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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00076-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00076-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de febrero de 2025 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Antioquia que declaró la improcedencia de la acción, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2025-00076-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

3 de abril de 2025

Demandantes: UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y otros
Demandado: Departamento de Sucre y otro
Radicación No.: 05001-23-33-000-2025-00076-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00076-01
Accionantes: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Y OTROS
Accionados: DEPARTAMENTO DE SUCRE Y OTRO

Tema: Confirma improcedencia de la acción – gasto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 26 de febrero de 2025, dictada por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. Las sociedades UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (en adelante UNE),
Unión Eléctrica S.A., Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P –
ETB S.A. E.S.P. (en lo sucesivo ETB) y la Fiduciaria de Occidente S.A. (en
adelante Fiduoccidente), actuando por conducto de apoderado judicial,
instauraron acción de cumplimiento contra la Gobernación de Sucre – Secretaría
de Infraestructura y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (en adelante
Findeter). Con su solicitud pretenden que se le ordene a las accionadas el
acatamiento de lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de 46, 47, 48, 49 y 50 de la
Ley 1682 de 2013.

2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas,
solicitaron que se les ordene el traslado y/o reubicación de manera efectiva del
tramo de la «Red Ramal Noroccidental» que ha quedado confinado con ocasión
de la ejecución del proyecto de Infraestructura Vial derivado del contrato de obra
3-1-97902 de 2021-1 (PAF-SUCRE-51-2011) desarrollado entre la vía El Delirio
– Pueblo Viejo. Ello, en un término no mayor a 3 meses o el que se considere
pertinente.

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Demandantes: UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y otros
Demandado: Departamento de Sucre y otro
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2. Hechos

3. A continuación, la Sala expondrá los supuestos fácticos más relevantes
referidos por las sociedades accionantes en el escrito de la demanda.

2.1. Sobre la Red Ramal Noroccidenal y las sociedades participes

4. Según la parte actora, el 7 de enero de 2003 las sociedades Orbitel S.A.
E.S.P., ETB e Internexa S.A. E.S.P. suscribieron un Acuerdo mediante el cual
desarrollaron el proyecto «Red de Fibra Óptica (RCA)» en la costa atlántica del
país. Esto, con el fin de garantizar los niveles de calidad y disponibilidad de los
servicios de telecomunicaciones; en particular, el de acceso al internet que
prestan a sus usuarios, con el propósito de conectar las ciudades del centro del
país con la costa norte de Colombia.

5. Mediante escritura pública 1560 del 23 de julio de 2007, EPM
Telecomunicaciones S.A. y Orbitel solemnizaron la fusión de tales sociedades.
El primero en calidad de «absorbente», el segundo, como «absorbido».

6. El 17 de marzo de 2008, ETB, EPM Telecomunicaciones S.A. e Internexa
suscribieron acuerdo modificatorio del RCA. Allí se dividió operativamente la red
en dos ramas: 1) Noroccidental (Medellín – Tolú), operado por operado por ETB
y EPM; y 2) el Nororiental (San Carlos – Bucaramanga – Tolú), operado por
Internexa.

7. En escritura pública 1210 del 12 de mayo de 2010, la sociedad EPM
Telecomunicaciones cambió su denominación social a UNE EPM
Telecomunicaciones S.A.

8. Indicaron que la infraestructura «Red Rama Noroccidental» es una red de
fibra óptica que se extiende por los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre
y permite interconexión del municipio de Santiago de Tolú (Sucre) con la ciudad
de Medellín para el acceso de los usuarios al servicio de internet.

9. Agregaron que ETB y UNE en calidad de propietarios de la red descrita en
el numeral anterior, el 21 de enero de 2011, suscribieron un contrato de fiducia
mercantil con Fiduoccidente, el cual, a la fecha, se encuentra vigente y ha sido
modificado en 5 oportunidades.

10. Aunado a ello, refirieron que el 13 de mayo de 2016 y el 1 de junio de 2021
Fiduoccidente celebró contrato de prestación de servicios; el primero, con la
sociedad Intelca PST S.A.S., para el servicio de soporte técnico y mantenimiento
preventivo y correctivo de la Red Rama Noroccidental. El segundo, con la
sociedad Unión Eléctrica S.A., para la operación y administración de la red
mencionada.

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2.2. Sobre la canalización de la Red Ramal Noroccidental

11. Ahora bien, retrotrayendo los hechos, la parte actora refirió que el 18 de
julio de 2003, el comité ejecutivo de la Red Ramal Noroccidente celebró contrato
de fiducia mercantil con la Sociedad Lloyds Trust S.A., para construir y equiparar
un «ramal de cable de fibra óptica por la región noroccidental del país, con el
propósito de interconectar el municipio de Santiago de Tolú con la ciudad de
Medellín mediante un encargo fiduciario».

12. El patrimonio autónomo, a su turno, contrató a la empresa Unión Eléctrica
el desarrollo y ejecución de tal proyecto. Esto es, «el diseño, fabricación,
suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de un cable con 24 fibras
ópticas y sus accesorios y de cable canalizado y sus accesorios, para la
interconexión con dicho cable de las ciudades de Medellín y Tolú, a través de las
líneas de alta tensión de propiedad de Empresas Públicas de Medellín y EADE y
de la canalización existente entre Cerro Matoso y Tolú».

13. Explicaron que las obras se ejecutaron en dos fases. La primera, fue
mediante la implementación del tendido aéreo del cable de fibra óptica entre la
subestación de Miraflores y la subestación de Cerro Matoso. La segunda,
consistente en la canalización del cable de fibra óptica entre la subestación
eléctrica de Cerro Matoso y el municipio de Santiago de Tolú.

14. Refirieron que, para la ejecución de la segunda fase, solicitaron los
permisos para la canalización del cable de fibra óptica ante todas las entidades
territoriales por las que el mismo tendría recorrido y, los mismos, fueron
expedidos sin ningún tipo de condicionamiento.

15. En este punto, destacaron el acto administrativo del 16 de septiembre de
2003 proferido por la Secretaría de Planeación municipal de Santiago de Tolú,
mediante el cual se otorgó autorización para la ocupación de la vía y el desarrollo
de la obra de tendido del cable de fibra óptica.

2.3. Sobre el proyecto de infraestructura vial derivado del contrato de obra
3-1-97902 DE 2021- 1 (PAF-SUCRE-O-051-2021)

16. El departamento de Sucre y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)
suscribieron el Convenio Interadministrativo 1235 de 2020, cuyo objeto fue
«[a]unar esfuerzos para el mejoramiento de la vía El Delirio – Puerto Viejo en los
municipios de San Antonio de Palmito y Tolú en el departamento de Sucre».

17. Posteriormente, el ente territorial celebró con Findeter convenios
interadministrativos1 para desarrollar y ejecutar obras de mejoramiento en la vía

1
Según informaron los accionantes en la demanda, se trata del Convenio Interadministrativo 053
de 2020, cuyo objeto fue «[a]unar esfuerzos para apoyar la planificación, estructuración,
financiación y/o ejecución de los programas o proyectos estratégicos priorizados por el
DEPARTAMENTO de SUCRE, por medio de los servicios de asistencia técnica, estructuración
de proyectos, consultoría técnica y/o financiera, administración de recursos y demás servicios
que estén en el marco de las operaciones autorizadas a FINDETER”» y el 006 de 2021 para

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referida. Fruto de tal relación, se suscribió contrato de fiducia mercantil con BBVA
Asset Managment S.A. para la administración de los recursos destinados al
proyecto de obra pública a cargo del Consorcio Vial de Sucre2, según contrato 3-
1-97902 DE 2021- 1 (PAF-SUCRE-O-051-2021), celebrado entre estos dos
últimos.

18. Según los demandantes, la Gobernación de Sucre y Findeter conocían
que la Red Ramal Noroccidental estaba canalizada en una zona contigua a la vía
El Delirio – Puerto Viejo, entre los municipios de San Antonio de Palmito y
Santiago de Tolú. No obstante, no les informaron sobre el proyecto de
infraestructura arriba referido.

3. Fundamento de la demanda

19. A raíz de la ejecución de las obras públicas, los accionantes indicaron que
se produjo el confinamiento de la Red Ramacal, dado que no han podido acceder
a la infraestructura de fibra óptica para la revisión y mantenimiento de esta, en la
medida que la obra dejó sepultado y aislado el cableado. En otras palabras, el
cable de fibra óptica pasó de estar en un costado de la vía y ahora se encuentra
aislado en el centro de esta.

20. Mencionaron que el 10 de junio de 2022 radicaron un documento ante la
Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Sucre en el que solicitaron la
reubicación y/o traslado de la infraestructura de la red de fibra óptica, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1682 de 2013.

21. Ante la ausencia de respuesta, el 19 de julio de 2022, UNE y ETB radicaron
derecho de petición ante el ente territorial. Allí, pidieron que se otorgara una
respuesta de fondo a la solicitud referida en el numeral anterior.

22. El 25 de julio de 2022, la autoridad respondió los derechos de petición en
el sentido de señalar que no era posible emitir una respuesta de fondo a la
solicitud hasta tanto Findeter emitiera un concepto sobre el particular.

23. En virtud de lo anterior, indicaron que «el 21 de julio de 2022» requirieron
a Findeter con el propósito de que emitiera su opinión sobre la situación de la
fibra óptica canalizada en la vía. Petición que fue reiterada el 22 de agosto de
2022.

24. El 12 de septiembre de 2022, Findeter emitió informe técnico y otorgó
respuesta al derecho de petición elevado por ETB y UNE. Para el efecto, indicó
que, de conformidad con el Convenio Interadministrativo 006 de 2021, le
correspondía a la Gobernación de Sucre entregar libre de todo gravamen el

«[p]restar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para el desarrollo del
proyecto estratégico para el Departamento de Sucre, definido por el departamento, que estén en
el marco de las operaciones autorizadas a FINDETER».
2
Integrado por las sociedades Conglomerado Técnico Colombiano S.A.S. y AE Ingenieros Civiles
S.A.S.

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derecho de vía, por lo que era tal entidad territorial quien debía pronunciarse
sobre la solicitud.

25. En sentir de los accionantes, la anterior respuesta no resulta vinculante ni
oponible toda vez que, en virtud de tal Convenio Interadministrativo, Findeter
también es responsable del proyecto de infraestructura vial. Por ende, está
llamada junto con la Gobernación de Sucre, a responder por el traslado de la red
afectada.

26. Luego de otras solicitudes presentadas, el 20 de febrero de 2024, la
Secretaría de Infraestructura del ente territorial remitió comunicación a ETB y
UNE mediante la cual presentó 3 propuestas para la reubicación de la red. No
obstante, como ninguna contempló la asunción total de los costos del traslado, el
1 de marzo de 2023 los accionantes no aceptaron las propuestas.

27. Indicaron que el 8 de noviembre de 2024 elevaron sendas solicitudes de
cumplimiento ante la Gobernación de Sucre y Findeter, con el objeto de que
acataran lo preceptuado en el capítulo 3 de la Ley 393 de 1997, en el sentido de
trasladar y reubicar de manera efectiva el tramo de la Red Ramal Noroccidental
que quedó confinada por el contrato de Obra.

28. El 22 de noviembre de 2024, la entidad territorial dio respuesta a la
solicitud. Allí, presentó su oposición.

29. Por su parte, mediante oficio del 2 de diciembre de 2024, Findeter también
se opuso a la solicitud de cumplimiento. Para el efecto, iteró que la obligación
corresponde exclusivamente a la Gobernación.

30. Señalaron que la red tiene una importancia significativa para la prestación
del servicio de telecomunicaciones a nivel nacional, dado que permite distribuir
el servicio a millones de usuarios en la zona norte del país y a través de ella se
conecta el centro del país con la red submarina que lleva el tráfico de las
comunicaciones hacia al exterior.

31. En esa medida, señalaron que por el asilamiento absoluto del tendido de
fibra óptica no ha sido posible realizar labores de mantenimiento y soporte técnico
periódico que la red exige. A su juicio, esta situación aumenta exponencialmente
la probabilidad de que se presente un daño al referido cableado y, por contera,
una afectación a millones de usuarios del servicio de telecomunicaciones.

32. Agregaron que el capítulo tercero de la Ley 1682 de 2013 se ocupó de
regular el tratamiento que se debe otorgar cuando un activo o red de servicios
públicos subyace en un terreno que va a ser utilizado para el desarrollo y
ejecución de un proyecto de infraestructura del transporte. De manera que, en la
aludida normativa, se planteó de forma clara el procedimiento para proteger,
trasladar o reubicar el activo o red afectada y los criterios de tasación y asignación
de costos que ello implica.

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33. Mencionaron que, si bien el proyecto de infraestructura vial ya terminó, la
obligación legal de proceder con el traslado y reubicación del tramo confinado de
la Red Ramal Noroccidente sigue incólume para las autoridades accionadas, sin
que a la fecha hubiera adelantado alguna actuación tendiente a cumplir el deber
desatendido.

34. En lo que atañe a los costos del traslado de la red, indicaron que el artículo
50 de la Ley 1682 de 2014 dispone que deben ser asumidos por el responsable
de la obra pública, salvo 3 excepciones entre las cuales no se encuentra la Red
Ramal Noroccidente. Por ende, indicaron que corresponde a las autoridades
accionadas costear la totalidad de la operación.

4. Actuaciones procesales en primera instancia

35. El asunto inicialmente fue asignado al Juzgado 14 Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín por reparto. Dicha autoridad judicial en providencia
del 22 de enero de 2025 declaró su falta de competencia y ordenó la remisión del
expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia.

36. Realizadas las diligencias correspondientes, el expediente correspondió a
la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. Mediante
providencia del 24 de enero de 2025, dicha autoridad judicial admitió la demanda
de cumplimiento. En consecuencia, ordenó la notificación personal de las
accionadas, del procurador judicial delegado ante el Tribunal y de la Agencia
Nacional de Defensa jurídica del estado. Además, les concedió el término de 3
días para intervenir.

37. De otro lado, les solicitó a las autoridades demandadas allegar los
antecedentes administrativos de la actuación objeto de la presente demanda.

38. Posteriormente, mediante auto del 14 de febrero de 2025 dispuso tener
como prueba documental las aportadas con la demanda y las contestaciones.

5. Contestaciones e informes

5.1. Findeter

39. La autoridad se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento
en que no le son atribuibles por razón y objeto social, la propiedad, el
mantenimiento, la ampliación, o la reubicación de redes de servicios de las vías
de la Nación. Indicó que ello es competencia exclusiva de las autoridades
territoriales.

40. Aunado a lo anterior, invocó como excepciones de fondo la «inexistencia
de responsabilidad estatal». Para el efecto, señaló que está ausente uno de los
elementos estructurales de la responsabilidad y es el nexo de causalidad entre
el hecho presuntamente originador del perjuicio o de la carga que no se debe
soportar y la acción u omisión de la administración.

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5.2. Gobernación de Sucre

41. El ente territorial se opuso a las pretensiones propuestas por los
accionantes. En consecuencia, solicitó que se le «absolviera» de las relacionadas
con la condena y se negaran las demás, con fundamento en lo siguiente.

42. Alegó la excepción de «inexistencia del incumplimiento por parte del
departamento a la Ley de infraestructura». En esencia, adujo que mediante oficio
800-11-03/SI-0261 de fecha 20 de febrero de 2023 le proporcionó distintas
alternativas de intervención de la red de fibra óptica a las sociedades
involucradas, no obstante, ninguna fue aceptada por los interesados.

43. Asimismo, informó que el gobernador del departamento adelantó reunión
virtual con los representantes legales de las empresas UNE y ETB el 2 de mayo
de 2023, en la cual les puso de presente el oficio de la misma fecha y respecto
del cual, a la fecha, no había respuesta.

44. Indicó que desconocía los daños alegados por la parte actora, máxime
cuando la instalación de la red se hizo con permiso de un ente territorial que no
era competente para ello, dado que la vía es del orden departamental y conforme
la ley de infraestructura, el prestador u operador también debe asumir los costos
asociados a la protección o traslado de la red instalada. En ese orden, indicó que
en ningún momento la Gobernación ha vulnerado la normativa correspondiente.

45. De otro lado, alegó la improcedencia de la acción, debido a que la misma
no tiene carácter indemnizatorio, ni es la vía para reclamar el reconocimiento de
derechos subjetivos. En este punto, mencionó que, de conformidad con las
pretensiones segunda, tercera y el hecho 74 de la demanda se podía observar
qué es lo perseguido con la presente demanda.

46. También refirió que la parte actora cuenta con otro medio de defensa, dado
que la actuación administrativa no ha llegado a su fin. Y, en todo caso, tiene a su
disposición el medio de control dispuesto en el artículo 137 del CPACA.

47. Posteriormente, remitió memorial mediante el cual iteró sus argumentos
de defensa. Por lo tanto, solicitó la exoneración de toda responsabilidad en el
caso de la referencia3.

5.3. Parte actora

48. El apoderado de las sociedades accionantes allegó memorial en el que
solicitó que se acogieran todas las pretensiones formuladas en la acción de
cumplimiento y se desestimaran todas las excepciones propuestas por las
autoridades accionadas.

3
Cfr. Índice 15 Samai – expediente de primera instancia.

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49. Frente a la excepción propuesta por Findeter relacionada con la
«inexistencia de responsabilidad estatal», refirió que era completamente
desenfocada, en la medida que no se pretende debatir sobre la responsabilidad
del Estado, sino que se está ante una acción de carácter constitucional
encaminada a que se cumpla la ley.

50. En lo que respecta a las excepciones formuladas por la Gobernación de
Sucre, manifestó que su demanda no tiene un fin indemnizatorio, sino que se
acate un deber legal que ha sido omitido, con la correspondiente asunción de la
totalidad de costos. Asimismo, indicó que no cuentan con otro mecanismo judicial
para ello, pues no persiguen la anulación de ningún acto administrativo4.

6. Fallo de primera instancia

51. En sentencia de 26 de febrero de 2025, la Sala Primera Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento. Como sustento de su decisión, alegó que del análisis de las
disposiciones invocadas no se desprendía un mandato imperativo, claro e
inobjetable como lo pretende la parte actora, ni tampoco era posible el
reconocimiento de algún derecho subjetivo.

52. Aunado a lo anterior, el a quo consideró que la discusión de los objetos
procesales más allá del traslado o reubicación de la red de fibra óptica era quién
debía asumir el costo del traslado de ésta, operación que aproximadamente
ascendía a la cifra de $1.509.164.756.

53. En este punto mencionó que, al revisar el contrato de obra pública 3-1-
97902 DE 2021- 1 (PAF-SUCRE-O-051-2021) no se podía advertir la destinación
de una fracción del presupuesto de la obra para realizar el traslado de las redes,
ni tampoco estaba acreditada la apropiación presupuestal de las entidades
accionadas para asumir el costo del traslado o reubicación aquí se discute, o
alguna erogación económica sobre el particular.

54. Ello, máxime si se tiene presente que según los artículos 47 y 48 citados,
más que tener un carácter perentorio e inobjetable, prevén el procedimiento que
debe surtirse antes del inicio de las obras de infraestructura vial, dado el impacto
financiero que conlleva el traslado referido y la necesidad de que los
responsables de los proyectos de transporte destinen o apropien un presupuesto
para tal fin.

55. De otro lado, afirmó que el dicho del ente territorial relacionado con el
desconocimiento de los permisos concedidos para la instalación de la Red Ramal
permitía advertir que la discusión escapa la presente acción y es el juez
competente quien deberá determinar la legitimidad y competencia de estos.
Misma situación que se predica respecto de las respuestas de la gobernación de

4
Cfr. Índice 18 Samai – expediente de primera instancia.

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Sucre en relación con la pretensión de traslado, pues las mismas podían ser
controvertidas en ejercicio del medio de control que corresponde.

7. Impugnación

56. La parte actora solicitó que se revoque la providencia de primera instancia
y, en su lugar, se declare el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la
entidad territorial. En esencia, indicó que: i) el mandato establecido en los
artículos 46 – 50 de la Ley 1682 de 2013 es imperativo, específico e inequívoco;
ii) la pretensión no persigue normas que establezcan gastos, esto es, que
vulneren el parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, y; iii) no cuenta con
otra herramienta jurídica idónea.

57. En relación con el primer argumento, señaló que, de una lectura
sistemática de las normas contentivas del mando incumplido, se podía extraer
que el legislador utilizó verbos imperativos a cargo de los obligados. Incluso,
mencionó que, si ello no se concluye, lo cierto es que el espíritu que inspiró al
legislador para redactarlas era nivelar la situación desventajosa e indefensa de
los propietarios de la red o activo afectado.

58. Frente al segundo de sus argumentos, manifestó que en la solicitud de
cumplimiento no se enfilaron pretensiones indemnizatorias, o una
contraprestación económica, así como tampoco un resarcimiento de perjuicios.
De ahí que, la lectura realizada por el a quo fue incorrecta.

59. Aclaró que, si bien en su demanda relacionó unos posibles perjuicios por
la posible afectación de la fibra óptica a causa de la construcción del proyecto de
infraestructura vial, lo cierto es que los mismos no se han causado, luego no
podrían cobrarse.

60. Consideró que la previsión normativa del parágrafo del artículo 9 de la Ley
393, hace referencia a la prohibición de perseguir la ejecución de una partida
presupuestada mediante la acción de cumplimiento y no impide que se demande
el acatamiento de un mandato legal que per se haga incurrir a la entidad
incumplida en una erogación económica. En ese sentido, concluyó que, si bien
el traslado del tramo afectado implicaría una erogación económica para la
Gobernación de Sucre y Findeter, lo cierto es que ello no implica la ejecución de
una partida presupuestal.

61. Finalmente, mencionó que era inadmisible la consideración del Tribunal en
relación con la calificación de acto administrativo de las respuestas que
proporcionaron las autoridades demandadas, pues aquellas se produjeron en el
marco del requisito de procedibilidad de la presente acción que es la renuencia.
Mencionó que tal lógica conduce a concluir que la acción de cumplimiento
siempre es inviable.

62. En gracia de discusión, refirió que admitir que tales oficios tienen la
naturaleza de acto administrativo susceptibles de ser controvertidos ante la

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jurisdicción, ello no es un mecanismo idóneo, pues no les daría solución a sus
pretensiones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

63. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
las sociedades accionantes contra la sentencia de 26 de febrero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Antioquia. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1255, 1506 y 2437 de la Ley 1437 de 20118, así
como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado. Esta última disposición establece la competencia de la Sección Quinta
de esta corporación para conocer de «…las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

64. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

65. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

66. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]9.

5
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
6
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
7
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
8
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
9
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

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(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) No pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º), ni el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9.º).

2.3. De la renuencia

67. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste10 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

68. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»11.

69. Sobre este tema, esta Sección12 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
11 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 20 de octubre de 2011. Radicado núm:
2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 9 de junio de 2011. Radicado núm: 47001-
23-31-000-2011-00024-01. M.P. Susana Buitrago Valencia.

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El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es neAntioquiaio
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es neAntioquiaio estudiar el
contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el
demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual
versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos13”. (Negrillas fuera de texto).

70. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

71. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

72. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia».14

73. En el caso concreto, la parte actora probó que le dirigió una petición a
Findeter el 8 de noviembre de 2024. En el escrito solicitó el acatamiento del

13
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 24 de junio de 2004, radicado
núm:2003-00724. M.P: Darío Quiñones Pinilla
14
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta. Providencias del 21 de noviembre de 2002.
Radicado núm:1614 y del 17 de marzo de 2011, radicado núm. 2011-00019.

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capítulo 3 de la Ley 1682 de 2013, tendiente al traslado y/o reubicación del tramo
confinado de la Red Ramal Noroccidental, como puede apreciarse:

74. Asimismo, obra constancia de que Findeter dio respuesta a la anterior
solicitud mediante correo electrónico del 2 de diciembre de 2024, en la que indicó
que es la Gobernación de Sucre quien tiene la obligación de entregar libre de
todo graven el derecho de vía necesario para la ejecución de la obra, por lo que
no era posible atender el requerimiento15.

75. También se tiene constancia de correo electrónico de la misma fecha,
mediante el cual el apoderado de los accionantes requirió, en los mismos,
términos a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Sucre.

76. Se advierte que el ente territorial mediante oficio del 21 de noviembre de
2024, remitido al destinatario mediante mensaje de datos del 22 de noviembre
de 2024, informó que la construcción de las redes ocurrió en el año 2003; esto
es, con anterioridad a la expedición de la ley y con permiso de un ente territorial
distinto a la Gobernación en su época, por lo que no se acreditaban los
presupuestos para darle aplicación al procedimiento dispuesto por la Ley 1682
de 2013.

77. De acuerdo con lo anterior, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio
de la presente acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el
requisito de renuencia de las normas cuya atención solicita. Se precisa que si
bien en la solicitud se pidió el acatamiento integral del capítulo 3 de la Ley 1682
de 2013; artículos 46 – 55 de la norma en comento, lo cierto es que en la presente
demanda precisó que se trata de los artículos 46 – 50 del mencionado
compendio.

15
Cfr. Índice 3 – anexos de la demanda: anexo número 3.

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78. Por lo tanto, la Sala adelantará el estudio de los requisitos de procedencia
de la demanda y, de ser el caso, el fondo del asunto, respecto de los artículos
46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley 1682 de 2013.

2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento

79. La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que se
ordene a la Gobernación de Sucre y a Findeter que, en cumplimiento de los
artículos 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley 1682 de 2013, traslade o reubique de
manera efectiva el tramo de la Red Ramal Noroccidental que ha quedado
confinada con ocasión de la ejecución del proyecto de infraestructura vial
derivada del contrato de obra 3-1-97902 de 2021-1 (PAF-SUCRE-51-2011)
desarrollado entre la vía El Delirio – Pueblo Viejo. Por ende, es evidente que se
cumple con el requisito de que la norma que se solicita acatar tenga rango de ley
o acto administrativo.

80. En lo que respecta al requisito del gasto, a juicio de esta colegiatura, no
está acreditado. Tal consideración conlleva a confirmar la sentencia de primera
instancia que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, pero por
las razones que acá se pasan a explicar.

81. Debe recordarse que la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia
C-157 de 1998 sobre la improcedencia de la acción de cumplimiento para exigir
el obedecimiento de normas que impliquen la asignación de partidas
presupuestales. En la decisión en cita se analizó la constitucionalidad de distintas
normas sobre esta tipología de acciones públicas. Sobre este tema, el Alto
Tribunal precisó que permitir que el juez incorpore una ley de presupuesto u
ordene que ello se realice, transgrede el sistema presupuestal diseñado por el
constituyente.

82. Pese a lo anterior, no se puede perder de vista que la restricción total de
la improcedente la acción frente a normas que involucren gasto conduciría a
desconocer la finalidad con la cual fue diseñada la acción de cumplimiento16. En
otras palabras, de considerarse que, si la ejecución de un deber contemplado en
una norma implica una ejecución presupuestal y, ello, manera automática,
conlleva la improcedencia de la acción, se atentaría contra el espíritu del
constituyente de 1991 que previó esta acción como un instrumento para frenar la
inactividad del Estado.

83. Por lo anterior, esta Sala ha considerado que se debe diferenciar entre el
establecimiento o creación de un gasto y la ejecución de uno ya presupuestado.
El primero, es el típico escenario de improcedencia de la demanda, en la medida
que resulta una competencia ajena a la Rama Judicial velar, en su rol de juez
constitucional, por la creación de una partida presupuestal a cargo de una entidad

16
Sobre el particular, véase: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 17 de octubre de
2024. Radicado núm: 08001-23-33-000-2024-00292-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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y disponer de las finanzas públicas. El segundo, por el contrario, constituye el
evento en el cual esta Sección ha admitido la procedencia de esta acción de
cumplimiento.

84. Lo anterior significa que, cuando el gasto ya está dispuesto; es decir,
apropiado, se puede exigir el acatamiento de estas disposiciones mediante una
acción de cumplimiento. Esto, dado que en últimas no es el juez quien establece
la apropiación presupuestal, sino que ya estaba contemplado por la autoridad
correspondiente, según su plan de gobierno o dependiendo según las
circunstancias propias de su actividad.

85. Conviene destacar que, en una oportunidad en la que se pretendió vía
acción de cumplimiento que se le ordenara a la Procuraduría General de la
Nación el acatamiento de lo previsto en el inciso 5.°del artículo 185 y el inciso 3.°
del artículo 192 del Decreto Ley 262 de 2000, de modo que convocara a la
realización de un concurso de méritos para selección de personal17, esta Sala de
Decisión consideró que la demanda era procedente, toda vez que, entre otros, el
requisito del gasto, estaba acreditado.

86. A tal conclusión se llegó, tras corroborar que la entidad tenía asignado en
su presupuesto para la vigencia de 2024 un rubro para la realización del concurso
de méritos. Esto es, que si bien el acatamiento del deber solicitado acarreaba un
gasto para la entidad demandada, lo cierto es que el mismo estaba
presupuestado, de ahí que, el requisito de procedencia estaba acreditado.

87. Descendiendo al caso concreto, se advierte que lo pretendido por las
sociedades accionantes es que la Gobernación de Sucre y Findeter den
cumplimiento a unas disposiciones contenidas en el capítulo 3 de la Ley 1682 de
2013. Y, con ello, trasladen o reubiquen de manera efectiva el tramo de la Red
Ramal Noroccidental que ha quedado confinada con ocasión de la ejecución del
proyecto de infraestructura vial derivada del contrato de obra 3-1-97902 de 2021-
1 (PAF-SUCRE-51-2011) desarrollado entre la vía El Delirio – Pueblo Viejo,
asumiendo, en todo caso, el gasto total de tal operación.

88. Pues bien, comoquiera que no se cuentan con elementos de convicción
que permitan determinar que, en efecto, el ente territorial tiene apropiado el
presupuesto que implica llevar a cabo la operación pretendida por la parte actora,
la demanda es improcedente.

89. Como fue anotado por el a quo, en realidad la presente controversia se
origina en la asunción del costo del traslado o reubicación del tramo de cableado
de la red de fibra óptica que se vio afectado por una obra de infraestructura
adelantada por el departamento de Sucre. De un lado, el extremo procesal
accionante señala que corresponde, en su integridad a la entidad territorial,
mientras que, para este último, el gasto debe ser asumido por el prestador del
servicio de las telecomunicaciones, en atención a que así lo dispone la ley:

17
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto de 2024. Radicado núm:
25000-23-41-000-2024-00875-01. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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ARTÍCULO 50. ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS DE PROTECCIÓN,
TRASLADO O REUBICACIÓN DE ACTIVOS Y REDES. Los costos asociados a
la protección, traslado o reubicación de redes y activos con ocasión del desarrollo
de proyectos de infraestructura de transporte serán asumidos por el proyecto de
infraestructura de transporte, salvo que:

a) Exista un permiso otorgado o autorización para la instalación de la red o activo,
que haya sido condicionado a la expansión de la infraestructura de transporte,
caso en el cual, el prestador y/u operador deberá asumir los costos asociados a
la protección, traslado o reubicación […]

90. Ello corrobora que, en efecto, la presente controversia implica una
erogación presupuestal a cargo de las autoridades accionadas y con
independencia de si el costo debe ser asumido de forma total o parcial, lo cierto
es que no se desvirtuó que el mismo hubiera sido debidamente apropiado en las
partidas presupuestales de la autoridad.

91. Lo anterior es suficiente para descartar un análisis de fondo de la presente
acción constitucional en el que se determine si las disposiciones invocadas
contienen mandatos imperativos e inobjetables en cabeza del departamento de
Sucre y Findeter y, si los mismas, fueron incumplidas por las accionadas. Así las
cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia, pero la razón aquí
expuesta; esto es que, que no se superó el requisito del gasto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de febrero de 2025 proferida por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Antioquia que declaró la
improcedencia de la acción, por las razones aquí expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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17

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