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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2024-00983-01

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2024-00983-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó la solicitud de pérdida de investidura del concejal del Municipio de Donmatías, Héctor Darío Álvarez Arbeláez, elegido para el período constitucional 2024-2027, según lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Radicación: 05001 23 33 000 2024 00983 01 Solicitante: Edwin Joanny García Correa Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2024-00983-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

8 de mayo de 2025

Radicación: 05001 23 33 000 2024 00983 01
Solicitante: Edwin Joanny García Correa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 05001 23 33 000 2024 00983 01
Solicitante: EDWIN JOANNY GARCÍA CORREA
Concejal acusado: HÉCTOR DARÍO ÁLVAREZ ARBELÁEZ

Tesis: No es procedente en el recurso de apelación
cambiar la causal de pérdida de investidura que
fue invocada en el escrito inicial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Edwin
Joanny García Correa contra la sentencia proferida el 11 de septiembre
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó la
desinvestidura del concejal del Municipio de Donmatías, Héctor Darío
Álvarez Arbeláez, período constitucional 2024 - 2027.

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Radicación: 05001 23 33 000 2024 00983 01
Solicitante: Edwin Joanny García Correa

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1

El señor Edwin Joanny García Correa, actuando en nombre propio, solicitó
se decrete la pérdida de investidura del concejal Héctor Darío Álvarez
Arbeláez por considerar que incurrió en violación del régimen de
incompatibilidades “que consagra el artículo 39 numeral 1, literal a) de la
Ley 734 de 2002 y el artículo 45, numeral 2 de la Ley 136 de 1994”.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2

El solicitante manifestó que interponía acción de pérdida de investidura por
considerar que el acusado “ha violado el régimen de incompatibilidades que
consagra el artículo 39 numeral 1, literal a) de la Ley 734 de 2002 y el
artículo 45, numeral 2 de la Ley 136 de 1994, para lo cual expongo a
continuación los fundamentos de hecho y de derecho que darán lugar a la
prosperidad de las pretensiones”.

En el capítulo de hechos, informó que el señor Héctor Darío Álvarez Arbeláez
fue elegido concejal del Municipio de Donmatías para el período
constitucional 2024 – 2027.

Manifestó que el señor Héctor Darío Álvarez Arbeláez, para el 24 de enero
de 2024, siendo concejal, se desempeñaba como presidente de la Junta de
Acción Comunal del Sector la Cumbre del Municipio de Donmatías.

1 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00983 00.
2 Ibidem.

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Solicitante: Edwin Joanny García Correa

Aseguró que el acusado es administrador y miembro de la junta directiva
de la Asociación de Veredas Afectadas por el Relleno Sanitario La Pradera –
AVA.

Expuso que la Asociación de las Veredas Afectadas por el Relleno Sanitario
La Pradera – AVA celebró contrato CW269564 con Empresas Varias de
Medellín S.A. E.S.P, cuyo objeto fue “realizar actividades requeridas para
mantenimiento del RSLP y demás zonas que se definan o se requieran por
EMVARIAS”, y el inicio de ejecución fue el 18 de septiembre de 2023, hasta
el 31 de diciembre de 2023.

Afirmó que “la ASOCIACION DE LAS VEREDAS AFECTADAS POR EL
RELLENO SANITARIO LA PRADERA-AVA RSLP, NIT: 901560150-7, ha
celebrado contratos con entidades públicas en los cuales el señor Héctor
Darío Álvarez Arbeláez (…) ha actuado como administrar (sic) y hace parte
de la junta directiva de dicha asociación, fechas donde ya había sido electo
como concejal del municipio de Donmatías como bien se detalla en la
credencial expedida por la Registraduría Nacional el 01 de noviembre de
2023 y cuyo documenta (sic) se adjunta”.

Citó la repuesta al derecho de petición con radicado nro. 20240520004993
respecto de la cual, aseguró, se indicó lo siguiente: “En atención a su
solicitud, en la cual solicita se le informe si el contrato que se tiene con AVA
fue firmado por la señora AIDA VALENCIA RIVAS, nos permitimos informar
que actualmente la ASOCIACIÓN DE VEREDAS AFECTADAS POR EL
RELLENO SANITARIO LA PRADERA –AVA RSLP, tiene formalizado con
EMVARIAS el contrato CW304868, el cual tuvo orden de inicio el día 17 de
julio de 2024. Ahora bien, dentro de los alcances del contrato se tienen
contempladas diferentes actividades administrativas, técnicas y financieras,
y dentro de los profesionales asignados por AVA, para dichas ejecuciones,

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se tiene como coordinador al señor HECTOR ÁLVAREZ, y como auxiliar
contable a la señora AIDA VALENCIA RIVAS”.

Expuso que “la señora Aida Valencia Rivas (…) actúa actualmente como
auxiliar contable para diferentes ejecuciones contractuales, Administradora
del Contrato y miembro de la Junta Directiva de la AVA y en la actualidad
es la pareja sentimental del señor Concejal Héctor Darío Álvarez Arbeláez,
(…), como coordinador. Como se observa en sus redes sociales Facebook”.

En el acápite que tituló “fundamentos de derecho para acceder a las
pretensiones de declarar la pérdida de investidura del concejal
demandado”, específicamente, en el punto “causal endilgada”, sostuvo que
“(…) la violación al régimen de incompatibilidades contenida en el artículo
39 numeral 1 literal b de la Ley 734 de 2002 – Código Único Disciplinario,
en armonía con lo dispuesto por el artículo 45 numeral 2 de la Ley 136 de
1994. // Dice el artículo 39 del CUD: (…) // Se precisa que la disposición
consagrada en el Código Único Disciplinario en el literal b) del artículo 39
pretranscrito, hace relación a que los concejales no podrán intervenir en
actuaciones de tipo administrativo, como lo ha estado efectuando el señor
Héctor Darío Álvarez Arbeláez (…) en calidad de administrador de la
Asociación de las Veredas Afectadas por el Relleno Sanitario La Pradera
(…)”.

Seguidamente en el punto que denominó “marco normativo que rige el
caso”, transcribió los artículos 43, 45 y 55 de la Ley 136 de 1994, así como
el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

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2.- Contestación del concejal acusado3

El concejal acusado, por conducto de apoderado, contestó la solicitud en
la que se pronunció frente a cada uno de los hechos y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones.

En el acápite que denominó “hechos”, afirmó que era cierto que fue
presidente de la Junta de Acción Comunal Sector La Cumbre “en los
términos del certificado expedido por la Dirección de los Organismos
Comunales de la Secretaría de Participación de la Gobernación de
Antioquia, el cual tiene una vigencia de un mes a partir de la fecha de su
expedición, esto es, hasta el 24 de febrero de 2024. Conforme al actual
certificado de existencia y representación expedido por la misma Entidad
Certificadora, el Demandado no funge como Presidente de la Junta de
Acción Comunal Sector La Cumbre”.

Acotó que era cierto que había sido administrador de la Asociación de
Veredas Afectadas por el Relleno Sanitario La Pradera de conformidad con
el certificado de existencia y representación legal del 20 de noviembre de
2023; “sin embargo, desde el día 10 de diciembre de 2023, el demandado
no funge como Administrador de la AVA RSLP, lo cual se puede evidenciar
conforme al certificado de existencia y representación de fecha 13 de
agosto de 2024, según acta número seis (6) del 10 de diciembre de 2023
de la Asamblea de Asociados inscrita en la Cámara de Comercio de
Medellín el día 14 de diciembre de 2023”.

3 Vistoen el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00983 00.

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Solicitante: Edwin Joanny García Correa

Aseguró que no es cierto que “la citada Asociación haya celebrado
contratos con Empresas Varias de Medellín en los cuales el demandado
haya tenido simultáneamente las calidades de Concejal (i) y
Administrador (ii) o Miembro de la Junta Directiva de la AVA RSLP”.

En el capítulo que tituló “a las causales invocadas”, citó el numeral 2 del
artículo 45 de la Ley 136 de 1994, y seguidamente explicó que “no ha
sido apoderado ante entidad pública alguna del Municipio de Donmatías,
(i) tampoco ha celebrado contratos con el Municipio de Donmatías o
alguna de sus entidades descentralizadas, (ii) de manera directa o por
interpuesta persona. Mucho menos ha administrado tributos del Municipio
de Donmatías”.

También citó la causal invocada del literal a) numeral 1 del artículo 39 de
la Ley 734 de 2002 y afirmó que “la norma invocada ha sido derogada por
el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 a partir del 29 de marzo de 2022”.
Acotó que “no ha intervenido en nombre propio o ajeno en asuntos,
actuaciones administrativas o contractuales del Municipio de Donmatías o
de sus entidades descentralizadas”, y, por último, “Empresas Varias de
Medellín no es un organismo o entidad descentralizada del Municipio de
Donmatías Antioquia”.

3.- La sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia proferida el 11 de
septiembre de 2024, negó la solicitud de pérdida de investidura.

4 Vistoen el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00983 00.

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En el acápite titulado “problema jurídico” indicó que “(…) de la demanda
y su respuesta se deduce que un primer problema jurídico que debemos
resolver es si, partiendo del capítulo de pretensiones y en respeto del
principio de congruencia ¿se configuran los elementos objetivos y
subjetivos, que permitan decretar la pérdida de investidura del Concejal
del municipio de Donmatías del señor HÉCTOR DARÍO ÁLVAREZ
ARBELÁEZ, elegido para el periodo 2024-2027, por violar el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 39, numeral 1°,
literal a) de la Ley 734 de 2002, y el artículo 45 numeral 2 de la Ley 136
de 1994, modificada por la Ley 617 del 2000, ya que en calidad [de]
administrador y miembro de la junta directiva de la Asociación de Veredas
Afectadas por el Relleno Sanitario La Pradera – AVA RSLP, participó, según
afirma el demandante, en la celebración de contratos y como gestor ante
entidades administrativas de Donmatias, al mismo tiempo que ejercía su
calidad de concejal?, reiteramos que son las causales que se esgrimen en
el capítulo de pretensiones (…)”.

A lo que agregó que, “(…) no obstante, y sin ceñirnos al capítulo de
pretensiones y al principio de congruencia, se analizará un segundo
problema jurídico, y es si se debe decretar o no la pérdida de investidura
del mismo concejal por violar el régimen de inhabilidad e incompatibilidad
consagrado en el artículo 43, numeral 3 del art. 45 de la Ley 136 de 1994,
por haber celebrado contrato como administrador de la AVA con entidad
pública de cualquier nivel (EMVARIAS) en el año anterior a la elección
como concejal, y por haber sido presidente de la Junta de Acción Comunal
del Sector la Cumbre a la vez que era concejal en el año 2024? (…)”.

Frente al primer problema jurídico que formuló y en relación con el
artículo 39, numeral 1, literal b) de la Ley 734 de 2002, señaló que “(…)
para el momento en que se alega se configuró esta causal de

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incompatibilidad, la cual se toma desde el 9 de enero de 2024, fecha de
posición (sic) como concejal del señor Héctor Darío Álvarez Arbeláez, la
mencionada normatividad no se encontraba vigente, ya que la misma fue
derogada por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 (…)”.

Acotó que “(…) ahora, si la causal se llegara a entender bajo la
normatividad vigente al momento de la posesión del concejal demandado,
9 de enero de 2024, contenida en el literal b) [del] artículo 43 de la Ley
1952 de 2019, la misma tampoco se encontraría configurada, en razón a
que no se logró demostrar en este proceso que el señor Héctor Darío
Álvarez Arbeláez haya sido apoderado o gestor ante entidades o
autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales (…)”.

Precisó que “(…) por otro lado, si el demandante basara esta causal en
los contratos que se celebraron entre la Asociación de las Veredas
Afectadas por el Relleno Sanitario La Pradera – AVA RSLP con EMVARIAS,
entendiendo esta como una entidad administrativa, no se allegó prueba
por parte del demandante que permita determinar con claridad y en forma
contundente que el mismo realizó algún tipo de gestión ante la misma,
antes, al contrario, de la prueba arrimada todo indica que quien actuó fue
el Presidente o Representante legal, el señor Augusto Osorno Gil (…)”.

Ahora, en cuanto al numeral 2 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994,
expuso que “(…) no se logró probar en este proceso que el señor Héctor
Darío Álvarez Arbeláez, en algún momento se haya desempeñado como
apoderado de alguna entidad pública del municipio de Donmatías o haya
celebrado con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno
(…)”.

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Al respecto, sostuvo que, “(…) si bien se aportan los informes de
seguimiento del contrato CW269564 celebrado por Empresas Varias de
Medellín E.S.P. y la Asociación de Veredas Afectadas por el Relleno
Sanitario La Pradera AVA SLP, ente en el cual el señor Héctor Darío
Álvarez Arbeláez se desempeñó como administrador y miembro de la
Junta Directiva según el certificado de existencia y representación, el cual
fue renovado a través del contrato CW304868, se comparte la posición
expuesta por la Agente del Ministerio Público cuando afirma que
EMVARIAS, no cumpliría con este requisito al no ser una entidad
perteneciente al municipio de Donmatías, ya que la misma es una
sociedad por acciones, que presta el servicio domiciliario de aseo,
constituida como empresa oficial de servicios públicos que pertenece al
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín; razón
por la cual, al ser el demandado concejal de Donmatías no se encontraría
demostrada la celebración de contratos con una entidad del respectivo
Municipio (…)”.

Expuso que “(…) con esta connotación de sociedad anónima filial para el
servicio público de aseo del grupo EPM, es claro que tampoco cumple con
el requisito de ser una entidad administradora de tributos que provenga
del municipio de Donmatías, por lo que en definitiva no hay ninguna duda
de la improcedencia de esta causal de pérdida de investidura frente al
señor Héctor Darío Álvarez Arbeláez (…)”.

Para finalizar el análisis del primer problema jurídico, manifestó que “(…)
lo anterior sería suficiente para despachar en forma desfavorable las
pretensiones de la demanda, ello en garantía del principio de congruencia
que debe tener la sentencia con las pretensiones de la demanda, que es
consecuencia del derecho fundamental al debido proceso, que debe
beneficiar tanto al demandante como al demandado, más en este tipo de

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procesos sancionatorios, no obstante, a continuación se expondrán las
razones, adicionales, por las cuales no prosperan las pretensiones, con
base en otras causales que no están esgrimidas en el capítulo de
pretensiones, pero que sí fueron expuestos en los demás acápites de la
demanda (…)”, a lo que acotó que “(…) en gracia de discusión, siendo
demasiado laxos con el derecho de acceso a la administración de justicia
del demandante y acercándonos al límite de la vulneración al debido
proceso de la parte demandada, a continuación se estudiarían otras
causales a las que no hace referencia el capítulo de pretensiones, y son
las relacionadas con la incompatibilidad consagrada en el numeral 3° del
artículo 45 de la Ley 136 del 2000 y a la inhabilidad reseñada en el
numeral 3°, artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo
40 de la Ley 617 de 2000 (…)”.

En relación con el numeral 3 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, explicó
que la parte actora alega que la incompatibilidad está configurada porque
está demostrado que el señor Álvarez Arbeláez se desempeñaba como
presidente de la Junta de Acción Comunal del sector La Cumbre del
Municipio de Donmatías para el 24 de enero de 2024, es decir, cuando ya
se desempeñaba como concejal, dado que se posesionó el 9 de enero de
2024. Acotó que también “(…) refiere que al haber sido el señor Álvarez
Arbeláez administrador y miembro de la junta directiva de la Asociación
de las Veredas Afectadas por el Relleno Sanitario La Pradera – AVA RSLP,
también se configuraría esta incompatibilidad ya que, adicionalmente,
esta Asociación celebró contratos con EMVARIAS (…)”.

El tribunal estimó que no estaba llamada a prosperar la incompatibilidad,
en la medida en que “(…) las Juntas de Acción Comunal, de conformidad
con el artículo 7 de la Ley 2166 de 2021, son una organización cívica,
social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza

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solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada por los
residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar el
desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el
ejercicio y la democracia participativa. // En este sentido, al entenderse
la junta de acción comunal como una organización cívica que se conforma
de manera voluntaria por residentes de un lugar, la misma no pueden
entenderse como una entidad pública o un organismo del Estado, que
haga que sus miembros sean catalogados como servidores públicos (…)”.

Añadió que “(…) otro de los condicionamientos que plantea la causal de
inhabilidad es que los miembros de esas juntas o consejos directivos sean
parte de las entidades que conforman el nivel central o entidades
descentralizadas del respectivo Municipio o de instituciones que
administren tributos, circunstancias que tampoco se acomodan a este
caso, ya que como se señaló previamente una Junta de Acción Comunal
no conlleva las características y designaciones normativas que la Ley 489
de 1998 determina como entidades del sector central y del sector
descentralizado, tanto a nivel nacional como territorial, ya que las mismas
en términos generales tienen como finalidad implementar políticas de
gobierno, dirigir la gestión administrativa, ejercer funciones
administrativas, prestar servicio públicos o realizar actividades
industriales y comerciales determinadas, funciones que claramente no
desempeña una Junta de Acción Comunal (…)”.

En relación con la “causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994”, sostuvo que la parte actora aduce que
está configurada dado que “(…) la Asociación de las Veredas Afectadas
por el Relleno Sanitario La Pradera AVA – RSLP, ha celebrado contratos
con EMVARIAS, dentro del año anterior a la fecha en que el señor Héctor
Darío Álvarez había sido elegido como concejal, actuando este como

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administrador y miembro de la Junta Directiva de esta Asociación,
allegando como prueba informes de seguimiento del contrato CW269564,
con fecha de inicio del 18 de septiembre de 2023 y fecha de terminación
del 31 de diciembre de 2023 (…)”.

Con fundamento en las pruebas que reposan en el expediente, el tribunal
indicó que “(…) está probado que la representación legal de la Asociación
de las Veredas Afectadas por el Relleno Sanitario La Pradera, la ejerce el
señor Augusto de Jesús Osorno Gil. También se observa que es esta la
persona que ha intervenido en la celebración del contrato, él fue el que
hizo la oferta, a él se dirigió la aceptación de la oferta y las
comunicaciones con la entidad siempre han sido a su nombre, además en
el certificado de existencia y representación legal, el señor Osorno Gil
aparece como Presidente y tiene la calidad de representante legal, con
facultad de celebrar contratos, los mismos sin cuya firma carecen de
validez (…)”.

Precisó que se debía tener en cuenta que “(…) la causal habla sobre la
celebración del contrato, la cual está dirigida a que de manera libre y
voluntaria se haya acordado con una entidad de naturaleza pública, la
estipulación de obligaciones mutuas de carácter pecuniario o no,
circunstancia que para este caso no logró demostrarse, ya que fue la
Asociación de las Veredas Afectadas por el Relleno Sanitario La Pradera,
a través de su representante legal, quien celebró el contrato, con lo que
se logra demostrar que el concejal demandado no tuvo ninguna incidencia
en este acto de celebración (…)”. A lo dicho agregó que “(…) se debe
demostrar un interés propio o ajeno en la celebración del contrato, que
conlleve a una contraprestación o remuneración para el contratista por
los servicios prestados, punto que tampoco logró probarse (…)”.

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Aclaró que “(…) si bien se allega una respuesta por parte de EMVARIAS,
en la que se indica que el señor Héctor Álvarez es el coordinador del
contrato CW269564, no considera la Sala que esta sea una prueba
suficiente y conducente para determinar con claridad que el demandado
gestionó o celebró un contrato con una entidad pública que le generó un
beneficio o interés propio o a favor de un tercero, ya que esto responde
más bien a una distribución de funciones al interior de la AVA, y no a
gestión específica ante EMVARIAS (…)”.

4.- El recurso de apelación5

El señor Edwin Joanny García Correa, inconforme con lo decidido por el a
quo, interpuso recurso de apelación en los siguientes términos:

“[…] FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA ACCEDER A LAS
PRETENSIONES DE DECLARAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA
DEL CONCEJAL DEMANDADO

Causal endilgada.
ARTÍCULO 43.- Ley 136 de 1994,
ARTÍCULO 43.- Inhabilidades. No podrá ser inscrito como
candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

1.Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa
de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido
la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente
ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una
profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de
funciones públicas.

2.Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la
elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o
autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo
municipio o distrito, o quien, como empleado público del orden
nacional, departamental o municipal, haya intervenido como
ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o
celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito.

5 Vistoen el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00983 00.

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Solicitante: Edwin Joanny García Correa

3.Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido
en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel
municipal o distrital o en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo,
quien dentro del año anterior haya sido representante legal de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o
de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio o distrito.

(…)

ARTÍCULO 45.- Ley 136 de 1994

ARTÍCULO 45.- Incompatibilidades. Los concejales no podrán:

1. (Derogado por el Art. 96 de la Ley 617 de 2000)

2. Ser apoderado antes (sic) las entidades públicas del respectivo
municipio o ante las personas que administren tributos procedentes
del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona,
contrato alguno, con las excepciones que más adelanten se
establecen.

3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los
sectores central o descentralizado del respectivo municipio, o
de instituciones que administren tributos procedentes del
mismo.

4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o
jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan
fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean
contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.

5. Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos
directivos, auditores o revisores fiscales, empleados o
contratistas de empresas que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio.

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley (…).

Artículo 55 de la Ley 136 de 1994

“ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL:
Los concejales perderán su investidura por:

1. La aceptación o desempeño de un cargo público, de conformidad
con el artículo 291 de la Constitución Política, salvo que medie
renuncia previa, caso en el cual deberá informar al presidente del
Concejo o en su receso al alcalde sobre este hecho.

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2. Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses (…).

(…)

Artículo 48 de la Ley 617 de 2000:

“ARTÍCULO 48. PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS
DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se
trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en
igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
(...)

Una vez desarrolla la diligencia del día de hoy, se observa que no fue
abordado uno de los puntos más importantes relatados en los hechos,
por lo tanto, me permito respetuosamente aportar el Concepto
269711 de 2022 del Departamento Administrativo de la Función
Pública radicado nro. 20226000269711 del 26/07/2022 cuya REF:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Concejal. Para ser
concejal por ser presidente de una junta de acción comunal (…).

Frente a las inhabilidades para ser elegido concejal, la Ley 136 de
1994, establece: ARTÍCULO 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito
como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)

2. (…)

3. (…)

En este orden de ideas, para el caso objeto de consulta, si quien se
desempeña como representante legal de una junta de acción
comunal, dentro del año anterior a la elección adelantó o promovió
diligencias en orden a obtener un resultado en el propio interés o en
interés de terceros ante entidades públicas del mismo municipio, o si
dentro del año anterior a la elección celebró contratos con entidades
públicas cuyo objeto debía ejecutarse en el respectivo municipio,
entendiéndose por celebración el nacimiento del contrato, sin que
interese que tiempo se tarde en su ejecución, en criterio de esta
Dirección Jurídica, el presidente de la junta de acción comunal estaría
inhabilitado para ser elegido concejal de la misma localidad y por
consiguiente tendría que renunciar a la representación legal de dicha
organización al menos doce meses antes de la fecha prevista para a
las elecciones para el concejo.

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Concepto 069041 de 2022 del Departamento Administrativo de la
Función Pública, radicado nro.: 20226000069041 del 09/02/2022 (…)

(…)

De otra parte, en cuanto a las incompatibilidades de los concejales,
se precisa que la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”, expresa:

ARTÍCULO 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán:

4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o
jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan
fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean
contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.

(…)

De acuerdo con las normas citadas, el concejal, en su calidad de
servidor público, no puede suscribir contratos con alguna entidad
pública. Tampoco puede celebrar contratos o realizar gestiones con
personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren,
manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo
municipio o sean contratistas del mismo.

Con base en los preceptos expuestos, esta Dirección Jurídica
considera que un concejal no podrá suscribir contratos con alguna
entidad pública, de cualquier nivel, por sí o por interpuesta persona.
Por lo tanto, no podrá, en su calidad de representante legal, suscribir
contratos con entidades oficiales de cualquier nivel, incluyendo por
supuesto, municipios diferentes a aquel en el que goza de la calidad
de concejal […]”.

(Negrillas y subrayas del recurso de apelación)

El recurso de apelación fue concedido el 2 de octubre de 20246.

6
Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00983 00.

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5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 11
de octubre de 20247.

5.2. Por auto del 31 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el señor Edwin Joanny García Correa8.

5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 18 de noviembre de
20249.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, acorde con lo previsto por el
parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200010 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo 201911 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,

7
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00983 01.
8
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00983 01.
9
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 2333 000 2024 00983 01.
10 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
11
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.

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modificado por el artículo 1 del Decreto 434 de 2024, que regula la
distribución de negocios entre las secciones12.

2.- La aplicación del principio de congruencia en los procesos de
pérdida de investidura

El artículo 281 del Código General del Proceso, aplicable conforme lo
señalado por el artículo 21 de la Ley 1881 de 2018, establece que “la
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley. // No podrá condenarse al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni
por causa diferente a la invocada en esta”.

Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Primera ha señalado que “del
principio de congruencia se desprenden deberes y prohibiciones a cargo
del juez, a quien le corresponde adoptar una decisión que guarde total
correspondencia entre los fundamentos fácticos y jurídicos aducidos en la
solicitud de desinvestidura, lo debatido y probado en el proceso”13.

12
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 14 de marzo de 2024. Expediente con radicación nro. 76001 2333 000 2023 00734
01. C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Entre los deberes y prohibiciones que se derivan del principio de
congruencia en el proceso de pérdida de investidura, la Sala Plena del
Consejo de Estado ha resaltado los siguientes14:

(i) “La congruencia supone la identidad de la providencia que resuelve la
solicitud de pérdida de investidura con la acusación planteada”, esto es
que, “(…) en materia sancionatoria, y en especial en la pérdida de
investidura, la congruencia supone la correspondencia entre las
imputaciones fácticas y jurídicas que se expresan en la acusación,
contenida en la demanda o en el escrito que la subsana, con las
consideraciones y decisión plasmadas en la sentencia del operador
judicial. Lo anterior significa que el despojo de la investidura no podrá
producirse por hechos distintos a los alegados en el escrito genitor del
proceso ni por causales distintas a las mencionadas y motivadas por el
demandante (…)”15.

(ii) “La congruencia impone resolver todos los cargos planteados en la
solicitud de desinvestidura” , lo que se traduce en que, “(…) más allá de
la identidad entre acusación y decisión, la consonancia implica una
respuesta pormenorizada y de fondo a la totalidad de las inculpaciones
que se erigen en contra del demandado, como forma de purga de las
imputaciones que pesan sobre el ciudadano que ostenta la calidad de
Parlamentario, y permiten, en principio, afirmar que dispone de la
dignidad requerida para el desempeño de dicho cargo (…)”16.

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de
septiembre de 2019. Expediente radicado nro. 11001 0315 000 2019 01598 01 (PI).
C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
15 Ibidem.
16 Ibidem.

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(iii) “La congruencia impide al juez de la pérdida de investidura emprender
estudios de fondo respecto de cargos indebidamente fundados”, lo que
quiere significar que “(…) la claridad de las disquisiciones que cimientan
la acusación, no solo son presupuesto de la contradicción, sino guía del
fallo que deberá ser adoptado por el operador judicial. De allí que se
rechacen las explicaciones anfibológicas, oscuras y confusas esgrimidas
por el accionante en su escrito introductorio (…)” , tal y como lo explicó
la Sala Plena del Consejo de Estado en providencia del 17 de enero de
2012, al indicar que “(…) al juzgador no le está permitido abordar el
estudio de causales de pérdida de investidura que no hayan sido
debidamente invocadas y explicadas en el escrito de demanda, tal y como
lo ordena la letra c) del artículo 4 de la Ley 144 de 1994 (…)”17.

En este punto, debe tenerse en cuenta que el literal c) del artículo 5 de la
Ley 1881 de 2018 prevé que la solicitud de pérdida de investidura deberá
contener, entre otros aspectos, la “invocación de la causal por la cual se
solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación”. Cabe señalar
que el precitado requisito también estaba enlistado de manera idéntica en
el literal c) del artículo 4 de la Ley 144 de 1994 y la expresión “y su debida
explicación” fue declarada exequible en la sentencia C – 237 de 2012.

En dicha oportunidad, la Corte Constitucional explicó que la exigencia
sobre la explicación de la causal no era desproporcionada y, además,
“supone una garantía al derecho de defensa del sujeto pasivo de dicha
solicitud, pues sabrá de forma específica cómo, en concepto del
demandante, una situación fáctica dada encuadra dentro de una causal

17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-

000-2011-00708-00(PI). M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia de 17 de enero de
2012.

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de pérdida de investidura // Contrario sensu, la indeterminación de cómo
unos hechos expuestos en el escrito de demanda implican la concreción
de una causal de pérdida de investidura, obligaría al demandado a
suponer, a presumir e incluso, adivinar las razones, los matices y el
camino argumentativo de la posible acusación, y además a defenderse de
la misma”.

En consonancia con lo explicado, la Sección Primera ha señalado que en
materia de pérdida de investidura “las causales son de aplicación
restrictiva; es decir, su estudio debe circunscribirse a las expresamente
atribuidas al demandado en el libelo de la demanda; lo contrario
equivaldría a la violación al debido proceso, en la medida que éste tiene
el derecho de ejercer su contradicción y defensa frente a los cargos que
se le endilgan y las causales que se invoquen en la demanda, de manera
que no puede ser sorprendido en el recurso de alzada proponiéndole una
nueva causa para pedir, pues su defensa se ha estructurado conforme a
lo propuesto por el accionante y una causal nueva desfiguraría el contexto
de la decisión adoptada en primera instancia”18.

3.- Análisis de la Sala

En el asunto bajo examen, el solicitante en el escrito de pérdida de
investidura formuló la siguiente pretensión:

“[…] PRETENSIONES

1. Le solicitó comedidamente al Tribunal Administrativo de Antioquia
que se declare que el concejal Héctor Darío Álvarez Arbeláez, (…) ha
violado el régimen de incompatibilidades, previsto en el numeral 2°
del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y el previsto en el artículo 39
literal a) del numeral 1 de la ley 734 de 2002 y en consecuencia, se

18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 30 de agosto de 2018. Expediente radicado nro. 25000 2336 000 2017 01650 01.
C.P.: Oswaldo Giraldo López.

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decrete la pérdida de investidura como Concejal del municipio de
Donmatías para el período 2023-2027 (…) […]”.

Más adelante, el solicitante en el escrito de pérdida de investidura, en el
título “fundamentos de derecho para acceder a las pretensiones de
declarar la pérdida de investidura del concejal demandado”, indicó lo
siguiente:

“[…] FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA ACCEDER A LAS
PRETENSIONES DE DECLARAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA
DEL CONCEJAL DEMANDADO

Causal endilgada

La violación al régimen de incompatibilidades contenido en el artículo
39 numeral 1° literal b de la Ley 734 de 2002 – Código Único
Disciplinario, en armonía con lo dispuesto por el artículo 45 numeral
2° de la Ley 136 de 1994.

Dice el citado artículo del CUD:

(…)

Se precisa que la disposición consagrada en el Código Único
Disciplinario en el literal b) del artículo 39 pretranscrito, hace relación
a que los concejales no podrán intervenir en actuaciones de tipo
administrativo, como lo ha estado efectuando el señor Héctor Darío
Álvarez Arbeláez, (…) en calidad de ADMINISTRADOR de la
ASOCIACION DE LAS VEREDAS AFECTADAS POR EL RELLENO
SANITARIO LA PRADERA-AVA RSLP, NIT: 901560150-7 […]”.

En el siguiente capítulo, que denominó “marco normativo que rige el
caso”, el solicitante se limitó a citar los artículos 43, 45 y 55 de la Ley 136
de 1994, y 48 de la Ley 617 de 2000, y finalmente, en el título
“demostración del elemento objetivo de que trata la Ley 1881 de 2018”,
sostuvo que “es indiscutible que el elemento objetivo que da lugar a la
causal de pérdida de investidura, se consagra en el artículo 39 numeral 1
literal a) de la Ley 734 de 2002 y el numeral 2 del artículo 45 de la Ley
136 de 1994, los cuales rezan (…)”.

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Del anterior recuento del escrito inicial de pérdida de investidura la Sala
advierte que la parte actora perseguía la desinvestidura del acusado por
violación al régimen de incompatibilidades en consonancia, precisamente,
con las incompatibilidades previstas en el numeral 2 del artículo 45 de la
Ley 136 de 1994 y en el artículo 39 literal a) del numeral 1 de la ley 734
de 2002, por el hecho de que el señor Álvarez Arbeláez, siendo concejal,
había intervenido “en actuaciones de tipo administrativo” como
administrador de la Asociación de las Veredas Afectadas por el Relleno
Sanitario La Pradera.

En ese escenario, la Sala observa que el solicitante en el recurso de
apelación, luego del título “causal endilgada”, citó el artículo 43 de la Ley
136 de 1994, que refiere a las inhabilidades para ser elegido concejal; el
artículo 45 de la Ley 136 relativo a las incompatibilidades de los
concejales; el artículo 55 de la Ley 136 que enlista las causales de pérdida
de investidura, y destacó que una de ellas es la violación al régimen de
incompatibilidades, y el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
Finalmente, transcribió apartes del concepto 269711 de 2022 del
Departamento Administrativo de la Función Pública en el que se hace
alusión a las inhabilidades de los numerales 2 y 3 del artículo 43 de la Ley
136 y del concepto 069041 de 2022, en el que se indicó que los concejales
no podrán suscribir contratos con entidad pública de cualquier nivel.

Siendo así, el solicitante en el recurso de apelación cambió la causa para
pedir la desinvestidura del acusado, puesto que, en el escrito inicial, tanto
en las pretensiones como en el capítulo de la “causal invocada”, se refirió
a la violación del régimen de incompatibilidades y citó las señaladas en el
numeral 2 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y en el artículo 39 literal
a) del numeral 1 de la ley 734 de 2002; pero, en el recurso de apelación,
no controvirtió la configuración de dichas incompatibilidades y, por el

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contrario, aludió de manera general al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, para lo cual citó los artículos 43 y 45 de la Ley 136 y
transcribió los mencionados conceptos, sin que pueda advertirse que
guarden relación con las incompatibilidades que endilgó desde un
principio.

En este punto, debe tenerse en cuenta que, cuando el apoderado del
acusado contestó la solicitud de pérdida de investidura, en el título “a las
causales invocadas” se refirió a las señaladas en el numeral 2 del artículo
45 de la Ley 136 de 1994 y a la contenida en el literal a) numeral 1 del
artículo 39 de la Ley 734 de 2002, lo que quiere significar que el derecho
de defensa se ejerció respecto de los artículos que fueron expresamente
citados en las pretensiones de la acción de pérdida de investidura, así
como en el acápite de “causal invocada”.

Asimismo, en la sentencia de primera instancia se advierte que el tribunal
mencionó que, “ciñéndonos al capítulo de pretensiones y al principio de
congruencia”, el primer problema jurídico que estimó debía resolverse era
“(…) esclarecer si el señor HÉCTOR DARÍO ÁLVAREZ ARBELÁEZ incurrió
en las causales de pérdida de investidura contempladas en el artículo 39,
numeral 1°, literal a) de la Ley 734 de 2002, artículo 45, numeral 2° de
la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 del 2000 (…)”.

Ahora bien, también se observa que, luego de estudiar las dos
incompatibilidades mencionadas, el tribunal concluyó que “(…) lo anterior
sería suficiente para despachar en forma desfavorable las pretensiones
de la demanda, ello en garantía del principio de congruencia que debe
tener la sentencia con las pretensiones de la demanda, que es
consecuencia del derecho fundamental al debido proceso, que debe
beneficiar tanto al demandante como al demandado, más en este tipo de

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procesos sancionatorios, no obstante, a continuación se expondrán las
razones, adicionales, por las cuales no prosperan las pretensiones, con
base en otras causales que no están esgrimidas en el capítulo de
pretensiones, pero que sí fueron expuestos en los demás acápites de la
demanda (…)”, y continuó mencionando que “(…) en gracia de discusión,
siendo demasiado laxos con el derecho de acceso a la administración de
justicia del demandante y acercándonos al límite de la vulneración al
debido proceso de la parte demandada, a continuación se estudiarían
otras causales a las que no hace referencia el capítulo de pretensiones, y
son las relacionadas con la incompatibilidad consagrada en el numeral 3°
del artículo 45 de la Ley 136 del 2000 y a la inhabilidad reseñada en el
numeral 3°, artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo
40 de la Ley 617 de 2000 (…)”.

Al respecto, la Sala considera que el estudio adicional que abordó el
tribunal respecto del numeral 3 del artículo 45 de la Ley 136 y del numeral
3 del artículo 43 ibidem, como en efecto lo anotó el a quo, pese a lo cual
hizo el examen, implica una transgresión del principio de congruencia y,
de contera, una vulneración del derecho al debido proceso y defensa del
acusado, puesto que, por un lado, la desinvestidura se solicitó por la
violación al régimen de incompatibilidades, de manera que no era posible
estudiar la infracción de alguna inhabilidad; y por el otro, en el escrito
inicial es claro cuáles son las dos incompatibilidades que el actor estima
se configuraron, las cuales citó en las pretensiones, en “los fundamentos
de derecho para acceder a las pretensiones” y en “la demostración del
elemento objetivo”.

La Sala advierte que el tribunal hizo el referido examen adicional por el
hecho que en la solicitud de desinvestidura, en el acápite “marco
normativo que rige el caso”, el solicitante se limitó a transcribir y citar el

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artículo 43 de la Ley 136 de 1994; el artículo 45 de la Ley 136 de 1994;
el artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y el numeral 1 del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000; sin embargo, como el mismo a quo lo advirtió, tal
examen no era procedente, dado que, en garantía del principio de
congruencia y de los derechos al debido proceso y defensa, la sentencia
debe estar en consonancia con la acusación planteada, que para este
caso, no era otra que la violación al régimen de incompatibilidades por la
infracción de los artículos 39, numeral 1, literal a) de la Ley 734 de 2002
y 45 numeral 2 de la Ley 136 de 1994; a lo que se agrega que, según la
jurisprudencia de la Sala Plena de la Corporación, el principio de
congruencia también implica que el juez no pueda abordar el estudio de
causales de pérdida de investidura que no hayan sido debidamente
explicadas en el escrito inicial, pues ello constituye precisamente una
garantía al derecho de defensa del acusado, quien debe conocer de forma
específica cómo, en concepto del demandante, una situación fáctica
encuadra dentro de una causal de pérdida de investidura. Lo que
precisamente en este caso no ocurre, pues en el escrito inicial, como se
indicó, el solicitante simplemente transcribió la totalidad de los artículos
y, en contraposición a ello, en las pretensiones y en la “causal endilgada”
expresó cuáles eran las incompatibilidades para pedir la desinvestidura y
la razón por la que estimaba ello era así.

Aunado a lo explicado, es de reiterar que, en el recurso de apelación, el
solicitante, ahora, bajo el título de “causal endilgada”, transcribió el
artículo 43 de la Ley 136 de 1994; artículo 45 ibidem; artículo 55 ibidem
y el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, cuando en el escrito
inicial no fue ello lo que identificó como la “causal endilgada”, sin que
pueda pasarse por alto que la transcripción de los artículos hechos en la
alzada sigue siendo imprecisa, pues no se señaló cuál es la
incompatibilidad o inhabilidad que se configura y los hechos que darían

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Solicitante: Edwin Joanny García Correa

lugar a ella; a lo que se suma que, además de la transcripción de los
artículos, los conceptos allí referidos tampoco fueron expuestos en el
escrito de pérdida de investidura.

En conclusión, comoquiera que el solicitante en el recurso de apelación
cambió la causa para pedir la desinvestidura del acusado, la Sala
confirmará el fallo apelado, pues abordar su examen equivaldría a afectar
el derecho de defensa y contradicción de la parte acusada, quien ejerció
su derecho respecto de las incompatibilidades invocadas en el escrito
inicial, de manera que estudiar un causal de inhabilidad o incluso
incompatibilidades distintas a las señaladas desde la acción de pérdida de
investidura afecta el principio de congruencia, el derecho al debido
proceso de las partes y está en contravía del derecho de defensa del
acusado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de septiembre de
2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó la solicitud de
pérdida de investidura del concejal del Municipio de Donmatías, Héctor
Darío Álvarez Arbeláez, elegido para el período constitucional 2024-2027,
según lo explicado en la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.

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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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