Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00407-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00407-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2024-00407-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
15 de abril de 2024
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00407-01
Accionante: Steffany Yepes Lopera
Se confirma la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. quince (15) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00407-01
Accionante: Steffany Yepes Lopera
Accionados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia
– Chocó y otro
Temas: Acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública / Vacaciones de los
empleados judiciales / Derecho al descanso / Certificado de Disponibilidad Presupuestal / Se
confirma la sentencia de primera instancia que amparó el derecho fundamental al descanso de
la accionante.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia – Chocó contra la sentencia del 14 de marzo de 2024
proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
la cual: (i) se amparó el derecho fundamental al descanso de la accionante; (ii) se le
ordenó al nominador de la actora (Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín) conceder el periodo vacacional solicitado; y (iii) se le ordenó a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó que
adoptara las medidas administrativas necesarias para garantizar la prestación del servicio
en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Accionante: Steffany Yepes Lopera
Se confirma la sentencia de primera instancia
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 1º de marzo de 2024 la señora Yepes Lopera presentó, en nombre propio, una
acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al trabajo,
dignidad humana, igualdad, salud y descanso. A juicio de la actora, dichas garantías
constitucionales fueron vulneradas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia – Chocó y el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín por no concederle el disfrute de sus vacaciones.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se transcriben
textualmente:
<<1. Que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, la Juez Tercera de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad autorice el periodo vacacional solicitado por
la suscrita para ser disfrutado entre el 02 al 26 de abril del 2024, ambas fechas inclusive,
aún de no ser posible el presupuesto para el reemplazo de mis vacaciones para poder
disfrutar de mi derecho al descanso y del viaje que tengo programado y pagado.
2. Que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, el Director Ejecutivo
de administración Judicial de Antioquia inicie las acciones pertinentes en aras de
garantizar la provisión de los recursos y proceda a expedir el respectivo CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA REEMPLAZO DE VACACIONES que se
requiere para que la señora JUEZ TERCERA DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA, también proceda a concederme las
vacaciones remuneradas a que por ley tengo derecho.
3. Que se ordene al director ejecutivo de la OFICINA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
SECCIONAL ANTIOQUIA- Dirección Financiera, o a quien haga sus veces, que omita
tener como fundamento para la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
de los empleados, la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011
4. Ordenar al Director Ejecutivo de la OFICINA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
SECCIONAL ANTIOQUIA- Dirección Financiera, o a quien haga sus veces, que cada vez
que la suscrita como empleada del JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA, solicite las vacaciones, unas
vez causadas y concedidas por la señora JUEZ TERCERA DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA, y ante petición del Juzgado,
se adelante el trámite pertinente para que se obtenga el CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, para la persona que me ha de reemplazar durante
el disfrute de mis vacaciones como servidora judicial. Ello para no incurrir en temeridad,
toda vez, que no es posible que cada vez que solicite las vacaciones las nieguen por no
contar con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, tengamos que
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acudir a esta acción constitucional para que se garantice la protección de nuestros
derechos>>.
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Se desempeña como oficial mayor en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín, y cuenta con un periodo vacacional pendiente de
disfrute.
3.2.- El 5 de febrero de 2024 solicitó junto con su nominadora la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal (en adelante, CDP) a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia – Chocó, con el fin de que se pudiera nombrar un
reemplazo temporal durante el disfrute de sus vacaciones1. Mediante oficio del 29 de
febrero de 2024 la Dirección Ejecutiva Seccional negó la solicitud de expedición del CDP.
3.3.- En consecuencia, mediante Resolución 012 del 4 de marzo de 2024 la titular del
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín le negó el
disfrute de las vacaciones por necesidades del servicio. Esta decisión fue confirmada a
través de la Resolución 014 del 29 de febrero de 2024.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante alega que el disfrute de su periodo vacacional corresponde a un
derecho laboral, por lo que la negativa para expedir el CDP que se requiere para asignar
a su reemplazo condiciona su descanso y ello es una carga que no está obligada a
soportar. Agrega que el negarle el disfrute de sus vacaciones pone en riesgo su salud
física y mental, y que dicha determinación desconoce la sentencia SU-296 del 3 de agosto
de 2023 proferida por la Corte Constitucional en la que se precisó que el derecho al
descanso de los empleados judiciales no puede estar condicionado a la expedición del
CDP.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín
(accionado) aseguró que dicha autoridad judicial no ha vulnerado los derechos
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Desde el 2 de abril hasta el 26 de abril de 2024.
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fundamentales de la accionante, como quiera que fue la Dirección Ejecutiva Seccional
quien se negó a expedir el CDP para nombrar al reemplazo temporal de la accionante.
Agregó que, en atención a la necesidad del servicio y debido al alto flujo de trabajo en
ese despacho judicial, no puede concederle a la actora sus vacaciones sin que se
garantice un reemplazo temporal.
6.- La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó
(accionado) señaló que la juez nominadora de la actora fue quien le negó el periodo
vacacional, por lo que fue ella quien vulneró sus derechos fundamentales. En todo caso,
aseguró que la acción de tutela es improcedente para solicitar la expedición de certificado
de disponibilidad presupuestal para el nombramiento del empleado en encargo, por
cuanto ello implica una apropiación presupuestal.
7.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (tercero con interés) solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción. Alegó que la tutela es improcedente porque lo
que se cuestiona es el acto administrativo expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Antioquia – Chocó a través del cual se negó la expedición
del CDP, razón por la cual el asunto es competencia del juez de lo contencioso
administrativo y no del juez de tutela.
8.- El Consejo Superior de la Judicatura (tercero con interés) solicitó ser desvinculado del
proceso. Indicó que no le es atribuible ningún tipo de responsabilidad, pues el ordenador
del gasto para el caso concreto es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia – Chocó.
E. Sentencia impugnada
9.- Mediante sentencia del 14 de marzo de 2024 la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia: (i) amparó el derecho fundamental al descanso de la
accionante; (ii) le ordenó al nominador de la actora (Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín) conceder sus vacaciones; y (iii) le ordenó a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó que
adoptara las medidas administrativas necesarias para garantizar la prestación del servicio
en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín2.
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La parte resolutiva de ese fallo quedó así: <<PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al descanso de
STEFFANY YEPES LOPERA de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: ORDENAR a DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA –CHOCÓ que, a más tardar en el término de cuarenta
y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, inicie las actuaciones necesarias para
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9.1.- Indicó que el derecho al descanso no puede estar supeditado a la provisión de un
remplazo ni a trámites administrativos o presupuestales de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó, porque se trata de un derecho
fundamental del trabajador. No obstante, señaló que a esa autoridad le correspondía
adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar que no haya una
afectación del servicio en el despacho judicial donde labora la actora.
9.2.- Resaltó que, independientemente de si se expedía o no el CDP para nombrar al
reemplazo temporal de la accionante, debía garantizársele el disfrute de su periodo
vacacional. Además, puso de presente la sentencia de unificación SU-296 del 3 de agosto
del 2023 proferida por la Corte Constitucional, en la que sostuvo que las <<necesidades
del servicio>> no justifican la suspensión del derecho fundamental al descanso de los
empleados judiciales.
F. Impugnación
10.- La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó
impugna la decisión del tribunal y como argumento de inconformidad indica que la orden
dictada en su contra, referente a que debe iniciar las actuaciones necesarias para adoptar
medidas administrativas con el fin de garantizar que no haya afectación del servicio en el
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín durante el
periodo de disfrute de las vacaciones concedido a la accionante, no es adecuada por lo
siguiente:
10.1.- Es <<estrictamente necesario>> que quienes pretendan gozar de su derecho
fundamental al descanso presenten, con al menos dos meses de antelación, su solicitud
de expedición de CDP para que esa autoridad tenga oportunidad de solicitar las adiciones
presupuestales que resulten necesarias. Además, agrega que el juez de tutela no puede
ordenar apropiaciones del gasto del presupuesto, pues ello contraría la Constitución
Política.
10.2.- Así mismo, solicita la nulidad de todo lo actuado <<por indebida integración del
contradictorio, pues no se observa que el Consejo Superior de la Judicatura como gestor
determinar y adoptar medidas administrativas para garantizar que no haya afectación del servicio en el JUZGADO 3
DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN por la concesión de vacaciones individuales
a STEFFANY YEPES LOPERA.
TERCERO: ORDENAR a la JUEZ 3 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN que,
a más tardar en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del vencimiento del término otorgado en el
ordinal segundo de la parte motiva de esta providencia, proceda a conceder mediante acto administrativo, las
vacaciones individuales solicitadas por STEFFANY YEPES LOPERA>>.
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de presupuesto ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público haya sido vinculado a la
presente acción constitucional>>.
II. CONSIDERACIONES
11.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que amparó el derecho
fundamental al descanso de la accionante y le ordenó a su nominadora que le concediera
el periodo vacacional solicitado. Así mismo, exhortará al Consejo Superior de la
Judicatura para que adopte las medidas necesarias tendientes a solucionar las
situaciones administrativas relacionadas con el derecho al descanso de los servidores de
la Rama Judicial.
G.- Cuestión previa
12.- En el escrito de impugnación, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia – Chocó solicitó la nulidad de todo lo actuado con fundamento en
una supuesta indebida integración del contradictorio porque no se había vinculado al
proceso al Consejo Superior de la Judicatura.
12.1.- Al respecto, es importante señalar que mediante auto admisorio del 4 de marzo de
2024 el juez constitucional de primer grado vinculó al Consejo Superior de la Judicatura
a la presente acción constitucional, en calidad de tercero con interés. De hecho, esa
autoridad rindió informe de contestación a la tutela y solicitó ser desvinculada del proceso,
tras considerar que no era la llamada a responder por los reproches formulados por la
accionante en sede de tutela.
12.2.- En la medida que esa solicitud de desvinculación no fue resuelta por el juez
constitucional de primera instancia, la Sala la negará, pues dicha entidad se encuentra
vinculada al proceso en calidad de tercero con interés y no como accionada. Y no hay
lugar a una nulidad porque, como se itera, el Consejo Superior de la Judicatura sí se
encuentra vinculado a la presente acción constitucional como tercero con interés.
H.- Se debe garantizar el derecho al descanso de la actora sin condicionamientos
de carácter administrativo
13.- El derecho al descanso es una garantía fundamental reconocida expresamente en
el artículo 53 de la Constitución Política, y está relacionado con la dignidad humana y el
derecho al trabajo en condiciones dignas que se manifiesta, por ejemplo, en las
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vacaciones del trabajador, que son irrenunciables. En palabras de la Corte Constitucional
<<el derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga al
empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud
física y mental>>3.
13.1.- En el caso concreto, se encuentra acreditado que la actora: (i) tiene un periodo
vacacional pendiente de disfrute; (ii) solicitó que le fueran concedidas sus vacaciones
desde el 2 de abril hasta el 26 de abril de 2024; (iii) la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia – Chocó se negó a expedir el CDP para nombrar el
reemplazo temporal de la actora; y (iv) su nominadora le negó el periodo vacacional
solicitado ante la negativa en la expedición del CDP, debido a la necesidad del servicio.
13.2.- Para la Sala es evidente que el impedir el disfrute del periodo vacacional que
legalmente le asiste a la accionante por asuntos de índole administrativo, presupuestal y
de organización interna, vulneran su derecho fundamental al descanso. El derecho a las
vacaciones de los empleados judiciales no puede estar condicionado a la expedición del
CDP, pues no resulta admisible que la concesión y el disfrute de ese derecho se supedite
a cargas administrativas que los trabajadores no están llamados a soportar, tal como lo
sostuvo la Corte Constitucional en sentencia SU-296 del 3 de agosto de 2023.
13.3.- Ahora bien, la Dirección Ejecutiva Seccional adujo en su impugnación que el juez
constitucional no podía ordenar apropiaciones del gasto del presupuesto porque ello
contraría la Constitución Política. La Sala comparte ese razonamiento, pues la acción de
tutela no es el medio idóneo para dictar órdenes que impliquen erogaciones y/o
apropiaciones presupuestales.
13.4.- Precisamente por lo anterior es que la Sala considera que la orden impartida en el
fallo de primera instancia en contra de la Dirección Ejecutiva Seccional es pertinente,
pues allí no se le ordenó a esa autoridad que expidiera el respectivo CDP para nombrar
al reemplazo de la actora durante su periodo vacacional, sino que la orden se limitó a que
esta iniciara las actuaciones necesarias para determinar y adoptar medidas
administrativas con el fin de garantizar la debida prestación del servicio en el Juzgado
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, lo cual es
razonable.
3
Corte Constitucional, sentencia C-598 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterado en numerosas
ocasiones, por ejemplo, en las sentencias C-019 de 2004, T-076 de 2011 y C-171 de 2020.
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13.5.- La Dirección Ejecutiva Seccional también manifestó que era <<estrictamente
necesario>> que quienes pretendieran hacer uso de su periodo vacacional debían
presentar con al menos dos meses de antelación su solicitud de expedición de CDP para
que esa autoridad tuviera la oportunidad de solicitar las adiciones presupuestales que
resultaren necesarias. La Sala considera que el hecho de que no se ordene la expedición
del CDP y que ello conduzca a que no se designe un reemplazo temporal, son dificultades
administrativas propias del servicio de administración de justicia. Por esta razón, son los
órganos representantes de la Rama Judicial los que están llamados a plantear soluciones
y a ejecutarlas en aras de garantizar que el servicio se preste en condiciones adecuadas
y de manera oportuna, sin menoscabar los derechos del empleado que durante todo un
año ha dedicado sus esfuerzos a prestar sus servicios y que no tiene por qué padecer
dichas dificultades.
13.6.- Se observa que esta es una problemática reiterada y extendida que afecta a todos
los servidores judiciales que se encuentran en tales situaciones, a tal punto que por ese
motivo se han presentado una gran cantidad de acciones de tutela por hechos similares,
sin que el Consejo Superior de la Judicatura como representante de la Rama Judicial
para tal efecto, haya dictado medidas suficientes para conjurar dicha situación. En
consecuencia, se le exhortará para que adopte las decisiones necesarias y expidan los
actos correspondientes con el fin de solucionar de una vez por todas las situaciones
administrativas y el derecho al descanso de todos los servidores de la Rama Judicial a
quienes se les ha negado dicha garantía, sin que con las nuevas medidas a adoptarse
se afecte la debida, oportuna y adecuada prestación del servicio de administración de
justicia en los despachos o dependencias de los que hacen parte.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de nulidad formulada por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó.
SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por el Consejo Superior de
la Judicatura.
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Accionante: Steffany Yepes Lopera
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TERCERO: CONFÍRMASE la sentencia del 14 de marzo de 2024 proferida por la Sala
Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se concedió
el amparo.
CUARTO: EXHÓRTASE al Consejo Superior de la Judicatura para que adopte las
decisiones necesarias y expida los actos administrativos correspondientes con el fin de
solucionar de una vez por todas las situaciones administrativas y el derecho al descanso
de todos los servidores de la Rama Judicial a quienes se les ha negado dicha garantía,
sin que con las nuevas medidas a adoptar se afecte la debida, oportuna y adecuada
prestación del servicio de administración de justicia en los despachos o dependencias de
los que hacen parte.
QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
SEXTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
SÉPTIMO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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