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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01089-01

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01089-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual amparó los derechos fundamentales de Erney Alejandro Tacha Rojas en nombre de su hijo EATV, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el 10 Radicado: 05001-23-33-000-2024-01089-01 Demandante: Erney Alejandro Tacha Rojas artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-01089-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

17 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 05001-23-33-000-2024-01089-01
Demandante: Erney Alejandro Tacha Rojas
Demandado: Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Medellín

Temas: Tutela contra providencia judicial / Rechazo de la demanda en el
medio de control protección de derechos e intereses colectivos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación formulada por el Juzgado Catorce Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín, en contra de la sentencia proferida el 16 de
septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión, mediante la cual se decidió la solicitud de tutela de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Erney Alejandro Tacha Rojas2 promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
providencia proferida el 14 de agosto de 2024 por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, en el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado
05001333301420240021200.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Presentó, en ejercicio del medio de control protección de derechos e intereses
colectivos, demanda en contra de Empresas Públicas de Medellín ESP y el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con ocasión de la
vulneración a los derechos de la vida, salud, dignidad humana, ambiente sano,

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «3ED_2Demandapdf(.pdf) NroActua 2»
2
En nombre de su hijo menor EATV.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2024-01089-01
Demandante: Erney Alejandro Tacha Rojas

vivienda digna y saneamiento básico de su hijo y la comunidad en general, como
consecuencia de un desbordamiento de aguas negras en la zona de su vivienda.

ii) El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín en
providencia del 5 de agosto de 2024 inadmitió la demanda.

iii) En providencia del 14 de agosto de 2024 se rechazó la demanda ante la negativa
de identificar y continuar con el medio de control ante los particulares
correspondientes presuntamente responsables de la afectación alegada, toda vez
que es proveniente de una red de alcantarillado privada, y por no acreditar el
cumplimiento del requisito de procedibilidad del que trata el artículo 144 del CPACA.
En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de reposición y
en subsidio de apelación.

iv) En providencia del 23 de agosto de 2024 se decidió no reponer la decisión
recurrida, y rechazar por improcedente el recurso de apelación.

v) La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al imponer
un costo en dinero para acceder a la justicia, toda vez que no cuenta con los
recursos económicos para adquirir 30 certificados de tradición y libertad.

Ha visto afectada la salud de su hijo, quien ya padece de enfermedades en la piel
debido a la exposición a aguas residuales, pues, la inundación de su casa provocó
olores nauseabundos y proliferación de insectos emisores de enfermedades.

Además, pese a que se le requirió subsanar un aspecto de la demanda, se rechazó
con otros argumentos, al entender que EPM no da una negativa a la petición de
recoger las aguas negras al alcantarillado principal, porque puede hacerlo siempre
que los usuarios asuman el costo.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Amparar los derechos fundamentales del acceso a la administración de justicia,
al debido proceso, y de mi hijo: los derechos a la vida, salud, seguridad y salubridad
públicas, dignidad humana y vivienda digna y saneamiento básico.

2. Ordenar al Juzgado catorce Administrativo oral de Medellín avocar conocimiento del
proceso 05001333301420240021200 y darle el trámite legal correspondiente […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín3,
solicitó se negara el amparo pretendido, toda vez que el demandante interpuso

3 Ver índice 15 de Samai en el expediente 05001233300020240108900. Archivo denominado
«13_MemorialWeb_Respuesta-2024001089RespuestaT(.pdf) NroActua 15»

2

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Demandante: Erney Alejandro Tacha Rojas

acción constitucional relacionada con similares hechos ante el Juzgado Treinta y
Nueve Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías, con el
radicado 05001408803920240027100, la cual resultó desfavorable a sus intereses,
por no acreditar el perjuicio irremediable.

Ha presentado de manera reiterada la misma acción popular, cuyo conocimiento,
en esta ocasión le correspondió a este despacho, la cual fue inadmitida y
posteriormente rechazada al no encontrarse satisfechos los requerimientos
realizados, como lo es el agotamiento del requisito previo de procedibilidad del que
trata el artículo 144 del CPACA.

Si eventualmente fuere concedido el amparo constitucional, el conocimiento del
medio de control protección de derechos e intereses colectivos debe ser asignado
al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Medellín, por ser el primer
despacho que conoció el asunto.

1.3 Sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión en sentencia del
16 de septiembre de 2024 accedió al amparo pretendido, por lo que ordenó dejar
sin efectos la providencia del 14 de agosto de 2024, para que el juzgado demandado
se pronunciara favorablemente sobre la admisión de la demanda, al considerar que
se encontró configurado el defecto procedimental absoluto, pues,
independientemente de la identificación de las entidades demandadas, de ser el
caso, debió vincular a los particulares que considerara responsables en ejercicio de
sus facultades oficiosas.

Asimismo, encontró acreditado el cumplimiento del requisito de procedibilidad del
que trata el artículo 144 del CPACA.

1.4. Escrito de impugnación5

El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín impugnó la
decisión del a quo, al considerar que la solicitud de amparo debió promoverla Erney
Alejandro Tacha Rojas, quien fungió como demandante en el medio de control
cuestionado y no como representante legal de su hijo menor; sin contar, con el
hecho que ya había interpuesto una acción constitucional similar.

Que al considerarse que la demanda de acción popular reunía todos los requisitos
de admisibilidad, debió ordenarse al Juzgado Séptimo Administrativo de Medellín
asumir el conocimiento del asunto, en la medida que fue a ese despacho al que se
le repartió en una primera oportunidad.

4 Ver índice 17 de Samai en el expediente 05001233300020240108900. Archivo denominado
«17Sentenciatutel_20241089TUTELA2AINST(.pdf) NroActua 17»
5 Ver índice 19 de Samai en el expediente 05001233300020240108900. Archivo denominado

«19_MemorialWeb_Recurso-07ImpugnacionTutela2(.pdf) NroActua 19»

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Demandante: Erney Alejandro Tacha Rojas

No se incurrió en defecto procedimental, pues, se surtieron las etapas del proceso
de acuerdo con los parámetros dispuestos por el ordenamiento jurídico,
oportunidades en las que se le señaló al demandante de manera clara y precisa las
razones de inadmisión y ante su negativa, correspondió el rechazo.

Existió una indebida aplicación del precedente judicial contenido en la sentencia de
tutela T-004 de 2019, la cual corresponde a los supuestos fácticos de la acción
popular 05001333301420240021200, pues, en ese caso se presentó un incidente
de nulidad por indebida vinculación en el trámite de acción popular, mientras que
acá, fue el demandante quien manifestó su deseo de que los terceros no fuesen
demandados, quien tampoco aportó la información necesaria para su vinculación.

Finalmente, existió una falta de motivación respecto a la acreditación de los
requisitos de procedencia de la solicitud de tutela contra decisiones judiciales, sin
contar, con que no se dio cumplimiento al requisito de procedibilidad del artículo 144
del CPACA.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.9 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar

6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Demandante: Erney Alejandro Tacha Rojas

improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]» (Resalta la Sala).

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo10, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Erney Alejandro Tacha Rojas

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir, de acuerdo con el escrito de impugnación, si: ¿el Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín vulneró los derechos
fundamentales del demandante con ocasión de la providencia proferida el 14 de
agosto de 2024, a través de la cual, rechazó el medio de control protección de
derechos e intereses colectivos, con la que incurrió, al parecer, en defecto
procedimental?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto procedimental

Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue concebido por la Corte Constitucional desde la Sentencia T-231
de 1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces,
el defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en el que el Juez
Ordinario adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso
de una etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.

A partir de la Sentencia T-1306 de 200114, empero, la Corte Constitucional consideró
que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un exceso ritual
manifiesto15, producto de una indebida preferencia por las formas procesales en
perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del
derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones judiciales, en
la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos fundamentales16.

14 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las Sentencias T-974 de 2003, T-

973 de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
15 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto
para la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
16 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya

una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material
[…]”.

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Demandante: Erney Alejandro Tacha Rojas

La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya alegado
el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad de
hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y, que
lesione bienes ius fundamentales17.

2.4.3. Sobre el caso concreto

Erney Alejandro Tacha Rojas, en nombre de su hijo menor EATV, acudió al juez de
tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, y en consecuencia, se dejara sin
efectos la providencia proferida el 14 de agosto de 2024 por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, mediante la cual rechazó el medio
de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el
radicado 05001333301420240021200.

Ahora bien, pese a que el demandante no indicó de manera expresa en cual defecto
específico se incurrió, para la Sala se trata del defecto procedimental, ya que el
reproche del demandante está dirigido a cuestionar el actuar de la autoridad judicial
demandada, respecto al trámite surtido y los argumentos expuestos para sustentar
la inadmisión y posterior rechazo de su demanda, ante su negativa de identificar a
los particulares presuntamente responsables de la afectación reclamada.

Para mayor claridad, se recuerda lo considerado por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín para rechazar el medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos impetrado por el demandante:

«[…] Sobre el segundo requerimiento, correspondiente a la indicación de las personas y
sus direcciones de notificación, propietarias o administradoras de los inmuebles que
puedan tener incidencia en afectación de los derechos colectivos alegados; reiteró el
demandante que no tiene la intención de demandar a sus vecinos y que desconoce sus
nombres y direcciones de notificación, además de no contar con los certificados de
tradición y libertad de los inmuebles o recursos para solicitar su expedición, solicitando
al Despacho ordenar su expedición.

Conforme a los hechos aducidos en la demanda y los anexos aportados por la parte
actora, en especial por la respuestas que a su solicitud brindó la demandada Empresas
Públicas de Medellín ESP - Número de respuesta 20240130165976 del 29/07/2024 y
20240130148464 del 05/07/2024- , para el Despacho resulta evidente que la vulneración
que se aduce de los derechos colectivos, podría tener origen en el uso de la red de
alcantarillado privada referida, tornándose necesaria la comparecencia de las personas
propietarias o administradoras de esta, responsables de su operación o mantenimiento,
para continuar con el trámite del proceso y que sea posible emitir una sentencia de fondo
en el asunto. Así las cosas, ante la negativa de la parte actora de subsanar el requisito

17 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial

consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.

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y de vincular a la presente acción constitucional a los particulares que pudiesen tener
responsabilidad sobre la afectación de los derechos colectivos, corresponde tener este
requisito como no subsanado.

Adicional a lo anterior, respecto a los certificados de tradición y libertad, cuya expedición
solicita al despacho se ordene, según lo manifestado por el propio accionante, se trata
de más de “[…] 30 apartamentos conectados a la red […]”, y el accionante ha reiterado
que no pretende demandar a ninguno de los particulares posiblemente implicados, de tal
forma que no resulta procedente ordenar la expedición de tal cantidad de certificados de
tradición y libertad para identificar a los propietarios si no se pretende continuar el trámite
contra estos.

Con relación al tercero de los requerimientos, el referente a la acreditación del
cumplimiento del requisito previo de reclamación ante las entidades demandadas,
conforme a lo establecido en el art. 144 de la ley 1437 de 2011; la parte accionante no
aportó nuevos anexos para el cumplimiento de este requisito, sino que refirió las
solicitudes aportadas inicialmente como anexos de la demanda, las cuales, como fue
indicado en el auto que inadmitió la demanda, no cumplen con los requisitos del art. 144
del CPACA.

Al respecto indicó la parte accionante en el escrito de subsanación, circunstancias que
podrían ser constitutivas de un perjuicio irremediable, referentes a las afectaciones de
salud de que está siendo víctima su hijo de dos años de edad Erney Alejandro Tacha
Valencia, debido a su exposición a las mentadas aguas residuales.

[…]

Vistas las respuestas que brindó EPM ante la solicitud, logró el Despacho evidenciar que
no se trata de una negativa por parte de la entidad competente de atender lo requerido
por el peticionario; por el contrario, se le brindó una respuesta de fondo indicándole que,
teniendo presente que la afectación es proveniente de una red de alcantarillado privada,
cuya administración no está a cargo de la Empresa de Servicios Públicos, podrán los
particulares interesados solicitar el mantenimiento o adecuación de esta red privada
asumiendo el costo aparejado a esta intervención. Así las cosas, no existe una negativa
del prestador de realizar la intervención solicitada ni de darle respuesta a su
requerimiento, sino que los interesados deberán solicitar ante el prestador la intervención
y asumir el costo, por lo que no se evidencia ausencia de respuesta por parte de la
entidad y en consecuencia, el requisito de procedibilidad no se encuentra acreditado.

Adicional a lo anterior, consultado el sistema de gestión SAMAI, se pudo constatar que
el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante auto del 29
de julio de 2024, rechazó acción constitucional de esta misma naturaleza, identificada
con radicado en el radicado 05001333300720240018700, interpuesta por el actor contra
las mismas demandadas y en dicha providencia, se concluyó en idéntico sentido que no
se acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad, decisión frente la cual la parte
actora no interpuso recursos, encontrándose ejecutoriada.

[…]

Así las cosas, teniendo presente que de los hechos de la demanda y sus anexos se
evidencia que la vulneración proviene exclusivamente de particulares, dueños o
administradores de la red privada de alcantarillado que está generando la afectación de
sus derechos, la acción promovida para protección de derechos e intereses colectivos
debió ser dirigida contra estos y no contra las entidades demandadas, que no tienen
competencia en la red privada a intervenir; por lo anterior, siendo que no se trata de
actos, acciones u omisiones de entidades públicas o de las personas privadas que
desempeñen funciones administrativas, este despacho carece de jurisdicción para el
conocimiento del asunto; empero procede el rechazo ante la negativa del accionante de

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identificar y proseguir con el medio de control ante los particulares correspondientes,
presuntamente responsables de tal afectación.

Así las cosas, como quiera que la parte actora no subsanó los requisitos exigidos, debe
darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 472 de 1998 […]» [sic].

Respecto de lo anterior, es importante traer a colación lo estipulado en la Ley 472
de 199818, referente al contenido de la demanda y la facultad oficiosa del juez:

Artículo 18. Requisitos de la Demanda o Petición. Para promover una acción popular se
presentará una demanda o petición con los siguientes requisitos:

a) La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado;
b) La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición;
c) La enunciación de las pretensiones;
d) La indicación de la persona natural o jurídica, o la autoridad pública presuntamente
responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;
e) Las pruebas que pretenda hacer valer;
f) Las direcciones para notificaciones;
g) Nombre e identificación de quien ejerce la acción.

La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva,
si fuere conocido.

No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros
posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación
en los términos en que aquí se prescribe para el demandado [resaltado por la Sala].

Ahora bien, se observa que la autoridad judicial demandada en un primer momento
inadmitió la demanda para ser subsanada, frente a lo cual consideró que el
demandante solo subsanó uno de los tres defectos endilgados, esto es, lo tendiente
a «realizar una adecuada determinación de los hechos y de los fundamentos de las
pretensiones, indicando con claridad si la afectación del derecho o interés colectivo se
materializa en la dirección carrera 71 # 95 36 del barrio castilla en la ciudad de Medellín, o
en carrera 71 # 96-36».

Lo cual no ocurrió con el requerimiento de indicar «las personas y sus direcciones de
notificación, propietarias o administradoras de las los inmuebles que puedan tener
incidencia en afectación de sus derechos; entre otras las ubicados entre la carrera 71 95 -
36 y carrera 71 # 95 – 50, que se benefician del alcantarillado que estuviere generando la
afectación», así como la acreditación del requisito previo de reclamación ante las
entidades demandadas, conforme al artículo 144 de la Ley 1437 de 2011.

Al respecto, para la Sala es claro que, con el fundamento invocado para rechazar la
demanda de acción popular, se incurrió en defecto procedimental, por cuanto es
una facultad oficiosa del juez vincular a los sujetos que estime necesarios, sin que
sea admisible negársele el acceso a la administración de justicia al demandante por
no identificar a los particulares presuntamente responsables de la afectación
reclamada, máxime, cuando se trata de una acción constitucional.

18 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el

ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones

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Demandante: Erney Alejandro Tacha Rojas

Asimismo, respecto al requisito de las reclamaciones de que trata el artículo 144 del
CPACA frente a las entidades públicas, revisados los anexos que acompañan la
acción popular, se observa que el demandante solicitó ante las entidades
demandadas la intervención en el asunto, en el sentido de que procedieran a
recoger las aguas lluvias y negras que desembocan en su casa, quienes se
pronunciaron de manera desfavorable.

Ahora bien, respecto al reproche traído en el escrito de impugnación relativo a
cuestionar la falta de vinculación del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Medellín y ordenarle seguir con el trámite de la acción popular objeto de litis, lo cierto
es que, dicho argumento no tiene vocación de prosperidad, en la medida que, si
bien ese despacho conoció de una primera acción popular, el que ahora nos
convoca es un proceso ajeno a aquel, pues, las actuaciones que se cuestionan son
las adelantadas por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, en el medio de control de derechos e intereses colectivos identificado con
el radicado 05001333301420240021200.

Ahora, en lo que se refiere a que el demandante ya había interpuesto una solicitud
de amparo en similar sentido, se advierte que revisado el expediente allegado, dicha
tutela fue de conocimiento del Juzgado Treinta y Nueve Penal Municipal de Medellín
Con Función de Control de Garantías, con el radicado 05001408803920240027100,
la cual se promovió contra la Alcaldía de Medellín y Empresas Públicas de Medellín
EPM, y no contra el juzgado; la que además, tuvo un enfoque distinto al que ahora
se suscita. Razón por la que dicho argumento tampoco tiene vocación de
prosperidad.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del a quo mediante la cual amparó
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia de Erney Alejandro Tacha Rojas en nombre de su hijo EATV, en la solicitud
de tutela presentada contra el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual
amparó los derechos fundamentales de Erney Alejandro Tacha Rojas en nombre de
su hijo EATV, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el

10

Radicado: 05001-23-33-000-2024-01089-01
Demandante: Erney Alejandro Tacha Rojas

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

11

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