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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00847-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00847-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar la sentencia del 13 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, para en su lugar: 1. Declarar que el gobierno nacional incumplió el deber contenido en el artículo 62 de la Ley 1996 de 2019. 2. Ordenar al Gobierno nacional, que en el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a expedir los decretos reglamentarios faltantes previstos en el artículo 62 de la Ley 1996 de 2019, señalados en esta providencia en el párrafo 62, por las razones aquí señaladas. SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, que vigile el cumplimiento de las actuaciones aquí ordenadas. TERCERO Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Demandante: Fanny Marcela Yela García Demandado: Ministerio del Trabajo Rad: 05001-23-33-000-2024-00847-01 CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-00847-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

12 de diciembre de 2024

Demandante: Fanny Marcela Yela García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Rad: 05001-23-33-000-2024-00847-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00847-01
Demandante: FANNY MARCELA YELA GARCÍA
Demandado: GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIO DEL TRABAJO

Tema: Revoca decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción y ordena cumplimiento.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la Sentencia del 13 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, declaró improcedente
la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de
1997, la señora Fanny Marcela Yela García presentó acción de cumplimiento1
contra el Gobierno nacional-Ministerio del Trabajo con el fin de que se acate
el artículo 62 de la Ley 1996 de 20192.

2. Como consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

Se ordene y garantice el cumplimiento del artículo 1° de la Constitución Política en tanto
se ordene el cumplimiento efectivo por parte del Gobierno Nacional de lo contemplado en
el artículo 62 de la ley 1996, esto es emitir los decretos reglamentarios con el fin de
cumplir con lo ordenado en el artículo 13 de la ley 1618 de 2013, teniendo en cuenta para
su reglamentación a la comunidad activista adulta en primera persona con discapacidad,
a las organizaciones que defienden los derechos de cada tipo de discapacidad, esto es
discapacidad física, intelectual, psicosocial, múltiple, auditiva, visual, autismo y
neurodivergencias y que dicha reglamentación no sea capacitista, así como en los
principios rectores de la Convención de derechos para personas con discapacidad.

En su Observación General número 8, el Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad describió el “capacitismo” como «un sistema de valores el cual considera
determinadas características típicas con relación al cuerpo y la mente como
fundamentales para vivir una vida plena. Basándose en rigurosas normas de apariencia,
funcionamiento y comportamiento, una forma de pensar basada en el capacitismo
considera la experiencia de tener una discapacidad como una cuestión de mala suerte
que conlleva sufrimiento y desventajas y que devalúa sistemáticamente la vida humana,
«lo cual afecta de forma negativa a las oportunidades de muchas personas con
discapacidad de tener un empleo y trabajo satisfactorios.

1
La actora radicó la demanda el 6 de junio de 2024. Ver aplicativo Samai, índice 1 del TAA.
2
Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las
personas con discapacidad mayores de edad.
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1

Demandante: Fanny Marcela Yela García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Rad: 05001-23-33-000-2024-00847-01

Para lograr la reglamentación que no sea capacitista se debe tener en cuenta las diversas
capacidades de personas con discapacidad, que los procesos de selección a empleos
cuenten con ajustes razonables desde el proceso de selección, también se debe tener en
cuenta que las empresas que contraten personas con discapacidad les permitan escalar
dentro de cargos de la empresa, es decir que se incentive el crecimiento profesional, que
se evite el tokenismo de las empresas hacia las personas con discapacidad al ofrecer
puestos para los cuales las personas con discapacidad están sobrecalificados3.

2. Hechos

3. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:

4. El 26 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial No. 51.057 la Ley
1996, cuyo artículo 62 establece: «El Gobierno nacional, en un plazo máximo
de cuatro (4) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, deberá
emitir los decretos reglamentarios con el fin de cumplir las medidas ordenadas
en el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 que permitan garantizar el derecho
al trabajo de las personas con discapacidad».

5. La actora indicó que, el 15 de enero de 2024, presentó derecho de petición
ante el Ministerio de Justicia y solicitó información sobre los decretos
reglamentarios «del artículo 13 de la ley 1618 de 2013 y del artículo 62 de ley
1996 de 2019»4.

6. Señaló que, el 29 de enero de 2024, recibió respuesta del Ministerio de
Justicia en el que le informaban que, en cumplimiento de lo anterior, el
Gobierno nacional expidió los siguientes decretos:

• DECRETO 2011 DE 2017, por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título
12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario
Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el
porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el
sector público.

• DECRETO 392 DE 2018, por el cual se reglamentan los numerales 1 y
8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en procesos
de contratación en favor de personas con discapacidad.

7. El 1 de febrero de 2024, solicitó al Ministerio de Justicia el cumplimiento del
artículo 62 de la Ley 1996 y, el 15 de febrero de 2024, la entidad trasladó la
solicitud de cumplimiento al Ministerio del Trabajo, en virtud del artículo 21 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

8. Afirmó que, el 7 de mayo de 2024, el Ministerio del Trabajo dio respuesta a
la solicitud en la que indicó que ha cumplido con lo ordenado en el artículo 62
de la Ley 1996 de 2019 con la expedición de las siguientes normas:
• Decreto 2011 de 2017
• Decreto 2177 de 2017
• Decreto 392 de 2018

3
Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
4
Se transcribe tal cual, incluso posibles errores.
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9. Por último, afirmó que los decretos mencionados fueron expedidos con
anterioridad a la Ley 1996 de 2019 y que no satisfacen en plenitud todo lo
ordenado en el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013. Por su parte, sostuvo que
la Ley 2294 de 2023, tampoco cumple el objetivo de regular lo contemplado
en el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013.

3. Trámite de la solicitud en primera instancia5

10. Mediante auto del 9 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Octava de Decisión, avocó conocimiento y ordenó que se
ingresara el proceso a despacho6.

4. Contestación de la demanda

11. El Ministerio del Trabajo se opuso a las pretensiones de la acción, para lo
cual señaló que la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo, de
forma permanente, ha adelantado acciones de participación en la
reglamentación e implementación de la normativa aplicable a las personas con
discapacidad; asimismo, ha estado involucrada en el proceso de
reglamentación de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, específicamente en la
expedición de los Decretos 2011 de 2017, 2177 de 2017 y 392 de 2018, así
como el Decreto 1279 de 2021 que reglamenta el artículo 6 de la Ley 1920 de
2018.

12. Indicó que desde el Ministerio del Trabajo se han realizado acciones de
promoción en la inclusión de las personas con discapacidad, tanto en el sector
privado, como en el sector público, mediante programas de sensibilización en
materia de derechos y eliminación de la discriminación laboral de las personas
con discapacidad y acciones de divulgación de la normativa, ruta de
empleabilidad e incentivos o beneficios legales y tributarios por la contratación
de las personas con discapacidad.

13. Manifestó que con la entrada en vigencia del Decreto 2011 de 30 de
noviembre de 2017 se ha generado un incremento significativo en la
vinculación de personas con discapacidad en las entidades públicas, toda vez
que, a partir de su expedición, se contó con una línea base de 1.192 servidores
públicos y para la vigencia 2023 se tiene que, según datos del SIGEP II, se ha
logrado la vinculación y contratación de 13.581 personas con discapacidad al
sector público, de los cuales 11.424 son servidores públicos y 2.157 son
contratistas, reportados en 913 entidades.
14. Adicionalmente, durante la vigencia 2024, se desarrollaron mesas de
trabajo regional realizadas durante mayo y junio con el fin de promover el
cumplimiento de la norma en relación con la vinculación de personas con
discapacidad en diferentes entidades públicas.

5
El Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Medellín, a través de auto del 7 de junio de 2024
admitió la demanda de la referencia contra la Nación-Ministerio del Trabajo; sin embargo,
mediante auto del 26 de junio de 2024, declaró la falta de competencia para conocer el asunto
en razón al factor funcional, y dispuso la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de
Antioquia (reparto).
6
Ver aplicativo Samai, índice 5 del TAC.
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15. Refirió que, como consecuencia del Decreto 392 de 20187, en los procesos
de licitación pública y concurso de méritos para incentivar el sistema de
preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales
deberán otorgar el 1% del total de los puntos establecidos en el pliego de
condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores
con discapacidad en su planta de personal.

16. Durante la vigencia 2023 se expidieron 6.872 certificados a empleadores,
incrementándose en más de 11 veces el número de certificados expedidos con
relación al 2017.

17. Señaló que el Decreto 1279 de 2021 fue estructurado de forma conjunta
entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de
Defensa, el Departamento Nacional de Planeación, Colombia Compra
Eficiente y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a través de
este Decreto se reglamentó el artículo 6 de la Ley 1920 de 2018 que establece
una puntuación adicional en los procesos de licitación pública para las
empresas de vigilancia y de seguridad privada que en el personal operativo
tengan vinculadas a mujeres, a personas con discapacidad y/o personas
mayores de 45 años, contratados con todas las exigencias y garantías
legamente establecidas.

18. En este sentido, desde la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada reportaron la vinculación de 926 personas con discapacidad,
reflejando un avance de cuatro veces la cifra inicial de personas contratadas.

19. Agregó que, en el marco de lo establecido en la Ley 2294 de 2023, para
ese año se radicó por parte del Ministerio del Trabajo, ante el Congreso de la
República, la reforma laboral para el trabajo digno y decente en Colombia, el
cual contiene, entre otros aspectos, un enfoque de inclusión social y laboral
para personas con discapacidad, disposiciones relacionadas con el derecho al
trabajo de esta población, regulaciones sobre capacidad legal, ajustes
razonables, no discriminación, cuota de vinculación en el sector privado y
estabilidad laboral, entre otros.

20. De otro lado, señaló que en el expediente no obra prueba de que la
demandante haya solicitado directamente al Ministerio del Trabajo el
cumplimiento de la norma que considera incumplida, con la indicación concreta
del objeto de la petición y de la citación de la norma con fuerza de ley, y precisó
que, si bien se radicó una solicitud, la misma fue presentada como una
petición, ante el Ministerio de Justicia, es decir, para la entidad demandada, la
accionante no cumplió con el requisito de constituir en renuencia a la entidad.
6. Nulidad de la actuación

21. El 19 de julio de 2024 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava
de Decisión, declaró la improcedencia de la presente acción de cumplimiento.

7
“Por el cual se establecen incentivos en los procesos de contratación a las empresas que
tengan vinculadas personas con discapacidad”.
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22. Inconforme con lo decidido, la parte actora apeló la decisión,
concediéndose el recurso, en el efecto suspensivo, ante el Consejo de Estado,
en providencia de 29 de julio de 2024.

23. A través de decisión de 18 de septiembre de 2024, el Consejo de Estado
declaró la nulidad parcial de lo actuado dentro del proceso de la referencia, a
partir del fallo de primera instancia, inclusive, ordenándosele al Tribunal que
adoptara el trámite previsto para la acción de cumplimiento, en aras de vincular
al presidente de la república, comoquiera que éste último, junto con el
Ministerio del Trabajo, conforman el Gobierno nacional, entidad encargada de
reglamentar la ley a la que hace alusión la demandante8.

24. Por medio de autos de 2 y 17 de octubre de 2024 se dio cumplimiento a lo
ordenado por el Consejo de Estado, vinculándose al presente trámite a la
Presidencia de la República y al presidente de la república.

25. La Presidencia de la República indicó que en la decisión adoptada por el
Consejo de Estado dentro del presente asunto se ordenó la vinculación del
presidente de la república, más no de la Presidencia de la República, de ahí
que a esta última no le asista legitimación en la causa por pasiva.

26. El presidente de la república manifestó que, aunque la demanda de la
referencia recae sobre una norma vigente (Ley 2294 de 2022, art. 113), el
mandato allí contenido no es imperativo e inobjetable, lo cual torna
improcedente la acción; además, refirió que no se cumplió con el requisito de
procedibilidad de constitución en renuencia.

27. Refirió que, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico, en
cuanto a los actos que expida el Gobierno nacional, su presentación judicial
está en cabeza del ministro o del director correspondiente, que, en el presente
asunto, no es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, ni la Presidencia de la República.

7. Sentencia de primera instancia

28. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, mediante
providencia del 13 de noviembre de 2024, declaró improcedente la acción, al
considerar que la actora no agotó en debida forma el requisito de renuencia.
Así lo indicó:

[…] Si bien es claro que la accionante presentó ante el Ministerio de Justicia dos
peticiones, con la demanda solo se aportó copia de una de ellas, por lo cual, se tomará
este documento como aquel a través del cual se pretende acreditar la constitución en
renuencia de la entidad accionada, dado que la Sala desconoce el contenido de la
segunda petición, resaltando en todo caso que con dicha petición, no se evidencia que la
accionante en su momento hubiese efectuado un señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación, que se entiende incumplida junto con una explicación del
sustento en el que se funda el incumplimiento.

8
Como consecuencia, se vinculó a la entidad con base en lo establecido en el artículo 5.º de
la Ley 393 de 1997, le concedió un término de tres días para que se pronunciara sobre los
hechos de la demanda y solicitara o aportara las pruebas que estimara en relación con el
cumplimiento de las normas demandadas.
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[…] la Sala observa que lo solicitado en el documento con el que se pretende acreditar la
constitución en renuencia de la entidad accionada, no reúne los requisitos necesarios
para ser tenido como tal, pues, se advierte que en el mismo no se solicita el cumplimiento
de mandato legal o acto administrativo alguno ni se hace una precisa explicación de los
fundamentos del incumplimiento advertido, sino que simplemente se limita a solicitar
información respecto de los decretos que se han expedido con la finalidad de reglamentar
la Ley 1996 de 2019.

Además, nótese que, en la petición formulada por la ventanilla única virtual, la accionante
hizo alusión únicamente a la Ley 1996 de 2019; mientras que en el escrito de la demanda
se pide el cumplimiento del artículo 1 de la Constitución Política, el artículo 62 de la Ley
1996 de 2019 y el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, y si bien en la respuesta
suministrada a la presunta segunda petición por ella elevada si se menciona dicha ley, se
desconoce en qué términos fue sustentada.

5.5. Ahora bien, dado que la constitución en renuencia es un requisito previo, éste debió
haberse acreditado con la demanda, por lo que, en consideración de la Sala, el Juzgado
que en su momento tramitó el proceso no debió haber procedido con la admisión de la
misma sin que se encontrara acreditado el requisito; sin embargo, comoquiera que el
proceso de la referencia fue recibido por esta Corporación cuando ya se encontraba
vencido el término que tenía la entidad accionada para contestar y estando el proceso a
despacho para sentencia, lo que procede es declarar la improcedencia de la acción9.

8. La impugnación10

23. La actora solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y se
accediera a las pretensiones de la demanda de conformidad con los
argumentos expuestos allí, los cuales reiteró.

24. En relación con los motivos por los cuales el Tribunal declaró improcedente
la acción, sostuvo que, de la respuesta otorgada por el Ministerio del Trabajo
«se puede inferir que en dicha petición se solicitó el cumplimiento de lo
ordenado en el artículo 62 de la ley 1996 de 2019 en la respuesta dada y
adjuntada al expresar que la comunicación es respuesta a la ‘(…) solicitud
cumplimiento reglamentación ordenado por el artículo 62 de la Ley 1996 de
2019»11.

25. Finalmente, manifestó que la constitución en renuencia del Ministerio del
Trabajo se había cumplido, dado que el 5 de febrero de 2024 solicitó al
Ministerio de Justicia el cumplimiento de la reglamentación del artículo 62 de
la Ley 1996 de 2019 y, como anexo de la impugnación, adjuntó el siguiente
documento:

9
Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
10
La sentencia del 19 de julio de 2024 fue notificada por medios electrónicos el 23 de julio de
2024 y la actora radicó ese mismo día el escrito de impugnación, término que se encuentra
oportuno.
11
Se transcribe literal, incluso con errores.
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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

26. La Sección Quinta de esta Corporación es competente para decidir la
impugnación contra la sentencia del 26 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, según lo
dispuesto en los artículos 150 y 152 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado12.

2. Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia del 25 de junio de
2024, que declaró improcedente la acción de cumplimiento como
consecuencia de no haber acreditado el requisito de constitución en renuencia
de la entidad demandada.

3. Generalidades de la acción de cumplimiento

28. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

12
Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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29. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los
tres puntos descritos [ii, iii o vi], la decisión conlleva a la declaratoria de
improcedencia del medio de control.

30. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.

4. La constitución de la renuencia

31. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

32. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de

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petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»13.

33. Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»14.

34. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano15.

35. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.

36. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.

37. En el caso concreto, la accionante, al momento de presentar la demanda,
únicamente anexó los siguientes soportes:

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
14
Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
15
Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-
00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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Demandante: Fanny Marcela Yela García
Demandado: Ministerio del Trabajo
Rad: 05001-23-33-000-2024-00847-01

38. Con base en los anteriores documentos, el Tribunal concluyó que no se
aportaron evidencias adicionales que permitieran advertir la presentación de
la petición y conocer el contenido integral del documento que la accionante
aduce haber radicado ante el Ministerio del Trabajo.

39. Frente a la prueba aportada, el Tribunal concluyó que la petición elevada
ante el Ministerio de Justicia el 29 de enero de 2024, se trataba de una solicitud
de información con aparentes fines investigativos y que de ella no se
desprendía el propósito de constituir en renuencia a la entidad.

40. Además, indicó que, si bien a través del oficio de 15 de febrero de 2024, el
Ministerio de Justicia trasladó al Ministerio del Trabajo la comunicación con
radicado MJD-EXT24-0006485 de 5 de febrero de 2024, y esta última cartera
ministerial brindó respuesta de fondo a la accionante, a través de oficio de 7
de mayo de 2024, la respuesta se dio en los siguientes términos16:
A continuación, procedemos a dar respuesta sobre los avances de la reglamentación del
artículo 13 de la Ley estatutaria 1618 de 2013, en los siguientes términos:
(…)
“Para promover la inclusión laboral de las Personas con Discapacidad (PcD) en el sector
público, y reglamentando el literal f del numeral 2 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013
se expidió el Decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017, por el cual establece el
porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades del
sector público y se aplica a los órganos, organismos y entidades del Estado en sus tres
ramas del poder público, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, en los
sectores central y descentralizado y a los órganos autónomos e independientes.
(…)

41. Por tanto, el Tribunal afirmó que el Ministerio del Trabajo se limitó a brindar
información respecto de las acciones desarrolladas para «promover la
inclusión laboral de las Personas con Discapacidad (PcD) en el sector público,
y reglamentando el literal f del numeral 2 del artículo 13 de la Ley 1618 de
2013»17.

16
Págs. 15 a 21 del expediente digital contenido en SAMAI.
17
Fol. 11 del fallo de segunda instancia obrante en el expediente digital.
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42. En esa medida, la Sala no comparte la conclusión a la cual arribó el
Tribunal porque, si bien es cierto, en la impugnación de la sentencia la actora
llegó la comunicación del 5 de febrero de 2024, a través de la cual constituyó
en renuencia a la entidad demanda, de la respuesta dada por el Ministerio de
Trabajo era posible determinar que la renuencia estaba orientada a obtener el
cumplimiento del artículo 62 de la ley 1996 de 2016, la cual, contiene la
siguiente obligación:

ARTÍCULO 62. El Gobierno nacional, en un plazo máximo de cuatro (4) meses
contados a partir de la vigencia de la presente ley, deberá emitir los decretos
reglamentarios con el fin de cumplir las medidas ordenadas en el artículo 13 de
la Ley 1618 de 2013 que permitan garantizar el derecho al trabajo de las personas
con discapacidad.

43. Así las cosas, la respuesta otorgada por el Ministerio de Trabajo era
suficiente para proceder al estudio, dado que expresamente se refirió a la
«solicitud de cumplimiento reglamentación ordenada por el artículo 62 de la
Ley 1996 de 2019», en especial porque, de conformidad con lo establecido por
la Ley 393 de 1997, dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de
la demanda el juez de cumplimiento decidirá sobre su admisión o rechazo. Si
la solicitud careciere de alguno de los requisitos señalados en el artículo 10 se
prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de dos (2) días. Si no
lo hiciere dentro de este término la demanda será rechazada, circunstancia
que no advirtió el tribunal.

44. Respecto del presidente de la república, de conformidad con la
jurisprudencia de esta Corporación, el requisito objeto de estudio se entiende
superado, en atención a que su vinculación al presente trámite procesal se
realizó de oficio por el juez de cumplimiento, en virtud del artículo 5.º de la Ley
393 de 1997, circunstancia que lleva implícito el agotamiento del requisito de
procedibilidad respecto de dicha autoridad. Como consecuencia, la Sala
tendrá por agotado el requisito de renuencia y procederá al estudio de los
demás aspectos.

5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

45. Este mecanismo vela por hacer efectivo el acatamiento de normas con
fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada
actuación u omisión de la respectiva autoridad; por tanto, su finalidad es la
observancia del ordenamiento jurídico vigente.

46. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.° de la Ley 393 de 1997,
la acción de cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o haya
tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr la efectiva
materialización de la norma o acto administrativo, salvo que de no proceder el
juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

47. En el sub lite, la demandante pretende el acatamiento del artículo 62 de la
Ley 1996 de 2019, frente a lo cual no se advierte que cuente con otro
mecanismo de defensa judicial para obtener el deber que reclama
desatendido.

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48. El precepto que se pide cumplir resulta actualmente exigible porque no
está derogado ni suspendido.

49. Por otra parte, su acatamiento no implica gasto, pues el deber contenido
en el artículo 62 de la Ley 1996 de 2019, es el de emitir los decretos
reglamentarios con el fin de cumplir las medidas ordenadas en el artículo 13
de la Ley 1618 de 2013, que permitan garantizar el derecho al trabajo de las
personas con discapacidad; es decir, se trata de una obligación de hacer, que
no conlleva erogación pecuniaria alguna ni la protección de derechos
fundamentales, lo que torna procedente la acción de cumplimiento.

6. El caso concreto

6.1. Disposición que se pretende cumplir

50. Como quedó expuesto, la parte demandante pretende el cumplimiento del
artículo 62 de la Ley 1996 de 2019, que dispone:

LEY 1996 DE 2019

Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad
legal de las personas con discapacidad mayores de edad
[…]

ARTÍCULO 62. El Gobierno nacional, en un plazo máximo de cuatro (4) meses
contados a partir de la vigencia de la presente ley, deberá emitir los decretos
reglamentarios con el fin de cumplir las medidas ordenadas en el artículo 13 de
la Ley 1618 de 201318 que permitan garantizar el derecho al trabajo de las
personas con discapacidad.

A su vez, el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, establece:

Artículo 13. Derecho al trabajo. Todas las personas con discapacidad tienen
derecho al trabajo. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo de
las personas con discapacidad, en términos de igualdad de oportunidades,
equidad e inclusión, en concordancia con el artículo 27 de la Ley 1346 de 2009,
el Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces y demás entidades competentes
establecerán entre otras, las siguientes medidas:

(…).

2. El Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces deberá:

a) Garantizar la capacitación y formación al trabajo de las personas con
discapacidad y sus familias, teniendo en cuenta la oferta laboral del país;

b) Fortalecer el programa de ubicación laboral de las personas con discapacidad,
mediante estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial,
incentivando además los servicios de apoyo de acompañamiento a las empresas;

c) Desarrollar planes y programas de inclusión laboral y generación de ingresos
flexibles para las personas que por su discapacidad severa o discapacidad
múltiple, no puedan ser fácilmente incluidos por el mercado laboral, o vinculados
en sistemas de producción rentables o empleos regulares. Para el efecto, deberá
fijar estrategias protegidas o asistidas de generación de ingresos o empleo que

18
LEY 1618 DE 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

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garanticen en cualquiera de las formas ingresos dignos y en las condiciones de
seguridad social que correspondan, y permitiendo a sus cuidadoras y cuidadores,
y sus familias, las posibilidades de intervenir en estos procesos;

d) Fomentar la creación y fortalecimiento de unidades productivas, por medio de
capacitación técnica y empresarial, líneas de crédito específicas para aquellos
casos en que los solicitantes sean personas con discapacidad y/o sus familias,
con una baja tasa de interés, apoyo con tecnologías de la información y la
comunicación, y diseño de páginas web para la difusión de sus productos, dando
prelación a la distribución, venta y adquisición de sus productos por parte de las
entidades públicas;

e) Incentivar el desarrollo de negocios inclusivos y fortalecer el emprendimiento
y crecimiento empresarial de las entidades que propenden por la independencia
y superación de la población con discapacidad, mediante programas de
intermediación de mercados que potencien la producción, la comercialización o
venta de servicios generados por esta población, a partir del financiamiento con
recursos específicos y estrategias dirigidas;

f) En coordinación con el departamento administrativo de la función pública,
asegurar que el Estado a través de todos los órganos, organismos y entidades
de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores
central y descentralizado, deberá vincular un porcentaje de personas con
discapacidad dentro de los cargos existentes, el cual deberá ser publicado al
comienzo del año fiscal mediante mecanismos accesibles a la población con
discapacidad.

6.2. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable

51. La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda
acudir ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento
de una ley o de un acto administrativo tal como lo dispone el artículo 87
constitucional.

52. Sin embargo, a través de esta acción no es posible ordenar que se ejecute
toda clase de disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que
se caracterizan como «deberes»19. Los deberes legales o administrativos que
pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los
que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada
autoridad, u deber «imperativo e inobjetable» en los términos de los artículos
5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997.

53. Ahora bien, el artículo 5.º de la Ley 393 de 1997 señala que la presente
acción se dirigirá contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de
la norma con fuerza material de ley o acto administrativo; es decir, impone al
demandante la carga de establecer, tanto para la constitución en renuencia y
la interposición de la demanda, la autoridad pública o el particular en ejercicio
de funciones públicas que debe cumplir la norma.

54. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través
de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato
imperativo, expreso e inobjetable. Así, por ejemplo, si la norma consagra una
facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito bajo estudio.

19
Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
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55. De la lectura de la normativa se observa que se le impone al Gobierno
nacional el deber de emitir los decretos reglamentarios con el fin de cumplir
las medidas ordenadas en el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, que permitan
garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad.

56. El Ministerio de Trabajo adujo que la Dirección de Derechos
Fundamentales del Trabajo, de forma permanente, ha adelantado acciones de
participación en la reglamentación e implementación de la normativa aplicable
a las personas con discapacidad; asimismo, ha estado involucrada en el
proceso de reglamentación de la Ley Estatutaria 1618 de 2013,
específicamente en la expedición de los Decretos 2011 de 2017, 2177 de 2017
y 392 de 2018, así como el Decreto 1279 de 2021 que reglamenta el artículo
6 de la Ley 1920 de 2018.

57. Señaló que el Decreto 1279 de 2021 fue estructurado de forma conjunta
entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Nacional de Planeación,
Colombia Compra Eficiente y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. A través de este Decreto se reglamentó el artículo 6 de la Ley 1920
de 2018.

58. Afirmó que, durante la vigencia 2024, se desarrollaron mesas de trabajo
regional realizadas durante mayo y junio con el fin de promover el
cumplimiento de la norma en relación con la vinculación de personas con
discapacidad en diferentes entidades públicas.

59. Revisada la norma invocada como incumplida, esta es precisa en señalar
que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la república, tiene la
obligación de emitir los decretos reglamentarios, en el término de cuatro meses
contados a partir de la vigencia de la Ley 1996 de 2019, con el fin de cumplir
las medidas ordenadas en el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, que permitan
garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad.

60. Esta Sala ha manifestado20 que la acción de cumplimiento procede para
ordenar el ejercicio de la potestad reglamentaria, en todos los casos en los que
el legislador haya impuesto al ejecutivo el deber de regular determinado tema
con independencia de si se impuso término o no.

61. Por otra parte, si bien el ente ministerial sostuvo que emitió unos decretos,
lo cierto es que son anteriores al 2019, fecha en la que fue expedida la norma
cuyo cumplimiento se exige en este medio; además, solo se refieren a los
siguientes asuntos:

• Decreto 2011 de 2017: Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único

20
Sección Quinta, sentencias del 26 de noviembre de 2015, expediente con radicado número
63001-23-33-000-2015-00227-01, M.P. Rocío Araújo Oñate y 19 de agosto de 2021,
expediente No. 15001-23-33-000-2020-02351-01 M.P. Rocío Araújo Oñate (E).
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del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje de
vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público21.
• Decreto 2177 de 2017: Por el cual se integra el Consejo para la
Inclusión de la Discapacidad y se dictan disposiciones relacionadas con
su funcionamiento.
• Decreto 392 de 2018: Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8
del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos
de Contratación en favor de personas con discapacidad.
• Decreto 1279 de 2021: Por el cual se reglamenta el artículo 6 de la Ley
1920 de 2018 y se adicionan unos artículos a la Subsección 2 de la
Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeación Nacional22.

62. Es cierto que hay un avance, pero, la norma expresamente trae los
siguientes temas que se deben desarrollar a través de los decretos
reglamentarios; sin embargo, aún no se han emitido:

• Fomentar la creación y fortalecimiento de unidades productivas, por
medio de capacitación técnica y empresarial, líneas de crédito
específicas para aquellos casos en que los solicitantes sean personas
con discapacidad y/o sus familias, con una baja tasa de interés, apoyo
con tecnologías de la información y la comunicación, y diseño de
páginas web para la difusión de sus productos, dando prelación a la
distribución, venta y adquisición de sus productos por parte de las
entidades públicas.

• Incentivar el desarrollo de negocios inclusivos y fortalecer el
emprendimiento y crecimiento empresarial de las entidades que
propenden por la independencia y superación de la población con
discapacidad, mediante programas de intermediación de mercados que
potencien la producción, la comercialización o venta de servicios
generados por esta población, a partir del financiamiento con recursos
específicos y estrategias dirigidas;

• En coordinación con el departamento administrativo de la función
pública, asegurar que el Estado a través de todos los órganos,
organismos y entidades de los niveles nacional, departamental, distrital
y municipal, en los sectores central y descentralizado, deberá vincular
un porcentaje de personas con discapacidad dentro de los cargos
existentes, el cual deberá ser publicado al comienzo del año fiscal
mediante mecanismos accesibles a la población con discapacidad.

63. Por tanto, los decretos expedidos no comprenden todas las medidas
ordenadas en el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, pese a que la obligación

21
ARTÍCULO 2.2.12.2.1. Objeto. Establecer el porcentaje de vinculación laboral de personas
con discapacidad en las entidades del sector público.
22
ARTÍCULO 1. Objeto. El objeto del presente Decreto es reglamentar el artículo 6 de la Ley
1920 de 2018, con el fin de establecer una puntuación adicional como incentivo para la
vinculación de mujeres, personas con discapacidad y personas mayores de 45 años en los
procesos de contratación pública, de que trata el presente Decreto.
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es imperativa (no da lugar a equívocos ni ambigüedades), expresa (por su
carácter manifiesto y no implícito) e inobjetable (han transcurrido más de cinco
años).

64. En efecto, debe recordarse que, en materia de acción de cumplimiento, en
sentencia C-157 de 1998, la Corte Constitucional indicó que: «[…] el deber de
cumplir una norma legal o un acto administrativo no admite gradaciones,
esto es, la autoridad cumple o no cumple, y naturalmente, no cumple o
incumple a medias; el incumplimiento es algo que debe ser apreciado dentro
de la autonomía e independencia del juez para juzgar en el caso concreto.
[…]». (Subraya la Sala).

65. Con fundamento en lo anterior, es evidente que el Gobierno nacional no
ha emitido la totalidad de los decretos de que trata el artículo 62 de la Ley 1996
de 2019, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley
1618 de 1993; por tanto, se ordena que en el término de meses (4) meses
proceda a expedir la reglamentación faltante prevista en la norma citada.

66. Como consecuencia, esta Sala revocará la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, que declaró
improcedente la acción de cumplimiento, para, en su lugar: (i) declarar que el
Gobierno nacional incumplió el artículo 62 de la Ley 1996 de 2019; por tanto,
ii) se le ordenará que, en el término de cuatro (4) meses contados a partir de
la ejecutoria de esta providencia, proceda a expedir los decretos
reglamentarios allí previstos faltantes, por las razones aquí señaladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Revocar la sentencia del 13 de noviembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, para en su
lugar:

1. Declarar que el gobierno nacional incumplió el deber contenido en el
artículo 62 de la Ley 1996 de 2019.

2. Ordenar al Gobierno nacional, que en el término de cuatro (4) meses,
contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a expedir
los decretos reglamentarios faltantes previstos en el artículo 62 de la
Ley 1996 de 2019, señalados en esta providencia en el párrafo 62, por
las razones aquí señaladas.

SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava
de Decisión, que vigile el cumplimiento de las actuaciones aquí ordenadas.

TERCERO Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

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CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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