Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00478-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2024-00478-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00478-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2024-00478-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
3 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 05001- 23- 33-000-2024-00478-01
Actor: Valentina Alzate Montoya
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
ACCION DE TUTELA – Fallo de Segunda Instancia.
La Sala decide la impugnación presentada por la Directora Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, contra la sentencia del 20 de marzo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia por medio de la cual se
concedió el amparo solicitado por la señora Valentina Alzate Montoya.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud y las pretensiones
La señora Valentina Alzate Montoya, en ejercicio de la acción de tutela, actuando
en nombre propio, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al trabajo
digno, a la igualdad, al descanso y a la salud, que estimó lesionados por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al no
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que condujo a que se le negara
el disfrute de las vacaciones de la accionante.
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00478-01
Demandante: Valentina Alzate
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia y otro
Fallo Tutela – Segunda Instancia
En amparo de los derechos fundamentales invocados solicita:
“(…) PRIMERO: Tutelar mi derecho fundamental a la igualdad, el trabajo digno, el descanso, la
dignidad humana, la familia y la salud.
SEGUNDO: Ordenar a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE MEDELLÍN o al competente que, en el término de 48 horas, término que se
encuentra consagrado en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, emita la partida presupuestal
requerida para el remplazo de mi periodo vacacional, de manera que estas puedan ser
disfrutadas desde el 11 DE JUNIO DE 2024 hasta el 02 DE JULIO DE 2024 ambas fechas
inclusive (…)”. (Sic)
2. Los hechos y las consideraciones de la parte actora
La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen
a continuación1:
Señaló que, desde febrero del 2022, ocupa el cargo de citador grado 3, adscrita al
Centro de Servicios Judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal Para
Adolescentes de Medellín.
Indicó que remitió solicitud a la Oficina de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia, con el propósito de que realizara
estudio para concederle turno de vacaciones desde el 11 de junio de 2024 al 2 de
julio de 2024.
Expuso que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Antioquia, expidió Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 016424 de 8 de
marzo de 2024, en el que acreditó a su favor el presupuesto para cancelar
vacaciones y primas vacacionales a partir del 11 de junio de 2024; sin embargo, se
le advirtió que “de acuerdo con la apropiación presupuestal, actualmente no hay
disponibilidad, debido a las medidas de austeridad en el gasto implementadas por
el gobierno”.
Relató que solicitó ante la Juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Medellín, el disfrute de su
periodo de vacaciones; sin embargo, mediante Resolución No. 032 de 11 de marzo
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Índice 2 Sistema de Gestión Judicial SAMAI
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Demandante: Valentina Alzate
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
de 2024, le negó el disfrute de sus vacaciones hasta cuando cuente con el
presupuesto para su reemplazo, con fundamento en la necesidad del servicio.
Manifestó que recurrió dicha resolución mediante recurso de apelación, el que fuera
resuelto por la Juez Coordinadora a través de la Resolución No. 033 de 12 de marzo
de 2024, en el sentido de no reponer la decisión.
2.1 Consideraciones de la parte actora
La accionante aseguró que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Ministerio
de Hacienda, le han vulnerado sus derechos fundamentales al trabajo digno, a la
igualdad, al descanso y a la salud, al negar sus vacaciones, por no existir
disponibilidad presupuestal para el pago de la persona que deba reemplazarle
durante dicho periodo.
3. Trámite procesal
El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión, mediante auto
de 13 de marzo de 2024, admitió la demanda en contra de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, en auto que adiciona, proferido la misma fecha, dispuso la vinculación
de la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes de Medellín.
4. Informe de las entidades accionadas
4.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia,
solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar
que no se encuentra en la obligación de disponer de recursos que permitan la
contratación del reemplazo de la accionante para la concesión del periodo de
vacaciones.
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
Agregó que no interviene en las decisiones del titular del despacho, para negar el
disfrute de las vacaciones, pues estas determinaciones las emiten los respectivos
nominadores, según la ley 270 de 1996, tenga injerencia alguna.
Reiteró que la disponibilidad para el disfrute de vacaciones de la accionante se
otorgó a través del certificado de disponibilidad presupuestal C.D.P. No. 016424,
según lo exige la ley.
Explicó que, no obstante, la falta de disponibilidad para efectos de un reemplazo no
constituye argumento válido para negar el disfrute, ni puede ser excusa para
trasladar la responsabilidad frente a los derechos de un servidor al ordenador del
gasto, quien solo actúa como ejecutor de un presupuesto previamente establecido
y apropiado para cada vigencia fiscal.
Advirtió que esa Seccional por ser una entidad que depende del presupuesto
nacional, no cuenta con presupuesto propio y, en ese sentido, debe esperar y
solicitar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central en
Bogotá, las apropiaciones correspondientes para sus gastos; pues es allí donde se
consolidan todas las necesidades a nivel nacional y, a su vez, solicita las
apropiaciones al Ministerio de Hacienda, entidad encargada del manejo de la
Hacienda Pública.
4.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no se pronunció sobre los
hechos y consideraciones de la demanda.
4.3. La Juez Coordinadora del Centro Judicial del Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes, indicó que la negativa al disfrute de vacaciones
obedeció a la necesidad del servicio, al existir problemas estructurales de
congestión en los juzgados.
Sostuvo que la vulneración del derecho fundamental al descanso se deriva por parte
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia, al limitar
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Demandante: Valentina Alzate
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
presupuestalmente los recursos para el nombramiento en provisionalidad de
reemplazos, en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011.
Solicitó que se ampare el derecho fundamental de la accionante y se ordene a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, adelante las
gestiones presupuestales y administrativas necesarias para el reemplazo de la
señora Valentina Alzate Montoya.
5. La providencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Decisión, mediante
sentencia de 20 de marzo de 2024, accedió al amparo solicitado por la señora
Valentina Alzate Montoya y ordenó la provisión de los recursos necesarios para
conceder las vacaciones deprecadas, argumentando lo siguiente:
Explicó que a pesar de que al señor Valentina Alzate Montoya se le autorizó el
descanso remunerado al que tenía derecho, este no lo había podido hacer efectivo,
toda vez que no se había expedido por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal para sufragar el remplazo de la funcionaria.
Según el fallador de instancia, la ausencia de remplazo ocasionaría que los demás
funcionarios de la dependencia avocaran en su totalidad la carga laboral.
Sostuvo que la no expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, afecta
la producción laboral del Centro de Servicios Judiciales del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes, haciendo imposible un correcto ejercicio
de la administración de justicia.
Agregó que la interpretación adoptada por el Consejo Seccional y Administración
Judicial de Antioquia es restrictiva y transgrede los derechos fundamentales de la
accionante, toda vez que, con la Circular PSAC 11-44 del 23 de noviembre de 2011
del Consejo Superior, no se prohibieron las apropiaciones presupuestales
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Radicado: 05001-23-33-000-2024-00478-01
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
encauzadas a cubrir las vacaciones de los servidores judiciales con rango de
empleados, sino que, por el contrario, derogó las circulares 44 y 89 de 2005.
Señaló que en dicha Circular no se condicionó la asignación presupuestal para el
nombramiento de reemplazos al número de servidores que trabajan en cada
despacho, pues, aunque el artículo 2° de la Circular PSAC05-89 de 2005 establecía
que el número total de servidores del despacho debía ser menor o igual 3, para que
fuera procedente la asignación de recursos, esta norma fue derogada por la propia
Circular PSAC11-44 de 2011, para efectos de eliminar limitaciones en el
nombramiento de reemplazos.
Así pues, la Corporación encontró que en efecto hubo una vulneración de los
derechos fundamentales al descanso, a la igualdad y al trabajo en condiciones de
dignidad humana y a un desempeño laboral libre de circunstancias que afecten la
salud física y mental.
6. La impugnación
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Antioquia, a través de su
Directora, impugnó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Decisión, manifestando lo siguiente:
La entidad accionada, arguyó como primer reparo, que no se integró de manera
correcta el contradictorio, pues a su juicio, no se vinculó a la presente acción al
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
También, sostuvo que dio cumplimiento a la orden de tutela de primera instancia,
pues expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 124 mediante el cual
se cubre el reemplazo por el periodo de vacaciones de la señora Valentina Alzate
Montoya, quien ocupa el cargo de Citadora grado 3, a partir del 11 de junio al 2 de
julio de 2024.
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de
primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el artículo 25 del Acuerdo Nº 080 de12 de marzo de
20192.
2. Problema jurídico
La Sala debe decidir si revoca la decisión de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Decisión, que concedió el
amparo de los derechos fundamentales al trabajo, al descanso, a la igualdad y a la
salud de la señora Valentina Alzate Montoya.
3. De la subsidiariedad de la acción de tutela
De acuerdo con el principio de subsidiaridad que rige la acción de tutela, este
instrumento constitucional en principio no puede ser empleado como mecanismo
principal y definitivo para resolver controversias sobre las cuales el legislador ha
previsto medios judiciales especializados y definitivos para su resolución, dentro de
los cuales también se garantiza la protección y garantía de los derechos
fundamentales.
Una de las principales razones de lo expuesto, es que el legislador, teniendo en
cuenta determinadas situaciones de hecho y de derecho, y por consiguiente, la
naturaleza, ejercicio, garantía y protección de los derechos de las partes,
intervinientes y/o de la comunidad en general, ha elaborado acciones y
procedimientos judiciales especializados para el mejor proveer de cierto tipo de
situaciones, de acuerdo a las directrices de la Constitución Política.
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Reglamento interno del Consejo de Estado
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
En este sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, ha establecido como
causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior
no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del
derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.”
De esta manera, se resalta que la Corte Constitucional en varios pronunciamientos
ha señalado que la procedencia de esta acción constitucional se encuentra
condicionada a la inexistencia o ineficacia de los medios ordinarios de defensa
previstos en el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, esta acción, como
mecanismo residual y subsidiario, no puede remplazar las figuras procesales
destinadas a obtener la satisfacción de sus derechos, ni puede subsanar la incuria
o negligencia de las partes en hacer uso de la manera y dentro de los términos
previstos legalmente3.
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que en los casos en
que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la acción
de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que: “(…) (i) los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces
para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii)
se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el
actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable frente a sus
3
Sentencia SU-111 de 1997 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados es sujeto de especial protección constitucional (…)"4.
Asimismo, la Corte Constitucional ha indicado que el perjuicio ha de ser inminente,
por lo que las medidas que se requieren para conjurarlo deben ser urgentes; no
basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a una gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona;
la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya
que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.
4. La procedencia de la acción de tutela para cuestionar actos administrativos
Dada la subsidiariedad de la acción de tutela, es claro que el legislador estableció
unas garantías jurídicas, para que los mecanismos ordinarios se utilicen de manera
preferente. No obstante, en el evento que el afectado invoque el amparo
constitucional para cuestionar un acto administrativo, el juez de tutela deberá
evaluar i) el objeto del proceso judicial que se considera que desplaza a la acción
de tutela; y ii) si el medio judicial ofrece una protección “cierta, efectiva y concreta de
los derechos fundamentales”5, en caso contrario, el amparo por vía de tutela resulta
improcedente.
Para la jurisprudencia constitucional otra interpretación de la procedibilidad
excepcional de la acción de tutela contra acto administrativo, consiste en que la
entidad pública haya incurrido en una vía de hecho, el cual exige un análisis más
intenso y riguroso que el llevado a cabo frente a decisiones judiciales 6. Al respecto,
frente al paralelo de esta figura en sede judicial y administrativa, la Corte en la
sentencia T- 418 de 2003 desarrolló el problema así:
4
Corte Constitucional, Sentencia T – 177 de 14 de marzo de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
5
Sentencia T-822 de 2002, en esa sentencia se cita la T-569 de 1992, que señaló lo siguiente: “De allí que tal acción no sea
procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
6
Corte Constitucional, sentencias: T-150 de 1996, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa; T-806 de 2004, M.P.: Clara Inés Vargas
Hernández;
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“tratándose de una vía de hecho en una sentencia judicial, debidamente
ejecutoriada, el juez de tutela debe considerar que si se reúnen las
características constitucionales de la vía de hecho atrás mencionadas,
eventualmente puede proferir el amparo correspondiente, por estar
agotado para el afectado cualquier otro medio de defensa judicial, frente a
una decisión judicial que, incuestionablemente, es producto del capricho o
de la arbitrariedad del funcionario judicial.
“Pero, si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal
o disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la
decisión correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en
estos casos, el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción
contenciosa administrativa. En estos eventos, cuando existe
indudablemente la vía de hecho, según las circunstancias del caso
concreto, y frente a un perjuicio irremediable, debidamente sustentado, el
juez de tutela puede conceder la acción de tutela, como mecanismo
transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva”.
En el plano administrativo, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando
se estudie la procedibilidad de la tutela porque no existe otro mecanismo judicial de
defensa, hay varios criterios que deberá estimar el juez al momento de tomar una
decisión. En primer lugar, resulta de especial importancia que la autoridad
administrativa haya notificado el inicio de la actuación a los afectados,
procedimiento indispensable para que estos puedan ejercer su derecho de defensa
y contradicción7.
En segundo lugar, si los ciudadanos fueron efectivamente notificados, es necesario
que hayan asumido una actuación diligente en la protección de sus derechos, pues
son ellos los primeros llamados a velar porque sus garantías fundamentales e
intereses legítimos sean respetados. En este sentido, los particulares deben haber
agotado todos los recursos administrativos y los medios de control regulados en la
legislación vigente que hayan tenido a su alcance.
Sin embargo, cuando la entidad accionada, obra de forma abusiva o negligente y
no ponga en conocimiento del ciudadano afectado el inicio de una actuación
administrativa adelantada en su contra, el procedimiento administrativo queda
viciado de nulidad, debido a que se impide el ejercicio del derecho de defensa, lo
que vulnera el derecho fundamental al debido proceso. En ese evento, deberá
estudiarse si con el acto administrativo proferido se puede ocasionar un perjuicio
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Corte constitucional, Sentencia T – 051 de 2016
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irremediable, de ser así resulta procedente acudir a la acción de tutela, de lo
contrario se debe acudir al medio de control ordinario previsto por el legislador.
Así mismo, si las actuaciones de la administración no advierten una situación de
riesgo que puedan llegar a poner en peligro al accionante, el amparo de tutela
tampoco resulta procedente y es pertinente que el afectado acuda a los otros
medios de defensa judicial.
Como se anotó anteriormente, el amparo constitucional es procedente en aquellos
asuntos en los cuales se demuestre que pese a existir otros mecanismos ordinarios
para la defensa de los derechos fundamentales involucrados, éstos carecen de
idoneidad para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio
debe ser inminente, grave, urgente y que su protección sea impostergable.
Los anteriores requisitos deben ser analizados en cada caso concreto, pues como
regla general, no solamente debe hallarse acreditada la gravedad de la situación
sino también que los mecanismos ordinarios no sean eficaces para la real
protección de los derechos fundamentales involucrados.
5. Caso concreto
La señora Valentina Alzate Montoya, interpuso acción de tutela al considerar que al
negar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para sufragar los
servicios de un funcionario de reemplazo, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, vulneró sus derechos fundamentales al
trabajo, al descanso, a la igualdad y a la salud.
El Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Decisión, mediante
sentencia de 20 de marzo de 2024, accedió al amparo solicitado por la señora
Valentina Alzate Montoya y ordenó la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, la provisión de los recursos necesarios para
conceder las vacaciones deprecadas.
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Antioquia, a través
de su Directora, impugnó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, argumentando que no se integró de manera correcta el
contradictorio, pues a su juicio, no se vinculó a la presente acción al Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
También, sostuvo que dio cumplimiento a la orden de tutela de primera instancia,
pues expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.124 mediante el cual
se cubre el reemplazo por el periodo de vacaciones de la señora Valentina Alzate
Montoya, quien ocupa el cargo de Citadora grado 3, a partir del 11 de junio al 2 de
julio de 2024.
En ese contexto, la Sala observa que, en principio, el asunto se contraería a
cuestionar la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Antioquia, por medio de los cuales negó asignar el
presupuesto requerido para nombrar el reemplazo que sustituyera a la señora
Valentina Alzate Montoya durante su período de vacaciones.
Sin embargo, la posición de esta Corporación, en asuntos similares al de la
accionante, esto es, la negativa a disfrutar del derecho de vacaciones individuales,
habida cuenta de la no expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal
que garantice el nombramiento de un reemplazo que lo sustituya; se ha concretado
en señalar que a pesar de existir un medio legal, este no resulta efectivo para
garantizar lo pretendido en estas acciones constitucionales, luego resulta válida la
intervención del juez de tutela en aras de su protección8.
Asimismo, se destaca que consecuencia de lo anterior, se ha precisado que: (i) la
interpretación de lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, no puede hacerse de forma
restrictiva sobre los derechos laborales de los trabajadores de la Rama Judicial cuyo
8
Al efecto, se pueden consultar entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 12 de diciembre de 2018 proferida por
el Consejo de Estado – Sección Cuarta (C.P. Milton Chaves García); Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01; Accionante:
Rosa María Muñoz Rodríguez y otros; Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros; sentencia de 10 de diciembre
dictada por el Consejo de Estado Sección Quinta (C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio); Radicado: 11001-03-15-000-2020-
03827-01; Accionantes: Belisario Bravo Silva y otros; Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros y sentencia de 21
de enero de 2021, proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta (C.P Milton Chaves García); Radicado: 11001-03-15-
000-2020-05050-00; Actor: José Ricardo Bustos Hernández; Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros.
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Fallo Tutela – Segunda Instancia
sistema de vacaciones corresponde al individualizado; (ii) corresponde a las
Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración de Justicia garantizar el
disfrute pleno del derecho a vacaciones estos empleados, disponiendo los recursos
suficientes para solventar el pago de los rubros a que haya lugar, incluyendo en
estos el nombramiento de un reemplazo que los sustituya; (iii) los argumentos de
razones del servicio o sobrecarga laboral no constituyen justificantes válidos por
parte de los nominadores, para negar la concesión de las vacaciones a sus
empleados y (iv) en consecuencia, las entidades tuteladas deben hacer las
apropiaciones necesarias, para superar esa situación.
Decantado este aspecto, se encuentra que la señora Valentina Alzate Montoya se
desempeña como Citador grado 3 en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Medellín; no obstante, a pesar de
haber solicitado su descanso remunerado y concedérsele el mismo, no ha podido
gozarlo, por la falta de la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
para sufragar los costos de un funcionario de remplazo que cubra su carga laboral
mientras se encuentra en vacaciones; situación que afecta a los demás servidores
judiciales de la dependencia referida, puesto que, existe una carga laboral excesiva,
que desborda las capacidades actuales.
En ese orden de ideas, aunque la señora Valentina Alzate Montoya, cuenta con un
régimen de vacaciones individuales, lo cierto es que esto no es pretexto para no
contratar a una persona que remplace a la accionante mientras disfruta de su
periodo de sosiego. De no darse tal remplazo, resulta evidente que se afectaría el
desempeño laboral del Centro de Servicios Judiciales del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes de Medellín.
Pues bien, de acuerdo con los documentos allegados por las partes al expediente
de tutela, se observan las siguientes actuaciones:
La señora Valentina Alzate Montoya ocupa el cargo de citador grado 3
adscrita al Centro de Servicios Judiciales del Sistema de Responsabilidad
Penal Para Adolescentes de Medellín, desde febrero del 2022.
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La tutelante remitió oficio a la Oficina de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, con el propósito
de que realizara estudio para concederle turno de vacaciones desde el 11 de
junio de 2024 al 2 de julio de 2024.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia,
expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 016424 de 8 de
marzo de 2024, en el que concedió a su favor el presupuesto para cancelar
vacaciones y primas vacacionales a partir del 11 de junio de 2024, pero no
expidió el CDP para un remplazo que cubra su carga laboral.
La Jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes de Medellín, mediante Resolución
No. 032 de 11 de marzo de 2024, le negó el disfrute de sus vacaciones hasta
cuando cuente con el presupuesto para su reemplazo, con fundamento en la
necesidad del servicio.
Manifestó que, recurrió dicha resolución mediante recurso de apelación
resuelto por la Juez Coordinadora a través de la Resolución No. 033 de 12
de marzo de 2024, en el sentido de no reponer la decisión.
La Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Antioquia,
expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 124 del 21 de marzo
de 2024, en el que dispuso el presupuesto para cubrir el reemplazo de la
señora Valentina Alzate Montoya, por el periodo comprendido entre el 11 de
junio al 2 de julio del 2024.
Por lo expuesto, la Sala considera que la limitación del disfrute de las vacaciones a
que tiene derecho la señora Valentina Alzate, con fundamento en razones
administrativas, como la ausencia de recursos para nombrar un remplazo,
desconoce derechos superiores de rango Constitucional y, además, su
consecuencia no puede ser soportada por la aquí accionante.
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Radicado: 05001-23-33-000-2024-00478-01
Demandante: Valentina Alzate
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia y otro
Fallo Tutela – Segunda Instancia
Se reitera que las razones administrativas no pueden ser utilizadas en desmedro de
los derechos fundamentales de la señora Valentina Alzate; máxime, cuando según
lo expresado en líneas anteriores, el disfrute de las vacaciones no puede ser
entorpecido por cuestiones administrativas, que derivaron en la no aprobación de
una apropiación presupuestal destinada a designar un reemplazo que la sustituya
en las funciones que actualmente desempeña.
Así las cosas, acreditado el supuesto legal para solicitar las vacaciones individuales,
no es del resorte de la autoridad administrativas oponer mayores barreras para el
disfrute del mismo.
Se advierte que la negativa a acceder a expedir un certificado de disponibilidad
presupuestal para autorizar el reemplazo del cargo que ocupaba la señora Valentina
Alzate, resulta imputable a Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Antioquia.
En otras palabras, en la medida en que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, expidiera el certificado de disponibilidad
presupuestal para sufragar los costos del funcionario de reemplazo, se protege el
derecho de la parte actora al descanso y a su vez se garantiza la prestación continua
del servicio de administración de justicia en la dependencia a la que pertenece;
permitiendo, de esta forma, al nominador conceder las vacaciones solicitadas por
ella, sin que el Centro de Servicios Judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal
Para Adolescentes de Medellín se vea afectado en su desempeño de administrar
justicia.
En ese orden, la Sala se compadece con la decisión de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que accedió al amparo solicitado
por la señora Valentina Alzate Montoya y ordenó la provisión de los recursos
necesarios para conceder las vacaciones deprecadas.
Ahora bien, con respecto a los argumentos esgrimidos en el escrito de impugnación,
sobre su no intervención o responsabilidad en la vulneración de los derechos del
tutelante, pues no tiene la facultad de expedir el referido Certificado de
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Radicado: 05001-23-33-000-2024-00478-01
Demandante: Valentina Alzate
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia y otro
Fallo Tutela – Segunda Instancia
Disponibilidad Presupuestal, se advierte que la entidad accionada dio cumplimiento
a la tutela de primera instancia al expedir el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 124 del 21 de marzo de 2024, en el que dispuso el presupuesto
para cubrir el reemplazo de la señora Valentina Alzate Montoya, por el periodo
comprendido entre el 11 de junio al 2 de julio del 2024, por tanto se observa que
finalmente la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de
Antioquia no carece de competencia para adoptar tal decisión y, por tanto, tampoco
de legitimación en la causa por pasiva.
La decisión tendiente a expedir el Certificado de Disponibilidad aludido, fue
debidamente comunicado a la accionante mediante correo electrónico del 21 de
marzo de 2024, al mail valzatem@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Por otro lado, es pertinente mencionar que, respecto del cargo relacionado con la
indebida integración del contradictorio, alegado por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Antioquia, se evidencia que mediante autos de 13 de
marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión,
admitió la solicitud de amparo en contra de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, mediante auto que adiciona, proferido la misma fecha, dispuso la
vinculación de la Jueza Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Medellín.
Por lo tanto, no se evidenció que se haya integrado de manera indebida el
contradictorio.
III. DECISIÓN
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de 20 de marzo de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que concedió el amparo solicitado por
la señora Valentina Alzate Montoya, contra la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
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Radicado: 05001-23-33-000-2024-00478-01
Demandante: Valentina Alzate
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia y otro
Fallo Tutela – Segunda Instancia
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones acá esgrimidas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 20 de marzo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión.
SEGUNDO. - Por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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