Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00437-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00437-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2024-00437-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
9 de mayo de 2024
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00437-01
Demandante: María Eugenia Valencia Sierra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00437-01
Demandante: MARÍA EUGENIA VALENCIA SIERRA
Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE MEDELLÍN
Temas: Derecho fundamental al descanso. Vacaciones individuales de
empleado de la Rama Judicial. Obstáculos administrativos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín contra la sentencia del 22 de marzo de 2024,
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que resolvió:
PRIMERO: TUTÉLASE el derecho fundamental al descanso de MARÍA EUGENIA VALENCIA
SIERRA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENÁSE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
DEAJ, que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
realice las gestiones necesarias para aprovisionar los recursos tendientes a viabilizar la
disponibilidad presupuestal para la vinculación de un funcionario de reemplazo durante el período
de vacaciones que se le otorgue a la accionante MARÍA EUGENIA VALENCIA SIERRA.
Una vez se otorguen los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – DEAJ, esta última entidad le deberá comunicar a la nominadora del JUZGADO
CUARENTA Y TRES PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS
DE MEDELLÍN, para que se pronuncie sobre la concesión o el disfrute de las vacaciones.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 6 de marzo de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la
señora María Eugenia Valencia Sierra solicitó la protección de los derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad, a la salud, al descanso
real, efectivo y remunerado.
A juicio de la demandante, la vulneración se presenta porque el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín se negaron a expedir el certificado de apropiaciones presupuestales para la
persona que va a reemplazarla, situación que ponía en riesgo el disfrute de sus
vacaciones individuales.
2. Pretensiones
La actora propuso las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales a Trabajo en condiciones dignas, la igualdad, a
la Salud, al descanso real, efectivo y remunerado.
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SEGUNDO: Ordenar al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y a la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN, o al competente,
otorgar el presupuesto requerido para el pago del reemplazo del empleado que sea nombrado
durante el período de mis vacaciones.
TERCERO: Ordenar a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICICAL DE MEDELLÍN - ÁREA FINANCIERA, que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo, inicie las acciones pertinentes en aras de garantizar la provisión de los
recursos y proceda a expedir el respectivo CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PARA REEMPLAZO DE VACACIONES que se requiere para que se proceda
a concederme las vacaciones remuneradas entre el 01 y el 22 de abril de 2024, ambas fechas
inclusive.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
La señora María Eugenia Valencia Sierra se desempeña como secretaria, en
provisionalidad, del Juzgado 43 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Medellín y pertenece al régimen de vacaciones individuales.
El 24 de enero de 2024, la señora Valencia Sierra y la titular del Juzgado Penal
Municipal Con Funciones de Control de Garantías de Medellín solicitaron ante el
Consejo Seccional de Administración Judicial de Antioquia, el certificado de
disponibilidad presupuestal para el disfrute de vacaciones de la señora Valencia
Sierra entre el 1° y el 22 de abril de 2024.
Mediante CDP 7724 del 5 de febrero de 2024, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín aprovisionó fondos para cancelar las vacaciones
y prima de vacaciones a la señora Valencia Sierra del 1 al 22 de abril de 2024. Ese
mismo día, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia
informó, vía correo electrónico, que estaba pendiente por expedirse el certificado de
apropiaciones presupuestales para el funcionario de reemplazo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La accionante afirma que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales al
trabajo en condiciones dignas, a la igualdad, a la salud y al descanso real, efectivo y
remunerado, porque cuando se presentó la acción de tutela no le habían enviado la
aprobación del presupuesto para el funcionario de reemplazo.
Que estaba expuesta a que se revocara la resolución que le concedió su derecho al
descanso, ya que un solo empleado no estaba en capacidad de asumir la totalidad de
la carga laboral del despacho, teniendo en cuenta que son solo dos empleados y, por
lo tanto, por necesidades del servicio era posible que se impidiera su salida a
vacaciones.
Que el derecho al descanso efectivo no se garantiza con el sólo hecho de concederle
el certificado de disponibilidad presupuestal para el disfrute de las vacaciones, sino
que debe asegurarse que exista una persona que la reemplace o no podría
materializarse. Que de otra forma sería imposible que el despacho judicial donde
trabaja lograra prestar de manera adecuada el servicio de administración de justicia
con la ausencia de un empleado.
Que la falta de un empleado que la reemplace durante el disfrute de sus vacaciones
impide que se tramiten las tutelas, incidentes de desacato y demás actuaciones
propias del despacho judicial. Que esa situación amenaza el disfrute de su derecho a
gozar de vacaciones, púes, por las necesidades del servicio es probable que no se le
permita gozar del descanso remunerado.
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5. Intervenciones1
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín y
Chocó pidió que se declare improcedente la acción de tutela porque su actuación se
surtió acorde a la normatividad que regula la materia y las respuestas brindadas
estuvieron encaminadas a resolver las peticiones de la accionante de una manera
oportuna, clara, completa, congruente y de fondo.
Manifestó que, de los anexos de tutela, no se advertía resolución alguna mediante la
cual se hubiere negado las vacaciones a la accionante, y, por ende, no se configuraba
la vulneración del derecho al descanso. Que, la falta de presupuesto para el reemplazo
de sus vacaciones no es óbice para que el nominador niegue el disfrute de estas. Que,
la solicitud de CDP para el disfrute de vacaciones y prima de vacaciones ya fue
atendida, y quedó demostrado con el certificado de disponibilidad presupuestal.
Explicó que no cuenta con presupuesto propio y que depende del presupuesto
nacional, por lo que se debe solicitar a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial del nivel central las apropiaciones correspondientes para sus gastos, y, a su
vez, es quien solicita las apropiaciones al Ministerio de Hacienda.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Superior de la
Judicatura guardaron silencio, pese a que fueron notificados en debida forma.
6. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 22 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia
concedió el amparo y ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, que realizaran las gestiones necesarias para aprovisionar los recursos
tendientes a la disponibilidad presupuestal para vincular un funcionario de reemplazo.
Que una vez se otorgaran los recursos solicitados, se le comunicara al juez nominador
para que se pronunciara sobre la concesión o disfrute de las vacaciones.
Explicó que contar con un remplazo mientras se disfruta del periodo de vacaciones
individuales hace parte de la garantía de los trabajadores judiciales de acceder a un
descanso adecuado, y no simplemente el cumplir con la formalidad de no asistir a la
sede laboral. Que, la entidad no había expedido el respectivo CDP para cubrir la
vacancia temporal, por lo que dicha omisión constituía también vulneración del
derecho al descanso. Que el único condicionamiento para la solicitud de vacaciones
es reportar antes de marzo su programación.
7. Impugnación
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín impugnó
la sentencia de primera instancia, y solicitó que, en su lugar, se morigere o revoque la
decisión del a quo, dado que el 22 de marzo de 2024, con ocasión de los recursos
situados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, expidió el CDP
requerido por la tutelante.
Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que no es la entidad responsable de autorizar el
disfrute vacacional de la accionante, pues dependen del nivel central los recursos para
cubrir el reemplazo de la empleada. Que, quienes pretendan gozar de su derecho al
descanso deben presentar con al menos dos meses de antelación su solicitud de
expedición de CDP, tanto para el pago de vacaciones y primas de vacaciones, como
1 Si bien el escrito de tutela fue dirigido contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el magistrado ponente
de primera instancia se abstuvo de vincularlo, por cuanto la protección de los derechos fundamentales invocados
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín y al Consejo Superior de la Judicatura, por ser quienes tienen el manejo
presupuestal de la Rama Judicial a nivel seccional y nacional. Por ende, mediante auto del 18 de marzo de 2024,
se vinculó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
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para el reemplazo. Que, las adiciones presupuestales deben llevarse a cabo durante
los primeros seis días de cada mes, y los jueces de tutela no pueden ordenar
apropiaciones del gasto del presupuesto nacional.
Adicionalmente, aportó oficio dirigido a la Juez 43 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Medellín, mediante el cual puso en conocimiento el
cumplimiento del fallo de tutela. Sostuvo que mediante CDP 124, contaba con la
disponibilidad presupuestal para cubrir el reemplazo de un periodo de vacaciones de
la señora Valencia Sierra, del 1 al 22 de abril de 2024.
8. Trámite segunda instancia
El 3 de mayo de 2024, en virtud de la informalidad que caracteriza a la acción de
tutela, el personal del Despacho sustanciador se comunicó con la señora María
Eugenia Valencia Sierra al número celular aportado con el escrito de tutela y manifestó
que en cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia gozó del derecho al
descanso.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
señora María Eugenia Valencia Sierra para amparar los derechos fundamentales al
trabajo en condiciones dignas, a la igualdad, a la salud, al descanso real, efectivo y
remunerado, presuntamente vulnerados por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Medellín y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al no expedir
certificado de disponibilidad presupuestal que permita nombrar un reemplazo de la
demandante durante el periodo de disfrute de vacaciones.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto las
entidades demandadas vulneraron el derecho fundamental al trabajo digno de la
actora, al poner en riesgo el descanso por cuestiones administrativas.
Para resolver, la Sala se referirá a: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) el
derecho al descanso, (iii) las vacaciones de los servidores judiciales y (iv) se analizará
el caso concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, y en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga la demandante.
3. Del derecho fundamental al descanso
El artículo 53 de la Constitución Política prevé el derecho al descanso, que
está estrechamente ligado con el artículo 25 ibídem, y consagra que toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
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Diferentes tratados internacionales, que hacen parte del bloque de constitucionalidad,
han protegido el derecho al descanso, entre ellos, el artículo 24 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos 2 y el artículo 7 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho al trabajo3.
En reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha señalado que uno de los
derechos fundamentales del trabajador es el derecho al descanso 4 y que “la
ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los
artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto y cuanto el descanso es una consecuencia necesaria
de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del
trabajo”5. Además, ha señalado que el derecho al descanso debe entenderse como la
oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y
materiales, pues la finalidad del cese de actividades por un periodo de tiempo es que
el trabajador recupere las energías gastadas en la labor que desempeña, así
como proteger su salud física y mental6.
La Corte Constitucional7 ha señalado que las vacaciones constituyen el derecho al
descanso remunerado. Así, el trabajador tiene derecho a disfrutar de un tiempo libre
como recompensa por las labores que desarrolló al servicio del empleador y con el
pago anticipado de ese derecho causado.
Además, en sentencia C-171 de 2020, la Corte Constitucional estableció que “las
vacaciones periódicas y remuneradas corresponden a uno de los mecanismos para concretar
el derecho humano y el principio mínimo fundamental al descanso del trabajador; cuyo disfrute
efectivo permite avanzar en el propósito de dignidad y justicia, en el ejercicio de sus
actividades laborales”. De ahí que la periodicidad de las vacaciones garantice el
descanso efectivo para el trabajador.
Por último, en múltiples sentencias de tutela de esta Sección, se ha amparado el
derecho al descanso de servidores judiciales, tanto en casos de vacaciones
individuales8 como colectivas9.
4. De las vacaciones de los servidores judiciales
El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de Administración de
Justicia– dispone que las vacaciones de los funcionarios y empleados de la rama
judicial serán colectivas, salvo “las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de
Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses”.
2 Señala que toda persona tiene “derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”.
3 Consagra que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: (…) d) El descanso, el disfrute del
tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la
remuneración de los días festivos”.
4 Sentencias C-710 de 1996, C-019 de 2004, C-035 de 2005.
5 Sentencias T-09 de 1993, C-710 de 1996, C-024 de 1998 y T-076 de 2001.
6 Sentencia C-019 de 2004.
7 Sentencia C-598 de 1997. “Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, como
quiera que el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la
dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho
a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las vacaciones está prohibida, salvo en los
casos taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse.
8 Entre otras: sentencia del 26 de febrero de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00143-00; del 27 de mayo de 2021,
Exp. 11001-03-15-000-2021-01100-00 y 11001-03-15-000-2021-01709-00; del 3 de junio de 2021, Exp. 5001-23-
33-000-2021-00684-01 y 11001-03-15-000-2021-01869-00; del 10 de junio de 2021, Exp. 11001-03-15-000-2021-
02107-00; del 1 de julio de 2021, Exp. 05001-23-33-000-2021-00898-01 y 11001-03-15-000-2021-00447-01; del
12 de agosto de 2021, Exp. 11001-03-15-000-2021-04136-00; del 19 de agosto de 2021, Exp. 05001-23-33-000-
2021-01332-01(AC) y 11001-03-15-000-2021-04630-00; del 16 de junio de 2022, Exp. 05001-23-33-000-2022-
00444-01;
9 Ver: sentencia del 19 de julio de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-02326-01; y del 30 de noviembre de 2023,
Exp. 11001-03-15-000-2023-04823-01.
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Demandante: María Eugenia Valencia Sierra
Por su parte, mediante Circular No. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, el
Consejo Superior de la Judicatura estableció el procedimiento para la programación
de vacaciones de los funcionarios judiciales que pertenecen al régimen de vacaciones
individuales.
La anterior circular derogó las circulares 44 y 89 de 2005, proferidas por esa misma
entidad, que establecía la asignación de recursos para remplazos por vacaciones del
personal perteneciente al régimen de vacaciones individuales, bajo el cumplimiento
de al menos alguna de las siguientes condiciones:
2.1. Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de Servicios,
sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es conveniente aplicar la
figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del empleado
que disfrutará de vacaciones, entre los empleados restantes.
2.2. Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo
despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento deberá
certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los requisitos para ser
designado en encargo como Juez, situación que debe ser corroborada e igualmente certificada
por el Director Seccional, previa verificación de las hojas de vida correspondientes.
Justamente la expedición de la Circular No. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011,
tuvo como propósito eliminar los condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, “que se encuentran sujetos
al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho” y
dispuso el procedimiento a seguir por parte de los funcionarios judiciales del régimen
de vacaciones individuales que pretendieran hacer uso de ese derecho, consistente
en el deber de reportar la programación de las vacaciones hasta el mes de marzo del
año siguiente a la causación, ante el Consejo Seccional de la Judicatura y Dirección
Seccional del respectivo distrito judicial.
Ahora, si bien la citada circular únicamente se refiere a los funcionarios judiciales que,
en los términos del artículo 125 de la Ley 270 de 1996, se trata de los magistrados de
las corporaciones judiciales, los jueces de la República y los fiscales, esta Sala es del
criterio de que “la omisión de establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los
reemplazos de los empleados judiciales no puede servir de fundamento para desconocer el
derecho al descanso de estos”10.
5. Análisis del caso concreto
En el asunto objeto de análisis, la señora María Eugenia Valencia Sierra solicitó en el
mes de enero la programación de sus vacaciones para el disfrute del derecho al
descanso. Si bien la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín expidió el CDP 7724 del 5 de febrero de 2024 para que la señora Valencia
Sierra disfrutara de las vacaciones y prima de vacaciones del 1 al 22 de abril de 2024,
lo cierto es que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, no había expedido
el CDP necesario para proveer el reemplazo de la funcionaria, por lo que estaba en
riesgo el derecho al descanso.
De acuerdo con lo anterior, la falta de asignación de recursos por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín incide de manera directa
en el derecho al descanso de la actora y, de contera, pone en riesgo su salud física y
mental. Esas razones fueron suficientes para que el a quo amparara el derecho
fundamental al descanso.
Al respecto, la Sala advierte que impedir el derecho al descanso con fundamento en
restricciones de carácter administrativo, no es una carga que deba soportar el
empleado judicial. De ahí que, ante situaciones que puedan alterar el normal
desarrollo de un despacho judicial, se requiere que exista un trabajo conjunto de las
10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 12 de diciembre de 2018, Exp. 08001-23-33-000-2018 00756-
01. En igual sentido, sentencia del 26 de febrero de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00143-00.
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autoridades competentes en el que se permita garantizar tanto la continuidad del
servicio como el derecho al descanso remunerado.
En este punto es importante resaltar que, de conformidad con el artículo 98 de la Ley
270 de 1996, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es “el órgano técnico y
administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama
Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura”. Por
su parte, el artículo 99 ibídem prevé que el director ejecutivo de Administración Judicial
tiene entre sus funciones: (i) administrar los bienes y recursos destinados para el
funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o
utilización, y (ii) actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las
obligaciones que correspondan.
Por su parte, los Consejos Seccionales tienen el deber de “(…) 6. Ejercer la vigilancia
judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal
desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama (…)” 11. De ahí
la responsabilidad que le atañe en el caso concreto a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín.
Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín
vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al descanso de la
señora María Eugenia Valencia Sierra, al no expedir el CDP necesario para designar
un empleado de reemplazo, que le permitiera disfrutar de sus vacaciones.
La Sala no desconoce que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín impugnó la decisión de primera instancia y pidió que se revoque, porque
ya expidió el certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir el funcionario de
reemplazo, por el periodo de vacaciones de la señora Valencia Sierra.
Sin embargo, la Sala advierte que el CDP 124 fue enviado al Juzgado 43 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín el 22 de marzo de 2024
(vía correo electrónico, a las 15:05) pero en cumplimiento de la sentencia de tutela de
primera instancia, que fue proferida y notificada el mismo día, a través de correo
electrónico, pero 1 hora antes (a las 14:03).
Se descartan, entonces, los argumentos presentados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín en el escrito de impugnación, por lo
que la Sala procederá a confirmar la decisión de primera instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, por las razones expuestas en esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
11 Ley 270 de 1996.
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4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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