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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01184-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01184-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Revocar la sentencia impugnada, proferida el 10 de octubre de 2024, por la Sala Octava del Tribunal Administrativo de Antioquia. SEGUNDO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como consecuencia, (i) se deja sin efectos la providencia de 19 de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado 33 Administrativo de Medellín, en el proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-703-2015-00098-00, y (ii) se ordena a dicha autoridad judicial que, en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, profiera la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 05001-23-33-000-2024-01184-01 Demandante: ICBF correspondiente decisión de reemplazo, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-01184-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 05001-23-33-000-2024-01184-01
Demandante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
Demandado: JUZGADO 33 ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procedencia
excepcional / DEFECTOS SUSTANTIVO Y PROCEDIMENTAL ABSOLUTO – Se
configuran en este caso porque se realizó una interpretación indebida y restrictiva del
artículo 65 de la Ley 179 de 1994.

La Sala1 decide la impugnación instaurada por la parte demandante contra el fallo
de primera instancia, proferido el 10 de octubre de 2024, por la Sala Octava del
Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del cual declaró improcedente la
solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 27 de septiembre de 2024, el Insituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF interpuso acción de tutela contra el Juzgado 33 Administrativo de Medellín,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes
pretensiones:

PRIMERA: Tutele los derechos fundamentales del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF- al debido proceso, al libre acceso a la
administración de justicia en conexidad con el debido proceso y el derecho a
la igualdad, desconocidos por el Juzgado 33 Administrativo de Oralidad del
Circuito de Medellín, con ocasión de la expedición de los autos del 2 de
agosto y el 19 de septiembre de 2024, dictados en el radicado No. 05001 33

1 Como el proyecto inicialmente presentado por el consejero José Roberto Sáchica Méndez no obtuvo la

mayoría requerida, el expediente pasó al despacho de la magistrada ponente el 15 de noviembre de 2024,
para elaborar la nueva ponencia.

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Radicado: 05001-23-33-000-2024-01184-01
Demandante: ICBF

33 703 2015 00098 00, ante el defecto material o sustantivo, la falta de una
adecuada motivación y el desconocimiento de manera directa de la
Constitución Nacional.

SEGUNDA: Como resultado de la anterior declaración, declare la nulidad de
los autos del 2 de agosto y el 19 de septiembre de 2024, dictados en el
radicado No. 05001333370320150009800.

SEGUNDA: Como resultado de la anterior declaración, declare la nulidad de
los autos del 2 de agosto y el 19 de septiembre de 2024, dictados en el
radicado No. 05001333370320150009800.

TERCERA: Ordene al Juzgado 33 Administrativo de Oralidad del Circuito de
Medellín que emita una nueva providencia debidamente motivada, en
atención a las disposiciones legales aplicables al caso de autos, atendiendo
los parámetros legales y jurisprudenciales.

2. Las pretensiones formuladas por la parte demandante se sustentan en los
siguientes hechos juridicamente relevantes:

3. En sentencia proferida el 27 de junio de 2017, el Juzgado 33 Administrativo de
Medellín impuso condena de contenido patrimonial en contra del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, en el proceso de reparación directa con
radicado 05001-33-33-703-2015-00098-00. La cuantía de la condena fue
modificada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de 23 de
agosto de 2023, la cual quedó ejecutoriada el 30 de agosto siguiente.

4. El ICBF, de oficio, expidió la Resolución 7781 de 13 de diciembre de 2023, a
través de la cual reconoció el crédito y otorgó al apoderado de la parte beneficiada
con la condena, el término de 20 días para que allegara los documentos
necesarios para efectuar el pago. El acto administrativo se notificó al interesado el
14 de diciembre de 2023.

5. Como no se recibió respuesta al requerimiento, el 31 de enero de 2024, el ICBF
constituyó depósito judicial ante el Juzgado 33 Administrativo de Medellín, en el
radicado del proceso de reparación directa.

6. El 23 de abril de 2024, por medio de mensaje enviado a través de correo
electrónico al buzón de la entidad accionante, el apoderado de la parte actora en
el proceso ordinario presentó cuenta de cobro, «esto es, fuera del término legal y
cuando la entidad ya había procedido con la constitución del título judicial».

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Demandante: ICBF

7. El Juzgado 33 Administrativo de Medellín, en auto de 2 de agosto de 2023,
negó la entrega del depósito judicial a la parte demandante en el proceso de
reparación directa y dispuso devolver los dineros al ICBF, bajo el argumento de
que no existía procedimiento que permitiera la consignación de dineros sin orden
judicial, ni que le otorgara competencia a los juzgados administrativos para actuar
como pagadores; además, porque la cuenta de depósitos judiciales no estaba
destinada al pago de sentencias judiciales.

8. La decisión fue confirmada en proveído de 19 de septiembre de 2024, en sede
de reposición, con similares argumentos. Se agregó, en esa ocasión, que «la ley
ha dispuesto mecanismos adecuados para que el deudor pague con consignación
una obligación, como la figura de pago por consignación, sin asignar competencia
sobre estos asuntos a los jueces administrativos y es un asunto que excede el
objeto del proceso declarativo adelantado ante este Despacho».

9. La entidad accionante considera que los autos de 2 de agosto de 2023 y de 19
de septiembre de 2024 incurrieron en defecto sustantivo, por la indebida
interpretación del Acuerdo PCSJA21-11731 de 29 de enero de 2021 y la
inaplicación de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 65 de la Ley 179 de
1994, el parágrafo 1º del artículo 195 del CPACA y el inciso segundo del artículo
2.8.6.4.2. del Decreto 1068 de 2015. Adicionalmente, estima que las providencias
cuestionadas carecen de motivación porque no justificaron las razones que
llevaron a inaplicar las normas antes aludidas, lo que devino en un
desconocimiento de la Constitución y en la violación de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.

10. Señaló que esa entidad no debe asumir la carga de pagar intereses de mora,
lo cual precisamente buscaba evitar con el pago oportuno de la obligación que le
fue impuesta mediante sentencia judicial.

11. Explicó que el Acuerdo PCSJA21-11731 de 29 de enero de 2021 no era
aplicable al caso, según lo señalado en el artículo 52 de ese acto; además, la
autoridad judicial accionada no estaba facultada para interpretar dichas
disposiciones y ordenar la devolución del título judicial.

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12. En su entender, debieron aplicarse el artículo 65 de la Ley 179 de 1994 y el
inciso segundo del artículo 2.8.6.4.2. del Decreto 1068 de 2015. Aclaró que el
parágrafo 1º del artículo 195 del CPACA delegó en el Gobierno Nacional la
reglamentación del procedimiento para el pago efectivo a los beneficiarios de las
sentencias, lo cual dio lugar a la expedición del Decreto 1068 de 2015, cuyo
artículo 2.8.6.4.2 establece que las entidades no deben esperar a que el acreedor
presente la solicitud de pago para cumplir con ese trámite. Por su parte, el inciso
quinto del artículo 65 de la Ley 179 de 1994 señala que, si transcurridos 20 días el
interesado no efectúa el cobro, las sumas a pagar se depositarán en la cuenta de
depósitos judiciales a órdenes del juez o tribunal a favor de los beneficiarios,
procedimiento que acató el ICBF.

13. Indicó que la interpretación contra legem del Acuerdo PCSJA21-11731 de 29
de enero de 2021 y la falta de aplicación del parágrafo 1º del artículo 195 del
CPACA, así como del artículo 65 de la Ley 179 de 1994 y del inciso segundo del
artículo 2.8.6.4.2. del Decreto 1068 de 2015 le resulta perjudicial, por cuanto «el
pago del depósito lo realizó la entidad con cargo al presupuesto de la vigencia
fiscal 2023 y por la orden judicial, estas sumas de dinero deberán reintegrarse al
presupuesto general de la Nación y en virtud de ello deberá costearse con
presupuesto 2024 el pago de la sentencia»; además, la entidad se vería obligada
al pago de intereses de mora.

Trámite impartido e intervenciones

14. Mediante auto de 30 de septiembre de 2024 se admitió la solicitud de amparo,
se ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, se vinculó al
abogado que representó los intereses de los demandantes en el proceso de
reparación directa con radicado 05001-33-33-703-2015-00098-00; se tuvieron
como prueba los documentos aportados con la demanda y se requirió el envío del
expediente digital del proceso ordinario.

15. La juez titular del despacho judicial accionado solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela, por cuanto, en su criterio, la discusión es de
índole legal y supone una tercera instancia; además, el debate sobre la
generación de intereses de mora es meramente económico, en tanto «que excede
el debate sobre los derechos fundamentales y que sería un asunto propio del
debido cumplimiento o no de la providencia judicial». Consideró que la decisión de

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ordenar la devolución del título «no es la que realmente afectaría el patrimonio de
la entidad, pues no es la que decide sobre la causación o no de intereses y, en
esa medida, la acción de tutela estaría protegiendo una afectación eventual».

16. Añadió que no desconoció lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 65 de la
Ley 179 de 1994, pues decidió que no tenía competencia para entregar el dinero
en cuestión al beneficiario, dado que no mediaba orden judicial de pago.

17. Aclaró que las providencias que se discuten sí aparecen debidamente
motivadas, y agregó que el cargo de violación directa de la Constitución no se
sustentó en un juicio o test de igualdad que permita entrever tratos diferenciados;
por el contrario, el criterio aplicado ha sido reiterado por otros despachos
judiciales.

18. El abogado Diego Rolando García Sánchez manifestó que le asiste razón al
ICBF, pues, en su criterio, la postura asumida por el Juzgado 33 Administrativo de
Medellín es ilógica y constituye un obstáculo para la reparación de las víctimas.
Mencionó que las cuentas bancarias de los despachos judiciales están destinadas,
entre otros, al pago de sentencias, por lo que solicitó que se ordene juzgado
accionado que disponga la entrega del título judicial a la parte beneficiaria.

Sentencia impugnada

19. La Sala Octava del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de
primera instancia el 10 de octubre de 2024, a través de la cual declaró
improcedente la acción de tutela, por falta de relevancia constitucional.

20. Explicó que el asunto se contrae a la interpretación que debe darse al artículo
65 de la Ley 179 de 1994. Que, además, el asunto versa sobre un aspecto
económico y pretende reabrir la discusión zanjada por el juez natural, sin que se
advierta una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad accionada. Indicó,
también, que la controversia no gira en torno al contenido, alcance y goce de un
derecho fundamental y tampoco se logra verificar un perjuicio irremediable o
afectación grave, pues el posible pago de intereses de mora es hipotético y futuro.

21. Manifestó que el ICBF pudo hacer el pago directamente, pues dentro de la
jurisdicción contencioso administrativa no se encuentra contemplado el pago de

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sentencias judiciales y el Acuerdo PCSJA21-11731 de 29 de enero de 2021
«reguló que sólo se pagaran por orden expresa del funcionario competente».

Impugnación

22. La entidad accionante insistió en la configuración del defecto sustantivo por la
inaplicación del inciso quinto del artículo 65 de la Ley 179 de 1994, del parágrafo
1º del artículo 195 del CPACA y del inciso segundo del artículo 2.8.6.4.2. del
Decreto 1068 de 2015, lo que, a su juicio, tuvo incidencia directa en el sentido de
la decisión. Reiteró que las providencias atacadas carecen de la debida
motivación, toda vez que no justificaron la decisión de apartarse de las
disposiciones legales enunciadas, lo que desconoció el artículo 84 de la
Constitución Política.

23. Adujo que sí se reune el requisito de relevancia constitucional, en tanto que el
asunto se sustentó en la violación de derechos fundamentales por la aplicación
indebida del Acuerdo PCSJA21-11731 de 29 de enero de 2021, que no habilitaba
la devolución del título judicial, y el desconocimiento de las disposiciones legales
de rango superior que sí eran aplicables. Recalcó que no pretendía que el
despacho judicial actuara como pagador y mencionó que la entidad tenía derecho
«a un tratamiento diferencial positivo» en la interpretación de las normas que
resultaban aplicables.

24. Agregó que la demanda no se centró en un tema estrictamente económico,
sino en una interpretación contraevidente de la ley y el desconocimiento de las
disposiciones legales aplicables al caso, sin motivación; además, el pago de
intereses de mora fue sólo uno de los argumentos planteados y, en todo caso, no
es hipotético, pues las decisiones enjuiciadas traen como resultado el efecto de no
tener por cancelada la obligación dineraria, «y no queda al criterio del ICBF la
aplicación o no del artículo 192 del CPACA».

25. Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Problema Jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo proferido el 10 de octubre de 2024, por la Sala Octava del Tribunal

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Administrativo de Antioquia, por medio del cual se declaró improcedente la acción
de tutela instaurada por el ICBF contra el Juzgado 33 Administrativo Oral de
Medellín.

Análisis de la Sala2

El requisito de relevancia constitucional

27. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia.
Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.

28. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

29. Al revisar las premisas expuestas por la parte demandante, a diferencia de lo
expuesto por el a quo, la Sala concluye que la solicitud de amparo posee
relevancia constitucional, por cuanto reúne la carga argumentativa mínima exigida
para considerar una posible vulneración de derechos de raigambre constitucional,
como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia.

30. Adicionalmente, el reproche elevado apunta al desconocimiento deliberado de
normas que resultaban aplicables al asunto y a la interpretación equivocada de
dichas disposiciones, por parte de la autoridad judicial accionada, lo que, en

2 La Sala advierte que la solicitud de amparo fue presentada en un término razonable, dado que
transcurrieron menos de seis meses desde que se notificó la providencia cuestionada, contra la cual, cabe
agregar, no procede ningún recurso ordinario ni extraordinario.
3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y

SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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criterio de la entidad accionante, conllevó la adopción de una decisión injusta y
errada, violatoria de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia.

31. En ese entendido, no se aprecia que la intención de la demandante sea utilizar
esta acción constitucional como una tercera instancia, pues sus esfuerzos se
encaminaron a demostrar la configuración del defecto sustantivo que le enrostra a
las decisiones judiciales cuestionadas, yerro que, valga mencionar, en el sentir de
la entidad impugnante, se tradujo en una restricción desproporcionada a sus
derechos fundamentales.

Caso concreto y solución del problema jurídico

32. La Sala accederá al amparo solicitado por el ICBF, por las razones que a
continuación se exponen.

33. Según la demanda, el juzgado accionado interpretó equivocadamente el
Acuerdo PCSJA21-11731 de 29 de enero de 2021, emanado del Consejo Superior
de la Judicatura, e ignoró lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 65 de la Ley
179 de 1994, el parágrafo 1º del artículo 195 del CPACA y el inciso segundo del
artículo 2.8.6.4.2. del Decreto 1068 de 2015, todo lo cual se tradujo en la adopción
de una decisión violatoria de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia.

34. El fundamento esgrimido por el Juzgado 33 Administrativo de Medellín para
negar la entrega de los dineros depositados por el ICBF fue el siguiente:

El Despacho le precisa al apoderado que los empleos públicos están
regidos por el artículo 122 de la Constitución Política según el cual "no habrá
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento", de
manera que debe actuarse en el marco de las facultades otorgadas y los
procedimientos establecidos, que los procedimientos judiciales están
regulados por la Ley, que el Juez Contencioso Administrativo no tiene la
competencia residual en los asuntos sometidos a la justicia, siendo el Juez
residual la jurisdicción ordinaria a través de los jueces civiles, que el hecho
que el Acuerdo 11731 de 2021 regule los depósitos judiciales - y dentro de los
mismos prevea consignaciones sin órdenes judiciales - no modifica el marco
legal al cual se encuentra sometido el Juez, que en todo caso no consagró
este tipo de depósito sin orden judicial.

Pese a que el recurrente cita el artículo 195 parágrafo 1 de la Ley 1437 de
2011 sobre la facultad reglamentaria del pago de sentencias judiciales, marco

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dentro del cual la entidad no debe esperar la solicitud para cumplir, y el
artículo 65 de la Ley 179 de 1994 que establece que “si transcurridos 20 días
el interesado no efectuó el cobro, las sumas a pagar se depositarán en la
cuenta de depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez o tribunal y a
favor de él o los beneficiarios", no se trata de disposiciones que asignen
competencia para el conocimiento del asunto al juez que profirió la sentencia
de primera instancia - como si se asignó en el marco de procesos ejecutivos a
través de la orden de pago - y no estableció procedimiento alguno para que el
Juez que profirió la sentencia actúe como pagador de sentencias judiciales.

En este sentido, es importante reiterar que no existe procedimiento alguno
establecido en la normativa vigente que permita que, a través de
consignación sin orden judicial, el Juez Administrativo del proceso declarativo
actúe como pagador de sentencias judiciales.

La Ley ha dispuesto mecanismos adecuados para que el deudor pague con
consignación una obligación, como la figura de pago por consignación, sin
asignar competencia sobre estos asuntos a los jueces administrativos y es un
asunto que excede el objeto del proceso declarativo adelantado ante este
Despacho.

35. Se tiene, así, que la razón central de la decisión fue la falta de competencia del
juzgado, ante la falta de disposición en la Ley 1437 de 2011, que habilite la
constitución de depósitos judiciales con posterioridad a la sentencia, sin orden
judicial, y que faculte al juez de conocimiento a tramitar y entregar el respectivo
título.

36. Ahora bien, de las normas a las que alude la entidad accionante para sustentar
el defecto sustantivo, encuentra la Sala que, si bien los artículos 1954 del CPACA

4 «Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de
condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:
1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación cuya
contingencia haya sido provisionada en el Fondo de Contingencias, la entidad obligada, en un
plazo máximo de diez (10) días, requerirá al Fondo el giro de los recursos para el respectivo pago.
2. El Fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos a la entidad obligada
en el menor tiempo posible, respetando el orden de radicación de los requerimientos a que se
refiere el numeral anterior.
3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.
4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que
aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde
su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso
segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral
anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del
crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio
a la tasa comercial.
La ordenación del gasto y la verificación de requisitos de los beneficiarios, radica exclusivamente
en cada una de las entidades, sin que implique responsabilidad alguna para las demás entidades
que participan en el proceso de pago de las sentencias o conciliaciones, ni para el Fondo de
Contingencias. En todo caso, las acciones de repetición a que haya lugar con ocasión de los

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y 2.8.6.4.2.5 del Decreto 1068 de 2015 no se refirieron expresamente al escenario
que se analiza en esta acción, el artículo 65 de la Ley 179 de 1994, compilado en
el Decreto 111 de 1996, sí lo hizo, en los siguientes términos:

Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales y las
conciliaciones se presupuestarán en cada sección presupuestal a la que
corresponda el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se
pagarán las obligaciones que se deriven de éstos.

Será responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado,
debiendo realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir
las decisiones judiciales, para lo cual el Jefe de cada órgano tomará las
medidas conducentes.

En caso de negligencia de algún servidor público en la defensa de estos
intereses y en el cumplimiento de estas actuaciones, al juez que le
correspondió fallar el proceso contra el Estado, de oficio, o cualquier
ciudadano, deberá hacerlo conocer del órgano respectivo para que se inicien
las investigaciones administrativas, fiscales y/o penales del caso.

Además, los servidores públicos responderán patrimonialmente por los
intereses y demás perjuicios que se causen para el Tesoro Público como
consecuencia del incumplimiento, imputables a ellos, en el pago de estas
obligaciones.

Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones de
que trata este artículo y encontrándose el dinero a disposición del beneficiario
o apoderado, según el caso, no se causarán intereses. Si transcurridos 20
días el interesado no efectuó el cobro, las sumas a pagar se depositarán
en la cuenta de depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez o
tribunal y a favor de él o los beneficiarios.

pagos que se realicen con cargo al Fondo de Contingencias, deberán ser adelantadas por la
entidad condenada.
Parágrafo 1o. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento necesario con el fin de que se
cumplan los términos para el pago efectivo a los beneficiarios. El incumplimiento a las
disposiciones relacionadas con el reconocimiento de créditos judicialmente reconocidos y con el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos acarreará las sanciones penales, disciplinarias y
fiscales a que haya lugar.
Parágrafo 2o. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros
rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias.
La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria».
5
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
Artículo 2.8.6.4.2. Resolución de pago. «Vencido el término anterior y en un término máximo de
dos meses, contados a partir de la fecha en que el apoderado radique la comunicación con destino
al ordenador del gasto, la entidad obligada procederá a expedir una resolución mediante la cual se
liquiden las sumas adeudadas, se ordene su pago y se adopten las medidas para el cumplimiento
de la resolución de pago según lo establecido en el artículo 65 de la Ley 179 de 1994, salvo los
casos en los que exista la posibilidad de compensación. Dicha resolución deberá señalar
expresamente en su parte resolutiva que se trata de un acto de ejecución no susceptible de
recursos y será notificada al beneficiario de conformidad con lo previsto en los artículos 67 a 71
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (…)
En ningún caso la entidad deberá esperar a que el acreedor presente la solicitud de pago para
cumplir con este trámite. (…)».

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37. En ese sentido, no le asiste razón al juzgado accionado cuando afirma que no
existe disposición legal que habilite la constitución de depósitos judiciales para el
pago de sentencias judiciales, o que carece de competencia para ordenar la
entrega del título al beneficiario de la condena, pues, tratándose del despacho
judicial que tuvo a cargo el proceso, resultaba destinatario del pago efectuado por
la parte condenada, en virtud de la norma que se acaba de citar.

38. El hecho de que la Ley 1437 de 2011 no hubiera incluido expresamente la
posibilidad de consignar el pago de la condena a órdenes del juzgado o tribunal
que profirió la sentencia, no supone su falta de competencia, como erradamente
se plasmó en la providencia cuestionada. Tampoco puede entenderse como una
prohibición de constituir depósitos judiciales. De hecho, existen otros eventos en
los que resulta plausible la consignación mediante depósito judicial, sin que medie
orden del juez, por ejemplo, para el pago de acreencias laborales.

39. La postura asumida por la autoridad judicial accionada, además de reflejar un
vicio material6 por la interpretación sesgada e inválida del artículo 65 de la Ley 179
de 1994, constituye, a su vez, un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto 7 , en la medida en que privilegió un entendimiento restrictivo de la
disposición que, finalmente, obstaculizó la eficacia del derecho sustancial, pese a
la realidad que mostraba la diligencia de la entidad condenada en dar
cumplimiento a la orden judicial proferida en el proceso ordinario y la intención de
la parte beneficiada de reclamar los dineros consignados a órdenes de ese
juzgado.

6
La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando: (i) la decisión
judicial se sustenta en una norma inaplicable al caso concreto; (ii) a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución y la ley le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación
o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga
omnes que han definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se hace sin tener
en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y, por ende,
inaplicada, o (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se
adecúa a la situación fáctica a la que se aplicó.
Ver sentencias T-804 de 1999, T-522 de 2001, T- 189 de 2005, T-244 de 2007 y T-972 de 2007.
7
La Corte Constitucional ha entendido que se configura el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto cuando «el juez renuncia a conocer un caso de fondo y a proteger un derecho
sustancial como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas procedimentales», en un
claro desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, que
prevén la garantía del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, y el
principio de prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. Al respecto, se
pueden consultar las sentencias SU-041 de 2022, SU-143 de 2020, T-249 de 2018, SU-355 de
2017 y T-234 de 2017, entre muchas otras.

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40. El razonamiento efectuado es suficiente para concluir que se vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia del ICBF, por cuenta de la negativa del Juzgado 33 Administrativo de
Medellín de ordenar la entrega del título contentivo del depósito judicial constituido
por la entidad accionante a favor de los respetivos beneficiarios.

41. En concreto, los yerros en los que incurrió la autoridad judicial demandada se
sintetizan en la configuración de: (i) un defecto sustantivo por la interpretación
indebida del artículo 65 de la Ley 179 de 1994 y (ii) un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, por el entendimiento restrictivo de esa misma disposición.

42. Por lo expuesto, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del ICBF. Como consecuencia,
se revocará la sentencia de primera instancia y se dejará sin efectos el auto de 19
de septiembre de 2024, proferido por el Juzgado 33 Administrativo de Medellín, en
el proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-703-2015-00098-00,
para que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de
este fallo, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta los aspectos
señalados en esta providencia, con el fin de asegurar la efectividad de los
derechos de la entidad accionante.

43. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Revocar la sentencia impugnada, proferida el 10 de octubre de 2024,
por la Sala Octava del Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia invocados por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar. Como consecuencia, (i) se deja sin efectos la providencia de 19 de
septiembre de 2024, proferida por el Juzgado 33 Administrativo de Medellín, en el
proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-703-2015-00098-00, y
(ii) se ordena a dicha autoridad judicial que, en el término de diez (10) días,
contado a partir de la notificación de la presente providencia, profiera la

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correspondiente decisión de reemplazo, en los términos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto

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