Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2024-00844-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2024-00844-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2024-00844-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00844-01 (0639-2025)
Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Temas: Sanción disciplinaria
Sentencia segunda instancia
_________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 27 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Fabián Camilo Velasco Cumplido presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo 1 en
orden a que se declarara la nulidad de los fallos disciplinarios proferidos dentro de
la actuación EE-MEVAL-2022-268: (i) el de primera instancia del 27 de octubre de
2023, expedido por el jefe de la Oficina CODIN de Juzgamiento 12 MEVAL, a
través del cual se le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por 10
años; y (ii) el de segunda del 4 de diciembre de 2023, suscrito por el inspector
delegado Región Seis de Juzgamiento, que confirmó la sanción2.
1 En adelante CPACA.
2 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivos
«002EscritoDemanda.pdf» y «009SubsanacionDemanda.pdf».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: (i) se dejara sin efectos la Resolución 0217 del 31 de enero de 2024, por
medio de la cual se ejecutó la sanción disciplinaria; (ii) el reintegro al servicio activo
de la Policía Nacional, sin solución de continuidad, en un cargo de igual o superior
categoría al que desempeñaba al momento del retiro; (iii) la eliminación de la
anotación de la sanción en los sistemas «de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación (SIRI)», «de Información Jurídico de
la Policía Nacional de Colombia (SIJUR)» y «de Información para la Administración del
Talento Humano de la Policía Nacional de Colombia (SIATH)», en la hoja de vida y en
las demás bases de datos en las que estuviera registrada; (iv) el reconocimiento y
pago de los sueldos, compensaciones, remuneraciones, prestaciones sociales y
demás acreencias laborales dejadas de percibir desde su retiro hasta el reintegro
efectivo, así como de los perjuicios morales, equivalentes a 100 salarios mínimos
mensuales vigentes; (v) la indexación y/o actualización de los valores que
resultaran; (vi) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192
a 195 del CPACA; y (vii) la condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. FabiánCamilo Velasco Cumplido ingresó a la Policía Nacional el 14 de
diciembre de 2010, en el grado de patrullero del nivel ejecutivo, luego de culminar
su formación en la Escuela de Policía Rafael Núñez.
3.2. El 10 de noviembre de 2019, mientras se encontraba en su residencia, Yury
Alexandra Ruiz, esposa de su primo Carlos Alonso Ramírez Cumplido, acudió a
buscarlo y le manifestó que su esposo tenía un inconveniente con unos miembros
de la Policía Nacional en su domicilio, ubicado en el barrio La Florida del municipio
de Bello, Antioquia.
3.3. Así, se desplazó con aquella hasta ese lugar, donde encontró a su familiar en
conversaciones con los patrulleros Gutty Pérez Salazar y Yeison Andrés Santana
Serna, quienes le informaron que su primo tenía un requerimiento judicial y que
exigían $3.000.000 para no hacer efectiva su captura.
3.4. En ese instante, les manifestó a los uniformados que también pertenecía a la
institución, les cuestionó el procedimiento que adelantaban y les expresó que
pondría los hechos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación 3 .
Posteriormente, aquellos decidieron materializar la orden de captura.
3.5. Luego, Carlos Alonso Ramírez Cumplido ingresó a su vivienda y aquellos
patrulleros entraron al inmueble para efectuar su captura. En desarrollo de ese
procedimiento también fue capturado [el demandante] por la presunta comisión del
3 En lo sucesivo PGN.
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delito de violencia contra servidor público, debido a que, según los uniformados,
habría golpeado en el rostro al uniformado Yeison Andrés Santana Serna.
3.6. Por estos hechos, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá dispuso la compulsa de copias respecto de los
patrulleros Pérez Salazar y Santana Serna e inició la actuación disciplinaria P-
MEVAL-2019-606 en contra del demandante.
3.7. El 18 de marzo de 2021, la misma autoridad dispuso la apertura de investigación
disciplinaria en su contra por la presunta comisión de la falta prevista en el numeral
10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 20064, en concordancia con el delito de violencia
contra servidor público previsto en el artículo 429 del Código Penal.
3.8. El 27 de octubre de 2023, el jefe de la «Oficina CODIN de Juzgamiento No. 12
MEVAL» profirió fallo disciplinario de primera instancia dentro de la actuación EE-
MEVAL-2022-268, en el que lo declaró responsable del cargo formulado y le impuso
sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años. Contra esa decisión
interpuso recurso de apelación.
3.9. El
4 de diciembre de 2023, el inspector delegado de la Región Seis de
Juzgamiento confirmó la decisión disciplinaria de primera instancia.
3.10. Mediante la Resolución 0217 del 31 de enero de 2024, el director general de la
Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general
por 10 años, la cual le fue notificada el 2 de febrero de 2024. Fecha a partir de la
cual quedó retirado del servicio activo de la institución.
3.11. Mediante sentencia del 1 de marzo de 2024, el Juzgado Tercero Penal con
Función de Conocimiento de Bello declaró extinguida por prescripción la acción
penal adelantada en su contra por el delito de violencia contra servidor público y
decretó la preclusión de la actuación.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 25, 29,44, 121, 122, 125, 209 y 228
de la Constitución Política; 66 del Código Civil5; Ley 489 de 1998; 1, 2, 4, 5, 6, 9, 14,
16, 17, 19, 28, 29, 54, 66, 73, 89, 90, 92, 94, 97, 100, 101, 107, 128, 129, 130, 133,
136, 138, 139, 140, 141, 142, 143 [numerales 2 y 3], 148, 150, 152, 160, 161, 163,
170, 175, 177, 178 y 181 de la Ley 734 de 20026; 5, 6, 7, 20, 28, 34, 38, 40, 41 y 58
de la Ley 1015 de 2006; 3, 42, 138, 192, 193, 194, 195, 211, 212, 213 y 229 a 241
4 Artículo 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: [...] 10. Incurrir en la comisión
de conducta descrita en la ley como delito, [...], cuando se encuentre en situaciones administrativas
tales como: Franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de
servicio, o en hospitalización.
5 En adelante CC.
6«Norma derogada a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019».
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del CPACA; 166, 167, 175 y siguientes del Código General del Proceso 7; y 265 de
la Ley 1952 de 2019.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. Se desconoció el debido proceso por el incumplimiento de los términos previstos
para adelantar la actuación disciplinaria. La indagación preliminar se inició el 11 de
noviembre de 2019 y la investigación formal solo se abrió el 18 de marzo de 2021,
pese a que el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 establecía un término de 6 meses
para aquella etapa. Además, entre la apertura de la investigación y la formulación
del pliego de cargos transcurrieron más de 2 años, sin que se observaran los
términos previstos en el artículo 213 de la Ley 1952 de 2019. Estas irregularidades
afectaron las garantías previstas en el artículo 29 de la Constitución Política.
5.2. Los fallos disciplinarios incurrieron en falsa motivación, porque no existió
correspondencia entre el cargo atribuido y los hechos acreditados. En particular, no
se demostró que hubiera agredido física o verbalmente al patrullero Yeison Andrés
Santana Serna ni, por tanto, que hubiera incurrido en el delito de violencia contra
servidor público previsto en el artículo 429 del Código Penal. El dictamen de
medicina legal que estableció una incapacidad de 8 días para dicho uniformado
acreditaba la existencia de una lesión, pero no que él se la hubiera causado.
5.3. Se incurrió en indebida valoración probatoria, pues se otorgó credibilidad a las
declaraciones de los patrulleros Gutty Pérez Salazar y Yeison Andrés Santana
Serna, pese a las contradicciones existentes entre sus versiones, el informe de
novedad, las declaraciones rendidas en el proceso penal y las grabaciones del
procedimiento. En contraste, se desestimaron los testimonios de Yury Alexandra
Ruiz y Carlos Alonso Ramírez Cumplido, quienes manifestaron que no agredió a los
uniformados.
5.4. En particular, las grabaciones del procedimiento no mostraban la agresión física
que se le atribuyó y tampoco respaldaban que hubiera asumido una actitud agresiva
o proferido expresiones irrespetuosas. Por ello, la existencia del informe médico y
las declaraciones de los 2 uniformados no permitieron alcanzar certeza sobre la
autoría de la lesión, de modo que las dudas debieron resolverse en su favor,
conforme con la presunción de inocencia.
5.5. La falta prevista en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 fue
indebidamente interpretada y aplicada en concordancia con el artículo 429 del
Código Penal, porque no se acreditaron los elementos de la conducta de violencia
contra servidor público. En tal sentido, su sola captura no permitía tener por
configurada una conducta descrita en la ley como delito y, ante la ausencia de
prueba de una agresión física o verbal, no existió una adecuación típica entre los
hechos y la falta disciplinaria imputada.
7 En lo sucesivo CGP.
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5.6. La sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años resultó
desproporcionada, pues se impuso sin que existiera certeza sobre la comisión de la
conducta atribuida. Asimismo, la actuación penal seguida por iguales hechos
terminó con la extinción de la acción penal por prescripción y la preclusión de la
investigación.
5.7. El control judicial sobre los actos disciplinarios deberá ser integral y comprender
tanto la interpretación normativa como la valoración probatoria efectuada por la
autoridad administrativa, en garantía del debido proceso y de los demás principios
que gobiernan la potestad disciplinaria.
1.2. Contestación de la demanda
6. La parte demandada se opuso a las súplicas de la demanda bajo los siguientes
argumentos8:
6.1. Los fallos disciplinarios se ajustaron al ordenamiento jurídico, pues las pruebas
recaudadas acreditaron que el demandante, mientras se encontraba en franquicia,
incurrió en la falta gravísima prevista en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015
de 2006, en concordancia con el artículo 429 del Código Penal. La conducta afectó
sustancialmente el deber funcional y fue sancionada a título de dolo, por lo que no
se configuró una falsa motivación ni una indebida adecuación típica. La terminación
del proceso penal por prescripción no desvirtuó la responsabilidad disciplinaria, en
razón a la autonomía entre ambos regímenes sancionatorios.
6.2. No se vulneró el debido proceso, porque los términos de la indagación
preliminar estuvieron suspendidos con ocasión de la emergencia sanitaria por
COVID-19 y las actuaciones posteriores se adelantaron dentro de los plazos
legales. Además, al disciplinado se le informó acerca de su derecho a rendir versión
libre y contó durante la actuación con apoderado y con las oportunidades
pertinentes para controvertir pruebas, presentar recursos y ejercer su defensa.
6.3. Como excepciones propuso: (i) «PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD»; (ii)
«INEXISTENCIA DE VICIOS DE NULIDAD»; y (iii) «INNOMINADA O GENÉRICA».
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, en sentencia
proferida el 27 de enero de 2025 declaró probada la excepción de «INEXISTENCIA
DE VICIOS DE NULIDAD» propuesta por la parte demandada y, en consecuencia,
negó las pretensiones de la demanda. Asimismo, se abstuvo de condenar en costas
8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«018ContestacionDemandaPolicia.pdf».
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a la parte vencida9.
8.Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
8.1. La superación de algunos términos de la actuación disciplinaria no vulneró el
debido proceso ni imponía el archivo de la investigación, pues no operó la
prescripción ni se acreditó una afectación material de las garantías de defensa y
contradicción. Tampoco el cambio de funcionarios constituyó una irregularidad con
incidencia en la actuación.
8.2. No se configuró la falsa motivación por indebida valoración probatoria, porque
el análisis conjunto de los testimonios, las grabaciones del procedimiento, el informe
médico legal y los demás elementos de convicción permitió tener por acreditada la
agresión al patrullero Yeison Andrés Santana Serna por parte del disciplinado. Las
inconsistencias advertidas por la parte actora no fueron suficientes para desvirtuar
esa conclusión ni para generar una duda razonable sobre su responsabilidad.
8.3. La preclusión de la actuación penal no impedía establecer la responsabilidad
disciplinaria, porque obedeció a la prescripción de la acción y no a la atipicidad de
la conducta. Además, el comportamiento se adecuó a la falta gravísima prevista en
el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en concordancia con el artículo
429 del Código Penal, pues el demandante ejerció violencia con el propósito de
impedir la captura de su primo mientras se encontraba en situación administrativa
de franquicia.
8.4. La conducta fue sustancialmente ilícita, porque trascendió la esfera privada del
demandante y afectó el deber funcional, al interferir en el cumplimiento de las
funciones legales de los policías encargados de materializar la captura de Carlos
Alonso Ramírez Cumplido.
8.5. Nocondenó en costas a la parte demandante porque no se acreditó la
causación de expensas que justificaran su imposición y la entidad demandada hizo
un uso mesurado de su derecho de defensa.
1.4. El recurso de apelación
9. El demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en su
lugar se accediera a las pretensiones de la demanda, con sustento en los siguientes
argumentos10:
9 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«030Sentencia.pdf».
10 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
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9.1. La sentencia valoró indebidamente las pruebas, pues otorgó credibilidad a las
declaraciones de los patrulleros Yeison Andrés Santana Serna y Gutty Jesús Pérez
Salazar, pese a las contradicciones que presentaban entre sí, frente a lo
manifestado en el proceso penal y respecto de las grabaciones del procedimiento.
En estas últimas no se observó la agresión que le fue atribuida y, además, los
testimonios de Carlos Alonso Ramírez Cumplido y Yury Alexandra Ruiz no dieron
cuenta de que hubiera atacado a los uniformados, todo lo contrario.
9.2. Elinforme de medicina legal acreditó la lesión sufrida por Yeison Andrés
Santana Serna, pero no que el actor se la hubiera causado. Por ello, no existió
prueba suficiente para declarar su responsabilidad disciplinaria, pero sí para
evidenciar que subsistieron dudas sobre la ocurrencia de la conducta.
9.3. La conducta no se adecuó a la falta gravísima prevista en el numeral 10 del
artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en concordancia con el artículo 429 del Código
Penal, porque no se demostró que hubiera ejercido violencia contra los policías ni
que pretendiera impedir la captura de su primo. La actuación penal también mostró
la insuficiencia probatoria para atribuirle el delito de violencia contra servidor público,
por lo que el tribunal erró al concluir que se configuró la conducta típica.
9.4. Tampoco se acreditó la afectación sustancial del deber funcional ni una
actuación dolosa, pues su intervención en los hechos acaecidos estuvo dirigida a
impedir que su primo entregara el dinero que presuntamente le exigían los
uniformados y no a obstaculizar el cumplimiento de la orden de captura. En
consecuencia, los fallos disciplinarios incurrieron en vicios de falsa motivación por
indebida valoración probatoria, falta de correspondencia entre el cargo y la conducta
e indebida interpretación de las normas aplicables.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar11.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia
apelada con fundamento en las siguientes consideraciones12:
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«033RecursoApelacionDemandante.pdf».
11 Tal y como se indicó en el auto del 30 de abril de 2025. Samai, índice 5, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «7Autoqueadmite_06392025admiterecurs(.pdf) NroActua
5», archivo «7_Autoqueadmite_06392025admiterecurs_0_20250526153030487».
12 Samai, índice 9, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«Memorial_FLF_10Concepto(.pdf) NroActua 9», archivo
«10_10_050012333000202400844011YYY06051029».
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11.1. No se acreditó la vulneración del debido proceso ni la falsa motivación de los
actos disciplinarios, pues la investigación, la formulación de cargos y las decisiones
sancionatorias fueron notificadas al demandante, quien conoció la conducta
atribuida e intervino en la actuación mediante el ejercicio de los derechos de defensa
y contradicción. Además, el recurso de apelación no expuso elementos concretos
que desvirtuaran las razones en que se sustentaron los fallos disciplinarios y la
sentencia de primera instancia.
11.2. La valoración conjunta de las pruebas documentales, testimoniales y
videográficas permitió establecer que el actor, mientras se encontraba en situación
administrativa de franquicia, agredió a otro uniformado con el propósito de impedir
la captura de su familiar y entorpecer el procedimiento policial. Por ello, la conducta
se adecuó a la falta gravísima prevista en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley
1015 de 2006, en concordancia con el artículo 429 del Código Penal, y afectó
sustancialmente el deber funcional. Asimismo, existió certeza sobre la comisión de
la falta y la responsabilidad del disciplinado, por lo que no procedía aplicar el
principio in dubio pro disciplinado.
11.3. La sanción tampoco resultó desproporcionada, porque la destitución e
inhabilidad general correspondió a la consecuencia prevista legalmente para la falta
gravísima atribuida en modalidad dolosa. En consecuencia, no existió duda sobre
la responsabilidad disciplinaria.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos […]».
2.2. Los problemas jurídicos
13. De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda
instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
en esas condiciones, los problemas jurídicos que se deben resolver en esta
instancia se contraen a determinar: ¿si la autoridad disciplinaria realizó una correcta
adecuación típica de la conducta atribuida al demandante, conforme con el numeral
10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en concordancia con el artículo 429 del
Código Penal?
14. Asimismo, ¿si en el trámite disciplinario se demostró que el actor incurrió en la
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conducta investigada y que esta configuró la ilicitud sustancial exigida para ser
sancionado?
15. Finalmente, ¿si la conducta atribuida al demandante fue cometida a título de
dolo, como se concluyó en el proceso disciplinario?
16. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la sala expondrá, en primer
lugar, lo actuado en el proceso disciplinario y, posteriormente, analizará de manera
sucesiva los reparos relacionados con la tipicidad, la valoración probatoria, la ilicitud
sustancial y la culpabilidad, a partir del marco normativo y jurisprudencial aplicable
a cada uno.
2.3. La actuación disciplinaria y el proceso penal
17. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
18. Fabián Camilo Velasco Cumplido ingresó a la Policía Nacional como alumno del
nivel ejecutivo el 14 de enero de 2010 y, desde el 14 de diciembre siguiente, se
desempeñó como patrullero de ese nivel13, en el que permaneció vinculado hasta
el 31 de enero de 2024, cuando a través de la Resolución 0217 de esa fecha 14, se
ejecutó la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 10 años
impuesta en su contra.
19. Para la época de los hechos se encontraba en servicio activo y, específicamente,
el 10 de noviembre de 2019 se encontraba en situación administrativa de franquicia,
conforme con el Oficio DISP4-ESLAU del 21 de julio de 202315, mediante el cual se
informó que se desempeñaba como conductor del Distrito 4 de Policía y que para
aquella fecha se hallaba «descansando (franquicia)», circunstancia que también
aparece registrada en la minuta de vigilancia 0019 de ese día, en la que figura como
«lugar de facción, descanso»16.
• Proceso disciplinario
13 Conforme con el extracto de hoja de servicios expedido el 28 de abril de 2023. Samai, índice 2,
actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 186 a 188.
14 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 341 y 342.
15 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folio 242.
16 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 243 y 244.
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20. El 11 de noviembre de 201917 la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá abrió la indagación preliminar SIJUR-P-
MEVAL-2019-606 en contra del actor. Oportunidad en la cual se dispuso, entre
otras, recibir las declaraciones de Yeison Andrés Santana Serna y Gutty Pérez
Salazar, obtener el informe de captura y allegar el dictamen médico-legal
relacionado con las lesiones sufridas por el primero. En el acto se consignó lo
siguiente:
«[…] HECHОS
Informa el CAD MEVAL que el cuadrante 6-1-15 de la Estación de Policía Bello, en el
momento de solicitar antecedentes por la PDA le figura un requerimiento a una persona
por el delito de peculado por apropiación cuando se disponen a capturarlo, sale otra
persona manifestándoles que es patrullero y que cuanto pedían por dejarlo libre, el
cuadrante le manifiesta que de ninguna manera que lo dejara hacer el procedimiento
este se altera golpeando en el pómulo al compañero de patrulla siendo reducido para
dejarlo a disposición, tanto al patrullero como a la otra persona que es solicitada.
CONSIDERACIONES DEL DESPАСНО
Teniendo en cuenta que es necesario dar total claridad y transparencia al servicio que
prestan los funcionarios de la Policía Nacional, atender oportunamente las quejas
presentadas por los ciudadanos e informes suscritos por servidores públicos y entidades
estatales, mantener y fortalecer la disciplina policial al igual que restablecerla cuando ha
sido quebrantada.
Que se encuentran dados los presupuestos establecidos en el artículo 150 de la Ley 734
de 2002, Código Disciplinario Único, para la apertura de la indagación preliminar.
Que la presente indagación tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si ella es constitutiva de falta disciplinaria, establecer el grado de
responsabilidad que le pueda asistir al policial implicado y su plena identificación, o si
éste actuó amparado en una causal de exclusión de responsabilidad, frente a los hechos
puestos en conocimiento por la presunta conducta irregular en que pudo haber incurrido
el funcionario policial […]». [sic]
21. Posteriormente, a través de auto del 18 de marzo de 202118 abrió la investigación
disciplinaria MEVAL-2021-52 en contra del actor y ordenó, entre otras pruebas,
incorporar las piezas pertinentes de la actuación penal y recibir las declaraciones
de Yeison Andrés Santana Serna y Gutty Jesús Pérez Salazar.
22. Según lo informado por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción
17 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 73 a 75.
18 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 122 a 124.
10
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Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
No. 20 MEVAL de la Policía Nacional19, con auto del 29 de marzo de 2022, se
asumió por competencia el conocimiento de la actuación, que continuó bajo el
radicado SIE2D-EE-MEVAL-2022-268.
23. El 31 de marzo de 2023 Gutty Jesús Pérez Salazar declaró en la actuación
disciplinaria que, mientras patrullaba con Yeison Andrés Santana Serna, observaron
un vehículo estacionado sobre el andén y requirieron a Carlos Alonso Ramírez
Cumplido, quien se identificó con una cédula que les generó dudas y manifestó que
tenía una orden judicial vigente. Asimismo, que el demandante llegó posteriormente,
se presentó como integrante de la Policía Nacional y pidió que «le colaboraran» con
su familiar. Después, Ramírez Cumplido ingresó a la vivienda y el actor les expresó:
«ya perdió, si quiere entre y sáquelo»20.
24. Agregó que había ingresado primero a la vivienda y que su compañero se
encontraba detrás de él cuando el actor golpeó a este último con el puño en el rostro.
Observó directamente el golpe «en la cara, en la nariz». También, que enseguida
redujo al demandante, pero, al advertir que Ramírez Cumplido emprendió la huida,
salió tras él, mientras Santana Serna permaneció con el primero.
25. Yeison Andrés Santana Serna, en la misma fecha, también declaró que él y Gutty
Pérez Salazar encontraron a Carlos Alonso Ramírez Cumplido durante labores de
patrullaje y que, luego de advertir la existencia de un pendiente judicial, llegó el
actor, quien se identificó como policía y manifestó que era primo de aquel.
Asimismo, que el demandante le indicó a su familiar que ingresara a la vivienda
porque los uniformados no podían sacarlo de allí y que, posteriormente, les
manifestó que entraran a capturarlo si podían21.
26. En cuanto a la agresión, sostuvo que, cuando se disponían a ingresar al
inmueble, el actor lo golpeó en el rostro, tras lo cual se produjo un forcejeo. Precisó
que se encontraba «en toda la entrada de la vivienda» y que solo ingresó después de
recibir el golpe. Asimismo, que Gutty Pérez Salazar redujo al demandante y salió
detrás de Carlos Alonso Ramírez Cumplido, mientras él permaneció con el primero.
27. El 27 de abril de 202322, se formuló cargo único en contra del demandante por la
falta gravísima prevista en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006,
consistente en «incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como delito»
mientras se encontraba, para el caso, en situación administrativa de franquicia. Para
19 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folio 138.
22 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 164 a 179.
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Radicado: 05001-23-33-000-2024-00844-01 (0639-2025)
Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
completar la adecuación normativa se acudió al artículo 429 del Código Penal,
relativo al delito de violencia contra servidor público. Para sustentar esa adecuación,
la autoridad disciplinaria consideró lo siguiente:
«[…] De esta manera se tiene que el investigado al parecer el día 10/11/2019 siendo las
21:20 horas, cuando se encontraba de franquicia[,] al parecer desplegó una acción
consistente en ejercer violencia contra el servidor público Yeison Andrés Santana Serna,
a quien le propinó un golpe en el rostro […] destacándose que ello se ejecutó en razón
a las funciones, hechos que se presentaron cuando el disciplinado trata de impedir la
captura de un ciudadano por orden judicial.
[…] Respecto de que esta se encuentre descrita en la ley como delito, igualmente se
cumple por cuanto el artículo 429 de la Ley 599 de 2000 la consagra como tal bajo la
denominación de “violencia contra servidor público”.
[…] [E]l presupuesto es cumplido a cabalidad, pues […] el Patrullero aquí investigado ha
sido considerado como servidor público de la Policía Nacional.
[…] [L]a referida falta establece que el funcionario debe estar en una situación
administrativa de franquicia […].
[…] Como ya se ha expuesto el comportamiento desplegado por el investigado resulta
contrario a sus prohibiciones como funcionario activo en el grado de patrullero […] pues
no reposa en el proceso causa justificada para que desplegara citada conducta porque
sus compañeros efectuaban un procedimiento policial con otro ciudadano al que tenían
que ponerlo a disposición ante autoridad competente […].
CONSIDERACIONES DEL DESPACHО
Del análisis realizado del material probatorio obrante en el plenario y que dio origen a
esta actuación disciplinaria, se logra determinar que los hechos investigados y
comportamiento asumido por el uniformado, posiblemente configuran los imperativos
normativos conforme a la adecuación realizada en sus aspectos de legalidad, ilicitud
sustancial y culpabilidad. Igualmente, que la falta disciplinaria endilgada cuenta con las
pruebas necesarias que comprometen la presunción de responsabilidad y en
consecuencia es procedente formular pliego de cargos.
En mérito de lo anteriormente expuesto, el suscrito jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno de Instrucción Nro. 20, en ejercicio de las facultades legales
otorgadas por los artículos 93 y 94 de la Ley 1952 de 2019 "Código General
Disciplinario", en concordancia con el artículo 72 parágrafo 2° de la Ley 2196 de 2022
"Por medio de la cual se expide el estatuto Disciplinario Policial" y con la Resolución No.
00733 del 23 de marzo de 2022" Por la cual se define la Estructura Orgánica Interna, se
determina las funciones de la Inspección General y Responsabilidad profesional de la
Policía Nacional y se dictan unas disposiciones", sin entrar en más consideraciones.
RESUELVE
PRIMERO: FORMULAR pliego de cargos bajo radicado SIE2D EE-MEVAL-2022-268 al
señor Patrullero Fabian Camilo Velasco Cumplido, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1063146154 de Lorica - Córdoba, de acuerdo a las consideraciones expuestas en el
presente proveído […]». [sic]
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Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
28. El pliego de cargos fue notificado el 28 de abril de 2023 23 y, mediante auto del
11 de mayo siguiente24, la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento
12 MEVAL avocó conocimiento de la actuación y fijó el procedimiento de
juzgamiento. El actor presentó descargos por escrito25.
29. Mediante auto del 7 de junio de 2023 26 , la autoridad disciplinaria resolvió las
solicitudes probatorias formuladas en los descargos y decretó, entre otras, las
declaraciones de Carlos Alonso Ramírez Cumplido, Yury Alexandra Ruiz Bedoya y
Sara Manuela Moreno Araque; la incorporación de los audios de las declaraciones
rendidas en el proceso penal por Gutty Pérez Salazar y Yeison Andrés Santana
Serna; las minutas relacionadas con el servicio policial; la documentación
correspondiente al procedimiento y la consulta de antecedentes; la denuncia
presentada por aquella y el video del procedimiento del 10 de noviembre de 2019.
30. El 27 de octubre de 2023, el jefe de la Oficina CODIN de Juzgamiento 12 MEVAL
profirió fallo disciplinario de primera instancia, mediante el cual declaró responsable
al demandante de la falta gravísima prevista en el numeral 10 del artículo 34 de la
Ley 1015 de 2006, en concordancia con el artículo 429 del Código Penal. Consideró
acreditado que, mientras se encontraba en situación administrativa de franquicia,
intervino para impedir la captura de Carlos Alonso Ramírez Cumplido y agredió
físicamente a Yeison Andrés Santana Serna; calificó la conducta como dolosa y
sustancialmente ilícita, y le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por
10 años27. En particular, expuso:
«[…] la presente investigación se centra en los hechos del día 10 de noviembre de 2019
[…] donde el señor Patrullero FABIÁN CAMILO VELASCO CUMPLIDO en franquicia
agrede físicamente al señor Patrullero Yeison Andrés Santana Serna […] hechos que se
presentaron cuando el disciplinado trata de impedir [el] procedimiento de captura […] si
este procedimiento no estaba realizado conforme a la Ley, el aquí investigado debió
informar a la autoridad competente […] aun así no lo hizo, escogió el camino de la
agresión contra un compañero de la misma institución […].
23 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 180 a 183.
24 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 190 a 192.
25 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 196 a 199.
26 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 224 a 226.
27 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 275 a 294.
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Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
[…] [E]l comportamiento desplegado por el investigado resulta contrario a sus
prohibiciones como funcionario activo en el grado de patrullero […] debía mantener el
decoro para con sus compañeros y debió abstenerse de ejecutar acciones violentas […].
[…] [L]as pruebas apuntan a señalar que el Patrullero FABIÁN CAMILO VELASCO
CUMPLIDO desplegó su conducta con plena voluntad […] hechos que se presentaron
cuando el disciplinado trata de impedir la captura por orden judicial de su familiar […]
propinándole un golpe en el rostro al Patrullero Santana […]». [sic]
31. En la decisión dispuso compulsar copias respecto de este último y Gutty Pérez
Salazar para que se investigaran los hechos advertidos en relación con su
actuación.
32. El 4 de diciembre de 2023, el inspector delegado Región Seis de Juzgamiento
confirmó la anterior decisión, al considerar acreditada la agresión física atribuida al
demandante y su intervención en el procedimiento de captura, así como los
elementos de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad que sustentaron la
sanción28. Al respecto, consideró:
«[…] [I]licitud sustancial. Es la afectación a un deber funcional […] elemento el cual está
debidamente demostrado en la conducta objeto de reproche […] pues el uniformado acá
procesado para el momento de la ocurrencia de los hechos desarrolló una conducta que
afectó la función pública que le compete a él y a la institución proteger de acuerdo con
la Constitución y la ley; y (iii). Culpabilidad. Es el juicio de imputación personal, es decir,
supone la reprochabilidad del hecho ya calificado como típico y antijurídico, fundada en
el desacato del autor frente al derecho por medio de su conducta […] en este caso, el
análisis de la culpabilidad basado en las pruebas permitió concluir una conducta dolosa,
es decir, se acreditó que materialmente el disciplinado tenía plena convicción respecto
de la ilicitud de su actuar y que además de ello actuó voluntariamente.
[…] [L]a intervención no es prohibida, pues tiene sustento legal en cuanto el fin sea el de
garantizar el cumplimiento de la Constitución y la Ley, pero en este caso, fue todo lo
contrario, la intromisión es infundada, obstrucción que obedeció a intentar (aunque
infructuosamente) impedir el procedimiento policivo […] lo cual desató la agresión física
del acá disciplinado hacia uno de los uniformados que conformaban la patrulla que
realizaba el procedimiento […]» [sic].
33. Mediante la Resolución 0217 del 31 de enero de 202429, el director general de la
Policía Nacional ejecutó la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años
y dispuso el retiro del demandante del servicio activo. El acto le fue notificado el 2
de febrero siguiente.
28 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 305 a 331.
29 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 341 y 342.
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Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
• Proceso penal
34. Por los mismos hechos, el 11 de noviembre de 2019, se adelantaron las
audiencias preliminares de legalización de captura y formulación de imputación en
contra del demandante por el delito de violencia contra servidor público, sin que se
impusiera medida de aseguramiento. Ello, de acuerdo con lo consignado en el
interlocutorio 044-2021 proferido el 6 de septiembre de 2021 por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Medellín30.
35. Este continuó hasta la etapa de juicio oral. Durante la sesión del 9 de febrero de
2024; no obstante, la fiscalía pidió la preclusión de la actuación y, en audiencia del
1 de marzo siguiente, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bello declaró prescrita la acción penal y, por esa razón, dispuso la
preclusión con fundamento en los artículos 331 y 332, numeral 1, del Código de
Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 82 del Código Penal, y ordenó
el archivo de la actuación con efectos de cosa juzgada31.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
36. En el presente asunto el demandante pretendió la nulidad de los fallos
disciplinarios proferidos en la actuación EE-MEVAL-2022-268, a través de los
cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general por 10 años. En
síntesis, cuestionó que se hubiera tenido por demostrado la agresión al patrullero
Yeison Andrés Santana Serna con el propósito de impedir la captura de Carlos
Alonso Ramírez Cumplido y, por esa vía, que su comportamiento se adecuara a la
falta gravísima prevista en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en
concordancia con el artículo 429 del Código Penal.
37. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad declaró probada
la excepción de «INEXISTENCIA DE VICIOS DE NULIDAD» propuesta por la parte
demandada y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. Consideró
que las declaraciones de los patrulleros Gutty Jesús Pérez Salazar y Yeison Andrés
Santana Serna, apreciadas en conjunto con el informe médico-legal, las
grabaciones del procedimiento y los demás elementos recaudados permitieron
establecer la agresión atribuida al actor.
30 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 367 a 382.
31 Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2024-00844-
00. Samai, índice 36, actuación «ENVÍO A OTROS DESPACHOS», documento,
«49ENVIOAOTROSD_2665_2664_mergedpdf(.pdf) NroActua 36», Archivo
«49_ENVIOAOTROSD_2665_2664_merged_0_20250305111956268» link
«05001233300020240084400», carpeta «C01Principal», subcarpetas
«011AnexosSubsanaciónDemanda» y «VIDEO INVESTIGACION PENAL», archivos
«11VideoJuicioPrecl ARCHIVO (1).mp4», «10JuicioOral20240209 SI.mp4», «09JuicioOral20231023
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«03VideoPreparatoria SI.mp4» y «02VideoPreparatoria SI (1).mp4»
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38. Asimismo, consideró que las inconsistencias advertidas por la defensa no
desvirtuaron esa conclusión, que la preclusión del proceso penal obedeció a la
prescripción de la acción y no a la atipicidad de la conducta y que el comportamiento
se adecuó al reproche disciplinario formulado, el cual afectó sustancialmente el
deber funcional.
39. En el recurso de apelación se insistió en que no existía prueba suficiente de la
agresión atribuida, pues los relatos de Gutty Pérez Salazar y Yeison Andrés
Santana Serna presentaron contradicciones y ausencia de respaldo en las
grabaciones del procedimiento, mientras que Carlos Alonso Ramírez Cumplido y
Yury Alexandra Ruiz Bedoya ofrecieron una versión distinta de los hechos. Agregó
que: (i) el dictamen de medicina legal solo acreditó la existencia de una lesión, mas
no su autoría; (ii) la actuación penal evidenció insuficiencia probatoria para
configurar el delito de violencia contra servidor público; y (iii) su intervención tuvo
por objeto impedir el pago de una suma de dinero presuntamente exigida por los
policías, no obstaculizar la captura de su familiar.
40. En ese contexto, corresponde determinar: (i) si la conducta atribuida al
demandante podía subsumirse en la falta gravísima prevista en el numeral 10 del
artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en concordancia con el delito de violencia contra
servidor público del artículo 429 del Código Penal; (ii) si la valoración conjunta de
las pruebas recaudadas permitía alcanzar certeza acerca de la agresión física
atribuida al actor o, por el contrario, subsistía una duda que debía resolverse en su
favor; y (iii) si el comportamiento así establecido afectó sustancialmente el deber
funcional y fue realizado a título de dolo.
2.4.1. La tipicidad y la valoración probatoria
2.4.1.1. Marco normativo y jurisprudencial
→ La tipicidad
41. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta,
fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y
correccional32. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que para
imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.
42. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme con leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su
turno, la Ley 734 de 2002 establece que el servidor público y el particular solo serían
investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran
descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.
32 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
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43. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una « categoría dogmática» que
«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido
proceso»33, así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó
solo al legislador para que estableciera qué conductas constituían una infracción de
carácter disciplinario, el cual está obligado «a describir la conducta o comportamiento
que considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede
duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»34.
44. Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o
sujeto pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de
la falta que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador « definir de forma
abstracta y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio
de funciones públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del
servicio que le ha sido encomendado o por el abuso de su ejercicio35»36.
45. Es decir que este principio comprende dos garantías 37 : la primera, de orden
material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se
concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual
podrá hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados
los elementos estructurales de la conducta antijurídica»38.
46. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta
corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el
legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar
un servidor público. Al respecto se dijo lo siguiente39:
«[…] El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de la
relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y la
efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez, una relación de
contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el ejercicio de funciones
públicas y el deber presuntamente incumplido.
El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la autoridad
cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se encuentra en el
derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar descritos los comportamientos
disciplinariamente reprochables tiene una mayor flexibilidad al concebido en materia
33 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00 (2388-
2010).
34 Sentencia C-135 de 2016.
35 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades
por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
36 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
37 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
38 Ibidem.
39 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
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criminal, ante la dificultad de que la ley haga un listado detallado de absolutamente todas
las conductas constitutivas de falta40; como consecuencia de ello se ha avalado, desde
un punto de vista constitucional41, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y
la formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una amplitud
tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se encuentren consagrados
los deberes, las funciones o las prohibiciones que se imponen en el ejercicio del cargo,
y que exigen un proceso de hermenéutica sistemática lógica que demuestre en forma
congruente cómo la conducta investigada se subsume en la descrita por la ley. […]».
47. En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada
apuntó a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas
siempre que las remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los
comportamientos censurables», lo cual tiene asidero en que permitir que el operador
disciplinario establezca a su arbitrio la conducta reprochable desconocería el
principio de legalidad previsto en el artículo 29 superior.
48. De otro lado, respecto de la formulación de los tipos abiertos y en blanco,
también explicó esta Sección42:
«[…] Lo anterior se desprende del concepto jurídico avalado en la sentencia C-818 de
200543, entre otras, en la cual se sostuvo que los tipos abiertos son “aquellas infracciones
disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado
de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento
normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes,
mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos. Así, la
tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la
norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera
genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones
constituye una infracción disciplinaria”.
En relación con los tipos en blanco, aquella Corporación también considera que apunta
a preceptos que requieren de una remisión normativa para completar su sentido44 bajo
la condición de que se «verifique la existencia de normas jurídicas precedentes que
definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos aspectos de los que
adolece el precepto en blanco» exigencia que trasciende al campo disciplinario, según
lo señalado por la sentencia C-343 de 2006.
No obstante, la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para señalar que
los primeros requieren de un suplemento normativo para completar su alcance 45 ,
mientras que los segundos se pueden delimitar así «El tipo abierto, como lo ha definido
su creador, es aquel en el cual el legislador no ha determinado de manera completa la
materia de la prohibición, correspondiéndole cerrarlo al juez: “la materia de la prohibición
40 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las conductas
reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos
disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en
materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad», posición reiterada en sentencias C-818 de 2005
y C-030 de 2012.
41 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-393 de
2006.
42 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
43 En este aparte cita la Sentencia C-401 de 2001.
44 Ver la sentencia 404 de 2001.
45 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
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no está descrita en forma total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”46, afirma
Hans Welzel»47. Es así como los tipos en blanco se han incluido en la clasificación de
tipos según su estructura formal 48 , mientras que los abiertos ingresan en la división
según su contenido49. […]».
49. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
sanciona está descrita de forma precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas; la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación entre la conducta y
la sanción.
→ La valoración probatoria
50. En cuanto al régimen procedimental, se advierte que, a partir de la formulación
del pliego de cargos, la actuación se adelantó con fundamento en la Ley 1952 de
2019, Código General Disciplinario. En efecto, el pliego del 27 de abril de 2023 se
profirió con sustento en sus artículos 93 y 94, en concordancia con los artículos 82
y 84 de la Ley 2196 de 2022, en lo relacionado con las atribuciones de las
autoridades disciplinarias de la Policía Nacional50.
51. En materia probatoria, el artículo 147 de la Ley 1952 de 2019 establece que toda
decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente
producidas y aportadas al proceso, y que la carga de la prueba corresponde al
Estado. A su turno, el artículo 148 exige investigar con igual rigor los hechos y
circunstancias que demuestren la existencia de la falta y la responsabilidad del
investigado, así como aquellos que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan
de responsabilidad.
52. Asimismo, los artículos 159 y 160 disponen, respectivamente, que las pruebas
deben apreciarse conjuntamente conforme con las reglas de la sana crítica y que
no puede proferirse fallo sancionatorio sin prueba que conduzca a la certeza sobre
la existencia de la falta y la responsabilidad del disciplinado.
53. Es así como al juez le corresponde verificar el grado de solidez de las inferencias
probatorias de la autoridad disciplinaria para constatar si las conclusiones que
fundamentaron la sanción se ajustaron a la realidad y si esta se estructuró a la luz
de los postulados de la sana crítica.
54. Esta Sección ha señalado que aquella —la sana crítica— como criterio de
46 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires, Depalma,
1979, p.6.
47 Gómez Pavajeau. Op. Cit., p. 431.
48 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
49 Ibidem P.118.
50 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 164 a 179.
19
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valoración probatoria, «está edificada con los criterios de la lógica, el uso de la ciencia y
de la técnica, y las reglas de la experiencia»51. Igualmente, precisó lo que sigue52:
«[…] En cuanto a la ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones, estudios y
dictámenes de los expertos en determinadas materias. A su vez, las reglas de la
experiencia pueden ser individuales y colectivas, como también pueden ser construidas
por conocimientos públicos y privados.53 Una regla de la experiencia plena es la que
tiene en cuenta tanto lo colectivo como lo público. 54 Estas pueden acreditarse por
cualquier fuente de conocimiento, sin que sea necesario una prueba o cierta
formalidad.55».
Así las cosas, si bien no existe una tarifa legal para decir cómo debe acreditarse un
hecho o circunstancia, los razonamientos probatorios pueden apoyarse en diferentes
medios de convicción que lleven al convencimiento sobre algo que ocurrió, lo cual
requiere un proceso racional, ponderado, objetivo, revestido de ecuanimidad y rectitud
de juicio. […]».
55. De acuerdo con lo anterior, las pruebas deben analizarse conjuntamente, de
conformidad con las reglas de la sana crítica, las cuales harán parte de la motivación
del acto sancionador; para ello, es imprescindible que la autoridad señale y haga un
examen crítico de los documentos, testimonios y demás elementos aportados a la
investigación. Dicho de otro modo, no es «dable emitir un fallo sancionatorio en el que
no obre prueba en el proceso que conduzca a la certeza en cuanto a la existencia de la falta
y responsabilidad del investigado»56.
56. En lo que respecta específicamente a la prueba testimonial, la jurisprudencia ha
indicado que para su valoración racional debe aplicarse con mayor rigor las reglas
de la sana critica, específicamente, a partir del examen de 4 parámetros que facilitan
tal apreciación. Así, se ha señalado que debe analizarse57:
i) la coherencia de lo declarado, es decir que no presente contradicciones, sin
que este punto por sí solo defina la veracidad de la prueba porque pueden existir
fallas por asuntos de memoria o porque el testigo falso estructure lo manifestado
de manera lógica y cronológica;
ii) La contextualización del relato, que implica que el testigo describa el entorno
espacial y temporal en el que ocurrieron los hechos;
51 Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicación 11001-03-25-000-2011-00718-
00(2720-11).
52 Ibidem.
53 Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio. LÓGICA, CIENCIA Y EXPERIENCIA EN
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Revista Chilena de Derecho, vol. 41, n.º 2, pp. 673 – 703. 2014.
54 Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicación 15001-23-33-000-2015-00502-
01(4235-17).
55 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería ediciones del Profesional LTDA.
Décima sexta edición. Bogotá. 2008. Pp. 96 y 97.
56 Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2021, radicación 11001-03-25-000-2011-00367-
00 (1380-2011).
57 Sobre el particular ver la sentencia del 29 de agosto de 2019 de la Sección Segunda, Subsección
A, radicado 08001-23-33-000-2014-01034-01(4422-16).
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iii) Las corroboraciones periféricas que aluden a que lo aseverado por el testigo
pueda constatarse con otros medios de prueba aportados al proceso que de
manera indirecta den veracidad a lo narrado, como puede ser la coincidencia con
lo declarado por otros testigos sobre un hecho igual; y
iv) la existencia de detalles oportunistas a favor del declarante, es decir, que con
datos innecesarios busque favorecerse o a una parte. Tales apreciaciones
reflejan falta de objetividad del testigo.
2.4.1.2. Análisis de la tipicidad en el caso concreto
57. Como quedó expuesto, el cargo formulado al demandante tuvo sustento en el
numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, que calificó como falta gravísima
«[i]ncurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como delito, cuando se encuentre
en situaciones administrativas tales como: Franquicia, permiso, licencia, vacaciones,
suspendido, incapacitado, excusado de servicio, o en hospitalización». Para completar la
descripción típica, la autoridad disciplinaria acudió al artículo 429 del Código Penal,
que establece que «[e]l que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus
funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno
contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años».
58. Como se anunció, corresponde definir si, como lo sostiene el apelante, subsistían
dudas acerca de la agresión atribuida al demandante o si, por el contrario, las
pruebas recaudadas permitían tenerla por acreditada. Para ello, no resulta
adecuado examinar aisladamente cada elemento de convicción, pues, conforme
con los artículos 147, 148, 159 y 160 de la Ley 1952 de 2019 y con las reglas
reseñadas en el marco jurisprudencial, la decisión debe surgir de la apreciación
conjunta de los medios recaudados conforme con la sana crítica. Al tratarse de
declaraciones, interesan particularmente la coherencia del relato, su contexto y su
respaldo en los demás medios de prueba.
59. Pues bien, se acreditó que para el 10 de noviembre de 2019 Fabián Camilo
Velasco Cumplido se encontraba en situación administrativa de franquicia, elemento
que integra la falta gravísima antes referida.
60. De otro lado, según el Oficio DISP6-ESBEO-29.57 del 11 de noviembre de 201958
y el informe ejecutivo FPJ-3 de la noticia criminal 05001600020620192701359, el día
anterior los patrulleros Gutty Jesús Pérez Salazar y Yeison Andrés Santana Serna
adelantaron un procedimiento respecto de Carlos Alonso Ramírez Cumplido, sobre
58 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 79 y 80.
59 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 95 y 96.
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quien recaía una orden de captura. En esos documentos se consignó que el actor,
primo de aquel, intervino durante la actuación y fue capturado por el delito de
violencia contra servidor público.
61. Por su parte, en la denuncia presentada por Yeison Andrés Santana Serna se
registró que el demandante estaba «bastante alterado, agresivo y grosero» y que
persistió en oponerse al procedimiento de captura de Carlos Alonso Ramírez
Cumplido. En relación con la agresión, se señaló que, cuando su compañero intentó
sujetarlo, aquel «arremete contra mi integridad, agrediéndome físicamente golpeándome
con un puño en mi rostro»60.
62. En el proceso disciplinario, los 2 patrulleros mencionados [Gutty Jesús Pérez
Salazar y Yeison Andrés Santana Serna] rindieron declaración en los siguientes
términos:
➢ Gutty Jesús Pérez Salazar
63. Mientras patrullaba con Yeison Andrés Santana Serna, observaron un vehículo
estacionado sobre el andén y requirieron a Carlos Alonso Ramírez Cumplido, quien
se identificó con una cédula que les generó dudas y manifestó que tenía una orden
judicial vigente. Asimismo, el demandante llegó posteriormente, se presentó como
integrante de la Policía Nacional y pidió que «le colaboraran» con su familiar.
Después, Ramírez Cumplido ingresó a la vivienda y el actor les expresó: «ya perdió,
si quiere entre y sáquelo»61.
64. Ingresó primero a la vivienda y su compañero se encontraba detrás de él cuando
el actor golpeó a este último con el puño en el rostro. Observó directamente el golpe
«en la cara, en la nariz». Enseguida redujo al demandante, pero, al advertir que
Ramírez Cumplido emprendió la huida, salió tras él, mientras Santana Serna
permaneció con el primero.
➢ Yeison Andrés Santana Serna
65. Durante labores de patrullaje con Gutty Pérez Salazar encontraron a Carlos
Alonso Ramírez Cumplido. Luego de advertir sobre la existencia de un pendiente
judicial llegó el actor, quien se identificó como policía y manifestó que era primo de
aquel. El demandante le indicó a su familiar que ingresara a la vivienda porque los
60 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 91 a 94.
61 Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2024-00844-
00. Samai, índice 36, actuación «ENVÍO A OTROS DESPACHOS», documento,
«49ENVIOAOTROSD_2665_2664_mergedpdf(.pdf) NroActua 36», Archivo
«49_ENVIOAOTROSD_2665_2664_merged_0_20250305111956268» link
«05001233300020240084400», carpeta «C01Principal», subcarpetas
«011AnexosSubsanaciónDemanda» y «VIDEOS INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA», archivo
«Declaraciòn SI Gutty Pérez-20230331_102228-Grabación de la reunión.mp4».
22
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uniformados no podían sacarlo de allí y, posteriormente, les manifestó que entraran
a capturarlo si podían62.
66. En cuanto a la agresión, cuando se disponían a ingresar al inmueble, el actor lo
golpeó en el rostro, tras lo cual se produjo un forcejeo. Se encontraba «en toda la
entrada de la vivienda» y solo ingresó después de recibir el golpe. Asimismo, Gutty
Pérez Salazar redujo al demandante y salió detrás de Carlos Alonso Ramírez
Cumplido, mientras él permaneció con el primero.
67. Obsérvese que las declaraciones de Gutty Pérez Salazar y Yeison Andrés
Santana Serna presentaron coincidencias sustanciales. Ambos ubicaron la agresión
en el momento en que los uniformados pretendían ingresar a la vivienda para
continuar con la captura de Carlos Alonso Ramírez Cumplido, identificaron al
demandante como quien se opuso al procedimiento y le atribuyeron un golpe en el
rostro de Santana Serna.
68. Gutty Pérez Salazar señaló que había ingresado primero y que su compañero
se encontraba detrás de él, mientras Yeison Andrés Santana Serna precisó que
estaba en «toda la entrada de la vivienda» y que solo ingresó después de recibir el
golpe. Ambos indicaron que, inmediatamente después, Pérez Salazar redujo al
actor y salió en persecución de Ramírez Cumplido, mientras Santana Serna
permaneció con aquel. Además, Pérez Salazar manifestó expresamente haber
observado el golpe y lo ubicó «en la cara, en la nariz».
69. Es cierto que entre los relatos existen diferencias respecto de algunos detalles
del procedimiento, entre ellos la forma inicial en que se abordó a Carlos Alonso
Ramírez Cumplido, determinados momentos de la consulta de antecedentes y la
posición exacta de los intervinientes al ingresar a la vivienda. Sin embargo, esas
divergencias no recaen sobre el hecho principal objeto del comportamiento
disciplinariamente reprochado. Incluso, la aparente diferencia espacial entre Gutty
Pérez Salazar, quien manifestó haber ingresado primero y tener detrás a su
compañero, y Yeison Andrés Santana Serna, quien ubicó el golpe «en toda la entrada
de la vivienda» y precisó que ingresó después, resulta compatible con igual
secuencia: el primero avanzaba hacia el interior, mientras el segundo permanecía
en la entrada cuando se produjo el enfrentamiento.
70. Esas versiones, además, se mantuvieron en lo esencial desde las primeras
actuaciones. En el informe de captura en flagrancia FPJ-563, elaborado de forma
62 Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2024-00844-
00. Samai, índice 36, actuación «ENVÍO A OTROS DESPACHOS», documento,
«49ENVIOAOTROSD_2665_2664_mergedpdf(.pdf) NroActua 36», Archivo
«49_ENVIOAOTROSD_2665_2664_merged_0_20250305111956268» link
«05001233300020240084400», carpeta «C01Principal», subcarpetas
«011AnexosSubsanaciónDemanda» y «VIDEOS INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA», archivo
«DECLARACIÓN PT YEISON SANTANA-20230331_112059-Grabación de la reunión.mp4».
63 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
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inmediata a la ocurrencia de los hechos, se registró que, cuando los uniformados
pretendieron ingresar a la vivienda para continuar con el procedimiento el
demandante se opuso y «sin mediar más palabras arremete contra mi compañero,
agrediéndolo físicamente golpeándolo con un puño en el rostro», circunstancia ante la
cual solicitó apoyo policial y procedió a reducirlo.
71. Por su parte, Yeison Andrés Santana Serna presentó una versión coincidente en
la denuncia formulada con ocasión de lo ocurrido. A ello se suma un elemento
independiente: el informe médico-legal constató «edema en región malar izquierda»,
producido por mecanismo contundente, y fijó una incapacidad definitiva de 8 días.
Se transcribe lo correspondiente64:
«[…] RELATO DE LOS HECHOS:
El examinado refiere que "el 10 de Noviembre de 2019 a las 21:35 horas fue agredido a
golpes por un ciudadano que se identifica como Policía durante un procedimiento de
Policía en un acto propio del servicio". Es atendido en la Unidad Básica Bunker de
Medellin previo leído, explicado, aceptado y firmado consentimiento informado"..
ANTECEDENTES: Médico legales: Primera vez que acude a medicina legal por estos
hechos.
EXAMEN MÉDICO LEGAL
Aspecto general: Ingresa caminando por sus propios medios, en buenas condiciones
generales, orientado en las tres esferas mentales (persona, tiempo y lugar).
Descripción de hallazgos
• Cara, cabeza, cuello Edema en región malar izquierda.
ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES
Al examen presenta lesiones actuales consistentes con el relato de los hechos.
Mecanismo traumático de lesión Contundente. incapacidad médico legal DEFINITIVA
OCHO (8) DIAS. Sin secuelas médico legales al momento del examen. […]». [sic]
72. También es del caso señalar que el 11 de noviembre de 2019, el actor fue
valorado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el
informe se dejó constancia de que aquel refirió haber sido agredido a golpes durante
el procedimiento de captura y se concluyó que presentaba lesiones producidas
mediante mecanismo contundente, con incapacidad médico-legal definitiva de 3
días, sin secuelas65.
73. La Sala comparte con el apelante que el informe médico-legal, considerado
aisladamente, no demuestra quién causó la lesión. Su importancia probatoria es
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 97 a 100.
64 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 111 y 112.
65 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«6ED_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip(.zip) NroActua 2», carpeta
«6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_OneDrive_4_532025zip_0_20250305162406187», archivo
«002EscritoDemanda.pdf», folios 107 a 109.
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otra: al día siguiente de los hechos constató que Yeison Andrés Santana Serna
presentaba una lesión facial producida mediante mecanismo contundente,
compatible con la versión de que recibió un golpe en el rostro. Por tanto, el dictamen
sirve como elemento de corroboración de la existencia de la lesión, pero no
demuestra por sí solo su autoría. El tribunal también hizo esta precisión.
74. A la par, en el expediente obran 4 videograbaciones del procedimiento policial
del 10 de noviembre de 2019, en las que se observa al actor en la entrada de la
vivienda mientras sostiene una discusión con los uniformados y se opone a la
continuación del procedimiento, para lo cual realiza movimientos reiterados con los
brazos, se interpone cuando aquellos intentan ingresar al inmueble y les manifiesta
que no pueden hacerlo y que Carlos Alonso Ramírez Cumplido saldría. Durante el
registro también se escucha a una de las personas presentes referirse en varias
oportunidades al estado de alicoramiento del demandante. Posteriormente se
advierte un forcejeo entre los intervinientes, luego del cual el demandante aparece
reducido en el interior de la vivienda.
75. Sobre estas videograbaciones, debe señalarse que tampoco deben recibir un
alcance que objetivamente no tienen. A juicio de la Sala, estas no permiten
individualizar de manera inequívoca el instante preciso de un puñetazo en el rostro
de Yeison Andrés Santana Serna. Por ello, no resulta necesario hacer depender la
conclusión acerca de la autoría de que en un determinado segundo del video pueda
apreciarse ese golpe. Sin embargo, de allí tampoco se sigue que las imágenes
desmientan las declaraciones de los uniformados. En ellas se observa al actor
discutir con los policías en la entrada de la vivienda, efectuar movimientos reiterados
con los brazos, interponerse mientras estos pretenden ingresar, insistir en que no
pueden hacerlo y, posteriormente, participar en un forcejeo tras el cual aparece
reducido en el interior del inmueble.
76. Esta precisión resulta relevante. La ausencia de una imagen nítida del momento
exacto del golpe no equivale a tener por acreditado que este no ocurrió,
especialmente cuando las grabaciones documentan solo una parte y determinados
ángulos de un episodio dinámico en el que intervinieron varias personas. Su valor
radica en que corroboran el contexto en el cual Gutty Pérez Salazar y Yeison Andrés
Santana Serna situaron la agresión: la oposición al ingreso, el enfrentamiento físico
y la posterior reducción del demandante.
77. Tampoco las declaraciones de Carlos Alonso Ramírez Cumplido y Yury
Alexandra Ruiz Bedoya conducen necesariamente a la conclusión propuesta por el
apelante. Su relación familiar con el actor no constituye, por sí sola, razón para
restarles credibilidad; lo determinante es confrontar el contenido de sus relatos con
el restante material probatorio.
78. En la declaración rendida dentro de la actuación disciplinaria el 26 de junio de
2023, Carlos Alonso Ramírez Cumplido manifestó en sede disciplinaria lo siguiente:
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Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
• Inicialmente se identificó ante los policías con un documento que no le
correspondía y que estos ya conocían la orden de captura existente en su contra.
• Los uniformados le solicitaron $5.000.000 para no hacerla efectiva y, después de
la llegada del actor, se presentó «un problema de palabras y físico entre los agentes
y mi primo»66; además, «hubo agresión de los agentes hacia el primo y él se defendió».
• En relación con el altercado físico, los policías ingresaron a la vivienda sin
autorización y que «en la sala de la casa hubo agresión de los agentes hacia el primo
y él se defendió».
79. A lo anterior se agrega que este testigo también rindió su versión en el proceso
penal. En esa oportunidad reiteró la versión relacionada con la exigencia de dinero
y sostuvo que el actor se opuso al ingreso de los uniformados a la vivienda y les
exigió el documento que los facultaba para hacerlo. Sin embargo, al preguntársele
expresamente si había observado alguna agresión del demandante contra los
policías, respondió: «No, yo no observé ninguna agresión de Fabián Camilo a ninguno de
los policías»67.
80. Nótese que, aunque atribuyó el origen del enfrentamiento a los policías, su relato
no descartó que hubiera existido una reacción física del demandante. En cambio, al
declarar posteriormente dentro del proceso penal, al preguntársele si había
observado alguna agresión de Velasco Cumplido contra los uniformados, respondió
que no. Esta última manifestación debía valorarse junto con los demás medios de
prueba y no de manera aislada.
81. Por su parte, en la declaración disciplinaria del 29 de junio de 2023, Yury
Alexandra Ruiz Bedoya relató lo que sigue:
• Luego de que Carlos Alonso Ramírez Cumplido presentó un documento de
identidad que no le correspondía, los patrulleros manifestaron que conocían la
orden de captura existente en su contra y le solicitaron $5.000.000 para
abstenerse de ejecutarla. Fue a buscar al actor y que, cuando este llegó, se
opuso a que entregaran dinero y pidió a los uniformados que exhibieran la orden
66 Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2024-00844-
00. Samai, índice 36, actuación «ENVÍO A OTROS DESPACHOS», documento,
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Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
correspondiente68.
• Sobre el enfrentamiento posterior, manifestó que observó a un policía sujetar del
cuello al demandante y reducirlo en el piso, situación ante la cual su hijo, de
aproximadamente 11 o 12 años, golpeó con un candado a uno de los uniformados
porque consideró que estaban «ahorcando» a su tío. Al ser interrogada
específicamente sobre la agresión atribuida al demandante, sostuvo que lo vio
dominado en el piso y que se presentaron empujones cuando los policías
intentaron ingresar a la vivienda, mientras aquel les decía que no podían hacerlo
de esa manera69.
82. Como se observa, la deponente ubicó esta última intervención como una reacción
a que su tío ya estaba siendo reducido, por consiguiente, ese episodio no desvirtúa
necesariamente la secuencia relatada por Gutty Pérez Salazar y Yeison Andrés
Santana Serna, según la cual el golpe atribuido al demandante precedió a su
reducción.
83. Los señalamientos de Carlos Alonso Ramírez Cumplido y Yury Alexandra Ruiz
Bedoya sobre una presunta exigencia de dinero también fueron conocidos dentro
de la actuación. Además, en el fallo disciplinario se dispuso la compulsa de copias
respecto de Gutty Pérez Salazar y Yeison Andrés Santana Serna para que se
investigaran los hechos advertidos en relación con su actuación. En todo caso, la
eventual irregularidad atribuida a los uniformados constituía una cuestión distinta de
la conducta examinada respecto del actor y no excluía, por sí sola, que este hubiera
intervenido físicamente para impedir que continuara la captura.
84. En efecto, incluso si se admitiera que la intervención inicial del demandante
estuvo motivada por su intención de impedir una eventual entrega irregular de
dinero, el material probatorio muestra que su actuación no terminó allí. Una vez
conoció que sobre Carlos Alonso Ramírez Cumplido existía una orden de captura,
continuó oponiéndose al procedimiento. Las grabaciones muestran que se interpuso
cuando los uniformados intentaban ingresar a la vivienda y les manifestó que no
podían hacerlo. Por ello, la finalidad inicial alegada por la parte actora no desvirtúa
68 Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2024-00844-
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69 Samai Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso con radicado 05001-23-33-000-2024-00844-
00. Samai, índice 36, actuación «ENVÍO A OTROS DESPACHOS», documento,
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Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
que el demandante continuara interviniendo en el procedimiento ni que la agresión
atribuida se hubiera producido en ese contexto.
85. En suma, las diferencias advertidas no impiden alcanzar certeza a partir del
conjunto probatorio. Las versiones de Gutty Pérez Salazar y Yeison Andrés Santana
Serna coinciden en el hecho principal y mantienen correspondencia con los registros
iniciales del procedimiento; medicina legal comprobó una lesión facial producida por
mecanismo contundente; las grabaciones mostraron la oposición del actor y el
posterior forcejeo; y las declaraciones de Carlos Alonso Ramírez Cumplido y Yury
Alexandra Ruiz Bedoya, aunque ofrecen una explicación distinta de algunos
momentos del procedimiento, no introducen, al ser valoradas junto con los demás
medios de prueba, una contradicción suficiente para generar duda razonable sobre
la agresión. La conclusión, por tanto, no descansa en un solo medio de prueba.
86. En esas condiciones, la Sala no advierte una duda razonable que obligara a
aplicar el principio in dubio pro disciplinado. La autoridad disciplinaria contó con
elementos convergentes que, apreciados en conjunto conforme con la sana crítica,
permitieron alcanzar certeza acerca de que el actor ejerció violencia física contra
Yeison Andrés Santana Serna en desarrollo de su oposición al procedimiento de
captura. Con ello queda igualmente acreditada la premisa fáctica necesaria para
concluir que la conducta se subsumió en el artículo 429 del Código Penal y, por
remisión, en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.
87. En esa línea argumentativa, los distintos medios de prueba coinciden en aspectos
relevantes para establecer esa relación. Carlos Alonso Ramírez Cumplido tenía una
orden judicial vigente; y el demandante conoció esa circunstancia, se identificó
como miembro de la Policía Nacional, intervino en favor de su familiar quien ingresó
a la vivienda y se opuso a que los uniformados continuaran con el procedimiento.
Gutty Pérez Salazar relató que el demandante les manifestó «ya perdió, si quiere
entre y sáquelo», mientras Yeison Andrés Santana Serna sostuvo que aquel le
había indicado a su primo que ingresara porque los policías no podían sacarlo de la
vivienda y posteriormente les manifestó que entraran a capturarlo si podían.
88. De este modo, la violencia ejercida por el demandante no estuvo desligada de
las funciones que desarrollaban los uniformados ni obedeció a un conflicto
meramente personal. La agresión ocurrió mientras Gutty Pérez Salazar y Yeison
Andrés Santana Serna adelantaban el procedimiento policial dirigido a materializar
la captura de Carlos Alonso Ramírez Cumplido. Ese contexto permite establecer la
relación entre la conducta atribuida y las funciones que ejercía Santana Serna,
circunstancia que también fue considerada expresamente en el pliego de cargos.
89. En efecto, el artículo 429 del Código Penal no sanciona cualquier desacuerdo,
actitud exaltada o contacto físico con un servidor público, sino el ejercicio de
violencia por razón de sus funciones o con el propósito de obligarlo a ejecutar u
omitir un acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales.
Respecto de esta última modalidad, la jurisprudencia penal70 ha precisado que la
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Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
violencia debe ejercerse con la finalidad de incidir en la actuación funcional del
servidor. En el presente asunto, la conducta acreditada se relacionó con la primera
de esas hipótesis, pues la agresión se produjo contra Santana Serna mientras
ejercía sus funciones dentro del procedimiento policial. La referencia a la captura
resulta relevante para establecer ese contexto funcional, pero no constituye una
conducta disciplinaria autónoma atribuida al demandante.
90. La falta disciplinaria se complementó con una norma penal, pues el numeral 10
del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 remite a una conducta descrita en la ley como
delito, de ahí que la autoridad acudiera al artículo 429 del Código Penal antes
referido [violencia contra servidor público]; esta remisión era válida, porque permitía
identificar con claridad la conducta atribuida al demandante. De acuerdo con el
marco expuesto, esta técnica de tipificación resulta compatible con el principio de
legalidad siempre que la norma de reenvío permita establecer de manera clara los
elementos del comportamiento reprochable, como ocurrió en este asunto.
91. En este punto, así como lo estableció el a quo, la terminación del proceso penal
no desvirtúa, por sí sola, la adecuación típica realizada. En efecto, la actuación
seguida en contra del actor no culminó con una decisión absolutoria ni con una
providencia que declarara la atipicidad del hecho o descartara su participación. La
fiscalía pidió la preclusión durante el juicio oral y, el 1 de marzo de 2024, el Juzgado
Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bello la decretó porque
la acción penal había prescrito, lo que imposibilitó su continuación.
92. La configuración de la falta disciplinaria tampoco exige una condena penal
previa. El numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 remitía a la comisión
de una conducta descrita en la ley como delito, no a la existencia de una sentencia
penal condenatoria. Lo anterior no releva a la autoridad disciplinaria de demostrar
los elementos que integran la norma penal utilizada como complemento, pero sí le
impide equiparar la extinción de la acción penal por prescripción con la inexistencia
de la conducta disciplinariamente reprochada.
2.4.1.3. La ilicitud sustancial
93. El artículo 5 de la Ley 734 de 2002 previó que la falta será antijurídica cuando
afecte el deber funcional sin justificación alguna. En términos de esta corporación, para
que una conducta típica sea antijurídica se requiere una afectación injustificada al
deber funcional «como bien jurídico del Estado protegido por el derecho disciplinario»70, a lo
cual se agrega el adjetivo sustancial, es decir que «la actuación u omisión del servidor
público debe desembocar en una afectación material, real y efectiva del buen funcionamiento
del Estado y por tanto del servicio público».
94. Sobre el particular, a la luz de la jurisprudencia constitucional, el derecho
disciplinario está integrado por todas las normas que exigen a los servidores públicos
70 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017,
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Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En esa línea, las
normas que lo rigen buscan «encausar la conducta de quienes cumplen funciones públicas
mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos
fines y funciones estatales»71. Asimismo:
«[…] Las conductas que pertenecen al ámbito del derecho disciplinario, en general, son
aquellas que comportan quebrantamiento del deber funcional por parte del servidor público.
En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia ha señalado que se encuentra
integrado por (i) el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación
de actuar acorde a la Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación
del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si
se incurre en comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de esas
dimensiones. El incumplimiento al deber funcional es lo que configura la ilicitud sustancial
que circunscribe la libertad configurativa del legislador, al momento de definir las faltas
disciplinarias. […]».
95. Lo anterior impide que las faltas se remitan a conductas que cuestionan la
actuación del servidor público sin que se precisen los deberes funcionales que le
incumben, «como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria
que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta»72
que, se reitera, se materializa en la inobservancia del deber funcional que perturba el
correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines.
96. Dicho en términos de la jurisprudencia de esta corporación, para que exista una
falta disciplinaria es ineludible que la acción u omisión «conlleve una verdadera afectación
de la función pública encomendada al disciplinado, lo que significa que si la ilicitud sustancial
no fue “sustancial” no es posible declarar la responsabilidad disciplinaria»73.
97. A partir de lo anterior, corresponde establecer si la conducta acreditada afectó
de manera sustancial e injustificada el deber funcional del actor, como lo concluyó
la autoridad disciplinaria, o si, como sostiene el apelante, su comportamiento careció
de esa incidencia. Se reitera, la responsabilidad disciplinaria no surge por la mera
contradicción formal entre una conducta y una disposición jurídica, sino que exige
una afectación real e injustificada de la función pública encomendada al servidor.
98. Aunque Velasco Cumplido se encontraba en franquicia y, por ello,
temporalmente separado del ejercicio material de sus labores ordinarias,
permanecía en servicio activo y conservaba su condición de integrante de la Policía
Nacional. Precisamente por esa razón, el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015
de 2006 incluyó expresamente la franquicia entre las situaciones administrativas en
las cuales la comisión de una conducta descrita como delito podía adquirir
relevancia disciplinaria. No obstante, dicha circunstancia, por sí sola, tampoco sería
suficiente: era necesario establecer la conexidad del comportamiento con la función
pública.
71 Corte Constitucional, sentencia C-948 de 2002.
72 Ibidem.
73 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2014,
radicación: 11001-03-25-000-2012-00167-00 (0728-12).
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Radicado: 05001-23-33-000-2024-00844-01 (0639-2025)
Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
99. Esa relación se presenta de manera directa en este asunto. El demandante no
intervino en una controversia enteramente privada y ajena a su condición
institucional. Se identificó ante los patrulleros como miembro de la Policía Nacional
e intervino en un procedimiento dirigido a hacer efectiva una orden judicial vigente.
Además, se opuso a su continuación y se interpuso cuando aquellos intentaban
ingresar a la vivienda. La confrontación física se produjo en ese contexto. De esta
forma, su comportamiento desconoció el deber de actuar conforme con la
Constitución y la ley y afectó la adecuada representación de la institución a la cual
pertenecía, dimensiones que, según el marco expuesto, integran el deber funcional.
100. La afectación, además, no fue meramente formal. La intervención del actor
obligó a los uniformados a enfrentar una oposición adicional a la ejecución de la
orden de captura, generó un forcejeo, dio lugar a su reducción y motivó la solicitud
de apoyo policial. Que finalmente pudiera materializarse la captura de Carlos Alonso
Ramírez Cumplido no elimina esa afectación, pues la ilicitud sustancial no exige la
producción de un resultado dañoso, sino que el desconocimiento del deber funcional
tenga una incidencia real en el correcto ejercicio de la función pública.
101. Finalmente, no se advierte una razón que justifique esa afectación. La
alegación consistente en que el actor pretendía impedir el pago de dinero
presuntamente exigido por los uniformados no lo habilitaba para impedir mediante
violencia la ejecución de una orden de captura cuya existencia conocía. Una
eventual irregularidad de Gutty Pérez Salazar o Yeison Andrés Santana Serna
constituía un asunto distinto, susceptible de ser denunciada e investigada, como en
efecto ocurrió al disponerse la compulsa de copias dentro de la actuación
disciplinaria.
102. Además, la oposición del demandante continuó después de conocer la
existencia de la orden judicial, cuando su familiar ingresó a la vivienda y aquel se
interpuso frente al ingreso de los policías y les manifestó que no podían hacerlo.
2.4.1.4. La culpabilidad
103. El artículo 13 de la Ley 734 de 2002, en relación con el principio de
culpabilidad, dispuso lo siguiente:
Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.
104. Esta corporación, en sentencia del 24 de enero de 201974, precisó que la
culpabilidad exige examinar la conducta del disciplinado desde una perspectiva
subjetiva, con el propósito de establecer «el grado de voluntad y conocimiento que tenía
aquel respecto de la acción u omisión que se le atribuye y reprocha». Asimismo, explicó
74 Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de enero de 2019, radicado
11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012).
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Radicado: 05001-23-33-000-2024-00844-01 (0639-2025)
Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
que el citado artículo 13 estructura la culpabilidad a partir de la prohibición de
responsabilidad objetiva y de las modalidades de imputación subjetiva, esto es, el
dolo y la culpa.
105. Asimismo, en sentencia del 30 de septiembre de 2021 75 , reiteró que la
culpabilidad comporta un examen subjetivo de la conducta y, específicamente frente
al dolo disciplinario, precisó que «debe estar conformado por los siguientes elementos;
el conocimiento de los hechos, el conocimiento de la ilicitud y la voluntad».
106. Así las cosas, para declarar la responsabilidad disciplinaria no basta con
demostrar la realización objetiva de la conducta y su ilicitud sustancial, sino que
también debe establecerse la forma en que aquella puede atribuirse subjetivamente
al disciplinado. En particular, cuando la imputación se efectúa a título de dolo, deben
acreditarse el conocimiento de los hechos, el conocimiento de la ilicitud y la voluntad
de realizar la conducta.
107. Conforme con esas reglas, corresponde entonces examinar si la conducta
podía atribuirse al demandante a título de dolo. Para ello, deberá verificarse si
conocía los hechos constitutivos de la falta y su ilicitud y si tuvo la voluntad de
realizar el comportamiento reprochado.
108. En cuanto al conocimiento de los hechos, las pruebas permiten establecer
que el demandante sabía que Gutty Pérez Salazar y Yeison Andrés Santana Serna
eran miembros de la Policía Nacional y que adelantaban un procedimiento respecto
de Carlos Alonso Ramírez Cumplido. También conoció sobre la existencia de la
orden de captura, pues intervino precisamente después de enterarse de esa
circunstancia, se identificó como integrante de la institución y cuestionó la forma en
que los uniformados pretendían continuar con la actuación. Las grabaciones
muestran, además, que se interpuso frente a su ingreso a la vivienda y les manifestó
que no podían hacerlo.
109. También se encontró acreditado el conocimiento de la ilicitud. Para la fecha
de los hechos el demandante llevaba cerca de 9 años vinculado como patrullero de
la Policía Nacional y conocía que los uniformados actuaban en ejercicio de sus
funciones para hacer efectiva una orden judicial. En esas condiciones, podía
comprender que ejercer violencia contra uno de ellos mientras desarrollaba ese
procedimiento contrariaba los deberes derivados de su condición de servidor
público. Esta conclusión no surge únicamente de su calidad de policía, sino de las
circunstancias concretas en las que intervino y del conocimiento que tenía acerca
de la actuación que se desarrollaba.
110. Finalmente, también se acreditó la voluntad de realizar la conducta. Después
de conocer la existencia de la orden judicial, el demandante continuó interviniendo
75 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021,
radicado 27001-23-33-000-2013-00307-01 (2118-2015).
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Radicado: 05001-23-33-000-2024-00844-01 (0639-2025)
Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
en el procedimiento, se opuso al ingreso de los patrulleros y, conforme con la
valoración probatoria efectuada, ejerció violencia física contra Santana Serna
cuando aquellos intentaban proseguir con la captura. La agresión, por tanto, fue
desplegada de manera consciente y voluntaria, y no correspondió a un contacto
accidental ni a un comportamiento producto de una falta de cuidado.
111. La explicación ofrecida por la parte actora, según la cual su propósito era
impedir la entrega del dinero presuntamente exigido por los uniformados, no
desvirtúa esa conclusión. Aun si ese hubiera sido el motivo inicial de su intervención,
las pruebas muestran que, una vez conocida la existencia de la orden de captura,
decidió continuar oponiéndose a su ejecución. El móvil que lo llevó inicialmente al
lugar no excluye el conocimiento y la voluntad con los que desplegó posteriormente
la conducta objeto del reproche disciplinario. Por consiguiente, la autoridad
disciplinaria contó con elementos suficientes para imputarla a título de dolo, sin que
se advierta una forma de responsabilidad objetiva.
112. Por consiguiente, la conducta del demandante fue típica, afectó de manera
sustancial e injustificada el deber funcional y le era imputable a título de dolo. Por lo
tanto, los argumentos del recurso de apelación no prosperan y se confirmará la
sentencia proferida el 27 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.
2.5. Costas
113. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
114. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
115. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma76.
76 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección
Segunda, sentencia del 1 de diciembre de 2016, CP Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 05001-23-33-000-2024-00844-01 (0639-2025)
Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
116. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
117. En el caso concreto, como no se evidenció, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
118. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que las pruebas valoradas
en conjunto permitieron establecer que el demandante, mientras se encontraba en
situación administrativa de franquicia, ejerció violencia contra Yeison Andrés
Santana Serna en desarrollo de su oposición al procedimiento de captura de Carlos
Alonso Ramírez Cumplido. La conducta se adecuó a la falta prevista en el numeral
10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en concordancia con el artículo 429 del
Código Penal; afectó sustancialmente el deber funcional y fue realizada a título de
dolo. La preclusión de la actuación penal por prescripción no desvirtúa estas
conclusiones.
119. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 27 de enero de 2025
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, que negó las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de enero de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, que negó las pretensiones de
la demanda presentada por Fabián Camilo Velasco Cumplido contra la nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
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Radicado: 05001-23-33-000-2024-00844-01 (0639-2025)
Demandante: Fabián Camilo Velasco Cumplido
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
35
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