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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00423-01

Fecha
1 de julio de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2025-00423-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Modificar la sentencia del 24 de abril de 2025, proferida por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones señaladas en la parte motiva. En su lugar: 12 En la sentencia T-1190 de 2004, reiterada en las sentencias T-828 de 2014 y T-545 de 2017, la Corte Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio es irremediable, debe verificarse lo siguiente: «(i) que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad» (Énfasis añadido). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Radicado: 05001-23-33-000-2025-00423-01 Demandantes: Christian Fernando Vigoya Villada y otros PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Christian Fernando Vigoya Villada y otros contra el Juzgado Sexto Administrativo de Medellín, conforme a lo anotado en las consideraciones. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2025-00423-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

1 de julio de 2025

Radicado: 05001-23-33-000-2025-00423-01
Demandantes: Christian Fernando Vigoya Villada y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 05001-23-33-000-2025-00423-01
Demandantes: CHRISTIAN FERNANDO VIGOYA VILLADA Y OTROS
Demandado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – La providencia cuestionada era
susceptible de apelación / AUSENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE – El simple
rechazo de la demanda por ausencia de un requisito de procedibilidad no constituye
un perjuicio irremediable.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 24 de abril de 2025, proferida por la Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 3 de marzo de 20252, el abogado Christian Fernando Vigoya Villada instauró
acción de tutela en nombre propio y en el de otros 3 contra el Juzgado Sexto
Administrativo de Medellín, a fin de que se ampararan sus derechos fundamentales

1
Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 16 de mayo de 2025,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, expediente de primera instancia, índice 4.
3 Fernando Vigoya Velazco, Francia Lorena Villada Rivera, Natalia Vigoya Villada —en representación

de Gabriela Montes Vigoya y Santiago Montes Vigoya— y Luz Alejandra Valencia Acevedo —en
representación de María Fernanda Vigoya Valencia—.

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Demandantes: Christian Fernando Vigoya Villada y otros

de acceso a la administración de justicia y al debido proceso4. En este sentido, solicitó
lo siguiente:

(i) Que se «permitiera» la admisión de la demanda de reparación directa presentada
por él y los demás accionantes.

(ii) Que se declarara que cumplieron el requisito de procedibilidad de conciliación
extrajudicial oportunamente, una vez superadas las circunstancias que lo habían
impedido.

(iii) Que se declarara que la demanda aludida se presentó en tiempo.

(iv) Que se ordenara la continuación del proceso contencioso administrativo
correspondiente.

2. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente, se
extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. Con el propósito de ejercer el medio de control de reparación directa ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y de cumplir el requisito de procedibilidad
de conciliación extrajudicial para ello, el señor señor Vigoya Villada solicitó a la
Procuraduría General de la Nación la celebración de audiencia de conciliación con la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía
General de la Nación. Sin embargo, dicha audiencia no pudo ser programada por
fallas en el funcionamiento del portal dispuesto para el efecto.

4. Tales fallas no pudieron ser solucionadas y, por ende, fue imposible celebrar la
audiencia de conciliación. Empero, el 21 de octubre de 2024, a fin de evitar la
caducidad del medio de control de reparación directa, el señor Vigoya Villada instauró
la demanda respectiva en nombre propio y en el de los demás accionantes contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía
General de la Nación.

5. En dicha demanda se expuso la circunstancia que impidió celebrar la audiencia de
conciliación extrajudicial y se solicitó al juez contencioso administrativo que oficiara a
la Procuraduría General de la Nación para que la programara.

4 También considero desconocido el principio de buena fe.

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6. Mediante auto del 7 de febrero de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo de
Medellín inadmitió la demanda por incumplimiento del requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial. Advirtió que las constancias de los intentos de programación
de la audiencia de conciliación, anexadas a la demanda, no demostraban su efectiva
realización, lo cual era necesario para considerar acreditado el cumplimiento de dicho
requisito.

7. El 24 de febrero de 2025, el señor Vigoya Villada solicitó nuevamente la
programación de audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación
y presentó escrito de subsanación de la demanda ante el Juzgado Sexto
Administrativo de Medellín. En ese escrito, expuso que había solicitado la celebración
de la mencionada audiencia y que aún no se había fijado una fecha para el efecto.

8. El 25 de febrero de 2025, la Procuraduría General de la Nación programó la
audiencia de conciliación para el 1° de abril del mismo año. El 6 de marzo siguiente,
el señor Vigoya Villada informó al Juzgado Sexto Administrativo de Medellín al
respecto y advirtió que presentaría el acta correspondiente con posterioridad.

9. El 31 de marzo de 2025, dicho juzgado rechazó la demanda por incumplimiento del
requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial.

10. Según el señor Vigoya Villada, en virtud del principio de buena fe, no podía
considerarse incumplido el requisito de procedibilidad aludido, pues él y los demás
accionantes intentaron cumplirlo, pero no lo lograron por circunstancias ajenas a su
voluntad. Debido a esto, además, alegó que dicho requisito no podía erigirse en un
obstáculo para el ejercicio del derecho fundamental a la reparación.

11. Por otro lado, afirmó que la decisión del Juzgado Sexto Administrativo de Medellín
no admitía recursos, por lo que la acción de tutela era el único mecanismo para
obtener la protección de los derechos fundamentales vulnerados con ella.

12. Además, señaló que su solicitud de amparo satisfacía la exigencia de relevancia
constitucional, en razón de los derechos fundamentales que resultaron vulnerados
con la providencia cuestionada a través de ella, así como de los defectos en los cuales
incurrió el juzgado accionado al proferirla: fáctico y procedimental absoluto.

13. Explicó que el primero de dichos defectos se configuró porque el juzgado ignoró
el documento presentado el 6 de marzo de 2025, dentro del término de subsanación
de la demanda, en el cual se evidenciaba que la audiencia de conciliación extrajudicial

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había sido programada para el 1° de abril de 2025. Agregó que esa omisión fue de tal
trascendencia que condujo al rechazo de la demanda.

14. También indicó que el segundo de los mencionados defectos —el procedimental
absoluto— se materializó porque el juzgado desconoció la posibilidad de solicitar
pruebas durante el término de traslado de las excepciones, contemplada en el artículo
175 del CPACA.

15. De otra parte, adujo que la expedición del auto de rechazo de la demanda con
«premura» evitó el cumplimiento del requisito de procedibilidad de conciliación
extrajudicial y, por ende, vulneró el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.

16. Finalmente, alegó que ese derecho también resultó lesionado porque el Juzgado
Sexto Administrativo de Medellín ignoró las explicaciones sobre la imposibilidad de
celebrar la audiencia de conciliación extrajudicial en una primera oportunidad. Agregó
que, con ello, también se favoreció a las entidades contra las cuales se dirigía la
demanda de reparación directa y, en consecuencia, se rompió la igualdad procesal
entre las partes.

B. Trámite impartido e intervenciones

17. Mediante auto del 8 de abril de 20255, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo de
Medellín. Además, vinculó a la Procuraduría 167 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Medellín y a la Procuraduría 165 Judicial II para la Conciliación
Administrativa de Cali al trámite.

18. La Procuradora 167 Judicial I para Asuntos Administrativos de Medellín6
solicitó su desvinculación, exponiendo que no causó la vulneración de derechos
fundamentales alegada por la parte accionante.

19. El titular del Juzgado Sexto Administrativo de Medellín7 calificó la solicitud de
amparo constitucional como improcedente y corroboró lo expuesto en ella, agregando
que el señor Vigoya Villada no presentó pruebas de los inconvenientes para la
celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial.

5
Samai, expediente de primera instancia, índice 5.
6 Samai, expediente de primera instancia, índice 8.
7 Samai, expediente de primera instancia, índice 9.

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20. La Procuraduría 165 Judicial II para la Conciliación Administrativa de Cali
guardó silencio, pese a haber sido notificada sobre el auto admisorio de la acción de
tutela8.

C. Fallo impugnado

21. Mediante sentencia del 24 de abril de 20259, la Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia negó la solicitud de amparo constitucional.
Argumentó que los accionantes desconocieron el carácter subsidiario de la acción de
tutela, en la medida en que no agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial
antes de acudir a ella, pues no interpusieron recurso de apelación contra el auto por
el cual se rechazó su demanda de reparación directa.

22. Agregó que, en todo caso, el Juzgado Sexto Administrativo de Medellín no vulneró
sus derechos fundamentales, pues les brindó la oportunidad de acreditar el
cumplimiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, y profirió las
decisiones pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo
161 del CPACA.

23. Finalmente, advirtió que el juzgado accionado no incurrió en un defecto sustantivo
ni fáctico, en tanto sustentó sus decisiones en las disposiciones aplicables y en los
medios probatorios disponibles. Añadió que tampoco incurrió en un defecto orgánico
ni procedimental, por cuanto tenía competencia para proferir dichas decisiones y
observó las reglas procesales correspondientes.

D. Impugnación

24. El señor Vigoya Villada solicitó que se revocara la anterior decisión10, por cuanto
no tuvo en cuenta lo siguiente:

25. Primero, que la constancia de programación de la audiencia de conciliación fue
enviada al juzgado accionado un día antes de la expedición del auto por el cual se
rechazó la demanda.

26. Segundo, que dicha audiencia se celebró el 1° de abril de 2025, lo cual, a su juicio,
demostraba que el requisito de procedibilidad correspondiente se cumplió «dentro de
los márgenes razonables».

8 Samai, expediente de primera instancia, índice 7.
9 Samai, expediente de primera instancia, índice 10.
10 Samai, expediente de primera instancia, 13.

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27. Y tercero, que las certificaciones expedidas por la Procuraduría General de la
Nación acreditaban que el retraso en la celebración de la audiencia de conciliación
fue imputable a fallas técnicas ajenas a ellos.

28. Expuesto lo anterior, señaló que el hecho de que el juzgado hubiera rechazado la
demanda el 31 de marzo de 2025, un día antes de la celebración de la mencionada
audiencia, evidenció una «actuación desproporcionada, formalista y atentatoria de los
derechos fundamentales invocados».

29. Igualmente, insistió en que aquel no valoró adecuadamente las circunstancias
fácticas y tecnológicas que impidieron cumplir el requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial de forma oportuna.

30. También reiteró que el juzgado incurrió en un defecto fáctico por no valorar
integralmente los medios probatorios obrantes en el expediente, así como en un
defecto procedimental absoluto por aplicar incorrectamente el artículo 175 del
CPACA, en el cual se estableció la posibilidad de decretar pruebas «en fase de
excepciones» y se contempló un «margen razonable» para subsanar requisitos
formales cuando exista prueba de la imposibilidad técnica o material de cumplirlos
previamente.

31. Igualmente, lo acusó de desconocer el principio de confianza legítima al
desestimar que él y los demás demandantes «obraron de buena fe, con diligencia, y
cumplieron cabalmente con su deber procesal tan pronto fue viable hacerlo».

32. Por último, afirmó que su impugnación permite garantizar el principio de
«supremacía de los derechos fundamentales frente al excesivo rigorismo procesal».

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

33. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019
(Reglamento Interno del Consejo de Estado).

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F. Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del
24 de abril de 2025, proferida por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negó la solicitud de amparo
constitucional.

35. Para ello, en primer lugar, establecerá si la acción de tutela es procedente. Sólo
en caso afirmativo, también definirá si el Juzgado Sexto Administrativo de Medellín
vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante al rechazar su demanda
de reparación directa.

G. Análisis de la Sala: improcedencia de la acción por falta de subsidiariedad

36. La acción de tutela tiene un carácter subsidiario, motivo por el cual, de
conformidad con el numeral 1° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, resulta
improcedente ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, salvo que
estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario evitar la concreción de un
perjuicio irremediable.

37. Ahora, el señor Vigoya Villada calificó su solicitud de amparo como procedente,
bajo la afirmación de que el auto por el cual se rechazó su demanda de reparación
directa no admitía recurso alguno.

38. De entrada, la Sala advierte que dicha afirmación desconoce el numeral 1° del
artículo 243 del CPACA, en el cual se consagró la posibilidad de apelar el auto por el
cual se rechaza la demanda, como se transcribe a continuación:

Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos
en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el
mandamiento ejecutivo. (…) (Énfasis añadido)

39. Expuesto lo anterior, es importante indicar que, tras revisar el expediente 05-001-
33-33-006-2025-00011-00 11 , correspondiente a la demanda de reparación directa
presentada por el señor Vigoya Villada, la Sala identificó que este ni siquiera interpuso

11 Disponible en Samai (SAMAI | Proceso Judicial).

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recurso de apelación contra el auto mediante el cual se rechazó su demanda de
reparación directa. En consecuencia, al haber cuestionado esa providencia
directamente a través de la acción de tutela, desconoció el carácter subsidiario de
este mecanismo de estirpe constitucional.

40. Aparte de lo anterior, el señor Vigoya Villada no alegó ni probó ninguna
circunstancia que evidenciara la falta de idoneidad o de eficacia del recurso de
apelación, o la posibilidad de concreción de un perjuicio irremediable 12 sobre sus
derechos fundamentales y los de los demás demandantes.

41. Sobre el particular, es importante advertir que el rechazo de la demanda, por sí
solo, no evidencia la causación de un perjuicio irremediable al señor Vigoya Villada y
los demás demandantes, máxime cuando ni siquiera se explicó el motivo por el cual
se solicitó la programación de la audiencia de conciliación extrajudicial sólo hasta que
el medio de control de reparación directa estuvo a punto de caducar, y no antes.

42. Es claro, entonces, que la solicitud de amparo constitucional del señor Vigoya
Villada no satisfizo la exigencia de subsidiariedad. En consecuencia, lo indicado es
declararla improcedente, mas no estudiarla de fondo y consecuentemente negarla,
como lo hizo la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en
la sentencia del 24 de abril de 2025. Por ello, se modificará el fallo de primer grado,
para, en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela.

43. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia del 24 de abril de 2025, proferida por la Sala Séptima de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones señaladas en la
parte motiva. En su lugar:

12 En la sentencia T-1190 de 2004, reiterada en las sentencias T-828 de 2014 y T-545 de 2017, la Corte

Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio es irremediable, debe verificarse lo siguiente:
«(i) que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico
de la persona sea de gran intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que
sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad» (Énfasis añadido).

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Demandantes: Christian Fernando Vigoya Villada y otros

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Christian Fernando Vigoya Villada y otros contra el Juzgado Sexto Administrativo de
Medellín, conforme a lo anotado en las consideraciones.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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