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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2025-00210-01

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2025-00210-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 11 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que denegó las pretensiones de la tutela instaurada por el Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez E.S.E. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por ausencia del requisito de subsidiariedad. TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2025-00210-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

2 de mayo de 2025

Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01
Accionante: Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez E.S.E

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01
Accionante: HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ E.S.E.
Accionado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE TURBO

Tesis: No es procedente la acción de tutela que se interpone en
contra de la decisión que tiene por no contestada la
demanda dentro de un proceso de reparación directa que
se encuentra en curso

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 11 de marzo de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez E.S.E.1, por intermedio
de su representante legal, solicitó el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad, a la defensa, de acceso administración de
justicia y al debido proceso, que estima vulnerados con ocasión del auto
del 1° de noviembre de 2024, proferido por el Juzgado Sexto
Administrativo de Turbo, que tuvo por no contestada la demanda de
reparación directa promovida en su contra y de la Promotora Clínica Zona
Franca de Urabá S.A.S.2; y del auto del 28 de noviembre de 2024, que
resolvió desfavorablemente el recurso de reposición y rechazó el de queja,
interpuestos contra la anterior decisión.

1
En adelante la E.S.E.
2
Proceso que se identificó con el radicado 05837-33-33-003-2023-00482-00.

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Accionante: Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez E.S.E

1.2. El referido medio de control fue presentado por Rafaela Coa
Blanquicet y otros3 con el objeto de que se declare patrimonialmente
responsable a la parte demandada y se indemnice por los perjuicios
sufridos con ocasión de la muerte de la gestante Daniela Patricia González
Coa y de su hijo, por una presunta falla en la atención médica prestada
por la E.S.E. y la Promotora Clínica Zona Franca de Urabá S.A.S.

1.3. La demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de
Turbo, quien, en proveído del 13 de diciembre de 2023, la admitió. Luego,
por lo dispuesto en el Acuerdo CSJANTA24-204 del 18 de julio de 2024,
el proceso fue remitido al Juzgado Sexto Administrativo de Turbo,
autoridad que, mediante auto del 1° de noviembre de 2024, tuvo por no
contestada la demanda por parte de la E.S.E., al considerar extemporáneo
el memorial radicado el 9 de mayo de 2024, y fijó fecha para adelantar la
audiencia inicial.

1.4. La demandante informó que, contra la anterior providencia, presentó
recurso de reposición y en subsidio el de queja, alegando que la demanda
fue notificada el 15 de marzo de 2024, por lo que el término para
contestarla transcurrió entre el 20 de marzo y el 9 de mayo de 2024,
teniendo en cuenta que, por la vacancia judicial de semana santa, se
suspendieron los términos judiciales del 25 al 29 de marzo del mismo año.
Luego, por fallas en el sistema eléctrico en el sector de Urabá, los servicios
de los juzgados administrativos de la región fueron suspendidos el 24 de
abril de 2024 y se restablecieron el día siguiente. Y que, finalmente, la
contestación de la demanda fue radicada el 9 de mayo de 2024, es decir,
dentro del término.

1.6. Manifestó que, en proveído del 28 de noviembre de 2024, el Juzgado
Sexto Administrativo de Turbo resolvió no reponer la decisión, porque el

3
Luis Guillermo Rivas Coa, Shirley Vanesa González Coa, Jorge Luis González Coa, Javier Esteban González
Coa, Olga Patricia González Coa y Rafael Santos González Coa.

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auto admisorio de la demanda fue notificado a la E.S.E. el 14 de marzo
de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo de Turbo4. Sin embargo,
argumentó que el 15 de marzo de 2024 fue reenviado el mensaje de datos
que contenía el enlace del expediente digital en la plataforma OneDrive
de Microsoft, el cual no podía tomarse como notificación de la demanda o
como una modificación de tal actuación, pues “el expediente en Onedrive
es una herramienta de apoyo para la gestión de los expedientes por parte
de los Juzgados sin que este implique per se su obligatoriedad o sustituya
la notificación que estaba perfeccionada. De hecho, según la Circular
PCSJC24-1 del 11 de enero de 2024, los juzgados de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo deben hacer uso del aplicativo Samai”, y a la
E.S.E se le otorgó acceso al expediente alojado en SAMAI desde la fecha
en la que se notificó.

Frente al recurso de queja, señaló que su procedencia se limitaba a los
eventos en los que no se concedía el recurso de apelación o los
extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, y que en el
caso concreto no se adoptó ninguna de tales decisiones. Por lo tanto, lo
rechazó por improcedente. Además, consideró que el recurso que debió
interponer la parte demandada en primera medida era el de apelación.

1.7. La parte accionante manifestó en la tutela que las decisiones
controvertidas afectan su derecho fundamental al debido proceso, al
cimentarse en interpretaciones restrictivas de los plazos procesales, sin
considerar las suspensiones legales y la confusión presentada con el envío
de los correos por parte del juzgado con la notificación de la demanda el
14 de marzo de 2024 y el reenvío del mensaje de datos el 15 del mismo
mes y año, siendo la última fecha la que tuvo en cuenta para presentar
la contestación.

Lo anterior, a su juicio, la deja en situación de indefensión y afecta sus
garantías constitucionales, al impedirle ejercer el derecho a la defensa,

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Visible en los índices 6 y 30 del proceso de reparación directa en SAMAI.

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pues en la contestación propuso las excepciones de “ausencia de falta o
falla en el servicio”, falta de legitimación en la causa por pasiva, “ausencia
de título jurídico de imputación frente al departamento de Antioquía” y
“ausencia de nexo de causalidad”, y solicitó como pruebas los testimonios
de los médicos Julio Cesar Martínez Montero y Marcos Márquez Arabia,
médicos de la E.S.E., con lo que pretendía ejercer su derecho de
contradicción.

1.8. Con fundamento en los anteriores argumentos, formuló las siguientes
pretensiones5:

“1. Se conceda el amparo constitucional del derecho fundamental al debido
proceso y acceso a la administración de justicia en favor de la E.S.E. HOSPITAL
FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ.

2. Se decrete la nulidad del auto interlocutorio No. 428 del 28 de noviembre de
2024, donde el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo rechazo admitir la
procedencia del recurso de queja, por las razones antes expuesta, en favor de
la E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ.

3. Se decrete la nulidad del auto interlocutorio No. 82 del 1 de noviembre de
2024, donde el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo, considero y deja la
constancia que la ES.E. Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez, contesto la
demanda en forma extemporánea.

4. Que se declare la nulidad de la audiencia inicial, desarrollada el 11 de febrero
de 2025, a partir de las 2:00 P.M, teniendo en cuenta los argumentos y razones
antes expuesto.

5. Que, una vez reconocidos y tutelados los derechos vulnerados, se ordene al
Juzgado Sexto Administrativo de Turbo que, mediante providencia motivada,
acepte la contestación de la demanda realizada por E.S.E. Hospital Francisco
Luis Jiménez Martínez.

6. Se adopten las medidas necesarias para evitar que situaciones similares
vulneren el debido proceso de otras entidades o partes procesales”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 28 de febrero de 2025, el juez de primera instancia
admitió la tutela. Luego, en proveído del 3 de marzo del mismo año,
ordenó vincular como terceros con interés a los señores Rafaela Coa
Blanquicet, Luis Guillermo Rivas Coa, Shirley Vanesa González Coa, Jorge
Luis González Coa, Javier Esteban González Coa, Olga Patricia González

5
Se transcribe del texto original, incluso con posibles errores.

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Coa y Rafael Santos González Coa, y a las sociedades Promotora Clínica
Zona Franca de Urabá S.A.S. y Chubb Seguros Colombia S.A.

2.2. El Juzgado Sexto Administrativo de Turbo hizo un resumen de
las actuaciones adelantadas dentro del proceso, y argumentó que la
decisión objeto de debate se dictó teniendo en cuenta las normas
procesales, las pruebas obrantes en el expediente y las que se recaudaron
para resolver el recurso.

Además, adujo que el escrito de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, pues los argumentos presentados se refieren a
un debate estrictamente legal sobre el cómputo de términos, no
fundamenta con suficiencia por qué la providencia es arbitraria, irracional
o caprichosa, y pretende convertir la acción constitucional en una
instancia adicional.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 11 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, estudió de fondo el asunto y denegó
el amparo al considerar que las actuaciones adelantadas por la accionada
fueron conforme a derecho, pues, una vez revisado el expediente,
observó que el auto admisorio de la demanda fue notificado a la E.S.E. el
14 de marzo de 2024 y que los términos para contestar empezaron a
correr desde el 19 del mismo mes y año; sin embargo, teniendo en cuenta
la suspensión de términos del día 24 de abril de 2024, el último día que
tenía la entidad para contestar era el 8 de mayo de ese año, y lo hizo al
día siguiente.

Además, consideró que no se acreditó que el reenvío del mensaje de datos
realizado el 15 de marzo de 2024 hubiese estado motivado en alguna
solicitud de la parte demandada, con lo que se pudiera confirmar que
efectivamente las partes no pudieron acceder a la información contenida
en el hipervínculo que remitía a la plataforma OneDrive. Y que, aunque

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se lograra probar que dicho enlace presentaba problemas, el reenvío del
correo no constituye una modificación de la notificación o una nueva
actuación, pues la E.S.E. tenía conocimiento de la demanda y tuvo acceso
al contenido de esta antes de su admisión, ya que, en el folio 318 del
archivo de demanda y anexos, obra la constancia de envío de esos
archivos por la parte demandante, vía correo electrónico.

Por otro lado, sostuvo que, una vez verificado el aplicativo SAMAI,
encontró que los archivos relacionados con el escrito de la demanda, su
admisión, la notificación, las contestaciones y las constancias
secretariales, han sido de acceso público desde su radicación, por lo tanto,
podían ser visualizados en cualquier momento por la entidad accionante.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró
los argumentos de la demanda. Agregó que la accionada incurrió en un
defecto procedimental absoluto al rechazar el recurso de queja
interpuesto contra el auto que tuvo por no contestada la demanda, pues
no hizo un análisis de fondo sobre el asunto, y dicho error fue validado
por el juez de tutela en primera instancia, al no tener en cuenta que “De
acuerdo con el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el recurso de queja procede
cuando se rechaza un recurso de apelación o cuando no se concede un
recurso ordinario (sic)”.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a

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esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. La señora Rafaela Coa Blanquicet y otros6 presentaron demanda
de reparación directa contra el Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez
E.S.E. y la Promotora Clínica Zona Franca de Urabá S.A.S., con el fin de
obtener la indemnización de perjuicios sufridos con ocasión de la muerte
de la gestante Daniela Patricia González Coa y su hijo a causa de una
presunta falla en la atención médica prestada por las demandadas.

5.2.2. Mediante auto del 1° de noviembre de 2024, el Juzgado Sexto
Administrativo de Turbo fijo fecha para adelantar la audiencia inicial y
tuvo como no contestada la demanda por parte de la E.S.E., al considerar
que el memorial radicado el 9 de mayo de 2024 fue extemporáneo. Contra
tal decisión, la E.S.E. presentó recurso de reposición y en subsidio de
queja.

5.2.3. El Juzgado Sexto Administrativo de Turbo, mediante auto del 28 de
noviembre de 2024, resolvió no reponer la decisión recurrida y rechazó el
recurso de queja por considerarlo improcedente.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

6
Ver nota al pie 3.

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5.3.1.1. El requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
contra providencias judiciales

Conforme el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6º del
Decreto 2591 de 19917, la acción de tutela es un recurso subsidiario y
residual para la protección de los derechos fundamentales, lo que implica
que sólo será procedente cuando se agoten todos los mecanismos de
defensa judicial principales de los que se disponga ante la conducta activa
u omisiva de las autoridades, o no exista en el ordenamiento jurídico un
medio idóneo y eficaz para el amparo judicial de esa categoría de
derechos.

Respecto al requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones
judiciales, la Corte Constitucional8 ha señalado que se pueden presentar
dos escenarios: i) cuando el proceso ha concluido, y ii) cuando el proceso
se encuentra en curso. En el segundo de los escenarios, ha precisado que
la intervención del juez constitucional está vedada en principio, toda vez
que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo
para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del
trámite ordinario. Posición que se ha reiterado por el Tribunal
Constitucional y que se ha acogido por esta Sección, al señalar que la
acción de tutela contra providencia judicial es improcedente por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en
trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios
y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico9”.

7
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
8
Posición que se desarrolló en sentencia T-113 de 2013 y que se reiteró en sentencia T-103 de 2014
9
En la Sentencia T-396 de 2014 al respecto se afirma lo siguiente: “Es reiterativa la posición de la Corte en
cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de un proceso judicial las partes pudieron valerse
de los recursos judiciales ordinarios pero estos no fueron empleados oportunamente, ya que no puede
constituirse en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por la caducidad
de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los interesados. Entonces, por vía de
tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un mecanismo
que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría el propósito mismo de la acción

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No obstante, lo anterior, se han establecido dos excepciones al principio
de subsidiariedad de la acción de tutela, a saber: i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata
de los derechos fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar un
perjuicio irremediable. En este último evento, se debe demostrar que el
perjuicio es inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas
de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección
constitucional es impostergable10.

5.3.2. Caso concreto

5.3.2.1. La Sala recuerda que, de acuerdo con lo expuesto en la solicitud
de amparo y en la impugnación, los argumentos de la parte actora giran
en torno a sus inconformidades con las decisiones del 1° de noviembre
de 2024, que tuvo como no contestada la demanda de reparación directa
presentada en su contra, y del 28 del mismo mes y año, que resolvió el
recurso de reposición presentado contra el anterior proveído y rechazó el
de queja por improcedente. Además, se advierte que la entidad
accionante pretende que, por vía de tutela, se declare la nulidad de la
audiencia inicial adelantada por el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo
el 11 de febrero de 2025.

5.3.2.2. Ahora bien, de la revisión de las actuaciones del proceso
ordinario, la Sala advierte que, para la fecha de presentación de la tutela,
el proceso ante el Juzgado Sexto Administrativo de Turbo se encontraba
a la espera del desarrollo de la audiencia de pruebas establecida en el
artículo 181 del CPACA, para la cual se fijaron los días 18 y 19 de marzo
de 2025.

constitucional de protección de los derechos fundamentales. Es necesario que quien alega la vulneración de
sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto.
Esta exigencia responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción
constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo
de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que resulte ser un camino
excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los
procesos jurisdiccionales ordinarios.”. En igual sentido, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Sentencia T-150 de 2016

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Luego, el 18 de marzo del 2025, se declaró precluido el periodo
probatorio, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y
se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión11.

5.3.2.3. Así las cosas, la sala advierte que la presente solicitud de amparo
no cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el proceso
ordinario en el que se profirió la decisión censurada se encuentra aún en
trámite, situación en la que, como se señaló en precedencia, se configura
uno de los supuestos que, según el criterio de la Corte Constitucional,
impide al juez constitucional inmiscuirse en el asunto.

La referida postura también ha sido reiterada por esta corporación y en
particular por esta Sección, al señalar que, “por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para
cuestionar cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados
los recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo
del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener
certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso”12.

La anterior regla tiene su razón de ser en que: (i) es el juez ordinario
quien debería corregir, si las hay, las irregularidades que se llegaren a
presentar en el curso del proceso, de manera oficiosa o a solicitud de
parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el derecho a la
tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a las
garantías procesales; y (ii) la acción de tutela tiene carácter residual y
subsidiario con la finalidad, justamente, de evitar que se vacíen las
competencias de los operadores judiciales ordinarios, al constituirse en

11
Visible en índice 55 del expediente de reparación directa en SAMAI.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de febrero de
2018, proferida dentro del expediente con número único de radicación 11001-03-15-000-2017-02930-00(ac),
Roberto Augusto Serrato Valdés

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una instancia adicional de las decisiones que éstos emitan o en un
mecanismo paralelo a los medios de control establecidos en la ley, lo que
ocurriría de permitirse en esta instancia la revisión de cada una de las
actuaciones que se profieran al interior de dichos asuntos.

En este sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación13, indicó:

“El derecho procesal en general y el ordenamiento nacional, en particular,
prevén diversos mecanismos procedimentales, entre los que se encuentran los
recursos, las nulidades procesales y el poder-deber del juez de corregir las
irregularidades o equivocaciones que ocurran durante el proceso en virtud del
principio que reza que “lo interlocutorio no ata al juez” .

Cada uno de estos medios opera en determinadas circunstancias, esto es, antes,
durante y después del proceso legalmente concluido.

Durante el proceso las irregularidades se subsanan mediante los recursos
ordinarios, y las nulidades procesales. Después de dictada la sentencia, a través
de los recursos ordinarios o extraordinarios, la adición o corrección de sentencia
y, de manera residual y excepcional, en caso de que se afecten derechos
fundamentales de las partes, se encuentra la acción de tutela.

En otras palabras, de manera residual, esto es, cuando no haya otro medio de
defensa judicial efectivo y se vean afectados derechos fundamentales por
decisiones de los jueces, las partes pueden acudir a la acción constitucional de
tutela, pues es lo que se infiere del texto constitucional y de lo discutido en la
Asamblea Nacional Constituyente”.

Sobre el particular, resulta pertinente poner de presente que, si bien la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que la acción de
tutela procede tanto contra las decisiones tomadas en autos como frente
a sentencias, ello no implica que se pueda promover el amparo para
atacar todas las decisiones que se emitan mientras el medio de control se
encuentra en curso.

Para delimitar las oportunidades en las que resulta admisible atacar por
vía de este mecanismo excepcional las decisiones interlocutorias

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta Sentencia de 5 de agosto de
2014, Consejero Ponente Dr. Jorge Octavio Ramírez - Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ),
Demandante Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera.

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proferidas al interior de los procesos judiciales que estén en trámite, la
referida corporación fijó las siguientes condiciones14.

“[…] en materia de decisiones adoptadas en autos, la Corte ha señalado que
éstas, por regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos
ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto. La acción de tutela
procederá solamente i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser
reprochada mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la
acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para
interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o
cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de
que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los
derechos afectados o amenazados; o iii) cuando la protección
constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable. En el
primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos
generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han
sido fijados por esta Corporación […]”. (Resaltados de la Sala).

Aplicados los referidos presupuestos de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra las decisiones tomadas en autos, al caso concreto,
se advierte que no se satisface ninguno de aquellos.

5.3.2.4. En efecto, la Sala advierte que, frente a la pretensión relacionada
con que se declare la nulidad de la audiencia inicial adelantada por el
Juzgado Sexto Administrativo de Turbo, el accionante tuvo a su alcance
el mecanismo dispuesto en los artículos 133 y siguientes del Código
General del Proceso (CGP). De igual manera, la Sala estima que, como la
demandante estaba interesada en controvertir las decisiones adoptadas
en la audiencia inicial, bien pudo interponer en esta los recursos contra
las que le resultaren desfavorables.

Empero, del análisis del expediente allegado a este trámite constitucional,
no se evidencia que la demandada haya interpuesto el incidente de
nulidad ni los mencionados recursos.

Asimismo, la Sala advierte que, de acuerdo con los argumentos de la
impugnación, la demandante pretendía obtener un pronunciamiento por

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Corte Constitucional. Sentencia T-148 de 2010. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001 23 33 000 2025 00210 01
Accionante: Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez E.S.E

parte del Tribunal Administrativo de Antioquia en cuanto a la decisión de
tener por no contestada la demanda. Sin embargo, como lo advirtió la
providencia del 28 de noviembre de 2024, la actora no interpuso el
recurso de apelación contra el auto del 1º del mismo mes y año, sino que
presentó directamente el recurso de queja, por lo que no cumplió con los
presupuestos de los artículos 352 y 353 del CGP, para que el superior
analizara la procedencia de la alzada contra el proveído que controvierte.

Es decir, que la demandante no ejerció debidamente el medio de
impugnación establecido en el estatuto procesal para proponer los
argumentos que ahora pretende hacer valer.

5.3.2.5. En suma, la Sala advierte que el proceso de reparación directa
que dio origen a la presente acción de tutela no ha finalizado y, por ende,
no es procedente el amparo solicitado por la parte actora. Sostener lo
contrario equivaldría a predicar que los ciudadanos pueden emplear la
acción constitucional como un mecanismo paralelo a los procesos
judiciales iniciados, con el fin de lograr que en éstos se adopten decisiones
que favorezcan sus intereses. Además, la actora no ejerció debidamente
los medios de impugnación contra las decisiones interlocutorias que
controvierte en esta oportunidad.

Por lo tanto, la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, y en todo caso, no se observa que la demandante esté
sometida a un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo de
manera excepcional.

5.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará el fallo impugnado,
que denegó la tutela y en su lugar la declarará improcedente, por no
encontrarse cumplido el requisito de subsidiariedad.

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Accionante: Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez E.S.E

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 11 de marzo de 2025, dictada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que
denegó las pretensiones de la tutela instaurada por el Hospital Francisco
Luis Jiménez Martínez E.S.E.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por
ausencia del requisito de subsidiariedad.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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