Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00966-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-00966-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2024-00966-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
5 de diciembre de 2024
Demandante: Ángel de Jesús Ospina Salazar
Demandado: Gobernador del Resguardo Indígena La Mirla y otros
Radicado: 05001-23-33-000-2024-00966-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00966-01
Demandante: ÁNGEL DE JESÚS OSPINA SALAZAR
Demandados: GOBERNADOR DEL RESGUARDO INDÍGENA LA MIRLA Y
OTROS
Temas: Subsidiariedad, perjuicio irremediable y amparo transitorio.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
1. La Sala procede a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia del 21 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión. En esa providencia se declaró improcedente el
amparo solicitado por el señor Ángel de Jesús Ospina Salazar por no cumplir con el
requisito de la subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
2. El 6 de agosto de 2024, el señor Ospina Salazar, a través de apoderada
judicial1, instauró acción de tutela contra el gobernador del Resguardo Indígena La
Mirla, la Inspección Rural de Policía del corregimiento de San Pablo (Támesis-
Antioquia) y la Personería de Támesis. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en condiciones
dignas, a la salud y a la libertad de locomoción.
3. Las referidas garantías constitucionales la parte actora las consideró vulneradas
por el Resguardo Indígena La Mirla porque esa comunidad le impide el acceso a la vía
principal que conecta su predio con la carretera que comunica al corregimiento de San
Pablo con el casco urbano del municipio de Támesis.
1
Poder obra en el índice 006 de Samai.
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Demandante: Ángel de Jesús Ospina Salazar
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4. En relación con la Inspección Rural de Policía del corregimiento de San Pablo
y la Personería del municipio de Támesis, la parte actora estimó desconocidos sus
derechos fundamentales por la falta de respuesta a las peticiones verbales elevadas,
con el fin de que se inicie el procedimiento administrativo contra el ejercicio abusivo
del derecho a la propiedad por parte de la comunidad indígena, mediante el cual se
impide el derecho de acceder a su casa.
1.2. Pretensiones
5. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
TUTELAR derechos fundamentales a la vida digna, salud y libertad de
locomoción, conforme el precedente judicial, y establecidos en la Constitución
Política; y se ordene al resguardo Indígena la Mirla, la Inspección Rural de
Policía y Tránsito del Corregimiento de San Pablo y Personería del Municipio
de Támesis, se le respeten efectivamente estos derechos al señor ANGEL DE
JESUS OSPINA SALAZAR, el cual sufre de Esclerosis Múltiple Progresiva y
degenerativa, cuyos síntomas se iniciaron de 10 de junio de 2011, cuya
condición de vulnerabilidad es sujeto de especial protección constitucional, y
como consecuencia, se ordene a resguardo Indígena la Mirla el retiro inmediato
del broche de alambre y candado y/o remoción de cualquier otro obstáculo que
impida el libre tránsito, y acceso a su residencia de manera permanente, pues
es el único paso para entrar a su predio, el cual agrava la movilidad y por ende
la salud del señor Ospina Salazar al dificultar el ingreso a su residencia.
Es de aclarar que no persigue que se declare la existencia de una servidumbre
de tránsito, sino la protección de los derechos fundamentales del señor ANGEL
DE JESUS OSPINA SALAZAR, para evitar el perjuicio irremediable que se
deriva del cierre del camino vecinal que atraviesa el Resguardo Indígena la
Mirla, por cuanto está en riesgo su derecho a una vida digna el cual depende
del aseguramiento real de otros derechos. Entre ellos se destaca el derecho a
la salud y el de locomoción para su desplazamiento, entendiendo su condición
particular de la enfermedad que padece esclerosis múltiple (enfermedad crónica
degenerativa- según diagnóstico neurológico), e implica movilidad reducida y
amerita tener acceso permanente para entrar y salir de su residencia en un
vehículo.
TUTELAR: Los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la
igualdad ante la ley y derecho de petición: Toda vez que las entidades del
estado han hecho caso omiso a las peticiones verbales y escritas realizadas por
el señor ANGEL DE JESUS OSPINA SALAZAR, y no se ha surtido el debido
proceso administrativo, en términos de igualdad ante la ley. Las actuaciones de
la Inspección de Policía del corregimiento de San Pablo y Personería Municipal
de Tamesis, tenían el “deber” de garantizarle un “proceso” enmarcado en la ley
material conforme a la aplicación de los procedimientos de rigor; incurriendo así
en violación de derechos fundamentales que esta categoría amerita por ser de
tratamiento especial. Por ende, no han protegido los derechos a la salud y vida
digna del sr. OSPINA SALAZAR, frente al ejercicio arbitrario de la comunidad
indígena.
(..)
Como consecuencia se ordene a las entidades públicas Inspección de Policía y
Personería protección de los derechos fundamentales del señor ANGEL DE
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JESUS OSPINA SALAZAR, para evitar el perjuicio irremediable que se deriva
del cierre del camino vecinal que atraviesa el Resguardo Indígena la Mirla, por
cuanto está en riesgo su derecho a una vida digna el cual depende de su
derechos a la salud y el de locomoción para su desplazamiento por su condición
particular de padecer de esclerosis múltiple (enfermedad crónica degenerativa
según diagnóstico neurológico.
2. SE DEJE SIN EFECTOS el acta de fecha 22 de julio de 2024, por cual El
resguardo indígena la Mirla y la Inspección Rural de Policía y Tránsito del
Corregimiento de San Pablo, han desconocido los argumentos esgrimidos por
el señor ANGEL DE JESUS OSPINA SALAZAR de manera verbal y escrita, y
no han procurado uno solución efectiva al conflicto conforme a la ley 1801 de
2016, por el contrario evidencian la violacion del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, en el cual se ha
solicitado el reconocimiento de un derecho, y la intervención de inspección y
ausencia de la Personería, no han procurado la resolución del conflicto. Así
mismo las actuaciones vulneran el debido proceso administrativo, en la medida
que no ha surtido la garantía formal para el sr. OSPINA SALAZAR, pues no se
cumplieron los actos o fases del procedimiento que la ley exige para que una
decisión pueda calificarse con validez a la luz de un ordenamiento jurídico e
igualdad ante la ley y la constitución.
(…)
3. QUE SE ORDENE: al resguardo indígena la Mirla, que en el término de esta
providencia, se abstenga de prohibir el paso ineludible al Sr. ÁNGEL DE JESUS
OSPINA SALAZAR, teniendo en cuenta los argumentos expuestos y pruebas
que se aportan, de conformidad con análisis holístico realizado en las
actuaciones desplegadas, conforme a los lineamientos establecidos por la ley y
la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis2.
1.3. Hechos
6. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
7. El actor es propietario de 2 predios continuos, ubicados en el corregimiento Los
Nudillales del municipio de Támesis, Antioquia. Estos inmuebles son la «Argelia» y la
«Alegría», identificados con folios de matrícula inmobiliaria 032-5678 y 032-7974,
respectivamente.
8. Los referidos predios fueron adquiridos por el actor en el año 2017 por compra
realizada a su progenitora (predio la Argelia) y a los hermanos Carmona Osorio (predio
la Alegría). Es importante resaltar que la historia de los inmuebles indica que les fue
abierto número de identificación predial en el año de 1976.
9. En 1997, en predios colindantes con los del actor, se constituyó el Resguardo
Indígena La Mirla. El territorio comunitario fue conformado por cinco predios adquiridos
a los campesinos del lugar; cuatro de ellos se encuentran en la vereda Nudillales y uno
en la vereda La Mirla.
2
Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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10. El 9 de julio de 2024, el actor radicó una queja contra el Resguardo Indígena La
Mirla ante la Inspección Rural de Policía y Tránsito del corregimiento de San Pablo
(Támesis). El hecho que dio lugar a su inconformidad fue que los miembros de la
comunidad ancestral instalaron una «puerta o broche de alambre con candado» que
impedía el acceso desde la vía principal a su predio, por tanto, consideró que estos
incurrieron en comportamientos contrarios al derecho de servidumbre.
11. Frente a lo anterior, se inició una querella que se adelanta bajo el procedimiento
verbal abreviado consagrado en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. En la actuación
de policía se emitió boleta de citación para audiencia pública3 por parte de la
Inspección Rural de Policía y se convocó al señor Ángel Ospina Salazar -quejoso-, así
como al señor Luis Carlos Tascón -gobernador del Resguardo- y al personero de
Támesis a audiencia de conciliación.
12. El 3 de agosto de 2024 se llevó a cabo la audiencia de conciliación. En esta
diligencia el gobernador del resguardo realizó la siguiente propuesta:
1. El resguardo indígena la Mirla, provisionalmente otorgara el uso del camino que
siempre ha usado el señor ANGEL, para que transite en automotor (tanto en moto
como en carro moto), el tránsito en moto podrá realizarlo desde la vía pública hasta
el predio propiedad del señor ANGEL; podrá transitar en carro moto, solo hasta la
entrada del trapiche y deberá transitar por dentro del mismo trapiche hasta llegar
a su propiedad peatonalmente.
2. Entre el resguardo indígena la Mirla y el señor ANGEL, se comprometen a
instalar una puerta de Golpe, en la cual la comunidad aportará la fuerza de trabajo
y el señor ANGEL aportará los materiales para instalarla; solamente la comunidad
tendrá una llave del candado del portón y el señor ANGEL tendrá otra llave para
acceder a este predio, ninguna otra persona está autorizada para transitar por este
camino ni tendrá derecho a dicha llave.
3. El paso provisional que otorga el resguardo indígena al señor ANGEL será hasta
el momento que la comunidad amplie la cancha de futbol, amplie la escuela
comunitaria o realice construcción de viviendas para la misma comunidad.
13. Sin embargo, la propuesta de conciliación no fue aceptada por el señor Ospina
Salazar, quién manifestó su deseo de no firmarla. Por lo anterior, se levantó la
siguiente constancia secretarial:
3
Índice 021 de Samai.
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14. En ese sentido, la Inspección Rural de Policía de San Pablo, en decisión del 3
de agosto de 2024, dispuso «declarar fallida la etapa de conciliación y seguir el trámite
que dispone el artículo 223 de la ley 1801 de 2016».
1.4. Fundamentos de la vulneración
15. El accionante considera que el Resguardo Indígena La Mirla, con su actuar
arbitrario, le impide el acceso a su vivienda, ubicada en la vereda Nudillales del
municipio de Támesis, lugar donde vive junto con su esposa e hijos. Lo anterior porque
debido al obstáculo interpuesto en la vía (broche con candado) no es posible ingresar
a su predio.
16. La parte actora resalta que con el obstáculo interpuesto se puso en grave peligro
sus derechos fundamentales a la vida y a la salud porque no le es posible ingresar al
referido predio mediante vehículos de transporte terrestre. Por ende, en caso de
alguna emergencia, la cual podría presentarse en cualquier momento atendiendo a la
enfermedad de esclerosis múltiple degenerativa que padece, no podría ser
movilizado al centro de atención médica más cercano.
17. El señor Ospina Salazar puso de presente que, pese a que el Resguardo
siempre alega no haber negado el acceso al predio, lo cierto es que el actor ha tenido
varios inconvenientes para ingresar a su vivienda, y peor aún, ha efectuado
compensaciones monetarias para evitar conflictos con la comunidad indígena. Sin
embargo, estos aportes económicos no fueron suficientes para evitar el bloqueo del
camino.
18. En ese sentido, el actor manifestó que se ha visto obligado a transitar por
caminos no aptos para desplazarse, atendiendo a su condición de salud, la que según
indica es conocida por las autoridades del municipio de Támesis y la comunidad
indígena. Por lo anterior, considera que se le están vulnerando sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, a la
salud y a la libertad de locomoción.
1.5. Auto admisorio
19. El 8 de agosto de 2024, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión admitió la acción de tutela y ordenó vincular al
proceso como accionados al gobernador del Resguardo Indígena La Mirla4, a la
Inspección de Policía del Corregimiento de San Pablo del municipio de Támesis5 y a
la Personería Municipal de la entidad territorial.
4
Índice 017 y 019 de Samai. La notificación fue realizada de manera personal al señor Luis Carlos
Tascón, en calidad de Gobernador del Resguardo Indígena la Mirla.
5
Índice 015 de Samai. La notificación fue realizada a: inspeccionrural@tamesis-antioquia.gov.co;
inspolicia@tamesis-antioquia.gov.co
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20. Además, ordenó vincular como tercero con interés al municipio de Támesis6 y
lo requirió para que se encargara de efectuar la notificación personal del auto admisorio
al Gobernador del Resguardo Indígena La Mirla.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Inspección Rural de Policía y Tránsito del Corregimiento de San Pablo
21. El inspector Rural de Policía y Tránsito indicó que el accionante radicó una
querella contra el Resguardo Indígena La Mirla, que se encuentra tramitando mediante
el procedimiento verbal abreviado consagrado en el artículo 223 de la Ley 1801 de
2016.
22. Refirió que el 3 de agosto de 2024 realizó audiencia de conciliación que se
declaró fallida, pues el actor no suscribió el acta, al negarse a aceptar la propuesta
realizada por el gobernador del Cabildo. En esta la comunidad indígena le propuso al
actor otorgarle una servidumbre provisional de tránsito para motos y motocarros por
un tiempo limitado (mientras se ejecutaban unas obras en el resguardo), siempre y
cuando, el señor Ospina Salazar comprara una puerta metálica para sustituir el broche
de alambre que la comunidad instaló en el camino. Además, la comunidad propuso
que la puerta metálica tuviera un candado, el cual solo el actor podría tener una copia
de la llave.
23. Aclaró que el proceso policivo sigue en curso y será carga del quejoso
demostrar que no existe otro camino para acceder a su vivienda y, por lo tanto, es
necesario cruzar el territorio indígena. Además, explicó que esa autoridad realizará
una inspección judicial, con el acompañamiento de un delegado de la oficina de
catastro municipal, con el fin de verificar el lugar y cotejarlo con el plano catastral,
después de lo cual se dictará la orden de policía o medida correctiva que corresponda.
24. Aunado a lo anterior, indicó que el paso del actor a su predio no está impedido,
sino limitado por el derecho de propiedad que ostenta el Resguardo Indígena en su
territorio. En esos términos expuso que no incurrió en vulneración de los derechos
fundamentales invocados, pues en el procedimiento policivo adelantado por esa
inspección se ha respetado el debido proceso del quejoso.
1.6.2. Municipio de Támesis
25. El alcalde contestó la tutela e indicó que los cabildos son autónomos dentro de
su jurisdicción, sin embargo, para el caso es claro que el gobernador del Resguardo
pretendió llegar a un acuerdo ante la queja iniciada por el querellante y le propuso
otorgarle un tránsito temporal para vehículo automotor en su territorio, lo que fue
rechazado por el quejoso, pues hay constancia de que no firmó el acta.
6
Índice 015 de Samai. La notificación fue realizada a: notificaciones@tamesis-antioquia.gov.co;
alcaldia@tamesis-antioquia.gov.co
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26. Refirió que el proceso policivo iniciado por el accionante se encuentra en curso
y frente al mismo no se ha emitido decisión que permita inferir vulneración alguna a
los derechos fundamentales invocados por el actor.
1.6.3. Personería de Támesis, Antioquia
27. Allegó escrito en el que se opuso a las pretensiones elevadas por el accionante
y en dicho entendido solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Para fundamentar su petición explicó
que el señor Ospina Salazar cuenta con otras vías para atacar la presunta vulneración
de los derechos debatidos, pues él debe hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos.
28. Pese a que el señor Luis Carlos Tascón en calidad de gobernador del
Resguardo Indígena La Mirla fue notificado en debida forma, de manera personal7,
guardó silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
29. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, mediante fallo
del 21 de agosto de 2024, declaró improcedente el amparo pretendido por el señor
Ángel de Jesús Ospina Salazar por no encontrar superado el requisito de la
subsidiariedad. Para fundamentar su decisión explicó que la acción de tutela no es
idónea para obtener lo pretendido mediante el presente mecanismo porque en la
actualidad existe un proceso policivo en curso, el que se encuentra a la espera de
realizar el estudio de las pruebas solicitadas por las partes.
30. A juicio del juez de tutela de primera instancia no es viable utilizar dos medios
judiciales de manera paralela, máxime si se tiene en cuenta que la acción de tutela no
ha sido diseñada para reemplazar otro medio ordinario dado su carácter residual, el
cual obedece a la necesidad de preservar el reparto de competencias atribuido por la
Constitución y la ley a las diferentes autoridades judiciales, con sustento en los
principios de independencia y autonomía de la actividad judicial.
31. Así mismo, señaló que la acción de tutela no procede para controvertir la validez
ni la legalidad de los actos administrativos, en razón a que la naturaleza residual y
subsidiaria de este mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga razonable
de demostrar el daño alegado, frente a lo cual refirió que, el amparo de las garantías
propias del debido proceso corresponde en primera medida al propio funcionario o
autoridad a cuyo cargo esté el conocimiento de la causa.
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Índice 017 de Samai.
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32. Por último, y en cuanto al perjuicio irremediable alegado por el actor, en el fallo
de tutela de primera instancia se señaló que este no se encuentra demostrado en el
sub examine, toda vez que no se logra evidenciar de qué forma se ven afectadas las
garantías fundamentales y la vulneración o amenaza directa sobre los derechos
fundamentales del tutelante, que permita la procedencia de la presente acción como
un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
1.8. Impugnación
33. La parte actora señaló que en la sentencia impugnada no se tuvo en cuenta que
excepcionalmente se puede superar el requisito de la subsidiariedad, pese a existir
otro mecanismo judicial, cuando se demuestre que exista el riesgo que se configure
un perjuicio o daño irremediable.
34. En este orden, resaltó que lo pretendido en este proceso de tutela es la
protección de su derecho fundamental a la salud. En su sentir, esta garantía está
siendo vulnerada por las entidades accionadas al permitir que el Resguardo La Mirla
cierre el camino principal que permite el acceso desde su predio a la vía principal,
desconociendo que es una persona en situación de vulnerabilidad debido a que
padece «esclerosis múltiple progresiva y degenerativa» y que se le dictaminó una
pérdida de capacidad laboral del 53% por parte de la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Antioquia.
35. El actor expuso que el procedimiento policivo dispuesto en la Ley 1801 de 2016
tiene como finalidad resolver el conflicto respecto de la perturbación a la servidumbre,
no así, la protección de los derechos fundamentales invocados en esta acción.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
36. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
señor Ángel de Jesús Ospina Salazar contra la sentencia del 21 de agosto de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política,
el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
2.2. Trámite en segunda instancia
37. El 20 de septiembre 2024, el trámite de la segunda instancia del presente
proceso de tutela le fue asignado inicialmente al despacho de la consejera Gloría María
Gómez Montoya. Dicha magistrada presentó proyecto para la Sala realizada el 3 de
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octubre del 2024 y como la ponencia no fue aprobada, mediante auto del 16 de octubre
se ordenó el sorteo de un conjuez que dirimiera el empate presentado.
38. Posteriormente, mediante auto del 31 de octubre, se ordenó pasar el
expediente al despacho ponente de esta decisión dado que la ponencia defendida por
la doctora Gloria María Gómez Montoya no fue aceptada por la mayoría de la sala. En
consecuencia, el proyecto ingresó al despacho del nuevo magistrado sustanciador el
día 13 de noviembre del presente año.
39. Luego, mediante auto del 19 de noviembre de 2024, se decretó una prueba de
oficio, en virtud de la cual se le solicitó al Inspector Municipal Rural de Policía y Tránsito
del corregimiento de San Pablo rendir informe sobre el estado actual del proceso por
comportamiento contrario al derecho de servidumbre promovido por el señor Ángel de
Jesús Ospina Salazar contra el resguardo Indígena La Mirla. Igualmente, se le ordenó
remitir copia digital del expediente.
2.3. Informe del inspector rural del corregimiento de San Pablo, Támesis
40. El señor inspector rindió informe en el que realizó un recuento del procedimiento
administrativo que adelanta con ocasión de la queja interpuesta por el señor Ospina
Salazar contra el Resguardo Indígena La Mirla. En este puso de presente que, una vez
se enteró del auto admisorio de esta tutela, suspendió la actuación policiva hasta que
se resuelva este proceso constitucional.
41. En este orden, la Sala considera importante resaltar que desde la audiencia de
conciliación fallida no se ha realizado actuación alguna en el proceso de policía porque
«se da la suspensión del procedimiento policivo a la espera que se resuelva la acción
constitucional con sus etapas, esto porque dicha resolución puede influir o incidir en la
decisión a tomar por parte del despacho policial».
2.4. Legitimación en la causa
42. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la
acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las
pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
43. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que el señor Ángel de Jesús
Ospina Salazar está legitimado en la causa por activa. Esto, porque es la persona
afectada por el cierre del camino que comunica el predio en el que vive con el
corregimiento de San Pablo y quien promovió la queja contra el Resguardo Indígena
La Mirla.
44. Por su parte, la Sala estima que el Resguardo Indígena La Mirla, la Inspección
Rural de Policía y Tránsito del corregimiento de San Pablo y la Personería Municipal
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de Támesis están legitimadas en la causa por pasiva por ser las entidades a las que
el actor le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.
2.5. Problemas jurídicos
45. Corresponde a la sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 21 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión. En esa providencia se declaró improcedente el
amparo solicitado por la parte actora por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad.
46. En ese sentido, para la Sala es importante resaltar que en este asunto se
presenta una tensión entre los derechos fundamentales de los que son titulares ambas
partes procesales. En este contexto, el conflicto se vuelve aún más complejo porque
tanto la comunidad indígena como el actor son sujetos de especial protección
constitucional, ya que la carta política establece un trato deferente para las minorías
étnicas y para las personas que padecen de una grave situación de salud.
47. Así las cosas, los problemas jurídicos a resolver son los siguientes:
• ¿El Resguardo Indígena La Mirla vulnera los derechos fundamentales a la salud
y vida digna del actor, persona que padece esclerosis múltiple degenerativa, al
haber cerrado unilateralmente el camino que atraviesa su territorio, el cual era
utilizado por el señor Ospina Salazar para ingresar al predio en el que vive con
su familia?
• ¿La Inspección Rural de Policía y Tránsito del corregimiento de San Pablo y la
Personería Municipal de Támesis vulneran los derechos fundamentales al
debido proceso, petición, vida y salud del actor por no haber tramitado las
peticiones y quejas que ha interpuesto para que se le permita el acceso a su
predio por el camino que siempre ha utilizado?
48. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el carácter subsidiario de la acción de tutela y su improcedencia cuando existen
otros mecanismos judiciales, (ii) la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, (iii) el estudio del requisito de la subsidiariedad en
el caso concreto, (iv) resolución de los problemas jurídicos planteados.
2.6. El carácter subsidiario de la acción de tutela y su improcedencia cuando
existen otros mecanismos judiciales
49. El inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
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un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 19918.
50. La jurisprudencia estableció que, debido al principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible recurrir
a esta acción constitucional.
51. De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales
debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo9.
52. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para el
restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas inmediatas,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras la
autoridad judicial competente decide de fondo la acción correspondiente»10.
2.7. La acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable
53. Como ha sido reiterado en múltiples ocasiones, la acción de tutela es un
mecanismo de origen constitucional de carácter residual, subsidiario y cautelar. Ello
en consonancia con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991. Esta última disposición establece en su primer numeral lo
siguiente:
8
ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante».
9
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-
15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-
000-2021-04731-00.
10
Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 de 2010, T-318 de 2017, entre otras.
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La acción de tutela no procederá: 1). Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos mecanismos será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentre el solicitante. (Negrillas por fuera del texto original).
54. El carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido para explicar
el ámbito restringido de procedencia de las peticiones elevadas con fundamento en el
artículo 86 de la Carta Política, más aún cuando el sistema judicial permite a las partes
valerse de diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las autoridades
que integran la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la defensa de sus
derechos.
55. No obstante, el propio Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional han establecido que excepcionalmente la acción de tutela es
procedente, pese a existir otros mecanismos judiciales, cuando se pretenda evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
56. En este orden, la Corte Constitucional en la sentencia T-225 de 1993 definió y
explicó los elementos configurativos del perjuicio irremediable de la siguiente manera:
A). El perjuicio ha de ser inminente: «que amenaza o está por suceder
prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño
o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto
lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y
no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo
inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no
necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural
de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente
se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando
es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado
empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo.
En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del
efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora
se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está
produciendo la inminencia.
B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de
ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar
o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el
Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia
y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que
está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la
prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la
medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo
expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la
urgencia.
C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a
la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de
la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico
concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a
uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las
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autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino
sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona,
objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser
determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas
luces inconveniente.
D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo
de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la
inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del
sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia
de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento
de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.
De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce
que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se
encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien
jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo
transitorio11.
2.8. Estudio del requisito de la subsidiariedad en el caso concreto
57. En el fallo de primera instancia se declaró improcedente la presente acción de
tutela por no superar el requisito de la subsidiariedad. Esa decisión se fundamentó en
el hecho de que el problema de fondo planteado por la parte actora implica la posible
perturbación de los derechos de una servidumbre, situación para la cual ya se adelanta
un proceso ante el inspector rural de policía y tránsito del corregimiento de San Pablo.
58. En principio, podría sostenerse que la decisión de primer grado es acertada
porque en efecto el proceso de policía es un procedimiento con carácter judicial en el
que se puede resolver los problemas planteados por el actor en esta tutela (artículos
206 y 223 de la Ley 1801 de 2016). No obstante, la acción de amparo
excepcionalmente es procedente, pese a existir otro mecanismo judicial, para evitar
que se configure un perjuicio irremediable.
59. En este caso, la Sala considera que se configuran todos los presupuestos para
poder realizar una excepción al requisito de la subsidiariedad. En efecto, se está ante
una persona que padece una grave enfermedad (esclerosis múltiple degenerativa),
con una pérdida de su capacidad laboral mayor al 50% y que actualmente tiene
bloqueada la vía o camino que regularmente utilizaba para trasladarse desde el predio
en el que vive -con su familia- al casco urbano más cercano (corregimiento de San
Pablo, municipio de Támesis).
60. Las consecuencias y limitaciones que padece el actor debido a su enfermedad
de esclerosis múltiple degenerativa se agravan con el hecho reprochado a la
11
Criterio reiterado en la Sentencia T-747 de 2008, entre otras.
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comunidad indígena, pues el señor Ospina Salazar tiene problemas de movilidad en
su cuerpo y, por ende, le es casi imposible realizar a pie su traslado al casco urbano
de San Pablo. La patología lo obliga a utilizar vehículos de transporte terrestre para su
desplazamiento. En este orden, poner un broche y sellarlo con un candado en la vía
que utiliza el actor implica en la práctica su aislamiento del mundo exterior o el destierro
del lugar en el que vive.
61. En este sentido, la Sala considera que en este asunto se configuran todos los
presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para poder realizar una
excepción al requisito de la subsidiaridad, con el fin de evitar que presente un perjuicio
irremediable.
62. En efecto, el perjuicio que se alega es inminente porque el actor no puede
trasladarse a pie desde su vivienda hasta la vía principal, por lo que el obstáculo
interpuesto en el camino impide que el accionante utilice los medios de transporte
motorizados que le permiten comunicarse desde su hogar con el mundo exterior.
Igualmente, se está ante una situación urgente porque el señor Ospina Salazar debe
salir de su finca para realizar los controles médicos requeridos por la patología que
padece. Con la medida unilateral de la comunidad se imposibilita la continuidad de los
controles médicos y, por ende, se pone en peligro la salud y vida del señor Ospina
Salazar.
63. También se está ante el riesgo de que ocurra un perjuicio grave ya que un
tratamiento inadecuado de la esclerosis múltiple degenerativa puede ocasionar la
muerte del actor o dejarlo en una situación irremediable. O ante una crisis en su estado
de salud no lo podrán trasladar rápidamente al centro de atención médica más
cercano. Todo lo anterior, hace que la situación sea impostergable y, por lo tanto,
mediante esta acción de tutela es indispensable definir la situación del accionante.
64. Por otra parte, la Sala no puede pasar por alto que, en el informe rendido por el
inspector de policía en el trámite de la segunda instancia de este proceso
constitucional, se informó que el procedimiento fue suspendido hasta que no se
resuelva la presente solicitud de amparo.
65. Todos los anteriores elementos permiten establecer que se configura la figura
del perjuicio irremediable, hipótesis que permite conocer de fondo este asunto, pese a
existir otro mecanismo judicial.
2.9. Resolución de los problemas jurídicos planteados
66. El primer problema jurídico que planteó la Sala fue el de establecer si el
Resguardo Indígena La Mirla vulneró los derechos fundamentales a la salud y vida
digna del actor al haber cerrado unilateralmente el camino que atraviesa su territorio
comunitario, el cual era utilizado por el señor Ospina Salazar para ingresar al predio
en el que vive con su familia.
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67. Para la Sala la repuesta al anterior interrogante preliminarmente puede
responderse de manera afirmativa, es decir, sí se configura la vulneración alegada por
la parte actora. En efecto, el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, pues padece una grave enfermedad que le impide moverse a pie por
largos trayectos, por lo que la medida unilateral adoptada por la comunidad indígena
pone en grave peligro sus derechos a la salud y vida. Además, por las particularidades
del asunto, la medida impide que el actor ejerza adecuadamente su derecho a la libre
locomoción (Art. 24 CP), pues el ejercicio de esta garantía le quedó limitado en la
práctica al no poder ingresar o salir de su vivienda mediante vehículo automotor.
68. Por otra parte, no se desconoce que la Constitución Política de 1991 otorgó un
gran valor a las comunidades indígenas y a sus territorios, los cuales son bienes
colectivos y tienen el carácter de no enajenables (artículos 63, 246 y 329 de la CP).
Estas cláusulas constitucionales permiten advertir fácilmente sobre la autonomía que
gozan las comunidades indígenas para regular el uso de su territorio.
69. Sin desconocer la especial protección constitucional de la que gozan las
comunidades indígenas y sus territorios colectivos, la Sala considera que permitir el
paso del actor por el predio del Resguardo La Mirla no pone en peligro la autonomía,
la cultura o las tradiciones de esta comunidad. En efecto, el tránsito de una familia a
pie o mediante vehículos de transporte terrestre por un camino que atraviesa el
territorio indígena no tiene la capacidad de afectar de manera trascendental la
identidad cultural de la comunidad o de sus miembros.
70. En el caso concreto, lo derechos invocados por el actor tienen un mayor peso
que las garantías establecidas para la protección de las comunidades indígenas. En
efecto, existe una alta probabilidad que se pueda presentar una afectación grave de
los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la locomoción del señor Ospina
Salazar. En contraste, la posible o eventual afectación de los derechos de la
comunidad indígena sería leve o levísima dado que no existe una amenaza seria a su
identidad cultural con el tránsito de una familia por un camino que atraviesa parte de
su territorio.
71. El actor y su familia alegan que llevan varios años utilizando este camino y por
un hecho unilateral de la comunidad les fue bloqueado el paso. Si bien la Sala no
desconoce que la comunidad decidió bloquear el paso y que esta determinación debió
obedecer a algún motivo, lamentablemente no se conoce la explicación de la
comunidad porque sus representantes, pese a ser notificados del auto admisorio de
esta tutela, no rindieron el informe que se les solicitó.
72. Sin embargo, del expediente del proceso de policía se puede evidenciar que la
medida fue tomada por la comunidad por los hurtos que se han presentado en el
territorio, en especial en el trapiche comunitario.
73. Así las cosas, la Sala considera que la medida tomada de impedir que una
persona que sufre de esclerosis múltiple degenerativa pueda utilizar un camino
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mediante vehículo automotor es desproporcionada y poco idónea, pues no existe
prueba ni certeza de que los hurtos disminuyan con esta prohibición. En contraste, el
bloqueo sí afecta de manera grave los derechos del accionante y su núcleo familiar
porque el no poder utilizar el camino que comunica a su casa con el casco urbano más
cercano pone el peligro sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la
libertad de locomoción.
74. Ahora, es importante traer a colación que, en la audiencia de conciliación en el
proceso de policía la comunidad propuso unas medidas para que pudiera llegarse a
un acuerdo con el actor. Estas medidas fueron las siguientes:
1. El resguardo indígena la Mirla, provisionalmente otorgara el uso del camino que
siempre ha usado el señor ANGEL, para que transite en automotor (tanto en moto
como en carro moto), el tránsito en moto podrá realizarlo desde la vía pública hasta
el predio propiedad del señor ANGEL; podrá transitar en carro moto, solo hasta la
entrada del trapiche y deberá transitar por dentro del mismo trapiche hasta llegar
a su propiedad peatonalmente.
2. Entre el resguardo indígena la Mirla y el señor ANGEL, se comprometen a
instalar una puerta de Golpe, en la cual la comunidad aportará la fuerza de trabajo
y el señor ANGEL aportará los materiales para instalarla; solamente la comunidad
tendrá una llave del candado del portón y el señor ANGEL tendrá otra llave para
acceder a este predio, ninguna otra persona está autorizada para transitar por este
camino ni tendrá derecho a dicha llave.
3. El paso provisional que otorga el resguardo indígena al señor ANGEL será hasta
el momento que la comunidad amplie la cancha de futbol, amplie la escuela
comunitaria o realice construcción de viviendas para la misma comunidad.
75. El actor no aceptó esta propuesta porque claramente no solucionaba su
situación de manera definitiva, sino que era un acuerdo transitorio y condicionado a
que en el futuro se volvería a presentar la misma situación de bloqueo. En efecto,
nótese que el paso propuesto era provisional «hasta el momento que la comunidad
amplie la cancha de fútbol, amplie la escuela comunitaria o realice las viviendas».
76. El acuerdo también estaba condicionado a que el accionante aportara una
puerta de metal o de golpe para reemplazar el broche. En todo caso, el único que
podría utilizar este camino es el actor, pues en el acuerdo no se menciona a la esposa
ni a los hijos que viven con el señor Ospina Salazar. Así las cosas, era evidente que
el demandante no iba a aceptar un acuerdo conciliatorio que no satisfacía la garantía
de sus derechos fundamentales ni las de su núcleo familiar.
77. Este contexto complejo obliga a la Sala amparar de manera transitoria los
derechos fundamentales a la vida, salud y libertad de locomoción del actor y su grupo
familiar. En consecuencia, se ordenará a las autoridades del Resguardo Indígena La
Mirla que permitan el paso del actor y su familia por el camino que ha utilizado
previamente para acceder a su predio. Este camino deberá estar libre de obstáculos
como broches o puertas metálicas con candado que impidan al señor Ospina Salazar
ingresar a su finca mediante vehículos de transporte terrestre.
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78. El amparo es transitorio porque actualmente se adelanta un proceso de policía
para determinar si las medidas adoptadas por la comunidad indígena afectan el
derecho de servidumbre. La Sala considera que es en ese proceso en el que se debe
resolver la controversia de manera definitiva, pues el inspector de policía conoce el
territorio y con la ayuda del personal técnico de catastro del municipio de Támesis es
el que mejor puede determinar si el camino bloqueado es la única vía de acceso al
predio del actor, si tipográficamente es posible trazar una nueva vía que no atraviese
el resguardo, o si actualmente existen caminos alternativos.
79. En consecuencia, el amparo que se otorgará al actor será provisional y
condicionado al momento en que se resuelva de manera definitiva el proceso de
policía. Para resolver la controversia, el señor inspector de policía deberá tener en
cuenta la tensión constitucional que se presentan en este caso, en la que ambas partes
son sujetos de especial protección por parte de la Carta Política. En este orden, deberá
tomar una medida que garantice en la mayor medida de los posible los derechos del
actor y las garantías fundamentales que la constitución otorgó a las comunidades
indígenas.
80. Una vez resuelto el primer problema jurídico planteado, el segundo interrogante
que la Sala estableció es el siguiente:
• ¿La Inspección Rural de Policía y Tránsito del corregimiento de San Pablo y la
Personería Municipal de ese ente territorial vulneran los derechos
fundamentales al debido proceso, petición, vida y salud del actor por no haber
tramitado las peticiones y quejas que ha interpuesto para se le permita el acceso
a su predio por el camino que siempre ha utilizado?
81. Para la Sala la suspensión que realizó el inspector rural de policía y tránsito del
corregimiento de San Pablo del proceso de servidumbre promovido por el actor hasta
que no se resuelva de manera definitiva esta tutela afecta gravemente el derecho al
debido proceso del actor y desconoce el carácter subsidiario de la acción de tutela. En
efecto, como se ha explicado, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario por lo
que ningún procedimiento judicial se debe suspender mientras el juez de tutela falla
un caso relacionado.
82. Los jueces y las autoridades administrativas con facultades jurisdiccionales
están en la obligación de tramitar los procesos a su cargo de manera célere y
garantizar los derechos fundamentales que se encuentren comprometidos en el caso
objeto de estudio. En este sentido, el inspector de policía ha vulnerado el derecho al
debido proceso al suspender de manera injustificada el procedimiento adelantado por
el actor.
83. Esta suspensión dejó en vilo la controversia que afecta los derechos reclamados
por el señor Ospina Salazar y prolongó innecesariamente la tensión iusfundamental
que se presente en el asunto. Por ende, se le ordenará que reanude y resuelva de
manera inmediata el proceso de policía que promovió el actor de la presente tutela.
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84. Finalmente, la Sala considera que el personero del municipio de Támesis no ha
vulnerado los derechos fundamentales del actor porque no está dentro de las
funciones que le otorga la Constitución y la ley resolver la controversia que se presenta
entre el señor Ospina Salazar y el Resguardo Indígena La Mirla. No obstante, en
ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 118 de la Constitución Política se
le instará a que acompañe al inspector de policía y le ayude a mediar en el conflicto
que se presenta.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 21 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión que declaró improcedente la
solicitud de amparo instaurada por el señor Ángel de Jesús Ospina Salazar.
SEGUNDO: CONCEDER DE MANERA TRANSITORIA el amparo invocado por la
parte actora respecto del resguardo Indígena La Mirla. En consecuencia, ordenar a las
autoridades de esa comunidad que levanten los obstáculos que impiden que el actor
ingrese a su predio, a pie o en automotor, por el camino que atraviesa el territorio
indígena.
La anterior orden tendrá efectos hasta que la Inspección Rural de Policía y Tránsito
del corregimiento de San Pablo resuelva la queja promovida por el actor por el uso de
la servidumbre.
TERCERO: CONCEDER EL AMPARO solicitado por el actor respecto de la
Inspección Rural de Policía y Tránsito del corregimiento de San Pablo. En
consecuencia, ordenar a esa autoridad levantar la suspensión del procedimiento
policivo y tomar una decisión de conformidad con los términos que establece la Ley
1801 de 2016.
CUARTO: NEGAR el amparo solicitado respecto de la personería del municipio de
Támesis. No obstante, instar a dicha autoridad que, de conformidad con el artículo 118
de la Constitución Política, realice un acompañamiento a este caso y las actuaciones
que se efectúen para dirimir la controversia que se presenta entre el actor y el
resguardo Indígena La Mirla.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salvamento parcial de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
GERMÁN LOZANO VILLEGAS
Conjuez
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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