Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2024-00540-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2024-00540-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2024-00540-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00540-01
Accionante: JOSÉ ALBERTO BETANCUR CARVAJAL
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se confirma el fallo impugnado – Los obstáculos de índole
administrativo no pueden ser una justificación para negar el disfrute de las
vacaciones a que tienen derecho los servidores judiciales.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín contra la sentencia de 15 de abril de 2024,
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor José Alberto Betancur Carvajal solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas y al descanso, cuya vulneración le
atribuyó a las Resoluciones núm. 002 de 20 de marzo y 003 de 1.º de abril de 2024,
proferidas por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de
Apartadó, y a la presunta omisión de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Medellín de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para
contratar su reemplazo durante el disfrute de sus vacaciones.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que se encuentra vinculado a la Rama Judicial en el cargo de citador
del Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Apartadó.
2.2. Indicó que el 26 de enero del presente año le solicitó a la Juez Primero Penal
Municipal de Apartadó autorizar el disfrute de sus vacaciones desde el 3 al 24 de
mayo de 2024, correspondiente al período laborado entre el 1.º de febrero de 2023
al 1.° de febrero de 2024.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: José Alberto Betancur Carvajal
2.3. Relatóque el 29 de enero de 2024 la Juez Primero Penal Municipal con
Funciones Mixtas de Apartadó radicó solicitud ante la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín, para que “[…] por favor […] [fuera] expedido el
certificado de disponibilidad presupuestal para el disfrute de las vacaciones
solicitadas por el señor JOSÉ ALBERTO BETANCUR CARVAJAL, identificado con
C.C. 1.040.370.172 quien ostenta el cargo de citador de este despacho, de un (1)
período causado del 01 de febrero de 2023 al 01 de febrero de 2024, a partir del
viernes 03 de mayo de 2024 hasta el viernes 24 de mayo de 2024, ambas fechas
inclusive […]”. Solicitud que reiteró el 7 de febrero del presente año.
2.4. Señaló que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín, mediante correo electrónico de 8 de febrero de la presente anualidad,
respondió: “[…] [s]e reenvía el certificado de disponibilidad presupuestal para
autorizar el disfrute de vacaciones. El certificado de reemplazo se estará remitiendo
a finales de febrero del 2024, cuando se adicionen las apropiaciones presupuestales
para ese rubro […]”.
2.5. Precisó que el 6 y 12 de marzo de 2024 su nominadora le solicitó, nuevamente,
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, en vista
del correo de 8 de febrero de 2024, el certificado de disponibilidad presupuestal para
contratar el reemplazo del periodo de las vacaciones del señor José Alberto
Betancur Carvajal.
2.6. Refirió que el 19 de marzo de 2024, a través de correo electrónico, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín contestó que, por las medidas de
austeridad del gasto implementadas por el Gobierno Nacional, no era posible
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de las
vacaciones.
2.7. Indició que la Juez Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Apartadó,
mediante la Resolución núm. 002 de 20 de marzo de 2024, le negó el disfrute de
sus vacaciones por necesidad del servicio y teniendo en cuenta la respuesta
suministrada por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín.
2.8. Adujoque presentó recurso de reposición en contra del mencionado acto
administrativo.
2.9. Puntualizó que, mediante la Resolución núm. 003 de 1.º de abril de 2024, la Juez
Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Apartadó decidió no reponer el
acto administrativo recurrido.
2.10. Afirmó que por la falta de expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal y la decisión de la Juez Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas
de Apartadó de no autorizar el disfrute de sus vacaciones, se vulneraron sus
derechos fundamentales, porque “[…] garantizar el servicio no puede ser a costa de
la privación de los derechos […] laborales, familiares y de salud de los empleados,
Maxime cuando la negativa es de manera indefinida pues se relaciona con un hecho
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Accionante: José Alberto Betancur Carvajal
incierto como lo es el de la expedición de CDP de reemplazo por parte de la
Dirección Seccional, expedición que de ordenarse, conciliaría mi derecho a
disfrutar de las vacaciones con el derecho colectivo de obtener una pronta y
cumplida justicia […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Honorable Juez Constitucional, por cumplir los requisitos legales para ello,
respetuosamente solicito la tutela a mi derecho al trabajo en condiciones dignas,
ordenando se expida (i) por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín Antioquia – Chocó el respectivo CDP de
reemplazo con el fin de garantizar la prestación del servicio en el Juzgado 001
Civil Municipal de Apartadó donde actualmente me desempeño en razón del
Acuerdo CSJANTA23-112 del 29 de junio de 2023 expedido por el Consejo a
fin de mejorar la oferta de justicia ante la congestión judicial, y (ii) por parte de
la Juez Primera Penal Municipal de Apartadó resolución mediante la cual me
sea concedido el disfrute de vacaciones solicitado […]”. [Negrilla original del
texto y mayúscula original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 4 de abril de 2024, el Magistrado del Tribunal Administrativo de
Antioquia a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de
tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de tercero con interés en el resultado
del proceso a la “[…] JUEZ PRIMERA PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES
MIXTAS DE APARTADÓ LIZETH ELIANA GÓMEZ OSPINA […]”. [Negrilla y
mayúscula original del texto]
5. Posteriormente, y a través de auto de 9 de abril de 2024, dispuso vincular en
calidad de tercero con interés en el resultado del proceso a la “[…] DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NACIONAL […]”. [Negrilla y
mayúscula original del texto]
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
6.1. La Juez Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Apartadó explicó
que le negó las vacaciones al accionante por necesidad del servicio, porque la carga
laboral de ese juzgado es altísima y tiene una planta de personal muy limitada, por
lo que el despacho sería el más perjudicado con la ausencia de uno de sus
servidores.
6.2. Agregó que “[…] [es]s consciente […] que los derechos invocados por el actor
resultan afectados por la decisión emitida, pero como titular del juzgado, llamada a
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Accionante: José Alberto Betancur Carvajal
adoptar las medidas para asegurar la prestación del servicio, me vi en la necesidad
de emitir el pronunciamiento que ahora se cuestiona y que solo pide para cambiar
su sentido, que la ADMINSTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL emita, como lo ha
hecho en otras ocasiones, el certificado de disponibilidad presupuestal para el
REEMPLAZO de las vacaciones del citador de este despacho para una efectiva
administración de justicia […]”. [Mayúscula original del texto]
6.3. Concluyó que en otros casos la Dirección Seccional de Administración Judicial,
en cumplimiento de órdenes de tutela, ha proferido el certificado de disponibilidad
presupuestal para garantizar la contratación de un reemplazo, asegurando la
prestación del servicio y el derecho al descanso del servidor judicial.
6.4. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, a través de
su directora, expuso que recibió y tramitó la solicitud de vacaciones del señor José
Alberto Betancur Carvajal, pero que no cuenta con recursos para cubrir los
reemplazos durante las vacaciones, lo cual fue comunicado a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial Nacional, a través de oficio de 12 de marzo de 2024, con
el fin de solicitar esa apropiación presupuestal.
6.5. Aclaró que “[…] la negativa al disfrute de las vacaciones del accionante emanó
directamente de su nominador, la Jueza Primera Penal Municipal con Funciones
Mixtas de Apartadó, Antioquia aun cuando ya se había expedido por parte de esta
Dependencia el CDP para el disfrute, evidenciando con ello que, los derechos que
invoca el accionante no han sido vulnerados por quien solo opera como ordenador
del gasto, pues la falta de prepuesto para el reemplazo no es óbice para negar el
disfrute de vacaciones al empleado, carga que no debería endilgarse a esta
Dirección Seccional […]”.
6.6. Finalmente, explicó que esa dirección debe esperar las asignaciones por parte
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central en Bogotá, y
que de acuerdo con las directrices solo se autorizarán reemplazos bajo ciertas
condiciones establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
7. Mediante fallo de tutela de 15 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia amparó los derechos fundamentales al trabajo digno y al descanso del
señor José Alberto Betancur Carvajal, al considerar que “[…] la omisión […] del
Consejo Superior de la Judicatura para establecer un procedimiento para la solicitud
de reemplazos por vacaciones del personal de empleados de los despachos
judiciales y la respectiva apropiación de los rubros en el presupuesto, no puede
convertirse en fundamento para negar el derecho al descanso remunerado que les
asiste a dichos empleados, como ocurre en el presente caso […]”.
8. Por lo anterior, como medida de restablecimiento de las garantías constitucionales
vulneradas, dispuso lo siguiente:
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Accionante: José Alberto Betancur Carvajal
“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo digno y al
descanso del señor JOSÉ ALBERTO BETANCUR CARVAJAL vulnerados por
la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE ANTIOQUIA y por el JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES
MIXTAS DE APARTADÓ-ANTIOQUIA-, según lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA que en un
término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
este fallo, realice todas las gestiones administrativas necesarias para la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal –CDP– necesario para
garantizar el reemplazo del señor JOSÉ ALBERTO BETANCUR CARVAJAL,
en el periodo de vacaciones solicitado por el mismo.
TERCERO: ORDENAR al JUZGADO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES
MIXTAS DE APARTADÓ-ANTIOQUIA- que una vez reciba el CDP por parte de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín –
Antioquia, proceda a pronunciarse nuevamente sobre la concesión del disfrute
a las vacaciones del señor JOSÉ ALBERTO BETANCUR CARVAJAL […]”.
[Negrilla original del texto y mayúscula original del texto]
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, por conducto
de su directora, impugnó el fallo de primera instancia indicando que “[…] no ha sido
el propósito o la intención de esta Dirección Seccional socavar los derechos
fundamentales de la [sic] accionante, lo cual que quedó demostrado con la
expedición célere y oportuna del certificado de disponibilidad presupuestal para
cancelar las vacaciones y prima de vacaciones de la [sic] accionante. Se enfatiza
que en ningún momento se vulneraron los derechos fundamentales por parte de
esta Seccional, pues la negativa al descanso emanó de su nominadora, Juez
Primera Penal Municipal de Apartadó […]”.
10. Agregó que el 10 de abril de 2024, por medio del Oficio núm. DESAJMEO24-
1368, le comunicó a la Juez Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de
Apartadó que se había emitido el certificado de disponibilidad presupuestal núm.
124, para cubrir el reemplazo de las vacaciones del señor José Alberto Betancur
Carvajal, a partir del 3 al 24 de mayo de 2024.
11. Como fundamento de lo anterior, solicitó que “[…] sea revocada la decisión
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA PRIMERA
DE ORALIDAD, en lo concerniente a la responsabilidad atribuida a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín por la vulneración de
derechos de la [sic] Accionante , [sic] en tanto esta accionada si bien actúa como
ordenadora del gasto, se encuentra sujeta al presupuesto asignado por el Nivel
Central y a las directrices que desde allí se emiten […]”.
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Accionante: José Alberto Betancur Carvajal
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VIII.2. Problemas jurídicos
13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado12, la Sala debe establecer si existe una
vulneración de los derechos fundamentales del señor José Alberto Betancur
Carvajal, con ocasión de las Resoluciones núm. 002 y 003 de 2024, proferidas por
el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Apartadó, y la
presunta omisión de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín
de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para contratar el reemplazo
durante el disfrute de las vacaciones del accionante.
14. Conel fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las
vacaciones de los empleados judiciales; para luego proceder a (ii) resolver el caso
concreto.
VIII.3. Derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los
servidores judiciales
15. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y
una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado.
Asimismo, señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.
16. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de
obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la
igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales. Igualmente, establece como una garantía mínima
en favor de los trabajadores, la concerniente al descanso remunerado, el cual tiene
como propósito que el empleado recupere las energías ante el desgaste normal de
las mismas originado por la actividad laboral.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Accionante: José Alberto Betancur Carvajal
17. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:
“[…] [U]n derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que
el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el
empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus
actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho
a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las
vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la
ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una
de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se
desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […]”5. [Negrilla fuera
del texto]
18. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que: “[…] uno de los
derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el
Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]”6.
19. En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática7 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Constitución Política, en
tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye
uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo.
20. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la Ley 270 de 7 de
marzo de 19968, en los siguientes términos:
“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades
del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la
Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el
respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio […]”.
21. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado
artículo, precisó lo siguiente:
“[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley,
el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar
los casos en que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus
5
Corte Constitucional. Sentencia C-598 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 20 de noviembre de 1997.
6
Corte Constitucional. Sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; 9 de diciembre de 1996.
7
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 de 1998 M.P.
Hernando Herrera Vergara.
8
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.
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actividades, en las mismas condiciones que las normas laborales lo
establecen para los demás funcionarios del Estado y los particulares. Así,
entonces, puede la ley -o en su defecto la autoridad competente- fijar o
modificar, dentro de unos márgenes razonables, los horarios de trabajo,
disponer los días de descanso y determinar los períodos de vacaciones -
individuales o colectivas-, sin que ello atente o comprometa el carácter de
permanente que la Carta Política le ha dado a la administración de justicia […]”.
[Negrilla fuera del texto]
22. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo
146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama
Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus
vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es
individual y que pertenecen a la “[…] Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]”.
23. Sin embargo, en ambos supuestos, el empleado de la Rama Judicial se hace
merecedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual se considera
fundamental e irrenunciable y, por tanto, su afectación debe ser protegida a través
de la acción de tutela.
VIII.4. El caso concreto
24. El señor José Alberto Betancur Carvajal solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas y al descanso, cuya vulneración le
atribuyó a las Resoluciones núm. 002 y 003 de 2024, proferidas por el Juzgado
Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Apartadó, y a la presunta omisión
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín de expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para contratar su reemplazo durante el
disfrute de sus vacaciones.
VIII.4.1. De la vulneración al derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de
las vacaciones de los empleados judiciales en el sub lite
25. La autoridad judicial de primera instancia concedió el amparo solicitado, luego de
considerar, en síntesis, que el accionante tenía derecho a disfrutar de sus
vacaciones que, “[…] si bien el principio de continuidad del servicio de justicia
implica que la función que desempeña el señor José Alberto Betancur Carvajal,
debe ser continua, el nominador no puede vulnerar el derecho al descanso que tiene
el accionante, basado en que no existe disponibilidad presupuestal para designar el
reemplazo, teniendo en cuenta que la Ley 270 de 1996 establece otras alternativas
que permiten garantizar la prestación del servicio de forma adecuada, como lo es la
figura del encargo […]”.
26. Como consecuencia de lo expuesto, se ordenó a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
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contadas a partir del día siguiente a la notificación de esa decisión, adelantara las
gestiones necesarias para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para
garantizar el reemplazo del señor José Alberto Betancur Carvajal, durante el periodo
de sus vacaciones y, al Juzgado Penal Municipal con Funciones Mixtas de Apartadó
– Antioquia que, una vez recibiera el CDP, le concediera las vacaciones al
accionante.
27. La entidad impugnante solicitó que se revocara el fallo de primera instancia al
considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales del señor Betancur
Carvajal porque quien le negó las vacaciones fue el nominador, y la asignación
presupuestal para los reemplazos la hace directamente la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
28. LaSala empieza por advertir que, en el caso de autos, lo pretendido por el
accionante es gozar de las vacaciones a las que tiene derecho por haber laborado
entre el 1.º de febrero de 2023 al 1.° de febrero de 2024.
29. En ese sentido, las vacaciones, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, deben ser entendidas como un derecho de naturaleza fundamental
y una garantía mínima del trabajador, pues a través de este se busca la
recuperación de las energías del empleado afectadas con ocasión del desgaste
físico y mental producto del cumplimiento de las labores asignadas por el
empleador. Significa lo anterior, que en esta ocasión la acción de tutela constituye
un mecanismo idóneo para proteger la posible afectación de una garantía
constitucional.
30. En múltiples ocasiones esta Sección9 ha desatado asuntos similares al presente
accediendo a las solicitudes de amparo y, como consecuencia de ello, se ha emitido
órdenes para que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ asigne
los recursos necesarios, para que las Direcciones Seccionales de
Administración Judicial puedan expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal que permita la vinculación de una persona que cubra la ausencia de
los accionantes, por encontrarse disfrutando sus vacaciones.
31. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades
consistió en que: “[…] los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el
derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los
trabajadores […]”10. En efecto, en sentencia de 1.° de julio de 2021, esta Sala de
Decisión explicó lo siguiente:
9
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-02681-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez
Sánchez.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2022, expediente
número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 05001-23-33-000-2024-00540-01
Accionante: José Alberto Betancur Carvajal
“[…] [V]isto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio,
la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que
las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al
goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor,
teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el
derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el descanso constituye una
garantía fundamental del empleado, además de una prestación social y un
derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de las
personas.
[…]
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el
tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas
veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo
la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y
presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes
laboran en los despachos judiciales […]”11. [Negrilla fuera del texto]
32. Siguiendo esa misma línea argumentativa, esta Sección12 así como la
Subsección “B” de la Sección Segunda13, la Sección Cuarta y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, han venido sosteniendo el criterio consistente en que los
asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como
medida de protección del derecho, resulta procedente que el juez constitucional
ordene adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.
33. Teniendo en cuenta lo anterior, en criterio de la Sala existe una vulneración de
los derechos fundamentales del señor José Alberto Betancur Carvajal, porque el
accionante no ha podido disfrutar de su periodo vacacional.
34. En este punto, resulta necesario precisar que es competencia de las direcciones
seccionales de administración judicial de la Rama Judicial “[…] [a]ctuar como
ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan
[…]”.
35. Asimismo,se resalta que el fundamento utilizado por la Dirección Seccional
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín para abstenerse de
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal solicitado, radica en las
medidas de austeridad en el gasto implementadas por el Gobierno Nacional. La
Dirección Seccional al respecto señaló:
“[…] Para los fines pertinentes, y con relación al asunto de la referencia, de manera
atenta nos permitimos informar que, de acuerdo con la apropiación presupuestal,
actualmente no hay disponibilidad, debido a las medidas de austeridad en el gasto
implementadas por el Gobierno Nacional, por este motivo, aún NO es posible
expedir su certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de sus
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
12
20 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04569-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de junio de
2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00540-01
Accionante: José Alberto Betancur Carvajal
vacaciones. Ahora bien, si de apropiarse recursos para esta vigencia, se estaría
en la posibilidad de expedir el respectivo CDP, en un futuro […]”.
36. El texto transcrito permite evidenciar que el motivo por el que no se expidió el
certificado de disponibilidad presupuestal en el caso sub examine, obedece a una
determinación de la entidad impugnante, en su condición de ordenadora del gasto.
37. Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencia SU-296 de 202314 puntualizó
que para garantizarle al empleado el disfrute de su derecho fundamental al
descanso, es necesario que durante el tiempo que duren las vacaciones se le
asignen las funciones a otra persona, para evitar que cuando este se reincorpore a
sus labores tenga tareas represadas que afecten su salud física y mental. Al
respecto se indicó:
“[…] 224. Para concluir este apartado, la Sala sostuvo que el Estado debe
encontrar fórmulas de arreglo que concilien estos dos intereses: los derechos
de sus servidores y la prestación continua de un servicio público esencial como
la administración de justicia. Sin que lo segundo pueda alcanzarse en desmedro
de lo primero, so pena de transgredir los derechos fundamentales al descanso
y a la dignidad humana de la población trabajadora vinculada a la administración
de justicia, pues las razones de índole administrativa no pueden ser utilizadas
de manera arbitraria para desconocer estos derechos.
225. En tercer lugar, al abordar la descripción del trámite administrativo que
actualmente regula la concesión de vacaciones a los empleados y funcionarios
judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual, previsto en la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, expedida por el Consejo Superior de
la Judicatura, encontró que el reglamento administrativo que actualmente rige
en este asunto no regula el trámite administrativo de concesión de vacaciones
individuales a empleados judiciales, pues únicamente se refiere de forma
expresa al procedimiento para la concesión de vacaciones individuales a los
funcionarios judiciales de dicho régimen.
226. En cuarto lugar, al analizar los casos en concreto, la Sala encontró que la
situación administrativa a la cual se enfrentan los diferentes nominadores como
directores de los despachos judiciales es compleja y refleja que su negativa a
conceder las vacaciones a los actores no es necesariamente caprichosa e
injustificada, como lo afirman las diferentes DESAJ. Para arribar a esta
conclusión, tuvo en cuenta que, ante la negativa de las DESAJ a conceder los
certificados de disponibilidad presupuestal, el nominador se encuentra forzado
a elegir entre garantizar el adecuado funcionamiento del despacho a su cargo y
la satisfacción de los derechos laborales de los empleados que lo conforman.
Esto, porque los despachos judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual
tienen una característica en común que se refiere a la urgencia, importancia y
volumen de los asuntos que deben tramitar de forma ininterrumpida, lo cual
implica, además, la necesidad de garantizar la evacuación expedita de los
trámites a su cargo.
[…]
228. A partir de lo anterior, concluyó que en los casos analizados tanto las
DESAJ como el Consejo Superior de la Judicatura han contribuido a la
vulneración del derecho fundamental al descanso de los actores, pues no lo han
garantizado en debida forma. Frente a este aspecto, insistió en que a las
14
Comunicado núm. 25 de 2 y 3 de agosto de 2023, en la cual se expone en síntesis los fundamentos de la Sentencia SU
296/23, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, Expedientes: T-8.735.764 (AC).
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Radicación: 05001-23-33-000-2024-00540-01
Accionante: José Alberto Betancur Carvajal
autoridades administrativas de la Rama Judicial les corresponde, por mandato
constitucional y legal, procurar la protección de los trabajadores judiciales y el
adecuado funcionamiento de la administración de justicia. De esta manera, se
planteó que los argumentos que aducen la ausencia de regulación del trámite
administrativo de concesión de vacaciones por parte del Consejo Superior de la
Judicatura, así como la inferencia de su prohibición tácita para el caso de la
contratación de remplazos para los empleados judiciales, desatienden las
obligaciones que le son exigibles a estas entidades frente a los derechos de los
funcionarios y empleados judiciales. Esto se ve intensificado por el hecho de
que en varios de los casos los actores cuentan con más de dos periodos de
vacaciones acumulados e, incluso, han tenido que recurrir en más de una
ocasión a la presentación de tutelas para que se les concedan las vacaciones.
229. A juicio de la Corte, tanto los empleados como los funcionarios judiciales
contribuyen en conjunto al funcionamiento efectivo y eficiente del sistema
judicial. Por lo tanto, garantizar un enfoque coherente y equitativo en cuanto al
descanso remunerado no solo apunta a proteger los derechos individuales de
los trabajadores, sino también a fortalecer la salud y el bienestar general del
sistema judicial. De manera que resulta inadmisible que, al amparo de una
supuesta ausencia de regulación del trámite administrativo, se dispensen
tratamientos diferenciados en la garantía de los derechos fundamentales entre
los funcionarios y empleados judiciales, así como entre aquellos que pertenecen
al régimen individual y los que están vinculados a juzgados cuyo régimen
vacacional es colectivo. Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior
de la Judicatura no regula el trámite para la concesión de vacaciones
individuales a los empleados judiciales, la Sala afirmó que esto no significa que
aquellos no tengan derecho a que se programen sus vacaciones o a ser
remplazados durante el periodo en el cual disfrutan de dicha prestación, pues
ni la referida circular reglamenta el asunto ni lo prohíbe, como parecieran
entenderlo las DESAJ en sus respuestas durante los diferentes trámites de
tutela.
[…]
233. De este modo, al margen de los remedios judiciales a adoptar en cada
expediente en específico, la Sala encontró necesario impartir una orden al
Consejo Superior de la Judicatura para que, en un plazo que no exceda los seis
(6) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, y previa
consulta y o participación de los jueces, adopte la reglamentación necesaria
para garantizar la efectividad del derecho a las vacaciones que se ejerzan en
forma individual al interior de la Rama Judicial, y, a partir de la debida
planeación, se prevenga la aplicación de razones de orden presupuestal,
logístico o administrativo como barreras para el disfrute de dicho derecho. Esta
reglamentación debe ser integral y suficiente para proteger y promover el
derecho al trabajo de los funcionarios y empleados judiciales en condiciones
dignas, lo cual debe comprender aspectos como el descanso, la salud mental y
física, el equilibrio entre la vida laboral y personal y la prevención del
agotamiento laboral […]”. [Subrayado fuera del texto]
38. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que al accionante se le negó el disfrute de
sus vacaciones individuales con fundamento en la falta de expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para contratar a su reemplazo, la Sala concluye, al
igual que el a quo, que se transgredió su derecho al descanso, cuya vulneración es
imputable a la entidad impugnante porque, tal como se precisó la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín tiene la competencia de asignar
los recursos, con el fin de que se pueda contratar el reemplazo del accionante
durante el periodo vacacional.
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Radicación: 05001-23-33-000-2024-00540-01
Accionante: José Alberto Betancur Carvajal
39. En ese sentido, y si bien es cierto la impugnante no fue la que expidió la
resolución que negó las vacaciones solicitadas por el señor José Alberto Betancur
Carvajal, también lo es que ésta tiene la competencia de asignar los recursos a los
despachos judiciales, para que puedan contratar los reemplazos de los servidores que
soliciten el disfrute de sus vacaciones.
40. Conbase en las consideraciones expuestas, la Sala confirmará el fallo
impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de abril de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto parcial
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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