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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01143-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01143-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 2 de octubre de 2024 proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-01143-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco
Demandados: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial - Consejo Superior de la Judicatura y otros1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 2 de octubre de 2024 proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo Antioquia, que declaró improcedente la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “13ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.

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Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación- Rama
Judicial- Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia –
Chocó y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, porque, a su juicio, con
ocasión a la falta de cumplimiento por parte de estas autoridades respecto de lo decido
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con el
reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial en su nómina,
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación -Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, proceso que
se identificó con el número único de radicación 17-001-33-33-005-2018-00620-00 y
en el marco del cual, el Juzgado 402 Administrativo Transitorio del Circuito de
Manizales, mediante sentencia de primera instancia núm.110 de 29 de julio de 2022,
resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la
NACION — RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL de "Ausencia de causa
petendi e inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido".

SEGUNDO: DECLARESE PROBADA la excepción de PRESCRIPCIÓN por lo
expuesto en la parte considerativa, para los demandantes […] WILSON JAMES
DURANGO FRANCO; […], por los periodos anteriores a los tres años a términos de
presentación.

TERCERO: INAPLICAR para los casos concretos la expresión subrayada contenida
en el artículo del Decreto 383 del 6 de marzo de 2013 “Artículo 1. Créase para los
servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el
régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de
1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las
disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se
reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de

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Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social
en Salud …”, en aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, prevista en el
artículo 40 de la Carta. En el entendido que la bonificación judicial sí constituye factor
salarial para liquidar las prestaciones sociales de igual forma para liquidar la
bonificación por servicios prestados del demandante, dado que el Decreto la excluyó
para liquidar dichas prestaciones.

CUARTO: DECLÁRASE LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos:
[...]

WILSON JAMES DESAJMZR18 Resolución 9340
DURANGO 313-7 del 06 de de 15/10/2020
FRANCO MARZO de 2018

[…]

“[…] Por medio de las cuales se negó la inclusión de la bonificación judicial, establecida
en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la NACIÓN –
RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a
efectuar nuevas liquidaciones, con TODOS LOS FACTORES PRESTACIONALES Y
SALARIALES DEVENGADOS, por los señores […] WILSON JAMES DURANGO
FRANCO; identificado con cc. […], desde el 01 de enero de 2013, pero con efectos
fiscales tal y como se especifica a continuación, por la prescripción trienal. […]”

[…]

7 WILSON 14-02-15
JAMES
DURANGO
FRANCO

[…]

La liquidación deberá incluir la prima de servicios, la prima de productividad,
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las
cesantías, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos,
TENIENDO COMO PARTE INTEGRANTE DEL SALARIO LA BONIFICACIÓN
JUDICIAL, atendiendo además a los cargos desempeñados.

Igualmente, la mencionada BONIFICACIÓN JUDICIAL deberá considerarse salario
para la liquidación de TODOS LOS EMOLUMENTOS que sean percibidos por los
señores […] WILSON JAMES DURANGO FRANCO; identificado con cc. […],
mientras se desempeñen como empleadas de la RAMA JUDICIAL, siempre y cuando
el cargo que ejerzan sea de aquellos que devenguen tal asignación.

Las sumas reconocidas deben pagarse dentro de los términos fijados por el artículo
192 del C.P.A.C.A., debidamente indexadas, conforme al artículo 187 del C.P.A.C.A.,
es decir, actualizados mediante la aplicación de los ajustes de valor, para lo cual la
demandada, tendrá en cuenta la fórmula citada en la parte motiva de esta providencia
y la forma como deberá hacer esos ajustes.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes
por mes, para cada mesada, teniendo en cuenta que el índice final es el vigente al
momento de la causación de cada uno de ellos.

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Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

SEXTO: NO SE CONDENA EN COSTAS a la parte vencida de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SÉPTIMO: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos
previstos en el artículo 192 del C.P.A.C.A. y pagará intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la sentencia. […]”.

4. Adujo que, la sentencia fue confirmada en segunda instancia, el 30 de agosto de
2024 por la Sala Transitoria Especializada del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que decidió:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia No. 110 del 29 de julio de 2022, proferida
por el Juzgado 402 Administrativo Transitorio del Circuito de Manizales, de acuerdo
con los motivos expuestos en la parte considerativa.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas de segunda instancia. […]”.

4.1. Como fundamento de su decisión expresó que:

“[…] La entidad demandada manifestó que el Decreto 0383 de 2013, no ha sido
anulado, derogado o declarado inconstitucional o ilegal, sin embargo, sí es posible
aplicar la figura de la excepción de inconstitucionalidad sobre el aparte del artículo 1°
de ese decreto que dispone «y constituirá únicamente factor salarial para la base de
cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social
en Salud», porque en esta expresión se desconocen los principios constitucionales
de protección al salario (consignados en el artículo 53 de la CP), el principio de
equidad (visible en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992), el derecho a la
dignidad humana y el concepto legal de salario. […]”.

“[…] Conforme artículo 4o de Constitución Política, prevalecen las disposiciones
constitucionales en caso de incompatibilidad con la ley u otra norma jurídica. Por lo
tanto, cualquier autoridad administrativa o judicial puede realizar de oficio o a petición
de parte, de forma excepcional, el control difuso de constitucionalidad si advierte
contradicción entre una norma y la constitución, pero que tendrá efectos inter partes,
lo que conlleva que la norma exceptuada por inconstitucional continúa vigente para
los demás casos y es válida. Le compete a la Corte Constitucional, el control
concentrado o abstracto de constitucionalidad sobre las leyes, por lo que su decisión
tiene efectos erga omnes (para todos). Por su parte, el Consejo de Estado con los
mismos efectos, en acción de nulidad por inconstitucionalidad también puede realizar
este tipo de control sobre los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya
competencia no esté atribuida a la Corte Constitucional. (Art. 237 N.2 C.P). […]”.

[…]

“[…] En relación con el control difuso de constitucionalidad, la Corte Constitucional,
en sede de tutela, desarrolló la figura de la excepción de inconstitucionalidad que
puede ser aplicada bajo los siguientes presupuestos: (i) Cuando la norma es contraria
a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su
constitucionalidad. (ii) Cuando la regla formalmente válida y vigente reproduce en su
contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte
de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado. (iii) Cuando

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Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

en virtud de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la
norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento ius
fundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de
una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser
utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”.

De todo lo explicado, y aplicando estas teorías al caso bajo estudio, tal como lo afirmó
la entidad demandada, el Decreto 0383 de 2013 no ha sido anulado, derogado o
declarado inconstitucional o ilegal, pero esto no es impedimento, como se dijo, para
llevar a cabo el control difuso de inconstitucionalidad, y ordenar con ello, la
inaplicación de la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de
cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social
en Salud» pues conlleva en su uso la vulneración de las disposiciones
constitucionales ya estudiadas. […]”.

5. Adujo que, el 5 de septiembre de 2024, envió las sentencias de primera y
segunda instancia debidamente ejecutoriadas a la Nación – Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva Seccional Antioquia – Chocó, para que la bonificación judicial
reconocida en las providencias fuera incluida como factor salarial, frente a lo cual la
entidad señaló que:

“[…] no es posible proceder con la inclusión en nómina de su sentencia, a través de
la cual se reconoce la bonificación judicial como factor salarial, hasta tanto se cuente
con la autorización de la Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de acuerdo con la disponibilidad de recursos que se asignen
por parte del Ministerio de Hacienda para tales efectos.

En tal sentido la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central, ofició
mediante comunicación DEAJO24-548 del 24 de junio de 2024 al Ministerio de
Hacienda con una propuesta financiera debido al impacto presupuestal de la
inclusión en nómina de la bonificación judicial como factor salarial para quienes
tienen sentencia de segunda instancia ejecutoriada; estamos a la espera de la
respuesta por parte del Ministerio de Hacienda y las instrucciones que se impartan
a las seccionales. Anexo comunicación y constancia de recibido.

Se resalta que si bien la inclusión en nómina de las diferencias salariales e
incidencias prestacionales, en cumplimiento de una obligación de hacer contenida
en una providencia judicial le corresponde a cada ordenador del gasto con los
servidores judiciales activos, en el presente caso no es viable, por encontrarnos ante
una imposibilidad de orden presupuestal, lo cual depende de la asignación de
recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

Debe tenerse en cuenta que en la legislación colombiana el principio de legalidad
involucra la incorporación de ingresos y de los gastos en el presupuesto; vale decir,
para incluir estos recursos en la ley anual de presupuesto debe establecerse el
monto de ingresos y, de otro lado, las erogaciones como una autorización máxima
de gasto a los órganos que lo conforman; todo lo cual se sujeta, en todo caso, a las
fuentes de gasto consagradas en el inciso segundo del artículo 346 de la
Constitución Política, en consecuencia, no es susceptible acceder a su solicitud. (…)
. […]” .

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Actor: Wilson James Durango Franco

6. Señaló que, la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, mediante oficio
DEAJO24-548 de 24 de junio de 2024, informó al Director del presupuesto público
nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los servidores incluidos en
las sentencias referidas, con fecha de corte 30 de abril de 2024, que estuvieran
relacionados con la inclusión de nómina de la bonificación judicial como factor
salarial.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Con todo respeto ruego que se tutele mis derechos fundamentales a la igualdad
y debido proceso y ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Medellín que realice
el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial en debida forma o en
su defecto que se realice el trámite ante la Unidad de Planeación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial para que se giren los recursos para el pago de lo
ordenado en la sentencia 110 de fecha 29 de julio de 2022 y confirmada en segunda
instancia mediante sentencia de fecha 30 de agosto de 2024 debidamente
ejecutoriadas y se materialicen a partir de diciembre de 2024 en adelante, toda vez
que no se está haciendo la petición del pago de la reliquidación de las prestaciones
sociales adeudados siendo resorte de otro estadio procesal distinto al que nos ocupa
[…]”.

8. El actor adujo que la autoridad demandada vulneró sus derechos al considerar:

“[…] el día 5 de septiembre de 2024, envié la sentencia de primera y de segunda
instancia debidamente ejecutoriadas a la Dirección Ejecutiva Seccional para que se
tengan en cuenta para la bonificación reconocida en el articulo (sic) 1 del Decreto 383
de 2013 como factor salarial para los efectos legales, recibí respuesta de parte de grupo
de asuntos laborales de la Dirección Ejecutiva Seccional […]”.

[…]

“[…] De acuerdo a lo enunciado en los numerales 3 y 4 la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial me está vulnerando los derechos fundamentales a la igualdad
y debido proceso por su negativa a incluirme en la inclusión de la nómina hasta tanto
se cuente con la autorización sin más datos, o realizar el trámite correspondiente para
garantizar mi derecho adquirido y reconocido mediante las sentencias ya enunciadas
luchados por más de 5 años en un litigio largo y desgastante, solo se limitaron a
responder el correo electrónico en el término de una hora sin siquiera hacer un estudio
de la petición y más cuando hay una orden judicial en firme.

Sexto: Como se ha sabido dentro de la Rama Judicial y es de voz populi que hay
funcionarios que ya disfrutan de la inclusión en la nómina de la bonificación judicial

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Actor: Wilson James Durango Franco

como factor salarial, derecho por el cual se ha venido luchando judicialmente por este
derecho. […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Antioquia, mediante auto de 19 de septiembre 2024: i) admitió la
acción de tutela; y ii) ordenó tener como accionadas a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial; al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó,
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervención de la parte demandada

10. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín -
Antioquia solicitó declarar improcedente la acción de tutela al considerar que no
existe violación ni amenaza a los derechos fundamentales del actor, por las
siguientes razones:

“[…] En el año 2023, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central
expidió las siguientes circulares mediante las cuales impartió instrucciones relacionadas
con el cumplimiento de las sentencias que reconocen la bonificación judicial como factor
salarial:

Circular DEAJC23-23 del 1 de junio de 2023, aclarada por la Circular DEAJC23-27 del
9 de junio de 2023, Parametrización del aplicativo Efinómina para inclusión en nómina
de las diferencias salariales e incidencias prestacionales, que en cumplimiento de una
obligación de hacer contenida en una providencia judicial le corresponde a cada
ordenador del gasto pagar por nómina a los servidores judiciales activos. Frente a la
disponibilidad presupuestal, la Dirección Ejecutiva – Nivel Central, precisó que el
Ministerio de Hacienda autorizó hacer uso de los recursos disponibles para la vigencia
2023 en la cuenta de Gastos de Personal del presupuesto actual asignado a la Rama
Judicial, y para posteriores providencias judiciales de bonificación judicial como factor
salarial en vigencias posteriores al 2023, se efectuará la actualización al Ministerio y se
solicitará la adición presupuestal para atender los mencionados fallos judiciales de
acuerdo con el cálculo realizado por la Unidad de Planeación, según los insumos
enviados por la Unidad de Recursos Humanos y el Grupo de Sentencias, aclarando que
las dependencias acabadas de mencionar están adscritas a la Dirección Ejecutiva –
Nivel Central. En cumplimiento de la instrucción anterior, la Dirección Seccional de
Medellín procedió con la validación del código del concepto de nómina en EFINÓMINA
denominado técnicamente SENBONJUDI - SENTENCIA BONIFICACIÓN JUDICIAL –
FACTOR SALARIAL, y con la inclusión en nómina de 224 novedades de sentencias que
reconocieron la bonificación judicial como factor salarial con corte a diciembre de 2023,
y reportando al Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal del Nivel Central,
para cuando llegue el turno de pago de la providencia judicial ejecutoriada, se tenga la

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Actor: Wilson James Durango Franco

información de corte para el cumplimiento de la obligación de dar. Circular DEAJC23-28
del 15 de junio de 2023, Solicitud de pago mediante el módulo de sentencias en línea -
Efinómina, con instrucciones para la solicitud de pago de providencias contra la Rama
Judicial, trámite que se adelanta únicamente ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Nivel Central, sin mediación ni participación por parte de las
seccionales. Correo del 22 de febrero de 2024, remitido por la Directora del Grupo de
Sentencias, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central,
mediante el cual informa el listado de beneficiarios de sentencias ejecutoriadas de
bonificación judicial como factor salarial del año 2023, para validar si dicha novedad se
encuentran en nómina, y en caso contrario se debía esperar la autorización del
Ministerio de Hacienda para la inclusión en nómina; se aclara que las personas
relacionadas en archivo adjunto a este correo adscritas a la Seccional Medellín se
encontraban todas debidamente incluidas en nómina con el concepto SENBONJUDI -
SENTENCIA BONIFICACIÓN JUDICIAL – FACTOR SALARIAL, y por la fecha de la
instrucción en el listado NO se encontraba registro del accionante WILSON JAMES
DURANGO FRANCO. […]”.

[…]

“[…] “que realice el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial en
debida forma” Si bien la inclusión en nómina de las diferencias salariales e incidencias
prestacionales, en cumplimiento de una obligación de hacer contenida en una
providencia judicial le corresponde a cada ordenador del gasto con los servidores
judiciales activos, en el presente caso no es viable, por encontrarnos ante una
imposibilidad de orden presupuestal, lo cual depende de la asignación de recursos por
parte del Ministerio de Hacienda, lo cual fue comunicado a esta Dirección Seccional
mediante instrucción del 22 de febrero de 2024, ordenando la suspensión de la inclusión
en nómina de las sentencias que reconocen la bonificación judicial como factor salarial.
Debe tenerse en cuenta que en la legislación colombiana el principio de legalidad
involucra la incorporación de ingresos y de los gastos en el presupuesto; vale decir, para
incluir estos recursos en la ley anual de presupuesto debe establecerse el monto de
ingresos y, de otro lado, las erogaciones como una autorización máxima de gasto a los
órganos que lo conforman; todo lo cual se sujeta, en todo caso, a las fuentes de gasto
consagradas en el inciso segundo del artículo 346 de la Constitución Política, en
consecuencia, no es susceptible acceder a su solicitud. Se advierte que el artículo 345
de la Constitución Política consagra el Principio de Legalidad del Presupuesto, sobre el
cual la Jurisprudencia ha expresado que opera en dos instancias, pues tanto los
ingresos como los gastos no solo deben ser decretados previamente, sino, que,
además, deben ser apropiados en la Ley de Presupuesto para ser efectivamente
realizados; igual énfasis se hace en que este principio constituye un fundamento
importante de la democracia constitucional, pues corresponde al Congreso, como
órgano de representación, decretar y autorizar los gastos de las entidades que
conforman el Presupuesto General de la Nación, para una vigencia fiscal
determinada.[…]”.

[…]

“[…] Honorable Magistrada, de acuerdo con lo sustentado hasta este punto, como
Dirección Seccional para dar cumplimiento a la sentencia judicial a favor del accionante
WILSON JAMES DIRANGO (sic) FRANCO que le reconoció la bonificación judicial
como factor salarial, estamos supeditados a la asignación presupuestal autorizada por
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central, previa gestión ante el
Ministerio de Hacienda. […]”.

[…]

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Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

”[…] cabe advertir que para el asunto que nos ocupa, no se cumplen los parámetros
establecidos para determinar la irremediabilidad de un perjuicio, esto es: inminencia del
perjuicio, urgencia o gravedad que torne impostergable el ejercicio de la acción de tutela
y la intervención del juez constitucional, gravedad del perjuicio, y carácter cierto y no
hipotético del perjuicio que se reclama; máxime cuando el actor conoce de primera mano
las razones de las decisiones administrativas, no demuestra materialización de ninguna
vulneración a sus derechos fundamentales por parte de esta Dirección Seccional:
Igualdad y Debido Proceso, y adicionalmente para la petición deprecada por el
accionante existe otro medio de defensa ante la jurisdicción. Como quiera que esta
Dirección Seccional no ha vulnerado los derechos fundamentales que se reputa
afectado, no es pertinente acudir al mecanismo de tutela para satisfacer los derechos
rogados, esto es, cumplimiento de sentencia judicial, lo cual se encuentra reglado
legalmente a través de la jurisdicción en caso de que el accionante así lo estime
conveniente; por lo tanto, se solicitará declarar la IMPROCEDENCIA del mecanismo
constitucional frente a mi representada. […]”.

11. El Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial solicitó sea desvinculado del proceso y sea declarada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva al considerar:

“[…] En efecto, se tiene que el interés sustancial en el presente asunto involucra una
discusión de naturaleza prestacional entre el actor y las Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín, en relación con la inclusión de la bonificación
judicial como factor salarial del Decreto 383 de 2013, razón por la que la DEAJ no es la
autoridad competente para adelantar el trámite requerido por el actor; por consiguiente,
le corresponde a la respectiva Seccional, en virtud del principio de desconcentración
administrativa, atender en debida forma las reclamaciones administrativas con el
propósito de estudiar la procedencia o no de la inclusión de tal prestación como factor
salarial, conforme con lo previsto en el numeral 4 del artículo 4 del Acuerdo PSAA09-
6203 del 2 de septiembre de 200914, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
En ese orden, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
es un ente desconcentrado funcionalmente frente a la DEAJ, razón por la cual, frente al
objeto de la presente demanda de tutela, eventualmente, la decisión que se adopte
podría afectar a la referida entidad, de allí que es la llamada a ser vinculada en el
presente asunto. En consecuencia la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no
se encuentra legitimada para soportar la presunta amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el actor. […]”

12. La Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, solicitó
desestimar las pretensiones de la acción de tutela en relación con esa entidad, y sea
declarada la falta de legitimación en la causa por pasiva, al señalar que:

“[…] Frente a los hechos planteados por el accionante, esta Corporación no se
pronunciará, toda vez que los mismos están relacionados con el reconocimiento y pago
de la bonificación judicial producto de sentencias judiciales proferidas a su favor tanto
en primera como segunda instancia; trámites dentro de los cuales está Corporación no
tuvo ni ha tenido ninguna injerencia, pues la mismas por ser de índole presupuestal y
económica, no hacen parte de las competencias otorgadas a esta Corporación por la
Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia; en consecuencia, desde
ya solicitamos de manera respetuosa, se nos desvincule de la presente acción
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva. […]”.

10

Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

[…]

“[…] En primer lugar, el asunto objeto de debate en la acción de tutela compete atenderlo
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Nivel Central), por cuanto desde allí
se ejecutan esas órdenes de pago, esto según las facultades a esta, otorgadas por la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en su artículo 99.7; por lo tanto, esta
Corporación no tiene ninguna responsabilidad frente al particular de conformidad con
nuestras funciones legales contenidas en el artículo 101 de la referida Ley 270 de 1996
o Estatutaria de la Administración de Justicia.

Asimismo, no puede perderse de vista que decantado ha sido por nuestro máximo
órgano de lo constitucional que la Acción de tutela no procede cuando en sus
pretensiones se busque la concesión de derechos por asuntos dinerarios, como es el
caso que nos ocupa.

Es claro que este Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia no ha vulnerado
ningún derecho fundamental al accionante, quien no ha realizado trámite alguno frente
al particular ante esta dependencia, tal como se indica a través de la certificación
CSJANTCER24-82 del 20 de septiembre de 2024 expedida por la Secretaria de esta
Corporación; además que de las pretensiones esbozadas en el libelo tutelar no se
deduce que alguna de estas vaya dirigida en contra de este cuerpo colegiado, por lo
que en consecuencia ninguna responsabilidad nos puede ser atribuible; además, porque
no se ha incumplido con deber legal alguno frente al tutelante por nuestra parte. […]”

13. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el enlace para
acceder al proceso identificado con número único de radicación
05001233300020240114300.

La sentencia impugnada

14. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo Antioquia, mediante
sentencia de 2 de octubre de 2024, decidió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela interpuesta por el
señor Wilson James Durango Franco, por no superar el requisito de subsidiariedad,
conforme a lo expuesto […]”.

14.1. Como fundamento de su decisión expresó que:

“[…] Para resolver el primero de los problemas jurídicos planteados, aplicando las
normas y la doctrina constitucional citada y con asidero en las probanzas recaudadas,
valora la sala que, en el presente caso, el accionante está legitimado para el ejercicio
de la acción de amparo conforme al artículo 86 Superior, actuando en nombre propio
como titular de los derechos cuya protección incoa.

De igual modo, las accionadas, dirección ejecutiva de administración judicial; consejo
seccional de la judicatura de Antioquia y dirección ejecutiva seccional de
administración judicial Antioquia – Chocó -, están legitimadas por pasiva como
entidades que administran la rama judicial y en esa medida pueden resultar

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Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

vinculadas con órdenes de amparo relativas al cumplimiento de sentencia judicial
proferida contra dicha rama, en la que se reconoce la bonificación salarial como factor
constitutivo de salario a un servidor judicial […]”.

[…]

“[…] Mediante sentencia T-229 de 2022, con ponencia de la Magistrada […], se
desarrolló ampliamente la improcedencia de la tutela para ejecutar sentencias
judiciales y las posibles excepciones que se pueden presentar para que un juez
constitucional pueda tomar decisiones, únicamente, ante la inminencia de un perjuicio
irremediable para el accionante: (…) La justicia es un pilar estructural del
ordenamiento jurídico colombiano, y por ello dentro de los fines esenciales del Estado
social de derecho el Constituyente incluyó el de asegurar la vigencia del orden justo,
lo cual se presupone como una condición indispensable para la convivencia pacífica
(Art. 2 de la CP). Con el ánimo de cumplir dicha finalidad se han consagrado
diferentes garantías, siendo una de ellas el cumplimiento de las decisiones judiciales
ejecutoriadas. […]”.

[…]

“[…] Lo que el actor pretende es que se incluya en su nómina la bonificación judicial
como factor constitutivo de salario, invocando la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad, esencialmente porque su derecho
emana de sentencia judicial ejecutoriada y a otros servidores, en su situación, ya los
han incluido. Sin embargo, para canalizar la pretensión del accionante que implica la
expedición de un acto administrativo mediante el cual se le incluya la bonificación
judicial como factor constitutivo de salario, cuenta con la acción ejecutiva ante la
jurisdicción contenciosa administrativa, medio cuya idoneidad y eficacia no se
cuestiona, ni para lograr el cumplimiento de obligación de hacer, ni para lograr el
cumplimiento de obligación de dar.

Ahora bien, debe destacarse que por mandato legal, y conforme al artículo 192
CPACA antes transcrito, las condenas impuestas a entidades públicas consistentes
en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo
de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y
para tal efecto, el beneficiario de la condena deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada.

En este caso, se aduce la ejecutoria de la sentencia estimatoria ordinaria de fecha 30
de agosto de 2024, por lo que claramente la condenada nación rama judicial dirección
ejecutiva de administración judicial está aún dentro del plazo legal de gracia para
ejecutar dicho fallo.

Con todo, aunque bajo esos parámetros legales se evidencia la improcedencia del
amparo, el presupuesto de subsidiariedad podría tenerse por cumplido, de
acreditarse que al accionante está sujeto a enfrentar un perjuicio irremediable
derivado del no cumplimiento de la sentencia. […]”.

[…]

“[…] Y que, en dicha respuesta, se relatan las razones por las cuales no puede
procederse a la inclusión en nómina de su sentencia que reconoce la bonificación
judicial como factor salarial, y basándose en que se está gestionando la autorización
y disponibilidad de recursos por el ministerio de hacienda y con destino a la unidad
de planeación de la dirección ejecutiva de administración judicial. En ese orden, no
se vislumbra situación que permita a la sala abordar un análisis adicional en torno al
derecho a pedir del que es titular el accionante.

12

Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

En suma, cuenta el accionante con la acción ejecutiva para incoar las pretensiones
que depreca vía de tutela, por lo que esta se declarará improcedente, sin que por
economía, deban estudiarse otros medios exceptivos y defensivos propuestos por el
extremo accionado. […]”.

La impugnación

15. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo Antioquia, al considerar lo siguiente:

“[…] La Señora Magistrada en su fallo por no superar el carácter de subsidiaridad
insinuando que la instancia es la contenciosa administrativa para la cual debería
presentar el proceso ejecutivo de hacer toda vez, que aún estoy dentro del termino
(sic) de los diez meses, para realizar dicho proceso, dejando por alto que, lo que
requiero es que dicha sentencia se tenga en cuenta para la liquidación de las primas
de fin de año 2024 y no para cuando salga una sentencia de primera instancia en la
jurisdicción administrativa si es de voz populi que es la más demorada de la Rama
judicial a nivel nacional, aunado a ello no se tuvo en cuenta al Director de Presupuesto
Público Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (sic) y al encargado del
área de asuntos laborales de la Dirección Ejecutiva de Antioquia. Por ende, si se ve
menoscabado mi derecho a la igualdad y debido proceso, toda vez que como se dijo
en el escrito de la tutela lo que se pretende es que se tenga como factor salarial para
la liquidación de las prestaciones sociales devengadas para el mes de diciembre de
2024 y no el pago de la sentencia debidamente ejecutoriadas lo que hace parte de
otro escenario jurídico. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

13

Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

18. Atendiendo a los reparos expuestos por el actor en el escrito de impugnación,
esto es, que el juez de la tutela desconoció que lo que requiere el actor es que la
sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho sea tenida en
cuenta para “[…] la liquidación de las primas de fin de año 2024 y no para cuando
salga una sentencia de primera instancia en la jurisdicción administrativa […]”.

19. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de la subsidiariedad.

20. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) el requisito general de procedencia de subsidiariedad de la acción de
tutela; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
al debido proceso; iv) análisis del caso concreto; y finalmente v) las conclusiones
de la Sala.

Requisito general de procedencia de subsidiariedad de la solicitud de tutela

21. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86
superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, indica que la

5 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

14

Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

22. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que
existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la causa de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta que la acción de
tutela es un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se
encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso
concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de
sus derechos.

23. Asimismo, esta Sección6 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
considerado:

“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 20137, advirtió que al analizar
el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha culminado o
está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez constitucional está
en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio
irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.

La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite8; (ii) no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios9; y (iii) se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico”10”.11 […]”.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de

2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
7 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de 2006,

T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
9 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos

judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de
esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla
jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre
otras.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017

15

Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

24. Al respecto la Corte Constitucional ha considerado12:

“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico
de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir
lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta
regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no
procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se
han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional
esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un
perjuicio irremediable […]”.

25. Así las cosas, de acuerdo con el requisito general de subsidiariedad, la tutela
resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los
medios ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general
encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o
amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

26. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

27. Atendiendo a que la Corte Constitucional13 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre

12 Sentencia T-030 26 de enero de 2015

13 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho
internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones
irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de
medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante
circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

28. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

29. Atendiendo a que, la Corte Constitucional14 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino
dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias
de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a
las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que
el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación

14 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado,
como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades
públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Análisis del caso en concreto

30. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación- Rama
Judicial- Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia –
Chocó y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, porque, a su juicio, con
ocasión a la falta de cumplimiento por parte de estas autoridades respecto de lo decido
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con el
reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial en su nómina,
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

31. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

32. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

33. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

33.1 Copia en medio digital del expediente del proceso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 05001233300020240114300.

18

Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

Solución del caso concreto

34. El actor adujo, en su escrito de impugnación, que las autoridades demandadas
vulneraron los derechos fundamentales invocados, al señalar:

“[…] La Señora Magistrada en su fallo por no superar el carácter de subsidiaridad
insinuando que la instancia es la contenciosa administrativa para la cual debería
presentar el proceso ejecutivo de hacer toda vez, que aún estoy dentro del termino
(sic) de los diez meses, para realizar dicho proceso, dejando por alto que, lo que
requiero es que dicha sentencia se tenga en cuenta para la liquidación de las primas
de fin de año 2024 y no para cuando salga una sentencia de primera instancia en la
jurisdicción administrativa si es de voz populi que es la más demorada de la Rama
judicial a nivel nacional, aunado a ello no se tuvo en cuenta al Director de Presupuesto
Público Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (sic) y al encargado del
área de asuntos laborales de la Dirección Ejecutiva de Antioquia. Por ende, si se ve
menoscabado mi derecho a la igualdad y debido proceso, toda vez que como se dijo
en el escrito de la tutela lo que se pretende es que se tenga como factor salarial para
la liquidación de las prestaciones sociales devengadas para el mes de diciembre de
2024 y no el pago de la sentencia debidamente ejecutoriadas lo que hace parte de
otro escenario jurídico. […]”.

35. Frente a los presuntos hechos mencionados supra en los que, a juicio del actor,
incurrió la Nación- Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura- Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia – Chocó y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia porque lo que pretende es que la bonificación judicial
reconocida en los procesos de primera y segunda instancia, se tengan en cuenta
como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales que devengará
en el mes de diciembre de 2024.

36. Al respecto, la Sala advierte que, el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:

“[…] ARTÍCULO 192. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el
pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien
corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su
comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución
de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses,
contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el
beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad
obligada.

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una

19

Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir
de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este
Código.

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o
liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios
hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la
causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término
de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga,
este no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante
cesará la causación de emolumentos de todo tipo.

El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas
con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las
sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.

Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios
correspondientes. […]”.

37. En ese orden de ideas, la Sala observa que, a pesar de la inconformidad del
actor no se ha cumplido el término establecido en el artículo citado supra que es de
diez (10) meses.

38. En relación con la subsidiaridad como requisito para la acción de tutela, la Sala
advierte que este es un mecanismo al que el actor acude cuando no disponga de
otros mecanismos ordinarios o extraordinarios para la protección de sus derechos
fundamentales.

39. La Sala considera que, pese a que el actor cuenta con la posibilidad de poner
en conocimiento de la autoridad judicial esos argumentos por los que está en
desacuerdo, lo cierto es que, notificado de la providencia en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho proferida el 30 de agosto de 2024, a la fecha, no ha
presentado el respectivo proceso ejecutivo, para lograr que sea incluida en su
nómina la bonificación judicial como factor salarial en su calidad de servidor judicial,
toda vez que dicho elemento había sido reconocido en primera y segunda instancia
por el juez natural.

40. La Sala considera que, tal cual como lo ha indicado en otras oportunidades 15,
el actor no puede pretender suplir su inactividad con esta acción constitucional, toda

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de diciembre de

2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03852-00 (AC), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

20

Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

vez que, si estaba inconforme con la decisión sobre la inclusión en su nómina de la
bonificación judicial como factor constitutivo de salario de conformidad con lo
resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el escenario
idóneo para haberlo discutido era el proceso ejecutivo.

41. En ese sentido, la Sala acoge el siguiente criterio jurisprudencial establecido
por la Corte Constitucional:

“[…] En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio alternativo,
adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma
indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello,
cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que,
en el asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales están siendo
trasgredidos (sic). Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a
consideración del juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible
por razones ajenas a su voluntad. De esta manera, una carga exigible al interesado
supone que -de haber sido posible- haya expuesto con claridad la presunta
transgresión de sus derechos fundamentales ante el juez natural, en atención a
que la subsidiariedad de la acción de tutela implica el respeto a la autonomía
de las autoridades judiciales […]”.16 (Resaltado por la Sala)

42. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, por un lado, la autoridad
accionada aún se encuentra dentro del término previsto por el artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, por
otra parte el actor cuenta con la posibilidad de interponer demanda ejecutiva, previo
al cumplimiento de los requisitos legales, por lo tanto, la acción de tutela resulta
improcedente al utilizarse como mecanismo que desplaza los medios ordinarios de
defensa, en este caso, el proceso ejecutivo.

Estudio del perjuicio irremediable

43. Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

44. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción
de tutela ha dicho la Corte Constitucional17:

16 Corte Constitucional, Sentencia T-452 de 4 de julio de 2014. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable18[…]”.

45. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

46. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente
caso no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, dado que el actor contó, previo al cumplimiento de los requisitos
legales, con el proceso ejecutivo.

Conclusiones de la Sala

47. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 2 de
octubre de 2024 proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud
de amparo.

18 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

22

Núm. único de radicación: 050012333000202401143-01
Actor: Wilson James Durango Franco

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 2 de octubre de 2024 proferida
por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Aclara el voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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