Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2025-00461-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2025-00461-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 05001-23-33-000-2025-00461-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
19 de junio de 2025
Demandante: Leonardo Aristizábal Zuluaga
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00461-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00461-01
Accionante: LEONARDO ARISTIZÁBAL ZULUAGA
Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Tema: Modifica – cosa juzgada y falta de legitimación en la causa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia 16 de mayo de 2025, dictada por la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. El señor Leonardo Aristizábal Zuluaga promovió acción de cumplimiento
contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
(DAPRE)1. Con su solicitud pretende que se le ordene a la autoridad accionada
el acatamiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 63 de 1923.
2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas, solicitó
que se le exija al presidente de la República que se abstenga de realizar las
sesiones del consejo de ministros de manera pública; esto es, mediante
transmisión por radio, televisión o por cualquier medio digital, bien sean públicos
o privados, de forma que los mismos sean realizados de manera reservada.
1.2. Hechos y fundamento de la demanda
3. La parte accionante manifestó que los días 4 de febrero, 3 y 10 de marzo
de 2025, el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y el DAPRE,
transmitieron en directo por canales de televisión y radio pública y privada el
consejo de ministros.
4. Mencionó que el 4 de marzo del año en curso radicó escrito de constitución
en renuencia ante el presidente de la República y el DAPRE, en aras de que
dieran cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 63 de 1923 y que
hasta el momento de presentación de la demanda no había recibido respuesta.
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La demanda fue presentada a través de correo electrónico del 26 de febrero de 2025.
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Demandante: Leonardo Aristizábal Zuluaga
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00461-01
1.3. Actuaciones procesales en primera instancia
5. El asunto inicialmente correspondió a la Sección Primera, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que mediante
providencia del 25 de marzo de 2025 avocó conocimiento del asunto e inadmitió
la demanda a fin de que la parte actora precisara, entre otros aspectos, el lugar
de su domicilio.
6. Atendido el requerimiento realizado, la autoridad judicial referida mediante
auto del 2 de abril de 2025 declaró su falta de competencia para conocer la acción
de cumplimiento de la referencia. Por consiguiente, dispuso la remisión al
Tribunal Administrativo Antioquia.
7. Mediante providencia del 22 de abril de 2025, la Sala Sexta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda. En consecuencia,
ordenó la notificación personal de la «Presidencia de la República y el DAPRE»
[Sic] y les concedió el término de 3 días para intervenir en el proceso. También
dispuso la notificación del agente del Ministerio Público, según lo previsto en el
artículo 303 del CPACA.
8. En auto del 7 de mayo de 2025, el a quo dispuso tener como pruebas las
incorporadas con la demanda y con la contestación.
9. Luego, en providencia del 8 de mayo de 2025, el Tribunal negó la solicitud
de aclaración interpuesta por la apoderada del DAPRE en contra de la decisión
referida en el numeral anterior.
1.4. Contestaciones e informes
1.4.1. DAPRE
10. Empezó por destacar que es la única persona respecto de la cual se
admitió la demanda. En este punto, mencionó que el DAPRE y la Presidencia de
la República son la misma entidad, solo que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 1 del Decreto 2647 de 2022 «al Departamento Administrative se le puede
abreviar como “Presidencia de la República”».
11. En seguida, manifestó su oposición a las pretensiones de la acción, pues
alegó que el demandante no cumplió con el requisito de procedibilidad y se
configuró una inepta demanda, dado que no sustentó de ninguna manera el
cargo.
12. En cuanto a la renuencia, precisó que, si bien al momento de la radicación
de la demanda el accionante no había recibido respuesta a su petición, si le
dieron trámite a la misma mediante oficio EXT25-00031196 del 4 de marzo de
2025, remitido mediante correo electrónico del 29 de abril del mismo año. De otro
lado, mencionó que el actor no formuló realmente ningún cargo de
incumplimiento del artículo 9 de la Ley 63 de 1923.
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13. Finalmente, alegó que las sesiones del consejo de ministros no están
sujetas a reserva legal y su divulgación obedece a un ejercicio democrático para
la apropiación de las políticas de gobierno por parte de la ciudadanía. Explicó que
de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 63 de 1923 debía ser interpretado en
armonía con la Constitución Política, la legislación y la jurisprudencia vigente a
propósito de los principios de publicidad de la información y la libertad de
expresión en un Estado social y democrático de derecho.
14. Bajo tal paradigma, señaló que la Ley 1712 de 2014 constituye el marco
normativo para la limitación del derecho a la publicidad de la información, en
concordancia con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.
1.4.2. Ministerio público
15. Alegó que la demanda no está llamada a prosperar, pues, en primer lugar
demandante aportó como prueba de las sesiones de los consejos de ministros,
notas de prensa que no pueden considerarse como elementos de juicio, debido
a que tales elementos constituyen prueba de información, pero no de veracidad
de hechos.
16. En segundo orden, refirió que en todo caso no se probó que las sesiones
llevadas a cabo de los días 4 de febrero, 3 y 10 de marzo de 2025 hubieran sido
realizadas como cuerpo consultivo, según lo exige el artículo 9 de la Ley 63 de
1923.
17. Por lo anterior, estimó que se debían despachar de manera desfavorable
las súplicas de la demanda, al no haberse demostrado un incumplimiento de
norma alguna, ni haberse demostrado las circunstancias en que se llevaron a
cabo las sesiones del consejo de ministros aludidas.
1.5. Fallo de primera instancia
18. En sentencia del 16 de mayo de 2025, la Sala Sexta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la cosa juzgada de la acción de
cumplimiento de la referencia, respecto de lo decidido por la Sección Quinta de
esta Corporación en sentencia del 8 de mayo de 2025, en expediente identificado
con radicado 17001-23-33-000-2025-00068-01.
19. Alegó que en dicha oportunidad se estableció que el artículo 9 de la Ley
63 de 192 no contiene un mandato imperativo e inobjetable a cargo del presidente
de la República. Además, señaló que en este caso no se demostró que las
sesiones llevadas a cabo los días 4 de febrero, 3 y 10 de marzo de 2025 hubieran
sido realizadas como cuerpo consultivo, como lo exige la norma presuntamente
incumplida; así como tampoco, que en ellos se hubiera discutido un asunto
materia de consulta para estudio a cargo de un ministro.
1.6. Impugnación
20. El señor Leonardo Aristizábal Zuluaga solicitó que se revocara la sentencia
de primera instancia, tras considerar que no se dan los supuestos para la
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procedencia de la figura de la cosa juzgada. Como sustento, mencionó que la
misma exige identidad de partes, en especial, de las demandadas y en el caso
concreto no está acreditada.
21. Al respecto, señaló que su demanda se dirige en contra del presidente de
la República y el DAPRE, mientras que en el proceso 17001-23-33-000-2025-
00068-01, este último no figura como sujeto procesal.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
22. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
el señor Leonardo Aristizábal Zuluaga contra la sentencia de 16 de mayo de
2025, proferida por la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo del
Antioquia.
23. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1252, 1503 y
2434 de la Ley 1437 de 20115, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. Esta última disposición establece
la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «…las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2.2. Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia de 16 de mayo de 2025.
25. A efectos de resolver lo anterior, la Sala deberá resolver el siguiente
problema jurídico: ¿en el presente asunto se configuró la cosa juzgada respecto
del DAPRE?
2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
26. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política,
cualquier persona, natural o jurídica, puede promover esta acción para hacer
efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su
objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
2
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
4
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
5
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
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27. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercer la
demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
28. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)6.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado
frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea
por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que
permitan deducir su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede
prescindir de este requisito «[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el
inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable […]» caso en el cual
deberá ser sustentado en la demanda (artículo 8).
(iv) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(v) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(vi) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
29. En caso de que no se acredite el cumplimiento de la constitución en
renuencia, procederá el rechazo de la demanda. Sin embargo, el incumplimiento
de alguno de los otros requisitos de procedibilidad conlleva la declaratoria de
improcedencia del medio de control.
30. Por el contrario, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos,
corresponde a la Sala determinar si existe o no el mandato imperativo e
inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en ejercicio de
funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción (artículos 5 y
6). Y, a partir de ello, determinar el cumplimiento o incumplimiento de la norma.
6
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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Del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de las pretensiones
formuladas.
2.4. De la renuencia
31. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste7 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
32. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
33. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.
34. Sobre este tema, esta Sección9 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
4
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
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Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos10. (Negrillas fuera de texto).
35. De lo anterior se colige que, para dar por satisfecho este requisito, no es
necesario que el solicitante, en su petición, mencione de forma explícita y expresa
que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la
Ley 393 de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición
que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de
este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
36. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»11.
37. En el caso concreto, la parte actora probó que el 4 de marzo de 2025 le
dirigió una petición a la Presidencia de la República en la que le solicitó el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 63 de 1923. Ello, a fin de
que el señor presidente de la República se abstuviera de realizar el consejo de
ministros de manera pública.
38. También se tiene conocimiento de que la Presidencia de la República
proporcionó respuesta a la solicitud previamente referida el día 28 de marzo del
presente año mediante oficio OFI25-00058372 / GFPU 1200000012, enviado
mediante correo electrónico del 29 de abril. Se resalta que, si bien le fue enviada
al peticionario con posterioridad a la presentación de la demanda, la misma
ocurrió en un término razonable y en los términos del artículo 14 de la Ley 1437
de 201113.
39. En esa oportunidad, la Presidencia le informó al solicitante aspectos
generales sobre: 1) la aplicación de la reserva prevista en el artículo 9 de la Ley
63 de 1923 y 2) la facultad del presidente de la República para determinar los
temas a tratar en los consejos de ministros y para reglamentar su funcionamiento.
40. En cuanto al primer aspecto, refirió que si bien la disposición en cita
establece que las sesiones del consejo de ministros son reservadas, ello no
implica que toda información contenida en ella pueda estar cobijada bajo un
10
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004. EXP.
2003-00724. M.P.: Darío Quiñones Pinilla
11
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
EXP. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, EXP. 2011-00019.
12
Véase: índice 10 – Exp: 05001-23-33-000-2025-00461-01.
13
«ARTÍCULO 14. TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE
PETICIONES. <Ver ampliación temporal de términos en Notas de Vigencia> <Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción […]».
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principio pétreo y absoluto de reserva. Precisó que la posibilidad de hacerlo
público dependerá de un ejercicio casuístico donde se pueda ponderar si se está
atendiendo a un fin constitucionalmente legitimo o si es procedente dar primacía
al principio de publicidad.
41. Ahora bien, en relación con el segundo asunto, refirió que la posibilidad de
hacer pública una sesión dependerá de las materias y asuntos que el presidente
considere que se vayan a tratar en cada sesión, en virtud de las potestades que
la Constitución y la Ley le otorgan.
42. En vista de lo anterior, no hay duda de que la parte actora agotó en debida
forma el requisito de renuencia ante la autoridad accionada. Por tal motivo, se
seguirá con el análisis de los requisitos de procedencia de la acción.
2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
43. Conforme a lo expuesto, el señor Leonardo Aristizábal Zuluaga solicitó que
se le ordene al presidente de la República y al DAPRE el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 63 de 1923, para que se abstengan de realizar
los consejos de ministros de manera pública y, por el contrario, los adelanten de
forma reservada.
44. Por lo tanto, es evidente que se cumple con el requisito de que la norma
que se solicita acatar tenga rango de ley o acto administrativo. Igualmente se
satisface el requisito de que el mandato que se solicita atender esté radicado en
cabeza de una autoridad pública.
45. Respecto del requisito de subsidiariedad, se evidencia que lo pretendido
por el accionante no involucra la protección directa de derechos fundamentales
que puedan ser invocados vía acción de tutela. Tampoco existe otro mecanismo
judicial para hacer efectiva la obligación establecida el artículo 9 de la Ley 63 de
1923. Adicionalmente, se advierte que la norma de la que es objeto de la
demanda se encuentra actualmente vigente, en la medida en que no fue
derogada, modificada o sustituida en el ordenamiento jurídico.
46. Finalmente, se advierte que lo pretendido por la parte actora no persigue
el cumplimiento de una disposición que involucre un gasto a cargo para el
presidente de la República ni el DAPRE.
47. En virtud de lo anterior, la acción de cumplimiento se estima procedente
en punto de estas pretensiones, sobre las cuales se proseguirá el estudio del
asunto.
2.6. De la cosa juzgada
46. Como fue visto, el señor Aristizábal Zuluaga solicitó que se le ordenara al
señor presidente de la República y al DAPRE el cumplimiento del artículo 9 de la
Ley 69 de 1933. Esto, tras considerar que tales autoridades han omitido el deber
que les asiste de respetar lo señalado en la referida disposición, con ocasión a la
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transmisión pública de las sesiones del consejo de ministros llevadas a cabo los
días 4 de febrero, 3 y 10 de marzo de 2025.
47. Por su parte, la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia en sentencia del 16 de mayo del presente año declaró la configuración
de la cosa juzgada respecto a lo decidido por la Sección Quinta de esta
corporación en asunto identificado con radicado 17001-23-33-000-2025-00068-
01.
48. Ahora bien, el accionante alegó en su impugnación que el a quo erró al
considerar que se daban los supuestos de la cosa juzgada respecto al DAPRE.
En esencia, argumentó que en la sentencia proferida el 8 de mayo de 2025 por
esta Sección, se resolvió si el artículo 9 de la Ley 69 de 1933 establece un
mandato imperativo e inobjetable a cargo únicamente del señor presidente de la
República. De ahí que, no se acreditó la identidad de partes para declarar la
configuración del fenómeno de la cosa juzgada respecto a todos los sujetos
accionados.
49. Así las cosas, la Sala confirmará lo resuelto por el a quo en sentencia del
16 de mayo de 2025 respecto de la Presidencia de la República, comoquiera que
ese aspecto no fue objeto de impugnación por el accionante. Y, se entrará a
determinar si, como lo afirma el señor Aristizábal Zuluaga, respecto al DAPRE no
hay lugar a declarar la cosa juzgada.
50. Para ello, debe recordarse que esta colegiatura ha manifestado que el
objeto de la cosa juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto
judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo
anterior, por cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de
vinculante, obligatorio y, por tanto, de inmutable14.
51. En palabras de la Corte Constitucional:
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica15.
52. De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código
General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i)
identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.
53. Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del
fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no
es necesaria la identidad de partes; en específico, del extremo accionante, dado
el carácter púbico de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30
de enero de 2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto
Suárez.
15
Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
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Demandante: Leonardo Aristizábal Zuluaga
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicación: 05001-23-33-000-2025-00461-01
cualquier persona. Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la identidad
del bien jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en relación con la
identidad de causa se determina la razón por la cual se acude a esta instancia16.
54. Así las cosas, lo primero que se advierte es que esta Sección, en sentencia
del 8 de mayo de 2025, proferida al interior del proceso con radicado 17001-23-
33-000-2025-00068-01, analizó si el artículo 9 de la Ley 63 de 1923 establece un
mandato imperativo e inobjetable a cargo del presidente de la República en
relación con la forma de adelantar el consejo de ministros y si el mismo ha sido
incumplido. En particular, porque la sesión del 4 de febrero de 2025 fue
transmitida públicamente.
55. En aquella oportunidad la Sala de Decisión negó las pretensiones de la
demanda, con fundamento en lo siguiente:
[…] a juicio de esta Sección, la norma no contiene el mandato imperativo e
inobjetable alegado por el demandante a cargo del presidente de la Republica.
No se trata de una regla que opera de manera automática y genérica. Por el
contrario, tiene un alcance que debe ser interpretado en sentido restrictivo. Como
viene de verse, es necesario que concurran dos condiciones: la primera, atinente
a que la sesión actúe en calidad de cuerpo consultivo y, la segunda, que se vayan
a tratar asuntos sometidos a reserva17.
56. Lo anterior permite advertir que, tal y como afirmó el señor Aristizábal
Zuluaga, en el sub judice no se acredita identidad de partes para que proceda la
configuración del fenómeno de la cosa juzgada respecto del DAPRE. Como fue
expuesto, en el asunto identificado con radicado 17001-23-33-000-2025-00068-
01 se analizó si el artículo 9 de la Ley 63 de 1923 establece un mandato a cargo
del presidente de la República, mientras que, en este caso, el accionante refiere
que el deber contenido en dicha disposición está a cargo del DAPRE.
57. Por lo anterior, la Sala entrará a analizar si del contenido de la disposición
objeto de cumplimiento y en caso de que de aquella se desprenda un mandato
imperativo, expreso e inobjetable, se deberá verificar, a partir de los elementos
de convicción que forman parte del expediente, si el DAPRE lo ha incumplido.
2.7. Caso concreto
58. La disposición cuyo cumplimiento se invoca, es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 9. Las sesiones del consejo de ministros como cuerpo consultivo son
absolutamente reservadas, y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo
estudio haya pasado cada asunto materia de consulta.
59. Sin perjuicio de su contenido, lo primero que debe precisarse es que el
destinatario de la norma es el presidente de la República y no el DAPRE. De una
lectura de la Ley 63 de 1923 se infiere que la misma hace referencia a la potestad
16
Ibidem.
17
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 8 de mayo de 2025. Radicado: 17001-23-
33-000-2025-00068-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Radicación: 05001-23-33-000-2025-00461-01
del jefe de Estado para convocar al consejo de ministros y definir las reglas para
su funcionamiento.
60. Lo anterior se compagina con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 489
de 1998, según el cual, «corresponde al Presidente de la República fijar las
funciones especiales del Consejo y las reglas necesarias para su
funcionamiento». La lectura de la norma permite establecer, sin lugar a duda, que
es el presidente de la República quien define cómo y cuándo debe sesionar el
consejo de ministros. De la disposición no se deriva elemento alguno que permita
derivar un mandato a cargo del DAPRE.
61. Tanto así que el Decreto 2647 de 2022, mediante el cual «se modifica la
estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República»,
dispone únicamente que el Secretario General y el jefe del Despacho
Presidencial del DAPRE asistirán de manera permanente al Consejo de
Ministros18, mientras que la Secretaría Jurídica debe asesorar en temas jurídicos
y absolver consultas legales que realicen, entre otros, el consejo de ministros19.
Ninguna de estas funciones corresponde a la de convocar o fijar las reglas para
las sesiones de los consejos de ministros.
62. Así las cosas, lo correspondiente es negar las pretensiones por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Como viene de verse, el DAPRE no es el
destinatario del articulo artículo 9 de la Ley 63 de 1923, en la medida que no tiene
dentro de sus funciones, la de convocar al consejo de ministros ni mucho menos
definir las reglas para su funcionamiento.
2.8. Conclusión
63. En definitiva, la Sala modificará la sentencia de primera instancia proferida
por la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia el 16 de
mayo del presente año. Ello en el sentido de confirmar la declaratoria de la cosa
juzgada respecto de la presidencia de la República, comoquiera que ello no fue
objeto de impugnación y, negar las pretensiones frente al DAPRE, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 16 de mayo de 2025 proferida por la
Sala Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo del Antioquia, en el sentido
de:
1. DECLARAR LA COSA JUZGADA respecto de la pretensión elevada en
contra de la Presidencia de la República, por las razones aquí expuestas.
18
Cfr. Artículos 3 y 14 parágrafo 1 del Decreto 2647 de 2022.
19
Cfr. Artículo 13 numerales 6 y 15 del Decreto 2647 de 2022.
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2. NEGAR la demanda respecto del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República por falta de legitimación en la causa por pasiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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