Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01073-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01073-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2024-01073-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 050012333000202401073-01
Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia1
Demandados: Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
y otros2
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia, iii) vivienda digna y iv) vida
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 11 de septiembre de 2024 proferida por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio del cual declaró improcedente la solicitud de
tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Crf. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en medio digital.
2 Idem pie de página núm. 1 supra.
2
Núm. único de radicación: 050012333000202401073-01
Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, actuando en nombre propio y como Representante Legal de
Productos Alimenticios La Abundancia S.A.S., presentó acción de tutela contra el
Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, porque, a su juicio: i) el Juzgado,
al proferir auto de 6 de mayo de 2024, en el proceso de la acción popular identificado
con el número único de radicación 050013331026200800340-00; y ii) el Distrito, con
ocasión a que “[…] no ha logrado cabalmente cumplir con las ordenes (sic) de las
sentencia de acción popular […]”: vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, el 29 de octubre de 2008, Gabriel Jaime Escobar Castañeda,
Gino Anderson Ocampo Giraldo, Elci Arboleda de Villegas, María del Socorro
Martínez Alzate, Nora Llency Suárez Bedoya y María Emilcen Suárez Bedoya, en
nombre de los habitantes del sector ubicado entre las calles 71a y 70 y entre las
carreras 45 y 49 del barrio Campo Valdés, presentaron acción popular en contra del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y de Empresas
Públicas de Medellín al considerar que los constantes desbordamientos y
contaminación que generaba la quebrada La Honda en dicho sector atentaba contra
sus derechos colectivos a la salubridad y seguridad pública y al goce de un ambiente
sano.
4. Señaló que, el 11 de junio de 2010, el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral
del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida en primera instancia, ordenó
la protección a los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, la
preservación y restauración del medio ambiente y a la seguridad y salubridad
públicas de los habitantes de la comunidad aledaña a la quebrada La Honda,
decisión en la que también se dispuso que el comité de verificación estaría integrado
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Núm. único de radicación: 050012333000202401073-01
Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
por un representante de los actores populares, un representante de Empresas
Públicas de Medellín E.S.P., un representante del Municipio de Medellín, un
representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, un representante de la
Personería Municipal de Medellín y “[…] un representante del SIMPAD […]”.
5. Indicó que, el 15 de octubre de 2010, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante sentencia proferida en segunda instancia, modificó algunas de las órdenes
judiciales, pero mantuvo la integración del comité de verificación.
6. Sostuvo que, el 9 de febrero de 2017, el Juzgado designó al señor Gabriel
Jaime Escobar Castañeda como representante de los actores populares en el
comité de verificación de la sentencia judicial; en subsidio, determinó que esa
representación sería asumida por cualquiera de los actores populares, por lo que,
el 1.° de marzo de 2017, el señor Escobar Castañeda aceptó el encargo.
7. Adujo que, el 6 de diciembre de 2023 y el 19 de marzo de 2024, actuando en
nombre propio y en representación de Productos Alimenticios La Abundancia
S.A.S., propietario de dos inmuebles en el sector objeto de la acción popular,
informó al Juzgado que el señor Gabriel Jaime Escobar Castañeda no volvió a asistir
a las reuniones del comité de verificación, por lo que la comunidad se encuentra sin
representante idóneo que vele por sus intereses; en consecuencia, solicitó que se
designara a otro miembro de la comunidad, solicitud que, el 22 de abril de 2024, se
remitió a los integrantes del comité de verificación.
8. Manifestó que, ante la falta de respuesta, el 16 de abril de 2024, junto con
Juan Carlos Castañeda Roldán, presentaron acción de tutela en contra del Juzgado
Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, frente a la cual, el Tribunal
Administrativo de Antioquia resolvió amparar los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de los actores y, en
consecuencia, ordenó que, en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a la
notificación, se resolviera de fondo las peticiones presentadas el 6 de diciembre de
2023 y el 19 de marzo de 2024.
9. Señaló que, el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de
Medellín, mediante auto de 6 de mayo del 2024, resolvió lo siguiente:
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Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
“[…] PRIMERO: REMITIR al señor DIEGO ANDRÉS YEPES VARGAS y al señor
JUAN CARLOS CASTAÑEDA ROLDÁN a lo dispuesto en el auto del 9 de febrero de
2017, por medio del cual se designó al señor Gabriel Jaime Escobar Castañeda como
representante de los actores populares; y, en subsidio, se determinó que esa
representación sería asumida por cualquiera de los actores populares.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente providencia al señor DIEGO ANDRÉS YEPES
VARGAS y al señor JUAN CARLOS CASTAÑEDA ROLDÁN.
TERCERO: COMUNICAR esta providencia a los ACTORES POPULARES, Elci
Arboleda de Villegas, Gino Anderson Ocampo Giraldo, María del Socorro Martínez
Alzate, Nora Llency Suarez Bedoya y María Emilcen Suarez Bedoya; al igual que a
los INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE LA SENTENCIA
JUDICIAL.
CUARTO: REMITIR copia de la presente decisión al Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia
de tutela proferida el 2 de mayo de 2024. […]”.
9.1. Como fundamento de su decisión consideró:
“[…] En la sentencia proferida el 11 de junio de 2010, modificada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 15 de octubre siguiente, se dispuso que el comité de
verificación estaría integrado, entre otros, por un representante de los actores
populares, por lo que este despacho judicial, el 9 de febrero de 2017, designó al
señor Gabriel Jaime Escobar Castañeda como representante de los actores
populares; en subsidio, determinó que esa representación sería asumida por
cualquiera de los actores populares. El 1 de marzo de 2017, el señor Escobar
Castañeda aceptó el encargo.
Sin embargo, los días 6 de diciembre de 2023 y 19 de marzo de 2024, el señor Diego
Andrés Yepes Vargas manifestó que el señor Gabriel Jaime Escobar Castañeda no
volvió a asistir a las reuniones del comité de verificación, por lo que solicitó que se
nombrara a otra persona como representante de la comunidad en el comité de
verificación de la sentencia judicial. Luego, en compañía del señor Juan Carlos
Castañeda Roldán, interpuso acción de tutela, la que fue concedida por parte del
Tribunal Administrativo de Antioquia.
Al respecto, este despacho judicial, al revisar las actas de reuniones del comité de
verificación de los días 13 de diciembre de 2021, 26 de enero de 2022, 29 de junio
de 2023, 20 de noviembre de 2023 y 21 de febrero de 2024, observa que el señor
Gabriel Jaime Escobar Castañeda no compareció a dicha reuniones a pesar de ser
citado. En efecto, no concurre a ellas desde el 27 de octubre de 2020.
No obstante, lo pedido por los accionantes (que no son actores populares, sino
integrantes de la comunidad) fue resuelto en el auto del 9 de febrero de 2017,
decisión en la que se designó al señor Gabriel Jaime Escobar Castañeda como
representante de los actores populares; y, en subsidio, se determinó que esa
representación sería asumida por cualquiera de los actores populares; por lo tanto,
se les remitirá a lo decidido en dicho auto, el que deberá ser notificado, tal y como lo
ordenó la sentencia de tutela expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
[…]”.
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Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
10. Afirmó que, el 14 de mayo de 2024, interpuso recurso de reposición en contra
de la anterior decisión, frente a lo cual, el Juzgado, mediante auto de 22 de julio del
2024, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposición interpuesto por Diego Andrés
Yepes Vargas, por las razones consignadas en la parte motiva de la presente
decisión. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
11. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO: Solicito al honorable Tribunal conceder el amparo de los derechos a
la vida y vivienda digna, para lo cual ruego que se ordene al Distrito de Medellín el
cumplimiento del primer proyecto que se socializó el 7 de octubre de 2020, en donde
se estipuló la necesidad de adquirir los predios ubicados en el sector que comprende
las calles 70 y 71ª, carrera 45 a la 49 del barrio Campo Valdés, y dentro de los que
se encuentran los predios con matrícula inmobiliaria 01N-77300, 01N-5090021 y 01N-
152286.3.
SEGUNDO: Solicito al honorable Tribunal para que se ampare el derecho al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, ordenando al Juzgado 26
Administrativo Oral Del Circuito De Medellín, a que sea vinculado como miembro del
comité de verificación de la sentencia de acción popular. […]”.
11.1. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó3:
“[…] TERCERO: A pesar del transcurrir del tiempo, el Distrito de Medellín no ha
logrado cabalmente cumplir con las ordenes de las sentencia de acción popular, sin
embargo, se han venido adelantando acciones tendientes a ello, para lo cual la
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito de Medellín elaboró unos estudios y
diseños de un proyecto que buscaba mejorar las condiciones hidráulicas de la
quebrada La Honda en el sector que comprende las calles 70 y 71ª, carrera 45 a la
49, de dicho estudio se concluyó que era necesario para la construcción intervenir
estos inmuebles, lo cual implicaba el inicio de los trámites para su adquisición a
través de la correspondiente gestión predial a través de la Secretaría de Suministros
y Servicios.[…]”.
[…]
“[…] CUARTO: Los inmuebles que fueron mencionados con anterioridad, y sobre los
cuales se ejerce esta defensa, se encuentran ubicados aproximadamente en la zona
que cubre el círculo rojo. Como puede leerse de las convenciones del mapa, las
manzanas 10, 14 y 15 serían adquiridas en su totalidad por parte del Distrito, en igual
sentido, y puntualmente frente a los predios que represento, se dirigió una petición para
tener claridad frente a la adquisición de los mismos, la cual fue contestada el día 10 de
3 Transcripción literal del texto.
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Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
febrero de 2020 por parte del Subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente, quien
expresamente manifestó que los inmuebles iban a ser adquiridos […]”.
QUINTO: Desde octubre de 2019, cuando recibimos la visita de la trabajadora social
del Distrito, se generó una expectativa frente a la compra de estos inmuebles. Sin
embargo, esta situación se ha dilatado en el tiempo, como lo demuestran los distintos
incidentes de desacato que se han interpuesto ante el Despacho debido al retraso del
Distrito en cumplir con los cronogramas de adquisición y de inicio de obras. Esta
demora ha dejado a la comunidad en un estado de incertidumbre, con dudas,
impaciencia y zozobra, especialmente ante la posibilidad de accidentes que podrían
causar una catástrofe en el sector, considerando las lluvias y las consecuentes
inundaciones.
SEXTO: El 19 de septiembre de 2023, fuimos convocados a una socialización por parte
del Distrito, donde, sin nuestra participación efectiva, se explicó que supuestamente ya
no era necesario adquirir todos los predios, sino solo algunos, dejando fuera los
inmuebles de mi propiedad y de la sociedad que represento.
SEPTIMO: En la imagen adjunta se puede observar que el Distrito redujo abruptamente
el número de viviendas que planeaba adquirir. Esta situación genera dudas y temor en
los propietarios que tenían la expectativa de ser adquiridos, especialmente porque en
varias ocasiones se nos informó que esta decisión se debía a la falta de presupuesto.
Sin embargo, estas decisiones no pueden basarse únicamente en criterios
presupuestales; deben fundamentarse en razones técnicas y estudios sobre el terreno.
No parece lógico que, en un primer informe técnico, los profesionales hayan concluido
que debían adquirirse todas las propiedades de la manzana, y luego, debido a la falta
de presupuesto, se presenten nuevos informes técnicos que cambian estas
conclusiones […]”.
[…]
“[…] DÉCIMO CUARTO: Luego el 6 de diciembre de 2023, y el 19 de marzo de 2024,
viendo que el despacho seguía ignorando mis solicitudes, manifesté que quien
representaba a la comunidad en el comité de verificación el señor Gabriel Jaime, ya no
se encontraba interesado en la acción popular, y por tanto no atendía a los llamados
para asistir, situación que estaba más que demostrada en el expediente puesto que
desde años atrás este no comparecía a las reuniones, dejando a la comunidad sin voz
ni voto en las decisiones que se adoptaban […]”.
[…]
“[…] DÉCIMO OCTAVO: Cómo puede observarse entonces, son 3 los derechos
fundamentales aquí vulnerados, por un lado el derecho a la vida y a la vivienda digna
que se ve en riesgo por haberse dejado por fuera en la nueva propuesta a los inmuebles
01N-77300, 01N5090021 y 01N-152286, y por otro lado el derecho al debido proceso,
al negarse el Juzgado Administrativo a que asuma como parte del comité de
verificación de la sentencia de acción popular para defender los intereses de quienes
nos encontramos en la zona afectada, que no hemos tenido una debida representación
pues los actores populares ya no guardan el mismo interés por haber transcurrido
tantos años. E igualmente la vulneración al debido proceso al no dar trámite al recurso
de reposición interpuesto de manera oportuna. […]”.
Actuación
12. El Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
auto de 2 de septiembre de 2024, inadmitió la acción de tutela y, en consecuencia,
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Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
requirió al actor para que aportara el respectivo certificado de existencia y
representación legal de Productos Alimenticios La Abundancia S.A.S., en el cual
constara su designación como representante legal.
13. El Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante
auto de 3 de septiembre de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a
las autoridades accionadas; iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, a las Empresas Públicas de Medellín, a Elcy
Arboleda de Villegas, a Gabriel Jaime Escobar Castañeda, a Gino Anderson
Ocampo Giraldo, a María Emilse Suárez Bedoya, a María Socorro Martínez Álzate,
a Nora Llency Suarez Bedoya, a la Personería Distrital de Medellín y al Sistema
Municipal para la Prevención y Atención de Desastres – SIMPAD (actualmente
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de
Medellín), concediéndoles el término de dos (2) días para rendir informe; y v)
resolvió “[…] INFORMAR a la comunidad la existencia de la acción de tutela a los
moradores que se consideren afectados dentro del proceso de acción popular con
radicado 05001-33-31-026-2008-00340-00 […]”.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
14. El Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín rindió
informe en los siguientes términos:
“[…] Aunque la presente acción de tutela no cumple los requisitos generales y
específicos para ser analizada de fondo, este despacho judicial observa que el señor
Diego Andrés Yepes Vargas cuestiona la forma como el Distrito Especial de Medellín
ha venido ejecutando la orden impartida en el numeral quinto de la sentencia expedida
por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia. Sin embargo, la función del juez en
la verificación del cumplimiento de la sentencia no consiste en convertirse en ejecutor,
sino en verificador del cumplimiento de la orden judicial.
Así, como la orden dada al Distrito de Medellín en el numeral quinto de la sentencia
precitada consistió en que procediera a «diseñar y a construir dentro de los seis (6)
meses siguientes, las obras necesarias para mitigar la alta amenaza de inundaciones
en el referido sector, obras para cuya ejecución deberá contar con la viabilidad técnica
y ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental»,
este juzgado no puede proceder a ordenar la realización de una obra en particular y,
menos aún, ordenar la compra de unas viviendas específicas, tal y como lo pretende
el accionante.
Por otra parte, respecto al comité de verificación de la acción popular, el artículo 34
de la Ley 472 de 1998 preceptúa que el comité de verificación del cumplimiento de la
sentencia «participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de
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velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo».
Teniendo en cuenta lo anterior, en la sentencia de primera instancia, confirmada en
la sentencia de segunda instancia, se determinó lo siguiente: «INTÉGRASE el Comité
para la Verificación del Cumplimiento de la presente sentencia con un representante
de los actores populares, un representante de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.,
un representante del Municipio de Medellín, un representante del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, un representante de la Personería Municipal de Medellín y un
representante del SIMPAD».
Por lo tanto, como ya se dijo, mediante auto del 6 de mayo de 2024, como el señor
Diego Andrés Yepes Vargas no es actor popular, sino integrante de la comunidad, se
le informó que no puede hacer parte del comité de verificación.
Además, se ordenó comunicar a los demás actores populares y a los demás
integrantes del comité de verificación de la sentencia judicial la decisión adoptada el
9 de febrero de 2017, decisión en la que se designó al señor Gabriel Jaime Escobar
Castañeda como representante de los actores populares; en subsidio, se determinó
que esa representación podría ser asumida por cualquiera de los actores populares.
Así, el señor Diego Andrés Yepes Vargas puede ponerse en contacto con cualquiera
de los actores populares para que ellos puedan ejercer como voceros de sus
propuestas en el comité de verificación.
Sin embargo, de tener una percepción jurídica diferente a la expuesta, estaré presto
a cumplir lo que se disponga, en el entendido que las decisiones de todas las
autoridades públicas, incluidas las de las autoridades judiciales, por supuesto deben
someterse al ordenamiento jurídico, marco dentro del cual los derechos
fundamentales tienen un carácter primordial. […]”.
15. El Área Metropolitana del Valle se Aburrá solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, al considerar que:
“[…] Así las cosas, en principio no se observa violación a derecho fundamental
alguno, ya que, como es sabido, los despachos judiciales no están en la obligación
de estar de acuerdo con lo solicitado por una parte procesal o un tercero o resolver a
favor cualquier solicitud que se les presente, su obligación es resolver en derecho lo
que corresponda.
Por otro lado, respecto a que se haya modificado el alcance del proyecto presentado
originalmente por el Distrito de Medellín para dar cumplimiento al fallo, per se no
implica la violación a un derecho fundamental, además el proyecto presentado por el
Distrito no era la orden judicial sino una propuesta de cumplimiento a lo ordenado por
la Judicatura, lo que no impide que se desarrollen otras propuestas o se modifique la
misma para alcanzar el cumplimiento de la orden judicial impartida.
Sumado a todo lo anterior, el proyecto dirigido al cumplimiento de la Acción Popular
Rdo. 05001333102620080034000, muy a pesar de las inconformidades que
manifiesta el accionante, es complejo, no sólo por los retos técnico-jurídicos que ha
implicado el desarrollo u obedecimiento de las órdenes impartidas en el mencionado
fallo, en especial en lo que respecta a la orden número 5, sino también por los
cuantiosos recursos que demanda para el Distrito su acatamiento.
Finalmente, de conformidad con la Ley 472 de 1998, quien finalmente dirige el
cumplimiento de la orden judicial es la misma Judicatura, estando por fuera de las
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competencias y funciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá la decisión de
quién o quiénes participan como miembros en el comité de verificación de cualquier
acción popular […]”.
16. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín rindió
informe en los siguientes términos:
“[…] la delimitación del tramo de intervención, incluyendo la aclaración de la
intersección entre el proyecto, con el plan parcial San Pedro, ha sido socializada por
la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito ante la comunidad, en las reuniones y
respuestas a solicitudes respecto a dicho tema, realizadas desde 2020 a la fecha.
Así las cosas, se evidencia que, es cierto que debido a lo ya planteado, el Distrito ha
debido delimitar el proyecto de intervención al tramo de quebrada con mayor
necesidad de atención para mitigar los riesgos de inundación, y dichas situaciones
han sido aclaradas y socializadas a la comunidad. […]”.
[…]
“[…] Como ya se informó, para dar cumplimiento a lo anterior, el Distrito de Medellín
por medio de la Secretaría de Medio Ambiente oficializó el alcance definitivo de
novedad a la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito mediante la
comunicación 202320148053 del 4 de octubre de 2023, no obstante dicha
dependencia informó verbalmente que los expedientes de adquisición de bienes
inmuebles de la Etapa 2 y Etapa 3 se cierran al no dar continuidad al proceso, no
aplica generar acto administrativo que cierre el proceso ya que a esa fecha aún no se
había generado acto administrativo que lo haya iniciado. Respecto a la solicitud ante
el Departamento Administrativo de Planeación – DAP de la actualización de la
Resolución de existencia de condiciones de Utilidad Pública de dichos bienes
inmuebles, se informará a dicha dependencia que los inmuebles Etapa 2 y Etapa 3,
ya no presentan dichas condiciones.
De igual manera como se ha socializado a la comunidad (ver actas), el proceso de
adquisición, implica múltiples etapas a desarrollarse en diferentes dependencias del
Distrito, con minuciosas actividades que no permiten realizarse en paralelo ya que
cada etapa genera el insumo a la siguiente, requiriendo que en el momento que la
Secretaría de Suministros y Servicios, solicite a la Secretaría de Medio Ambiente los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), se cuente con la misma y se
genere el documento respectivo, para que el proceso pueda continuar a las siguientes
etapas. […]”.
[…]
“[…] En el caso del proyecto La Honda, con el ánimo de lograr la articulación entre los
insumos previos, las solicitudes de CDP y la disponibilidad presupuestal como tal,
mediante oficio con radicado 202120118999 del 27 de diciembre de 2021 (ver anexo),
la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito a partir de una pequeña muestra de
avalúos (a esa fecha) calculó valores proyectados y solicitó los recursos a la
Secretaría de Hacienda, con el objeto de contar con disponibilidades presupuestales
por etapas en la vigencia 2022, de acuerdo al cronograma del proyecto, entregado al
Despacho Judicial. […]”.
[…]
“[…] Con base en lo anterior, aunque se evidencia que el cronograma radicado ante
el Juzgado no se ha logrado cumplir a cabalidad, el plazo final del mismo se ha
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respetado y no es cierto que, el Distrito no quiera cumplir la intervención exigida por
el juzgado o con lo establecido en el estudio. Se reitera que las áreas de adquisición
requeridas para el proyecto están claras desde el concepto técnico “AJUSTE A EJE
HIDRAÚLICO Y POLIGONOS (sic) DE ADQUISICIÓN PREDIAL REQUERIDOS
INTERVENCIÓN HIDRÁULICA EN LA QUEBRADA LA HONDA ENTRE CR 47A Y
CR 49 ACCIÓN POPULAR 2008 00340” elaborado por el Ing. Mg. Juan Camilo
Martínez Gallo, versión final de fecha 01 de septiembre de 2023, enmarcado en el
contrato 4600096811 de 2023 de la Secretaría de Medio Ambiente. […]”.
17. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó negar la acción de tutela y su
desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva, al considerar
que:
“[…] Acorde con los lineamientos trazados frente a la procedencia de la tutela se
advierte, que frente a esta presentada, no existe para el caso que nos ocupa,
inminencia, urgencia o gravedad de ser vulnerado o haberse encontrado en ese
estado, pues si bien, el servicio de energía podría entenderse un derecho del
accionante y las personas que con ella habitan, si se encontrara ante un perjuicio
irremediable, tal que urgiera la instalación inmediata del mismo, este hubiese sido
solicitado con antelación.
Ahora bien, ni de las pruebas obrantes en el expediente, ni de la afirmación de el
tutelante, se puede establecer la existencia de un perjuicio irremediable, que haga
viable la tutela como mecanismo transitorio, máxime si no la instauró en tal sentido y
como quedó dicho, esta entidad ha actuado acatando las estipulaciones legales sobre
la materia.
Tal violación, para convertirse en un perjuicio irremediable debe reunir los requisitos
de actualidad e inminencia, capaz de objetivar una verdadera conculcación de uno de
los derechos protegidos por la Carta Política en el esquema de derechos
fundamentales; dicha violación, además, debe ser cierta, no hipotética y que una vez
producida no sea posible retrotraer las circunstancias al estado anterior a la
vulneración del derecho […]”.
[…]
“[…] No es propio de la acción de tutela el sentido de ser medio o procedimiento
llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento
sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los
jueces, ni el de ser instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico
de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro
que el de brindar a la persona protección efectiva y actual en orden a la garantía de
sus derechos constitucionales fundamentales. […]”.
[…]
“[…] Bajo las anteriores premisas, y de probarse los hechos de la acción de tutela
relacionados con la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, se debe
considerar que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., no es la entidad
competente para realizar el análisis que el accionante solicita, toda vez que la petición
no iba dirigida a mi representada, tampoco se presentó en el buzón que EPM a
dispuesto para la recepción de peticiones, quejas y reclamos o incluso notificaciones
judiciales, cómo tampoco, la petición iba dirigida a EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN E.S.P. […]”.
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Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
18. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres del
Distrito de Medellín solicitó negar la acción de tutela y su desvinculación, al
considerar que:
“[…] Con lo anterior, en conclusión, podemos decir que el DAGRD no ostenta
competencias para ordenar o modificar la adquisición de predios ni para intervenir en
la composición del comité de verificación de una sentencia de acción popular. Estas
decisiones son de exclusiva competencia de las entidades distritales encargadas de
la gestión predial y del juez que preside el proceso de acción popular. Por lo tanto, el
DAGRD se limita a realizar labores de gestión del riesgo dentro de su ámbito de
actuación, coordinando esfuerzos para la mitigación de desastres y la respuesta ante
emergencias, pero sin intervenir en las decisiones administrativas y judiciales
relacionadas con la adquisición de inmuebles o la composición de comités de
verificación. Cualquier solicitud relacionada con estas pretensiones debe ser dirigida
a las entidades y autoridades competentes, toda vez que el DAGRD tiene como
misión principal la implementación de la política pública de gestión del riesgo de
desastres, conforme a lo estipulado en la Ley 1523 de 2012. Esta ley establece en su
artículo 1º los principios generales de la gestión del riesgo, definiendo claramente los
roles de las entidades territoriales. […]”.
[…]
“[…] Por lo expuesto, el DARGD en el marco de sus competencias ha obrado con
diligencia e inmediatez por lo que no es responsable de vulneración o amenaza a los
derechos fundamentales invocados por el accionante,
[…]
“[…] Por lo tanto, sin dubitación alguna, al no existir acción u omisión por parte de
esta dependencia de la que pudiera derivarse la supuesta afectación a los derechos
fundamentales del accionante, le solicitamos de la manera más respetuosa, declare
improcedente la presente acción Constitucional y en consecuencia también
desvincule de la misma al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de
Desastres de la Alcaldía de Medellín. […]”.
[…]
“[…] Dentro del análisis que nos ocupa, resulta igualmente menester expresarnos
sobre la existencia de otros medios de defensa judicial para lo requerido por el actor,
en este sentido dentro del trámite de la acción Constitucional no se ha identificado la
presencia de un perjuicio irremediable dentro del marco de dicho trámite, que
desnaturalice la continuidad de otros trámites a nivel administrativo ante la entidad
correspondiente y competente. El artículo 86 de la Constitución Política establece que
la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”. En consecuencia, la procedibilidad de la tutela está
supeditada a que el actor no cuente con otro medio de defensa judicial o que éste no
sea idóneo o eficaz para la defensa de los derechos cuyo amparo se pretende.
También resulta procedente el amparo cuando se busca evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela se concedería de manera transitoria,
mientras se resuelve el respectivo asunto por la vía judicial ordinaria. […]”.
19. La Personería Distrital de Medellín solicitó declarar improcedente la acción de tutela
y su desvincularse, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. Para
tal efecto manifestó lo siguiente:
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Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
“[…] Así entonces, como se puede observar, la PERSONERÍA DISTRITAL DE
MEDELLÍN no ha vulnerado ni trasgredido los derechos fundamentales que el
accionante pretende que sean protegidos y amparados por el Juez Constitucional.
Por el contrario, hemos atendido en debida forma y dentro del marco de nuestras
competencias, las solicitudes que han sido elevadas desde el Distrito ante esta
Agencia del Ministerio Público para asistir en calidad de invitados a los comités de
verificación. Así entonces y en cumplimiento del mandato constitucional y legal de
defender, garantizar y promover los derechos fundamentales de todos los ciudadanos
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, esta Agencia
del Ministerio Público manifiesta que estaremos atentos a las intervenciones que sean
necesarias desde el ámbito de nuestras competencias, brindando al accionante la
asesoría, el apoyo y el acompañamiento que requiera en su situación particular. Esto,
en el entendido de que las competencias de las Personerías Municipales y Distritales
de Colombia se sujetan a lo establecido en el artículo 118 de la Constitución Política
de Colombia […]”.
[…]
“[…] La Personería Distrital de Medellín no tiene competencia para atender lo
solicitado por el actor, por lo cual, es otra la entidad competente para resolver de
fondo, de manera clara y concreta las pretensiones solicitadas en esta acción
constitucional […]”.
20. Elcy Arboleda de Villegas, Gabriel Jaime Escobar Castañeda, Gino Anderson
Ocampo Giraldo, María Emilse Suárez Bedoya, María Socorro Martínez Álzate y
Nora Llency Suarez Bedoya guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
21. La Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante sentencia de 11 de septiembre del 2024, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por Magistrado
(sic) Dr. DANIEL MONTERO BETANCUR, para actuar dentro del proceso de la
referencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Diego Andrés Yepes Vargas, por las razones expuestas en la presente
providencia.
TERCERO: INSTAR al Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín en
colaboración con las demás entidades integrantes del Comité, para que en el próximo
Comité de Verificación se garantice y/o se procure la comparecencia de una
representación de los actores populares, mediante la utilización de medios físicos y
tecnológicos con que se cuente para tal fin. […]”.
21.1 Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Respecto a la legitimación en la causa por pasiva, se cumple con el Juzgado
Veintiséis Administrativo Oral de Medellín y El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Medellín, contra quienes se dirigió el amparo, dado que primero, es
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Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
el Despacho que tramita la acción popular con radicado 050013331026200800340,
estando legitimada para actuar dentro de la presente controversia por estar
directamente en sus competencias y en segundo lugar, el Distrito de Medellín por ser
la entidad encargada del cumplimiento específicamente del punto 5 de la sentencia y
que el actor resalta vulnera sus derechos fundamentales.
De acuerdo a los articulo (sic) 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991, se puede concluir
que ante la posible vulneración a un derecho fundamental es requisito esencial valorar
o no la participación de las autoridades accionadas, y acudir al papel activo del Juez
respecto a integrar el contradictorio, en este caso, con EPM y Área Metropolitana del
Valle de Aburra (sic), con el fin de resolver la controversia con todas las partes
involucradas, en el momento de la acción popular, como miembros del Comité de
Verificación, al igual, que llamar aquellos terceros que pudieren tener interés en la
decisión o que pudiere afectarla, conforme a los hechos.
Por su parte, se ha indicado que el papel de los terceros vinculados que acuden al
trámite de tutela por cuenta propia o por llamado del Juez, su intervención está sujeta
únicamente a apoyar las pretensiones del accionante o accionado, tal es el caso de
los señores Elcy Arboleda De Villegas – Gabriel Jaime Escobar Castañeda – Gino
Anderson Ocampo Giraldo – María Emilse Suarez Bedoya – María Socorro Martínez
Álzate – Nora Llency Suarez Bedoya accionantes dentro de la acción popular incoada
en el año 2008 y, Personería Distrital De Medellín - Sistema Municipal Para La
Prevención Y Atención De Desastres (SIMPAD) HOY, Departamento Administrativo
De Gestión Del Riesgo De Desastres (DAGRD) […]”.
[…]
“[…] *De conformidad con el precedente jurisprudencial citado, no cabría duda que el
objetivo principal de la acción de tutela es brindar la protección efectiva a los derechos
fundamentales que están siendo vulnerados, es por ello que, de acuerdo a lo
expuesto, no se presenta vulneración al debido proceso, en tanto, el Despacho acogió
la tesis de unificación del Consejo de Estado y el recurso de reposición fue presentado
efectivamente de manera extemporánea.
*Acarrea entonces, que no es posible ante la inactividad del actor pretender que se
reactiven los términos y que la acción de tutela sea vista como una instancia adicional
que permita revivir términos procesales vencidos o subsanar omisiones o peor aún se
resuelva por este mecanismo requerimientos que son del resorte único y exclusivo
del Juez Natural, extendiendo su actuación a resolver una situación litigiosa
modificando sus providencias o mucho menos reemplazar al Juez Ordinario, en el
sentido que sus pretensiones dentro del proceso ordinario no fueron acogidas, con el
agravante que dejó pasar los mecanismos de ley para debatir las decisiones de la
Judicatura.
*Otro punto que incumple el requisito de la subsidiariedad, se trata que el proceso de
acción popular para cumplir la orden judicial se encuentra vigente, y conforme al
cronograma presentado por el Distrito de Medellín y aprobado, tienen obras que
finalizan el próximo 31 de diciembre de 2024, haciendo improcedente la acción de
tutela, sin que se haya demostrado dentro del plenario que los cambios en los
cronogramas o que haber dejado por fuera los bienes con matrícula inmobiliarias 01N-
77300, 01N-5090021 y 01N-152286 de propiedad del actor, pudieren generar un
perjuicio irremediable, un daño inminente que deba tomarse medidas apremiantes,
que daría lugar posiblemente a la prosperidad de la tutela como mecanismo
transitorio, pero nada de ello fue probado. […]”.
[…]
“[…] En el auto del 09 de febrero de 2017, respecto al Comité de Verificación dispuso
que estaría conformado por un representante de los actores, un representante de
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EPM, uno del Distrito de Medellín, uno del Área Metropolitana, uno de la Personería
Distrital y un representante del SIMPAD, con el requerimiento al señor Gabriel Jaime
Escobar, para que tomara posesión en representación de los actores populares, o en
su defecto podrá hacerlo cual otro demandante dentro de la acción popular.
*Por lo anteriormente acontecido, se instará al Juzgado 26 Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, a través de los medios físicos y tecnológicos ofrecidos, se cite
en el comité de verificación al actor Gabriel Jaime Escobar o en su defecto se procure
la asistencia de cualquier demandante dentro de la accion (sic) popular 026-2008-
00340, con el propósito que la comunidad objeto de dicho fallo, se encuentren (sic)
representada dentro de la Junta.
*Por último, es viable orientar al actor respecto a lo manifestado por la alta Corteen
(sic) relación a las instancias del Comité de Verificación, en el sentido que los
cronogramas o propuestas presentadas por la entidad encargada, es viable realizar
reprogramaciones, como el caso en concreto, que trata de asuntos técnicos,
presupuestales y jurídicos conforme a estudios de expertos que realicen por los
diferentes factores: […]”.
[…]
“[…] De manera que, aún está en trámite la verificación del cumplimiento a orden
judicial dentro de la acción popular, sin que se haga necesario en este momento la
intervención del juez constitucional, pues el cronograma que esta para finalizar el 31
de diciembre de 2024, podría estar sujeto a ajustes y los actores tienen el mecanismo
en cualquier momento del incidente de desacato en caso de algún incumplimiento,
como quedó dicho, de manera que la tutela en este momento procesal resulta
improcedente.
Por otro lado, se instará al Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín en
colaboración con las demás entidades integrantes del Comité, para que en el próximo
Comité de Verificación se garantice y/o se procure la comparecencia de una
representación de los actores populares, mediante la utilización de medios físicos y
tecnológicos con que se cuente para tal fin. […]”.
La impugnación
22. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia. En ese orden de ideas expresó lo siguiente4:
“[…] Me encuentro en desacuerdo con los argumentos dados por el despacho en su
sentencia, puesto que, aunque la acción popular está vigente, su objeto principal es
la protección de derechos colectivos, como los relacionados con el medio ambiente
o el espacio público. Con la acción de tutela, en cambio, se busca que sean
protegidos mis derechos fundamentales a la vida y vivienda en condiciones dignas
que están siendo vulnerados en este caso, por ellos, la tutela debe proceder como
mecanismo preferente y expedito, independientemente de la existencia de la acción
popular. […]”
[…]
“[…] Contrario a lo considerado por el tribunal, los cambios en los cronogramas y la
exclusión de los bienes inmuebles que represento pueden tener consecuencias
4 Transcripción literal del texto.
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desastrosas y causar un daño irreparable. Uno de los riesgos más graves está
relacionado con la posibilidad de un desastre natural derivado del estado actual del
cauce de la quebrada, que se encuentra directamente afectado por la falta de
intervención en los predios excluidos. Las condiciones de vulnerabilidad que
presentan estas zonas, exacerbadas por la inminente temporada de lluvias, podrían
desencadenar inundaciones, desbordamientos o deslizamientos que no solo
afectarían las viviendas, sino que podrían poner en peligro la vida y la integridad
física de los habitantes.
El hecho de no adquirir los predios necesarios para realizar las obras de mitigación
implica una omisión grave, ya que estos terrenos son claves para la correcta
canalización del cauce y la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para
evitar el colapso. La exclusión de estos bienes de los planes de intervención
aumenta significativamente el riesgo de que la quebrada se desborde, provocando
un desastre que podría arrasar con las viviendas que represento.
Ante este escenario, se configura claramente un perjuicio irremediable, entendido
como un daño que es inminente, grave y que no puede ser reparado mediante otros
medios judiciales. Como afectado, no puedo dar espera a que el proceso de la
acción popular concluya, ya que las consecuencias de un desastre natural de esta
magnitud serían devastadoras y, en muchos casos, irreversibles. La intervención del
juez de tutela es crucial para evitar que se materialice un daño irreparable, tomando
medidas inmediatas que obliguen a las autoridades a adquirir los predios excluidos
y proceder con las obras necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad.
[…]”
[…]
“[…] Por otra parte, es crucial insistir en que la comunidad de Campo Valdés
actualmente se encuentra en un estado de indefensión, dado que no cuenta con un
representante idóneo y comprometido que participe de manera activa en los comités
de verificación. A lo largo del proceso, los actores populares que inicialmente
interpusieron la acción ya no muestran interés en el asunto, lo que ha quedado
demostrado por su ausencia prolongada en las instancias de control y seguimiento
que se han venido desarrollando. Este abandono por parte de los actores originales
ha generado un vacío de representación, afectando directamente a la comunidad,
que depende de estas instancias para que se garantice el cumplimiento de las
órdenes judiciales y la ejecución de las obras necesarias para mitigar los riesgos.
Si bien el despacho ha emitido una orden en buena hora para instar al juez de
conocimiento a que se garantice la comparecencia de una representación de los
actores populares en los comités de verificación, lo cierto es que esta disposición se
torna inocua frente a la realidad: los actores originales ya han mostrado una actitud
de dejadez a lo largo de los años, perdiendo cualquier interés en continuar con la
defensa de los derechos colectivos que inicialmente impulsaron. Esta situación, lejos
de ser un tema menor, genera graves consecuencias para la comunidad de Campo
Valdés, pues la falta de una representación activa y responsable en los comités de
verificación compromete el cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas para su
protección. […]”.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
23. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
24. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de la subsidiariedad.
26. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; v) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la vivienda digna; vi) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la vida;
procediendo posteriormente a vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el
fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
27. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
28. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
29. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
30. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.
31. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
32. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
33. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de subsidiariedad.
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Acerca del requisito general de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales
34. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 13, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
35. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir
la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un
perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos
mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos
fundamentales.
36. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional14:
“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200915 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.
13 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
14 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el
mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la
jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio
de defensa judicial.
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En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.
Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo
que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.
Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o
están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”
7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii)
la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.
37. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
38. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional16 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
40. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
41. Atendiendo a que, la Corte Constitucional17 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
16 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vivienda digna
42. El artículo 51 de la Constitución establece, que: “Todos los colombianos tienen
derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda”. (Subraya fuera de texto original)
43. Lo anterior significa que el Estado, mediante diferentes políticas de desarrollo
social debe establecer los requisitos y condiciones especiales dirigidas a posibilitar
la adquisición de vivienda, de modo que mediante actos positivos se concrete el
derecho a gozar de un hogar digno con la garantía de acceso de los postulantes en
condiciones de igualdad18.
44. Sobre el objeto y condiciones de la política de vivienda, ha señalado el máximo
tribunal de lo constitucional, que:
“[...] “El derecho a la vivienda digna es un derecho de carácter asistencial que requiere
un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la administración
o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su
aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan
beneficiarse de los programas y subsidios. Así, las autoridades deben facilitar la
adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores y medios de la
sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio; para tal efecto los
particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
Así entonces, este derecho de contenido social no le otorga a la persona un derecho
subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del Estado su plena satisfacción,
pues se requiere del cumplimiento de condiciones jurídico - materiales que lo hagan
posible. De manera que una vez dadas dichas condiciones, el derecho toma fuerza
vinculante y sobre el mismo se extenderá la protección constitucional, a través de las
acciones establecidas para tal fin”19 [...]”.
18 Sentencia T-831 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería
19 Sentencia T - 495 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
23
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Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida
45. Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de
Colombia de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.
46. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional20, se ha
sostenido que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia
digna, que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la
extinción de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que
incomoden su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.
Análisis del caso concreto
47. El actor, actuando en nombre propio y como Representante Legal de
Productos Alimenticios La Abundancia S.A.S., presentó acción de tutela contra el
Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, porque, a su juicio: i) el Juzgado,
al proferir auto de 6 de mayo de 2024, en el proceso de la acción popular identificado
con el número único de radicación 050013331026200800340-00; y ii) el Distrito, con
ocasión a que “[…] no ha logrado cabalmente cumplir con las ordenes (sic) de las
sentencia de acción popular […]”: vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra..
48. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
49. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
20 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
24
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Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
50. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
50.1. Copia digital del expediente del proceso de la acción popular identificado con
el número único de radicación 050013331026200800340-00.
Solución del caso concreto
51. Como fundamento de su solicitud de tutela, el actor manifestó21:
“[…] TERCERO: A pesar del transcurrir del tiempo, el Distrito de Medellín no ha
logrado cabalmente cumplir con las ordenes de las sentencia de acción popular, sin
embargo, se han venido adelantando acciones tendientes a ello, para lo cual la
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito de Medellín elaboró unos estudios y
diseños de un proyecto que buscaba mejorar las condiciones hidráulicas de la
quebrada La Honda en el sector que comprende las calles 70 y 71ª, carrera 45 a la
49, de dicho estudio se concluyó que era necesario para la construcción intervenir
estos inmuebles, lo cual implicaba el inicio de los trámites para su adquisición a
través de la correspondiente gestión predial a través de la Secretaría de Suministros
y Servicios.[…]”.
[…]
“[…] CUARTO: Los inmuebles que fueron mencionados con anterioridad, y sobre los
cuales se ejerce esta defensa, se encuentran ubicados aproximadamente en la zona
que cubre el círculo rojo. Como puede leerse de las convenciones del mapa, las
manzanas 10, 14 y 15 serían adquiridas en su totalidad por parte del Distrito, en igual
sentido, y puntualmente frente a los predios que represento, se dirigió una petición para
tener claridad frente a la adquisición de los mismos, la cual fue contestada el día 10 de
febrero de 2020 por parte del Subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente, quien
expresamente manifestó que los inmuebles iban a ser adquiridos […]”.
QUINTO: Desde octubre de 2019, cuando recibimos la visita de la trabajadora social
del Distrito, se generó una expectativa frente a la compra de estos inmuebles. Sin
embargo, esta situación se ha dilatado en el tiempo, como lo demuestran los distintos
incidentes de desacato que se han interpuesto ante el Despacho debido al retraso del
Distrito en cumplir con los cronogramas de adquisición y de inicio de obras. Esta
demora ha dejado a la comunidad en un estado de incertidumbre, con dudas,
impaciencia y zozobra, especialmente ante la posibilidad de accidentes que podrían
causar una catástrofe en el sector, considerando las lluvias y las consecuentes
inundaciones.
21 Transcripción literal del texto.
25
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SEXTO: El 19 de septiembre de 2023, fuimos convocados a una socialización por parte
del Distrito, donde, sin nuestra participación efectiva, se explicó que supuestamente ya
no era necesario adquirir todos los predios, sino solo algunos, dejando fuera los
inmuebles de mi propiedad y de la sociedad que represento.
SEPTIMO: En la imagen adjunta se puede observar que el Distrito redujo abruptamente
el número de viviendas que planeaba adquirir. Esta situación genera dudas y temor en
los propietarios que tenían la expectativa de ser adquiridos, especialmente porque en
varias ocasiones se nos informó que esta decisión se debía a la falta de presupuesto.
Sin embargo, estas decisiones no pueden basarse únicamente en criterios
presupuestales; deben fundamentarse en razones técnicas y estudios sobre el terreno.
No parece lógico que, en un primer informe técnico, los profesionales hayan concluido
que debían adquirirse todas las propiedades de la manzana, y luego, debido a la falta
de presupuesto, se presenten nuevos informes técnicos que cambian estas
conclusiones […]”.
[…]
“[…] DÉCIMO CUARTO: Luego el 6 de diciembre de 2023, y el 19 de marzo de 2024,
viendo que el despacho seguía ignorando mis solicitudes, manifesté que quien
representaba a la comunidad en el comité de verificación el señor Gabriel Jaime, ya no
se encontraba interesado en la acción popular, y por tanto no atendía a los llamados
para asistir, situación que estaba más que demostrada en el expediente puesto que
desde años atrás este no comparecía a las reuniones, dejando a la comunidad sin voz
ni voto en las decisiones que se adoptaban […]”.
[…]
“[…] DÉCIMO OCTAVO: Cómo puede observarse entonces, son 3 los derechos
fundamentales aquí vulnerados, por un lado el derecho a la vida y a la vivienda digna
que se ve en riesgo por haberse dejado por fuera en la nueva propuesta a los inmuebles
01N-77300, 01N5090021 y 01N-152286, y por otro lado el derecho al debido proceso,
al negarse el Juzgado Administrativo a que asuma como parte del comité de
verificación de la sentencia de acción popular para defender los intereses de quienes
nos encontramos en la zona afectada, que no hemos tenido una debida representación
pues los actores populares ya no guardan el mismo interés por haber transcurrido
tantos años. E igualmente la vulneración al debido proceso al no dar trámite al recurso
de reposición interpuesto de manera oportuna. […]”.
52. Por otra parte, en su escrito de impugnación, el actor consideró que22:
“[…] Me encuentro en desacuerdo con los argumentos dados por el despacho en su
sentencia, puesto que, aunque la acción popular está vigente, su objeto principal es
la protección de derechos colectivos, como los relacionados con el medio ambiente
o el espacio público. Con la acción de tutela, en cambio, se busca que sean
protegidos mis derechos fundamentales a la vida y vivienda en condiciones dignas
que están siendo vulnerados en este caso, por ellos, la tutela debe proceder como
mecanismo preferente y expedito, independientemente de la existencia de la acción
popular. […]”
[…]
“[…] Contrario a lo considerado por el tribunal, los cambios en los
cronogramas y la exclusión de los bienes inmuebles que represento pueden
tener consecuencias desastrosas y causar un daño irreparable. Uno de los
22 Transcripción literal del texto.
26
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riesgos más graves está relacionado con la posibilidad de un desastre natural
derivado del estado actual del cauce de la quebrada, que se encuentra directamente
afectado por la falta de intervención en los predios excluidos. Las condiciones de
vulnerabilidad que presentan estas zonas, exacerbadas por la inminente temporada
de lluvias, podrían desencadenar inundaciones, desbordamientos o deslizamientos
que no solo afectarían las viviendas, sino que podrían poner en peligro la vida y la
integridad física de los habitantes.
El hecho de no adquirir los predios necesarios para realizar las obras de
mitigación implica una omisión grave, ya que estos terrenos son claves para la
correcta canalización del cauce y la ejecución de las obras de infraestructura
necesarias para evitar el colapso. La exclusión de estos bienes de los planes de
intervención aumenta significativamente el riesgo de que la quebrada se desborde,
provocando un desastre que podría arrasar con las viviendas que represento.
Ante este escenario, se configura claramente un perjuicio irremediable, entendido
como un daño que es inminente, grave y que no puede ser reparado mediante otros
medios judiciales. Como afectado, no puedo dar espera a que el proceso de la
acción popular concluya, ya que las consecuencias de un desastre natural de esta
magnitud serían devastadoras y, en muchos casos, irreversibles. La intervención del
juez de tutela es crucial para evitar que se materialice un daño irreparable, tomando
medidas inmediatas que obliguen a las autoridades a adquirir los predios excluidos
y proceder con las obras necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad.
[…]”
[…]
“[…] Por otra parte, es crucial insistir en que la comunidad de Campo Valdés
actualmente se encuentra en un estado de indefensión, dado que no cuenta
con un representante idóneo y comprometido que participe de manera activa
en los comités de verificación. A lo largo del proceso, los actores populares que
inicialmente interpusieron la acción ya no muestran interés en el asunto, lo que ha
quedado demostrado por su ausencia prolongada en las instancias de control y
seguimiento que se han venido desarrollando. Este abandono por parte de los
actores originales ha generado un vacío de representación, afectando directamente
a la comunidad, que depende de estas instancias para que se garantice el
cumplimiento de las órdenes judiciales y la ejecución de las obras necesarias para
mitigar los riesgos.
Si bien el despacho ha emitido una orden en buena hora para instar al juez de
conocimiento a que se garantice la comparecencia de una representación de los
actores populares en los comités de verificación, lo cierto es que esta disposición se
torna inocua frente a la realidad: los actores originales ya han mostrado una actitud
de dejadez a lo largo de los años, perdiendo cualquier interés en continuar con la
defensa de los derechos colectivos que inicialmente impulsaron. Esta situación, lejos
de ser un tema menor, genera graves consecuencias para la comunidad de Campo
Valdés, pues la falta de una representación activa y responsable en los comités de
verificación compromete el cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas para su
protección. […]”.
53. Al respecto, la Sala precisa que circunscribirá su objeto de estudio a los
argumentos expuestos en la impugnación, a saber, i) la falta de cumplimiento de la
sentencia proferida dentro de la acción popular objeto de estudio y ii) la presunta
falta de representación por parte de los actores populares en el Comité de
Verificación y, en consecuencia, la postulación para tal efecto por parte del actor.
27
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54. La Sala considera que, la solicitud de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, en
la medida en que, de conformidad con el material probatorio obrante en el
expediente, se observa que el medio de control de la referencia se encuentra en
trámite, es decir, lo relacionado con la verificación del cumplimiento de la sentencia
no ha sido definido por el juez natural de la causa.
55. En efecto, la Sala advierte que la verificación del cumplimiento de la
sentencia proferida dentro de la respectiva acción popular se encuentra en trámite,
en la medida en que, como lo señaló la autoridad judicial accionada, “[…] El 9 de
febrero de 2024, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Especial de Medellín
informó que implementaría el concepto técnico denominado «ajuste a eje hidráulico
y polígonos de adquisición predial para intervención en la quebrada La Honda, entre
CR 47A y CR 49 acción popular 2008 00340»; también indicó que no era necesario
la modificación del cronograma aprobado, por lo que la terminación de las obras de
dicho tramo debían concluirse el día 31 de diciembre de 2024 […]”.
56. En ese sentido, la Sala considera que al encontrarse en trámite la verificación
del cumplimiento a la orden de la acción popular, no procede la intervención del juez
de tutela, puesto que, se insiste, el cronograma previsto para el cumplimiento está
vigente, puede estar sujeto a ajustes y para tal efecto está previsto el incidente de
desacato regulado en el artículo 41 de la Ley 472 de 5 de agosto de 199823, para
que sea el juez natural de la causa quien determine lo de su competencia.
57. Al respecto, la Sala advierte que según la información registrada en la Sede
Electrónica para a Gestión Judicial - SAMAI, el proceso de verificación mencionado
supra está en trámite, como se observa a continuación24:
23
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”
24 Cfr.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001333102620080034000050
0133
28
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58. En ese orden de ideas, como lo ha señalado esta Sección25 no se cumple el
requisito general de procedencia de subsidiariedad, en la medida que el proceso se
encuentra en trámite:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone
fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela como
una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el trámite
de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además,
no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso
del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela
judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su estudio en sede de
tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite. […]”.
59. Al respecto, esta Corporación26 ha considerado que:
“[…] Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201327, advirtió
que al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso
ha culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es
un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un
perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
27 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite28; (ii) no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios29; y (iii) se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”30”.31 […]”.
[…]
“[…] Y, solo en el evento que la parte actora considere que éstas irregularidades
procesales subsisten luego de ejecutoriada la sentencia o la providencia que ponga
fin al proceso, es posible acudir de manera subsidiaria a la acción de tutela, se
reitera, luego de agotados los mecanismos ordinarios y extraordinarios al alcance de
las partes en el desarrollo del proceso judicial […]”. (Resaltado del texto original)
60. En ese orden de ideas, en el caso sub examine no se cumple el requisito
general de procedencia de subsidiariedad, en la medida en que aún se encuentra
en trámite el cumplimiento de la sentencia proferida dentro de la respectiva acción
popular, por lo que se desconoce la incidencia que eventualmente podría llegar a
tener la presunta irregularidad que se advirtió en el escrito de tutela.
61. Por otra parte, la Sala advierte que, respecto a la inconformidad del actor
relacionada con no poder integrar el Comité de Verificación, la Sala advierte que
tampoco se cumple con el requisito general de procedencia de subsidiariedad,
comoquiera que la integración de dicho comité se determinó desde la sentencia
proferida en primera y segunda instancia dentro de la acción popular, sin que se
advierta que el actor haya hecho uso de los respectivos mecanismos de defensa
judicial frente a dicha integración.
62. Sin embargo, atendiendo a lo expuesto por el actor frente a la presunta
inasistencia de quien representa a los actores populares, la Sala confirmará lo
resuelto por el A quo, relacionado con “[…] INSTAR al Juzgado 26 Administrativo
Oral del Circuito de Medellín en colaboración con las demás entidades integrantes
del Comité, para que en el próximo Comité de Verificación se garantice y/o se
28 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
29 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
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Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
procure la comparecencia de una representación de los actores populares,
mediante la utilización de medios físicos y tecnológicos con que se cuente para tal
fin […]”.
Análisis del perjuicio irremediable
63. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
64. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional32:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”33[…]”.
65. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
66. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
32 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
Conclusiones de la Sala
67. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 11 de
septiembre de 2024 proferida por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 11 de septiembre de 2024
proferida por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Actor: Diego Andrés Yepes Vargas – Productos Alimenticios La Abundancia
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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