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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01168-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01168-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE 11 Corte Constitucional, sentencia T-1025 de 2006, T-493 de 2007, entre otras, Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 28 de marzo de 2019, rad. 20001233300020180030101. 8 Radicación: 05001-23-33-000-2024-01168-01 Accionante: Javier Andrés Ossa Montoya Accionado: Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Medellín Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 8 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela, por las razones expuestas. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-01168-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 05001-23-33-000-2024-01168-01
Accionante: Javier Andrés Ossa Montoya
Accionado: Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Medellín
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / falta de legitimación en la causa por activa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 8 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos

1.
El 25 de septiembre de 2024, el señor Javier Andrés Ossa Montoya, en nombre
propio, presentó demanda de tutela contra el Juzgado 31 Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Según se
entiende, considera que dichas prerrogativas fueron vulneradas con la expedición
del auto de 9 de septiembre de 2024, a través del cual se decidió no reponer la
decisión del 28 de agosto de 2024, que resolvió sobre la acumulación de procesos
solicitada en el marco del medio de control de reparación directa1 que promovió
María Rubiela Espinal Padierna, Camila Padierna Espinal, María Paulina Espinal
Padierna, Wilinton Padierna Espinal, Mariana Padierna Espinal, María Alicia
Padierna Espinal, María Lucila Padierna Espinal y Lizardo Padierna Espinal en
contra del departamento de Antioquia y el municipio de Dabeiba; cuyo propósito era
que se declarara a las demandadas responsables administrativamente por el daño
antijurídico causado por la muerte de la señora María Edilma Padierna Espinal en
un accidente de tránsito.

2.
Según informó el actor, en el año 2023 presentó ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo 7 demandas, cada una conformada por un grupo familiar
diferente, con víctimas independientes, lesionadas en el mismo accidente de

1 Radicado número: 05001-33-33-031-2023-00030-00.

1

Radicación: 05001-23-33-000-2024-01168-01
Accionante: Javier Andrés Ossa Montoya
Accionado: Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Medellín
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

tránsito ocurrido en inmediaciones del municipio de Dabeiba. Las cuales fueron
repartidas en los Juzgados 31, 20, 07, 22, 15, 33 y 12 Administrativos de Medellín.

3.
La demanda repartida al Juzgado 31 Administrativo de Medellín fue admitida
mediante auto de 1 de marzo de 2023. Afirmó que como el numeral segundo del
auto no indicaba que la notificación la iba a realizar la secretaría, procedió a hacerlo
por su cuenta, dado que no existe ninguna norma que lo impida, atendiendo
además a los deberes contenidos en el artículo 78 del CGP, que resulta aplicable
a la jurisdicción contenciosa por remisión expresa del CPACA.

4.
Manifestó que el 3 de marzo de 2023 radicó ante el Juzgado 31 Administrativo
de Medellín memorial con asunto “aporta constancias de notificación”, el cual
contenía dentro de sus anexos la certificación de Servientrega donde remitía el auto
admisorio a las demandadas y al Ministerio Público.

5.
Sustentó que después de analizar detenidamente los 7 procesos que se estaban
adelantando como consecuencia del accidente de tránsito y la norma procesal que
se refiere a la acumulación de procesos, el 6 de marzo de 2023 radicó ante el
Juzgado 31 Administrativo de Medellín memorial solicitando dicha figura procesal.
El 16 de junio de 2023, el referido despacho judicial profirió auto por medio del cual
requirió a los 6 Juzgados Administrativos donde se encontraban los demás
procesos, para que suministraran información y así tomar una decisión.

6.
El 28 de agosto de 2024, el Juzgado 31 Administrativo de Medellín resolvió que
no era el despacho competente para conocer de la acumulación deprecada, dado
que no había notificado el auto admisorio, por lo que el competente para la
acumulación requerida era el Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Medellín.
Conforme lo anterior, dispuso la acumulación del proceso tramitado en ese
despacho al proceso 05001333302020230003700 por aquella autoridad judicial.

7.
Informó que presentó recurso de reposición contra el auto de 28 de agosto de
2024, en el cual le explicó al Juzgado que las partes demandadas se encontraban
notificadas, a tal punto que el municipio de Dabeiba había contestado la demanda;
notificación que había ocurrido 2 meses antes que la ejecutada por el Juzgado 20
Administrativo. También le indicó al Juez que el tiempo exagerado que demoró para
adoptar una decisión determinó que, en 2 de los procesos, cuya acumulación se
solicitaba, se hubiera fijado fecha de audiencia, lo cual impedía la acumulación.

8.
El 9 de septiembre de 2024 el Juzgado 31 Administrativo de Medellín decidió no
reponer el proveído del 28 de agosto de 2024, al considerar que las reglas que
deben seguirse para la notificación del auto admisorio de la demanda en la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, están contenidas en el artículo 199 del
CPACA, las cuales determinan que es el despacho de conocimiento, a través del
empleado o empleada a cargo de certificar (secretaría), quien debe realizar la
notificación personal a las entidades demandadas y al Ministerio Público desde el
buzón de correo oficial; por lo que a pesar de las gestiones realizadas por el
recurrente, el trámite de notificación del auto admisorio adelantado por el mismo

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Radicación: 05001-23-33-000-2024-01168-01
Accionante: Javier Andrés Ossa Montoya
Accionado: Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Medellín
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

para las entidades demandadas, no corresponde con la normativa aplicable, prueba
de ello es la ausencia de notificación al Ministerio Público.

9.
El actor considera que dicha decisión es contraria a derecho, debido a que la
notificación que se realizó a las demandadas se hizo respetando el contenido del
artículo 199 del CPACA; por cuanto se realizó mediante mensaje dirigido al buzón
electrónico de notificaciones judiciales, el mensaje identificaba la notificación que
se realizaba y, contenía copia de la providencia a notificar. También arguyó que es
falsa la afirmación según la cual no se notificó al Ministerio Público, pues en los
anexos del memorial de 3 de marzo de 2023 estaba aquella; sumando al hecho que
el 11 de septiembre de 2024 remitió un correo electrónico a la Procuradora 168
Judicial con la intención de corroborar si había recibido el correo de 3 de marzo de
2023, la cual le contestó de manera afirmativa.

10.
Adicional a lo anterior, sostuvo que es falsa la afirmación según la cual, con base
en el artículo 199 del CPACA el juzgado es el único responsable de ejecutar la
notificación del auto admisorio. Lo anterior, debido a que el legislador no contempló
aquello en ninguno de los apartes de ese artículo, pues ésta indica que “El
secretario hará constar este hecho en el expediente”, lo que hace referencia a que,
una vez se constate la ejecución de la notificación, bien sea por cuenta del Juzgado
o por la parte demandante, el secretario debe dejar prueba de ello. La afirmación
del juzgado va más allá del contenido lingüístico e interpretativo que trae el artículo
199 de la Ley 1437 de 2011.

11.
Concluyó señalando que el Juzgado violó sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, por cuanto: (i) tardó
injustificadamente 1 año y 5 meses en resolver una petición de acumulación y, (ii)
rechazó tal solicitud con base en afirmaciones falsas, que constituyen una
extralimitación a la interpretación de la Ley.

B. Sentencia de primera instancia

12. En fallo de 8 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala

Séptima de Oralidad negó el amparo solicitado. Tras revisar las normas procesales
pertinentes, determinó que las notificaciones personales de las providencias que
así lo demanden, debe realizarlas el secretario del despacho y no las partes, puesto
que una notificación realizada por estas carecería de valor jurídico. Resaltó que,
aunque el CGP incorpora normas generales sobre notificaciones, las disposiciones
específicas del CPACA prevalecen, cuando se trata de asuntos sometidos a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

13. Por otra parte, frente a la solicitud de acumulación de procesos, hizo referencia

a los numerales 1 y 3 del artículo 148 del CGP. Explicó que, en su acción de tutela
el accionante solicitó exclusivamente que los procesos acumulados se surtieran
ante el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Medellín, descartando desde un
principio aquellos procesos a los que ya se les había fijado fecha y hora para la
celebración de la audiencia inicial. Ante este evento, arguyó que existe ya una
providencia emanada del Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Medellín del
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Radicación: 05001-23-33-000-2024-01168-01
Accionante: Javier Andrés Ossa Montoya
Accionado: Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Medellín
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

28 de agosto del 2024, que se encuentra debidamente ejecutoriada y superó el
examen de control de constitucionalidad concreto ante los motivos expresamente
señalados por el accionante, lo cual, le impide al juez constitucional abordar el
estudio de la misma desde una perspectiva diferente a la de la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, que no se vislumbran en el
asunto.

C. La impugnación

14.
La parte accionante expresó que la solución propuesta por el juez constitucional
de primera instancia no es respetuosa del derecho, dado que emplea de forma
errónea la interpretación de los artículos implicados, por el desconocimiento del
desarrollo histórico del derecho procesal en cuanto a los artículos 199 y 205.

15. Explicó que para poder comprender mejor el actual artículo 205 del CPACA, se

debe remontar al año 2011, pues se hace necesario conocer cuál fue la norma
primigenia y cómo se acompasaba con el artículo 199 ibidem (citó el artículo 205
del 2011). Adujo que la redacción de este artículo resultaba necesaria para aquella
época, pues lo que hacía era complementar las otras formas de notificación que
había dispuesto el legislador entre los artículos 199 a 203 y la circunscribía a
aquellos eventos donde existiera una aceptación de notificación por medios
electrónicos. La finalidad de la redacción del artículo 205 del año 2011 era clara,
se asentaba en la necesidad de buscar la agilidad de los procesos. Se debe de
entender que este artículo lo que hacía era complementar y no restringir.

16. Indicó que cuando el legislador asentó las palabras “además” y “podrán” dentro

de la redacción del artículo 205, daba a entender de manera clara que prevalecían
las notificaciones específicas, según fuera el caso; es decir, la de los artículos 199,
200, 201 o 203. En tal sentido, para la notificación del auto admisorio la norma
específica era el artículo 199 y la complementaria, general y no obligatoria era la
del 205.

17. Manifestó que con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 se modificaron,

entre otros, los artículos 199 y 205 del CPACA. La idea de implementar una
modificación normativa residía en varios aspectos específicos importantes, para
aquella época, dentro del que se destacaba la necesidad en post-pandemia de
fortalecer la transformación digital. No obstante, lo anterior, tal modificación
normativa no cambió el espíritu de los artículos implicados. Además, aún con las
modificaciones establecidas con la Ley 2080 de 2021 se debe seguir respetando
la especificidad del artículo 199, por cuanto este artículo ha sido desde el año 2011
la disposición normativa que contempla con idoneidad el paso a paso de cómo se
debe ejecutar la notificación del auto admisorio. Artículo, incluso, que toma mayor
relevancia si el auto que admitió la demanda no dispuso la orden “por secretaría”.

18. Concluyó que se debe analizar que el actual artículo 199 está encabezado con

la redacción “Notificación personal del auto admisorio…”, de ahí que se le siga
dando el carácter de norma específica. En ningún momento el actual artículo 199
remite al 205 y, tampoco dispone que es el secretario quien debe remitir para su
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Radicación: 05001-23-33-000-2024-01168-01
Accionante: Javier Andrés Ossa Montoya
Accionado: Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Medellín
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

notificación el auto admisorio. Destacó que el artículo 205 no debe eliminarse; por
el contrario, tiene una aplicación relevante dentro de la codificación en comento
siempre y cuando no se refiera al auto admisorio de la demanda, al cual no le
resulta aplicable.

19. Concluyó que en el ámbito jurídico debe prevalecer la norma específica sobre la

general cuando ambas regulan una misma materia, de allí que no le asista razón
al juez constitucional de primera instancia y se deba amparar los derechos que se
encuentran violados. Afirmó que todo lo explicado sirve de sustento para entender
que sí se efectuó la notificación del auto admisorio del Juzgado 31 Administrativo
de Medellín con apego a la Ley, de allí que sea pertinente amparar los derechos
fundamentales invocados.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

20.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.

E. Análisis del caso concreto

21. La Sala modificará la decisión de primera instancia, y declarará improcedente la

solicitud de amparo, pues el señor Javier Andrés Ossa Montoya no está legitimado
en la causa por activa para interponer la presente acción constitucional.

22. Según el artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir

a la acción de tutela, bien sea -por sí misma o a través de un representante-, para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente, de los particulares.

23. En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10° del Decreto 2591 de

1991, por el cual se reglamenta el ejercicio de la acción de tutela, establece que
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante (…).”

24. De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que quien la solicite se encuentre
“legitimado en la causa por activa” para buscar la protección de sus derechos
fundamentales. Es decir, este requisito exige que los derechos a resguardar estén
en cabeza del accionante y no, en principio, de otra persona. Sobre el particular, la
Corte Constitucional ha precisado:

2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2024-01168-01
Accionante: Javier Andrés Ossa Montoya
Accionado: Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Medellín
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

<<La tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales, que toda persona
puede instaurar “por sí misma o por quien actúe a su nombre” (CP art. 86). No es
necesario, que el titular de los derechos interponga directamente el amparo, pues un
tercero puede hacerlo a su nombre. El tercero debe sin embargo tener una de las
siguientes calidades: (i) representante del titular de los derechos, (ii) agente oficioso,
o (iii) Defensor del Pueblo o personero municipal 3 .En específico: (i) representante
puede ser, por una parte, el representante legal (cuando el titular de los derechos sea
menor de edad, incapaz absoluto, interdicto o persona jurídica), y por otra el apoderado
judicial (en los demás casos). Para ser apoderado judicial, la persona debe ser
abogado titulado y a la acción debe anexar poder especial para el caso o en su defecto
el poder general respectivo4 (ii) Como agente oficioso puede obrar un tercero “cuando
el titular de los mismos [es decir, de los derechos] no esté en condiciones de promover
su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra deberá manifestarse en la solicitud”
(Dcto 2591 de 1991 art. 10). (iii) El Defensor del Pueblo y los personeros municipales
pueden instaurar la tutela conforme a la ley y la jurisprudencia a nombre de quien se
los solicite o esté indefenso5>>.

25. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional indicó que, so pretexto de ejercer la

acción de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la
representación de otra persona, ni la informalidad propia de este mecanismo de
protección constitucional supone que no existan requisitos mínimos de
procedibilidad como la legitimación en la causa por activa6. Al respecto,
sostuvo:

<<Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que
quien solicita el amparo constitucional se encuentre ‘legitimado en la causa’ para
presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha legitimación
puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el derecho cuya
protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de otra
persona 7 . La segunda se entiende satisfecha con la correcta identificación de las
autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados8, destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a
los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer
el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la
controversia constitucional.

“Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda en
causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar debidamente

3 Artículo 10, Decreto 2591 de 1991: “[l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por

cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
mismo o a través de representantes. Los poderes se presumirán auténticos. || También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. […]
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales
4 Sentencia T-531 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). En esa ocasión, la Corte negó la acción de

tutela interpuesta por una persona, entre otras razones porque no tenía la condición de apoderado judicial.
Para sostener ese punto, señaló que el apoderamiento judicial sólo existía allí donde se daban las siguientes
condiciones: “[…] Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala señala que el mismo
es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder
que se presume auténtico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. En este
sentido (iv) El poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso
no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a
estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un
profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional”.
5 SU-377 de 2014.
6 Corte Constitucional, sentencia T-417 del 8 de julio de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
7 Original de la cita: “Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)”.
8 Original de la cita: “En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: ‘Artículo 13. La acción se dirigirá

contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental [...]’”.
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Radicación: 05001-23-33-000-2024-01168-01
Accionante: Javier Andrés Ossa Montoya
Accionado: Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Medellín
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para instaurar la acción de
tutela>>9.

26.
En el caso objeto de estudio, se advierte que el señor Javier Andrés Ossa
Montoya acude a la acción de tutela con el propósito, según se entiende, de que se
deje sin efectos el auto de 9 de septiembre de 2024, a través del cual se decidió no
reponer la decisión del 28 de agosto de 2024 que resolvió sobre la acumulación de
procesos solicitada en el marco del medio de control de reparación directa sea
dejado sin efectos, y con ello se ordene al Juzgado 31 Administrativo Oral del
Circuito de Medellín la acumulación de los 7 procesos en su despacho y no en el
Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Medellín.

27. No obstante, una vez revisando
el expediente se advierte que el accionante no
funge como demandante, demandado, tercero con interés o coadyuvante dentro
del proceso ordinario de reparación directa tramitado en el Juzgado 31
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, bajo el radicado 05001-33-33-031-
2023-00030-00; sino que es el apoderado judicial de la parte demandante, es decir,
de María Rubiela Espinal Padierna, Camila Padierna Espinal, María Paulina Espinal
Padierna, Wilinton Padierna Espinal, Mariana Padierna Espinal, María Alicia
Padierna Espinal, María Lucila Padierna Espinal y Lizardo Padierna Espinal, sin
que hubiere allegado el correspondiente poder para actuar en el presente trámite
constitucional en su representación.

28.
Para esta Sala es claro que el señor Javier Andrés Ossa Montoya no es el
directamente afectado con la decisión a la que le atribuye la vulneración de sus
derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, toda vez que
los autos proferidos por el Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Medellín
tienen incidencia directa únicamente en los derechos de los demandantes del
proceso ordinario, no en el señor Ossa Montoya, quien simplemente es el
apoderado judicial de aquellos dentro del medio de control de reparación directa.

29.
De manera que, atendiendo a que los titulares del derecho no promovieron en
forma directa la presente acción de tutela, el accionante sólo podía incoarla en
calidad de agente oficioso 10 o apoderado de los mismos. Sin embargo, del
contenido de la solicitud de amparo no puede derivarse que actúe en ninguna de
esas calidades, sino que lo hizo en nombre propio, sin revelar la existencia de una
situación que les hubiere impedido a los titulares del derecho acudir a formular
directamente la acción de tutela o constituir apoderado para esos mismos efectos.

30.
En este punto, es importante resaltar que, aunque el accionante es el apoderado
judicial de los demandantes de la demanda de reparación directa, la personería con
que allí cuenta no lo faculta para promover la presente solicitud de amparo, toda

9 Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
10 Cabe recordar que la jurisprudencia constitucional -sentencias Sentencia T-111 de 2013 y Sentencia T-111

de 2013, entre otras- ha establecido ciertos requisitos mínimos necesarios para actuar como agente oficioso,
entre los que se encuentran: (i) manifestación expresa en el escrito de tutela de que se actúa en tal calidad, (ii)
que se encuentre plenamente demostrado que el titular de los derechos que se agencian se encuentra
imposibilitado para promover su propia defensa y (iii) que el sujeto o los sujetos agenciados se encuentran
plenamente identificados.
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Radicación: 05001-23-33-000-2024-01168-01
Accionante: Javier Andrés Ossa Montoya
Accionado: Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Medellín
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

vez que para ello requiere un poder especial conferido en debida forma por los
titulares del derecho para poder interponer la acción de tutela en su nombre y
representación11.

31.
Por consiguiente, la Sala concluye que el señor Javier Andrés Ossa Montoya
carece de legitimación en la causa por activa dado que no es parte en el proceso
de reparación directa donde fue expedida la decisión acusada. Razón por la cual,
se debe declarar improcedente el amparo solicitado por las razones aquí
expuestas.

32.
En todo caso, si en gracia de discusión se diera por superado el requisito de
legitimación en la causa por activa, la Sala observa que la discusión planteada no
es de relevancia constitucional, debido a que no existe claridad sobre cuál es la
forma concreta en la que se materializa la lesión de los derechos fundamentales
invocados. El actor no explica por qué el hecho de que el Juzgado 20 Administrativo
del Circuito de Medellín y no el 31 Administrativo Oral del Circuito de Medellín
conozca de la acumulación de procesos solicitada vulnera sus derechos; máxime
cuando se observa que no se le está cercenando el derecho de acceder a la justicia,
sino que, por el contrario, se accedió a lo pedido por el actor dentro del proceso de
reparación directa, que no es otra cosa que acumular varios asuntos para que sean
conocidos por un mismo despacho judicial, con lo cual se cumple la finalidad de
dicha figura jurídica, esto es, que las decisiones judiciales sean coherentes y evitar
soluciones contradictorias en casos análogos; además de simplificar el
procedimiento y reducir gastos procesales, en aras del principio de economía
procesal.
33.
En ese sentido, no se entiende cómo se configura la lesión de los derechos
invocados, si el asunto finalmente va a ser tramitado por otro juzgado
administrativo. Por lo que carece de cualquier sentido dar una orden para exigir a
uno u otro despacho judicial conocer del asunto, cuando finalmente se accedió a la
acumulación de procesos pretendida por la parte actora, pero, en otro despacho
judicial con las mismas características.

34.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala MODIFICARÁ la sentencia de 8 de
octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y declarará
improcedente el amparo.

35. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

11 Corte Constitucional, sentencia T-1025 de 2006, T-493 de 2007, entre otras, Consejo de Estado, Sección

Cuarta, Sentencia de 28 de marzo de 2019, rad. 20001233300020180030101.
8

Radicación: 05001-23-33-000-2024-01168-01
Accionante: Javier Andrés Ossa Montoya
Accionado: Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Medellín
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 8 de octubre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia y DECLARAR IMPROCEDENTE la
tutela, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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