Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00191-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00191-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2025-00191-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
19 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 19 de mayo de 2025
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00191-01
Accionante: Carolina Patiño Salazar
Accionado: Procuraduría General de la Nación y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Indebida
notificación de actuaciones del proceso disciplinario – subsidiariedad | Derecho al debido
proceso – falta de trámite a solicitud de nulidad - concede amparo
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la indebida notificación de unas actuaciones y la
falta de trámite a una solicitud de nulidad dentro de un proceso disciplinario.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación interpuesta por la parte actora contra la Sentencia proferida
el 6 de marzo de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó la solicitud de amparo2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación. 1.3. Trámite posterior a la impugnación de la sentencia de primera instancia.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 24 de febrero de 2025, Carolina Patiño Salazar presentó una acción
de tutela contra la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría
Delegada Disciplinaria de Juzgamiento No. 3, Procuraduría Regional de
Juzgamiento de Antioquia y Procuraduría Provincial de Rionegro, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
(defensa), acceso a la administración de justicia e igualdad, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de una indebida notificación de unas
actuaciones surtidas dentro del proceso disciplinario No. IUS E-2021-135794 /
IUC-D-2021-1801255 y de una falta de trámite a una solicitud de nulidad
propuesta.
1 El artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por la señora Carolina Patiño Salazar.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00191-01
Accionante: Carolina Patiño Salazar
Accionado: Procuraduría General de la Nación y otros
Decisión: Revoca – declara improcedencia y ampara
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“PRIMERO: Le solicito al señor magistrado, tutelar el derecho fundamental
conculcado, al debido proceso, derecho de defensa, el derecho a la
igualdad, el derecho a la administración de justicia y a una debida
administración, REVOCANDO, en lo pertinente la decisión de segunda y
primera instancia cuestionada.
SEGUNDA: Se DECLARE la nulidad del proceso con radicado IUS E-2021-135794
IUC D-2021-1801255 debido a la indebida notificación de cada una de las
etapas y vulneración del derecho fundamental del debido proceso, y una
debida notificación.
TERCERO: SE ORDENE notificación personal el auto que ordena la apertura de
investigación disciplinaria, el auto por el cual se vincula a una persona a una
investigación, el auto que cita a audiencia y formula cargos, y el fallo de
segunda instancia, y demás actos que se deban notificar de manera personal,
para lo cual dejo a disposición mi correo personal caropatisalazar@gmail.com”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
tienen los siguientes:
4. 1) El municipio de la Unión (Antioquia) y la Asociación de municipios -
Corporación Agencia para el desarrollo de los municipios de la Subregión
de bosques del Oriente de Antioquia – Corpobosques suscribieron el
Contrato Interadministrativo No. 2118-299 CISP de 18 de diciembre de 2018,
que tenía por objeto la (se trascribe): “Ejecución de obras en el marco de
un proyecto para la expansión del alumbrado público en el parque Josam
sector el cementerio del municipio de la Unión - Antiooquia”. En dicho
contrato se otorgó la interventoría a la Asociación municipios unidos del Sur
de Antioquia – MUSA, representada por su directora ejecutiva Carolina
Patiño Salazar.
5. 2) La Contraloría General de Antioquia realizó una auditoría al
municipio de la Unión (Antioquia) en la cual evidenció unos posibles
hallazgos en el Contrato Interadministrativo No. 2118-299 CISP de 18 de
diciembre de 2018, y corrió traslado a la Procuraduría Provincial de Rionegro
para la investigación de posibles faltas disciplinarias.
6. 3) La Procuraduría Provincial de Rionegro adelantó el proceso
disciplinario IUS E-2021-135794, en virtud de los hallazgos advertidos3 por la
Contraloría Regional de Antioquia dentro del Contrato Interadministrativo
No. 2118-299 CISP de 18 de diciembre de 2018.
3 Refirió que se observaron fallas en las especificaciones técnicas de construcción respecto de obras ejecutadas
con falencias de calidad, deficiencias en la factura final de elementos constructivos, y fallas en el acabado y mal
remate constructivo, lo cual implicaba un incumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones que
exigía el numeral 5 del artículo 4 y el literal c del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y labores de
supervisión e interventoría dispuestas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
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Decisión: Revoca – declara improcedencia y ampara
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7. 4) Mediante Auto de 21 de septiembre de 2022, la Procuraduría
Regional de Antioquia ordenó la apertura de la investigación disciplinaria
contra Carolina Patiño Salazar, en su calidad de directora ejecutiva de
MUSA. La notificación a la señora Patiño Salazar se efectuó mediante correo
electrónico enviado a la dirección kro0618@hotmail.com4.
8. 5) El 12 de diciembre de 2022, la señora Patiño Salazar allegó al
proceso disciplinario un escrito denominado “Defensa investigaciones IUS-E-
2021-135794 / IUC-D-2021-1801255", a través del que se pronunció sobre los
hechos materia de investigación y solicitó el decreto y práctica de unas
pruebas. El escrito fue enviado desde el correo electrónico
caropatisalazar@gmail.com, pero en dicho escrito no se solicitó, ni se indicó
un correo de notificaciones distinto al que se había utilizado para enviar la
notificación del Auto de 21 de septiembre de 2022.
9. 6) El 10 de marzo de 2023, el abogado Diego Alejandro Arteaga
Hernández radicó una solicitud para que se le reconociera personería
dentro del proceso disciplinario y, para el efecto, allegó el poder que le
otorgó Carolina Patiño Salazar para su defensa. El abogado Arteaga
Hernández señaló como su dirección para notificaciones electrónicas la
siguiente: leyes01@gmail.com.
10. 7) Mediante Auto de 13 de marzo de 2023, la Procuraduría Regional
de Antioquia reconoció personería a Diego Alejandro Arteaga Hernández
como apoderado de Carolina Patiño Salazar.
11. 8) El 1 de agosto de 2023, la Procuraduría Regional de Antioquia
declaró cerrada la investigación disciplinaria y ordenó que se presentaran
alegatos precalificatorios por las partes, previos a la evaluación de la
investigación. Esa decisión se notificó a la investigada a los correos
electrónicos kro0618@hotmail.com, caropatisalazar@gmail.com; y a su
apoderado al correo electrónico leyes01@gmail.com.
12. 9) Una vez trascurrido el periodo para que se presentaran alegatos,
con pronunciamiento del apoderado de la investigada, la Procuraduría
Regional de Instrucción de Antioquia formuló pliego de cargos contra
Carolina Patiño Salazar, ya que, en virtud de la interventoría, recibió las obras
ejecutadas en el Contrato Interadministrativo No. 2118-299 CISP de 18 de
diciembre de 2018, sin exigir el cumplimiento de normas técnicas
obligatorias, ni la calidad de los bienes y servicios adquiridos, lo cual podía
constituir una falta disciplinaria gravísima, a título de culpa gravisima en
4 Dicho correo electrónico se obtuvo por parte de la autoridad disciplinaria, tras un requerimiento efectuado a
MUSA para que se informara la dirección electrónica registrada en la hoja de vida de Carolina Patiño Salazar.
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aplicación de los numerales 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 20025 y6 del
artículo 54 de la Ley 1952 de 2019. Ese auto se notificó a los correos
electrónicos de la señora Patiño Salazar y su apoderado:
kro0618@hotmail.com y leyes01@gmail.com.
13. 10) El 12 de marzo de 2024, el abogado Diego Alejandro Arteaga
Hernández presentó renuncia al poder que le había sido conferido por la
señora Patiño Salazar en el proceso disciplinario.
14. 11) El 15 de abril de 2024, el abogado Arteaga Hernández fue
requerido por la Procuraduría Regional de Antioquia para que aportara al
proceso disciplinario la constancia de que la renuncia al poder fue puesta
en conocimiento de Carolina Patiño Salazar. El 17 de abril de 2024, el referido
abogado allegó una captura de pantalla de WhatsApp respecto de la
aparente información a la poderdante sobre la renuncia al poder otorgado.
15. 12) El 18 de abril de 2024, la Procuraduría Regional de Antioquia
aceptó la renuncia al poder presentada por Diego Alejandro Arteaga
Hernández y resolvió adelantar el juzgamiento en el proceso disciplinario. Esa
decisión fue notificada a los correos electrónicos kro0618@hotmail.com y
leyes01@gmail.com.
16. 13) El 4 de julio de 2024 se allegó al proceso disciplinario un poder
otorgado por Carolina Patiño Salazar al abogado Camilo de Jesús
Avendaño Gómez, para que la representara y ejerciera su defensa en dicho
proceso. El abogado señaló como su correo de notificaciones
leyes1703@hotmail.com. Mediante Auto de 5 de julio de 2024, la
Procuraduría Regional de Antioquia reconoció personería al mencionado
abogado.
17. 14) El 27 de agosto de 2024, la Procuraduría Regional de Juzgamiento
de Antioquia expidió la decisión de primera instancia, en la que declaró
responsable disciplinaria a Carolina Patiño Salazar, en su calidad de
directora ejecutiva de MUSA e interventora del Contrato Interadministrativo
No. 2118-299 CISP de 18 de diciembre de 2018, por incurrir en el tipo
disciplinario contemplado en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002 y el numeral 6 del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019, y la sancionó con
destitución e inhabilidad general por el término de 8 años y 1 mes. Esa
decisión fue notificada el 29 de agosto de 2024 a los correos electrónicos de
la disciplinada y su apoderado kro0618@hotmail.com y
leyes1703@hotmail.com.
5 ARTÍCULO 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 34. No exigir, el supervisor o el interventor, la
calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas
técnicas obligatorias, o certificar cómo recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. (…)”.
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Accionante: Carolina Patiño Salazar
Accionado: Procuraduría General de la Nación y otros
Decisión: Revoca – declara improcedencia y ampara
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18. 15) El abogado Camilo de Jesús Avendaño Gómez presentó recurso
de apelación contra la decisión disciplinaria, el cual fue resuelto por la
Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento No. 3 que, mediante
decisión de 18 de octubre de 2024, confirmó en su integridad la de primera
instancia.
19. 16) El 22 de octubre de 2024, la Procuraduría Delegada Disciplinaria
de Juzgamiento No. 3, a través de correo electrónico enviado a las
direcciones kro0618@hotmail.com y leyes1703@hotmail.com, citó a Carolina
Patiño Salazar y a su apoderado, para que comparecieran, dentro de los 5
días siguientes al recibo de dicho correo, para la notificación personal de la
decisión disciplinaria de segunda instancia.
20. 17) Ante el vencimiento de los 5 días otorgados, sin la comparecencia
de los citados, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento No. 3,
el 31 de octubre de 2024, fijó un edicto en la cartelera de ese despacho y
en la página web de la Procuraduría General de la Nación con el fin de
notificar a Carolina Patiño Salazar y a su defensor de confianza.
21. 18) El 5 de noviembre de 2024, Carolina Patiño Salazar presentó una
solicitud de nulidad de todo lo actuado, ante la Procuraduría Delegada
Disciplinaria de Juzgamiento No. 3, con ocasión de una aparente indebida
notificación del proceso disciplinario. La demandante aseguró que, hasta la
presentación de la acción de tutela, dicha solicitud no se había resuelto.
22. El fundamento de la vulneración radicó en que se trasgredieron sus
derechos fundamentales toda vez que las actuaciones del proceso
disciplinario fueron notificadas a un correo electrónico que no fue
autorizado por la demandante para recibir notificaciones.
23. En esa medida señaló que el correo al que se notificaron las
actuaciones del proceso disciplinario fue solicitado por la Procuraduría a la
asociación MUSA, pero la autoridad disciplinaria no verificó que ese correo
ya no lo usaba la demandante, pues requirió cambiarlo por otro.
24. También cuestionó el hecho de que la decisión disciplinaria de
primera instancia se notificara al correo electrónico respecto del que no
había otorgado su autorización, y la de segunda instancia se notificara
mediante edicto, lo cual, a su juicio, creó una contradicción en el actuar
procesal.
25. Finalmente, hizo referencia a que esa indebida notificación generaba
la nulidad del proceso disciplinario, pues trasgredía su derecho de defensa
y afectaba el debido proceso como lo señalaban los numerales 2 y 3 del
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artículo 202 de la Ley 1952 de 2019, motivo por el que presentó una solicitud
de nulidad en el proceso, la cual no fue resuelta.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
26. Mediante Sentencia de 6 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo
de Antioquia negó la acción de tutela. Para ello, indicó que no hubo
falencias que afectaran de manera sustancial su derecho de defensa, ni su
garantía al debido proceso.
27. Refirió que, si bien la Procuraduría inicialmente utilizó un correo
electrónico que la demandante alegó que no se encontraba vigente, lo
cierto era que la comunicación de las decisiones procesales también se
llevó a cabo a través del canal para notificaciones de su apoderado.
Además, agregó que se evidenció que la sancionada, una vez tuvo
conocimiento del trámite disciplinario ejerció su derecho de defensa, otorgó
poder a un abogado, presentó memoriales y recursos en diferentes
momentos del proceso e incluso apeló el fallo disciplinario de primer grado.
28. Afirmó que la Corte Constitucional6 y el Consejo de Estado7 han
reiterado que no toda irregularidad en la notificación de un proceso
disciplinario podía conllevar a la nulidad de las decisiones adoptadas, sino
que se requería que se configurara una vulneración sustancial que impidiera
el ejercicio efectivo del derecho de defensa, lo cual, en el caso concreto,
no se configuró, pues se cumplió con la finalidad de la notificación, la cual
era que el investigado tuviera la posibilidad de intervenir en el proceso y
controvirtiera las actuaciones en el mismo, como efectivamente pasó.
29. La parte actora impugnó la decisión anterior. Cuestionó que el
Tribunal Administrativo de Antioquia hubiera indicado que la posible
existencia de deficiencias en la notificación no tuvo tal magnitud como
para considerar que se trasgredieron los derechos fundamentales de la
demandante, pues, a su juicio, no se trataba de si hubo una vulneración
irrisoria o considerable, sino que ningún derecho podía vulnerarse en
ninguna medida.
30. Expuso que se debía otorgar una protección integral al debido
proceso, pues consideró que hubo una omisión de sus garantías por parte
de la Procuraduría en la notificación de las actuaciones del proceso.
31. Finalmente, insistió en los reparos que fueron puestos de presente en
el escrito inicial de tutela, respecto de la aparente indebida notificación de
6 Corte Constitucional Sentencia T-267 del 7 de marzo de 2000 y Auto 29A del 16 de abril de 2002.
7 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, Sentencia de 2 de abril de 2020 proferida en el expediente
Rad. 25000-23-42-000-2015-04841-01.
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las actuaciones del proceso disciplinario y la falta de trámite de la solicitud
de nulidad presentada.
1.3. Trámite posterior a la impugnación de la sentencia de primera
instancia
32. El asunto fue repartido8 para resolver la impugnación presentada al
magistrado Fredy Ibarra Martínez (E) quien, el 18 de marzo de 2025,
manifestó su impedimento para conocer la acción de tutela de la
referencia.
33. El ponente de la presente decisión, en Auto de 31 de marzo de 20259,
declaró fundado el impedimento y ordenó a la Secretaría General de esta
Corporación el sorteo de 2 conjueces para integrar la Sala de Decisión en la
acción de tutela de la referencia. Dicha diligencia se llevó a cabo el 3 de
abril siguiente y, en ella, resultaron designados los consejeros William
Edgardo Barrera Muñoz y Adriana Polidura Castillo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1 Identificación de derechos. 2.2. Objeto de estudio. 2.3. Procedencia de la
acción de tutela. 2.4. Fijación de la controversia. 2.5. Verificación de vulneración alegada.
2.6. Conclusión.
2.1. Identificación de derechos
34. A pesar de que la parte actora señaló en su solicitud de amparo como
violados varios derechos, esta Sala detendrá su estudio en el debido
proceso, comoquiera que la presunta vulneración de las garantías
constitucionales se produjo en el marco de un proceso disciplinario. En
consecuencia, de encontrar lesionado ese derecho, habrá razones
sufrientes para conceder el amparo solicitado.
2.2. Objeto de estudio
35. Si bien la parte demandante, en sus pretensiones, solicitó que a través
de la acción de tutela se declarara la nulidad del proceso disciplinario y, en
consecuencia, se ordenara que se realizara la notificación personal de
varios autos proferidos dentro de dicho proceso disciplinario, lo cierto es que
la Sala también evidenció que la parte demandante presentó una solicitud
de nulidad dentro de la investigación No. IUS E-2021-135794 / IUC-D-2021-
1801255, respecto de la cual indicó que, a la fecha de presentación de la
acción de tutela, no había sido resuelta.
8 El 14 de marzo de 2025, según consta en la plataforma SAMAI.
9 Tras verificar la configuración de la causal de impedimento invocada (artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, numeral 1).
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36. En ese orden, la Sala se centrará en analizar la omisión de las
autoridades demandadas para resolver la solicitud de nulidad presentada
por la parte demandante en consideración a que: (1) en los fundamentos
de la acción de tutela se cuestionó la falta de respuesta y/o
pronunciamiento frente a esa solicitud de nulidad, (2) en atención a la
presentación de esa solicitud, es a la autoridad disciplinaria a quien le
correspondería pronunciarse sobre la configuración, o no, de la nulidad
alegada, por ser la autoridad natural de ese asunto y (3) pese a que ese
aspecto fue alegado desde el escrito de presentación de la tutela, lo cierto
es que no hubo un pronunciamiento por el juez constitucional de primer
grado, motivo por el que la Sala considera que es necesario resolver ese
aspecto en esta sentencia.
2.3. Procedencia de la acción de tutela
37. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la
protección de los derechos fundamentales10 al debido proceso. Carolina
Patiño Salazar es la titular de los derechos invocados como violados, por lo
cual, se tiene por acreditada la legitimación activa en la causa11. De igual
manera, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Delegada
Disciplinaria de Juzgamiento No. 3, la Procuraduría Regional de Antioquia y
la Procuraduría Provincial de Rionegro tienen legitimación pasiva en la
causa12, porque de estas se predica la vulneración, son autoridades que
estaban a cargo del proceso disciplinario13 y de sus competencias se
desprende la relación con el presente asunto.
38. Frente al requisito de subsidiariedad14 la Sala lo tendrá por superado,
pero sólo respecto de la aparente omisión de la parte accionada para dar
trámite a una solicitud de nulidad presentada dentro de un proceso
disciplinario, ante lo cual no existe un mecanismo idóneo y eficaz que
permita conjurar la aparente vulneración de los derechos fundamentales.
39. En lo relacionado con la aparente indebida notificación de las
actuaciones del proceso disciplinario, la Sala declarará la improcedencia
por falta de subsidiariedad, en la medida en que ese aspecto es sobre el
que se reclama la falta de pronunciamiento en virtud de la solicitud de
nulidad presentada, motivo por el que, realizar un análisis sobre ese aspecto
10 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibídem.
11 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibídem.
12 Ídem
13 Se recuerda que, entre otros, se cuestionó la notificación realizada respecto de actuaciones tales como: el Auto
de 21 de septiembre de 2022 por el cual la Procuraduría Regional de Antioquia ordenó la apertura de la
investigación disciplinaria; el Auto de 1 de agosto de 2023, mediante el que la Procuraduría Regional de Antioquia
declaró cerrada la investigación disciplinaria y ordenó que se presentaran alegatos precalificatorios; la decisión
disciplinaria de 27 de agosto de 2024 proferida por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Antioquia y la
decisión disciplinaria de segunda instancia proferida el 18 de octubre de 2024 por la Procuraduría Delegada
Disciplinaria de Juzgamiento No. 3.
14 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1)
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implicaría una intervención del juez de tutela en competencias que son
propias de la autoridad disciplinaria y que se encuentran en trámite.
40. En relación con el requisito de inmediatez15, este se satisface, toda vez
que la presunta vulneración se presentó con ocasión de la omisión en el
trámite de una solicitud de nulidad, lo cual se considera una actuación
continuada, en los términos del numeral 4 del artículo 616 del Decreto 2591
de 1991.
2.4. Fijación de la controversia
41. Determinar si las autoridades disciplinarias demandadas vulneraron el
derecho fundamental al debido proceso de Carolina Patiño Salazar, ante la
falta de trámite de la solicitud de nulidad del proceso disciplinario No. IUS E-
2021-135794 / IUC-D-2021-1801255, presentada el 5 de noviembre de 2024.
2.5. Verificación de la vulneración alegada
42. La Sala revocará el fallo impugnado y, en su lugar, accederá a la
solicitud de amparo respecto a la falta de trámite de la solicitud de nulidad
de 5 de noviembre de 2024, de conformidad con las razones que a
continuación se exponen:
43. La parte actora consideró que se vulneró su derecho al debido
proceso toda vez que, dentro del proceso disciplinario adelantado en su
contra, se presentó una solicitud de nulidad de todo lo actuado por una
aparente indebida notificación, la cual, hasta la presentación de la acción
de tutela, no se había resuelto.
44. Frente a lo anterior es importante destacar que, en el informe rendido
dentro de la tutela por la Procuraduría General de la Nación, se indicó que,
en efecto, en el proceso disciplinario, se presentó una solicitud de nulidad el
5 de noviembre de 2024, la cual, de conformidad con el artículo 206 de la
Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario, podía presentarse hasta
antes de correr traslado para alegatos de conclusión. Pese a ello la
autoridad demandada no mencionó y mucho probó que dicha solicitud se
hubiera resuelto dentro del referido proceso.
45. Al respecto, la Sala advierte que el Código General Disciplinario
reglamentó, entre otros aspectos, el trámite de los procesos disciplinarios, y
en los artículos 202 a 207 desarrolló lo relacionado con las causales, los
15 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)
16 “ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: (…) 4. Cuando
sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión
violatoria del derecho.”
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principios, los efectos, los requisitos y la oportunidad para proponer
nulidades.
46. En ese orden dispuso que en el proceso disciplinario podrían
proponerse 3 causales de nulidad: (1) la falta de competencia, (2) la
violación al derecho de defensa y (3) la existencia de irregularidades
sustanciales que afectaran el debido proceso. Esas causales debían ser
alegadas hasta antes de correr traslado para alegar de conclusión, con la
identificación de la causal invocada y los fundamentos de hecho y de
derecho que sustentaban la misma.
47. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que dicha ley también
contempló que esa solicitud debía resolverse en un término de 5 días
siguientes a la fecha de su presentación.
48. La Sala considera que se vulneró el derecho al debido proceso de
Carolina Patiño Salazar, ya que, de acuerdo con las disposiciones
mencionadas, la autoridad accionada debió emitir un pronunciamiento
sobre la solicitud de nulidad interpuesta.
49. Dicha vulneración se ocasionó específicamente por la Procuraduría
Delegada Disciplinaria de Juzgamiento No. 3, que fue ante la que se
presentó esa solicitud17.
50. Se recuerda que la ley señaló las reglas para el desarrollo de las
nulidades en lo relacionado con los procesos disciplinarios. En esa medida,
la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento No. 3 debió analizar
si se cumplían esas reglas con el fin de pronunciarse, en un término de 5 días
de acuerdo con lo dispuesto legalmente.
51. No desconoce la Sala que la autoridad accionada18 se refirió a que
esa solicitud pudo presentarse de manera extemporánea. No obstante, esos
argumentos propuestos por la parte demandada debían ser trasmitidos a la
parte actora a través de la decisión que resolvía la solicitud de nulidad en el
marco del proceso disciplinario.
52. En consecuencia, no bastaba con la manifestación, dentro de la
acción de tutela, de los fundamentos por los cuales no era procedente, o
no era oportuna la solicitud de nulidad. Lo correcto era resolver la solicitud
17 De acuerdo con lo probado en el proceso, se evidenció que la solicitud fue radicada en los correos electrónicos:
jcediel@procuraduria.gov.co y disciplinariadejuzgamiento3@procuraduria.gov.co.
18 Informe rendido por la Procuraduría General de la Nación visible en el índice 8 del expediente de primera
instancia cargado en la plataforma SAMAI. ”Es cierto que el defensor de la disciplinada presentó la solicitud de
nulidad (ver folios 366 a 372) el día 05 de noviembre de 2024, esto es, el mismo día que se desfijó el edicto por
medio del cual se surtió la notificación del fallo de segunda instancia. Es bueno que se tenga en cuenta señor juez
que de conformidad con el artículo 206 del Código General Disciplinario, la solicitud de nulidad puede presentarse
hasta antes de dar traslado para los alegatos de conclusión.”
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00191-01
Accionante: Carolina Patiño Salazar
Accionado: Procuraduría General de la Nación y otros
Decisión: Revoca – declara improcedencia y ampara
______________________________________________________________________________________________________________
de nulidad presentada dentro del término dispuesto por el artículo 207 del
Código General Disciplinario, esto es, 5 días después de presentada la
solicitud.
53. En ese orden, se evidenció que la Procuraduría Delegada Disciplinaria
de Juzgamiento No. 3 no ha resuelto la solicitud de nulidad presentada el 5
de noviembre de 2024, por la señora Patiño Salazar dentro del proceso de
responsabilidad disciplinaria No. IUS E-2021-135794 / IUC-D-2021-1801255, ni
existió una justificación legal que exonerara a la autoridad de cumplir con
su obligación, motivo por el que la Sala considera que existió una
vulneración al derecho fundamental de la parte actora al debido proceso,
ante la falta de resolución de la mencionada solicitud de nulidad.
54. En esa medida, la Sala ordenará a la Procuraduría Delegada
Disciplinaria de Juzgamiento No. 3, que, independientemente de si la
solicitud de nulidad es procedente, improcedente, extemporánea o se
deba negar, la resuelva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
202 a 207 del Código General Disciplinario.
2.6. Conclusión
55. Por lo anterior, conforme con lo expuesto, la Sala revocará el fallo
impugnado y, en su lugar, de un lado, declarará la improcedencia respecto
del reparo de la aparente indebida notificación de las actuaciones del
proceso disciplinario. De otro lado, tras encontrar vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso de la parte demandante, ordenará a la
Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento No. 3 impartir el trámite
correspondiente a la solicitud de nulidad presentada el 5 de noviembre de
2024, en atención a lo expuesto en esta providencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de primera instancia de 6 de marzo
de 2025, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó la
solicitud de amparo. En su lugar, se dispone, de un lado, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo respecto del reparo de una aparente
indebida notificación de las actuaciones del proceso disciplinario. De otro
lado, AMPARAR el derecho al debido proceso de Carolina Patiño Salazar,
por las razones expuestas en esta providencia.
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00191-01
Accionante: Carolina Patiño Salazar
Accionado: Procuraduría General de la Nación y otros
Decisión: Revoca – declara improcedencia y ampara
______________________________________________________________________________________________________________
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a la Procuraduría Delegada
Disciplinaria de Juzgamiento No. 3 que, dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación de esta providencia, resuelva la solicitud de nulidad de 5 de
noviembre de 2024, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19.
CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría General de la Corporación que
proceda a efectuar la respectiva compensación en el reparto a cargo de
del despacho ponente, en atención a la presente decisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
19 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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