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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00012-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00012-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, proferida el 27 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 05001 23 33 000 2025 00012 01 Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2025-00012-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

20 de marzo de 2025

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Radicado: 05001 23 33 000 2025 00012 01
Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 05001 23 33 000 2025 00012 01
Accionante: Didier Andrés Moreno Loaiza
Accionados: Ministerio de Minas y Energía y Gramalote Colombia Limited
Tesis: No es viable el pronunciamiento de fondo cuando se incorporan pretensiones
en la impugnación que no fueron objeto de debate en primera instancia.

ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia de tutela proferida por la Sala Sexta de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo de Antioquia, que resolvió negar el amparo constitucional.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El 11 de enero de 2025, el señor Didier Andrés Moreno Loaiza, actuando en
nombre propio, presentó acción de tutela contra del Ministerio de Minas y Energía y
Gramalote Colombia Limited, alegando la vulneración de sus derechos
fundamentales de petición, acceso a la información pública, participación y consulta
y los principios constitucionales de transparencia y buena fe. Lo anterior, con
ocasión de una presunta respuesta de manera parcial e incompleta por parte de la
Sociedad Comercial Gramalote Colombia Limited a una petición presentada por el
accionante.

Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:

“Con fundamento en lo anterior, solicito respetuosamente:

1.Que se ordene a Gramalote y al Ministerio de Minas y Energía el cumplimiento
inmediato y completo de la Ley 1712 de 2014, entregando toda la información
solicitada mediante el derecho de petición, sin omisiones ni restricciones. (Todos
los Documentos AM-SARN 000 hasta AM-SARN 180 más numerales incluidas las

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Radicado: 05001 23 33 000 2025 00012 01
Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

reuniones en el coliseo de san José del Nus Impactos del traslado por reubicación
de bocaminas donde nos prometieron ayudas en la distancia de traslado, reinicio
de mina, ingresos, sincronía entre reasentamiento y formalización, planta de
beneficio, estudios geológicos mineros, eliminación del mercurio, tiempo,
asociatividad, bancarización, formación académica, generación de empleo,
comercialización, seguridad y salud en el trabajo, impuestos, infraestructura,
predial, lo cual no cumplieron, emitidos en la Alcaldia de San Roque, secretaria de
agricultura y recursos naturales y UMATA por el señor Juan Fernando Agudelo,
quien fuera retirado de su cargo por conductas irregulares, posterior a esto me
denunció por Injuria y calumnia, buscando que me retractare (sic) por decir la
verdad. Proceso de Investigación y Judicialización No. 056156099153202312440
fiscal Local 106 San Roque Doctora Martha Elena Hernández Gallego y, la
Técnica minera Luz Oralia Patiño Sánchez, actual técnica minera y colaboradora
de Gramalote, vulnerando los derechos de nuestra comunidad, la cual me
denunció falsamente y retiró posteriormente la denuncia en mi contra por Injuria y
calumnia. Procesos de Investigación y Judicialización No.
056706099158202410006 fiscal Local 106 San Roque Doctora Martha Elena
Hernández Gallego).

2.Que se investigue el posible conflicto de interés o negligencia del funcionario del
Ministerio de Minas y Energía y demás funcionarios que están actuando en
aparente defensa de los intereses privados de Gramalote en detrimento de los
derechos fundamentales de la comunidad, Radicado No. IE-2024-00002484,
Radicado No. EI-2024-00005540, Radicado No. IE-2024-00002482, Radicado No.
EI-2024-00004736, Radicado No. IE-2024-00002042, Radicado No. EI-2024-
00003108, zip. UPM Los Mochos informe.

3.Que se adopten medidas para garantizar el acceso efectivo a la información
pública y se prevenga la reiteración de estas omisiones.

4.Que se priorice la protección de los derechos fundamentales de las
comunidades afectadas por proyectos extractivistas, en cumplimiento del Acuerdo
de Escazú.”1

1.2. Como fundamento de la solicitud, en el acápite de hechos, señaló que el 18 de
julio de 2024, presentó un derecho de petición a Gramalote Colombia Limited, con el
fin de obtener documentos sobre el proceso de formalización de la Unidad Productora
Minera (en adelante UPM) Los Mochos. Manifestó que, la respuesta, recibida el 12 de
diciembre de 2024, fue incompleta y firmada por un funcionario del Ministerio de Minas
y Energía, quien además acusó al accionante de injurioso y defendió a la empresa.

Expresó que, al omitir información clave para la comunidad afectada por el proyecto
en el Corregimiento de Providencia, San Roque, Antioquia, se vulneró la Ley 1712 de
2014, que obliga a las entidades públicas y privadas a garantizar el acceso a
información completa y veraz. Reiteró que su incumplimiento vulnera derechos
fundamentales, afectando la defensa del territorio, la transparencia y el acceso a la
justicia.

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai

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Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

Denunció un posible favorecimiento de funcionarios del Ministerio de Minas y Energía
hacia Gramalote Colombia Limited, priorizando sus intereses sobre los derechos de la
comunidad. Asimismo, cuestionó la actuación de Carlos Eduardo Bermúdez Ocampo
por descalificar las denuncias sobre el proceso de formalización, a Carolina Ramírez
Cardona por mediar entre la empresa y la comunidad sin cumplir con los requisitos
ambientales y a Adriana Janeth Carmona Cano por exponer información sobre
crímenes de lesa humanidad cometidos por AngloGold Ashanti en Colombia y otros
países.

1.3. Como fundamento de derecho, manifestó que la reclamación se sustenta en
los artículos 20, 23, 74, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, además de la
Ley 1712 de 2014, sobre transparencia y acceso a la información, la Ley 393 de 1997,
sobre acción de cumplimiento y la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho de
petición.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala sexta de Decisión Oral,
admitió la tutela a través de auto de 12 de enero de 20252. Particularmente ordenó
notificar a los accionados.

2.2. La sociedad comercial Gramalote Colombia Limited, a través de escrito de
fecha de 22 de enero de 2025, señaló que la acción de tutela es improcedente,
puesto que no ha vulnerado ningún derecho fundamental. Sostuvo que nunca
recibió directamente una solicitud de información del accionante, sino un traslado
del Ministerio de Minas y Energía del 12 de agosto de 2024, al cual respondió de
manera completa el 24 de octubre del mismo año.

Explicó que la UPM Los Mochos, de la cual hacía parte el accionante, no cumplió
con los requisitos legales para continuar en el proceso de formalización minera, por
lo que no se encontraba obligada a suscribir subcontratos con dicha unidad. Indicó
que ha firmado 21 (veintiún) contratos de formalización con otros mineros que
cumplieron con la normativa.

2 Visible índice 4 ibídem.

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Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

Asimismo, argumentó que no está sujeto a las disposiciones de la Ley 1712 de 2014,
sobre acceso a la información pública, ya que es una entidad privada que no presta
servicios ni ejerce funciones públicas. Además, sostuvo que, en virtud de la Ley
1581 de 2012, sobre protección de datos, no puede divulgar información sin la
autorización de los titulares.

Rechazó las acusaciones de parcialidad a favor del sector privado y enfatizó que su
función en el proceso de formalización minera se ajusta a la ley, destacando que el
accionante ha presentado múltiples solicitudes reiterativas y que ha sido denunciado
penalmente por sus declaraciones injuriosas.

Finalmente, señaló que el señor Moreno Loaiza cuenta con otros mecanismos
legales para solicitar la información y que la tutela no es el medio idóneo para este
tipo de reclamaciones.

2.3. El Ministerio de Minas y Energía, adujo que no tiene competencia en los
hechos mencionados y que no ha vulnerado ningún derecho fundamental, toda vez
que su función es formular y coordinar políticas del sector minero-energético, pero
no ejecutar ni supervisar directamente actividades mineras, ya que estas
corresponden a la Agencia Nacional de Minería (en adelante ANM).

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión Oral, en
sentencia del 27 de enero de 2025, negó el amparo constitucional de los derechos
fundamentales invocados por el accionante con fundamento en las siguientes
consideraciones:

3.1. Señaló que la sociedad comercial Gramalote Colombia Limited mediante
oficio radicado número IE-2024-00002043 del 24 de octubre de 2024, atendió la
petición del accionante, anexando copia del expediente de la UPM Los Mochos.
Asimismo, en dicho documento se dio respuesta a las afirmaciones realizadas por
el accionante respecto a una funcionaria de la Alcaldía de San Roque,
manifestándole que esa empresa no es la autoridad competente para recibir o tomar
acciones frente a lo declarado por el acto.

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Radicado: 05001 23 33 000 2025 00012 01
Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

3.2. Arguyó que, mediante el radicado IE-2024-00002482 de 18 de diciembre de
2024, Gramalote Colombia Limited también dio respuesta a otra solicitud remitida
por competencia por el Ministerio de Minas y Energía, con el mismo propósito, la
cual había sido radicada el 12 de diciembre de 2024. En su respuesta, aunque
adjuntó copia del expediente de la UPM Los Mochos desde el inicio del proceso de
formalización hasta la fecha, también señaló que el Ministerio de Minas y Energía
ya le había trasladado una solicitud idéntica, a la cual se le había dado respuesta
de fondo el 24 de octubre de 2024, mediante el radicado IE-2024-00002042. Por lo
tanto, indicó que la nueva solicitud reiteraba los mismos hechos y sujetos
involucrados.

3.3. Afirmó que pudo corroborar que la documentación entregada corresponde a
lo solicitadon y que no se advirtió que el actor haya acreditado que las
contestaciones emitidas se efectuaran de manera parcial e incompleta.

3.4. En cuanto a la falta de legitimación por pasiva alegada por el Ministerio de
Minas y Energía, determinó que esta entidad, al haber recibido la solicitud de
información del accionante y haberla trasladado en ejercicio de sus competencias,
tenía un rol dentro del proceso y por lo tanto, debía permanecer vinculada.

3.5. Por último, estimó que de acuerdo con el material probatorio adjunto en el
expediente no se advierte vulneración de los derechos fundamentales invocados
por el accionante y en consecuencia procedió a negar el amparo.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión anterior, argumentando que Gramalote
Colombia Limited incumplió el proceso de formalización de la UPM Los Mochos y el
reasentamiento prometido, vulnerando el derecho al trabajo y a condiciones de vida
dignas. Además, denunció que la empresa recurrió al uso desproporcionado y
violento de la fuerza pública para desalojar a los mineros, destruyendo bocaminas
y equipos sin justificación legal y que el mismo actor ha sido objeto de persecución
mediante denuncias injustificadas en su contra.

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Radicado: 05001 23 33 000 2025 00012 01
Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

Sostuvo que la empresa incumplió el Plan de Manejo Ambiental y que su título
minero está en una causal de caducidad, lo que agrava la situación de la comunidad
afectada.

Sostuvo que como consecuencia de lo anterior se le vulneraron los derechos
fundamentales al trabajo, al debido proceso, al medio ambiente sano y a la
propiedad. También indicó el incumplimiento de compromisos ambientales según lo
dispuesto en el artículo 85 de la ley 99 de 1993, por parte de la citada empresa, lo
que afecta a los mineros y al entorno ambiental.

Informó que la intervención violenta por parte del Estado en Los Mochos, vulnera el
principio de proporcionalidad conforme a la sentencia T-227 de 1997, que prohíbe
el uso excesivo de la fuerza pública en la protección de intereses privados y
agregado a lo anterior consideró vulnerado el derecho fundamental de acceso a la
justicia, toda vez que en este asunto no han sido eficaces otros mecanismos
judiciales.

Solicitó la revocatoria del fallo y que se ordene a Gramalote Colombia Limited la
reparación de los daños causados, el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y
la reanudación del proceso de formalización minera con el Estado, así como
medidas de protección que garanticen el derecho a la verdad, denuncia y la
participación comunitaria. Finalmente aportó pruebas que incluyen registros
fotográficos y videos de la destrucción de la UPM Los Mochos que evidencia la
intervención violenta de la fuerza pública, documentación de compra de equipos,
solicitudes de reubicación y formalización minera, documentos técnicos e informes
que demuestran el incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental radicado en la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA y copias de las denuncias
presentadas por parte de Gramalote Colombia Limited en contra del actor.

V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad
con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991,
por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la

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Radicado: 05001 23 33 000 2025 00012 01
Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

Constitución Política, en concordancia con el Decreto núm. 333 de 6 de abril de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre
las Secciones.

5.2. Hechos

5.2.1. El señor Didier Andrés Moreno Loaiza, señaló que el 18 de julio de 2024,
presentó un derecho de petición a Gramalote Colombia Limited, con el fin de obtener
documentos sobre el proceso de formalización de la UPM Los Mochos.

5.2.2. Se evidenció que dicha petición fue radicada inicialmente en el Ministerio de
Minas y Energía, quien al considerar que no era de su competencia, la remitió a la
sociedad comercial Gramalote Colombia Limited.

5.2.3. Mediamente radicado nro. IE-2024-00002043 del 24 de octubre del 2024,
Gramalote Colombia Limited dio respuesta a la petición.

5.2.4. No satisfecho con la respuesta, el señor Didier Andrés Moreno Loaiza,
interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Minas y Energía y la Sociedad
Gramalote Colombia Limited, alegando la vulneración de los derechos
fundamentales de petición, acceso a la información pública, participación y consulta
y los principios constitucionales de transparencia y buena fe.

5.2.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia, conoció del asunto dentro del
expediente con número de radicado 05001 2333 000 2025 000 12 00 y mediante
providencia del 27 de enero de 2025, negó el amparo constitucional.

5.2.6. Inconforme con lo anterior, la parte actora presentó impugnación, en contra
de la citada providencia.

5.3. Análisis de la Sala

5.3.1. Caso concreto

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Radicado: 05001 23 33 000 2025 00012 01
Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

De manera previa a absolver el problema que corresponda se constata que la parte
actora señala como argumentos en el escrito de impugnación, el incumplimiento por
parte de Gramalote Colombia Limited del proceso de formalización de la UPM Los
Mochos, el reasentamiento prometido, así como la inobservancia del Plan de Manejo
Ambiental. También expuso el uso desproporcionado de la fuerza pública para
desalojar a los mineros por lo que, consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al trabajo, al debido proceso, al medio ambiente sano, la propiedad y
a la proporcionalidad en uso de la fuerza por parte del Estado. Argumentos que
corresponden a cargos que no fueron planteados en el escrito de tutela, tal y como
se procederá a explicar de la siguiente manera:

ESCRITO DE TUTELA ESCRITO DE IMPUGNACIÓN

“DERECHOS VULNERADOS:
“Vulneración de derechos fundamentales:
Derecho de acceso a la información pública
(Art. 20 de la Constitución Política y Ley Gramalote violó los derechos
1712 de 2014) fundamentales al trabajo (artículo 25 de la
Constitución Política), al debido proceso
Derecho fundamental a la participación y (artículo 29), al medio ambiente sano
consulta (Art. 79 y 80 de la Constitución) (artículo 79) y a la propiedad (artículo
58)”.4
Principios de transparencia y buena fe en la
gestión pública”.3

“PETICIONES: “Solicitud

Con fundamento en lo anterior, solicito Por lo anterior, solicito al honorable
respetuosamente: Tribunal que, en virtud de lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el
1.Que se ordene a Gramalote y al Ministerio Decreto 2591 de 1991, revoque el fallo de
de Minas y Energía el cumplimiento inmediato primera instancia y:
y completo de la Ley 1712 de 2014,
entregando toda la información solicitada 1. Ordene a Gramalote Colombia Limited:
mediante el derecho de petición, sin
omisiones ni restricciones. (Todos los La reparación integral de los daños
Documentos AM-SARN 000 hasta AM-SARN causados a la UPM Los Mochos,
180 más numerales incluidas las reuniones en incluyendo la reposición de equipos y el
el coliseo de san José del Nus Impactos del restablecimiento de condiciones laborales
traslado por reubicación de bocaminas donde para los trabajadores afectados.
nos prometieron ayudas en la distancia de
traslado, reinicio de mina, ingresos, sincronía El cumplimiento efectivo del Plan de
entre reasentamiento y formalización, planta Manejo Ambiental, bajo supervisión de la
de beneficio, estudios geológicos mineros, ANLA y demás autoridades competentes y
eliminación del mercurio, tiempo, haciendo uso del artículo 4 inciso 7 y 8 de
asociatividad, bancarización, formación la Ley 2250 de 2022, por hallarse en causal
académica, generación de empleo, de caducidad otorgando la primera opción
comercialización, seguridad y salud en el a la comunidad.

3 Ibídem.
4 Ibídem.

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Radicado: 05001 23 33 000 2025 00012 01
Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

trabajo, impuestos, infraestructura, predial, lo
cual no cumplieron, emitidos en la Alcaldia de La reanudación del proceso de
San Roque, secretaria de agricultura y formalización minera con el Estado
recursos naturales y UMATA por el señor garantizando condiciones técnicas y
Juan Fernando Agudelo, quien fuera retirado ambientales adecuadas.
de su cargo por conductas irregulares,
posterior a esto me denunció por Injuria y 2. Disponga medidas de protección:
calumnia, buscando que me retractare (sic) Garantías para el ejercicio del derecho a la
por decir la verdad. Proceso de Investigación verdad, la denuncia y la participación
y Judicialización No. comunitaria sin represalias”.6
056156099153202312440 fiscal Local 106
San Roque Doctora Martha Elena Hernández
Gallego y, la Técnica minera Luz Oralia Patiño
Sánchez, actual técnica minera y
colaboradora de Gramalote, vulnerando los
derechos de nuestra comunidad, la cual me
denunció falsamente y retiró posteriormente la
denuncia en mi contra por Injuria y calumnia.
Procesos de Investigación y Judicialización
No. 056706099158202410006 fiscal Local
106 San Roque Doctora Martha Elena
Hernández Gallego).

2.Que se investigue el posible conflicto de
interés o negligencia del funcionario del
Ministerio de Minas y Energía y demás
funcionarios que están actuando en aparente
defensa de los intereses privados de
Gramalote en detrimento de los derechos
fundamentales de la comunidad, Radicado
No. IE-2024-00002484, Radicado No. EI-
2024-00005540, Radicado No. IE-2024-
00002482, Radicado No. EI-2024-00004736,
Radicado No. IE-2024-00002042, Radicado
No. EI-2024-00003108, zip. UPM Los Mochos
informe.

3.Que se adopten medidas para garantizar el
acceso efectivo a la información pública y se
prevenga la reiteración de estas omisiones.

4.Que se priorice la protección de los
derechos fundamentales de las comunidades
afectadas por proyectos extractivistas, en
cumplimiento del Acuerdo de Escazú”.5

“FUNDAMENTOS DEDERECHO: “Argumentos Jurídicos

Constitución Pol tica de Colombia, artículos 1. Vulneración de derechos
20, 23, 74, 79 y 80. fundamentales: Gramalote violó los
derechos fundamentales al trabajo (artículo
Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y 25 de la Constitución Pol tica), al debido
Acceso a la Información Pública). proceso (artículo 29), al medio ambiente
sano (artículo 79) y a la propiedad (artículo
Ley 393 de 1997 (Acción de Cumplimiento). 58).

5 ibídem.
6 ibídem.

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Radicado: 05001 23 33 000 2025 00012 01
Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

Ley 1755 de 2015 (Derecho de Petición)”.7 2. Incumplimiento de compromisos
ambientales: Según el artículo 85 de la Ley
99 de 1993, el incumplimiento del PMA
constituye causal de caducidad del título
minero, lo que en este caso evidencia una
grave omisión por parte de la empresa,
afectando no solo a los mineros, sino al
entorno ambiental del corregimiento.

3. Uso desproporcionado de la fuerza
pública: El principio de proporcionalidad
(Sentencia T-227 de 1997) prohíbe el uso
excesivo de la fuerza por parte del Estado
en la protección de intereses privados. La
intervención violenta en Los Mochos fue
injustificada, dado que existan
compromisos claros sobre la reubicación
formal y negociación pacífica.

4. Acceso a la justicia: Aunque Gramalote
sea la existencia de otros mecanismos
judiciales, estos no han resultado eficaces
ni idóneos, dado el contexto de violencia, la
desprotección estatal y la falta de
cumplimiento de la empresa. La Corte
Constitucional ha señalado que la tutela
procede cuando otros mecanismos
resultan ineficaces (Sentencia T-100 de
1994)”.8
“HECHOS:
“Hechos Relevantes
1. En ejercicio del derecho fundamental de
1. La empresa Gramalote incumplió el
acceso a la información pública consagrado
proceso de formalización de la Unidad
en la Ley 1712 de 2014, presentó un derecho
Productiva Minera (UPM) Los Mochos,
de petición Gramalote Colombia Limited el
prometiendo una reubicación adecuada
18-07-2024, solicitando información
que nunca se materializó, sino que
específica sobre: (…)
pretendieron realizar un simple traslado sin
condiciones técnicas ni estudios de suelo
2. La respuesta entregada por las entidades
previos, lo cual garantiza un proceso justo
accionadas fue parcial e incompleta,
mejorando la calidad de vida y los, la
omitiendo información esencial para el
capacidad productiva y los ingresos de
ejercicio de mis derechos fundamentales
toda la población afectada, o como mínimo
como miembro de una comunidad afectada
dejarnos en condiciones que permitan el
por el proyecto extractivista en el
ejercicio de nuestras actividades
Corregimiento de Providencia, municipio de
económicas y sociales en condiciones
San Roque, Departamento de Antioquia.
superiores a las que tentamos en nuestros
lugares de trabajo y asentamiento original
3. El artículo 5 de la Ley 1712 de 2014
e integración con las comunidades, lo cual
establece la obligación de todas las
se contradice incumplen el
entidades públicas y privadas que presten
(PMA_SOC_06) Programa de
servicios públicos o realicen actividades de
reasentamiento y vulnera nuestros
interés público de garantizar el acceso a la
derechos.
información completa, veraz y oportuna.

7 Ibídem.
8 Ibídem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 05001 23 33 000 2025 00012 01
Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

4. La falta de cumplimiento afecta 2. Contrario a garantizar nuestros
gravemente los derechos fundamentales de derechos, Gramalote ordenó el uso
la comunidad, que depende de esta desproporcionado de la fuerza pública,
información para defender sus territorios, la quienes destruyeron la bocamina,
transparencia administrativa y el acceso a la derribaron y quemaron los equipos de
justicia social. trabajo adquiridos legalmente en
comercios registrados y cuyos impuestos
5. Adicionalmente, he sido testigo de un fueron debidamente pagados, dejando sin
comportamiento que considero indebido por sustento a las familias de los trabajadores
parte de unos funcionarios del Ministerio de mineros de esta UPM y de todas las que
Minas y Energía, quien parece priori]ar los entramos en proceso de formalización, lo
intereses del privado Gramalote sobre los cual no está autorizado por ninguna Ley. El
derechos fundamentales de la comunidad. incumplimiento del PMA_SOC_06 nos
(Señor Carlos Eduardo Bermúdez Ocampo, indica que no podrían adelantar ninguna
quien se refiere a mi persona como injurioso actividad diferente a las propuestas en la
por decir la verdad sobre la situación con el primera fase del proyecto, hasta tanto no
proceso de formalización, la Señora Carolina se haya realizado el reasentamiento como
Ramírez Cardona, mediadora para la obligación de resultado.
formalización entre Gramalote y la
Comunidad, lo cual no es legal, ya que no 3. La empresa no cumplió con el Plan de
cumplen con la ficha ni el plan de manejo Manejo Ambiental (PMA) y actualmente se
ambiental el cual consideró engañoso e encuentra en causal de caducidad,
ilegal , la Señora Adriana Janeth Carmona situación que vulnera aún mis el equilibrio
Cano, coordinadora de minería entre otros, ambiental y social de la comunidad minera
por publicar información real sobre crímenes afectada.
de lesa humanidad ejecutados por esta
empresa Anglo Gold Ashanti, en otros 4. He sido objeto de denuncias injustas por
países y aquí en Colombia”.9 parte de Gramalote simplemente por
ejercer mi derecho a la verdad, denunciar
irregularidades y expresar legítimo
descontento frente a las vulneraciones a
los derechos laborales, ambientales y
económicos de los mineros”.10

Con base en lo anterior, la Sala advierte que el accionante ha incorporado en esta
instancia argumentos y pretensiones que no fueron objeto de debate en la primera,
lo que impide su análisis dentro del marco de la presente acción de tutela. En la
solicitud inicial, la controversia se suscitó por la presunta vulneración del derecho de
petición y el acceso a la información pública. No obstante, en la impugnación se
ampliaron los reclamos, abarcando derechos como el trabajo, el debido proceso, la
propiedad privada y el medio ambiente sano, lo que configura un cambio sustancial
el objeto del litigio.

Esta variación es contraria al principio de congruencia, que exige que el juez
resuelva con base en las pretensiones planteadas en el libelo introductorio, de
manera que la incorporación de nuevos elementos en la impugnación no solo altera
el debate propio, sino que además afecta el derecho al debido proceso, defensa y

9 Ibídem.
10Ibídem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 05001 23 33 000 2025 00012 01
Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

contradicción de las partes involucradas, dado que los accionados no habrían tenido
la oportunidad de pronunciarse ni de aportar pruebas o alegaciones en su defensa.

En efecto, el debido proceso exige que toda actuación judicial se rija por reglas
claras y previsibles que en todo caso dependen de las pretensiones definidas en la
demanda, las cuales en este y cualquier proceso constitucional u ordinario
configuran el faro de intervención de quienes integran el extremo pasivo del litigio y
del propio juez al que le es exigida congruencia en su decisión. garantizando que
las partes puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa. Alterar la estructura
del litigio en la impugnación afecta el equilibrio procesal y distorsiona la finalidad de
los recursos judiciales, cuyo propósito es revisar la decisión adoptada en primera
instancia y no reformular el debate.

En este orden de ideas, y como quedó debidamente ilustrado en el cuadro
comparativo, dado que la demanda fue impetrada para la protección del derecho de
acceso a la información pública, participación y consulta y los principios de
transparencia y buen fe en la gestión pública; pero la impugnación busca la
protección de los derechos al trabajo, debido proceso, medio ambiente sano y
propiedad; aspectos estos no abordados en la primera instancia, resulta inevitable
confirmar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia pero por
las razones aquí esgrimidas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, proferida el 27 de enero de 2025
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

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Demandante: Didier Andrés Moreno Loaiza

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 20 de marzo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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