el juez
valore la efectiva protección del derecho fundamental, como lo ha establecido la
Corte Constitucional a saber:

“[L]a Corte ha objetado la valoración genérica del medio de defensa ordinario, pues
ha considerado que en abstracto cualquier mecanismo judicial puede considerarse
eficaz, dado que la garantía mínima de todo proceso es el respeto y la protección
de los derechos constitucionales de los asociados. Por esta razón, la jurisprudencia
ha establecido que la eficacia de la acción ordinaria solo puede prodigarse en
atención a las características y exigencias propias del caso concreto, de modo que
se logre la finalidad de brindar plena y además inmediata protección a los derechos
específicos involucrados en cada asunto”26.

También es procedente la acción cuando el tutelante se encuentra ante la presencia
de un perjuicio irremediable, porque la solicitud de amparo funge como un
mecanismo transitorio. La máxima autoridad de la jurisdicción constitucional ha
definido el perjuicio irremediable, a partir de la reunión de los presupuestos de
gravedad, inminencia e impostergabilidad de la medida para proteger el derecho

23 Corte Constitucional, sentencia T-091 de 2018: En esta medida, antes de pronunciarse de fondo

sobre el caso concreto, es deber del juez constitucional verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, a saber: (i) la legitimación en la causa por activa y
por pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad.
24 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece:

“Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. || La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
25 Corte constitucional. Sentencia T-471 de 2017.
26 Corte constitucional. Sentencias T-646 de 2013, T-592 de 2016 y T-397 de 2017.

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En el asunto bajo estudio, las pretensiones de la actora van encaminadas, de un
lado, a la protección de su derecho al descanso vacacional por la falta de expedición
del CDP que cubra su reemplazo, y, de otro lado, a obtener la garantía de su
derecho fundamental de petición, en tanto no ha recibido una respuesta clara y de
fondo al escrito que radicó el 2 de febrero de 2024 relacionada con la revisión de la
liquidación de nómina para el mes de diciembre de 2023.

Así, tales circunstancias permiten advertir en el primer escenario, la necesidad
apremiante de evitar que la continuada ausencia de descanso se extienda y
comprometa la salud física y mental de quien ha venido a la jurisdicción en solicitud
de amparo, dado que la afectación del derecho al descanso se agrava, justamente,
en razón al paso del tiempo en que no se puede disfrutar de él y, el segundo
escenario, la procedencia de la acción porque la accionante no cuenta con otro
mecanismo que permita la garantía de su derecho fundamental de petición. En
consecuencia, el escrito de tutela supera el requisito de subsidiariedad.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala definir si la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín - Antioquia vulneró los derechos fundamentales de la señora
Jhudy Francely Vásquez Arango, ante la falta de respuesta en la expedición del
Certificado de Disponibilidad Presupuestal para autorizar su reemplazo por
vacaciones y la solicitud de revisión que radicó el 2 de febrero de 2024 relacionada
con la liquidación de nómina para el mes de diciembre de 2023.

2.4. Solución al problema jurídico

Para dar solución al problema jurídico, es necesario hacer un breve recuento del
marco normativo de los derechos fundamentales al descanso y de petición. Tras
ello, definir si la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín, con la falta de respuesta a los requerimientos de la accionante, conculcó
aquellas garantías.

2.4.1. Del derecho al descanso

El artículo 53 de la Constitución establece que el descanso necesario es uno de los
principios mínimos fundamentales de los trabajadores27. Sobre el particular, la Corte
Constitucional ha determinado que este tiene como finalidad que la persona que
aporta su fuerza laboral recupere las energías que gasta en la actividad que
demanda el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación laboral,
proteja su salud física y mental, y realice otras ocupaciones que permitan su
desarrollo integral. De tal manera que pueda preservarse su capacidad de trabajo
que, por lo general, es su único medio de subsistencia28.

En efecto, la jurisprudencia constitucional ha determinado que de la interpretación
sistemática de los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución29 se deduce que el
descanso es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por ello,

27 El Articulo 53 de la Constitución Política establece: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo.

La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de
edad”. [Negrilla fuera del texto].
28 Corte Constitucional. Sentencia C-897 de 2003. En el mismo sentido, las sentencias C-019 de

2004, T-837 de 200, T-076 de 2001, C-710 de 1996 entre otras.
29 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2001. En el mismo sentido, las sentencias C-710 de

1996, C-019 de 2004, T-09 de 1993 y C-024 de 1998.
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cualquier individuo puede solicitar su protección a través de la acción de amparo,
cuando no haya otro mecanismo para garantizarlo.

Este derecho, en todo caso, está sometido a las condiciones previstas en el
desarrollo legal del régimen de vacaciones, que establece ciertos requisitos para
poder acceder a él. En términos generales, el trabajador debe haber laborado
durante cierto periodo preestablecido y formular la respectiva solicitud al empleador,
para que este proceda a su programación30.

Ahora, en el contexto de funcionarios y empleados judiciales, como es el del caso
sub examine, toda vez que la acción de tutela fue promovida por un funcionario
judicial, el régimen aplicable en la materia es el contenido en el artículo 146 de la
Ley 270 de 199631 que fijó, por un lado, un régimen general de vacaciones
colectivas, y, por otro lado, uno excepcional de vacaciones individuales.

Esta disposición establece que la vacancia colectiva se disfruta entre el 20 de
diciembre de cada año y el 10 de enero siguiente, inclusive32. En cambio, para el
régimen individual, “[…] Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo
con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y
Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los
Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio”33. Las que, en todo caso, pueden
ser aplazadas por la autoridad competente por necesidades del servicio y a través
de resolución motivada34, sin que ello pueda significar un desconocimiento del
derecho35.

En consecuencia, si se pertenece al régimen de vacaciones colectivas, para su
disfrute solo se requiere estar vinculado al 20 de diciembre en uno de los despachos
cobijados por dicho régimen36 y para el régimen de vacaciones individuales, el
disfrute está supeditado a las necesidades del servicio conforme a la valoración del
respectivo nominador.

En ese orden, la Corte Constitucional ha precisado37:

“(…) es cierto que el trabajador tiene derecho a gozar de un periodo de tiempo
durante cada año laboral, para descansar y emplear ese tiempo en lo que él
considere apropiado. Pero también es lógico que el empleador pueda decidir que,
por razón de la labor que desempeña el trabajador o por intereses de la empresa,
como el aumento de la productividad durante determinada época del año, el
trabajador disfrute sus vacaciones en un período del año en que el empleador y sus
intereses no se vean afectados. Por ello no se desconoce el derecho que tiene todo

30 Corte Constitucional. Sentencias C-892 de 2009 y C-035 de 2005.
31 Artículo 146 de la Ley 270 de 1996: “Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama

Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras
existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las
de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]”. [Negrilla
fuera del texto].
32 Artículo 107 del Decreto 1660 de 1978.
33 Negrilla fuera del texto original.
34 Artículo 14 del Decreto 1045 de 1978.
35 “Lo anterior no implica que el nominador, en aras de satisfacer los requerimientos del servicio, esté

autorizado para suspender o aplazar indefinidamente las vacaciones del personal subordinado. De
hecho, la Corte Suprema de Justicia, en repetidas sentencias de tutela ha explicado que por razones
del servicio el nominador puede programar el derecho al descanso de sus empleados de forma en
que genere la menor afectación al despacho, pero nunca impedir que lo disfruten.”.Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 03 de
abril de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2020-00669-00 (AC).
36 Es de anotar que cuando el funcionario o empleado no haya servido el año completo, solo tendrá

derecho al pago de la prima de vacaciones a prorrata del tiempo trabajado, que se calcula a razón
de una doceava parte de su valor por cada mes completo de servicio. Artículo 109 del Decreto 1660
de 1978.
37 Corte Constitucional. Sentencia C-710 de 1996.

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trabajador a gozar de vacaciones anuales. En este caso, se hace necesario
establecer un equilibrio entre los derechos del trabajador y los del empleador, de tal
forma, que unos y otros no se vean afectados”38.

Visto lo anterior, es factible acoger las siguientes conclusiones: (i) el descanso ha
sido definido como un derecho fundamental; (ii) (i) el derecho al descanso en el
escenario judicial no está supeditado a la provisión de un reemplazo, ni a algún
condicionamiento administrativo o presupuestal, pues “se trata de un derecho que
se causa con el simple transcurso del tiempo laborado”39; (iii) la tutela puede ser
empleada para su protección, cuando se evidencie su quebranto y no haya otro
medio de defensa judicial; (iv) los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
tienen derecho a materializarlo por medio de las vacaciones, sean colectivas o
individuales; (v) su causación depende del tiempo laborado y, en algunos casos, de
las necesidades del servicio; y (vi) el aplazamiento de las vacaciones no puede ser
indefinido, so pena de cercenarlo o hacerlo nugatorio.

2.4.1.1. En el sub lite, a la señora Jhudy Francely Vásquez Arango como Juez
Primero Promiscuo Municipal de Rionegro40, le asiste el derecho de gozar de sus
vacaciones en la medida en que: i) el descanso se causó como consecuencia del
periodo de vacancia judicial de fin de año comprendido entre el 20 de diciembre de
2023 al 10 de enero de 2024; y ii) el periodo de vacaciones no fue disfrutado por la
interesada dada su licencia de maternidad durante el periodo del 15 de noviembre
de 2023 al 19 de marzo de 202441.

De las pruebas allegadas al expediente, la Sala pudo verificar que la accionante
solicitó mediante oficio anexo al correo electrónico del 1 de febrero de 202442, al
Coordinador de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín – Antioquia, el disfrute de sus vacaciones para
la vigencia del año 2023 una vez finalizara su licencia de maternidad, esto es, a
partir del 20 de marzo de 2024, en la que además requirió la expedición de los
certificados de disponibilidad presupuestal para su reemplazo.

Al respecto, el Coordinador del Grupo de Asuntos Laborales de la entidad, a través
de correo electrónico remitido el mismo día43, le informó a la señora Vásquez Arango
que su solicitud había sido remitida al área financiera de la entidad y que los ajustes
ordenados en la sentencia a la que hizo referencia en su solicitud, serían aplicados
desde el 7 de diciembre de 2023, fecha en la que el fallo quedó ejecutoriado.

Luego, el 5 de febrero del corriente, en correo electrónico del área financiera que
fue enviado como copia a la interesada, fue aprobada la expedición del CDP para
cubrir las vacaciones44. No obstante, el día 7 de febrero siguiente, una vez remitida

38 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto

original.
39 Corte Constitucional. Sentencia C-19 de 2004.
40 Según el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de

las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales.
41 Archivo electrónico nombrado “PRUEBA_27_2_2024,14_21_45” ubicado en el archivo que

contiene las pruebas anexas al escrito de tutela en el expediente digital de tutela en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 501EFA39B536200D 71B2223F64592A30 E36850A25D569F17
452C44955EE943E7.
42Archivos electrónicos nombrados “PRUEBA_27_2_2024,14_19_52” y
“PRUEBA_27_2_2024,14_19_18” ubicados en el archivo que contiene las pruebas anexas al escrito
de tutela en el expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
501EFA39B536200D 71B2223F64592A30 E36850A25D569F17 452C44955EE943E7. Esta es una
trascripción literal.
43 Página 2 del archivo electrónico nombrado “PRUEBA_27_2_2024,14_20_41” ubicado en el

archivo que contiene las pruebas anexas al escrito de tutela en el expediente digital de tutela en el
aplicativo SAMAI, identificado con certificado 501EFA39B536200D 71B2223F64592A30
E36850A25D569F17 452C44955EE943E7.
44 Página 1 del archivo electrónico nombrado “PRUEBA_27_2_2024,14_20_41” ubicado en el

archivo que contiene las pruebas anexas al escrito de tutela en el expediente digital de tutela en el
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la licencia de maternidad debidamente tramitada ante la EPS a la que está afiliada
la accionante, el asistente administrativo del área de asuntos laborales le informó a
la señora Vásquez Arango que45, “(…) El certificado de reemplazo se estará
remitiendo, cuando se adicionen las apropiaciones presupuestales para ese
rubro”46.

Pese a lo anterior, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín expuso en su escrito de impugnación que en cumplimiento del fallo de
primera instancia había procedido a expedir el CDP requerido y que mediante oficio
DESAJMEO24-1079 del 18 de marzo del corriente, enviado el mismo día por correo
electrónico, le había informado a la señora Vásquez Arango al respecto 47. Sin
embargo, manifestó su inconformidad con la decisión y cuestionó la intervención del
juez constitucional en asuntos de índole presupuestal, lo que a su juicio, es un
asunto que no debe ser tratado en sede de tutela.

En este contexto, cabe denotar que, si bien la Circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 201148 está orientada a programar las vacaciones de los funcionarios
judiciales del régimen de vacaciones individuales y en el presente asunto se trata
de las vacaciones causadas a favor de una Juez Penal del Circuito perteneciente al
régimen de vacaciones colectivas, cuyo descanso fue suspendido con ocasión de
una licencia de maternidad; lo cierto es que, el caso particular se enmarca en la
causal 6 regulada en la mencionada disposición, que refiere viable la asignación de
recursos para atender reemplazos por vacaciones del personal titular que pertenece
al régimen de vacaciones colectivas, excepcionalmente “cuando la solicitud
corresponda a un funcionario judicial, cuya licencia por enfermedad o por
maternidad haya coincidido total o parcialmente con el periodo vacacional de este
régimen, para lo cual se anexará fotocopia del certificado de incapacidad
correspondiente, expedido por la EPS a la cual se encuentre afiliado”49.

En línea con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia SU-296 de 2023, en la
que fueron analizados varios casos relacionados con vacaciones del régimen
individual y colectivo, precisó que las fórmulas encaminadas a suplir la opción de
reemplazo, entre ellas la redistribución de carga laboral entre los empleados del
despacho, no son idóneas para garantizar el derecho al descanso en la medida en
que, tal actuación50:

“(…) no solo impacta en el derecho fundamental al descanso de los actores, sino
que podría tener incidencia en la garantía de otros derechos como la salud física y
mental, así como en la dignidad humana de los funcionarios y empleados judiciales
a quienes se les ha impedido acceder a las vacaciones en igualdad de condiciones.
Además, advirtió que esta situación también incide en el adecuado funcionamiento
de la administración de justicia porque la vulneración de los derechos de los actores
impacta en la cantidad de trabajo a su cargo, la eficiencia de sus labores (…).

233. De este modo, al margen de los remedios judiciales a adoptar en cada
expediente en específico, la Sala encontró necesario impartir una orden al Consejo
Superior de la Judicatura para que, en un plazo que no exceda los seis (6) meses
contados a partir de la notificación de esta providencia, y previa consulta y o
participación de los jueces, adopte la reglamentación necesaria para garantizar la

aplicativo SAMAI, identificado con certificado 501EFA39B536200D 71B2223F64592A30
E36850A25D569F17 452C44955EE943E7.
45 Ibid.
46 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto

original.
47 Apartado 1.6.
48 Consulta en línea de la página web de la Rama Judicial, en el link:
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=~%2FApp_Data%2FUpload%2FP
SAC11-44.pdf.
49 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto

original.
50 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto

original.
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efectividad del derecho a las vacaciones que se ejerzan en forma individual al interior
de la Rama Judicial, y, a partir de la debida planeación, se prevenga la aplicación
de razones de orden presupuestal, logístico o administrativo como barreras para el
disfrute de dicho derecho. Esta reglamentación debe ser integral y suficiente para
proteger y promover el derecho al trabajo de los funcionarios y empleados judiciales
en condiciones dignas, lo cual debe comprender aspectos como el descanso, la
salud mental y física, el equilibrio entre la vida laboral y personal y la prevención del
agotamiento laboral.”51.

La Corte Constitucional, al abordar un casi de similares contornos fácticos y jurídicos
al estudiado en esta oportunidad, consideró52:

“234. Por último, aunque en la mayoría de los expedientes analizados se
estudiaron casos de empleados judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual,
la Sala estimó necesario efectuar un análisis separado del expediente T-9.098.050,
tras considerar que es un asunto disímil de la generalidad de los expedientes
analizados por tratarse de un funcionario judicial – juez promiscuo municipal – a
quien se le suspendieron las vacaciones pese a encontrarse en el régimen colectivo.

235. Para resolver el problema jurídico planteado en el caso concreto, la Sala
constató que el supuesto de hecho administrativo en el cual se encuentra el actor
no está regulado en la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la Judicatura,
en la medida en que esta disposición únicamente se refiere a la concesión de
vacaciones para funcionarios judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual.
Por tanto, como la DESAJ-Tunja ha acudido a las disposiciones de la citada circular
para negar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal solicitado, en
similar forma a como ocurrió con los empleados judiciales cuyo régimen de
vacaciones es individual, la Sala concluyó que tanto la DESAJ-Tunja como el
Consejo Superior de la Judicatura han contribuido a la vulneración de los derechos
fundamentales del actor, tras omitir garantizar la contratación de un remplazo
durante su periodo de descanso, so pretexto de una aparente prohibición
establecida por aludida circular. En consecuencia, estimó necesario conceder el
amparo reclamado por el actor y poner de presente que la deficiencia advertida en
el trámite administrativo de concesión de las vacaciones también impacta a algunos
funcionarios judiciales cuyo régimen de vacaciones es colectivo, pero que, debido a
situaciones administrativas particulares, como la asignación de turnos de
disponibilidad, tienen que disfrutarlas de manera individual. (…)”53. (Subraya la Sala)

En ese entendido, la Subsección considera que, aun cuando la autoridad
cuestionada manifestó en su escrito de impugnación que había cumplido lo
ordenado por el juez constitucional de primera instancia, lo cierto es que, de las
pruebas allegadas al expediente no puede acreditarse su dicho, en tanto no allegó
copia del CDP, ni el soporte de envío de este al nominador y/o acto administrativo
que acredite el goce del periodo vacacional de la accionante en cumplimiento de lo
ordenado.

Por lo expuesto, la Sala encuentra que debe confirmarse el amparo de los derechos
fundamentales al descanso y a la familia de la señora Jhudy Francely Vásquez
Arango y, en consecuencia, modificará el numeral segundo de la sentencia
impugnada para aplicar la fórmula resolutiva que fue establecida por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-296 de 2023.

Así las cosas, se ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín - Antioquia que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, en coordinación con la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, adelanten todas las gestiones
administrativas y/o presupuestales necesarias y remitan los respectivos soportes
y/o certificado de disponibilidad presupuestal al Tribunal Superior de Antioquia, para
que éste adopte las medidas conducentes a conceder las vacaciones a la señora
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ibid.

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Jhudy Francely Vásquez Arango y, de forma subsiguiente, emita el correspondiente
acto administrativo en el que conceda el derecho a las vacaciones de la actora y
determine el periodo de su disfrute, sin que se afecte el correcto servicio de
administración de justicia.

2.4.2. Del derecho de petición.

El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener una pronta resolución.

Este artículo fue regulado en el Titulo II de la Primera Parte del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo16, que con
ocasión de ello dispuso en su artículo 1354 que las personas tienen derecho a
presentar, de forma respetuosa, solicitudes de interés general o particular ante las
autoridades, y a “obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”.

Al respecto, la Corte Constitucional55 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías
se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe
entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación
debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al
peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha
sostenido que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de
formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término
legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.

En el asunto bajo estudio, la señora Vásquez Arango, en ejercicio de su derecho
fundamental de petición, mediante correo electrónico del 2 de febrero del año en
curso, radicó ante la autoridad cuestionada escrito en el que requirió la revisión de
la liquidación de nómina para el mes de diciembre de 2023, a fin de verificar la
inclusión de los factores salariales que fueron ordenados en la sentencia que dirimió
la controversia planteada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió en contra de la Rama Judicial56.

Al respecto, la parte accionada solicitó en su escrito de impugnación revocar la
decisión de tutela dictada en primera instancia respecto de la responsabilidad que
le fue atribuida por la vulneración del derecho fundamental de petición, en la medida
en que, informó que el pasado 15 de marzo del corriente, en cumplimiento de lo
ordenado en el fallo de tutela de la misma fecha, mediante correo electrónico
respondió de forma clara y de fondo la solicitud radicada por la accionante y anexó
soporte de envío57.

54 “ARTÍCULO 13. OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE
AUTORIDADES. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades,
en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener
pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona
ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución
de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y
requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de
representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a
las entidades dedicadas a su protección o formación”.
55 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005, T-236

de 2005, T-718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de
2013, T-268 de 2013 y T-083 de 2017, entre otras.
56 archivo electrónico nombrado “PRUEBA_27_2_2024,14_20_52” ubicado en el archivo que

contiene las pruebas anexas al escrito de tutela en el expediente digital de tutela en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado 501EFA39B536200D 71B2223F64592A30 E36850A25D569F17
452C44955EE943E7.
57 Apartados 1.5. y 1.6.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
14
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2024-00397-01
Accionante: Jhudy Francely Vásquez Arango

Así las cosas, el cargo de la parte accionada no tiene vocación de prosperidad en
esta instancia de tutela, en tanto, como fue expuesto en los antecedentes de esta
providencia, en el asunto bajo estudio quedó plenamente acreditado que la solicitud
radicada el 2 de febrero de 2024 no había sido gestionada de forma oportuna, clara
y de fondo antes de interpuesta la acción, y que solo fue resuelta conforme a lo
ordenado por el juez constitucional de primera instancia, tal como lo adujo en su
escrito de impugnación.

2.5. En suma, la sala modificará el numeral segundo de la decisión dictada el 15 de
marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión
y confirmará la decisión en lo demás que fue ordenado.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 15 de marzo de
2024, proferida por Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión,
así:

“SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín - Antioquia que, en un plazo de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia,
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
adelanten todas las gestiones administrativas y/o presupuestales necesarias
y remitan los respectivos soportes y/o certificado de disponibilidad
presupuestal al Tribunal Superior de Antioquia, para que éste adopte las
medidas conducentes a conceder las vacaciones a la señora Jhudy Francely
Vásquez Arango y, de forma subsiguiente, emita el correspondiente acto
administrativo en el que conceda el derecho a las vacaciones de la actora y
determine el periodo de su disfrute, sin que se afecte el correcto servicio de
administración de justicia.”.

SEGUNDO: CONFIRMAR lo ordenado en los demás numerales de la sentencia del
15 de marzo de 2024, proferida por Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito.

CUARTO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de Sala Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
DSR

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
15
www.consejodeestado.gov.co

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